Sentencia 2015-00141 de mayo 23 de 2018

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Radicación: 230011102000201500141 01

Magistrada Ponente:

Dra. María Lourdes Hernández Mindiola

Nota: Legis considera conveniente que los datos de partes, terceros o intervinientes, etc. sean suprimidos por las iniciales del nombre y apellido o XXX según el caso, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política

Referencia: Abogado en apelación de auto interlocutorio

Bogotá, D.C., mayo veintitrés de dos mil dieciocho

Aprobado según acta 46 de la misma fecha

Asunto a decidir

Resuelve esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria Superior, recurso de apelación interpuesto por el quejoso contra decisión adoptada en audiencia de pruebas y calificación provisional realizada en diciembre 16 de 2015(1), por el doctor M.A.M.V., en su calidad de Magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria Seccional Córdoba, mediante la cual decretó la terminación y archivo del proceso en favor de del abogado U.J.L.M., con fundamento en el artículo 105 de la Ley 1123 de 2007.

Situación fáctica y antecedentes procesales

La presente actuación disciplinaria tiene origen en queja presentada ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria Seccional Córdoba, en mayo 28 de 2015, por J.C.A.L., quien solicitó investigar al doctor U.J.L.M., toda vez que le confirió poder para iniciar cobro ejecutivo de una letra de cambio por la suma de ocho millones de pesos ($ 8.000.000), trámite que por reparto le correspondió al juzgado segundo promiscuo municipal de XXX-Córdoba, bajo el radicado XXX, empero el profesional lo abandonó y permitió que terminara por desistimiento tácito, el cual se decretó en octubre 8 de 2013(2).

Acreditación de la condición de disciplinable y apertura de proceso disciplinario

Se acreditó la calidad de abogado del señor U.J.L.M.(3), identificado con cédula de ciudadanía XXX y tarjeta profesional vigente XXX, conforme a la certificación allegada al expediente. Igualmente se informó su dirección de domicilio y residencia.

Una vez demostrado lo anterior, con auto(4) de octubre 7 de 2015, el seccional de instancia aperturó proceso disciplinario contra el mencionado abogado y señaló noviembre 3 misma año(sic) como fecha para llevar a cabo la audiencia de pruebas y calificación provisional.

Audiencia de pruebas y calificación provisional

Esta etapa procesal se celebró en sesiones de noviembre 3(5) y diciembre 16 de 2015(6), fecha última en la cual se calificó el mérito del asunto, decidiendo pertinente terminar la presente investigación en favor del investigado, como se detallara más adelante.

Versión libre. En desarrollo de la sesión de noviembre 3 de 2015, el investigado manifestó que su inactividad en el asunto encomendado obedeció estrictamente a hechos ajenos a su voluntad, pues sufre de cáncer de mama, destacando que a lo largo de su tratamiento se debilitó y por su avanzada edad su situación de salud se volvió más gravosa.

Precisó que su convalecencia fue muy severa y en razón de ello estaba cobijado por una de las causales de exclusión de responsabilidad disciplinaria, pues los hechos investigados fueron causados por una situación de fuerza mayor que no pudo superar, máxime porque fue sometido a 16 sesiones de quimioterapia con carácter urgente, teniendo que permanecer en la ciudad de Medellín desde finales del año 2013 y parte del año 2014, momento en el que mantuvo tratamiento intensivo que le redujo notablemente su salud y aún continúa con las terapias.

Pruebas solicitadas, decretadas, allegadas, practicadas e incorporadas en esta etapa procesal

1. Junto con la queja, se allegó copia del proceso ejecutivo de J.C.A.L. contra Y.L.B., cursado ante el juzgado segundo promiscuo municipal de XXX-Córdoba, radicado XXX (fls. 2 a 33, c.o. 1ª inst.).

2. Certificado XXX de noviembre 11 de 2015, expedido por la secretaria judicial de esta sala superior, por el cual se informó que el investigado no registraba antecedentes disciplinarios (fl. 81, c.o. 1ª inst.).

3. En desarrollo de la audiencia de pruebas y calificación de diciembre 16 del 2015, el investigado allegó copia de su historia clínica (fls. 93 a 132, c.o. 1ª inst).

Decisión de primera instancia

En desarrollo de la audiencia de pruebas y calificación de diciembre 16 de 2015, el a quo hizo un recuento de la queja, así como de los argumentos expuestos por el investigado y las pruebas hasta ese momento recaudadas y calificó provisionalmente la actuación, considerando procedente la terminación de la actuación en favor de U.J.L.M., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley 1123 de 2007.

Valoró el a quo que no había mérito para considerar que el investigado incursionó en la falta contenida en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, precepto cuyo tenor literal es el siguiente “(...) 1. Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas (...)”.

Lo anterior, pues si bien el investigado L.M. desatendió el proceso ejecutivo encomendado, hasta el punto que se decretó su desistimiento tácito, ello obedeció a causas ajenas a su voluntad. Se demostró que sufría cáncer de mama y fue atendido medicamente desde finales de 2013 en la ciudad de Medellín, con la finalidad de someterse a tratamiento médico con diversas sesiones de quimioterapias que le obligaron guardar reposo permanente, causándole serio detrimento en su salud, lo cual sumado a su avanzada edad lo alejó de sus funciones como profesional del derecho.

El a quo advirtió que con ocasión de las asistencias del abogado a las audiencias, por percepción directa verificó su grave estado de salud, acreditándolo además en el proceso conforme a prueba documental aportada consistente en historia clínica, entendiéndose que ese tipo de enfermedad cambia el rol de vida y trastorna todas las actividades en cabeza de la persona que la padece, motivo por el cual resultó evidente la configuración de la causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria prevista en el numeral 1º del artículo 22 de la Ley 1123 de 2007, justificando que el abandono del proceso obedeció a una situación de fuerza mayor que evidentemente el abogado no pudo superar.

Anterior decisión notificada en estrados por el Magistrado a quo, expresando que contra la misma procedía el recurso de apelación.

Del recurso de apelación

Contra la anterior decisión el señor J.C.A.L. interpuso recurso de apelación, aduciendo básicamente que no la compartía pues el abogado estaba obligado a actuar con debida diligencia, tomando los correctivos del caso para que la actuación no terminara por desistimiento tácito.

Concepto de la viceprocuradora general de la Nación

En escrito de abril 27 de 2016, la viceprocuradora general de la Nación, solicitó se confirmara la decisión de primera instancia, pues el a quo realizó una adecuada ponderación de los elementos probatorios allegados, concluyendo que el descubrimiento del cáncer de mama a finales del año 2013 es un evento de fuerza mayor, imprevisible e irresistible que amerita urgencia en su tratamiento para evitar mayores perjuicios en la salud del investigado(7).

Consideraciones de la Sala

Competencia

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al tenor de lo previsto en el numeral 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996 —Estatutaria de Administración de Justicia—, es competente para “Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura”, en concordancia con el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007 —Código Disciplinario del Abogado—.

Facultad legal que se mantiene incólume para esta superioridad, a pesar de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 del primero (1º) de julio de 2015, mediante el cual se creó el nuevo órgano rector disciplinable; pues en razón a lo establecido en el parágrafo transitorio 1º del artículo 19 del referido acto legislativo, que dispuso: “(...) Los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”; transitoriedad que fue avalada por la Corte Constitucional mediante Auto 278 del 9 de julio de 2015 proferido por la H. Corte Constitucional, que dispuso “6. De acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 2 de 2015, cabe entender que, hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones. Ello significa que, actualmente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no solo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela”; razón por la cual esta Sala entrará a decidir lo que en derecho corresponda.

De la apelación. Como lo ha sostenido la jurisprudencia, la órbita de competencia del juez de segunda instancia se circunscribe únicamente en relación con los aspectos impugnados, por cuanto presume el legislador que aquellos tópicos que no son objeto de la alzada no suscitan inconformidad en el sujeto procesal que hace uso del recurso de apelación. Es por ello que respecto de la competencia de esta corporación, se reitera el criterio jurisprudencial conforme al cual el funcionario judicial de segunda instancia no goza de libertad para decidir, toda vez que no se encuentra ante una nueva oportunidad para emitir un juicio fáctico y jurídico sobre el asunto, sino que su labor consiste en realizar un control de legalidad de la decisión impugnada, a partir de evacuar los argumentos presentados por el recurrente(8).

Del recurso de apelación interpuesto por el quejoso

De conformidad con el parágrafo del artículo 66 de la Ley 1123 de 2007, los quejosos están facultados para impugnar las decisiones que pongan fin a la actuación, diferentes a la sentencia, como se lee:

“... ART. 66.—Facultades. Los intervinientes se encuentran facultados para:

(...).

PAR.—El quejoso solamente podrá concurrir al disciplinario para la formulación y ampliación de la queja bajo la gravedad del juramento, aporte de pruebas e impugnación de las decisiones que pongan fin a la actuación distintas a la sentencia. Para este efecto podrá conocerlas en la secretaría de la Sala respectiva...” (resaltado fuera del texto original).

Igualmente, como se ha dicho, el recurso fue instaurado por el señor quejoso, en estrados, es decir dentro de la audiencia de pruebas y calificación provisional de diciembre 16 de 2015, conforme lo prevé el inciso final del artículo 105 de la citada ley, así:

“... ART. 105.—Audiencia de pruebas y calificación provisional:

(...).

Si la calificación fuere mediante decisión de terminación del procedimiento, los intervinientes serán notificados en estrados. Esta determinación es susceptible del recurso de apelación que deberá interponerse y sustentarse en el mismo acto, caso en el cual de inmediato se decidirá sobre su concesión. Si el quejoso no estuvo presente en la audiencia, podrá interponerlo y sustentarlo dentro de los tres (3) días siguientes a la terminación de la audiencia...” (lo resaltado es nuestro).

Asunto a resolver. Precisado lo anterior y atendiendo los fines del recurso de apelación, en este caso sometido a examen de esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria Superior, no se evidencia actuaciones irregulares que afecten la legalidad de lo actuado; el trámite se adelantó con asistencia de los sujetos procesales según lo previsto en la ley procedimental, se cumplieron los principios de publicidad y contradicción, se corrieron los traslados, se notificaron las providencias correspondientes, se practicaron las pruebas solicitadas en la forma prevista, se garantizaron los derechos de defensa y contradicción y la oportunidad de interponer recursos para acceder a la doble instancia, por lo que se procede a resolver el recurso interpuesto contra la decisión adoptada en la audiencia de pruebas y calificación provisional adelantada en diciembre 16 de 2015, por Magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria Seccional Córdoba, mediante la cual decretó la terminación y el consecuente archivo en favor del abogado U.J.L.M., con fundamento en el artículo 105 de la Ley 1123 de 2007.

Caso concreto

De conformidad con el escrito de queja y los argumentos tanto del quejoso como del investigado, está demostrado con grado de certeza que entre J.C.A.L. y U.J.L.M. se estructuró relación cliente - abogado, cuya finalidad era iniciar y llevar hasta su culminación proceso ejecutivo contra Y.L.B. y lograr el pago de ocho millones de pesos ($ 8.000.000) más los intereses a que hubiere lugar(9).

El investigado presentó la demanda, por reparto correspondió al juzgado segundo promiscuo municipal de XXX, Córdoba, autoridad que mediante proveído de diciembre 2 de 2011, libró orden de pago por la vía ejecutiva singular de menor cuantía y en febrero 10 de 2012, decretó el embargo y la retención de la quinta parte del excedente del salario mínimo legal mensual vigente que devengare la demandada(10), sin embargo, por auto de octubre 8 de 2013 se terminó el asunto por desistimiento tácito, se ordenó el levantamiento de las medidas cautelares y la entrega de títulos de depósito judicial, toda vez se cumplía lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 317 del Código General del Proceso, que a su tenor literal establece:

“ART. 317.—Desistimiento tácito. El desistimiento tácito se aplicará en los siguientes eventos:

(...).

2. Cuando un proceso o actuación de cualquier naturaleza, en cualquiera de sus etapas, permanezca inactivo en la secretaría del despacho, porque no se solicita o realiza ninguna actuación durante el plazo de un (1) año en primera o única instancia, contados desde el día siguiente a la última notificación o desde la última diligencia o actuación, a petición de parte o de oficio, se decretará la terminación por desistimiento tácito sin necesidad de requerimiento previo. En este evento no habrá condena en costas “o perjuicios” a cargo de las partes (...).

Bajo el anterior panorama, de manera objetiva encuentra este órgano de cierre que el investigado adecuó su comportamiento a la falta descrita en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, pues, como se relacionó, su inactividad profesional permitió que la causa judicial a él encomendada terminara por desistimiento tácito en octubre 8 de 2013.

Sin embargo, tal y como lo consideró el a quo, es evidente que en el sub examine se configuró la causal de exclusión de la responsabilidad disciplinaria instituida en el numeral 1º del artículo 22 de la Ley 1123 de 2007 que establece:

“ART. 22.—Causales de exclusión de la responsabilidad disciplinaria. No habrá lugar a responsabilidad disciplinaría cuando:

1. Se obre en circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito.

(...)”.

Lo anterior, porque está demostrado que el investigado actuó con la debida diligencia profesional en el asunto encomendado, hasta sufrir grave quebranto de salud que le impidió continuar con el adecuado desarrollo de dicho proceso ejecutivo, esto es, hasta el año 2013 vemos de conformidad con los argumentos expuestos en versión libre, así como con la historia clínica aportada al plenario, que se le descubrió cáncer de mama, enfermedad cuyas consecuencias evidentemente le impidió atendiendo ese proceso, incluso, hasta debió cambiar su domicilio para la ciudad de Medellín donde se sometió a tratamiento intensivo de sesiones de quimioterapia alternas con radioterapia, cuyos efectos agresivos desde el inicio le obligaron a guardar permanente reposo viendo su salud notablemente deteriorada, lo que imposibilitó acudir ante algún despacho judicial.

En consideración a lo expuesto, demostrado está que el padecimiento de salud que afectó y sigue aquejando al investigado se traduce en una circunstancia de fuerza mayor que impide su desenvolvimiento personal, familiar y profesional, lo que aunado al público conocimiento del daño que puede produce esa enfermedad y sus severos tratamientos de quimioterapia y radioterapia disminuyeron sustancialmente la salud del paciente, todo ello corroborado además por el a quo quien en audiencia de pruebas y calificación de diciembre 16 de 2015, dejó constancia del lamentable estado de salud que aquejaba al profesional L.M.

Nótese que la historia clínica del investigado, obrante a folios 93 y siguientes del cuaderno principal de primera instancia, da cuenta que desde el año 2013 él presentó nódulo de mama derecha de 2 años de evolución, traducido en carcinoma ductal de mama derecha con adenopatías pretaqueales de 14 y 12 cm, igualmente en el informe de patología textualmente se consignó:

“(...) en la muestra se observa una neoplasia maligna que infiltra extensamente el corion en forma de masas pequeñas y cordones delgados. El pleomorfismo nuclear es moderado (2 puntos), el conteo mitótico es de cinco por diez campos de gran aumento (1 punto) y la formación tubular es del menor del 10% (3 puntos). La neoplasia presenta infiltración perineural y el corion que la rodea es fibroso. Se sugiere realizar coloraciones especiales de inmunohistoquímica.

(...)”(11).

Anterior situación que cumple con las características propias de un típico evento de fuerza mayor, el cual objetivamente debe reunir dos distintivos principales, esto es, que sea imprevisible e irresistible, motivo por el cual será un evento de tal connotación aquella situación que dentro de las circunstancias normales de la vida no sea posible contemplar por anticipado su ocurrencia y que a todas luces sea inevitable, que no pueda exigir de la persona que la sufre un comportamiento para que no ocurra, lo cual evidentemente se cumple en el sub lite, pues una enfermedad como la padecida por el investigado, esto es, cáncer de mama, evidentemente se torna imprevisible e irresistible y permite exonerarlo de responsabilidad, máxime porque está demostrado que hasta cuando actuó fue diligente y si bien abandonó el encargo encomendado lo que conllevó al decreto del desistimiento tácito, lo propio ocurrió cuando el profesional enfrentaba su grave estado de salud.

Por manera que, es evidente para esta superioridad que el investigado no podía atender con la debilidad diligencia profesional el encargo encomendado por el quejoso, lo que se traduce en imposibilidad de su parte para tomar los correctivos necesarios que impidieren que la actuación terminara por desistimiento tácito, pues su padecimiento de salud y las trágicas consecuencias le llevaron a cambiar su domicilio a la ciudad de Medellín y alejándole de todo estrado judicial.

Por lo anterior, esta colegiatura, con fundamento en los argumentos antes expuestos, confirmará en su integridad el proveído impugnado, esto es, decisión adoptada en audiencia de pruebas y calificación provisional realizada en diciembre 16 de 2015, por el Magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria Seccional Córdoba, mediante la cual decretó la terminación y el consecuente archivo en favor del abogado U.J.L.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la decisión proferida en audiencia de pruebas y calificación provisional realizada en diciembre 16 de 2015, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria Seccional Córdoba, mediante la cual decretó terminación y el archivo del proceso en favor del abogado U.J.L.M., conforme a lo dispuesto en la parte considerativa del presente proveído.

2. Devuélvase el expediente al Consejo Seccional de origen para que notifique a las partes del proceso.

3. Por secretaría líbrense las comunicaciones de ley.

Notifíquese y cúmplase.

(1) Auto de terminación. Folio 90 c.o. CD de la audiencia. Folio 133, c.o.

(2) Fl. 1, c.o. 1ª inst.

(3) Certificado de condición de abogado visto a folio 73 del c.o. de 1ª inst.

(4) Auto que aperturó el proceso disciplinario visto en folios 74 a 75 del c.o. de 1ª inst.

(5) Acta de audiencia vista en folio 80 del c.o. de 1ª inst. Audio en CD anexo 1.

(6) Acta de audiencia vista en folio 90 del c.o. de 1ª inst. Audio en CD anexo 2.

(7) Fls. 10-12, c.o. 2ª inst.

(8) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 21 de marzo de 2007, radicado 26129.

(9) Fls. 21-29, c.o. 1ª inst.

(10) Fl. 12, c.o. 1ª inst.

(11) Fls. 93 y siguientes, c.o. 1ª inst.