SENTENCIA 2015-00069 DE OCTUBRE 11 DE 2017

 

Sentencia 2015-00069 de octubre 11 de 2017

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 520011102000201500069 01

Aprobado según Acta 86 de la fecha.

Magistrada Ponente:

Dra. Magda Victoria Acosta Walteros

Bogotá D.C., once de octubre de dos mil diecisiete.

«EXTRACTOS: Consideraciones de la Sala

Competencia.

Esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer de la apelación interpuesta contra la sentencia proferida el día 10 de febrero de 2017, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño, que resolvió sancionar con suspensión de cuatro (4) meses, al abogado Segundo Edolio Delgado Delgado, como responsable de la falta prevista en el artículo 37 numeral 1º, en concordancia con el artículo 28, numeral 10, de la Ley 1123 de 2007; dejando sentado que la anterior competencia deviene de conformidad con lo establecido en los artículos 256, numeral 3º, de la Carta Política y 112, numeral 4º, de la Ley 270 de 1996, en armonía con lo dispuesto en el parágrafo 1º de la última de las normas en cita y en el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 2 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 2 de 2015, así: “…los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el referido acto legislativo, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente está colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

En virtud de lo anterior y sin observar causal alguna que pueda invalidar la actuación hasta ahora adelantada, procede la Sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales que atañen el tema a debatir.

De la apelación.

El artículo 81 de la Ley 1123 de 2007, consagra el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. A su turno, en términos del artículo 16 ejusdem, en aplicación del principio de integración normativa, conforme al ordenamiento penal se tiene que la competencia del superior en el trámite del recurso ordinario de apelación, dispone que ella se extenderá a los asuntos que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación, límite este de su restringida competencia.

El legislador en punto de la competencia del superior funcional, optó por prescribir una fórmula intermedia, pues si bien en principio el objeto del recurso constituye su límite, también se dejó consagrada la posibilidad legal de extenderla para incluir pronunciamientos sobre aspectos no impugnados, pero siempre que de ellos pueda predicarse un estrecho ligamen con el objeto de la alzada, y cuando se advierta la necesidad de hacer prevalecer el derecho sustancial o cuando ello influya en la coherencia y la lógica que ha de observarse en la decisión del superior funcional.

El caso concreto.

Procede esta Corporación a destacar en primer lugar que el control disciplinario fue otorgado por mandato constitucional a esta jurisdicción, encaminado a ser ejercido sobre la conducta profesional de los abogados teniendo como objetivo primordial, verificar el efectivo cumplimiento de su principal misión, lo cual es defender los intereses de la colectividad y de los particulares, mediante el ejercicio responsable, serio, honesto, cuidadoso y diligente de la profesión, de no ser porque se advierte la presencia de causal de nulidad que invalida lo actuado.

De la Nulidad/ Inobservancia del principio de legalidad.

En efecto, se observa la concurrencia de causal de nulidad insaneable dentro del trámite de la presente actuación, que impide un pronunciamiento de fondo sobre el asunto, pues se ha vulnerado debido proceso, en tanto el magistrado a quo al momento de proferir la sentencia, inobservó el parágrafo único del artículo 43 de la Ley 1123 de 2007 y de contera soslayó el principio de legalidad, previsto en el artículo 3º de la norma ibídem, al aplicarle al profesional del derecho una suspensión que no consultó los parámetros dada su condición de apoderado de una entidad pública, en este caso la alcaldía del municipio de Pasto.

Evidentemente, las preceptivas referidas, relativas a la suspensión, al igual que del principio de legalidad, aplicables a esta actuación disciplinaria, hacen referencia a un todo denominado debido proceso, que incluye la observancia de las causales de nulidad y la declaratoria oficiosa, normas cuyo texto disponen:

“Ley 1123 de 2007.

(…) ART. 3º—Legalidad. El abogado sólo será investigado y sancionado disciplinariamente por comportamientos que estén como falta en la ley vigente al momento de su realización y conforme a las reglas fijadas en este código o las normas que lo modifiquen.

(…) ART. 6º—Debido proceso. El sujeto disciplinable deberá ser investigado por funcionario competente y con observancia formal y material de las normas que determinan la ritualidad del proceso en los términos de éste código”.

(…) ART. 43.—Suspensión. Consiste en la prohibición de ejercer la profesión por el término señalado en el fallo. Esta sanción oscilará entre dos (2) meses y tres (3) años.

PAR.—La suspensión oscilará entre seis (6) meses y cinco (5) años cuando los hechos que originen la imposición de la sanción tengan lugar en actuaciones judiciales del abogado que se desempeñe o se haya desempeñado como apoderado o contraparte de una entidad pública.

(…) ART. 98.—Causales. Son causales de nulidad:

1. La falta de competencia.

2. La violación del derecho de defensa del disciplinable.

3. La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso”.

(…) ART. 99.—Declaratoria oficiosa. En cualquier estado de la actuación disciplinaria, cuando el funcionario que conozca del asunto advierta la existencia de una de las causales previstas en la norma anterior, declarará la nulidad de lo actuado y ordenará que se reponga la actuación que dependa del acto declarado nulo para que se subsane el defecto (…)”.

(…) ART. 48.—“Los principios constitucionales que inciden en el ámbito disciplinario deberán orientar el ejercicio de la función disciplinaria” (resaltado fuera de texto).

Entonces, acorde con las citadas normas rectoras, corresponde a esta superioridad auscultar con detenimiento si dentro de este diligenciamiento disciplinario si se han observado las normas citadas que hacen en su conjunto lo que se denomina el principio del el debido proceso.

Pues bien, verificado minuciosamente la sentencia de marras, esto es la proferida el 10 de febrero de 2017, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño(5), mediante la cual sancionó al abogado Segundo Edolio Delgado Delgado, con 4 meses de suspensión en el ejercicio de la profesión tras hallarlo responsable de la comisión de la falta prevista en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, en concordancia con el numeral 10 del artículo 28 ibídem.

Se tiene que al momento de dosificar la sanción, si bien observó los parámetros establecidos en los artículos 40 y 45 —de la misma norma— de las sanciones disciplinarias y los criterios de graduación de la sanción, respectivamente, no ocurrió lo mismo con el parágrafo único del artículo 43 - De la suspensión, pues no tuvo en cuenta como el abogado era apoderado de una entidad pública, esto es la alcaldía del municipio de Pasto.

Conforme quedó probado el profesional realizaba funciones de asesor jurídico en la oficina de gestión ambiental de la alcaldía, le fue conferido poder especial el 27 de noviembre de 2012, por parte del alcalde municipal, para representar a la mencionada entidad dentro del proceso administrativo sancionador tramitado por Corponariño, porque la alcaldía no presentó el plan de saneamiento y manejo de vertimientos - PSMV, ese mismo día se le notificó el auto de formulación de cargos 438 de fecha 16 de noviembre de 2012, en contra del municipio de Pasto, se le advirtió que debía presentar descargos dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación, lo cual hizo el día 12 de diciembre de 2012, presentación que se consideró extemporánea, por cuanto el termino para el efecto había vencido el 11 de diciembre de 2012 y como consecuencia Corponariño, profirió la Resolución 88 del 20 de junio de 2013, mediante la cual sancionó al municipio de Pasto con multa de veinte millones ciento cincuenta y cuatro mil seiscientos trece pesos ($ 20.154.613) y ordenó compulsa de copias ante la Procuraduría para que se investigue la existencia de una eventual falta disciplinaria.

Lo anterior lleva a concluir, sin ambages que el profesional del derecho, era apoderado de la alcaldía del municipio de Nariño, es decir, de una entidad pública, de lo cual debió observar el a quo y no se hizo.

Con referencia a la norma que se alude, esto es el parágrafo único del artículo 43 de la Ley 1123 de 2007 la Corte Constitucional en la Sentencia C-290 del 2 de abril de 2008, precisó:

9.2. Examen de los cargos contra el artículo 43 (parágrafo) y el inciso 2º del artículo 108 de la Ley 1123 de 2007. Agravación derivada de la gestión de intereses públicos.

9.2.1. El artículo 43 se orienta a definir y regular la sanción de suspensión, en tanto que el inciso 2º del artículo 108 hace lo propio en relación con la rehabilitación. Estos preceptos establecen, en sus ámbitos, consecuencias negativas a la circunstancia de que el abogado sancionado hubiese intervenido como apoderado o contraparte de una entidad pública en la actuación que originó la sanción.

En este sentido la sanción de suspensión (par., art. 43), para la que se ha previsto de manera general una duración de dos (2) meses a tres (3) años, se incrementa en un rango de seis (6) meses a cinco (5) años cuando se presente la referida circunstancia. Así mismo, la rehabilitación (art. 108), que contempla un término genérico de cinco (5) años posteriores a la sanción, sólo podrá obtenerse luego de diez (10) años cuando se trate del abogado que hubiese intervenido en las calidades señaladas.

9.2.2. Para los demandantes las normas que incorporan esta agravante son inconstitucionales porque en su sentir vulneran la justicia y la dignidad humana, pues subordinan al ser humano al poder estatal; los preceptos no se orientan a garantizar el cumplimiento de los fines correctivos y preventivos del derecho disciplinario en los cuales nada tiene que ver la calidad de las partes que intervienen en un litigio. La norma es innecesaria y puede prestarse para que se castigue a quienes denuncian al Estado.

Al respecto observa la Corte que uno de los fines primordiales que se atribuye a la función de inspección y vigilancia de la profesión de abogado, a través del control disciplinario, es el de procurar que el ejercicio de esta profesión sea compatible con el interés general, entendido a la luz de los valores y principios constitucionales.

9.2.3. Como lo ha destacado la jurisprudencia de esta Corporación el interés público está inmerso en el control disciplinario que se ejerce sobre la profesión de abogado, dada la relevancia social que adquiere esta profesión vinculada a la búsqueda de un orden justo, al logro de la convivencia pacífica, en razón a que el abogado es considerado como un vínculo necesario para que quienes demandan justicia accedan a ella.

Estas características e imperativos que condicionan el ejercicio de la profesión de abogado adquieren mayor relevancia y deber de sujeción cuando se actúa en representación de los intereses estatales o se interactúa como abogado en situaciones en la que están involucrados tales intereses estatales. El quebrantamiento a los postulados éticos, a los dictados de diligencia y probidad en el quehacer profesional en perjuicio de los intereses colectivos genera un mayor grado de reproche, en cuanto el interés público queda subordinado a intereses particulares. Ello justifica un mayor rigor en la respuesta correctiva.

9.2.4. En el manejo del interés público mediante el ejercicio de la profesión se involucra un mayor riesgo social, como la eventual afectación del patrimonio público o el desmedro de las posibilidades de satisfacer las necesidades de la comunidad, lo cual autoriza el reforzamiento de los mecanismos de inspección y vigilancia que se ejerce sobre la profesión en estos eventos, a través de respuestas proporcionadas a la relevancia social de los intereses involucrados.

Cabe advertir que los profesionales involucrados en las situaciones que configuran el supuesto de hecho de las agravantes impugnadas, gozan de todas las garantías previstas en la Constitución y la ley para la persona sometida a la potestad disciplinaria, sin perder de vista además que su actividad es de medio y no de resultado.

Las disposiciones acusadas no quebrantan el principio de dignidad humana como señalan los demandantes; por el contrario responden a la necesidad de proteger el interés general representado en el buen funcionamiento de la administración, la defensa del patrimonio público, los cuales se proyectan a su vez en mejores posibilidades de satisfacción de necesidades de la comunidad, por lo que la Corte declarará la exequibilidad del parágrafo del artículo 43 y el inciso 2º del artículo 108 de la Ley 1123 de 2007. Precisa la Corte que la exequibilidad se declara únicamente respecto del cargo examinado”.

Entonces, al inobservarse el parágrafo aludido, se infringió no sólo el debido proceso, sino el principio de legalidad referido, lo cual indudablemente deriva una irregularidad o un vicio insaneable, que impone de manera oficiosa la declaratoria de la nulidad, según las voces del artículo 99 de la Ley 1123 de 2007, dentro de este procedimiento disciplinario.

A propósito del debido proceso, en múltiples oportunidades la Corte Constitucional ha indicado que esa exigencia obliga a que tanto las autoridades judiciales como las administrativas, actúen respetando la secuencia de los actos previstos en la ley(6).

El alto Tribunal ha señalado que el debido proceso, ya sea judicial, disciplinario o administrativo, es un derecho con rango fundamental(7), establecido como una garantía para los asociados, que confían en que los actos del servidor público tienen como fundamento un proceso justo y adecuado, por lo que la Corte Constitucional en la Sentencia T-1263 de 2001 sostuvo lo siguiente:

“(…) El derecho fundamental al debido proceso se consagra constitucionalmente como la garantía que tiene toda persona a un proceso justo y adecuado, esto es, que en el momento en que el Estado pretenda comprometer o privar a alguien de un bien jurídico no puede hacerlo sacrificando o suspendiendo derechos fundamentales. El debido proceso constituye una garantía infranqueable para todo acto en el que se pretenda —legítimamente— imponer sanciones, cargas o castigos. Constituye un límite al abuso del poder de sancionar y con mayor razón, se considera un principio rector de la actuación administrativa del Estado y no sólo una obligación exigida a los juicios criminales”.

Por otra parte, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 16 de mayo de 2002, con ponencia del magistrado Fernando E. Arboleda, expresó:

“Si se concibe el debido proceso como el conjunto de garantías constitucionales establecidas a favor de los asociados y que limitan la actividad del órgano jurisdicente, en cuyo concepto se incluye el derecho a que se respeten las formas propias de cada juicio, es de entenderse que el desconocimiento de las distintas etapas que disciplinan el rito, así como de los principios que la constitución y la ley han definido rectores de la actividad judicial, da lugar a viciar de ineficacia lo actuado y la consecuente corrección mediante el remedio extremo de la nulidad (…)”.

Se concluye entonces, que las irregularidades así puntualizadas, comportan una violación al principio de legalidad que rige el proceso disciplinario y de contera el debido proceso, porque el a quo inobservó la norma que regula la suspensión del profesional del derecho cuando aquel ostenta la calidad de apoderado de una entidad pública, hecho probado en la sentencia cuya nulidad se ordenará. En consecuencia la Sala debe invalidar el procedimiento surtido dentro del presente asunto, a efectos de reponer la actuación, a partir de la providencia del 10 de febrero de 2017, dejando a salvo el acopio probatorio recaudado.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. DECLARAR LA NULIDAD de lo actuado dentro de las presentes diligencias a partir del fallo proferido el día 10 de febrero de 2017, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño, que resolvió sancionar con suspensión de cuatro (4) meses al abogado Segundo Edolio Delgado Delgado, como responsable de la falta prevista en el artículo 37 numeral 1º, en concordancia con el artículo 28, numeral 10, de la Ley 1123 de 2007, acorde a lo expuesto en la parte considerativa de este proveído.

2. NOTIFICAR a todas las partes dentro del proceso, por intermedio de la secretaría judicial de esta Sala, advirtiendo que contra ella no procede recurso alguno.

3. DEVUÉLVASE el expediente al Consejo Seccional de origen para lo de su competencia.

Notifíquese y cúmplase».

(5) Sala conformada por los magistrados Álvaro Raúl Vallejos Yela y Gloria Alcira Robles Correal.

(6) T-550 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, reiterada en la Sentencia T-484 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(7) Al respecto puede consultarse la Sentencia C-597 de 2003.