Sentencia 2015-00343/4145-2015 de noviembre 17 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCION B

Consejera ponente:

Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez

Expediente: 680012333000 201500343 01 (4145-2015)

Medio de Control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Carmen Cecilia Herrera Stella

Demandado: Nación - Mineducación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Departamento de Santander.

Trámite: Ley 1437 de 2011

Asunto: Recurso de apelación contra el auto que rechazó la demanda al considerarse que no fue corregida como lo señaló el a quo.

Bogotá D. C., diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis.

Extractos: «Consideraciones.

Competencia.

De conformidad con el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 615 de la Ley 1564 de 2012, esta corporación es competente para decidir el recurso de apelación contra el auto que rechazó la demanda.

Ahora, el recurso de apelación es procedente contra el auto que rechaza la demanda, según las previsiones del artículo 243 ibídem. Entonces, siendo competente la Corporación y proceder el recurso de apelación que se interpuso en este asunto contra el auto que rechazó la demanda, se procede a su estudio y decisión.

El Problema Jurídico.

En el presente caso, el problema jurídico que se debe resolver por la Sala consiste en establecer si la demanda reúne los requisitos de forma contemplados en el artículo 162 de la Ley 1437 de 2011 y si la falta de alguno de ellos conduce a la inadmisión y su posterior rechazo, en caso de no corregirse.

Igualmente, se observa que hay un problema jurídico asociado que tiene que ver con lo aducido en la providencia recurrida en cuanto a que el medio de control no es el de nulidad y restablecimiento del derecho sino el de reparación directa ante lo cual el apelante no está de acuerdo.

A efectos de resolver el problema jurídico planteado, en primer lugar, se analizará la normatividad que regula los requisitos que debe tener toda demanda que se presente ante la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo; y, en segundo lugar, se revisará el punto relacionado con el medio de control idóneo para el caso concreto.

La normativa que regula los requisitos de la demanda.

Los requisitos de forma de toda demanda que se presente ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, se regulan en el título III, artículo 162 de la Ley 1437 de 11 de enero de 2011, por medio de la cual se adoptó el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, así:

“ART. 162.—Contenido de la demanda. Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá:

1. La designación de las partes y de sus representantes.

2. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado, con observancia de lo dispuesto en este mismo Código para la acumulación de pretensiones.

3. Los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados.

4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación.

5. La petición de las pruebas que el demandante pretende hacer valer. En todo caso, este deberá aportar todas las documentales que se encuentren en su poder.

6. La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia.

7. El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las notificaciones personales. Para tal efecto, podrán indicar también su dirección electrónica”.

Igualmente, existen requisitos que están contemplados en otras disposiciones de la misma ley, como los artículos 159, 161, 163, 164, 166 que tienen que ver con la capacidad, representación y derecho de postulación, procedibilidad, oportunidad para presentar la demanda, aportar copia del acto acusado, respectivamente; los cuales, se deben interpretar de manera sistemática y concluir si la demanda debe ser tramitada o es necesario que el interesado la ajuste a los requerimientos normativos, sin que tal circunstancia se convierta en una revisión mecánica de confrontar el escrito con la norma para luego adoptar la decisión de inadmitirla y sin estudiar el fondo de lo que se pretende, se proceda a rechazarla de manera automática.

Lo regulado por la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, es lo mínimo que una demanda presentada ante esta jurisdicción debe contener y no está permitido al juez exigir más requisitos de los que la ley establece. Así mismo, el juez está en el deber constitucional y legal de interpretarla y con ello establecer qué es lo que el ciudadano pretende con la interposición del medio de control. No se debe olvidar que con la expedición del nuevo código, se adoptaron y consagraron los principios contenidos en la Constitución Política, en cuyo artículo 228, se prevé que en las actuaciones de la administración de justicia prevalecerá el derecho sustancial, lo que significa que la formalidad quedó proscrita en el trámite de los procesos judiciales. Igualmente, se debe tener presente lo previsto por el artículo 103 de la Ley 1437 de 2011, sobre la aplicación de los principios constitucionales en el trámite del proceso contencioso administrativo.

Dentro de los principios de la administración de justicia se encuentra el de prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal con la finalidad de garantizar que los funcionarios judiciales al aplicar las normas que regulan los procedimientos no obstaculicen la realización del derecho de los ciudadanos. Si bien es cierto que las formalidades o ritualidades hacen parte de todo proceso judicial también lo es que las mismas han sido establecidas por la Constitución y la ley para garantizar el debido proceso y que se respeten los derechos. La aplicación de las normas atendiendo únicamente su texto o aplicándolas de manera mecánica hace que se incurra en un exceso manifiesto, violatorio del debido proceso y un impedimento para que el usuario acceda a la administración de justicia. Se debe tener en cuenta que el fin primordial de la actividad jurisdiccional y por ende del proceso es la realización y protección de los derechos consagrados en abstracto por el derecho objetivo y, por tanto, la solución del conflicto. El proceso se debe entender como el medio para el reconocimiento del derecho.

Además, se debe tener en cuenta que la determinación de los requisitos y anexos de la demanda, lo mismo que la consecuencia procesal de su inobservancia, es competencia del legislador; y en materia de lo contencioso administrativo están consagrados en los artículos 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 y 167 de la Ley 1437 de 2011.

En tal virtud, al momento de estudiar la inadmisión o admisión de la demanda, el Juez debe ajustar el análisis a los parámetros que señalen las normas, sin que sea posible exigir requisitos adicionales, pues, de esa manera, se trasgreden principios constitucionales como el debido proceso, el derecho de acción y el acceso a la administración de justicia que tiene todo ciudadano.

Sobre la inadmisión y rechazo de la demanda, el Consejo de Estado(9) ha señalado lo siguiente:

“(...) Por otra parte también debe dejarse en claro que la apelación del auto que rechaza una demanda conlleva también la impugnación contra la providencia que inadmitió la demanda inicialmente en concordancia con lo dispuesto por el inciso final del artículo 85 del Código de Procedimiento Civil. Adicional a las normas procedimentales que rigen el trámite de los procedimientos contenciosos administrativos, el Despacho precisa que al momento de su interpretación y aplicación el funcionario judicial no sólo debe remitirse a ellas sino que en su razonamiento debe acudir a las normas constitucionales y de orden supraconstitucional, donde se enfatiza en la Convención Americana de Derechos Humanos y la doctrina desarrollada a partir de ella por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Lo anterior en razón a que ya es un lugar común sostener que el Juez Administrativo no es un mero ejecutor formal de las normas legales sino que en razón al rol funcional que desempeña dentro del Estado Social de Derecho, es su obligación, antes que nada, ser garante de la corrección constitucional en la interpretación y aplicación de las normas legales, al igual que ejercer, ex oficio, el control de convencionalidad que se le impone en razón a la fuerza vinculante de los tratados de Derechos Humanos y su doctrina. Esto se trae a colación en razón a la naturaleza fundamental que ostenta el acceso a la administración de justicia, derivado en nuestro ordenamiento constitucional a partir de los artículos 294, 228 y 229 y en el orden internacional en los artículos 87 y 258 de la Convención, el cual no se agota en una perspectiva formal, como es la creación de recursos judiciales y un aparato institucional encargado de su conocimiento, sino que también incluye una connotación sustantiva, que lleva a este Despacho a precisar que en materia de aplicación de normas procedimentales que impliquen cargas o actuaciones procesales a las partes, estas deben ser interpretadas con carácter restrictivo teniendo en consideración la finalidad objetiva que con ellas se persigue, en términos de la jurisprudencia constitucional:

“Las particularidades de los procesos deben estar dirigidas a asegurar la prevalencia del derecho sustancial, el principio de eficacia de los derechos y la protección judicial efectiva. De allí, que sean entendidas como constitucionales justamente, las normas procesales que tienen “como propósito garantizar la efectividad de los derechos” y su eficacia material, y que además propendan por la optimización de los medios de defensa de las personas. Tal efectividad resulta ser entonces un principio y una garantía que debe ser asegurada por las disposiciones procesales fijadas por el legislador”. Y por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que la exigencia de garantías judiciales en un proceso se materializa siempre que “se observen todos los requisitos que “sirv[a]n para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho”, es decir, las “condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial” y comentando el artículo 25 de la Convención señaló que “La existencia de esta garantía “constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención”; se trata de un campo fértil para la incorporación de los estándares de la jurisprudencia interamericana en materia de Derechos Humanos al interior de los procesos judiciales por vía del control de convencionalidad, como lo pone de presente Brewer - Carías: (...)

“(...) Encuentra pertinente el Despacho agregar con ocasión del caso sub lite, que le está proscrito a los operadores judiciales establecer cualquier clase de trabas de hecho que alteren o haga nugatorio el derecho de acción de quien acude a la jurisdicción, se trata de erradicar prácticas malsanas arraigadas en el ámbito de la práctica judicial tales como exigir a los apoderados judiciales que los escritos que radiquen se presenten debidamente foliados, ordenados de cierta manera o cualquier otra exigencia que no se encuentre contemplada en la Ley, pues, sencillamente constituye una violación al derecho de todo ciudadano de acudir a la jurisdicción (...). (Se resaltó):

La Corte Constitucional(10), sobre el mismo asunto ha señalado:

“...Por consiguiente, el acceso a la justicia y los procedimientos que lo desarrollan, deben “cumplirse a partir de un criterio de interpretación sistemática, que obligue al operador a fijar su alcance consultando los principios, derechos y garantías, que consagra la Constitución Política, los cuales, como es sabido, constituyen a su vez la base o punto de partida de todo el ordenamiento jurídico.

En este punto resulta entonces relevante, la referencia consagrada en el artículo 228 de la Carta, sobre la prevalencia del derecho sustancial sobre la forma, en la medida en que la interpretación que se haga de las normas procesales que consolidan el acceso a la justicia, en virtud de este principio, debe entenderse “en el sentido que resulte más favorable al logro y realización del derecho sustancial, consultando en todo caso el verdadero espíritu y finalidad de la ley”.

Como se observa de las providencias citadas, no es de ahora que se afirme y se reitere que el derecho sustancial debe prevalecer sobre la forma. Este es un principio que desde la redacción del artículo 4º del Código de Procedimiento Civil imponía al juez que en la interpretación de la ley procesal debía tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. Lo anterior, se ratificó al promulgarse la Constitución de 1991, en cuyo artículo 228, con más precisión y por supuesto eficacia, dijo que la Administración de Justicia es una función pública y sus decisiones son independientes, por tanto, las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley, y ellas deben prevalecer el derecho sustancial.

Del caso concreto frente a los requisitos de la demanda.

En este punto, la Sala se permite examinar el escrito de la demanda para establecer si ella cumple con las exigencias mínimas que ha dispuesto la ley para su presentación ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, esto es, los requisitos consagrados en el artículo 162 de la Ley 1437 de 2011.

Pues bien, del texto de la demanda confrontado con cada una de las disposiciones del artículo citado, se observa que guarda completa relación con los requisitos allí exigidos, esto es, se encuentra dirigida al Tribunal competente, se designaron las partes y sus representantes, lo que se demanda está expresado con claridad y precisión, se narraron los hechos, se señalaron las normas violados y el concepto de violación, hay petición de pruebas, se estimó la cuantía y se indicó el lugar y la dirección donde las partes reciben notificaciones.

Ahora, en cuanto a los fundamentos de derecho de las pretensiones ante lo cual el a quo manifestó inconformidad en su providencia, se observa un capítulo en la demanda que se denominó “fundamentos de derecho de las pretensiones”, en donde se señalan unas normas violadas que tienen relación con la situación fáctica y también se expresa el concepto de la transgresión(11). Por tanto, el escrito cumple con los requerimientos de la ley en este aspecto.

Y en lo relacionado con el requisito previsto en el numeral 6º del artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, la actora señala una cuantía frente a los perjuicios patrimoniales y morales y, además, expresa las razones por las cuales determina los montos allí consignados, por ende, también se cumple el requisito de la norma indicada.

Igualmente, se observa que se inadmitió para que la demandante corrigiera dichos aspectos y se le concedió el término de 10 días, dentro de los cuales se procedió a efectuar las correcciones señalas(sic) en el Auto de 22 de junio de 2015(12).

Se concluye de lo anterior que la demanda se debió admitir, pues ella cumple con los requisitos mínimos establecidos en la ley y, además, no se debe olvidar que el juez posee amplias facultades para interpretar lo que pretende el ciudadano que acude a la administración de justicia a solicitar la protección de sus derechos que considera conculcados por la administración. Se debe precisar que el requisito relacionado con la estimación razonada de la cuantía tiene por finalidad establecer quién es el competente para conocer el asunto; y en el sub lite, lo señalado en el escrito de corrección es suficiente para determinar dicha competencia, la cual está radicada en el Tribunal.

Así, pues, frente a los requisitos de la demanda, la actora cumplió la obligación de señalarlos, por tanto, el cargo formulado al auto que la rechazó tiene prosperidad y, en consecuencia, se revocará y se ordenará la devolución del expediente al tribunal de origen para que provea sobre su admisión.

El punto relacionado con el medio de control.

El a quo en el auto de 22 de junio de 2015 a través del cual inadmitió la demanda manifestó que si bien las normas invocadas como violadas indican el incumplimiento de las relacionadas con la salud ocupacional y que contienen deberes para el empleador, tales normas estructuran la culpa de éste pero basándose en la enfermedad profesional que da lugar a una indemnización, por tanto, dice, es necesario la exigencia de estipular cuáles son las normas que se desconocen.

En seguida dice que de lo contrario como se ha manejado en casos similares, si lo pretendido es la indemnización plena derivada de la culpa del empleador por un daño antijurídico con independencia de que el hecho dañino se hubiere producido con ocasión del desempeño laboral, el medio de control sería el de reparación directa y no el de nulidad y restablecimiento del derecho.

Ahora, en el Auto de 5 de agosto de 2015, el Tribunal de primera instancia consideró que la demandante esgrimió un concepto de violación tendiente a estructurar la culpa del empleador por presuntas omisiones en los deberes que imponen las normas de salud ocupacional y que no se señaló un concepto de la violación que se refiera específicamente al acto administrativo cuya nulidad se pretende, de lo cual, la Sala infiere que aunque de manera expresa no se dice en esta providencia que el medio de control debe ser el de reparación directa, al analizar tanto el Auto que la inadmitió como el que la rechazó, se está argumentando que el medio de control no sería el de nulidad con restablecimiento del derecho sino el de reparación directa.

Para dilucidar este punto de la controversia, se procederá al estudio de las disposiciones de la Ley 1437 de 2011 que consagra los medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho y reparación directa.

El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho se consagró en el artículo 138 ibídem, de la siguiente manera:

“ART. 138.—Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.

Como se observa de la lectura de la norma, el objeto del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es la protección de un derecho subjetivo que se encuentre amparado por una norma jurídica, para lo cual se podrá pedir el restablecimiento del derecho presuntamente conculcado con la expedición de un acto administrativo, y para el efecto se solicitará su anulación y como consecuencia que se restablezca el derecho. La disposición también señala que se puede solicitar la reparación del daño.

En relación con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la corporación(13) ha dicho lo siguiente:

“...En la parte segunda del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo título III, el Legislador se ocupó de los diferentes medios de control ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, entre otros, en el artículo 137 desarrolló el de nulidad, previsto para censurar actos administrativos de carácter general, sin perjuicio de que “si de la demanda se desprendiere que se persigue el restablecimiento automático de un derecho, se tramitará conforme a las reglas del artículo siguiente”; mientras que en el artículo 138 reguló el medio de nulidad y restablecimiento del derecho para que los lesionados en un derecho subjetivo obtuvieran además de la nulidad del acto, el restablecimiento de sus derechos y la reparación del daño causado por la decisión anulada; eventos estos en los que el proceso se adelanta conforme con el procedimiento ordinario previsto por los artículos 179 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

(...) El artículo 171 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al igual que lo hace el 86 del Código de Procedimiento Civil (ahora artículo 90 del CGP), autoriza al juez para que adecue el trámite de la demanda cuando la parte actora haya señalado una vía procesal inadecuada, para lo cual naturalmente deberá examinar el contenido y finalidad de las pretensiones y del objeto mismo de la demanda. La adecuación del medio de control a las pretensiones de la demanda es un asunto que corresponde establecer de acuerdo con criterios objetivos fijados por la ley, en salvaguarda de la seguridad jurídica, sin que se permita a los demandantes optar por el que más les convenga para eludir cargas procesales o el propio término de caducidad.

“(...) El cambio introducido con la reciente Ley 1437 de 2011 ya ha sido objeto de análisis por la comunidad jurídica, por cuanto ya no constituye una carga para quien acude a la administración de justicia el señalamiento del medio de control, sino a esta misma determinarlo, razón por la que no podrá haber decisiones inhibitorias con fundamento en una “indebida escogencia de la acción” (hoy medio de control), pero este avance, por demás afortunado y garantista, no reduce la preponderancia de su aplicación, en tanto es el operador jurídico, sobretodo quien recibe de primera vez el escrito de postulación, el llamado a direccionar en forma acorde a derecho el medio de control pertinente a las necesidades del actor, así que su causa petendi y su formulación pretensional darán las pautas y los límites al juez para encausar su proceso (...).

Por su parte, la esencia de otro de los medios de control como lo es la nulidad y el restablecimiento del derecho está determinada porque ese restablecimiento es pretensión consecuencial a la declaratoria de nulidad del acto administrativo, encontrándose en éste un criterio finalístico consistente en que el propósito expreso, mediante la formulación pretensional, o tácito, a través de la inferencia que el operador jurídico haga, permite concluir que en el trasfondo hay una necesidad o utilidad de quien demanda de restablecer el derecho que considera vulnerado por el acto que ha sido o se declarará nulo, lleva ínsito un interés particular y concreto: Pero ese restablecimiento deprecado o de carácter automático debe corresponder en forma directa al resarcimiento del derecho ínsito y directo y sin elucubración o suposición en la materia que contiene el acto administrativo cuya presunción ha sido quebrada mediante la declaratoria de nulidad. (...)

Se concluye entonces lo siguiente: i) Dónde se mira el restablecimiento del derecho: a) en la pretensión en forma expresa; b) en la pretensión en forma tácita, el llamado restablecimiento automático “si se desprendiere que se persigue” y c) que la sentencia a adoptar evidencie su producción o generación cuando se trate de la nulidad y restablecimiento respecto de actos generales. En este último evento debe interpretarse desde el hipotético y a futuro, en tanto la forma como quedó redactada la norma, determina que la decisión ha sido adoptada en sentencia, pero el análisis sobre si procede o no el medio de control es una de las precisiones iniciales en el proceso, ii) Qué determina que sea objeto de restablecimiento del derecho: la modificación introducida por el nuevo Código resulta relevante a fin de determinar quién está legitimado para incoar la nulidad y el restablecimiento del derecho. Actualmente, aunque parece sutil la modificación que introdujo el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, se advierte de gran importancia, en tanto la lesión del derecho a restablecer recae sobre un derecho subjetivo, calificativo que antes no traía el antiguo artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, que sólo disponía: “...se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica”. Para la Sala el margen de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho se ha reducido a legitimar por activa a quien es detentador del derecho subjetivo (margen restrictivo CPACA y ya no de cualquier derecho amparado en norma jurídica (margen amplio CCA). (...)” (Se resaltó)

Conforme a lo anterior, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es claro y preciso en cuanto a señalar qué se pretende con él y cuál es su objeto, de tal manera que no puede ser confundido con ninguno de los otros consagrados en la Ley 1437 de 2011.

Ahora, en el artículo 140 ibídem, se consagró el medio de control de reparación directa que es del siguiente tenor:

“ART. 140.—Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado.

De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma.

Las entidades públicas deberán promover la misma pretensión cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública.

En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño.

Este medio de control se consagró para obtener la reparación de un daño antijurídico, en los términos del artículo 90 superior, en los casos en que aquél se origine o se produzca por la acción u omisión de los agentes del Estado, quien responde cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de un inmueble por trabajos públicos imputables a una entidad pública o a un particular que hubiese obrado siguiendo instrucciones de la misma.

La misma disposición prevé que las entidades públicas promoverán la misma pretensión cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública; y, finalmente dice que en todos los casos en que estén involucrados particulares y entidades públicas, la sentencia debe determinar la proporción por la que debe responder cada una de ellas, de acuerdo con la influencia causal en el hecho o la omisión en la ocurrencia del daño.

En relación con este medio de control, la Corte Constitucional(14) al resolver la demanda de inconstitucionalidad de la expresión “o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma”, contenida en el artículo 140 de la Ley 1437 de 2011, definió el medio de control de reparación directa señalando lo siguiente:

“...La reparación directa es una acción de naturaleza subjetiva, individual, temporal y desistible, a través de la cual la persona que se crea lesionada o afectada (...) podrá solicitar directamente ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo que se repare el daño causado y se le reconozcan las demás indemnizaciones que correspondan. Se trata de una típica acción tendiente a indemnizar a las personas con ocasión de la responsabilidad extracontractual en que pudo incurrir el Estado. En el análisis jurídico de la acción de reparación directa opera el principio iura novit curia, en la medida que a la persona interesada no le corresponde presentar las razones jurídicas de sus pretensiones, sino simplemente relatar los hechos, omisiones, operación u ocupación, para que el juez administrativo se pronuncie con base en el derecho aplicable al caso (...)

La acción de reparación directa es procedente para demandar la reparación del daño que deriva de un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos —o por cualquiera otra causa—, siempre que esta última no consista en un acto administrativo, porque cuando éste es fuente de un daño, la ley prevé expresamente como acción pertinente la de nulidad y restablecimiento del derecho...”. (Se resaltó).

Como se observa de la lectura de lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley 1437 de 2011, como de lo señalado por la jurisprudencia, el medio de control de reparación directa es de naturaleza subjetiva, individual, temporal y desistible con el cual una persona lesionada puede solicitar de manera directa la reparación del daño inferido y que se le reconozcan las demás indemnizaciones a que hubiere lugar. Además, este medio de control procede para demandar la reparación del daño que se derive de un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos, así como por cualquiera otra causa, siempre que esta última no consista en un acto administrativo, porque cuando éste es la fuente del daño, la ley previó expresamente el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Así lo ha señalado la jurisprudencia que se citó en precedencia. Teniendo en cuenta lo anterior, es decir, el objeto y características de cada uno de los medios de control referidos anteriormente, la Sala procede en seguida al análisis del caso concreto frente a lo indicado por el a quo en sus autos del Tribunal y lo manifestado por el apelante.

El caso concreto frente al medio de control procedente.

En este caso, se observa que la demandante dirigió derecho de petición a la entidad demandada con la finalidad de obtener una indemnización por haber adquirido una enfermedad de origen laboral, la cual estima en la cuantía de 130 mesadas liquidadas con el último salario devengado, así como el pago de unos perjuicios sicológicos en el monto de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Igualmente, la demandante solicitó a la parte demandada que le reconociera, a título de perjuicios de orden fisiológico por la enfermedad profesional, la cantidad de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por los presuntos perjuicios de orden fisiológico.(15)

La entidad demandada dio respuesta al derecho de petición a través del oficio demandado, esto es, el 0.3.0.4.3.4343.14 de 25 de agosto de 2015 y negó el reconocimiento y pago de las indemnizaciones solicitada(16), contra esta decisión se inició el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo de Santander.(17)

De lo anterior, se deduce claramente que el medio de control interpuesto en este caso no puede ser el de reparación directa corno lo señala el Tribunal de primera instancia sino el de nulidad y restablecimiento del derecho del artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, pues, se trata de la impugnación de un acto administrativo que presuntamente vulnera el derecho subjetivo de la actora a percibir la indemnización por haber adquirido una enfermedad en el desarrollo de su labor como docente; no se trata, entonces, y atendiendo las voces del artículo 140 ibídem, de una daño antijurídico que se hubiese originado o producido por la acción u omisión de los agentes del Estado y como consecuencia de un hecho, una omisión, una operación administrativa o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular. Además, la ley consagró el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para aquellos casos en que el daño tiene su fuente en un acto administrativo.

En conclusión: La demanda presentada por la señora Carmen Cecilia Herrera Stella reúne los requisitos formales consagrados por la ley, por tanto, se debió admitir y tramitar. En tal virtud, se revocará el Auto de 5 de agosto de 2015 proferido por el Tribunal Administrativo de Santander mediante el cual rechazó la demanda y, en su lugar, sé dispondrá la devolución del expediente para que provea sobre su admisión y trámite correspondiente, de acuerdo con la ley.

En mérito de lo anteriormente expuesto, el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda - Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

1. REVOCAR el auto del Tribunal Administrativo de Santander proferido el 5 de agosto de 2015, por medio del cual rechazó la demanda presentada por la señora Carmen Cecilia Herrera Stella contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - Fiduprevisora S.A. y Departamento de Santander, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Por la secretaría de la Sección Segunda devuélvase el expediente al Tribunal Administrativo de Santander para proveer sobre su admisión, y déjense las constancias de rigor.

Aprobado en la sesión de la fecha.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

9. Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera - Subsección “C”. Consejero Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Bogotá D.C., veinticuatro (24) de septiembre de dos mil doce (2012) Radicación número: 50001233100020110058601 (44050) Actor: Jose Antonio Peniche Jiménez y Otro. Demandado: Nación Fiscalía General de la Nación y Otros Referencia: Acción de Reparación Directa (Apelación Sentencia).

10. Corte Constitucional. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Sentencia C-183 de 14 de marzo de 2004.

11. Folios 6 a 26.

12. Folio 71.

13. Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta Consejera ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez Bogotá D.C., dieciséis (16) de octubre dos mil catorce (2014) Radicación número: 81001-23-33-000-2012-00039-02. Actor: Departamento de Arauca. Demandado: Empresa Social del Estado San Vicente de Arauca.

14. Corte Constitucional. Sentencia C-644 de 31 de agosto de 2011. Expediente D-8422. Actor: Wilson Ruiz Orejuela.

15. Folio 42.

16. Folio 35.

17. Folio 1. El juez se declaró incompetente y lo remitió al superior folio 55.