SENTENCIA 2015-00312 DE AGOSTO 2 DE 2017

 

Sentencia 2015-00312 de agosto 2 de 2017

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 500011102000201500312 01

Magistrado Ponente:

Dr. Camilo Montoya Reyes

Aprobado según Acta de Sala Nº 61 de la fecha

Bogotá, D.C., dos de agosto de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Competencia. De conformidad con lo establecido en el numeral 3º del artículo 256 constitucional, corresponde al Consejo Superior de la Judicatura “examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así, como las de los abogados en el ejercicio de la profesión, en la instancia que señale la ley”, norma desarrollada por el numeral 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, que al establecer las funciones de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, le defirió “Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las salas jurisdiccionales disciplinarias de los Consejo Seccionales de la Judicatura” (negrilla fuera de texto), concordante con el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007.

Facultad legal que se mantiene incólume para esta superioridad, a pesar de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 del primero (1º) de julio de 2015, mediante el cual se creó el nuevo órgano rector disciplinable. En razón a lo establecido en el parágrafo transitorio 1º del artículo 19 del referido acto legislativo, el cual dispuso que “(…) Los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (…)”.

Transitoriedad que fue avalada mediante Auto 278 de 9 de julio de 2015 proferido por la Honorable Corte Constitucional, proveído que dispuso “6. De acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 2 de 2015, cabe entender que, hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones. Ello significa que, actualmente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no solo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.”; razón por la cual esta sala entrará a decidir lo que en derecho corresponda.

Fines del grado jurisdiccional de consulta. La consulta está reconocida como expresión de la potestad pública como grado jurisdiccional, opera como expresión de la soberanía(12), de la función pública jurisdiccional o administrativa(13) propia del Estado. La providencia sometida a consulta en los términos y con las excepciones legales, no adquiere la eficacia constitucional por efecto del derecho —principio— consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de la cosa juzgada o a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, a menos que la ley admita recursos extraordinarios contra el fallo ejecutoriado formalmente.

En la Sentencia C-153 de 1995 la Corte Constitucional precisó la naturaleza jurídica y los fines de la consulta en los siguientes términos:

"La consulta, a diferencia del recurso de apelación, es una institución procesal en virtud de la cual el superior jerárquico del que ha dictado una providencia, en ejercicio de la competencia funcional de que está dotado, se encuentra habilitado para revisar o examinar oficiosamente, esto es, sin que medie petición o instancia de parte, la decisión adoptada en primera instancia, y de este modo corregir o enmendar los errores jurídicos de que esta adolezca, con miras a lograr la certeza jurídica y el juzgamiento justo. La competencia funcional del superior que conoce de la consulta es automática, porque no requiere para que pueda conocer de la revisión del asunto de una petición o de un acto procesal de la parte en cuyo favor ha sido instituida.

La consulta opera por ministerio de la ley y, por consiguiente, la providencia respectiva no queda ejecutoriada sin que previamente se surta aquella. Por lo tanto, suple la inactividad de la parte en cuyo favor ha sido instituida cuando no se interpone por esta el recurso de apelación, aunque en materia laboral el estatuto procesal respectivo la hace obligatoria tratándose de entidades públicas.

La consulta se consagra en los estatutos procesales en favor o interés de una de las partes. No se señalan en la Constitución los criterios que el legislador debe tener en cuenta para regularla; sin embargo, ello no quiere decir que esté habilitado para dictar una reglamentación arbitraria, es decir, utilizando una discrecionalidad sin límites, pues los derroteros que debe observar el legislador para desarrollar la institución emanan, como ya se dijo, precisamente de la observancia y desarrollo de los principios, valores y derechos consagrados en la Constitución.

Del examen de los diferentes estatutos procesales que regulan la consulta, deduce la Corte que ella ha sido instituida con diferentes propósitos o fines de interés superior que consultan los valores principios y derechos fundamentales constitucionales. (…)”. (Negrilla y subrayas de la sala).

Debe entonces, el operador judicial verificar la legalidad de la actuación procesal y la decisión impartida por el magistrado de instancia que resolvió sancionar al disciplinado.

Caso en concreto. Atendiendo los fines de la consulta, en el asunto bajo escrutinio de la sala no se evidencian actuaciones irregulares que afecten la legalidad de la sentencia. Las diligencias desarrolladas por el magistrado de primer grado, respetaron los principios de publicidad y contradicción, al correr traslado de sus pronunciamientos, a través de la notificación de las providencias correspondientes.

En la audiencia celebrada durante la investigación, se le respetó a la procesada su derecho a la defensa y al debido proceso, asumiendo personalmente su defensa, y aceptando libre y voluntariamente los cargos formulados. El magistrado de instancia actuó con apego a las disposiciones previstas en la Ley 1123 de 2007.

Esta sala colegiada, procederá a conocer en grado jurisdiccional de consulta la sentencia proferida el 30 de octubre de 2015 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, mediante la cual sancionó con censura a la abogada Paola Andrea Ruíz Bacca, por haber inobservado el deber de “atender con celosa diligencia sus encargos profesionales”, contemplado en el numeral 10 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 y por la comisión de la falta disciplinaria de “demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas”, descrita en el numeral 1º del artículo 37 ibídem, a título de culpa, para determinar si se confirma, modifica o revoca el fallo consultado.

Tipicidad. De acuerdo a lo señalado en el artículo 3º de la Ley 1123 de 2007, “El abogado solo será investigado y sancionado disciplinariamente por comportamientos que estén descritos como falta en la ley vigente al momento de su realización y conforme a las reglas fijadas en este código o las normas que lo modifiquen” (subrayado y negrilla de la sala).

La abogada Ruíz Bacca fue contratada para que adelantara el trámite correspondiente a la solicitud de liquidación adicional en la sucesión intestada de José Jairo Jaramillo Estrada con relación a la inversión Nº 281380 de la cartera colectiva abierta de Seguridad Bolívar, mandato para cuya ejecución le entregaron las copias de las cédulas de ciudadanía de los poderdantes, de los registros civiles de nacimiento y defunción y certificado de la mencionada cartera expedida el 16 de agosto de 2013. Los estipendios se acordaron en la suma de $ 700.000, de los cuales se le dio el 50%. El 15 de marzo de 2014 le entregaron el poder con las debidas autenticaciones, pero debido a la demora de la denunciada fue necesario solicitar nuevamente el referido certificado.

Durante la acción disciplinaria, se le reprochó a la abogada Paola Andrea Ruíz Bacca la desidia, el desinterés para finiquitar el encargo profesional encomendado, pues actuó con diligencia al haber presentado la adición de la sucesión y efectuado las modificaciones requeridas por la notaría, sin embargo a partir de allí abandonó completamente la causa, ocasionando así un perjuicio a sus mandantes, pues transcurrió más de un año sin que hubiese materializado la gestión para la que fue llamada.

Comportamiento descrito como falta disciplinaria, en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, que establece:

“ART. 37.—Constituyen faltas a la debida diligencia profesional.

1. Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas” (negrilla de la sala).

La norma en cita, consagra varios verbos rectores en una misma falta disciplinaria, lo que obliga al operador judicial, a analizar la situación fáctica reprimida y establecer cuál es vocablo infringido.

El verbo demorar, significa: retardar, diferir, dilatar lo que se debe hacer. Por ende, incurre en indiligencia, quien tarde más del tiempo necesario para presentar una demanda o para realizar una petición que resulta procedente dentro de un proceso determinado. También incurre en falta, quien deja de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional; es decir, se sancionará a quien no hizo lo que tenía que hacer en tiempo. En la misma ilicitud disciplinaria, incurre el abogado que descuida o abandona la gestión, cuando no asume el encargo con la diligencia debida, no ejerce la vigilancia al asunto encomendado, no hace lo necesario o lo que este a su alcance en desarrollo de la misma.

A folio 7 del cuaderno original de primera instancia, obra poder otorgado el 20 de febrero de 2014 a la investigada, mediante el cual se indicó que “por medio del presente otorgo poder amplio y suficiente a la Doctora Paola Andrea Ruíz Bacca, mayor de edad, domiciliada en Villavicencio identificada con cédula de ciudadanía Nº 40.189.148 de Villavicencio, T.P. Nº 213717 del CSJ, para que inicie, tramite y lleve hasta su culminación solicitud de liquidación de la suceción adicional intestada de José Jairo Jaramillo Estrada, quien en vida se identificó con cédula de ciudadanía Nº 3.284.670 de Villavicencio. (…)”. (Negrilla y subrayado de la sala) (sic a lo transcrito).

Revisado el expediente constató esta sala colegiada, que en efecto, existió una relación contractual entre la quejosa Viena Jaramillo Sánchez, sus hermanos y la abogada Paola Andrea Ruíz Bacca, que tenía como objeto tramitar la adición de la sucesión del causante José Jairo Jaramillo Estrada ante la Notaría Primera de Villavicencio, como lo aceptó la procesada en la audiencia de pruebas y calificación provisional celebrada el 6 de octubre de 2015, admitiendo de manera libre y espontánea los hechos narrados en el escrito de queja, acogiéndose al contenido del artículo 45 literal b de la Ley 1123 de 2007, esto es, el atenuante de responsabilidad para el investigado que confiese la falta antes de la formulación de cargos, como ocurrió en el sub examine.

Hechos consistentes, itera la sala, en el descuido y abandono por un período de un año, de la gestión que le fue encomendada: pese a que en el inicio fue acuciosa, pues presentó la adición de la sucesión y efectuó las modificaciones requeridas por la notaría, frustró las esperanzas de sus clientes, al no materializar y finiquitar la labor, como lo era la suscripción de la escritura pública de adición.

Conducta prescrita como falta disciplinaria en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, porque como afirmó el seccional de instancia la abogada Paola Andrea Ruíz Bacca, proceder que sin lugar a dudas evidencia el cumplimento de la tipicidad.

Antijuridicidad. De acuerdo a lo señalado en el artículo 4º de la Ley 1123 de 2007, “Un abogado incurrirá en una falta antijurídica cuando con su conducta afecte, sin justificación, alguno de los deberes consagrados en el presente Código” (subrayado y negrilla de la sala).

La antijuridicidad de la conducta de la abogada Paola Andrea Ruíz Bacca, se halló demostrada por lo denunciado en la queja, por los documentos allegados al infolio, y por la propia confesión de la procesada. Situación con la que inobservó, sin justificación alguna, el deber consagrado en el numeral 10 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, norma que prescribe:

“ART. 28.—Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado:

(…)

10. Atender con celosa diligencia sus encargos profesionales, lo cual se extiende al control de los abogados suplentes y dependientes, así como a los miembros de la firma o asociación de abogados que represente al suscribir contrato de prestación de servicios, y a aquellos que contrate para el cumplimiento del mismo”. (Subrayado de la sala).

De la lectura de la norma en cita, se evidencia que la abogada Paola Andrea Ruíz Bacca, no atendió con celosa diligencia el encargo encomendado, de llevar hasta su culminación la adición de la sucesión del señor José Jairo Jaramillo Estrada.

Demostrada la relación cliente - abogado, de conformidad con el poder debidamente otorgado y al hallarse probada la inobservancia al deber descrito en el numeral 10 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, porque la disciplinada no acudió a la Notaría Primero de Villavicencio a firmar la escritura pública de adición de la sucesión, itera la sala, sin observar causal de justificación que enerve su responsabilidad, a la luz de la Ley 1123 de 2007 la encartada no cumplió con las obligaciones conferidas en la norma.

Comparte la sala lo expuesto por el a quo, al rechazar los argumentos exculpativos presentados por la inculpada, relacionados con el constante cambio de domicilio profesional, situación que debió prever y comunicar a sus mandantes para renunciar al poder y permitir la designación de otro profesional del derecho, y no negarse a atender los requerimientos que constantemente le hacían para conocer las resultas de la gestión.

Culpabilidad. De acuerdo a lo señalado en el artículo 5º de la Ley 1123 de 2007, “En materia disciplinaria solo se podrá imponer sanción por faltas realizadas con culpabilidad. Queda erradicada toda forma de responsabilidad objetiva”. (Subrayado y negrilla de la sala).

Será culposa la conducta que viola el deber objetivo de cuidado, eventualidad que generalmente se presenta con la falta de dinamismo de los abogados en las actuaciones a su cargo. En este caso se encuentra demostrado el elemento subjetivo de la conducta, que debe ser predicada a título de culpa, dado que es evidente que la abogada transgredió el deber de atender con celosa diligencia los encargos a ella encomendados. Obran pruebas claras que indican cómo en efecto la profesional actuó de manera descuidada, sin emerger causal exonerativa para evitar el juicio de reproche por haber incurrido en la falta enmarcada en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007.

Así y como quiera que la misma condición de abogado de la disciplinada permite afirmar que era consciente y conocía su responsabilidad frente a la gestión convenida con el mandante, obligado resulta en deber jurídico, considerar integrado el trípode que constituyen la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, que sostienen en este caso la indiligencia del abogado como falta disciplinaria, conforme lo señalado en el numeral 1º del artículo 37 de la norma deontológica del abogado, por lo que considera esta corporación, que se deberá confirmar la responsabilidad disciplinaria de la profesional.

Individualización de la sanción. El magistrado de primer grado, sancionó a la abogada Paola Andrea Ruíz Bacca, con censura, por considerarla necesaria, proporcional y razonable, a la modalidad de la conducta (culposa) y al daño causado a la cliente, pues si bien aceptó su responsabilidad antes de la formulación de cargos, con su desidia ocasionó un perjuicio a sus mandantes, quienes vieron postergados en el tiempo sus derechos, amén lo que causa una afectación grave en la confianza de la sociedad.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 30 de octubre de 2015 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, mediante la cual sancionó con censura a la abogada Paola Andrea Ruíz Bacca, por haber inobservado el deber contemplado en el numeral 10 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 y por la comisión de la falta disciplinaria descrita en el numeral 1º del artículo 37 ibídem, a título de culpa, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

2. ANÓTESE la sanción en el registro nacional de abogados, fecha a partir de la cual empezará a regir, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la oficina encargada de dicho registro, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria.

3. DEVUÉLVASE el expediente al consejo seccional de origen para que notifique a todas las partes del proceso y cumpla lo dispuesto por la sala, advirtiendo que contra esta providencia no procede recurso alguno.

4. Por la secretaría judicial, líbrense las comunicaciones pertinentes.

Notifíquese y cúmplase».

12 Constitución Política - ART. 3º—La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece.

13 Constitución Política – ART. 228.—La administración de justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su cumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.
Constitución política – ART. 116.—La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Fiscalía General de la Nación, los tribunales y los jueces, administran justicia. También lo hace la justicia penal militar (…).