Sentencia 2015-00084 de diciembre 15 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 63001-23-33-000-2015-00084-01(AP)

Consejo Ponente:

Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés (E)

Actor: Defensoría del Pueblo, Defensoría Regional del Quindío

Demandado: Unidad de Sevicios Penitenciarios y Carcelarios Uspec y otros

Bogotá, D.C., quince de diciembre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «XII. Consideraciones de la Sala

12.1. Las acciones populares y su procedencia.

La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política y desarrollada por la Ley 472 de 1998, tiene como finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos, cuando estos resulten amenazados o vulnerados o cuando exista peligro, agravio o un daño contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas, o de los particulares que actúan en desarrollo de funciones públicas.

Según ha señalado la Sala, en forma reiterada(17), se tiene que los supuestos sustanciales para que proceda la acción popular son los siguientes: (i) Una acción u omisión de la parte demandada. (ii) Un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses colectivos; peligro o amenaza que no es en modo alguno el que proviene de todo riesgo normal de la actividad humana. (iii) La relación de causalidad entre la acción u omisión y la señalada afectación de tales derechos e intereses. Dichos supuestos deben ser demostrados de manera idónea en el proceso respectivo.

12.2. Los trámites presupuestales y la escasez de recursos económicos, no justifican la desprotección de los derechos colectivos.

En reiterada y uniforme jurisprudencia(18), la Sala ha puesto de presente que, el hecho de que la ejecución de obras públicas esté supeditada al agotamiento de los pasos previos, de la formulación e inscripción de proyectos en los Bancos de Proyectos de Inversión, así como de la inclusión de los proyectos en los planes de desarrollo municipal, departamental y nacional, no es razón para negar la protección de los derechos colectivos cuando está probado el supuesto fáctico que sirvió de fundamento a la acción popular. En este caso, el juez debe ordenar a las autoridades adelantar las gestiones técnicas de planeación, las contractuales y presupuestales conducentes a que los respectivos proyectos se incluyan en el plan de desarrollo y cuenten con disponibilidad presupuestal, para que luego de cumplirse las exigencias legales puedan ejecutarse.

Además, esta Sala ha manifestado que la falta de disponibilidad presupuestal no enerva la acción ante la demostrada vulneración de los derechos colectivos. Ante esa situación, lo procedente es ordenar a las autoridades que efectúen las gestiones administrativas y financieras necesarias para obtener los recursos económicos requeridos.

En efecto, en sentencia de 25 de octubre de 2001(19), a propósito de una problemática relacionada con la práctica de necropsias a cadáveres en estado de descomposición, sin que existiera una morgue en el municipio de San Pedro (Sucre), esta Sala consignó el criterio jurisprudencial aludido, de la siguiente manera:

“Lafaltadedisponibilidadpresupuestalydeexistenciarealderecursos noes,enmaneraalguna,argumentoválidoparadestruirelacervo probatorioquesustentaelfallodelinferioryquesepuntualizaenla indudabledemostracióndeloshechosquesirvierondefundamentoal ejercicio delaacción popular.

En tal virtud, le corresponde al alcalde y a su equipo de gobierno proseguir el adelantamiento de esta gestión y emprender las que sean necesarias para conseguir mediante el mecanismo de cofinanciación los recursos presupuestales que permitan financiar el proyecto de alcantarillado con el porcentaje de los recursos ordinarios que la Nación a esos efectos les transfiere en la denominada participación de beneficio general y si estos resultaren insuficientes, con recursos de cofinanciación que deben gestionar ante el Departamento o la Nación, explorando la disponibilidad de recursos de inversión que para ese tipo de proyectos se prevean en los programas y subprogramas de los presupuestos de inversión del Departamento Nacional de Planeación, del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y del Ministerio de Desarrollo”.

(Subrayado fuera de texto).

Igualmente, en sentencia de 5 de septiembre de 2002(20), dictada con ocasión de una demanda que buscaba la construcción de la infraestructura de alcantarillado en el barrio El Salvador, sector Pantano, del distrito de Santa Marta, en línea con el planteamiento expuesto, se afirmó lo siguiente:

“Sereiteraquelafaltadedisponibilidadpresupuestalnoenervala acciónantelademostradavulneracióndelosderechoscolectivospara cuyaprotecciónseinstauró.Cosa distinta es que ante esa situación lo procedente sea ordenar a las autoridades municipales que efectúen las gestiones administrativas y financieras necesarias para obtenerlos”. (Subrayado fuera de texto)

Finalmente, vale la pena citar la sentencia de esta Sección, proferida el 22 de enero de 2015, C.P. Guillermo Vargas Ayala:

“Comosepuedeleerenlajurisprudenciatranscrita,lafaltaderecursos públicosnoesóbiceparaprotegerlosderechoseinteresescolectivos; la efectividad de los derechos colectivos garantizados por la Constitución y la ley demandan atención prioritaria de las autoridades administrativas, y si su actuación no colma las exigencias de protección impuestas por el ordenamiento jurídico, es deber del juez constitucional de acción popular velar porque dicha situación sea debidamente atendida. Cosadistintaes queparaelcumplimientodelfalloserequieranhacererogaciones presupuestalesyqueparaelloenlasentenciasedebantomaren consideraciónlostiemposnecesariosparasurtirlostrámitesdelcasoy ordenaragotarlospasespresupuestalesytrámitesadministrativos correspondientes.Es claro que las órdenes impartidas por el juez de acción popular no pueden hacer abstracción de las exigencias impuestas por la realidad material en que opera la Administración ni por la legislación vigente en materia presupuestal en particular, ni por el marco legal que rige las actuaciones administrativas en general. Deaquíqueenestaclasede procesoseljuezconstitucionaldebasiempreponderarcuidadosamente quéclasedeobligacionesimponeconeltiempoylascondicionesenquedebe llevarlasa cabo”.

(Subrayado fuera de texto).

12.3. La Sentencia T–762 de 2015 de la Corte Constitucional, no responde efectivamente a los hechos y pretensiones de la presente acción popular. Por lo anterior, es necesario proferir órdenes específicas para el presente caso.

La Sala advierte que los hechos que motivaron la acción popular objeto de estudio (relacionados con deficiencias en el suministro de agua potable, en la administración de aguas negras, con humedad en el establecimiento carcelario, y con inconvenientes en el funcionamiento del sistema eléctrico), así como sus pretensiones (protección de 3 derechos colectivos), no son atendidos por las medidas impartidas por la Corte Constitucional, a través de la Sentencia T–762 de 2015, por medio de la cual se reitera la existencia de un estado de cosas inconstitucional (ECI), en el Sistema Penitenciario y Carcelario del país, declarado mediante la Sentencia T–388 de 2013. El sustento de esta afirmación se encuentra en las siguientes razones:

La Sentencia T–762 de 2015 (i) reitera la existencia del ECI en el sistema penitenciario y carcelario colombiano, (ii) imparte órdenes particulares respecto de los casos que dieron origen al fallo, y (iii) expide mandatos generales de política criminal, que no responden a los hechos y a las pretensiones de la presente acción popular, pero sobretodo, que no protegen efectivamente los derechos colectivos reclamados mediante la acción popular del presente caso.

Si bien es cierto que las órdenes vigésimo séptima y treintagésima se refieren a las necesidades de duchas, baterías sanitarias e infraestructura para el manejo de aguas (suministro de agua potable y administración de aguas negras), lo cierto es que estos mandatos se refieren expresamente a los reclusos de los 16 centros de reclusión de los que conoció la Corte Constitucional a través de la Sentencia T–762 de 2015, entre los cuales no está incluido el que es objeto de la presente acción popular.

Vale la pena dejar en claro que través de la sub orden 21 de la orden vigésimo segunda, se ordena al Inpec, a la Uspec, al Ministerio de Justicia y del Derecho y al DNP, ajustar los proyectos en ejecución, a las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas por el fallo. Esta orden no se refiere al desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura como los requeridos por la acción popular, sino al ajuste de unos proyectos en curso, a unos estándares establecidos en la sentencia de la Corte Constitucional.

Por su parte, la sub orden 24 de la orden vigésimo segunda, se dirige al Inpec, a la Uspec, al Ministerio de Justicia y del Derecho y al DNP, para que en adelante, se aseguren que todos los proyectos y diseños en infraestructura carcelaria y penitenciaria, cumplan de manera obligatoria con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la providencia de la Corte Constitucional. Nuevamente, esta orden es un llamado para que en el futuro, se construya infraestructura carcelaria y penitenciaria acorde con los estándares establecidos por la sentencia de dicha corporación. La sub orden no se refiere a la construcción de obras de infraestructura como las requeridas en la acción popular que nos ocupa.

De otro lado, la sub orden 25 de la orden vigésimo segunda va dirigida al Uspec, para que emprenda las acciones necesarias para invertir en la adecuada prestación del servicio de agua potable. Esta orden no guarda relación con los hechos y pretensiones de la acción popular, que se refieren al suministro de agua potable, a la adecuada administración de aguas negras, a la eliminación y prevención de humedades en el establecimiento carcelario, y a la necesidad de un adecuado funcionamiento del sistema eléctrico del centro de reclusión.

Por lo anterior, esta Sala considera que las órdenes proferidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T–762 de 2015, no atienden las necesidades puntuales que plantean los hechos y las pretensiones de la acción popular objeto de estudio. En consecuencia, la Sala encuentra la necesidad de impartir mandatos específicos que atiendan la protección de los derechos colectivos en el presente caso.

12.4. Caso concreto.

En el presente caso, el defensor del pueblo regional de Quindío, presentó demanda de acción popular, en representación de los internos condenados que cumplen reclusión en la sección D, del patio 5, del establecimiento penitenciario y carcelario de Calarcá, con miras a lograr la protección de los derechos colectivos relacionados con: (i) la salubridad pública, (ii) el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; y (iii) el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna (L. 472/98, art. 4º, lits. g, h y j).

El defensor en mención considera que se están vulnerando los derechos colectivos de los reclusos, teniendo en cuenta las siguientes circunstancias: (i) los reclusos se encuentran en condiciones de hacinamiento; (ii) los reclusos soportan problemas de manejo de aguas negras, debido a que las unidades de baterías sanitarias tienen fugas de agua; (iii) el suministro de agua potable a través de las duchas disponibles es deficiente; y (iv) las personas privadas de su libertad tienen graves inconvenientes de humedad en sus celdas; (iv) los internos enfrentan las fallas del viejo sistema eléctrico del establecimiento carcelario, que no funciona en las noches, lo cual les dificulta estudiar para resocializarse pero además, para redimir sus penas.

En consecuencia, el defensor regional pidió lo siguiente: (a) realizar las acciones necesarias para dar una solución definitiva e inmediata a la problemática planteada; (b) ordenar al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), a la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios (Uspec) y al establecimiento penitenciario y carcelario de mediana seguridad de Calarcá, o a la entidad competente, tomar las medidas cautelares necesarias para evitar un posible desastre, en el que sea vea involucrada la vida de las personas que habitan en dicho patio; (c) ordenar los estudios técnicos que sean necesarios, para determinar la calidad de las obras de infraestructura que den solución a los problemas de agua y electricidad, y (d) si el estudio técnico concluye que no se requiere demolición sino intervención, pidió ordenar que esta sea perentoria y rápida.

En el caso bajo estudio, procede la acción popular, teniendo en cuenta las siguientes razones:

1. El accionante atribuye la violación de los derechos colectivos, a las omisiones del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), de la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios (Uspec), del establecimiento penitenciario y carcelario de mediana seguridad de Calarcá, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y del Departamento Nacional de Planeación (DNP), consistentes en realizar obras de mantenimiento y/o construcción de infraestructura en el establecimiento carcelario de Calarcá.

2. A juicio del actor, la omisión de las autoridades demandadas, vulnera los derechos colectivos de los reclusos a la salubridad pública, al acceso a una infraestructura de servicios que garantice dicha salubridad, al acceso a una prestación eficiente y oportuna de los servicios públicos de agua, alcantarillado y electricidad (L. 472/98, art. 4º, lits. g, h y j).

3. Según el demandante, la omisión de las autoridades en adelantar las obras de mantenimiento y/o construcción de infraestructura del centro de reclusión en donde cumplen su condena los reclusos, comporta violación de los referidos derechos colectivos.

De otra parte, y en cuanto concierne al planteamiento de la apelación, la Sala no puede desconocer la existencia de los trámites a los que se sujeta todo proyecto de inversión pública, para que le sean asignados los recursos requeridos para su ejecución. Igualmente, es atendible la limitación de recursos con la que operan todos los sujetos económicos, incluido el Gobierno colombiano.

Sin embargo, la necesidad de surtir unas etapas de planificación presupuestal y la escasez de recursos, no son argumentos suficientes para dejar de otorgar la protección reclamada para los derechos colectivos de los reclusos de la sección D, del patio 5, del establecimiento penitenciario y carcelario de mediana seguridad de Calarcá, estando plenamente demostradas las vulneraciones a los mismos y las omisiones que causan las violaciones.

En este punto, vale la pena recordar la regla establecida por reiterada jurisprudencia de esta Sección, la cual se esboza en la sentencia de 10 de abril de 2008, expediente 15001-23-31-000-2004-00397-01(AP), C.P. Camilo Arciniegas Andrade:

“La falta de disponibilidad presupuestal y las implicaciones de una orden judicial en la planeación no son razón para dejar de conceder la protección reclamada cuando se ha demostrado la amenaza o la violación del derecho colectivo.

Esta Sala ya ha tenido oportunidad de desvirtuar el argumento del apelante para enervar la protección de los derechos colectivos a pretexto de la incidencia que las órdenes impartidas para asegurar su protección tendría en el Plan y atendida la escasez de recursos presupuestales.

Enreiterada y uniformejurisprudencia, la Salahapuesto depresentequela circunstanciadequelaejecucióndeobraspúblicasparalasatisfacciónde necesidadeslocalesestésupeditadaalagotamientodelospasosprevios deformulacióneinscripcióndeproyectosenlosbancosdeproyectosdeinversión,inclusiónen losplanesdedesarrollodepartamentales ymunicipalesyenelpresupuesto,noesrazónparanegarlaproteccióndelosderechoscolectivoscuandoestáprobadoelsupuestofácticoquesirviódefundamento a la acciónpopular. En este caso,eljuezdebe ordenar a lasautoridadesadelantarlasgestionestécnicas,deplaneación,lascontractualesypresupuestalesconducentesaquelosrespectivosproyectosseincluyanenelplandedesarrollo,cuentencondisponibilidadpresupuestaly, luegodecumplirselasexigenciaslegales,puedanejecutarse.

Sereiteraquelafaltadedisponibilidadpresupuestalnoenervalaacciónantela demostrada vulneracióndelos derechos colectivos. 

Cosa distinta es que ante esa situación lo procedente sea ordenar a las autoridades municipales que efectúen las gestiones administrativas y financieras necesarias para obtenerlos”.

Esta regla jurisprudencial ha sido reiterada desde entonces por la Sección Primera del Consejo de Estado. Así, en la sentencia proferida el 22 de enero de 2015, expediente 18001-23-31-000-2011-00256-01(AP), C.P. Guillermo Vargas Ayala, se hace un recuento de la correspondiente línea jurisprudencial, que por su pertinencia vale la pena reiterar. Dice la sentencia:

“Como se puede leer en la jurisprudencia transcrita, la falta de recursos públicos no es óbice para proteger los derechos e intereses colectivos; la efectividad de los derechos colectivos garantizados por la Constitución y la ley demandan atención prioritaria de las autoridades administrativas, y si su actuación no colma las exigencias de protección impuestas por el ordenamiento jurídico, es deber del juez constitucional de acción popular velar porque dicha situación sea debidamente atendida. Cosa distinta es que para el cumplimiento del fallo se requieran hacer erogaciones presupuestales y que para ello en la sentencia se deban tomar en consideración los tiempos necesarios para surtir los trámites del caso y ordenar agotar los pases presupuestales y trámites administrativos correspondientes. Es claro que las órdenes impartidas por el juez de acción popular no pueden hacer abstracción de las exigencias impuestas por la realidad material en que opera la administración ni por la legislación vigente en materia presupuestal en particular, ni por el marco legal que rige las actuaciones administrativas en general. De aquí que en esta clase de procesos el juez constitucional deba siempre ponderar cuidadosamente qué clase de obligaciones impone con el tiempo y las condiciones en que debe llevarlas a cabo”.

En el presente caso, obra en el expediente el siguiente material probatorio:

1. Derechos de petición presentados por el Defensor Regional del Quindío, el 23 de octubre de 2014, el 23 de febrero de 2015 y el 24 de febrero de 2015, al Director del establecimiento penitenciario y carcelario de mediana seguridad de Calarcá, al Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y al director de la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios (Uspec). En cada uno de estos derechos de petición se describen problemas en el suministro de agua potable, en la administración de aguas negras, en el funcionamiento del sistema eléctrico del centro de reclusión, así como las humedades que afectan la infraestructura del mismo.

2. Respuesta del director del Inpec de 11 de noviembre de 2014, en la cual manifestó que se informó la problemática planteada por el actor a la Uspec, y se solicitó presupuesto para el arreglo de los daños a la misma unidad.

3. Respuesta del director del Inpec de 24 de febrero de 2015, en la que expresó que para atender los requerimientos de infraestructura señalados por el accionante, era necesario comprar materiales. Del “eje central” no había llegado resolución que ordenara el mantenimiento de la infraestructura del centro de reclusión y en consecuencia, la única manera de comprar los materiales y hacer las obras requeridas, era acudiendo a la “caja especial”, la cual no había sido asignada al establecimiento para el año 2015.

4. Respuesta del director de infraestructura de la Uspec de 13 de marzo de 2015, en la cual dijo: “Dado que los recursos han sido insuficientes, para atender las necesidades de mantenimiento y ampliación de todos los establecimientos del orden nacional, el Inpec realizó la priorización tanto de los establecimientos a intervenir como de las actividades por ejecutar, con los recursos disponibles, entre los cuales lamentablemente durante las vigencia 2015, no está el EPMSC Calarcá”.

5. Registro fotográfico que da fe de los problemas de suministro de agua potable a través de duchas y sanitarios, de los inconvenientes en la administración de aguas negras, de las humedades y de la carencia de luz (fls. 15 a 21).

6. Acta de la audiencia especial de pacto de cumplimiento, celebrada el 13 de agosto de 2015, en la que los apoderados del Inpec y de la Uspec admiten las vulneraciones a los derechos invocados, y la necesidad de que los mismos sean amparados. A continuación se citan los apartes pertinentes:

ElapoderadodelInpec,indicaquelasaseveracionesdelaccionanteson ciertas, sin embargo señala que conforme a lo establecido por el comité de conciliación de dicha entidad, el misma estableció en acta de conciliación, que corresponde a la Uspec, realizar las actuaciones necesarias para dar solución a la problemática planteada en la demanda por lo que no tiene fórmula de pacto.

(…).

ElapoderadodeUspecmanifiesta,queconformealapresenteacción, puedepriorizarladisponibilidadpresupuestalparaelamparodelos derechosinvocados, advirtiendo que la realización de obras se dará, pero para la vigencia del siguiente año, pues para el presente no cuenta con presupuesto, de dicha fórmula allega acta, de la cual se dará traslado con los demás documentos allegados por los intervinientes.

El actor formula dos puntos frente a la fórmula propuesta por el Uspec, el primero que no se ha hecho un estudio presupuestal del caso, y segundo el tiempo perentorio que puede agravar la situación de las personas privadas de la libertad pues las obras se darían hasta el 2016”.

(Subrayado fuera de texto)

De este modo, la Sala evidencia la existencia de material probatorio que acredita los hechos denunciados por el defensor regional de Quindío, como constitutivos de violación de los derechos colectivos de los reclusos del establecimiento penitenciario y carcelario de mediana seguridad de Calarcá. Nótese, en este mismo sentido, que las entidades demandadas no controvirtieron las fallas indicadas por el demandante, en la infraestructura de la sección D, del patio 5, del centro de reclusión mencionado. Adicionalmente, en el expediente obra registro fotográfico que ilustra esas fallas, registro que no fue desvirtuado por las entidades demandadas, pues por el contrario, estas aceptaron que los hechos son ciertos.

Por lo anterior, la Sala comparte la conclusión del a quo, en el sentido de tener como plenamente probada la vulneración de los derechos colectivos a la salubridad pública, al acceso a una infraestructura de servicios que garantice dicha salubridad, al acceso eficiente y oportuno a los servicios públicos de agua, alcantarillado y electricidad (L. 472/98, art. 4º, lits. g, h y j), de los reclusos del patio 5, sección D, del establecimiento penitenciario y carcelario de mediana seguridad de Calarcá.

De otra parte, esta Sala considera atendibles las razones técnicas de tipo presupuestal esgrimidas por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en su escrito de impugnación. Aun cuando no se discute que el DNP debe participar en el proceso de disposición de recursos para hacer las obras de infraestructura requeridas por el establecimiento carcelario, para proteger los derechos colectivos de los reclusos, es inobjetable que la disposición de recursos debe respetar las etapas presupuestales previstas en las normas y a las que ha aludido el DNP en su impugnación.

Ciertamente, la inversión pública se materializa a través de proyectos de inversión, los cuales contemplan actividades limitadas en el tiempo, que utilizan total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción o de provisión de bienes y servicios por parte del Estado. El desarrollo de un proyecto de inversión pública se encuentra dividido en fases, que en su conjunto conforman los que se denomina el ciclo de los proyectos de inversión, cuyo sustento jurídico se encuentra en el Decreto 1082 de 2015. Un proyecto de inversión pública sigue las siguientes fases: (i) formulación del proyecto de inversión, (ii) evaluación previa, (iii) registro del proyecto en el banco nacional de programas y proyectos (BPIN), (iv) incorporación del proyecto al plan operativo anual de inversiones (POAI) para ser financiado con recursos del presupuesto general de la Nación, (v) ejecución, (vi) seguimiento y evaluación posterior. El proyecto de inversión pública termina (i) cuando el proyecto cumple con los objetivos y metas propuestos, (ii) cuando los análisis de conveniencia de las entidades ejecutoras de los proyectos así lo establezcan, o (iii) cuando se cancele el registro.

Empero, la necesidad de ejecutar obras de infraestructura en el centro carcelario objeto de esta acción popular, el hecho de que sea necesario surtir unas etapas presupuestales para obtener los recursos requeridos por dichas obras y la escasez de esos recursos económicos, no justifican la desprotección de los derechos colectivos de los internos, cuando está probado el supuesto fáctico que sirvió de fundamento a la acción popular, tal y como ocurre en este caso.

En consecuencia, el juez debe ordenar a las autoridades adelantar las gestiones técnicas, de planeación, las gestiones contractuales y presupuestales conducentes a que el respectivo proyecto de inversión sea incluido en el plan de desarrollo, cuente con disponibilidad presupuestal y, luego de cumplirse las exigencias legales, sea ejecutado.

En esas condiciones, dados los tiempos asociados a la formulación de un proyecto de inversión de la índole del que se requiere en este caso, y teniendo en cuenta el lapso que conllevan las etapas técnica, administrativa y presupuestal, a juicio de la Sala se hace imperiosa la inmediata protección de los reclusos, para lo cual se ordenará una medida provisional de reubicación de los internos de la sección D, del patio 5 del establecimiento carcelario, mientras el Inpec, la Uspec, el establecimiento penitenciario y carcelario de mediana seguridad de Calarcá, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el DNP, realizan las actividades requeridas para apropiar los recursos y para ejecutar el correspondiente proyecto de infraestructura.

En tal virtud, esta Sala modificará la sentencia del Tribunal Administrativo del Quindío, de 30 de octubre de 2015, disponiendo como medida provisional, la reubicación de los reclusos del patio 5, sección D, del establecimiento penitenciario y carcelario de mediana seguridad de Calarcá, a otros patios del mismo establecimiento, o a otros establecimientos penitenciarios y carcelarios, que se encuentren con menores índices de hacinamiento, y que además tengan una infraestructura adecuada, para garantizar los derechos colectivos de los reclusos a la salubridad pública, al acceso a una infraestructura de servicios que garantice dicha salubridad, al acceso eficiente y oportuno a los servicios públicos de agua, alcantarillado y electricidad.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

1. MODIFÍCASE la orden segunda de la sentencia del Tribunal Administrativo del Quindío, proferida el 30 de octubre de 2015, la cual quedará así:

2. ORDÉNASE al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), a la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios (Uspec), al establecimiento penitenciario y carcelario de mediana seguridad de Calarcá, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y al Departamento Nacional de Planeación (DNP), en el ámbito de sus respectivas competencias funcionales, y con estricta observancia de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, para que en la vigencia fiscal del año 2017, se asignen o prioricen los recursos que permitan realizar las obras de mantenimiento y/o construcción que requiera la infraestructura de la sección D, del patio 5, del establecimiento penitenciario y carcelario de mediana seguridad de Calarcá, para atender los derechos colectivos de los reclusos a: (i) Salubridad pública. (ii) Acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública. (iii) Prestación eficiente y oportuna de los servicios públicos de agua, alcantarillado y electricidad. Estas gestiones deberán adelantarse dentro de un plazo mínimo de 60 días y un plazo máximo de 3 meses, contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia, de modo que las obras de mantenimiento y/o construcción de infraestructura se ejecuten en los 5 meses siguientes a la aprobación de la respectiva asignación o priorización de recursos.

2. MODIFÍCASE la orden tercera de la sentencia del Tribunal Administrativo del Quindío, de 30 de octubre de 2015, la cual quedará así:

3. ORDÉNASE al Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), para que en coordinación con el director del establecimiento penitenciario y carcelario de mediana seguridad de Calarcá, traslade a otros patios del mismo establecimiento, a lo reclusos de la sección D, del patio 5, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la ejecutoria de este fallo. Se dará prioridad en el traslado, a quienes por su situación de salud requieran ser reubicados de urgencia. De ser necesario, se trasladarán reclusos a otros establecimientos carcelarios, teniendo en cuenta las indicaciones del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

3. CONFIRMAR en lo demás la providencia impugnada.

4. Ejecutoriado este proveído, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala de la Sección Primera, en la sesión de la fecha».

17 Consejo de Estado. Sección Primera. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. Sentencia de 5 de marzo de 2015. Rad.: 15001-23-33-000-2013-00086-01(AP).

18 Consejo de Estado. Sección Primera. C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Sentencia de 25 de octubre de 2001. Rad.: 2000-0512-01(AP). C.P. Camilo Arciniegas Andrade. Sentencia de 5 de septiembre de 2002. Rad.: 2001-0303-01(AP-531). C.P. Camilo Arciniegas Andrade.
Sentencia de 10 de abril de 2008. Rad.: 2001-01961-01(AP). C.P. María Claudia Rojas Lasso. Sentencia de 15 de septiembre de 2011. Rad.: 2004-01241-01(AP). C.P. Guillermo Vargas Ayala. Sentencia de 22 de enero de 2015.

19 Consejo de Estado. Sección Primera. C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Rad.: 2000- 0512-01(AP).

20 Consejo de Estado. Sección Primera. C.P. Camilo Arciniegas Andrade. Rad.: 2001-0303- 01(AP-531).