SENTENCIA 2015-00073 DE OCTUBRE 11 DE 2017

 

Sentencia 2015-00073 de octubre 11 de 2017

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 680011102000201500073 01

Aprobado según Acta Nº 86 de la fecha.

Magistrada Ponente:

Dra. Magda Victoria Acosta Walteros

Bogotá D. C., once de octubre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala.

Competencia.

Esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer de la apelación interpuesta contra la sentencia proferida el día 30 de junio de 2017, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, que resolvió sancionar a la abogada M.L.A.S., con suspensión de (6) seis meses en el ejercicio de la profesión, como responsable de la falta prevista en el artículo 37 numeral 1 de la Ley 1123 de 2007; dejando por sentado que la anterior competencia deviene de conformidad con lo establecido en los artículos 256, numeral 3, de la Carta Política y 112, numeral 4, de la Ley 270 de 1996, en armonía con lo dispuesto en el parágrafo primero de la última de las normas en cita y en el numeral 1° del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(...) Los actuales Magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 02 de 2015, así: “…los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el referido acto legislativo, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente está Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

En virtud de lo anterior y sin observar causal alguna que pueda invalidar la actuación hasta ahora adelantada, procede la Sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales que atañen el tema a debatir.

De la apelación.

El artículo 81 de la Ley 1123 de 2007, consagra el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. A su turno, en términos del artículo 16 ejusdem, en aplicación del principio de integración normativa, conforme al ordenamiento penal se tiene que la competencia del superior en el trámite del recurso ordinario de apelación, dispone que ella se extenderá a los asuntos que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación, límite este de su restringida competencia.

El legislador en punto de la competencia del superior funcional, optó por prescribir una fórmula intermedia, pues si bien en principio el objeto del recurso constituye su límite, también se dejó consagrada la posibilidad legal de extenderla para incluir pronunciamientos sobre aspectos no impugnados, pero siempre que de ellos pueda predicarse un estrecho ligamen con el objeto de la alzada, y cuando se advierta la necesidad de hacer prevalecer el derecho sustancial o cuando ello influya en la coherencia y la lógica que ha de observarse en la decisión del superior funcional.

El caso concreto.

Procede esta corporación a destacar en primer lugar que el control disciplinario fue otorgado por mandato constitucional a esta jurisdicción, encaminado a ser ejercido sobre la conducta profesional de los abogados teniendo como objetivo primordial, verificar el efectivo cumplimiento de su principal misión, lo cual es defender los intereses de la colectividad y de los particulares, mediante el ejercicio responsable, serio, honesto, cuidadoso y diligente de la profesión.

Esa misión se concreta en la observancia de los deberes que atañen al ejercicio de la abogacía como garantía de que efectivamente los profesionales del derecho conserven la dignidad y el decoro profesional; colaboren lealmente en la recta y cumplida administración de justicia; observen mesura, seriedad y respeto con los funcionarios y con todas las personas que intervengan en los asuntos de su profesión; obren con absoluta lealtad y honradez con sus clientes y colegas; guarden el secreto profesional, y atiendan con celosa diligencia sus encargos profesionales, por ende, en la medida en que esos deberes sean cumplidos, la abogacía colaborará efectivamente en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país y en la realización de la justicia material, cumpliendo así su función social.

Se advierte que la togada fue declarada responsable disciplinariamente por el a quo, pues faltó al deber de diligencia profesional consagrado en el artículo 37, numeral 1°, de la Ley 1123 de 2007, precepto cuyo tenor literal es el siguiente:

“…Artículo 37. Constituyen faltas a la debida diligencia profesional:

1. Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas…”.

Observa la Sala una vez valorada la evidencia probatoria acopiada en el investigativo, se establecido que en el Juzgado Quinto Promiscuo Municipal de Floridablanca, se adelantó bajo el Radicado 2011-00374, el proceso de reducción de cuota alimentaria que culminó con sentencia adversa a los intereses de la madre de una menor, siendo la apoderada de oficio que solamente se limitó a la presentación de la contestación de la demanda, el 11 de marzo de 2014, además no asistió a la audiencia de conciliación y trámite fijada para el 20 de junio de 2014, como tampoco se hizo presente a la audiencia de presentación de alegatos y lectura de fallo el 31 de julio de 2014.

Centró el defensor de confianza de la disciplinada su impugnación básicamente en tres argumentos, el primero relativo a que el a quo no puede decir que existió abandono, si su poderdante no le suministro los elementos de juicios necesarios para su defensa, el segundo que no puede sancionar a la disciplinada, por una conducta que carece de tipicidad, el tercero frente a la presencia de una duda razonable que debe ser resuelta a favor de la abogada. Por lo anterior, solicitó se revoque la decisión y se absuelva de los cargos endilgados o en el peor de los casos le impongan censura.

En primer lugar debe ilustrarse al defensor, en relación con sus argumentos, que cuando un abogado asume un compromiso profesional, se obliga a realizar todas las actividades en procura de cumplir las gestiones a él encomendadas, cobrando a partir de este momento vigencia el deber de atender con celosa diligencia los asuntos a su cargo, compromiso que lleva consigo un actuar positivo al requerir prontitud y celeridad en el mismo, por tanto cuando el litigante se aparta injustificadamente de este deber, queda incurso en la infracción a la debida diligencia profesional.

Por tanto, respecto de la conducta enrostrada al profesional del derecho y contemplada en el artículo 37 numeral 1 de la Ley 1123 de 2007, que se refiere a la infracción contra la debida diligencia profesional, en relación de progresión, se incurre en esta falta cuando se omite la gestión encomendada, igualmente cuando se demora en instaurarla, o cuando en su curso se quebrantan términos o se pierden oportunidades legales; se desatiende el asunto, se atiende de manera ineficiente o de manera esporádica y, por supuesto, cuando decididamente se deja al garete, desprendiéndose definitivamente de las obligaciones profesionales y dejando los intereses confiados sin representación efectiva, reprochándose en el presente caso a la litigante investigada “dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional o abandonarla”

Entonces para esta Colegiatura no es de recibo la argumentación expuesta en la impugnación por el apoderado de confianza de la disciplinada y acertó el a quo cuando reprochó el comportamiento indiligente en que incurrió la profesional del derecho, como quiera que no concurrió a las diligencias, como abandono la gestión como defensora de oficio, por lo que recae plena responsabilidad en su conducta omisiva y negligente, al no acatar el llamado de la administración de justicia, como tampoco defender los derechos de una menor.

Ahora, frente al primer argumento de que no existió abandono, ni dejo de hacer las actuaciones propias de la actuación profesional, pues su defensa se fundamentó en que su poderdante no le suministro los elementos de juicios necesarios e importantes para realizar una debida defensa y así demostrar la capacidad económica del alimentante.

Frente al anterior argumento no le asiste razón al apelante, la abogada debió buscar todos los medios probatorios para garantizar la defensa de la menor, esos fundamentos no son eximentes de responsabilidad, además su obligación era encontrar los mecanismos idóneos para estar al tanto de la actuaciones que realizara el juez de conocimiento y así ejercer cabalmente los deberes profesionales que le imponían su rol como apoderada de oficio. Por tal razón no es tolerable ni excusable el hecho que una abogada mantenga total inactividad, y no realice ninguna gestión dentro de un proceso, y abandone a su suerte a su poderdante, más cuando se trataba de derechos alimentarios de una menor.

Si bien realizó una defensa de oficio, no puede argumentar en que no se le vulneraron los derechos a la menor, cuando su trabajo era buscar todos los medios necesarios para ejercer un excelente ayuda, mas tratándose de un amparo de pobreza, pues no era obligación de su poderdante informarle cuales eran las actuaciones procesales que debía realizar, y si no se sentía acorde podía renunciar al mandato, antes de abandonar el proceso y causarle un perjuicio a su prohijada.

Así las cosas, para esta corporación no hay duda del actuar indiligente del profesional del derecho al desatender y abandonar la gestión profesional encargada, esto es la defensa de la señora L.A., representante legal de una menor de edad, quien no tuvo la oportunidad de defensa y se le redujo la mesada en un margen superior al 50%, tratándose de un proceso reducción de cuota alimentaria, es decir, que el perjuicio causado a la menor como a su madre, se debe elevar un juicio de reproche por la negligencia de la profesional del derecho.

Entonces no observa la Sala una duda razonable, que pueda desvirtuar la sanción impuesta por la Sala a quo, tal y como lo pretende el apelante, pues se encuentra claramente demostrada la materialidad de la falta y la culpabilidad de la misma. Y es que no puede ser de recibo lo argüido por el recurrente, pues la abogada debió en caso de presentarse algún inconveniente justificarlo ante el despacho, para que fuera reprogramada la diligencia, o renunciar al mandato.

Por lo tanto, precisa esta Sala, que el reproche atribuido a la abogada y sobre el que existe certeza, obedece a la omisión sin justificación alguna de comparecer a las audiencias el 20 de junio y 31 de julio de 2014, y el abandono de la gestión, pues solo presento la contestación de la demanda, de lo cual claramente se desprende la conducta indiligente en que incurrió la profesional disciplinada al desatender el mandato que le fue encargado, con lo cual inobservó el deber previsto en el numeral 10 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 incurriendo con ello en la falta tipificada en el numeral 1º artículo 37 ibidem, conducta atribuida a título de culpa, dada la naturaleza de la falta al dejar de atender las diligencias propias de la actuación profesional y abandonarlas.

De contera, no serán acogidos por esta Sala los argumentos expuestos por el recurrente, relativos a revocar la sanción, e imponer una menos gravosa, al estar claramente demostrada la falta a la debida diligencia de la abogada, y ante el perjuicio causado a su defendida, quien representaba los derechos de una menor de edad.

Igualmente frente a la dosimetría de la sanción se tendrá en cuenta los criterios de graduación establecidos por el a quo contenido en el artículo 45 literal C numeral 3 de Ley 1123 de 2007, que establece “atribuir la responsabilidad disciplinaria infundadamente a un tercero”, pues la abogada excuso su responsabilidad en la defensora de familia, que actuó en el proceso de reducción de cuota alimentaria, quien fue la única que defendió los interese de la menor promoviendo una acción de tutela.

Así las cosas, considera esta Superioridad que la sanción impuesta de suspensión de seis meses en el ejercicio de la profesión a la abogada M.L.A.S., comporta los principios de proporcionalidad y razonabilidad, y será mantenida incólume, por lo que se procederá a CONFIRMAR en su integridad la providencia impugnada.

En mérito de lo expuesto la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 30 de junio de 2017, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, que resolvió sancionar a la abogada M.L.A.S., con suspensión de seis (6) meses en el ejercicio de la profesión, como responsable de la falta prevista en el artículo 37 numeral 1 de la Ley 1123 de 2007, acorde a lo expuesto en la parte considerativa de este proveído.

2. NOTIFICAR a todas las partes dentro del proceso, a través de la Secretaría Judicial de esta Sala, advirtiendo que contra ella no procede recurso alguno.

3. Ejecutoriada esta providencia, remítase copia de la misma a la oficina del Registro Nacional de Abogados, con la constancia del acto procesal enunciado, data a partir de la cual la sanción empezará a regir.

4. DEVUÉLVASE el expediente al Consejo Seccional de origen para lo de su competencia.

Notifíquese y cúmplase».