SENTENCIA 2015-00124 DE AGOSTO 3 DE 2016

 

Sentencia 2015-00124 de agosto 3 de 2016

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Radicación: 050010102000201500124 01

Magistrado Ponente:

Dr. José Ovidio Claros Polanco

Aprobado según acta 74 de la misma fecha

Bogotá, D.C., tres de agosto de dos mil dieciséis.

Asunto

Entra la Sala a revisar por vía de consulta la sentencia proferida el 29 de enero de 2016 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia(1), mediante la cual se resolvió sancionar al abogado Carlos Andrés Meneses Montoya, con la sanción de suspensión de dos (2) meses en el ejercicio de la profesión, como autor responsable de incursión en la falta a la debida diligencia profesional señalada en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007.

Hechos y actuación procesal

El a quo presenta los hechos objeto del proceso disciplinario como sigue:

“El 2 de febrero de 2015 los señores Ricardo Cardona Calle y Luz Amparo Ricaurte presentaron queja en contra del Dr. Carlos Andrés Meneses Montoya por cuanto el primero contrató sus servicios profesionales a fin de que presentara denuncia penal por el presunto delito de estafa respecto al taxi de placas TPW-482, sin embargo no lo volvió a contactar en los teléfonos que le suministró, por lo que desconoce su gestión”.

Audiencia de pruebas y calificación provisional.

Por auto del 12 de febrero se abrió proceso disciplinario y se fijó el 15 de abril para llevar a cabo la audiencia de pruebas y calificación provisional (fl. 4), la cual no se realizó porque el investigado no compareció (fl. 12) y como tampoco justificó su inasistencia, previo emplazamiento (fl. 26) fue declarado abogado ausente, se designó defensora de oficio y fijó el 22 de junio para continuar (fl. 32).

En la audiencia de pruebas y calificación del 22 de junio de 2015 el señor Cardona Calle allegó en cinco folios copia de un documento suscrito por el abogado Meneses Montoya (sin firma), con destino a la Fiscalía General de la Nación, en el cual se indicó que en nombre y representación del señor Ricardo de Jesús Cardona Calle formulaba denuncia en contra del señor Duvan Alberto Moreno Zapata, Leiner Grajales Grajales y la empresa Tax WFE por el delito de estafa (fls. 36 a 39).

En oficio 001221 del 12 de agosto de 2015 la jefe de la oficina de asignaciones de la Dirección Seccional de Fiscalías de Medellín, informó que revisadas las bases de datos con los parámetros suministrados por el despacho, no se encontraron registros relacionados en donde el señor Ricardo Cardona Calle denuncie a los señores Duvan Alberto Moreno Zapata y Leiner Grajales Grajales (fl. 49), lo cual fue reiterado mediante oficio 001545 del 2 de octubre de 2015 (fl. 61).

En sesión del 16 de septiembre de 2015, el señor Cardona Calle, aportó dos recibos de caja menor que fueron firmados por el profesional del derecho el 25 de junio y 9 de agosto de 2010 por valor de $ 200.000 y $ 400.000 respectivamente, por concepto de “denuncia penal por estafa audiencias preliminares” y “servicios jurídicos” (fl. 54). Igualmente se le recepcionó testimonio donde indicó que contrató al abogado para que lo representara, porque en esos días de la pérdida del carro se lo recomendaron, lo llamó y se encontró con él en Bello, le comentó todo el caso y aquel le dijo que fueran a la notaría para hacer el poder, lo que realizaron, luego se dirigieron a la fiscalía, le dijo que iban denunciar por estafa y la presentó, le entregó copia del documento a fin de que estudiara lo allí escrito para que supiera lo que tenía que decir, lo llamó varias veces y le decía que la cosa iba bien, que lo iba a representar en todo el proceso, pero no encuentra al abogado en ninguna parte.

En esta sesión la señora Luz Amparo Ricaurte expuso que su esposo contrató a Carlos Meneses para que lo representara, fueron a la Fiscalía y encontraron el caso en el bloque d piso 1, puesto 40, pero el abogado no se reporta a comentar el estado del proceso. Afirmó que uno de los recibos de $ 400.000 fue elaborado por ella y firmado por el abogado y no sabe porque la firma es diferente, pero aquel estuvo en su apartamento y recibió el dinero.

Formulación de cargos

En la misma sesión, el magistrado sustanciador profirió la calificación provisional de la conducta contra del togado, por presuntamente incumplir al deber consagrado en el artículo 28 numeral 10 de la Ley 1123 de 2007, lo que pudo constituir la falta disciplinaria descrita en el numeral 1º del artículo 37 ibídem, en la modalidad culposa.

Lo anterior por cuanto el abogado Carlos Andrés Meneses Montoya fue contratado por el señor Ricardo de Jesús Cardona Calle, para presentar una denuncia contra Duvan Alberto Moreno Zapata, por estafa de la cual fue víctima en la compra de un taxi, y el abogado elaboró el oficio dirigido a la fiscalía, sin embargo la oficina de asignaciones de la Fiscalía de Medellín informó que no se encontraron registros de la misma (fl. 52).

Audiencia de juzgamiento

Se adelantó el día 30 de noviembre de 2015, donde la defensora de oficio presentó los argumentos defensivos, solicitando la absolución de su representado en razón a que los demandantes renunciaron a la queja en escrito del 5 de octubre de 2015 obrante a folio 60, además peticionó tener en cuenta el oficio suscrito por la fiscalía visible a folio 61, en el cual el jefe de la oficina de asignaciones indicó que revisadas las bases de datos que se llevan en el despacho con los parámetros suministrados, no se encontraron registros relacionados en donde denuncie el señor Ricardo Cardona Calle a los señores Duvan Alberto Moreno Zapata y Leiner Grajales Grajales. Igualmente deprecó valorar que los recibos de pago que se aportaron al expediente tienen firmas diferentes, por lo que no hay prueba suficiente que el dinero si fue recibido por el ahora investigado (fl. 72).

Decisión de primera instancia

Mediante sentencia del 29 de enero de 2016 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquía, resolvió sancionar al abogado Carlos Andrés Meneses Montoya, con la sanción de suspensión de dos (2) meses en el ejercicio de la profesión, como autor responsable de incursión en la falta a la debida diligencia profesional señalada en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007.

Consideró el a quo, que:

“De los elementos de prueba allegados a la actuación se desprende que razones de peso le asisten a los quejosos en su inconformidad con la gestión desarrollada por el ahora investigado, por cuanto se acreditó que le pagaron por concepto de honorarios profesionales $ 600.000 a fin de que los representara en una investigación penal por estafa en contra de los señores Duvan Alberto Moreno Zapata y Leiner Grajales Grajales, sin embargo conforme a lo informado por la oficina de asignaciones de la Dirección Seccional de Fiscalías de Medellín no figuraba ningún registro en sus bases de datos donde el señor Ricardo Cardona Calle denunciara a los señores Duvan Alberto Moreno Zapata y Leiner Grajales Grajales.

Frente al punto no resultan de recibo los argumentos de defensa de la defensora de oficio en tanto se verificó en los aludidos recibos que si bien es cierto fueron diligenciados con letras diferentes, ello se torna coherente en la medida en que la señora Luz Amparo Ricaurte expresó bajo la gravedad de juramento que diligenció uno de ellos, y en cuanto a las firmas se verificó que en uno se plasmó la firma y en otro el nombre del jurista, correspondiendo plenamente la caligrafía con que se consignaron los números de la cédula, de donde se puede inferir que se trataba de la misma persona.

Ahora, si bien es cierto el documento que se allegó en la audiencia de pruebas y calificación del 22 de junio de 2015 en el cual aparece como deponente el abogado Meneses Montoya no tiene firma —donde se consignó que actuaba en nombre y representación del señor Ricardo de Jesús Cardona Calle a fin de formular denuncia en contra del señor Duvan Alberto Moreno Zapata, Leiner Grajales Grajales y la empresa Tax WFE por el delito de estafa—, también lo es que sirve como medio de prueba para afirmar que en efecto el profesional del derecho tuvo conocimiento del caso y que pretendía presentarlo ante la Fiscalía General de la Nación en representación del ahora quejoso, desconociéndose las razones por las cuales no lo hizo ante su ausencia de pronunciamiento en este asunto pese a que fue debidamente notificado, es decir, no realizó la gestión para la cual fue contratado y ni siquiera informó a su representado lo acaecido con su gestión respecto al asunto.

Lo anterior porque no obstante los quejosos informan que fueron a la fiscalía en diversas oportunidades y relacionan una oficina, se probó que no se estaba tramitando investigación penal alguna conforme a lo afirmado por el jefe de asignaciones de la Dirección Seccional de Fiscalías de Medellín en dos oportunidades a este despacho (fls. 49 y 61).

Lo expuesto permite establecer que objetivamente se configuró la falta imputada, pero teniendo en cuenta que en materia disciplinaria está proscrita la responsabilidad objetiva, el aspecto subjetivo debe estar suficientemente sustentando para proferir un fallo sancionatorio, es del caso señalar, que en el presente asunto como ya se discutió, los argumentos defensivos presentados por la defensora de oficio no son de recibo por cuanto el despacho da plena validez a los recibos de caja menor allegados por el quejoso a fin de acreditar el mandato profesional y al documento contentivo de los hechos por los cuales el jurista pretendía instaurar a denuncia en representación del señor Cardona Calle, corroborando la falta de diligencia precisamente con los oficios emitidos por el Jefe de Asignaciones de la Fiscalía donde certificó que no se tramitada investigación alguna con los parámetros suministrados por el despacho. Adicional a ello el profesional del derecho no rindió la correspondiente información a su cliente ni tampoco acreditó la imposibilidad que tenía para materializar el mandato.

Tampoco resulta de importancia que los quejosos pretendieren retirar la queja, ya que no se trata de un asunto desistible o conciliable, por cuanto una vez se tiene conocimiento del proceso por esta corporación se le debe dar trámite al margen de la posición que asuma en el transcurso del proceso el quejoso…

Así las cosas, obra prueba necesaria y suficiente para endilgar, en grado de certeza, responsabilidad disciplinaria en contra del abogado Carlos Andrés Meneses Montoya, al hallarlo responsable de la falta a la debida diligencia profesional, al no realizar las gestiones tenientes a representar al señor Ricardo Cardona Calle en una investigación penal por estafa donde aquel figuraba como denunciante, es decir abandonó la gestión profesional para la cual había sido contratado, sin que a su favor se vislumbre causal alguna eximente de responsabilidad, lo que permite calificar la infracción a título de culpa, ya que no de otra forma se explica el desconocimiento del deber consagrado en el artículo 28 Nº 10 de la Ley 1123 de 2007, al descuidar y abandonar las diligencias propias de la actuación profesional que se le habían encomendado”.

Para imponer sanción, tuvo en cuenta el Seccional de instancia que, el profesional del derecho no solo no realizó la gestión encomendada por su cliente, sino que no se volvió a contactar con él para brindarle información y no acreditó la imposibilidad de hacerlo, lo que originó afectación a los intereses de su representado quien depositó la confianza en él.

Aunque para la época de los hechos el disciplinable no registraba antecedentes disciplinarios de conformidad con el certificado 46.028 (fl. 3) no se puede obviar que infringió el deber profesional de diligencia perjudicando los intereses de su poderdante y además afectó la imagen que en la sociedad tienen los abogados como depositarios de la confianza de los clientes en sacar avante sus pretensiones y expectativas.

Consideraciones de la Sala

Competencia

Esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer de las decisiones proferidas por las Salas Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura, de conformidad con lo establecido en el numeral 3º del artículo 256 de la Constitución Política, 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996 (estatutaria de la administración de justicia), en armonía con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 1123 de 2007 (Código Disciplinario del Abogado).

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(...) Los actuales Magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 2 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 2 de 2015, así: “…los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el referido acto legislativo, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente esta colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

En este caso concreto, para revisar vía consulta la decisión proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, mediante la cual resolvió sancionar al abogado Carlos Andrés Meneses Montoya, con la sanción de suspensión de dos (2) meses en el ejercicio de la profesión, como autor responsable de incursión en la falta a la debida diligencia profesional señalada en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007.

Procede esta corporación a destacar en primer lugar que el control disciplinario que por mandato de la Constitución esta jurisdicción ejerce sobre la conducta profesional de los abogados, tiene como objetivo primordial el cumplimiento efectivo de su principal misión, la de defender los intereses de la colectividad y de los particulares, mediante el ejercicio responsable, serio, honesto, cuidadoso y diligente de la profesión.

Esa misión se concreta en la observancia de los deberes que atañen al ejercicio de la abogacía como garantía de que efectivamente los profesionales del derecho conserven la dignidad y el decoro profesional; colaboren lealmente en la recta y cumplida administración de justicia; observen mesura, seriedad y respeto con los funcionarios y con todas las personas que intervengan en los asuntos de su profesión; obren con absoluta lealtad y honradez con sus clientes y colegas; guarden el secreto profesional, y atiendan con celosa diligencia sus encargos profesionales. En la medida en que esos deberes sean cumplidos, la abogacía colaborará efectivamente en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país y en la realización de la justicia material, cumpliendo así su función social.

La falta a la debida diligencia profesional.

El cargo por el cual se halló responsable disciplinariamente al profesional del derecho, es el consistente en la falta a la debida diligencia profesional, prevista en el artículo 37, numeral 1º de la Ley 1123 de 2007:

“ART. 37.—Constituyen faltas a la debida diligencia profesional:

1. Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas”.

Concretamente, se le endilgó al jurista la incursión en dicha falta, por cuanto, fue contratado por el señor Ricardo de Jesús Cardona Calle, para presentar una denuncia contra Duvan Alberto Moreno Zapata, por estafa de la cual fue víctima en la compra de un taxi, y el abogado elaboró el oficio dirigido a la fiscalía, sin embargo la oficina de asignaciones de la Fiscalía de Medellín informó que no se encontraron registros de la misma.

Para la Sala, es innegable que el abogado actuó con negligencia en este asunto, así se revela, primero, del documento obrante a folios 14 a 17, memorial de denuncia dirigido a la Fiscalía General de la Nación, unidad de delitos contra el patrimonio económico, el cual contiene el nombre del togado disciplinado con su número de cédula de ciudadanía y el de su T.P., los cuales corresponden a los suministrados por la Unidad de Nacional de Registro de Abogados que reposa a folio 2, memorial que por su contenido y forma fue elaborado por el profesional del derecho. Y segundo, los recibos aportados, dan cuenta del dinero entregado al profesional del derecho por sus servicios, anotando que el número de cédula de ciudadanía es el mismo que aparece en el memorial de denuncia, antes citado. Con estos documentos se acredita el compromiso adquirido por el abogado Carlos Andrés Meneses Montoya.

Compromiso profesional que no cumplió, pues el memorial de la denuncia no lo presento ante la fiscalía, como era su deber, así lo certifica el jefe de la oficina de asignaciones de la Dirección Seccional de Fiscalías de Medellín, al informar que revisadas las bases de datos con los parámetros suministrados por el despacho de instancia, no se encontraron registros relacionados en donde el señor Ricardo Cardona Calle denuncie a los señores Duvan Alberto Moreno Zapata y Leiner Grajales Grajales.

Y es que cuando el legislador pensó en proteger determinados bienes jurídicos, con la expedición de la Ley 1123 de 2007, no lo hizo con el único objetivo de salvaguardar la mejor y más eficiente prestación de la profesión de la abogacía, con probidad, honorabilidad y deontología a favor de las personas particulares o públicas; sino de contar con profesionales que realmente puedan potenciar el desempeño de la administración de justicia al contar con colaboradores o partes dignas y capaces, que permitan al ciudadano tener un verdadero acceso de la justicia y a la solución real y justa de los conflictos o las controversias jurídicas entre particulares o entre éstos y el Estado, logrando con ello que el Estado cumpla los fines para los cuales fue creado.

A este respecto, debe reiterar la Sala que este tipo de comportamiento del disciplinable indubitablemente adquiere relevancia disciplinaria, pues se aleja del postulado rector del ejercicio de la abogacía como función social, que implica la actitud permanente de diligencia ante los asuntos confiados a su trámite por parte de los clientes y de colaboración con las autoridades en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico y en la realización de una pronta y cumplida administración de justicia, razón por la cual habrá de confirmarse en su integridad la sentencia consultada, pues esta Superioridad comparte el análisis del a quo tanto de la responsabilidad de disciplinado, así como la sanción impuesta la cual se ajusta a los parámetros establecidos en el artículo 45 de la Ley 1123 de 2007.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de sus facultades constitucionales y legales,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 29 de enero de 2016, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquía, mediante la cual resolvió sancionar al abogado Carlos Andrés Meneses Montoya, con la sanción de suspensión de dos (2) meses en el ejercicio de la profesión, como autor responsable de incursión en la falta a la debida diligencia profesional señalada en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. DEVUÉLVASE el expediente al consejo seccional de origen para que, notifique a todas las partes dentro del proceso, advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno.

3. Ejecutoriada esta providencia, remítase copia de la misma a la oficina del Registro Nacional de Abogados, con la constancia del acto procesal enunciado, data a partir de la cual la sanción empezará a regir.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: José Ovidio Claros Polanco, Presidente—Magda Victoria Acosta Walteros—Fidalgo Javier Estupiñán Carvajal—Julia Emma Garzón de Gómez—María Lourdes Hernández Mindiola—Camilo Montoya Reyes—Pedro Alonso Sanabria Buitrago.

Yira Lucía Olarte Ávila, Secretaria Judicial.

1 Sala integrada por los magistrados Martín Leonardo Suárez Varón (ponente) y Claudia Rocío Torres Barajas.