Sentencia 2015-00141/55307 de mayo 2 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Expediente: 55307

Radicación: 11001-03-26-000-2015-00141-00

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Fernando Forero Orozco

Demandados: Empresa de Telecomunicaciones de Bucaramanga-Telebucaramanga S.A. ESP

Naturaleza: Anulación laudo arbitral

Bogotá, D.C., dos de mayo de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

8. La Sala es competente para conocer y decidir el presente asunto, de acuerdo con lo previsto en el numeral 7º del artículo 149 de la Ley 1437 del 2011 que le asignó a esta corporación la competencia para conocer del recurso de anulación de los laudos arbitrales proferidos para dirimir controversias en torno a los contratos estatales, comoquiera que el contrato 007-2008 del 2 de diciembre del 2008 celebrado con el señor Fernando Forero Orozco respecto del cual se profirió el laudo arbitral impugnado, fue suscrito por el Telebucaramanga S.A. ESP como contratante.

9. Esta entidad, de acuerdo con el certificado de existencia y representación es una empresa de servicios públicos de naturaleza mixta, del tipo de las anónimas. Ya esta Sala ha definido en ocasiones anteriores que las empresas de servicios públicos con participación estatal, por expreso mandato del artículo 68 de la Ley 489 de 1998, pertenecen a la estructura del Estado como entidades descentralizadas(1) y en tal sentido deben ser consideradas entidades públicas, sin importar el porcentaje de participación pública(2).

10. Por otra parte, se observa que el laudo arbitral impugnado es del 16 de junio de 2015 y el recurso de anulación fue interpuesto en su contra el 28 de julio del mismo año, es decir en vigencia de la Ley 1563 del 12 de julio de 2012, “Por medio de la cual se expide el estatuto de arbitraje nacional e internacional y se dictan otras disposiciones”, la cual entró a regir 3 meses después de su promulgación —art. 119—. La demanda arbitral también fue presentada en vigencia de la Ley 1563 del 2012 —17 de diciembre del 2013—, por lo que es claro que el recurso de anulación se rige por lo dispuesto en esa norma.

II. Problema jurídico

11. La Sala debe establecer si el laudo arbitral impugnado está incurso en las causales de anulación alegadas por el recurrente, para lo cual analizará i) si el fallo fue proferido en conciencia y ii) si el fallo recayó sobre puntos no sujetos a la decisión de los árbitros, en la forma expuesta por el recurrente.

III. Análisis de la Sala

12. Antes de emprender el análisis de cada una de las causales aducidas en el recurso de anulación interpuesto por el señor Fernando Forero Orozco en contra del laudo arbitral proferido el 16 de junio del 2015 para dirimir las controversias surgidas entre las partes con ocasión de la ejecución del contrato de compraventa 007 del 2008, procede la Sala a reiterar las generalidades en torno a la naturaleza de este mecanismo alternativo de solución de conflictos que es el arbitramento, la decisión que surge del mismo —laudo arbitral—, así como del recurso extraordinario que procede en su contra ante esta jurisdicción contencioso administrativa:

16. Al respecto, se observa que el recurso que procede en contra de los laudos arbitrales, es el extraordinario de anulación, que por esta misma naturaleza —no es un recurso ordinario— no constituye una nueva instancia en la que le sea dado al juez del recurso entrar a analizar las cuestiones de fondo para determinar la corrección o no de la decisión de los árbitros, es decir para resolver errores in judicando, sino que está encaminado a corregir errores in procedendo, es decir defectos de forma que se presenten en la tramitación, puesto que su finalidad es la protección del debido proceso(3).

17. Debe recordarse además, que el arbitramento es un mecanismo alternativo de solución de conflictos al que pueden acudir las partes interesadas mediante la suscripción de un pacto arbitral(4), en cuanto el artículo 116 de la Constitución Política autoriza investir transitoriamente a los particulares de la función de administrar justicia, en la condición de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley, lo cual implica la sustracción del litigio del conocimiento de su juez natural para atribuirle su decisión a unos particulares, designados por las mismas partes o un tercero que ellas designen para tal fin.

18. Por tratarse de una atribución excepcional de la función de administrar justicia que se hace a favor de particulares, el tribunal de arbitramento que surge carece de vocación de permanencia y es conformado con un carácter temporal, limitado exclusivamente al término necesario para proferir la decisión, esto es, el laudo arbitral a través del cual se decidirá la controversia planteada, por lo cual una vez expedido, dicho tribunal pierde su razón de ser y por lo tanto desaparece. Como lo afirma la doctrina:

El árbitro está limitado, por la voluntad de las partes, a un determinado asunto, y por la ley, a un prefijado tipo de controversias, por tanto no dispone de poder de ejecución y su función es, esencialmente, discontinua en el tiempo. Carece, al efecto, de la nota de permanencia que caracteriza a los miembros del poder judicial: el árbitro se nombra para un caso concreto.

(...) La potestad de los árbitros, a diferencia de la que es inherente a los jueces estatales, no es permanente ni genérica, sino que está limitada a las cuestiones comprometidas y a un tiempo determinado, fijado por las partes o, en defecto de pacto expreso, por la ley, durante el cual ha de expedirse la decisión. Su función está circunscrita, pues, a un plazo concreto que permita sustanciar el procedimiento arbitral hasta la emisión del laudo (...)(5).

19. De otra parte, es necesario tener en cuenta que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, reformado por el artículo 6º de la Ley 1285 de 2009, las entidades estatales no pueden pactar tribunales de arbitramento institucionales ni independientes, solo legales (...)(6).

Las causales de anulación

Primera causal: causal 7 del artículo 41 de la Ley 1563 del 2012: Haberse fallado en conciencia debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo.

13. De conformidad con el artículo 1º del Decreto 2279 de 1989, modificado por el artículo 111 de la Ley 446 de 1998, el arbitraje en derecho “(...) es aquel en el cual los árbitros fundamentan su decisión en el derecho positivo vigente”. En consecuencia, de comprobarse que este requisito no se cumplió en el presente caso, resultaría procedente la anulación de la decisión impugnada.

14. Ahora bien, para que se pueda predicar que un laudo fue proferido en conciencia, se requiere la comprobación de que los árbitros al resolver dejaron de lado, de manera ostensible, las normas legales que debían aplicar, así como el acervo probatorio obrante en el plenario, basando su decisión exclusivamente en su leal saber y entender, aplicando el sentido común y la verdad sabida y buena fe guardada. Solo cuando el fallo omite, de manera evidente, el marco jurídico dentro del cual se debe decidir, podrá decirse que se está en presencia de un fallo en conciencia. Pero si el juez o árbitro resuelve fundado en el ordenamiento jurídico, con base en el análisis del material probatorio allegado oportunamente al proceso y de conformidad a las reglas de la sana crítica, ese pronunciamiento será en derecho.

15. En el presente caso, no se produjo un fallo en conciencia, pues la decisión se basó tanto en normas legales aplicables al caso como en el material probatorio obrante en el proceso, como se pasa a exponer.

15.1. Tal como se indicó en los apartes 5.1 a 5.6 de la presente providencia, el árbitro inició por el análisis de su competencia en el caso, la cual basó en la existencia del contrato de compraventa 007 del 2008 y la inclusión en su cláusula décima de una cláusula compromisoria que obligaba a las partes a resolver sus diferencias mediante el trámite arbitral.

15.2. Posteriormente revisó de oficio la excepción de legitimación en la causa por activa del señor Forero Orozco. En este sentido, explicó que era posible hacerlo sin que las partes hubieran alegado esta circunstancia y citó para tal propósito los artículos 305 y 306 del Código de Procedimiento Civil, así como los artículos 281 y 282 del Código General del Proceso (ver supra párr. 5.2).

15.3. Posteriormente, fue claro al resolver sobre las normas aplicables al contrato, indicando que en cuanto se trataba de una venta forzada se aplicaban las normas que para tal negocio están previstas en el artículo 741 del Código Civil. Finalmente encontró que en cuanto se trataba de una demanda en la que se alegaba la existencia de un vicio desconocido que recaía sobre la cosa objeto de negociación, era necesario que se acreditara la titularidad del derecho de dominio en cabeza del demandante, para lo cual consideró el árbitro necesaria la presentación de la tarjeta de propiedad del vehículo, al tratarse de un bien mueble sujeto a registro. Basó esta afirmación en el estado de la jurisprudencia del Consejo de Estado para el momento del laudo y afirmó que por lo tanto se trata de un documento público que no puede ser sustituido por otro, según lo prescribe el artículo 65 del Código de Procedimiento Civil, al constituir un requisito ad substantiam actus (ver supra párr. 5.3 y 5.5).

15.4. Finalmente, refiriéndose a las pruebas recaudadas y en particular a la copia allegada por la misma parte demandante de la tarjeta de propiedad del vehículo enajenado, concluyó que esta indicaba como propietaria de la cosa negociada, sobre la que presuntamente recaía el vicio alegado, a la señora Gloria Trillos.

15.5. Así las cosas, es claro que el fallo estuvo basado tanto en las normas que regían para este caso la legitimación en la causa por activa, como en el material probatorio recaudado que la ponía en una persona diferente al demandante, por lo que en ningún sentido se trató de un fallo en conciencia ni uno en el que se dejaran de lado las pruebas obrantes en el expediente.

15.6. Ahora, la parte demandante argumenta que en el caso se dejaron de lado pruebas que demuestran el incumplimiento de Telebucaramanga en cuanto dan fe de que de esta dependía el blindaje con el que contaba la camioneta y que al traspaso hecho a la señora Trillos se le dio una importancia exagerada cuando el demandante, de cualquier manera, es el contratante en la compraventa. Sin embargo, estos argumentos no son de recibo porque no reflejan en realidad que el fallo haya podido ser proferido en conciencia, sino una inconformidad con el sentido del mismo.

15.7. Es así como el alegar no haber tenido el fallo en cuenta los documentos relativos al blindaje del vehículo solo va dirigido a demostrar la existencia del vicio redhibitorio, en lo que se centró la demanda, pero no desvirtúa la manera en la que se tomó la decisión en torno a la legitimación en la causa, la cual, se reitera, fue con base en las normas legales aplicables y las pruebas sobre la titularidad de la cosa vendida.

15.8. En lo que tiene que ver con el argumento de habérsele dado mayor importancia de la debida al traspaso a la señora Gloria Trillos, la Sala advierte que este tiene como objeto cuestionar la declaratoria de falta de legitimación en la causa en cuanto considera la parte que el demandante sí la tenía como parte del contrato de compraventa. Pero lo cierto es que la causal invocada no pude referirse a si la decisión que se tomó es correcta o incorrecta, sino a si esta se tomó solo con el conocimiento propio del fallador y con desconocimiento o inaplicación de las normas que rigen la materia, lo cual no ocurrió en este caso, pues a ello se llegó con base en normas de derecho privado y de conformidad con lo expuesto por la jurisprudencia de esta corporación sobre la acreditación de la propiedad sobre los vehículos.

15.9. En este orden de ideas, la causal no está llamada a prosperar.

Segunda causal: causal 9 del artículo 41 de la Ley 1563 del 2012: Haber recado el laudo sobre aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros, haber concedido más de lo pedido o no haber decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento.

17. La causal aducida por el recurrente es una manifestación del principio de congruencia de las sentencias(7), el cual se desconoce cuando el juez profiere una decisión que va más allá de lo solicitado (fallo ultra petita) o cuando decide sobre puntos no incluidos en el litigio (fallo extra petita) o cuando se concede menos de lo pedido (fallo citra o infra petita); “(...) también se presenta incongruencia cuando se decide con base en “causa petendi” distinta a la invocada por las partes; y, d) cuando el pacto compromisorio se refiere a controversias que no son transigibles por orden constitucional y legal”(8).

18. De acuerdo con lo anterior, la congruencia hace necesaria una comparación entre lo pedido por las partes y lo decidido por el tribunal, es decir que para establecer la existencia del vicio que atenta contra tal principio, se debe examinar la decisión contenida en el laudo arbitral, pues “Para detectar la presencia del vicio de la incongruencia es imperioso comparar lo decidido con lo litigado por las partes, entendiéndose por lo decidido a la parte de la sentencia verdaderamente vinculante, o sea la resolutiva, teniendo en cuenta que esta causal no autoriza ni puede autorizar a entrar en el examen de las consideraciones que han servido al juzgador como motivos determinantes del fallo”(9), limitación que encuentra su explicación en la naturaleza misma y la finalidad que se persigue con el recurso extraordinario de anulación de laudos arbitrales,

“(...) el cual apunta a verificar que desde el punto de vista formal se haya dado cumplimiento a las normas que regulan el proceso arbitral y ha sido instituido precisamente, como mecanismo que garantice el debido proceso en los trámites arbitrales. En consecuencia, apunta a corregir errores in procedendo, no errores in judicando, lo que le impide al juez del recurso entrar a analizar las consideraciones de fondo y sustantivas que tuvo en cuenta el tribunal de arbitramento para decidir”(10).

19. Ahora, tal como se dejó indicado en los párrafos 6.2 a 6.2.2 de esta providencia, el señor Fernando Forero Orozco considera que en este caso se presentaron las tres figuras de incongruencia planteadas, así: i) el laudo fue citra petita al no resolver de fondo las pretensiones de la demanda y ii) extra y ultra petita al haber resuelto una excepción no propuesta por las partes. Para la Sala es claro que ninguna de estas circunstancias ocurrió, por las siguientes razones.

19.1. En efecto, la causal invocada recae en gran medida en la congruencia entre lo pedido en la demanda y lo resuelto en el fallo impugnado. Sin embargo, la parte olvida que las cuestiones sujetas al arbitramento no solo están delimitadas por las pretensiones formuladas, sino con otros aspectos impuestos por la ley y el mismo contrato. Es decir, es deber del juez pronunciarse sobre materias más allá de las puestas en consideración por las partes, sino también sobre aquellas sobre las que debe pronunciarse por disposición legal o contractual:

(...) debe recordarse que el marco de competencia de sus actuaciones (árbitros), está dado en primer lugar por la ley; en segundo lugar, por las disposiciones de las partes en el pacto arbitral, respecto de los asuntos que serán sometidos a la decisión de los árbitros; y en tercer lugar, por las pretensiones incluidas en la demanda y las excepciones propuestas en la contestación de la demanda.

De tal manera que, el juez arbitral está en el deber de decidir, en primer término, las cuestiones que le han sido planteadas en el proceso por las partes, pero sus determinaciones no se limitan exclusivamente a estos extremos, puesto que en virtud del marco legal de su competencia, existen otros asuntos que por mandato de la ley está llamado a resolver, así no hayan sido materia de la demanda o de la contestación, es decir, así no sean cuestiones propuestas expresamente por las partes; se trata entonces, del ejercicio de facultades oficiosas que le han sido atribuidas directamente por el ordenamiento jurídico, en su calidad de juez, aunque la misma sea temporal(11).

19.2. Es así como en el presente caso el árbitro que dirimió la controversia suscitada entre el señor Forero Orozco y Telebucaramanga no solo encontraba la materia de su pronunciamiento determinada por lo pedido por este en sus demanda o lo alegado por la demandada en su contestación, sino por aquellos aspectos previstos por la ley como necesarios para la procedencia y validez del adelantamiento del proceso o de la concesión de las pretensiones, como lo es la legitimación en la causa de las personas llamadas como partes del mismo.

19.3. La comprobación de la legitimación en la causa tanto de quienes promueven el proceso como de aquellos que son convocados a él como demandados es un aspecto fundamental para la resolución de un asunto puesto en consideración de quien imparte justicia. Se trata de decidir si quienes afirman hacerlo tienen en realidad la capacidad para comparecer a un proceso o formar una relación jurídico-procesal(12), por lo que el fallador debe, tal como lo hizo el árbitro en el caso concreto, estudiarla de oficio. Sobre la oficiosidad de la declaratoria de esta excepción ha dicho la sección(13):

En relación con la regla general mencionada, según la cual aquellos temas no propuestos en el recurso de alzada estarían llamados a excluirse del conocimiento del juez ad quem, conviene precisar que dicha regla general admite algunas excepciones autorizadas por la Constitución Política o por la ley, de las cuales, a título puramente ilustrativo, se encuentran aquellos temas procesales que, de configurarse, el juez de la causa deberá decretarlos de manera oficiosa, no obstante que no hubieren sido propuestos por la parte impugnante como fundamento de su inconformidad para con la decisión censurada.

En efecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado en múltiples decisiones ha determinado la operancia del fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción ejercida, así como también ha encontrado acreditada la existencia de la falta de legitimación en la causa —por activa o por pasiva— e incluso la ineptitud sustantiva de la demanda, casos en los cuales ha denegado las pretensiones de la demanda o se ha inhibido de fallar, según el caso, con independencia de si tales presupuestos o aspectos hubieren sido, o no, advertidos por el juez de primera instancia o por alguno de los sujetos procesales, incluido, claro está, aquel que hubiere impugnado la providencia del juez a quo.

19.4. La falta de legitimación en la causa, por activa o por pasiva solo se predica de quien indebidamente ha acudido al proceso en calidad de demandante o de demandado, sin reunir los requisitos para ello, es decir, cuando en realidad, no se trata de la persona que en virtud de su relación con la cuestión de fondo que se discute, estaría en posición de reclamar ante el demandado —legitimación por activa— o de la persona que estaría llamada a responder frente al demandante —legitimación por pasiva—(14).

19.5. De esta forma, se trata de un aspecto que simplemente no podía ser pasado por alto por el árbitro, quien al encontrar que quien se presentaba como legitimado por activa para reclamar de la entidad pública una indemnización por haberse presentado, presuntamente, un vicio redhibitorio no era el propietario de la cosa sobre la que recaía tal circunstancia no tuvo más opción que declarar esta excepción y por ende negar las pretensiones de la demanda sin estudiarlas de fondo en consideración a que su prosperidad enerva las súplicas de la demanda, en cuanto el demandante carecería de un interés jurídico perjudicado y susceptible de ser resarcido(15).

19.6. Así las cosas, no puede hablarse de una sentencia incongruente en ninguno de los tres sentidos presitos en la causal 9 del artículo 41 de la Ley 1563 del 2012. No es una sentencia citra petita, porque no estudiar las pretensiones de la demanda se debió al simple hecho de encontrar probada una excepción que enervaba por sí misma las pretensiones de la demanda, siendo innocuo su estudio de fondo; ni puede ser un fallo extra o ultra petita, en cuanto era procedente declarar tal excepción de oficio, lo que implica que con tal declaración no se otorgó más o se fue más allá de lo alegado por el demandante.

19.7. En este orden de ideas, la causal no está llamada a prosperar.

IV. Costas

20. Como las causales de anulación del laudo arbitral alegadas en el recurso no tienen vocación de prosperidad y por lo tanto el mismo se declarará infundado, el recurrente será condenado en costas, de conformidad con lo ordenado en el artículo 109 de la Ley 1563 del 2012 y el Acuerdo 1887 de 2003 del CSJ “por medio del cual se establecen las tarifas de agencias en derecho” —arts. 5º y 6º, num. 1.12.2.3—, fijándose las mismas en la suma equivalente a 5 smlv.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Declárase infundado el recurso extraordinario de anulación interpuesto en contra del laudo arbitral proferido el 16 de junio de 2015, por el árbitro designado para dirimir la controversia contractual surgida entre el señor Fernando Forero Orozco y Telebucaramanga S.A. ESP, con ocasión del contrato de compraventa 007 del 2 de diciembre de 2008.

2. Condénase en costas al recurrente Fernando Forero Orozco y por consiguiente al pago a favor de la convocada Telebucaramanga S.A. ESP la suma equivalente a 5 smlv.

3. En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de arbitramento, a través de su secretaría.

En firme este proveído, devuélvase al Tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

1 “ART. 68.—Entidades descentralizadas. Son entidades descentralizadas del orden nacional, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta, las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería jurídica, las empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de servicios públicos y las demás entidades creadas por la ley o con su autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones administrativas, la prestación de servicios públicos o la realización de actividades industriales o comerciales con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. Como órganos del Estado aun cuando gozan de autonomía administrativa están sujetas al control político y a la suprema dirección del órgano de la administración al cual están adscritas”.

2 Sobre la competencia de esta corporación y de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer de los asuntos relativos a controversias derivadas de empresas de servicios públicos de naturaleza mixta, así como sobre el carácter de entidades estatales de este tipo de empresas y su pertenencia a la estructura estatal, ver: Corte Constitucional, Sentencia C-702 del 20 de septiembre de 1999, M.P. Fabio Morón Díaz; Corte Constitucional, Sentencia C-736 del 19 de septiembre del 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 26 de junio del 2015, expediente 13001 23 31 000 2003 10008 01, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

3 Es esta la regla general, puesto que algunas de las causales de anulación contempladas en la ley le permiten al juez del recurso conocer de asuntos de fondo, como cuando el tribunal de arbitramento dejó de decidir asuntos sobre los que debió pronunciarse. Así lo ha reconocido la jurisprudencia: “(...) El control excepcional del laudo por errores in iudicando aparece solo en los eventos en que el legislador faculta al juez del recurso de anulación para que se pronuncie sobre el fondo o materia del asunto, como cuando se dan los supuestos para modificar el laudo a través de la corrección y/o la adición. En cambio, cuando se trata del control del laudo por errores de procedimiento el legislador solo le da competencia al juez para anular la decisión arbitral, sacándola del ordenamiento jurídico; en tales eventos no tiene competencia para pronunciarse sobre los puntos sometidos por las partes a conocimiento de la justicia arbitral y decididos por esta (...)”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 27 de mayo de 2004, expediente 25156, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

4 [5] “El artículo 115 de la Ley 446 de 1998, compilado en el artículo 117 del Decreto 1818 de 1998, lo define así: “Pacto arbitral. El artículo 2º del Decreto 2279 de 1989, quedará así: // “ART. 2º—Por medio del pacto arbitral, que comprende la cláusula compromisoria y el compromiso, las partes se obligan a someter sus diferencias a la decisión de un tribunal arbitral, renunciando a hacer valer sus pretensiones ante los jueces.” La misma Ley 446, define estas dos modalidades del pacto arbitral en los siguientes términos: “ART. 116.—El Decreto 2279 de 1989 tendrá un artículo nuevo del siguiente tenor: // “ART. 2A.—Se entenderá por cláusula compromisoria, el pacto contenido en un contrato o en documento anexo a él, en virtud del cual los contratantes acuerdan someter las eventuales diferencias que puedan seguir con ocasión del mismo, a la decisión de un tribunal arbitral (...). // ART. 117.—Compromiso. El artículo 3º del Decreto 2279 de 1989, quedará así: // ‘ART. 3º—El compromiso es un negocio jurídico, por medio del cual las partes involucradas en un conflicto presente y determinado, convienen resolverlo a través de un tribunal arbitral. El compromiso podrá estar contenido en cualquier documento como telegramas, télex, fax u otro medio semejante. // El documento en donde conste el compromiso deberá contener: // a) El nombre y domicilio de las partes; // b) La indicación de las diferencias y conflictos que se someterán al arbitraje; // c) La indicación del proceso en curso cuando a ello hubiere lugar. En este caso las partes podrán ampliar o restringir las pretensiones aducidas en aquel”.

5 [6] “Fernández Rozas, José Carlos, “Elementos configuradores de la justicia arbitral”, en Revista Internacional de Arbitraje, Universidad Sergio Arboleda-Comité Colombiano de Arbitraje-Legis, 2009, pp. 152 a 154”.

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de agosto de 2014, expediente 46557, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

7 El artículo 305 del CPC, lo consagra en los siguientes términos: “Congruencia. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. // No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en esta. // Si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le reconocerá solamente lo último. // En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión, y cuando éste no proceda, antes de que entre el expediente al despacho para sentencia, o que la ley permita considerarlo de oficio”.

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 8 de junio de 2006, expediente 32398, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 27 de junio de 2002, expediente 21040, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 30 de octubre de 2013, expediente 43440, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 7 de marzo de 2007, expediente 32399, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección tercera, sentencia del 4 de julio del 2002, expediente 20746, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros.

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 14 de marzo del 2013, expediente 26078, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 31 de mayo del 2013, expediente 23903, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 14 de octubre del 2015, expediente 31169, C.P. Danilo Rojas Betancourth.