Sentencia 2015-00340 de marzo 19 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 25000-23-42-000-2015-00340-01(AC)

Consejera Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño De Valencia

Actor: Martha Duarte Leal

Demandado: Juzgado Noveno Administrativo de Bogotá

Bogotá, D. C., diecinueve de marzo de dos mil quince.

Decide la Sala la impugnación presentada por la actora contra la sentencia del 2 de febrero del 2015, proferida por la Sección Segunda, Subsección D del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que resolvió:

“Primero: Se NIEGA el amparo solicitado por la señora MARTHA DUARTE LEAL contra el Juzgado Noveno (9º) Administrativo del Circuito de Bogotá, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

I. Antecedentes

1. Pretensiones.

La señora Martha Duarte Leal, en nombre propio, ejerció acción de tutela contra el Juzgado Noveno Administrativo de Bogotá, por considerar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“1.- Declarar la procedencia de la presente acción de Tutela instaurada contra el Juzgado 9 Administrativo de Cricuito (sic) y juez ad hoc Ramiro Borja Ávila, ordenando que se dicte la sentencia que en derecho corresponda, dentro del término que el señor Magistrado considere lógica, proporcional y racional, sumada la mora en que se ha incurrido en mi caso.

2.- Declarar mi estado de protección especial y debilidad manifiesta, ante la discapacidad declarada, para la asignación conocimiento y fallo de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, evitando futuras moras de 8 a 10 años, pues el próximo 14 de marzo se cumplen 7 años desde la presentación de la demanda, lo cual no tendría razonabilidad ni proporcionalidad y seguiría violando mis derechos de acceso a la administración de justicia, debido proceso e igualdad. Expediente 11001333100920080012900”.

2. Hechos.

Se advierten como hechos relevantes, los siguientes:

El 14 de marzo del 2008, la señora Martha Duarte Leal radicó acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Fiscalía General de la Nación.

El proceso le correspondió al Juzgado Noveno Administrativo de Bogotá, no obstante este despacho judicial y todos los juzgados administrativos de la Sección Segunda de Bogotá se declararon impedidos para conocer del asunto por tener interés directo, de conformidad con lo señalado en el artículo 160A del Código Contencioso Administrativo.

El 11 de enero del 2011, el expediente se remitió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, en providencia del 11 de abril del 2013, nombró un juez ad hoc, para que conociera el asunto.

El 31 de julio del 2013, se profirió auto admisorio de la demanda y el 6 de diciembre del mismo año se fijó en lista por el término de 10 días.

El 16 de mayo del 2014, se corrió traslado de las excepciones propuestas por la demandada.

Mediante auto del 3 de julio del 2014, se decretaron las pruebas correspondientes y se ofició a la Fiscalía General de la Nación para que allegara unos documentos.

El 5 de septiembre del proceso ingresó al despacho una vez venció el término de pruebas, sin respuesta de la Fiscalía, luego, el 22 de enero del 2015 se profirió auto nuevamente oficiando a la demanda para que allegara lo correspondiente.

La actora aseguró que la autoridad judicial demandada le vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, por mora judicial injustificada, pues han transcurrido más de 6 años desde que se interpuso la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y no se ha proferido sentencia.

3. Oposición.

El doctor Ramiro Borja Ávila, juez ad hoc, informó cada una de las actuaciones que se le ha dada al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de justificar que no se ha presentado negligencia en el caso de la señora Duarte Leal.

Advirtió que actualmente el proceso se encuentra en pruebas porque si bien es cierto la Fiscalía General de la Nación no ha aportado los documentos que se requieren la demandante no ha desistido de la prueba, lo que hace que el trámite no continúe.

4. Providencia impugnada.

La Sección Segunda, Subsección D del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, negó el amparo solicitado, pues consideró que el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho tuvo retraso desde el 2008 y hasta el 2013, mientras se definía la manifestación de impedimento, no obstante, cuando el conjuez asumió el conocimiento le ha dado el trámite correspondiente y no ha dejado transcurrir más de dos meses sin proferir algún auto.

5. Impugnación.

La actora impugnó la anterior decisión y no expuso argumento alguno.

II. Consideraciones de la Sala

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1º establece: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Caso concreto

La señora Martha Duarte Leal solicitó la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, que considera vulnerados por el Juzgado Noveno Administrativo de Bogotá y el juez ad hoc, por haber incurrido en mora judicial injustificada.

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la actora contra la sentencia del 2 de febrero del 2015, proferida por la Sección Segunda, Subsección D del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

La inconformidad de la demandante radica en el tiempo que ha transcurrido desde que se radicó la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, 14 de marzo del 2008, y hasta la fecha, pues no se ha proferido sentencia de primera instancia.

Al respecto, se debe analizar si se ha presentado mora judicial, circunstancia que ha sido definida como “la conducta dilatoria del juez para resolver un proceso judicial, [que] constituye violación del debido proceso y un obstáculo para la administración de justicia cuando el juzgador desconoce los términos legales y el retraso carece de un motivo probado y razonable”(1).

Sobre el particular, la Corte Constitucional, en Sentencia T-1154 de 2001 indicó que “a fin de que proceda la acción de tutela, es indispensable que determinada dilación o mora judicial sean injustificadas, pues el mero incumplimiento de los términos dentro de un proceso, no constituye per se una violación al debido proceso, salvo que el peticionario se encuentre ante un perjuicio irremediable. Así entonces, la mora judicial solo se justifica si la autoridad correspondiente, a pesar de actuar con diligencia y celeridad, se encuentra ante situaciones "imprevisibles e ineludibles", tal como, el exceso de trabajo, que no le permitan cumplir con los términos señalados por la ley. De lo expuesto se concluye que constituye una violación de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, aquella denegación o inobservancia de los términos procésales que se presenten sin causa que las justifiquen o razón que las fundamenten”.

Ello significa que no existe mora judicial por el solo transcurso del tiempo, sino que esta debe ser injustificada, debe estar probada la negligencia de la autoridad judicial demandada y que sea probable la existencia de un perjuicio irremediable. Si por el contrario, la actuación de los falladores de instancia es célere y diligente, pero por circunstancias imprevisibles no es posible dar cumplimiento a los términos judiciales, tampoco se configura la alegada mora judicial.

De acuerdo con el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, las autoridades judiciales deben dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que ingresen los expedientes al despacho para tal fin, sin que dicho orden pueda alterarse, salvo contadas excepciones expresamente definidas por la ley, esto es, en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal y, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público debido a la importancia jurídica y la trascendencia social.

Así mismo, el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, que adicionó el artículo 36A a la Ley 270 de 1996, señala algunas excepciones al orden de prelación y turnos, en los siguientes términos:

“Cuando existan razones de seguridad nacional o para prevenir la afectación grave del patrimonio nacional, o en el caso de graves violaciones de los derechos humanos, o de crímenes de lesa humanidad, o de asuntos de especial trascendencia social, las salas especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las salas, secciones o subsecciones del Consejo de Estado, la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura o la Corte Constitucional, señalarán la clase de procesos que deberán ser tramitados y fallados preferentemente. Dicha actuación también podrá ser solicitada por el Procurador General de la Nación.

Igualmente, las salas o secciones de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura podrán determinar motivadamente los asuntos que por carecer de antecedentes jurisprudenciales, su solución sea de interés público o pueda tener repercusión colectiva, para que los respectivos procesos sean tramitados de manera preferente.

Los recursos interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, cuya resolución íntegra entrañe solo la reiteración de jurisprudencia, podrán ser decididos anticipadamente sin sujeción al orden cronológico de turnos.

Las salas especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las salas o las secciones del Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura; las salas de los tribunales superiores y de los tribunales contencioso-administrativos de distrito podrán determinar un orden de carácter temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia; para el efecto, mediante acuerdo, fijarán periódicamente los temas bajo los cuales se agruparán los procesos y señalarán, mediante aviso, las fechas de las sesiones de la Sala en las que se asumirá el respectivo estudio.

PAR. 1º—Lo dispuesto en el presente artículo en relación con la jurisdicción delo contencioso administrativo se entenderá sin perjuicio de lo previsto por el artículo18 de la Ley 446 de 1998”.

Es decir, solo puede modificarse el turno de los expedientes que están a despacho para fallo en los eventos descritos anteriormente, circunstancia que el sub examine no se enmarca, pues consultado el software de gestión de la Rama Judicial, se observa que el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001333100920080012900, en el que la actora obra como demandante contra la Fiscalía General de la Nación, tiene las siguientes actuaciones:

Actuaciones del proceso

Fecha de actuaciónActuaciónAnotaciónFecha inicia términoFecha finaliza términoFecha de registro
22 ene 2015Notificación por estadoActuación registrada el 22/01/2015 a las 17:15:19.26 ene 201526 ene 201522 ene 2015
22 ene 2015Auto   22 ene 2015
05 sep 2014Al despachoVencido término, sin respuesta de la Fiscalía.  05 sep 2014
21 ago 2014Oficio tramitadoFiscalía General de la Nación  21 ago 2014
14 ago 2014Oficio pruebasOfc 1143 a la Fiscalía General de la Nación  14 ago 2014
03 jul 2014Notificación por estadoActuación registrada el 03/07/2014 a las 16:25:43.07 jul 201407 jul 201403 jul 2014
03 jul 2014Auto decretando pruebas   03 jul 2014
05 jun 2014Al despachoVencido término, descorre traslado de excepciones en tiempo a fl. 254 y ss.  05 jun 2014
22 may 2014Recibe memorialesAllega traslado de excepciones...DPMB  22 may 2014
16 may 2014Notificación por estadoActuación registrada el 16/05/2014 a las 14:43:42.20 may 201420 may 201416 may 2014
16 may 2014Auto de trasladoCorre traslado de las excepciones de de (sic) caducidad y prescripción a la parte demandada  16 may 2014
12 may 2014Recibe memorialesAllega copia de sentencia...DPMB  12 may 2014
02 may 2014Recibe memorialesDevolución de expediente...DMAT  02 may 2014
01 abr 2014Oficio respondiendoOfc 323 de fecha 28 de marzo de 2014 al consejo superior de la judicatura - Remite copias del expediente  01 abr 2014
07 feb 2014Al despachoCumplida la fijación lista, vencido término de traslado con presentación de alegatos de conclusiones por la Fiscalía General de la Nación.  07 feb 2014
18 dic 2013Recibe memorialesAllega Fiscalía Gral. de la Nación alegatos de conclusión.....NCHP...  18 dic 2013
12 dic 2013Oficio tramitadoRepresentante legal Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado  12 dic 2013
06 dic 2013Fijación en lista 10 díasEn cumplimiento a lo dispuesto por auto del 05 de nov de 2013.09 dic 201314 ene 201406 dic 2013
06 dic 2013Oficio remisorioOfc 2335 a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado  06 dic 2013
25 nov 2013Notificación por estadoActuación registrada el 25/11/2013 a las 08:36:51.27 nov 201327 nov 201325 nov 2013
25 nov 2013Auto admite demandaDando cumplimiento a lo ordenado por auto del 05/11/2013, se notifica por estado el auto admisorio de la demanda del 31 de julio de 2013.  25 nov 2013
05 nov 2013Notificación por estadoActuación registrada el 05/11/2013 a las 17:06:42.07 nov 201307 nov 201305 nov 2013
05 nov 2013Auto   05 nov 2013
28 oct 2013Informe secretarialActa de entrega expediente al Dr. Ramiro Borja Avila - juez ad hoc para lo de su competencia.  28 oct 2013
28 oct 2013Al despachoVencido término, con contestación demanda por la Fiscalía General de la Nación a fl. 162; descorre traslado de las excepciones a fl. 196 y ss.  28 oct 2013
22 oct 2013Recibe memorialesDescorre traslado de excepciones/ VLAC  22 oct 2013
16 oct 2013Traslado de excepciones 18 oct 201324 oct 201316 oct 2013
16 oct 2013Fijación en listaTraslado excepciones17 oct 201317 oct 201316 oct 2013
10 oct 2013Recibe memorialesAllega contestación de demanda/ VLAC  10 oct 2013
26 sep 2013Por avisoProcuraduría General de la Anción (sic) - Dra. Luisa Fernanda Gomez Hernandez - Procuradora 194 judicial administrativo  26 sep 2013
26 sep 2013Fijación en lista 10 díasCorre traslado de la demanda27 sep 201310 oct 201326 sep 2013
25 sep 2013Oficio tramitadoRepresentante legal o su delegado - Fiscalía General de la Nación  25 sep 2013
25 sep 2013Por avisoFiscalía General de la Nación, representante legal o su delegado  25 sep 2013
24 sep 2013Oficio tramitadoProcuradora 194 judicial administrativo  24 sep 2013
24 sep 2013Oficio tramitadoJefe de personal - Fiscalía General de la Nación  24 sep 2013
20 sep 2013Notificación en tramiteN 21601  20 sep 2013
20 sep 2013Notificación en tramiteN 21600  20 sep 2013
20 sep 2013Oficio requiriendoOfc 2060 a la Fiscalía - Jefe de personal  20 sep 2013
20 sep 2013Enviado a notificarOfc 2061 al a Procuraduría y ofc 2068 a la Fiscalía General de la Nación  20 sep 2013
12 sep 2013Recibe memorialesAllega consignación gastos procesales.....NCHP..  12 sep 2013
02 sep 2013Auto de obedézcase y cúmplase   02 sep 2013
27 ago 2013Al despachoRemitido por la oficina de apoyo para adelanta tramite ordenado por el juz (sic) ad hoc nombrado por el tribunal  27 ago 2013
23 may 2008Acepta impedimentoFecha salida:23/05/2008,oficio:2008-695 enviado a: - 010 - circuito - juzgado administrativo - Bogotá  23 may 2008
14 may 2008Notificación por estadoActuación registrada el 14/05/2008 a las 11:47:34.16 may 200816 may 200814 may 2008
14 may 2008Manifiesta impedimento   14 may 2008
12 may 2008Al despacho por reparto   12 may 2008
14 mar 2008Reparto y radicaciónReparto y radicación del proceso realizadas el viernes, 14 de marzo de 200814 mar 200814 mar 200814 mar 2008

La Sala advierte que si bien es cierto entre el 2008 y el 2013, dentro del trámite de nulidad y restablecimiento del derecho existió mora judicial, en el entendido que durante ese periodo no se profirió providencia alguna respecto de la controversia, esta situación tiene justificación suficiente, pues todos los jueces administrativos de Bogotá que pertenecen a la Sección Segunda, que conoce de asuntos laborales, se declararon impedidos por tener interés directo en el resultado del proceso.

Ahora bien, de conformidad con lo señalado en el artículo 160A del Código Contencioso Administrativo(2), el 14 de mayo del 2008, el Juez Noveno Administrativo de Bogotá se declaró impedido y remitió el expediente al juez que seguía en turno, quien también se declaró impedido e hizo el mismo procedimiento y así sucesivamente hasta que se declararon impedidos todos los jueces administrativos.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca conoció de los impedimentos y mediante auto del 11 de abril del 2013 los declaró fundados y nombró un juez ad hoc.

En ese orden de ideas, la demora se presentó por una situación excepcional y en cumplimiento de la normativa, luego, desde que el juez ad hoc asumió el conocimiento del asunto ha agotado cada una de las etapas en tiempo prudencial, así pues no se vulneraron los derechos fundamentales invocados por la actora.

Por las razones expuestas, esta Sala confirmará el fallo del 2 de febrero del 2015, proferid[o] por la Sección Segunda, Subsección D del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta, Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

1. CONFÍRMASE la providencia del 2 de febrero del 2015, proferida por la Sección Segunda, Subsección D del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

2. Envíese el expediente a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

3. Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

Magistrados: Martha Teresa Briceño De Valencia, Presidenta De La Sección—Hugo Fernando Bastidas Bárcenas—Carmen Teresa Ortiz De Rodríguez—Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

(1) Sentencia del 11 de octubre de 2012, Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado. Exp. 2012-00052-01(AC).

(2) “ART. 160 A.—Para el trámite de los impedimentos se seguirán las siguientes reglas:
1. El juez administrativo en quien concurra alguna de las causales de que trata el presente artículo, deberá declararse impedido cuando advierta su existencia, expresando los hechos en que se fundamenta, en escrito dirigido al juez que le siga en turno para que resuelva de plano si es o no fundado el impedimento y, en caso positivo, asumirá el conocimiento del asunto, si lo considera infundado, lo devolverá para que aquel continúe el trámite. Si se trata de juez único, ordenará remitir el expediente al correspondiente tribunal para que decida si el impedimento es fundado, caso en el cual designará el juez ad hoc que lo reemplace. En caso contrario, devolverá el expediente para que el mismo juez continúe el trámite del proceso.
(…)”.