SENTENCIA 2015-00257 DE MAYO 17 DE 2017

 

Sentencia 2015-00257 de mayo 17 de 2017

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 170011102000201500257-01

Magistrado Ponente:

Dr. Fidalgo Javier Estupiñán Carvajal

Aprobado según acta 40 de Sala de la misma fecha

Registro de proyecto el 16 de mayo de 2017

Bogotá, D.C., diecisiete de mayo de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

Esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer en grado jurisdiccional de consulta la decisión del 31 de octubre de 2016 proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas, mediante la cual se resolvió sancionar con censura al abogado Ariel Castrillón Ceballos luego de haberle hallado responsable de incurrir en las faltas descritas en los numerales 3º del artículo 35 y 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007; destacando que la anterior competencia deviene de lo establecido en los numerales 3º del artículo 256 de la Carta Política y del numeral 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, en armonía con lo dispuesto en el parágrafo 1º de la última de las normas en cita y en el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007 al no haber sido apelada.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 de 2015, se adoptó una reforma a la rama judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio 1º del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(...) Los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 2 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: “(i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las comisiones seccionales de disciplina judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que ‘la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las comisiones seccionales de disciplina judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela’”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 2 de 2015, así: “[...] los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el referido acto legislativo, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente esta colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no solo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

En virtud de lo anterior y sin observar causal alguna que pueda invalidar la actuación hasta ahora adelantada, procede la Sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales que atañen el tema a debatir.

2. El caso en concreto.

Procede esta corporación a destacar en primer lugar que el control disciplinario fue otorgado por mandato constitucional a esta jurisdicción, encaminado a ser ejercido sobre la conducta profesional de los abogados teniendo como objetivo primordial, verificar el efectivo cumplimiento de su principal misión, lo cual es defender los intereses de la colectividad y de los particulares, mediante el ejercicio responsable, serio, honesto, cuidadoso y diligente de la profesión.

Esa misión se concreta en la observancia de los deberes que atañen al ejercicio de la abogacía como garantía de que efectivamente los profesionales del derecho conserven la dignidad y el decoro profesional; colaboren lealmente en la recta y cumplida administración de justicia; observen mesura, seriedad y respeto con los funcionarios y con todas las personas que intervengan en los asuntos de su profesión; obren con absoluta lealtad y honradez con sus clientes y colegas; guarden el secreto profesional, y atiendan con celosa diligencia sus encargos profesionales, por ende, en la medida en que esos deberes sean cumplidos, la abogacía colaborará efectivamente en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país y en la realización de la justicia material, cumpliendo así su función social.

Ahora bien, en grado jurisdiccional de consulta le compete a la Sala verificar la legalidad integral de la actuación, y en especial de la sentencia que revisa en todos los aspectos en ella consignados, lo cual se hará de la siguiente manera:

Descendiendo al asunto sub examine, se advierte que el togado fue declarado responsable disciplinariamente por el a quo, pues faltó a los deberes de obrar con honradez en sus relaciones profesionales, así como con diligencia en el desarrollo de sus encargos, los cuales están consagrados en los numerales 8º y 10 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, ello, al incurrir en las faltas descritas en los numerales 3º del artículo 35 y 1º del artículo 37 Ídem, preceptos cuyos tenores literales son los siguientes:

“[...] ART. 28.—Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado:

(...).

8. Obrar con lealtad y honradez en sus relaciones profesionales. En desarrollo de este deber, entre otros aspectos, el abogado deberá fijar sus honorarios con criterio equitativo, justificado y proporcional frente al servicio prestado o de acuerdo a las normas que se dicten para el efecto, y suscribirá recibos cada vez que perciba dineros, cualquiera sea su concepto.

Asimismo, deberá acordar con claridad los términos del mandato en lo concerniente al objeto, los costos, la contraprestación y forma de pago.

(...).

10. Atender con celosa diligencia sus encargos profesionales, lo cual se extiende al control de los abogados suplentes y dependientes, así como a los miembros de la firma o asociación de abogados que represente al suscribir contrato de prestación de servicios, y a aquellos que contrate para el cumplimiento del mismo [...]”.

“[...] ART. 35.—Constituyen faltas a la honradez del abogado:

(...).

3. Exigir u obtener dinero o cualquier otro bien para gastos o expensas irreales o ilícitas [...]”.

“[...] ART. 37.—Constituyen faltas a la debida diligencia profesional:

1. Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas [...]”.

Ahora bien, en cuanto al fondo del presente asunto, al ser dos las faltas investigadas, serán abordadas por separado así:

2.1. La falta contenida en el numeral 3º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007.

Sobre el aspecto objetivo de la falta contenida en el numeral 3º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, valga decir, el exigir u obtener dinero o cualquier otro bien para gastos o expensas irreales o ilícitas, se encuentra plenamente demostrado que el togado recibió desde noviembre de 2014 y hasta noviembre de 2015, la suma de $1.145.000 para supuestamente sufragar el costo del proceso de sucesión doble intestada que tramitaba ante la Notaría Tercera de Manizales de los causantes, señores Jorge Eliecer Herrera Jaramillo (Q.E.P.D) y Libia Marín de Herrera (Q.E.P.D), pero lo cierto es que dichas erogaciones eran irreales.

El anterior comportamiento fue a juicio del a quo consumado a título de dolo ya que el togado se apartó conscientemente del deber ético que tenía de pedir dineros a su cliente para fines reales y además de ello lícitos.

Luego, como no existen argumentos defensivos vertidos pues el togado aceptó la comisión de la falta investigada, se tiene que subjetivamente también existe responsabilidad de parte del profesional del derecho, ya que conforme al plenario se tiene como probada la conducta y la responsabilidad del disciplinable en este cargo, y se tiene establecido con certeza que no existe justificación alguna que permita determinar un eximente válido de su responsabilidad, de forma que la conducta de pedir dineros para expensas o gastos irreales, sin que se encuentre justificado, se considera conforme a la doctrina y la jurisprudencia como dolosa, la cual está establecida en nuestra legislación como constitutiva de falta disciplinaria, y conforme a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se presentó, se encuadra como aquellas que atentan contra el deber obrar con honradez en sus relaciones profesionales, por ende, al encontrarse debidamente probada la existencia de esa conducta típica conforme a lo establecido en el texto de la norma imputada, y al no existir justificación de dicho proceder del abogado, y al haberse probado su responsabilidad, lo procedente en esta instancia es confirmar la responsabilidad disciplinaria en cuanto este concreto expuesta (sic) en la sentencia consultada.

2.2. La falta contenida en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007.

Sobre el aspecto objetivo de la falta contenida en el numeral 3º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, valga decir, el descuido de la gestión profesional conforme al cargo endilgado, se encuentra plenamente demostrado que el profesional del derecho, no obstante haber sido contratado por el señor Rosemberg Herrera Marín desde el 2014 a fin de realizar en su nombre y representación tanto el cobro de un seguro de vida como el pago de unas mesadas pensionales dejadas de pagar a su fallecida medre, señora Libia Marín de Herrera (Q.E.P.D.), no lo hizo en debida forma, pues la solicitud del pago del seguro de vida se hizo extemporáneamente, y por otra parte para poder recibir el pago de las mesadas dejadas de percibir, por parte de Colpensiones, debía iniciar un proceso de sucesión en el cual se reconociera legalmente a los herederos a quienes se les entregarían esos dineros, pero no lo hizo, pues el asunto estaba inerme en la Notaría Tercera de Manizales.

El anterior comportamiento fue a juicio del a quo, consumado a título de culpa, pues a pesar de haberle sido encomendado en debida forma al profesional del derecho la gestión pactada, decidió negligentemente apartarse del deber de obrar con diligencia en cuanto ello.

Ahora bien, es preciso señalar en esta instancia de la presente sentencia que como no hay argumentos defensivos para descorrer en atención a la confesión que de la falta hizo el togado investigado, resulta con grado de certeza la responsabilidad disciplinaria en este caso concreto del profesional del derecho convocado a juicio disciplinario.

Así pues, está probado tanto el aspecto objetivo de la falta, valga decir, el descuido de la gestión profesional conforme al cargo endilgado, así como el subjetivo, es decir la no justificación de las conductas investigadas, por lo que conforme al plenario se tiene como probada la conducta y la responsabilidad de los disciplinables en este cargo, y se tiene establecido con certeza que no existe justificación alguna que permita determinar un eximente válido de sus responsabilidades, de forma que la conducta del descuido en los encargos conferidos, sin que se encuentre justificado, se considera conforme a la doctrina y la jurisprudencia como omisiva, la cual está establecida en nuestra legislación como constitutiva de falta disciplinaria, y conforme a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se presentó, se encuadra como aquellas que atentan contra la debida diligencia profesional para con el cliente.

3. Conclusión.

Vistas así las cosas, al haberse encontrado debidamente probada la existencia de las conductas típicas conforme a lo establecido en el texto de las normas imputadas, pues no existió justificación del proceder del abogado, habiéndose probado su responsabilidad, lo procedente en esta instancia es confirmar las responsabilidades disciplinarias consultadas.

4. De la sanción impuesta.

Finalmente y frente a la sanción impuesta en sede a quo la cual fue de censura, la Sala la mantendrá incólume pues la misma obedece a un criterio razonado, razonable y ponderado, teniendo en cuenta la modalidad de las conductas, pues se calificaron tanto en la modalidad culposa como dolosa, el perjuicio de los intereses del mandante, el deterioro que de la imagen de la profesión causó en el colectivo, la ausencia de antecedentes disciplinarios, el concurso heterogéneo sucesivo de faltas, la confesión que de ellas hizo y el acuerdo de resarcimiento de daño que cumplió con el quejoso(15), dejando por sentado que la anterior dosificación se realizó con base en lo normado en los artículos 40 a 45 de la Ley 1123 de 2007.

En mérito de lo expuesto la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. CONFIRMAR la sentencia del 31 de octubre de 2016, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas, mediante la cual se resolvió sancionar con CENSURA al abogado Ariel Castrillón Ceballos luego de haberle hallado responsable de incurrir en las faltas descritas en los numerales 3º del artículo 35 y 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, ello, atendiendo lo descorrido en la parte considerativa de este proveído.

2. NOTIFICAR a todas las partes dentro del proceso, a través de la secretaría judicial de esta Sala, advirtiendo que contra ella no procede recurso alguno.

3. Ejecutoriada esta providencia, remítase copia de la misma a la oficina del Registro Nacional de Abogados, con la constancia del acto procesal enunciado, data a partir de la cual la sanción empezará a regir.

4. DEVUÉLVASE el expediente al consejo seccional de origen para lo de su competencia.

Notifíquese y cúmplase».

15 Con posterioridad a la celebración de la audiencia el defensor de oficio del encartado allegó memorial incorporando escrito y recibo de dineros, provenientes del quejoso, donde consta haber sido plenamente indemnizado, escrito que fue igualmente apoyado por otro memorial elevado directamente por el denunciante, folios 154 a 156 y reversos del cuaderno de primera instancia.