Sentencia 2015-00073 de agosto 16 de 2017

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Magistrada Ponente:

Dra. Magda Victoria Acosta Walteros

Rad.: 050011102000201500073 01

Aprobado Según Acta 67 de la misma fecha

Bogotá D.C., dieciséis de agosto de dos mil diecisiete.

Asunto a tratar

Procede la Sala a resolver en grado jurisdiccional de consulta, de la sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia1 el 29 de agosto de 2016, mediante la cual sancionó con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de seis (6) meses, al abogado Edilberto Rodas Cano, responsable de incurrir en la modalidad dolosa, en la falta establecida en el artículo 39 de la Ley 1123 de 2007, por inobservar el régimen de incompatibilidades previsto en el artículo 29, numeral 4 ibídem.

Hechos y actuación procesal

La presente investigación se inició con base en compulsa de copias ordenada por el Juzgado 13 de Familia de Oralidad del Circuito de Medellín, mediante auto del 18 de diciembre de 2014, allegadas a la Sala de instancia el 27 de enero de 2015, para que se investigue al abogado Edilberto Rodas Cano, por presunta violación al régimen de incompatibilidades al radicar memorial el 12 de noviembre de 2014 en el proceso liquidatorio de sociedad conyugal a continuación de cesación de efectos civiles de matrimonio religioso radicado 2014-00192, demandante Francisco Alfonso Orozco López y demandada Ana Carolina Jiménez Arango, pese a estar suspendido de la profesión.

Acreditación calidad de abogado

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, verificó la calidad de disciplinable del abogado investigado mediante certificado 00987-2015, expedido por la Unidad de Registro Nacional de Abogados el 3 de febrero de 2015, donde se indicó que el abogado Edilberto Rodas Cano está identificado con la cédula de ciudadanía 71.613.727 y con tarjeta profesional 67.911 no vigente a la fecha2.

Los antecedentes disciplinarios se acreditaron mediante certificado 33023 del 3 de febrero de 20153, en el que registra una sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión, por el término de dos (2) años y multa de seis (6) smmlv, con vigencia del 14 de agosto de 2014 al 14 de agosto de 2016, por incurrir en la falta tipificada en el artículo 37 numeral 1 de la Ley 1123 de 2007, dentro del proceso disciplinario radicado 050011102000201000092201, magistrado ponente doctor Pedro Alonso Sanabria Buitrago.

Actuación procesal

El Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, dio apertura al proceso disciplinario con auto del 3 de febrero de 20154, señalando como fecha para la audiencia de pruebas y calificación provisional el 23 de junio de 2015.

Declaratoria persona ausente

Ante la incomparecencia del disciplinado en la fecha convocada, en aplicación del artículo 104 de la Ley 1123 de 2007, fue declarado persona ausente y se le designó defensor de oficio, según auto del 11 de agosto de 2015, citando para audiencia de pruebas y calificación provisional el 5 de noviembre de 2015.

Audiencia de pruebas y calificación provisional

El 5 de noviembre de 20115, se inició la audiencia de pruebas y calificación provisional, a la que compareció la defensora de oficio del investigado, doctora María Aluviel Pérez Alarcón, previa presentación de la compulsa de copias, se decretaron pruebas y suspendió la diligencia para continuarla el 11 de mayo de 2016.

Calificación jurídica y formulación de cargos

El 11 de mayo de 2016 continuó la audiencia de pruebas y calificación jurídica, el disciplinable no compareció, fue representado por la defensora de oficio que sí asistió, previa valoración de las pruebas recaudadas la magistrada sustanciadora calificó la actuación6, imputando al disciplinado la falta prevista en el artículo 39 de la Ley 1123 de 2007, por haber inobservado la causal de incompatibilidad prevista en el artículo 29 numeral 4º, e inobservar el deber previsto en el artículo 28 numeral 19 ibídem, a título de dolo.

Audiencia de juzgamiento

Tuvo lugar el 8 de junio de 20167, en la que la defensora de oficio del abogado investigado expuso alegatos de conclusión, que no le era posible invocar causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria, por cuanto no había podido contactar a su representado, no obstante ante la eventualidad de declararlo responsable, solicitó se le impusiera la mínima sanción.

De la sentencia consultada

Mediante fallo del 29 de agosto de 2016, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, sancionó con suspensión en el ejercicio de la profesión por seis (6) meses al abogado Edilberto Rodas Cano, responsable de incurrir en la modalidad dolosa, en la falta contra el régimen de incompatibilidades para el ejercicio de la profesión de abogados establecida en el artículo 39 de la Ley 1123 de 2007, en concordancia con el artículo 29, numeral 4 ibídem.

La Sala de primera instancia en lo referente a la materialidad de la conducta, señaló que el abogado disciplinado fungía como apoderado de la parte demandante dentro del proceso de cesación de efectos civiles de matrimonio religioso radicado 2014-00192, de conocimiento de Juzgado 13 de Familia de Medellín, al radicar el 12 de noviembre de 2014 solicitud de liquidación de sociedad conyugal, estando suspendido del ejercicio de la profesión entre el 14 de agosto de 2014 y el 13 de agosto de 2016, conducta con la que desconoció el deber consagrado en el artículo 28 numeral 19, y el régimen de incompatibilidades, en concordancia con el artículo 29 numeral 4 de la Ley 1123 de 2007 respectivamente.

En relación con los argumentos de la defensa, que solicita la mínima sanción para su representado, se determinó en el fallo de instancia, que habida cuenta de la concurrencia del agravante previsto en el numeral 5, literal C del artículo 45 de la Ley 1123 de 2007, no es de recibo la petición de la defensa, por registrar el disciplinado antecedentes disciplinarios dentro de los 5 años anteriores a la comisión de la conducta.

La falta fue imputada a título de dolo, dada la obligación del abogado de conocer el régimen de incompatibilidades y proceder de conformidad, por lo que actuó con conocimiento y voluntad en el desconocimiento del deber previsto en la Ley 1123 de 2007, concretamente el previsto en el artículo 28 numeral 19 de la Ley 1123 de 2007, en concordancia con el artículo 29 numeral 4 ibídem.

Sobre la graduación de la sanción, en aplicación de los artículos 13 y 45 de la Ley 1123 de 2007, dada la gravedad de la conducta por haber quebrantado el régimen de incompatibilidades para ejercer la profesión y registrar antecedentes disciplinarios, se consideró que lo razonable es la sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de seis (6) meses.

De la consulta

Notificada personalmente la defensora de oficio del investigado y por edicto el disciplinado, de la sentencia emitida el 29 de agosto de 2016, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, no presentaron recurso de alzada en contra de la misma, razón por la cual al tenor de lo preceptuado en el parágrafo 1º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, el expediente fue remitido a esta superioridad.

Consideraciones de la Sala

Competencia

Esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer en grado jurisdiccional de consulta la decisión del 29 de agosto de 2016, adoptada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante la cual halló disciplinariamente responsable al abogado Edilberto Rodas Cano, de cometer la conducta descrita en el artículo 39 de la Ley 1123 de 2007, por inobservar el régimen de incompatibilidades previsto en el artículo 29, numeral 4 y el deber determinado en el numeral 19 del artículo 28 ibídem, sancionándolo con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de seis (6) meses, destacando que la anterior competencia deviene de lo establecido en los numeral 3º del artículo 256 de la Carta Política y del numeral 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, en armonía con lo dispuesto en el parágrafo primero de la última de las normas en cita y el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007 al no haber sido apelada.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en autos 278 del 9 de julio y 372 del 26 de agosto de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 2 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la comisión nacional de disciplina judicial y a las comisiones seccionales de disciplina judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 comisiones seccionales de disciplina judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 2 de 2015, así: “los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 2 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente, esta Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela”.

En consecuencia, como en la actualidad esta Sala conserva sus funciones y competencias, se encuentra facultada para emitir la decisión que en derecho corresponda en el presente asunto.

El caso en concreto

Previo a entrar a resolver el grado de consulta de la sentencia proferida el 29 de agosto de 2016, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, esta corporación considera relevante citar lo enseñado por la Corte Constitucional, en diversos fallos, donde se ha pronunciado sobre el papel del abogado en el Estado social y democrático de derecho, así como la relevancia del control que respecto de esta profesión ejercen las autoridades públicas.

El poder disciplinario constituye una de las más importantes expresiones de la función de control y vigilancia y su regulación por parte del legislador debe estar orientada al logro de los fines de la profesión en procura de que su ejercicio sea compatible con el interés general, entendido a la luz de los valores y principios constitucionales.

El abogado ejerce su profesión principalmente en dos escenarios: (i) por fuera del proceso, a través de la consulta y asesoría a particulares, y (ii) al interior del proceso, en la representación legal de los ciudadanos que acuden a la administración de justicia para resolver sus controversias.

En el desarrollo de estas actividades, la profesión adquiere una especial relevancia social, pues se encuentra íntimamente ligada a la búsqueda de un orden justo y al logro de la convivencia pacífica, en razón a que el abogado es, en gran medida, un vínculo necesario para que el ciudadano acceda a la administración de justicia. En el marco del nuevo Código Disciplinario, al abogado se le asigna un nuevo deber, de relevancia constitucional, consistente en la defensa y promoción de los Derechos Humanos.

De acuerdo con las premisas expuestas, y en la medida en que el ejercicio de la profesión de abogado se orienta a concretar importantes fines constitucionales, el incumplimiento de los principios éticos que informan la profesión, implica también riesgos sociales que ameritan el control y la regulación legislativa, tanto más en cuanto tal intervención se encuentra explícitamente autorizada por la propia Carta Política en su artículo 26.

En tal sentido, el ejercicio inadecuado o irresponsable de la profesión, pone en riesgo la efectividad de diversos derechos fundamentales, como la honra, la intimidad, el buen nombre, el derecho de petición, el derecho a la defensa y, especialmente, el acceso a la administración de justicia, así como la vigencia de principios constitucionales que deben guiar la función jurisdiccional, como son la eficacia, la celeridad y la buena fe.

De conformidad con el marco esbozado, la Corte Constitucional ha destacado el interés público inmerso en la configuración y aplicación de un régimen disciplinario para los abogados:

“(…) Si al abogado le corresponde asumir la defensa en justicia de los derechos e intereses de los miembros de la comunidad y, a su vez, le compete la asesoría y asistencia de las personas en la ordenación y desenvolvimiento de sus relaciones legales, resulta lícito que la ley procure ajustar su comportamiento social a la observancia de tales fines, impidiendo, a través de la imposición de determinadas sanciones, que el profesional desvíe su atención y opte por obrar contrario a derecho, impulsado por el ánimo egoísta de favorecer sus intereses particulares en detrimento de la Administración de Justicia y de la propia sociedad”.

El Derecho Disciplinario, en cualquiera de sus subespecies, debe diferenciarse, demarcarse y delimitarse de las otras especies del Derecho Sancionador, toda vez que, como ninguna otra disciplina, expresa un juicio de reproche ético-jurídico que en el caso de la profesión del abogado comporta una desvaloración social del comportamiento en el ámbito de una profesión liberal intervenida por el Estado, habida cuenta de la misión y función social que el profesional del derecho cumple en nuestro Estado social y democrático de derecho.

Esa misión se concreta en la observancia de los deberes que atañen al ejercicio de la abogacía como garantía de que efectivamente los profesionales del derecho conserven la dignidad y el decoro profesional; colaboren lealmente en la recta y cumplida administración de justicia; observen mesura, seriedad y respeto con los funcionarios y con todas las personas que intervengan en los asuntos de su profesión; obren con absoluta lealtad y honradez con sus clientes y colegas; guarden el secreto profesional, y atiendan con celosa diligencia sus encargos profesionales. En la medida en que esos deberes sean cumplidos, la abogacía colaborará efectivamente en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país y en la realización de la justicia material, cumpliendo así su función social.

Ahora bien, en grado jurisdiccional de consulta le compete a la Sala verificar la legalidad integral de la actuación, y en especial de la sentencia que revisa en todos los aspectos en ella consignados, lo cual se hará de la siguiente manera:

Tipicidad, Descendiendo al caso que ocupa la atención de la colegiatura, se advierte que el togado fue declarado responsable disciplinariamente por el a quo, de incurrir en falta que atenta contra su deber de respetar y cumplir las disposiciones legales que establecen las incompatibilidades para el ejercicio de la profesión, al haber desplegado gestión profesional como apoderado de la parte demandante dentro del proceso de cesación de efectos civiles de matrimonio religioso radicado 2014-00192, de conocimiento de Juzgado 13 de Familia de Medellín, al radicar el 12 de noviembre de 2014 solicitud de liquidación de sociedad conyugal, estando suspendido del ejercicio de la profesión entre el 14 de agosto de 2014 y el 13 de agosto de 2016, incurriendo en la falta tipificada en el artículo 39 de la Ley 1123 de 2007, precepto cuyo tenor literal determina:

“ART. 39.—También constituye falta disciplinaria, el ejercicio ilegal de la profesión, y la violación de las disposiciones legales que establecen el régimen de incompatibilidades para el ejercicio de la profesión o el deber de independencia profesional”.

Pues bien, de la revisión integral de la actuación, advierte esta colegiatura que en el presente asunto se ha cumplido con el principio de la legalidad de la actuación, debido proceso y derecho de defensa de los intervinientes, dando aplicación al procedimiento vigente previsto en la Ley 1123 de 2007, observado que el abogado investigado no compareció a la actuación procesal, siendo representado por defensora de oficio, quien intervino en todas las etapas procesales, solicitó pruebas, y presentó alegatos de conclusión, no apeló la sentencia en su contra objeto de consulta, como tampoco la defensora de oficio.

Evidentemente, corrobora la Sala, que conforme a la compulsa de copias que dio origen a esta actuación, dispuesta por la Juez 13 de Familia de Oralidad del Circuito de Medellín, el abogado Edilberto Rodas Cano, actuando como apoderado del demandante Francisco Alfonso Orozco López en proceso radicado 2014-00192 contra Ana Carolina Jiménez Arango, a continuación de proceso de cesación de efectos civiles de matrimonio religioso, el 12 de noviembre de 20148, radicó memorial en proceso liquidatorio de sociedad conyugal, pese a estar suspendido de ejercicio de la profesión.

De contera, es claro, que durante el término en que el abogado estaba suspendido del ejercicio de la profesión, del 14 de agosto de 2014 al 13 de agosto de 2016, acorde con lo revelado en el certificado de antecedentes disciplinarios que obra en el investigativo, desplegó actuación profesional en representación del demandante, sin haber informado ni a sus cliente, ni al director del proceso de lo acontecido, por el contrario guardó silencio, permaneciendo dentro del asunto pendiente de resolver, como el abogado del actor.

Antijuridicidad. Acorde con el artículo 4º de la Ley 1123 de 2007, un abogado incurre en una falta antijurídica, cuando con su conducta afecte sin justificación alguna los deberes consagrados en el Código Disciplinario del Abogado.

Revisada la actuación, advierte la Sala que conforme lo destacó el a quo, no se esgrimió causal alguna de justificación o exculpación, en el comportamiento del ejercicio ilegal de la profesión en que incurrió el doctor Edilberto Rodas Cano, con lo cual inobservó el deber previsto en el artículo 28 numeral 19 del mismo y vulneró el régimen de incompatibilidades determinado en el estatuto deontológico del abogado en el artículo 29, y el, preceptos que consagran textualmente:

“ART. 28.—Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado:

19. Renunciar o sustituir los poderes, encargos o mandatos que le hayan sido confiados, en aquellos eventos donde se le haya impuesto pena o sanción que resulte incompatible con el ejercicio de la profesión”.

“ART. 29.—Incompatibilidades. No pueden ejercer la abogacía, aunque se hallen inscritos:

4. Los abogados suspendidos o excluidos de la profesión”.

Culpabilidad. Conforme lo determina el artículo 6º de la Ley 1123 de 2007, en materia disciplinaria está proscrita toda forma de responsabilidad objetiva y solo se podrá imponer sanción a un profesional del derecho cuando la falta se haya realizado con culpabilidad.

Así mismo, consagró el artículo 21 del estatuto deontológico del abogado, que las modalidad de culpabilidad en materia disciplinaria solo son sancionables a título de dolo o de culpa.

Pues bien, en el asunto sub examine, precisa la colegiatura, que la falta atribuida al togado, es de aquellas que dada su naturaleza son atribuibles a título de dolo, como en efecto lo determinó el a quo, pues es obligación de los abogados conocer tanto los deberes, como el régimen de incompatibilidades que les permite ejercer la profesión, por lo que siendo de conocimiento del investigado la sanción que pesaba en su contra de suspensión por el término de dos años en el ejercicio profesional, siguió actuando, con lo cual no solo afectó a su cliente al no ponerlo en conocimiento de la real situación, sino que también ocultó a la administración de justicia su incompatibilidad para seguir actuando, de tal manera, que de no advertirlo la directora del proceso, muy seguramente habría continuado burlando la sanción que pesaba en su contra, comportamiento a todas luces, voluntario, consciente y desde luego éticamente reprochable.

En este orden de ideas no queda duda alguna que el abogado investigado incurrió en la falta contemplada en el artículo 39 de la Ley 1123 de 2007, debido a que ejerció la abogacía, durante un período de tiempo en que estaba suspendido de dicho ejercicio profesional.

De contera, encuentra esta corporación que la sanción impuesta al abogado investigado es proporcional, necesaria, razonable y además adecuada, toda vez que el togado sancionado desplegó su conducta de manera dolosa, al igual que registra antecedentes disciplinarios, no concurriendo causal alguna de exculpación en favor del togado, previstas en el artículo 22 de la Ley 1123 de 2007, es pertinente confirmar la sentencia del 29 de agosto de 2016, dictada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, por estar conforme a derecho.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la providencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia el 29 de agosto de 2016, mediante la cual sancionó con SUSPENSIÓN por el término de seis (6) meses, en el ejercicio de la profesión al abogado Edilberto Rodas Cano, responsable de incurrir en la modalidad dolosa, en la falta contra el régimen de incompatibilidades para el ejercicio de la profesión de abogados establecida en el artículo 39 de la Ley 1123 de 2007, en concordancia con el artículo 29, numeral 4 ibídem, acorde con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. Anótese la sanción en el Registro Nacional de Abogados, data a partir de la cual la misma empezará a regir, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la oficina encargada de dicho registro, enviándole copia de la sentencia con constancia de ejecutoria.

3. Súrtanse las notificaciones de rigor por la secretaría judicial.

4. En consecuencia de lo anterior, ordenar la devolución del expediente al Seccional de origen.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Pedro Alonso Sanabria Buitrago, presidente—Magda Victoria Acosta Walteros—Fidalgo Javier Estupiñán Carvajal—Julia Emma Garzón De Gómez—María Lourdes Hernández Mindiola—Camilo Montoya Reyes—Julio César Villamil Hernández.

Yira Lucía Olarte Ávila, secretaria judicial.

1 Sala Dual, M.P. Claudia Rocío Torres Barajas y Gustavo Adolfo Hernández Quiñonez.

2 Folio 8 C.O.

3 Folio 9 y 10 C.O.

4 Folio 11 C.O.

5 Folio 26 a 27 y 1 CD.

6 Folio 56 y 1 CD.

7 Folio 66 C.O. y 1 CD.

8 Folio 2 C.O.