Sentencia 2015-00096 de noviembre 15 de 2017

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Radicación 250001102000201500096 01

Magistrado Ponente:

Dr. Julio César Villamil Hernández

Referencia: Abogado en apelación

Aprobado según acta 98 de la misma fecha

Bogotá, D.C., quince de noviembre de dos mil diecisiete.

Asunto a tratar

Procede la Sala a pronunciarse en torno al recurso de apelación incoado contra la sentencia(1) proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de Cundinamarca el 31 de agosto de 2017, mediante el cual sancionó con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de cuatro (4) meses al abogado A.F.A.C., tras hallarlo responsable de cometer la conducta descrita en el artículo 39 de la Ley 1123 de 2007.

Situación fáctica

La presente actuación tiene origen en la remisión de copias disciplinarias ordenadas el 26 de agosto de 2014 por el juzgado civil del circuito de XXX - Cundinamarca, allegadas al a quo el 2 de febrero de 2015(2), por medio de las cuales el despacho remitente puso de presente las eventuales irregularidades que del orden disciplinario pudo haber cometido el doctor A.F.A.C., pues se analizó los siguiente: “... este despacho compulsará copias al Consejo Superior de la Judicatura Sala Disciplinaria de Bogotá, para que investigue la actuación surtida en este proceso por parte del Dr. A.F.A.C., pues de las pruebas aportadas al incidente por la parte demandada se observa que la demanda fue presentada a este despacho el día 25defebrerode2013, fecha para la cual el apoderado de la parte demandante se encontraba inmerso en la imposibilidad de desarrollar la profesión de abogado...” (subrayado fuera de texto).

Junto con la remisión de copias, el juzgado civil del circuito de XXX - Cundinamarca remitió copia integral del proceso de deslinde y amojonamiento cursado ante su despacho judicial, por M.J.C.C. (representada por el disciplinable), contra B.U., identificado bajo radicado XXX (fls. 1A a 125 del c. o. de 1ª inst.).

Actuación procesal

1. Acreditación de la condición de disciplinable y apertura del proceso disciplinario.

Se allegó el certificado(3) correspondiente, expedido por el registro nacional de abogados y auxiliares de la justicia, por medio del cual se expuso que el doctor A.F.A.C., se identifica con la cédula de ciudadanía XXX además de ser portador de la tarjeta profesional XXX del Consejo Superior de la Judicatura, expedida el 6 de noviembre de 1986, la cual se encontraba vigente.

Una vez demostrado lo anterior, el a quo mediante proveído(4) fechado 25 de junio de 2015 dispuso la apertura de investigación disciplinaria, convocando al disciplinable y demás intervinientes, a la audiencia de pruebas y calificación provisional que trata el artículo 104 de la Ley 1123 de 2007, para lo cual señaló la hora de las 3:00 p.m. del 1º de febrero de 2016.

2. Audiencia de pruebas y calificación provisional.

Esta etapa procesal se surtió efectivamente en las sesiones de los días 20 de junio de 2016(5), 20 de febrero de 2017(6) y 21 de junio de 2017(7), destacando que en esta última data se calificó la conducta y se consideró pertinente endilgar cargos al jurista investigado; se deja constancia que en esta etapa procesal también acontecieron como jurídicamente relevantes los sucesos que a continuación se enuncian:

Versión libre. En desarrollo de la sesión del 20 de junio de 2016, el despacho a quo, previo poner en conocimiento el contenido de la remisión de copias y los anexos de esta, concedió uso de la palabra al doctor A.F.A.C. a fin que, en desarrollo de su derecho a la defensa se pronunciara de forma libre y sin apremio, en lo concerniente a lo aducido en la queja, quien procedió a exponer lo siguiente:

Manifestó que dentro del proceso de deslinde y amojonamiento que originó la compulsa de copias, la demandada luego de la sentencia definitiva, a favor de la parte que el abogado representaba, aportó un certificado de antecedentes disciplinarios en donde se encontraba inscrita una sanción de suspensión de dos (2) meses, de la que aseguró no estaba notificado.

Indicó que, como consecuencia de ello, le solicitó al juzgado información sobre si se había recibido algún tipo de notificación del Consejo Superior de la Judicatura que manifestara su impedimento para el día de la radicación de la demanda, que fue el 18 de febrero de 2013, cuya admisión demoró un poco, pero el doctor J.M.M. le mencionó que ellos al revisar los archivos encontraron varios telegramas, pero no tenían ninguna comunicación de esa sanción en específico.

Esgrimió que se enteró de la sanción de primera instancia ante la seccional de Bogotá, la cual apeló en su momento oportuno, sin embargo, el proceso se demoró y aunque acudió a revisarlo varias veces, no pudo tener acceso al mismo porque se encontraba en archivo, por lo que solicitó el correspondiente desarchivo, no obstante, le solicitó al juzgado que se revisara una vez más, si existía tal limitación, ya que si en el despacho hubiese existido algún impedimento no le habrían admitido la demanda, ni otorgado personería jurídica, por lo que le solicitó al Magistrado Ponente que verificara si las comunicaciones y notificaciones se surtieron en debida forma.

Frente al interrogante del a quo relacionado a la pieza procesal de solicitud que presentó al Consejo Superior de la Judicatura donde peticionó el desarchivo del expediente, informó que las veces que fue no lo habían desarchivado, pero después empezaron a llegar unas solicitudes de la magistrada M.P.V.S., quien estaba atendiendo el escrito de queja presentado por los mismos hechos por el demandado B.U.I., sin que el abogado disciplinado hubiere asistido a ninguna audiencia, por lo que aseguró haber presentado un memorial al despacho homólogo, solicitando la acumulación de los procesos.

Reiteró que no estaba notificado de la sanción, de la cual se enteró por el aporte del certificado, ya que nunca supo qué pasó con el recurso, porque el proceso se demoró.

Acumulación de procesos. Por medio de auto dictado el 15 de junio de 2017, el despacho de la magistrada M.P.V.S. de la misma Sala a quo, remitió el proceso disciplinario(8) identificado bajo radicado XXX, a fin que se acumulara con el actualmente debatido, pues este se encontraba más adelantado.

Pruebas solicitadas, decretadas, allegadas, practicadas e incorporadas en esa etapa procesal

1. Junto con la remisión de copias, el juzgado civil del circuito de XXX - Cundinamarca remitió copia integral del proceso de deslinde y amojonamiento cursado ante su despacho judicial, por M.J.C.C. (representada por el disciplinable), contra B.U., identificado bajo radicado XXX (fls. 1A a 125 del c. o. de 1ª inst.), de los cuales se destaca:

— Copia del poder otorgado por la señora M.J.C. al doctor A.F.A.C., con fecha de presentación personal ante la notaría XXX del círculo de Bogotá del día 6defebrerode2013, para que, en su nombre y representación, iniciara y tramitara proceso de deslinde y amojonamiento contra el señor B.U. (fl. 1B del c. o. de 1ª inst.).

— Copia del libelo de demanda de deslinde y amojonamiento suscrita por el doctor A.F.A.C. en calidad de apoderado especial de la señora M.J.C., en contra del señor B.U.I., radicada el 25 de febrero de 2013 (fls. 25 a 37 del c. o. de 1ª inst.).

— Copia del auto admisorio de la demanda de deslinde y amojonamiento proferido por el juzgado civil del circuito de XXX el 7 de mayo de 2013 (fl. 38 del c. o. de 1ª inst.).

— Recurso de reposición presentado el 29deagostode2014 por el doctor A.F.A.C., ello, al interior del incidente de nulidad cursado al interior del proceso de deslinde en comento, recurso este que se incoó contra de lo resuelto en el numeral tercero de la providencia del 26 de agosto de 2014, por el cual el despacho compulsó copias al a quo (fls. 21 a 23, cdno. anexo 1 de 1ª inst.)

— Copia del proveído del 4 de noviembre de 2014, mediante el cual el juez civil del circuito de XXX - Cundinamarca, no revocó el numeral 3º de la parte resolutiva del auto de fecha 26 de agosto de 2014, donde se ordenó compulsar copias al Consejo Superior de la Judicatura Sala Disciplinaria de Bogotá, en virtud de los memoriales presentados por el apoderado de la parte demandante contentivos del recurso de reposición presentado en contra del auto mencionado (fls. 33 a 34, cdno. anexo 1 de 1ª inst.).

2. Se allegó el certificado(9) XXX adiado 11 de octubre de 2016, expedido por la secretaría judicial de esta corporación, por medio del cual se puso de presente que el doctor A.F.A.C., quien se identifica con la cédula de ciudadanía XXX además de ser portador de la tarjeta profesional XXX del Consejo Superior de la Judicatura, poseía antecedentes disciplinarios vigentes, a saber:

— Sanción de suspensión del ejercicio de la profesión por el término de dos (2) meses, vigente desde el 30deeneroal29demarzode2013, impuesta por medio de sentencia dictada el 19 de septiembre de 2012, con ponencia del magistrado P.A.S.B., miembro de esta superioridad, quien, en su momento, lo halló disciplinariamente responsable de incurrir en la conducta descrita en el numeral 8º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, ello, al interior del proceso disciplinario identificado bajo radicado XXX.

— Sanción de suspensión del ejercicio de la profesión por el término de seis (6) meses, vigente desde el 25deagostode2014al24defebrerode2015, impuesta por medio de sentencia dictada el 10 de septiembre de 2014, con ponencia del magistrado W.R.O., exmiembro de esta superioridad, quien, en su momento, lo halló disciplinariamente responsable de incurrir en la conducta descrita en el numeral 8º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, ello, al interior del proceso disciplinario identificado bajo radicado XXX.

3. Se allegó el correo electrónico enviado el 2 de junio de 2017 por el juzgado civil del circuito de XXX - Cundinamarca, mediante el cual indicó que la comunicación de solicitud probatoria sería remitida a los juzgados promiscuos de la zona, argumentado que el proceso que allí reposa, en el que actúa el abogado disciplinado, no obraba ninguna noticia acerca de la sanción disciplinaria en su contra (fls. 200 a 201 del c. o. de 1ª inst.).

4. Se allegaron copias parciales del proceso jurisdiccional disciplinario adelantado contra el doctor A.F.A.C., quien se identifica con la cédula de ciudadanía XXX además de ser portador de la tarjeta profesional XXX del Consejo Superior de la Judicatura, ello, bajo radicado XXX (anexo 3 de 1ª inst.) en el cual reposan:

— Sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá el 27 de febrero de 2012, donde se declaró disciplinariamente responsable al abogado A.F.A.C. por la comisión de la falta descrita en el numeral 8º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, por lo que se le impuso una suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de 2 meses.

— Telegrama XXX del 7 de marzo de 2013, mediante el cual se citó al doctor J.C.T.R., abogado defensor del Dr. A.F.A.C., para que compareciera a notificarse personalmente de la sentencia de fecha 27 de febrero de 2012, dirigido a la carrera XXX Nº XXX-XXX ofic. XXX de la ciudad de Bogotá D.C. (fl. 65, anexo 3).

— Telegrama XXX del 7 de marzo de 2013, mediante el cual se citó al doctor Dr. A.F.A.C., para que compareciera a notificarse personalmente de la sentencia de fecha 27 de febrero de 2012, dirigido a la carrera XXX Nº XXX-XXX ofic. XXX de la ciudad de Bogotá D.C. (fl. 66, anexo 3).

— Telegrama XXX del 7 de marzo de 2013, mediante el cual se citó al doctor Dr. A.F.A.C., para que compareciera a notificarse personalmente de la sentencia de fecha 27 de febrero de 2012, dirigido a la carrera XXX Nº XXX-XXX ofic. XXX del edificio XXX de la ciudad Bogotá D.C. (fl. 67, anexo 3).

— Telegrama XXX del 7 de marzo de 2013, mediante el cual se citó al doctor Dr. A.F.A.C., para que compareciera a notificarse personalmente de la sentencia de fecha 27 de febrero de 2012, dirigido a la carrera XXX Nº XX-XXX de la ciudad de Bogotá D.C. (fl. 68, anexo 3).

— Telegrama XXX del 7 de marzo de 2013, mediante el cual se citó al doctor Dr. A.F.A.C., para que compareciera a notificarse personalmente de la sentencia de fecha 27 de febrero de 2012, dirigido al A.A. XXX.

— Edicto emplazatorio fijado del 16 al 21 de marzo de 2012, para notificar a las partes de la sentencia proferida dentro del proceso disciplinario XXX, por cuanto no ha podido efectuarse personalmente.

— Recurso de apelación presentado por el doctor A.F.A.C. el 21 de marzo de 2012, contra la providencia del 27 de febrero de 2012, que le impuso sanción de dos (2) meses de suspensión por una presunta falta disciplinaria (fls. 71 a 72, anexo 3).

— Auto del 9 de abril de 2012, mediante el cual el Dr. M.M.S. H. M. de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Consejo Seccional de la Judicatura de XXX, concedió en efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto por el investigado contra la sentencia condenatoria.

— Proveído del 19 de septiembre de 2012, por medio del cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, confirmó la sentencia de fecha 16 de febrero de 2012 que sancionó al abogado A.F.A.C. con suspensión por el término de dos (2) meses en el ejercicio de la profesión (fls. 4 a 20, anexo 3).

— Telegramas S.J. XXX del 15 de enero de 2013, mediante el cual se le comunicó al doctor A.F.A.C., que la sentencia proferida dentro del proceso disciplinario XXX, en sala XXX del 19 de septiembre de 2012 fue confirmada, y el S.J. XXX del 23 de mayo de 2013, donde se le comunicó que en sala XXX del 20 de marzo de 2013 se aclaró la fecha correcta de la sentencia sancionatoria de primera instancia; dirigidos a la carrera XXX Nº XXX-XXX ofic. XXX del edificio XXX de Bogotá D.C. (fls. 27 y 43 anexo 3).

— Telegrama S.J. XXX del 15 de enero de 2013, mediante el cual se le comunicó al doctor A.F.A.C., que la sentencia proferida dentro del proceso disciplinario XXX, en sala XXX del 19 de septiembre de 2012 fue confirmada, y el S.J. XXX del 23 de mayo de 2013, donde se le comunicó que en sala XXX del 20 de marzo de 2013 se aclaró la fecha correcta de la sentencia sancionatoria de primera instancia; dirigidos a la carrera XXX Nº XXX-XXX de Bogotá D.C. (fls. 28 y 44, anexo 3).

— Telegrama S.J. XXX del 15 de enero de 2013, mediante el cual se le comunicó al doctor A.F.A.C., que la sentencia proferida dentro del proceso disciplinario XXX, en sala XXX del 19 de septiembre de 2012 fue confirmada, y el S.J. XXX del 23 de mayo de 2013, donde se le comunicó que en sala XXX del 20 de marzo de 2013 se aclaró la fecha correcta de la sentencia sancionatoria de primera instancia; dirigidos a la avenida XXX Nº XXX-XX ofic. XXX de Bogotá D.C. (fls. 29 y 45, anexo 3).

— Telegrama S.J. XXX del 15 de enero de 2013, mediante el cual se le comunicó al doctor A.F.A.C., que la sentencia proferida dentro del proceso disciplinario XXX, en sala XXX del 19 de septiembre de 2012 fue confirmada, y el S.J. XXX del 23 de mayo de 2013, donde se le comunicó que en sala XXX del 20 de marzo de 2013 se aclaró la fecha correcta de la sentencia sancionatoria de primera instancia; dirigidos a la carrera XXX Nº XXX-XXX ofic. XXX edificio XXX de Bogotá D.C. (fls. 30 y 46, anexo 3).

— Telegrama S.J. XXX del 15 de enero de 2013, mediante el cual se le comunicó al doctor A.F.A.C., que la sentencia proferida dentro del proceso disciplinario XXX, en sala XXX del 19 de septiembre de 2012 fue confirmada, y el S.J. XXX del 23 de mayo de 2013, donde se le comunicó que en sala XXX del 20 de marzo de 2013 se aclaró la fecha correcta de la sentencia sancionatoria de primera instancia; dirigidos al A.A. XXX (fls. 31 y 47, anexo 3).

— Telegrama S.J. XXX del 15 de enero de 2013, mediante el cual se le comunicó al doctor J.C.T.R., defensor del Dr. A.F.A.C., que la sentencia proferida dentro del proceso disciplinario XXX, en sala XXX del 19 de septiembre de 2012 fue confirmada, y el S.J. XXX del 23 de mayo de 2013, donde se le comunicó que en sala XXX del 20 de marzo de 2013 se aclaró la fecha correcta de la sentencia sancionatoria de primera instancia; dirigidos a la carrera XXX Nº XXX-XXX ofic. XXX de Bogotá D.C. (fls. 32 y 48, anexo 3).

— Edicto emplazatorio fijado del 21 al 23 de enero de 2013, para notificar a las partes la providencia que confirmó la sentencia sancionatoria proferida dentro del proceso disciplinario XXX, que suspendió al abogado disciplinado por dos (2) meses del ejercicio de la profesión; por cuanto no ha podido efectuarse personalmente; publicado por la secretaría del Consejo Superior de la Judicatura (fl. 39, anexo 3).

— Providencia del 20 de marzo de 2013, mediante la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura aclaró que la fecha correcta de la sentencia de primera instancia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá fue de fecha 27 de febrero de 2012, por cuanto en todos los apartes de la sentencia de segunda instancia y en el numeral primero del fallo, que señaló por error involuntario, una fecha errada (fls. 40 a 41, anexo 3).

— Edicto emplazatorio fijado del 29 al 31 de mayo de 2013, para notificar a las partes que el 20 de marzo de 2012, se dictó providencia que ordena aclarar que la fecha correcta de la sentencia de primera instancia, proferida por el Consejo Seccional de Bogotá fue de fecha 27 de febrero de 2012, en todos los apartes de la sentencia de segunda instancia y en el numeral primero del fallo que señaló por error involuntario una fecha errada (fl. 50, anexo 3).

Calificación provisional de la actuación

En desarrollo de sesión del 21 de junio de 2017 de la audiencia de pruebas y calificación provisional(10), el a quo, consideró que era del caso calificar provisionalmente la conducta desarrollada por el investigado, iniciando con un breve resumen de los hechos de la remisión de copias y sus anexos, el acervo probatorio arrimado al infolio hasta ese instante, y los argumentos de los intervinientes, procediendo a proferir cargos de la siguiente manera:

Frente a los deberes de respetar y cumplir las disposiciones legales que establecen las incompatibilidades para el ejercicio de la profesión, así como de renunciar o sustituir los poderes, encargos o mandatos que le hayan sido confiados, en aquellos eventos donde se le haya impuesto pena o sanción que resulte incompatible con el ejercicio de la profesión, consagrados en los numerales 14 y 19 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, artículo 29 # 4 ibídem, el a quo le endilgó la eventual comisión de la falta descrita en el artículo 39 ibídem, precepto cuyo tener literal es el siguiente: “... ART. 39.—También constituye falta disciplinaria, el ejercicio ilegal de la profesión, y la violación de las disposiciones legales que establecen el régimen de incompatibilidades para el ejercicio de la profesión o al deber de independencia profesional...”.

La anterior imputación jurídica obedeció a que el togado investigado pese a estar suspendido del ejercicio de la profesión, conforme a providencia del 19deseptiembrede2012 proferida dentro del proceso disciplinario seguido en su contra bajo el radicado XXX con ponencia del magistrado de esta corporación, doctor P.A.S.B., mediante la cual se le suspendió en el ejercicio de la profesión por el término de dos (2) meses, la cual estuvo vigente desde el 30 de enero al 29 de marzo de 2013, luego de haberlo hallado responsable de incurrir en la conducta descrita en el numeral 8º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007; presentó el 25 de febrero de 2013, demanda de deslinde y amojonamiento en favor de la señora M.J.C.C. contra B.U., la cual correspondió al juzgado civil del circuito de XXX - Cundinamarca bajo radicado XXX, es decir, que no renunció a su mandato como debió hacerlo una vez supo que estaba suspendido del ejercicio de la profesión, dejando vigente y ejerciendo activamente un derecho de postulación que no podía dada la suspensión que en su contra estaba vigente; comportamiento que se imputó a título de dolo.

Audienciadejuzgamiento 

Esta etapa procesal se surtió efectivamente en sesión del 24 de julio de 2017(11), destacándose que en esta última data se alegó de conclusión y el asunto pasó al despacho para fallo, pero, a más de lo anterior, en esta etapa procesal también concurrió como jurídicamente importante lo siguiente:

Prueba solicitada, decretada, allegada, practicada e incorporada en esa etapa procesal

1. Se allegó el certificado(12) XXX adiado 29 de junio de 2017, expedido por la secretaría judicial de esta corporación, por medio del cual se puso de presente que el doctor A.F.A.C., quien se identifica con la cédula de ciudadanía XXX además de ser portador de la tarjeta profesional XXX del Consejo Superior de la Judicatura, poseía antecedentes disciplinarios vigentes, a saber:

— Sanción de suspensión del ejercicio de la profesión por el término de dos (2) meses, vigente desde el 30deeneroal29demarzode2013, impuesta por medio de sentencia dictada el 19 de septiembre de 2012, con ponencia del magistrado P.A.S.B., miembro de esta superioridad, quien, en su momento, lo halló disciplinariamente responsable de incurrir en la conducta descrita en el numeral 8º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, ello, al interior del proceso disciplinario identificado bajo radicado XXX.

— Sanción de suspensión del ejercicio de la profesión por el término de seis (6) meses, vigente desde el 25deagostode2014al24defebrerode2015, impuesta por medio de sentencia dictada el 10 de septiembre de 2014, con ponencia del magistrado W.R.O., exmiembro de esta superioridad, quien, en su momento, lo halló disciplinariamente responsable de incurrir en la conducta descrita en el numeral 8º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, ello, al interior del proceso disciplinario identificado bajo radicado XXX.

Alegatos de conclusión

Una vez evacuada la anterior etapa probatoria, estando en desarrollo la audiencia de juzgamiento se le dio uso de la palabra a los intervinientes para que desplegaran sus alegatos de conclusión, procediendo así:

Eldisciplinable. Inició la intervención afirmando que en reiteradas ocasiones ha manifestado que no tenía conocimiento que al momento de presentar la demanda de deslinde y amojonamiento estaba suspendido para ejercer la profesión.

Agregó que de acuerdo a la prueba allegada a la presente investigación sobre las averiguaciones hechas en el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, se evidenciaron comunicaciones que le fueron enviadas a direcciones que anteriormente tuvo como residencia y oficina; sin embargo, aseguró que dentro de dicha investigación cuando apeló la sanción, dejó claro que se trasladaba al municipio de XXX, donde nunca le llegó ninguna comunicación, por consiguiente las referidas que obran en el plenario, no pueden contener escritos de recibido del togado, ni ninguna prueba fehaciente que indique que el togado disciplinado tuvo conocimiento de ello.

Afirmó que una vez conocido dentro del despacho del juzgado civil del circuito de XXX, solicitó al juez de conocimiento que informara si ese despacho había tenido conocimiento de las sanciones que se le imponen a los abogados por la ocurrencia de faltas disciplinarias, y en atención a las averiguaciones hechas por dicho despacho en las comunicaciones recibidas, aseveró que no se encontró ninguna que realmente inhabilitara o demostrara que la admisión y radicación de la demanda presentada por el togado, hubiese estado tachada, por lo que censuró al abogado de la parte demandada que representaba al señor B.U.I.

Manifestó que cuando se enteró de la petición del abogado de la parte demandada, concurrió al Consejo Superior de la Judicatura de Bogotá a preguntar por el expediente, el cual se encontraba archivado, donde según el togado le indicaron que la sanción ya se encontraba prescrita y había caducado la acción, por lo que no entendía el fundamento del requerimiento; como consecuencia de ello, afirmó haber solicitado copia del auto de notificación, pero nunca lo recibió.

Indicó que para la época en la que se presentó la censura por parte del abogado de la contraparte, acudió a preguntar sobre el recurso de apelación que había presentado contra la sanción impuesta, aprovechando que se encontraba adelantando diferentes intervenciones relacionadas a la Ley de Equilibrio de Poderes ante el Consejo Superior de la Judicatura, y no creía que dichas actuaciones adelantadas ante el Gobierno Nacional también estuviesen tachadas de alguna irregularidad.

Para finalizar, reiteró que las peticiones realizadas ante el Magistrado Ponente se basaron en que nunca recibió comunicación de la sanción, como debía ser en atención al principio de publicidad consagrado en el artículo 56 de la Ley 1123 de 2007; por lo que solicitaba que se tuvieran en cuenta los alegatos de conclusión presentados.

Decisión de primera instancia

Por medio de providencia adiada 31 de agosto de 2017, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de Cundinamarca, halló disciplinariamente responsable al doctor A.F.A.C., de cometer la conducta descrita en el artículo 39 de la Ley 1123 de 2007, en concordancia con los artículos 28 numerales 14 y 19 ibídem y el 29 # 4 de la misma norma, imponiéndole la sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de cuatro (4) meses.

Consideró la primera instancia que de las pruebas obrantes en el plenario se podía concluir con grado de certeza que el jurista convocado a juicio disciplinario adecuó su comportamiento al tipo previsto en el mencionado precepto legal, no encontrando de recibo los argumentos de su defensa, puesto que:

Pese a estar suspendido del ejercicio de la profesión, conforme a providencia del 19deseptiembrede2012 proferida dentro del proceso disciplinario seguido en su contra bajo el radicado XXX con ponencia del magistrado de esta corporación, doctor P.A.S.B., mediante la cual se le suspendió en el ejercicio de la profesión por el término de dos (2) meses, la cual estuvo vigente desde el 30 de enero al 29 de marzo de 2013, luego de haberlo hallado responsable de incurrir en la conducta descrita en el numeral 8º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007; presentó el 25defebrerode2013 una demanda de deslinde y amojonamiento en favor de la señora M.J.C.C. contra B.U., la cual correspondió al juzgado civil del circuito de XXX - Cundinamarca bajo radicado XXX, es decir, que no renunció a su mandato como debió hacerlo una vez supo que estaba suspendido del ejercicio de la profesión, dejando vigente y ejerciendo activamente un derecho de postulación que no podía dada la suspensión que en su contra estaba vigente; comportamiento que se consideró consumado a título de dolo.

Finalmente, se consideró que la sanción impuesta, que consistió en suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de cuatro (4) meses, fue dada, teniendo en cuenta que con su actuar el letrado quebrantó la confianza de su cliente, además socavó la percepción que de la profesión se tenía en el colectivo, igualmente se sopesó la presencia de antecedentes disciplinarios, y, la modalidad dolosa de la conducta reprochada; reiterándose que la sanción impuesta se hacía necesaria, congruente y ponderada, ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 1123 de 2007.

De la apelación

Dentro del término legal, el disciplinable mediante escrito de fecha 13 de septiembre de 2017(13), incoó recurso de alzada contra la decisión previamente descorrida, deprecando su revocatoria, y, en su lugar se profiriera sentencia absolutoria, argumentando básicamente lo mismo que en sus alegatos de conclusión, lo cual se sintetiza de la siguiente manera:

Inició la intervención afirmando que en reiteradas ocasiones ha manifestado que no tenía conocimiento que al momento de presentar la demanda de deslinde y amojonamiento estaba suspendido para ejercer la profesión.

Agregó que de acuerdo a la prueba allegada a la presente investigación sobre las averiguaciones hechas en el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, se encontraron unas comunicaciones que le fueron enviadas a direcciones que anteriormente tuvo como residencia y oficina; sin embargo, aseguró que dentro de dicha investigación cuando apeló la sanción, dejó claro que se trasladaba al municipio de XXX, donde nunca le llegó ninguna comunicación, por consiguiente las referidas que obran en el plenario, no pueden contener escritos de recibido del togado, ni ninguna prueba fehaciente que indique que el togado disciplinado tuvo conocimiento de ello.

Afirmó que una vez conocido dentro del despacho del juzgado civil del circuito de XXX, solicitó al juez de conocimiento que informara si ese despacho había tenido conocimiento de las sanciones que se le imponen a los abogados por la ocurrencia de faltas disciplinarias, y en atención a las averiguaciones hechas por dicho despacho en las comunicaciones recibidas, aseveró que no se encontró ninguna que realmente inhabilitara o demostrara que la admisión y radicación de la demanda presentada por el togado, hubiese estado tachada, por lo que censuró al abogado de la parte demandada que representaba al señor B.U.I.

Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

Esta Sala es competente para conocer el recurso de apelación presentado contra la decisión del 31 de agosto de 2017, adoptada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de Cundinamarca, mediante la cual halló disciplinariamente responsable al abogado A.F.A.C. de cometer la conducta descrita en el artículo 39 de la Ley 1123 de 2007, imponiéndole la sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de cuatro (4) meses.

Se deja en claro que esa competencia deviene de conformidad con lo establecido en los artículos 256, numeral 3º, de la Carta Política y 112, numeral 4º, de la Ley 270 de 1996, en armonía con lo dispuesto en el parágrafo primero de la última de las normas en cita y en el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(...) Los actuales magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En virtud de lo anterior y sin observar causal alguna que pueda invalidar la actuación hasta ahora adelantada, procede la Sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales que atañen el tema a debatir.

2. De la apelación.

El artículo 81 de la Ley 1123 de 2007, consagra el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. A su turno, en términos del artículo 16 ejusdem, en aplicación del principio de integración normativa, conforme al ordenamiento penal se tiene que la competencia del superior en el trámite del recurso ordinario de apelación, dispone que ella se extenderá a los asuntos que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación, límite este de su restringida competencia.

El legislador en punto de la competencia del superior funcional, optó por prescribir una fórmula intermedia, pues si bien en principio el objeto del recurso constituye su límite, también se dejó consagrada la posibilidad legal de extenderla para incluir pronunciamientos sobre aspectos no impugnados, pero siempre que de ellos pueda predicarse un estrecho ligamen con el objeto de la alzada, y cuando se advierta la necesidad de hacer prevalecer el derecho sustancial o cuando ello influya en la coherencia y la lógica que ha de observarse en la decisión del superior funcional.

En consecuencia, procederá esta Sala a revisar los argumentos expuestos por los recurrentes.

3. El caso en concreto.

Procede esta corporación a destacar en primer lugar, que el control disciplinario que por mandato de la Constitución esta jurisdicción ejerce sobre la conducta profesional de los abogados, tiene como objetivo primordial el cumplimiento efectivo de su principal misión, de defender los intereses de la colectividad y de los particulares, mediante el ejercicio responsable, serio, honesto, cuidadoso y diligente de la profesión.

Esa misión se concreta en la observancia de los deberes que atañen al ejercicio de la abogacía como garantía de que efectivamente los profesionales del derecho conserven la dignidad y el decoro profesional; colaboren lealmente en la recta y cumplida administración de justicia; observen mesura, seriedad y respeto con los funcionarios y con todas las personas que intervengan en los asuntos de su profesión; obren con absoluta lealtad y honradez con sus clientes y colegas; guarden el secreto profesional, y atiendan con celosa diligencia sus encargos profesionales. En la medida en que esos deberes sean cumplidos, la abogacía colaborará efectivamente en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país y en la realización de la justicia material, cumpliendo así su función social.

Descendiendo al caso que ocupa la atención de la Sala, se advierte que el togado fue declarado responsable disciplinariamente por el a quo, pues incurrió en conducta que transgredió los deberes previstos en los numerales 14 y 19 del artículo 28 de la Ley 123 de 2007 y la incompatibilidad contemplada en el artículo 29 # 4 ibídem, siendo esta, descrita en el artículo 39 de la Ley 1123 de 2007, preceptos cuyos tenores literales son los siguientes:

“... ART. 28.—Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado: (...).

14. Respetar y cumplir las disposiciones legales que establecen las incompatibilidades para el ejercicio de la profesión.

(...).

19. Renunciar o sustituir los poderes, encargos o mandatos que le hayan sido confiados, en aquellos eventos donde se le haya impuesto pena o sanción que resulte incompatible con el ejercicio de la profesión...”.

“ART. 29.—Incompatibilidades. No pueden ejercer la abogacía, aunque se hallen inscritos:

(...).

4. Los abogados suspendidos o excluidos de la profesión”.

“... ART. 39.—También constituye falta disciplinaria, el ejercicio ilegal de la profesión, y la violación de las disposiciones legales que establecen el régimen de incompatibilidades para el ejercicio de la profesión o al deber de independencia profesional...”.

Frente a este concreto, a juicio del seccional, se incurrió objetivamente en la falta, pues, el togado pese a estar suspendido del ejercicio de la profesión, conforme a providencia del 19deseptiembrede2012 proferida dentro del proceso disciplinario seguido en su contra bajo el radicado XXX con ponencia del magistrado de esta corporación, doctor P.A.S.B., mediante la cual se le suspendió en el ejercicio de la profesión por el término de dos (2) meses, la cual estuvo vigente desde el 30 de enero al 29 de marzo de 2013, luego de haberlo hallado responsable de incurrir en la conducta descrita en el numeral 8º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007; presentó el 25defebrerode2013 una demanda de deslinde y amojonamiento en favor de la señora M.J.C.C. contra B.U., la cual correspondió al juzgado civil del circuito de XXX - Cundinamarca bajo radicado XXX, es decir que no renunció a su mandato como debió hacerlo una vez supo que estaba suspendido del ejercicio de la profesión, dejando vigente y ejerciendo activamente un derecho de postulación que no podía dada la suspensión que en su contra estaba vigente; comportamiento que se consideró consumado a título de dolo.

Frente a ello, en sede de alzada se ha expuesto vehemente por parte del togado investigado que en reiteradas ocasiones ha manifestado que no tenía conocimiento que al momento de presentar la demanda de deslinde y amojonamiento estaba suspendido para ejercer la profesión.

Agregó que de acuerdo a la prueba allegada a la presente investigación sobre las averiguaciones hechas en el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, se encontraron unas comunicaciones que le fueron enviadas a direcciones que anteriormente tuvo como residencia y oficina; sin embargo aseguró que dentro de dicha investigación cuando apeló la sanción, dejó claro que se trasladaba al municipio de XXX, donde nunca le llegó ninguna comunicación, por consiguiente las referidas que obran en el plenario, no pueden contener escritos de recibido del togado, ni ninguna prueba fehaciente que indique que el togado disciplinado tuvo conocimiento de ello.

Afirmó que una vez conocido dentro del despacho del juzgado civil del circuito de XXX, solicitó al juez de conocimiento que informara si ese despacho había tenido conocimiento de las sanciones que se le imponen a los abogados por la ocurrencia de faltas disciplinarias, y en atención a las averiguaciones hechas por dicho despacho en las comunicaciones recibidas, aseveró que no se encontró ninguna que realmente inhabilitara o demostrara que la admisión y radicación de la demanda presentada por el togado, hubiese estado tachada, por lo que censuró al abogado de la parte demandada que representaba al señor B.U.I.

Todos estos argumentos no son del recibo de esta superioridad, ya que, no puede el disciplinable escudar su responsabilidad disciplinaria en el hecho que no se le notificó en debida forma del fallo sancionatorio que lo suspendió en el ejercicio de la profesión, como tampoco que, como el juzgado no sabía de ello, técnicamente estaba legitimado para incoar la acción en favor de su prohijada, y mucho menos que la culpa de todo recaía en la jurisdicción por no haberlo notificado en debida forma del fallo apelado, pues observando las copias tomadas del proceso disciplinario por el cual se le suspendió, valga aclararlo, cursado bajo radicado XXX, es evidente que las comunicaciones le fueron remitidas a las direcciones que de él reposaban en el registro nacional de abogados y auxiliares de la justicia, situación que es oponible al despacho, y que, por demás, resulta concomitante con el deber que tiene el disciplinable no solo de suministrar información actualizada sobre sus direcciones de contacto, sino también, de estar al tanto del proceso que contra él cursaba, pues si perdió el rastro del mismo, conocía que contra él se tramitaba un proceso disciplinario, no excusándolo de la sanción allí interpuesta y su respectiva vigencia, que, para el caso concreto, fue desde el 30 de enero al 29 de marzo de 2013.

Así las cosas, al encontrarse debidamente probada la existencia de la conducta típica conforme a lo establecido en el texto de la norma imputada ya que no existió justificación del proceder del abogado, habiéndose probado su responsabilidad, lo procedente en esta instancia es confirmar la responsabilidad disciplinaria contenida en la providencia apelada.

4. De la sanción impuesta.

En lo atinente a la dosificación de la sanción, la cual fue de suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de cuatro (4) meses, la Sala mantendrá la impuesta por el a quo, pues obedeció a un criterio razonado, razonable y ponderado, teniendo en cuenta la modalidad dolosa de la conducta, igualmente el desprestigio que causa a la profesión de la abogacía, además de la presencia de antecedentes disciplinarios en cabeza del disciplinable; lo anterior, de conformidad con lo normado en los artículos 40 a 45 de la Ley 1123 de 2007.

5. Otras determinaciones.

Por secretaría judicial de esta superioridad, remítanse copias de índole disciplinaria contra el doctor A.F.A.C., quien se identifica con la cédula de ciudadanía XXX además de ser portador de la tarjeta profesional XXX del Consejo Superior de la Judicatura, ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, ello, tal y como lo prevé el artículo 2º de la Ley 1123 de 2007, para que se investigue la eventual irregularidad de índole disciplinario en que pudo haber incurrido el mentado letrado, por cuanto al parecer ha incumplido con el deber previsto en el numeral 15 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, consistente en suministrar al registro nacional de abogados y auxiliares de la justicia información actualizada sobre sus direcciones de contacto.

Igualmente esta Sala Superior, hace llamado de atención al a quo, por cuanto la sanción impuesta es muy benévola para la conducta cometida por el togado, quien ejerció de manera ilegal la profesión, siendo cometida tal actuación en la modalidad dolosa.

En mérito de lo expuesto esta Sala Superior Jurisdiccional Disciplinaria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 31 de agosto de 2017 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de Cundinamarca mediante la cual sancionó con SUSPENSIÓN en el ejercicio de la profesión por el término de cuatro (4) meses al abogado A.F.A.C., tras hallarlo responsable de cometer la conducta descrita en el artículo 39 de la Ley 1123 de 2007, atendiendo lo esbozado en la parte motiva de esta providencia.

2. CÚMPLASE por medio de la secretaría judicial de esta superioridad con el acápite final de la parte considerativa de esta sentencia, denominado “... Otras determinaciones...”.

3. NOTIFICAR a todas las partes dentro del proceso, a través de la secretaría judicial de esta Sala, advirtiendo que contra ella no procede recurso alguno.

4. Ejecutoriada esta providencia, remítase copia de la misma a la oficina del registro nacional de abogados, con la constancia del acto procesal enunciado, data a partir de la cual la sanción empezará a regir.

5. DEVUÉLVASE el expediente al Consejo Seccional de origen para lo de su competencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Pedro Alonso Sanabria Buitrago—Julia Emma Garzón de Gómez—Magda Victoria Acosta Walteros—Fidalgo Javier Estupiñán Carvajal—María Lourdes Hernández Mindiola—Camilo Montoya Reyes—Julio César Villamil Hernández.

Yira Lucía Olarte Ávila, Secretaria Judicial.

(1) Ponencia del magistrado Jesús Antonio Silva Urriago en sala dual con la magistrada Martha Patricia Villamil Salazar, decisión vista en folios 215 a 231, c. o. de 1ª inst.

(2) Folios 1 y 124, c. o.

(3) Certificación de condición de abogado visto en folio 126, c. o. de 1ª inst.

(4) Auto de apertura visto en folios 130 a 131, c. o. de 1ª inst.

(5) Acta de audiencia vista en folios 163 a 165, c. o. de 1ª inst. Audio en CD anexo, en Nº 1.

(6) Acta de audiencia vista en folios 192 a 194, c. o. de 1ª inst. Audio en CD anexo, en Nº 2.

(7) Acta de audiencia vista en folios 205 a 207, c. o. de 1ª inst. Audio en CD anexo, en Nº 3.

(8) Anexo 4 a 6 de 1ª inst.

(9) Certificado de antecedentes disciplinarios, visto en folio 172 y reverso del c. o. de 1ª inst.

(10) Acta visible a folios 205 - 207, c. o.

(11) Acta de audiencia vista en folio 214, c. o. de 1ª inst. Audio en CD anexo, el Nº 4.

(12) Certificado de antecedentes disciplinarios, visto en folio 210 y reverso del c. o. de 1ª inst.

(13) Folios 247 - 252, c. o.