SENTENCIA 2015-00321/12527-30 DE AGOSTO 2 DE 2017

 

Sentencia 2015-00321/12527-30 de agosto 2 de 2017

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Magistrada Ponente

Dra. Julia Emma Garzón de Gómez

Rad. 180011102000201500321 01 (12527-30)

Aprobado según Acta de Sala 61

Bogotá D.C., dos de agosto de dos mil diecisiete.

Nota: Legis considera conveniente que los datos de las partes y terceros, sean suprimidos por las iniciales de los nombres y apellidos, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política.

Asunto.

Procede la Sala a conocer en grado Jurisdiccional de consulta la Sentencia proferida el 19 de julio de 2016 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional del Caquetá(1), mediante la cual sancionó con Suspensión de dos Meses en el Ejercicio de la Profesión al abogado L.S.C. como autor responsable de la falta prevista en el artículo 37 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007.

Hechos y Actuación Procesal.

1. Dio origen a la presente investigación la queja disciplinaria presentada por la señora L.E.G.E., quien manifestó haber contratado al abogado L.S.C., para que llevara a cabo un proceso de divorcio, para lo cual le entregó la suma de $550.000, como viáticos para viajar a la ciudad de Doncello, Caquetá a entrevistarse con su exesposo y tramitar el proceso en dicha localidad.

Manifestó que el profesional del derecho no realizó gestión alguna, sin embargo le decía que había logrado el embargo de una finca, pero cuando fue averiguar sobre el tema dicho predio ya lo habían vendido. Indicó haberle solicitado la devolución del dinero y el inculpado le entregó $150.000. (fl. 1 a 2 cdno. 1ra instancia)

2. Una vez acreditada la calidad de abogado de la disciplinable L.S.C., quien se identifica con la cédula de ciudadanía XX.XXX.XXX y tarjeta profesional XXXXX, mediante Auto del 18 de noviembre de 2014, el Magistrado de Conocimiento, decretó la apertura del proceso y fijó fecha para adelantar la Audiencia de Pruebas y Calificación Provisional. (fl. 7 cdno. primera instancia)

3. Luego de varias suspensiones para poder adelantar la Audiencia de Pruebas y Calificación Provisional por inasistencia del disciplinado, quien fue emplazado y declarado persona ausente, se le nombró como defensor de oficio al doctor, J.J.V. con quien se adelantó el 8 de abril de 2015 la Audiencia a la cual también asistió la quejosa, una vez instalada la misma se llevaron a cabo las siguientes actuaciones:

3.1. Ampliación de queja: Señaló la señora G. que se había comunicado con el disciplinado unos días atrás y le había solicitado la devolución del dinero, indicó haberle dado poder y unos documentos al abogado para que adelantara un proceso de divorcio, pero éste no realizó gestión alguna. Señaló que todos los poderes los tiene el abogado.

Indicó que transcurrido más de un año, le preguntó al abogado por el proceso y éste le manifestó que había embargado una finca, pero dicho bien ya había sido vendido, razón por la cual prefirió prescindir de sus servicios y solicitarle la devolución del dinero, pero hasta ahora le ha entregado $150.000, le ha solicitado los documentos a la esposa del disciplinado pero no a él directamente. Anexó como prueba los recibos de pago.

4. El 12 de mayo de 2015, el Operador de Justicia dio continuación a la Audiencia de Pruebas y Calificación Provisional a la cual asistió el disciplinado y su defensor de oficio, una vez instalada la misma se adelantaron las siguientes actuaciones:

4.1. Versión Libre del Disciplinado: Señaló que conoció a la quejosa en la Casa de la Justicia de Cuba, en calidad de usuaria, ella le manifestó que necesitaba realizar un divorcio con su exesposo, pero se debía adelantar en el municipio de Doncello, razón por la cual él le indicó que el traslado a dicho sitio era costoso y debía suministrarme los viáticos, razón por la cual le entregó primero $300.000 y en otra oportunidad $200.000.

Afirmó haber viajado a Doncello pero no se logró comunicar con el exesposo de la señora G.E., elaboró la demanda pero no la presentó porque los desplazamientos eran muy costosos y se debía asistir por lo menos una vez a la semana.

Reconoce que no debió haber aceptado el poder, razón por la cual en vista que no pudo realizar nada le devolvió parte del dinero a la quejosa, pues también incurrió en gastos.

4.2. La quejosa allegó como pruebas unos documentos los cuales fueron anexados a la investigación.

5. El Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto Rico Caquetá, presentó escrito manifestando que con la información suministrada referente a un proceso de divorcio de la señora L.E.G.E. representada por el abogado L.S.C., no aparece ningún radicado. (fl. 68 cdno. 1ra instancia)

6. El 28 de julio de 2015, el Juez Disciplinario dio continuación a la Audiencia de Pruebas y Calificación Provisional, con presencia del disciplinado y el defensor de oficio, una vez instalada la misma se adelantaron las siguientes actuaciones:

6.1. Calificación de la Conducta: Una vez revisada la actuación y las pruebas allegadas, el Juez Disciplinario formuló cargos al disciplinado, pues al parecer fue indiligente en la gestión encomendada, concretamente en instaurar una demanda de divorcio a lo cual se comprometió y suscribió poder, incurriendo así en la falta contemplada en el artículo 37 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, conducta calificada a título de culpa.

7. El 30 de marzo de 20156, el Juez Disciplinario dio continuación a la Audiencia de Pruebas y Calificación Provisional, una vez instalada la misma insistió en algunas pruebas y suspendió la Audiencia. (fl. 93 y cd cdno. 1rainstancia).

8. La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Florencia allegó Certificado de Libertad y Tradición de la Matricula Inmobiliaria 420-10696. (fls. 111 a 113 cdno. 1ra instancia).

9. El 28 de abril de 2016, el Juez Disciplinario dio continuación a la Audiencia de Pruebas y Calificación Provisional, con presencia del el defensor de oficio, una vez instalada la misma, corrió traslado al defensor del inculpado de la prueba allegada y se refirió nuevamente a la calificación de la Conducta, confirmando el pliego de cargos ya proferido.

10. El 18 de mayo de 2016, el Juez Disciplinario dio inicio a la Audiencia de Juzgamiento, con presencia del defensor de oficio del disciplinado, una vez instalada la misma se adelantaron las siguientes actuaciones:

6.1. Alegatos de Conclusión: El defensor de oficio luego de hacer un recuento de las actuaciones adelantadas en la presente investigación y la versión libre rendida por su defendido, señalo que no hay pruebas que comprometan al disciplinado, pues no se allegó poder y además el letrado manifestó haber viajado a la ciudad de Doncello a realizar las averiguaciones del caso, razón por la cual no ha incurrido en falta disciplinaria alguna. (fl. 123 y cd cdno. 1ra instancia).

De la Sentencia Consultada.

Mediante fallo del 19 de julio de 2016 la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Caquetá, sancionó con Suspensión de dos Meses en el Ejercicio de la Profesión al abogado L.S.C. como autora responsable de la falta prevista en el artículo 37 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007.

Indicó la Sala a quo que existe material probatorio suficiente para demostrar la falta endilgada en el pliego de cargo al encartado, pues era claro que el abogado L.S.C. recibió viáticos el 18 de julio de 2012 y 11 de diciembre del mismo año, para trasladarse a la ciudad de Doncello y presentar una demanda de divorcio, pero una vez recibió el dinero no realizó gestión alguna.

Frente a la sanción indicó que tratándose de una falta disciplinaria de naturaleza culposa, la trascendencia social, el perjuicio causado, la sanción de SUSPENSIÓN era justa y proporcional. (fls. 101 a 109 cdno).

Actuación de Segunda Instancia.

1. En esta etapa procesal quien funge como Magistrada sustanciadora avocó conocimiento de las diligencias mediante Auto del 30 de agosto de 2016 y ordenó comunicar a las partes intervinientes del conocimiento de la presente actuación (fl. 6 cdno. segunda instancia).

2. El Ministerio Público rindió concepto considerando que se debería decretar la nulidad de la actuación a partir del fallo de primera instancia para que se proceda a una correcta notificación del mismo. (fls. 13 a 14 cdno. 2da instancia).

3. La Secretaría Judicial de esta Corporación, el 30 de agosto de 2016 expidió certificado 670815, en el cual de observa que el profesional del derecho implicado no registra sanciones. (fl. 15 cdno. 2da instancia).

4. La Secretaría Judicial de esta Corporación informó que no se están cursando otros procesos por el mismo asunto en esta Superioridad (fl. 16 cdno).

Consideraciones de la Sala.

1. Competencia.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 256-3 de la Constitución Política, 112-4 de la Ley 270 de 1996 y 59-1 de la Ley 1123 de 2007, corresponde a esta Colegiatura conocer en grado jurisdiccional de consulta de las decisiones proferidas en primera instancia por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura, cuando fueren desfavorables a los investigados y no hayan sido apeladas, como lo ocurrido en el asunto bajo examen.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2º de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Autos 278 del 9 de julio y 372 del 26 de agosto de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 2º de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto legislativo 2º de 2015, así: “los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 2º de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente, esta Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

En virtud de la competencia antes mencionada, procede la Sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales que atañen al tema a debatir.

2. De la condición de sujeto disciplinable.

El Registro Nacional de abogados acreditó la calidad del disciplinable L.S.C., quien se identifica con la cédula de ciudadanía XX.XXX.XXX y tarjeta profesional XXXXX. (fl. 5 cdno. 1ra instancia).

3. De la Nulidad:

El Representante del Ministerio Público, al rendir concepto en esta instancia consideró que se debería decretar una causal de nulidad desde el fallo de la sentencia, por cuanto no se surtió la notificación personal al disciplinado, observando esta Colegiatura lo siguiente:

A folio 138 se observa telegrama enviado al disciplinado indicándole que debía comparecer de manera “INMEDIATA” a la secretaría de la corporación para notificarse personalmente de la sentencia de primera instancia.

En el reverso del folio 138 de observan dos cosas, veamos:

La fecha de envío por el correo 472 de fecha 22 de julio de 2016 y una constancia secretarial que indica:

“21 de julio de 2016: Se comunica vía telefónica, atendió el L.S.C., quien solicita se envía la notificación vía e-mail, para lo cual informé que debía pasar escrito ante esta Corporación donde atienden notificaciones vía correo electrónico, el cual lo puede hacer llegar al e-mail de esta Secretaría”.

A folio 140 obra el envío también por correo electrónico al disciplinado, donde se observa un archivo adjunto.

De lo anteriormente expuesto es claro que el disciplinado se enteró del contenido de la sentencia por el Oficio enviado a su dirección de domicilio, por la llamada telefónica recibida y además por el correo electrónico e hizo caso omiso de ello, razón por la cual el seccional de instancia procedió a fijar Edicto del 27 al 29 de julio de 2016, tal como lo ordena el artículo 75 de la Ley 1123 de 2007 que a la letra dice:

“ART. 73.—Notificación de sentencias y providencias interlocutorias. Proferida la decisión por la Sala, a más tardar al día siguiente se librará comunicación por el medio más expedito con destino al interviniente que deba notificarse; si no se presenta a la secretaría judicial de la Sala que profirió la decisión dentro de los tres días hábiles siguientes, se procederá a notificar por estado o por edicto.

En la comunicación se indicará la fecha de la providencia y la decisión tomada. (sfdt).

De tal forma esta Colegiatura no observa que exista alguna causal de nulidad que invalide lo hasta aquí actuado, contando con la notificación de la sentencia, la cual si se realizó en los términos de Ley.

3. Requisitos para sancionar.

Al tenor de lo previsto en el artículo 97 de la Ley 1123 de 2007, para proferir fallo sancionatorio se requiere de prueba que conduzca a la certeza de la existencia de la falta atribuida y de la responsabilidad del disciplinable.

3.1. De la tipicidad.

La tipicidad de la conducta representa un corolario del principio de legalidad, aplicable a las distintas modalidades del derecho sancionador del Estado. El mismo establece la necesidad de fijar de antemano y de forma clara y expresa, las conductas susceptibles de reproche judicial y las consecuencias negativas que generan, con el fin de reducir la discrecionalidad de las autoridades públicas al momento de ejercer sus facultades punitivas.

En la Sentencia C-030 de 2012 la Corte Constitucional recordó que la tipicidad en el derecho disciplinario hace parte de las garantías propias del derecho fundamental al debido proceso, y abarca tanto la descripción de los elementos objetivos de la falta, como la precisión de la modalidad subjetiva en la cual se verifica, su entidad o gravedad y la clase de sanción de la cual se hace acreedor el individuo responsable:

“[E]n el derecho disciplinario resulta exigible el principio de tipicidad, el cual hace parte igualmente de la garantía del debido proceso disciplinario. De acuerdo con este principio, ‘la norma creadora de las infracciones y de las sanciones, debe describir clara, expresa e inequívocamente las conductas que pueden ser sancionadas y el contenido material de las infracciones, así como la correlación entre unas y otras’(2).

(…)

De otra parte, la jurisprudencia de esta Corte ha sostenido que el principio de tipicidad se compone de dos aspectos, (i) que ‘exista una ley previa que determine la conducta objeto de sanción’ y (ii) ‘la precisión que se emplee en ésta para determinar la conducta o hecho objeto de reproche y la sanción que ha de imponerse’(3). Este último aspecto, se encuentra orientado a reducir al máximo la facultad discrecional de la administración en el ejercicio del poder sancionatorio que le es propio(4).

De conformidad con la doctrina y la jurisprudencia constitucional, el concepto de precisión mencionado, ligado analíticamente al principio de tipicidad, implica que son varios los aspectos normativos que debe regular de manera clara y expresa la norma sancionatoria: (i) el grado de culpabilidad del agente (si actuó con dolo o culpa); (ii) la gravedad o levedad de su conducta (si por su naturaleza debe ser calificada como leve, grave o gravísima); y (iii) la graduación de la respectiva sanción (mínima, media o máxima según la intensidad del comportamiento) (…)(5).

Con todo, el mismo Alto Tribunal advierte que en materia disciplinaria la tipicidad de la conducta admite un grado mayor de flexibilidad por su ámbito de aplicación, la teleología de la sanción y la amplitud de las funciones o los deberes asignados a sus destinatarios:

“[S]i bien el principio de tipicidad es plenamente exigible en el derecho disciplinario, éste se aplica con una mayor flexibilidad y menor rigurosidad en este ámbito. Lo anterior, por cuanto ‘la naturaleza de las conductas reprimidas, los bienes jurídicos involucrados, la teleología de las facultades sancionatorias, los sujetos disciplinables y los efectos jurídicos que se producen frente a la comunidad, hacen que la tipicidad en materia disciplinaria admita —en principio— cierta flexibilidad’(6).

(…) En consecuencia, la jurisprudencia constitucional ha encontrado que las principales diferencias existentes entre la tipicidad en el derecho penal y en el derecho disciplinario se refieren a (i) la precisión con la cual deben estar definidas las conductas en las normas disciplinarias, y (ii) la amplitud de que goza el fallador disciplinario para adelantar el proceso de adecuación típica de las conductas disciplinarias en los procedimientos sancionatorios(7)”.

Ahora bien, la falta endilgada a la abogada L.S.C., está consagrada en el artículo 37 numeral 1 de la Ley 1123 de 2007 que a la letra dice:

“ART. 37.—Constituyen faltas a la debida diligencia profesional:

1. Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas.

En el presente asunto está demostrada la relación contractual cliente abogado, pues el mismo disciplinado L.S.C. en la versión libre rendida aceptó que suscribió poder con la quejosa para adelantar un proceso de sucesión en Doncello, indicando que allegaría el poder pero finalmente no lo arrimó a la investigación.

Afirmación que la señora L.E.G. también señaló bajo la gravedad de Juramento, en la queja rendida y la ampliación de la misma.

También obra en el plenario a folio 38 unos recibos de caja menor así:

—Pagado a L.S.C. $300.000 Concepto: Viáticos Proceso Divorcio Contencioso de L.E.G.E. Fecha 18 de Julio de 2012.

—Pagado a L.S.C. $200.000 Concepto: Viáticos Proceso Divorcio Contencioso Pto. Rico (Caquetá). Fecha 11 de Diciembre de 2012.

— Recibí de L.S.C., la suma de Ciento Cincuenta Mil Pesos, por concepto de abono a proceso L.E.G. Fecha 6 de septiembre de 2013.

De tal forma se tiene que en efecto la quejosa contrató al disciplinado en el mes de julio de 2012 para adelantar un proceso de divorcio para lo cual recibió por concepto de viáticos la suma de $500.000 aunque tanto el disciplinado como la quejosa aceptaron en decir que en total habían sido $550.000.

También es claro que a partir del mes de septiembre de 2013, las partes cliente abogado decidieron no seguir con el mandato conferido debido a que no se había realizado gestión alguna, razón por la cual el disciplinado de devolvió a su cliente la suma de $150.000.

De tal forma, para esta Colegiatura y según lo manifestado en precedencia es claro que el abogado asumió el encargo de adelantar un proceso de divorcio en el mes de julio de 2012 y no radicó ninguna demanda, dándose por terminado el mandato en septiembre de 2013, precisamente ante la negligencia del letrado.

5.2. Antijuridicidad.

De acuerdo con el artículo 4º de la Ley 1123 de 2007, para que una conducta típica merezca reproche, es preciso que vulnere alguno de los deberes funcionales de los abogados:

“ART. 4º.—Antijuridicidad. Un abogado incurrirá en una falta antijurídica cuando con su conducta afecte, sin justificación, alguno de los deberes consagrados en el presente código”.

Con respecto a la antijuridicidad como presupuesto de la sanción disciplinaria, la Corte Constitucional señaló en la Sentencia C-181 de 2002 que “la infracción disciplinaria siempre supone la existencia de un deber cuyo olvido, incumplimiento o desconocimiento genera la respuesta represiva del Estado”.

De forma semejante, en la Sentencia C-948 de 2002 el mismo Alto Tribunal indicó que el derecho disciplinario busca asegurar el cumplimiento de los deberes legales atribuidos a los funcionarios públicos o a los particulares que desarrollan actividades de interés general:

“La Corte ha precisado igualmente que en materia disciplinaria, la ley debe orientarse a asegurar el cumplimiento de los deberes funcionales que le asisten al servidor público o al particular que cumple funciones públicas pues las faltas le interesan al derecho disciplinario en cuanto interfieran tales funciones(8). De allí que el derecho disciplinario valore la inobservancia de normas positivas en cuanto ella implique el quebrantamiento del deber funcional, esto es, el desconocimiento de la función social que le incumbe al servidor público o al particular que cumple funciones públicas(9)”.

Verificadas como están desde el punto de vista objetivo las infracciones al deber imputado a la profesional investigada, compete a la Sala determinar si del caudal probatorio analizado en precedencia surge causal alguna que justifique su conducta, o si por el contrario, en ausencia de esta, las faltas de diligencia, de la profesión por el desplegada en el sub lite, impone confirmar la sanción disciplinaria de suspensión impuesta en el fallo materia de consulta.

En consecuencia, infiere esta Superioridad demostrado el injustificado incumplimiento por parte del abogado L.S.C., de los deberes consagrados en el Estatuto Deontológico del Abogado, en relación con el mandato conferido, pues nunca instauró la demanda de divorcio a la cual se había comprometido.

En efecto, del dossier antes relacionado, no obra prueba alguna que permita a esta Sala inferir cosa distinta de la considerada por la primera instancia, toda vez que se encuentra corroborada la comisión de la falta de diligencia sin el acaecimiento de causal de justificación alguna.

5.3. Culpabilidad.

En el derecho disciplinario se encuentra proscrita cualquier forma de responsabilidad objetiva. Ello implica que la imposición de una sanción de esta naturaleza siempre supone la evidencia de un actuar culposo o doloso por parte del investigado.

Al respecto, la Corte Constitucional en la Sentencia C-181 de 2002 indicó que en materia disciplinaria la modalidad subjetiva con la cual se comete conducta dependerá de la naturaleza misma de la acción castigada, lo cual supone que, en principio, no todas las infracciones admiten su ejecución en las modalidades de dolo o culpa:

“[E]n materia penal, al igual que en el campo del derecho disciplinario, la sanción imponible por la comisión de una conducta reprochable sólo tiene lugar en presencia de acciones dolosas o culposas.

Ciertamente, la proscripción de la responsabilidad objetiva que acoge el régimen jurídico colombiano impone la restricción de sancionar la conducta por el sólo hecho de la ocurrencia del resultado y exige, en cambio, verificar la finalidad dolosa o culposa en la ejecución de la acción que se investiga.

Ahora bien, la circunstancia de que las conductas que vulneran el régimen jurídico merezcan sanción sólo cuando se realizan de manera culposa o dolosa no significa que todas las infracciones admitan ser ejecutadas en ambas modalidades de conducta. La determinación de si un comportamiento puede ser ejecutado a título de dolo o culpa depende de la naturaleza misma del comportamiento. En otros términos, el dolo o la culpa son elementos constitutivos de la acción, son sus elementos subjetivos estructurales. De allí que sea la propia ontología de la falta la que determina si la acción puede ser cometida a título de dolo o de culpa o, lo que es lo mismo, que la estructura de la conducta sancionada defina las modalidades de la acción que son admisibles” (énfasis agregado por la Sala).

Entonces, respecto a la culpabilidad, debe decirse que la falta de diligencia, es una conducta eminentemente culposa, por cuanto se incurre en ella con el conocimiento que su comisión, es disciplinariamente reprochable y ocasiona perjuicios al cliente, como ocurre en este evento donde el profesional del derecho investigado, nunca inició la demanda de divorcio para lo cual se había comprometido y también había recibido dinero para los viáticos.

6. Dosimetría de la sanción a imponer.

Al tenor de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 1123 de 2007, para la graduación de la sanción deben tenerse en cuenta los límites y parámetros allí señalados, los cuales deben consultar los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad.

Así las cosas, para la falta endilgada al investigado consagra el artículo 40 del citado Estatuto Deontológico tres tipos de sanción, siendo la más leve la censura, de menor gravedad la suspensión y la máxima aplicable la de exclusión.

Ahora, teniendo en cuenta la modalidad y la gravedad de la conducta y además el perjuicio causado a su cliente, se colige que la sanción de Suspensión de Dos Meses en el Ejercicio de la Profesión impuesta en la sentencia consultada al doctor L.S.C. cumple con los criterios legales y constitucionales, al tener presente de que se trata de conducta por naturaleza culposa.

De otra parte, acorde con el principio de necesidad íntimamente ligado con la función de la sanción disciplinaria, no admite duda que en el sub lite, le era imperativo al operador disciplinario afectar con Suspensión de Dos Meses en el Ejercicio de La Profesión al implicado, igualmente, la imposición de la referida sanción, cumple con el fin de prevención particular, entendido este como el mensaje de reflexión para los profesionales del derecho, el cual no fue atendido por el abogado L.S.C.

Finalmente, se cumple también con el principio de razonabilidad entendido como la idoneidad o adecuación al fin de la pena, con lo que justifica la sanción disciplinaria impuesta al disciplinado, pues acorde con lo expresado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-530 del 11 de noviembre de 1993 “(…) La razonabilidad hace relación a que un juicio, raciocinio o idea esté conforme con la prudencia, la justicia o la equidad que rigen para el caso concreto. Es decir, cuando se justifica una acción o expresión de una idea, juicio o raciocinio por su conveniencia o necesidad”.

Es así, como la sentencia consultada cumple cabalmente con los principios mencionados, teniendo en cuenta que la falta cometida por el doctor L.S.C. fue realizada de manera culposa, ocasionándole un detrimento patrimonial y un perjuicio a la denunciante, criterios también valorados en el precitado artículo 45 de la Ley 1123 de 2007 y aplicables al sub lite.

Por lo anterior, la Sala Confirmará la sentencia consultada proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Caquetá, mediante la cual sancionó con Suspensión de Dos Meses en el Ejercicio de la Profesión al abogado L.S.C. como autora responsable de la falta prevista en el artículo 37 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

1. CONFIRMAR la sentencia consultada proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Caquetá, mediante la cual sancionó con Suspensión de Dos Meses en el Ejercicio de la Profesión al abogado L.S.C. como autora responsable de la falta prevista en el artículo 37 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007 conforme a lo expresado en la parte motiva de esta providencia.

2. ANÓTESE la sanción en el Registro Nacional de Abogados, fecha a partir de la cual empezará a regir la misma, para cuyo efecto se le comunicará a la Oficina encargada del Registro lo aquí resuelto, remitiendo copia de esta providencia con constancia de su ejecutoria.

3. DEVUÉLVASE la actuación al Consejo Seccional de origen, para que en primer lugar, notifique a los intervinientes de la presente decisión, en los términos previstos en los artículos 70 y siguientes de la Ley 1123 de 2007, así mismo el Magistrado Sustanciador tendrá facultades para comisionar cuando así lo requiera para dar cumplimiento a la presente decisión; y en segundo orden, cumpla con lo dispuesto por la Sala y demás fines pertinentes.

Notifíquese y Cúmplase.

Magistrados: Pedro Alonso Sanabria Buitrago, Presidente—Julia Emma Garzón de Gómez, Vicepresidenta—Magda Victoria Acosta Walteros—Fidalgo Javier Estupiñan Carvajal—María Lourdes Hernández Mindiola—Camilo Montoya Reyes—Julio César Villamil Hernández.

Yira Lucia Olarte Ávila, secretaria judicial.

1. Con ponencia de la doctora Gloria Mariño Quiñonez en Sala Dual con la doctora María del Socorro Jiménez Causil.

2. Ibídem.

3. Sentencia C-564 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

4. Ver Sentencia C-564 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

5. Ver Sentencia C-796 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

6. Sentencia C-404 de 2001, reiterado en Sentencia C-818 de 2005.

7. Ver Sentencias C-404 de 2001 y T-1093 de 2004, entre otras.

8. En reiterados pronunciamientos esta Corporación ha resaltado que la órbita de injerencia del derecho disciplinario se circunscribe al comportamiento de los servidores públicos en ejercicio de sus cargos. Por ello se ha expuesto que “El derecho disciplinario comprende el conjunto de normas, sustanciales y procesales, en virtud de las cuales el Estado asegura la obediencia, la disciplina y el comportamiento ético, la moralidad y la eficiencia de los servidores públicos, con miras a asegurar el buen funcionamiento de los diferentes servicios a su cargo”. Corte Constitucional. Sentencia C-341-96. M.P. Antonio Barrera Carbonell. En el mismo sentido, se ha indicado que “El Código Disciplinario Único comprende el conjunto de normas sustanciales y procesales, con las que el legislador pretende asegurar la obediencia, la disciplina, la eficiencia y el adecuado comportamiento de los servidores públicos en el ejercicio de sus cargos”. Corte Constitucional. Sentencia C-712.01. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

9. Ver Sentencia C-373/02 M.P. Jaime Córdoba Triviño. S.P.V. de los Magistrados Rodrigo Escobar Gil y Eduardo Montealegre Lynett.