SENTENCIA 2015-00360/11759-28 DE MAYO 17 DE 2017

 

Sentencia 2015-00360 de mayo 17 de 2017

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Radicado: 050011102000201500360-01 (11759-28)

Aprobada según acta de Sala Nº 40

Magistrada Ponente:

Dra. Julia Emma Garzón de Gómez

Bogotá, D.C., diecisiete de mayo de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Competencia.

Con fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos 256 numeral 3º de la Constitución Política; 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996, y 59 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es competente para conocer en apelación y en grado jurisdiccional de consulta, las providencias proferidas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura existentes en el país.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio y 372 del 26 de agosto de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 2 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: “(i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las comisiones seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 2 de 2015, así: “los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 2 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente esta colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

2. De la calidad del investigado.

El director de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia allegó el certificado 02370-2015 expedido el 6 de marzo de 2015, mediante el cual acreditó la condición de abogada de la doctora DIANA CAROLINA ALZATE QUINTERO, quien se identifica con la cédula de ciudadanía 41.960.817 y T.P. 165.819 (fl. 30, c.o.); la secretaria de esta Sala remitió el certificado de antecedentes disciplinarios de la togada investigada 81684 del cual se evidencia que la encartada no registra sanciones disciplinarias (fl. 31, c.o.).

3. Requisitos para sancionar.

Para proferir fallo sancionatorio se requiere la existencia de prueba que conduzca a la certeza de la tipicidad de la falta atribuida y de la responsabilidad de la disciplinable, exigencia consagrada en el artículo 97 de la Ley 1123 de 2007.

4. De la falta endilgada.

Corresponde entonces a la corporación decidir si con las pruebas allegadas real y oportunamente al expediente disciplinario se encuentra demostrada la materialidad u objetividad de la falta endilgada a la doctora DIANA CAROLINA ALZATE QUINTERO, conforme a los cuales el a quo lo consideró responsable de la falta descrita en el artículo 34 literal i) de la Ley 1123 de 2007, que a la letra reza:

Ley 1123 de 2007

“ART. 34.—Constituyen faltas de lealtad con el cliente:

i) Aceptar cualquier encargo profesional para el cual no se encuentre capacitado, o que no pueda atender diligentemente en razón del exceso de compromisos profesionales”.

5. De la tipicidad.

La tipicidad de la conducta representa un corolario del principio de legalidad, aplicable a las distintas modalidades del derecho sancionador del Estado. El mismo establece la necesidad de fijar de antemano y de forma clara y expresa, las conductas susceptibles de reproche judicial y las consecuencias negativas que generan, con el fin de reducir la discrecionalidad de las autoridades públicas al momento de ejercer sus facultades punitivas.

En la Sentencia C-030 de 2012 la Corte Constitucional recordó que la tipicidad en el derecho disciplinario hace parte de las garantías propias del derecho fundamental al debido proceso, y abarca tanto la descripción de los elementos objetivos de la falta, como la precisión de la modalidad subjetiva en la cual se verifica, su entidad o gravedad y la clase de sanción de la cual se hace acreedor el individuo responsable:

“[E]n el derecho disciplinario resulta exigible el principio de tipicidad, el cual hace parte igualmente de la garantía del debido proceso disciplinario. De acuerdo con este principio, ‘la norma creadora de las infracciones y de las sanciones, debe describir clara, expresa e inequívocamente las conductas que pueden ser sancionadas y el contenido material de las infracciones, así como la correlación entre unas y otras’(3).

(…) De otra parte, la jurisprudencia de esta Corte ha sostenido que el principio de tipicidad se compone de dos aspectos, (i) que ‘exista una ley previa que determine la conducta objeto de sanción’ y (ii) ‘la precisión que se emplee en ésta para determinar la conducta o hecho objeto de reproche y la sanción que ha de imponerse’(4). Este último aspecto, se encuentra orientado a reducir al máximo la facultad discrecional de la administración en el ejercicio del poder sancionatorio que le es propio(5).

De conformidad con la doctrina y la jurisprudencia constitucional, el concepto de precisión mencionado, ligado analíticamente al principio de tipicidad, implica que son varios los aspectos normativos que debe regular de manera clara y expresa la norma sancionatoria: (i) el grado de culpabilidad del agente (si actuó con dolo o culpa); (ii) la gravedad o levedad de su conducta (si por su naturaleza debe ser calificada como leve, grave o gravísima); y (iii) la graduación de la respectiva sanción (mínima, media o máxima según la intensidad del comportamiento) (…)(6).

Con todo, el mismo Alto Tribunal advierte que en materia disciplinaria la tipicidad de la conducta admite un grado mayor de flexibilidad por su ámbito de aplicación, la teleología de la sanción y la amplitud de las funciones o los deberes asignados a sus destinatarios:

“[S]i bien el principio de tipicidad es plenamente exigible en el derecho disciplinario, éste se aplica con una mayor flexibilidad y menor rigurosidad en este ámbito. Lo anterior, por cuanto ‘la naturaleza de las conductas reprimidas, los bienes jurídicos involucrados, la teleología de las facultades sancionatorias, los sujetos disciplinables y los efectos jurídicos que se producen frente a la comunidad, hacen que la tipicidad en materia disciplinaria admita —en principio— cierta flexibilidad’(7).

(…).

En consecuencia, la jurisprudencia constitucional ha encontrado que las principales diferencias existentes entre la tipicidad en el derecho penal y en el derecho disciplinario se refieren a (i) la precisión con la cual deben estar definidas las conductas en las normas disciplinarias, y (ii) la amplitud de que goza el fallador disciplinario para adelantar el proceso de adecuación típica de las conductas disciplinarias en los procedimientos sancionatorios”(8).

La presente investigación disciplinaria se inició con ocasión de la compulsa de copias enviada por la Procuraduría según la cual durante un proceso de conciliación extrajudicial adelantado ante la Procuraduría 222 Judicial II para asuntos administrativos de Medellín, la apoderada judicial del departamento de Antioquia solicitó se investigara a la encartada al exponer que: “Por multiplicidad de solicitudes de conciliación que ha presentado en nombre de la convocante MÓNICA ANDREA GUTIÉRREZ. Aduce la apoderada del departamento de Antioquia que con el radicado 201400165502 del 2014/04/03 solicito la nulidad del oficio E201300093076 del 236 de julio de 2013, e igualmente mediante el radicado 2014000581614 de 2014/12/04 se remitió nuevamente la solicitud de conciliación de la misma convocante. En ambos traslados se solicita la revocatoria del mismo acto administrativo, por lo cual se trata de una duplicidad de la misma solicitud (…)”, por lo cual la delegada del Ministerio Público ordenó compulsar copia contra la encartada (fl. 1-2, c.o.).

Sobre el particular encuentra esta corporación que una vez celebrada la primera audiencia de pruebas y calificación provisional el 15 de julio de 2015, la doctora Diana Carolina Alzate Quintero, de manera voluntaria y libre de apremio, aceptó el hecho denunciado, indicando básicamente que había sido un error el hecho de haberse presentado dos veces la misma solicitud, pero que ello no obedeció a un actuar de mala fe, sino a un descuido de su asistente quien elaboró dos poderes con fechas distintas, por lo cual se presentó duplicidad en la petición elevada ante la Procuraduría para la celebración de la conciliación extrajudicial, hecho que fue aceptado como representante legal de la firma que lidera. Destacó además que su oficina de abogados enfrenta una alta carga laboral con casos masivos de procesos, por lo cual adjudicó dicho descuido a su exceso de trabajo, sin embargo era consciente de su responsabilidad y error.

En ese orden de ideas, el fallador de instancia endilgó y sancionó a la encartada por la falta descrita en el literal i) del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007, bajo el supuesto normativo de que la disciplinada aceptó un encargo profesional el cual no podía atender diligentemente en razón del exceso de compromisos profesionales, situación que claramente fue aceptada por la doctora Alzate Quintero en su versión libre, al señalar que la presentación de las dos solicitudes obedeció a un error de su oficina en el trámite de los poderes cosa que igualmente ocurrió por la excesiva carga laboral que enfrentaba en ese momento, destacándose que la materialización del tipo disciplinario se concretó no solamente con el hecho investigado sino además con la aceptación del yerro por parte de la togada (fl. 46 c.o. y cdno. 2).

De lo referido en precedencia observa la Sala que la materialidad del cargo endilgado en sede de instancia, se encuentra plenamente demostrado, en tanto la doctora DIANA CAROLINA ALZATE QUINTERO, aceptó la representación de la señora Mónica Andrea Gutiérrez para demandar al departamento de Antioquia en un proceso laboral, sin embargo dentro del trámite de la conciliación extraprocesal presentó duplicidad de peticiones bajo las mismas pretensiones, esto no como estrategia sino como una falta de actuación diligente de verificación de dicho trámite, obedeciendo tal yerro a la carga laboral de procesos que presentaba en ese momento que ocasionó dicha conducta reprochable, concluyéndose que la falta por la cual fue llamada a juicio disciplinario la encartada se consumó como se señaló en precedencia.

Así pues, resulta evidente la materialización de la falta endilgada a la doctora DIANA CAROLINA ALZATE QUINTERO, enmarcada dentro de la descripción típica del artículo 34 literal i) de la Ley 1123 de 2007.

6. Antijuridicidad.

Preceptúa la Ley 1123 de 2007 en su el artículo 4º, que el profesional del derecho incurre en falta antijurídica cuando con su conducta afecte, sin justificación, alguno de los deberes allí consagrados.

Verificada como está desde el punto de vista objetivo la infracción al deber imputado al profesional investigado, compete a la Sala determinar si del caudal probatorio analizado en precedencia surge causal alguna que justifique su conducta, o si por el contrario, en ausencia de esta, el desconocimiento por parte del inculpado de las normas que regulan la profesión de abogado en el sub lite, impone determinar que se encuentra agotado el presente elemento en la estructura de la sanción disciplinaria.

Analizado este elemento, el cual compone el juicio de responsabilidad disciplinaria, se colige en este caso la inexistencia de causal de justificación, que permita relevar de las obligaciones y deberes consagrados en el estatuto del ejercicio de la abogacía a la litigante, doctora DIANA CAROLINA ALZATE QUINTERO, en tanto, los hechos y las pruebas allegadas a la actuación disciplinaria, se denota la manera desleal con que actuó para con el encargo de su cliente, pues se demandaba de la profesional del derecho que hubiese tenido el cuidado debido, advirtiendo que no le era permitido presentar un sin número de solicitudes de conciliación ante el Ministerio Público sobre la misma pretensión, sin que por lo menos se hubiera atendido la primera, con lo cual generaba un desgaste a la administración al tener que convocar en reiteradas oportunidades a las mismas partes, situación que generó la compulsa de copias, máxime si la encartada fue consciente de su falta y aceptó los hechos denunciados como de su responsabilidad, aunque intentó mitigar su yerro alegando el error de su asistente y a la excesiva carga de trabajo que enfrentaba su oficina, lo cierto es que desde el mismo fuero interno de la disciplinada ésta fue consciente de la actuación que no debió permitir que ocurriera, por lo cual no media justificación alguna a su favor concretándose el incumplimiento de su deber profesional de obrar con lealtad con su cliente.

7. De la culpabilidad.

En el derecho disciplinario se encuentra proscrita cualquier forma de responsabilidad objetiva. Ello implica que la imposición de una sanción de esta naturaleza siempre supone la evidencia de un actuar culposo o doloso por parte del investigado.

Al respecto, la Corte Constitucional en la Sentencia C-181 de 2002 indicó que en materia disciplinaria la modalidad subjetiva con la cual se comete conducta dependerá de la naturaleza misma de la acción castigada, lo cual supone que, en principio, no todas las infracciones admiten su ejecución en las modalidades de dolo o culpa:

“[E]n materia penal, al igual que en el campo del derecho disciplinario, la sanción imponible por la comisión de una conducta reprochable sólo tiene lugar en presencia de acciones dolosas o culposas.

Ciertamente, la proscripción de la responsabilidad objetiva que acoge el régimen jurídico colombiano impone la restricción de sancionar la conducta por el sólo hecho de la ocurrencia del resultado y exige, en cambio, verificar la finalidad dolosa o culposa en la ejecución de la acción que se investiga.

Ahora bien, la circunstancia de que las conductas que vulneran el régimen jurídico merezcan sanción sólo cuando se realizan de manera culposa o dolosa no significa que todas las infracciones admitan ser ejecutadas en ambas modalidades de conducta. La determinación de si un comportamiento puede ser ejecutado a título de dolo o culpa depende de la naturaleza misma del comportamiento.

En otros términos, el dolo o la culpa son elementos constitutivos de la acción, son sus elementos subjetivos estructurales. De allí que sea la propia ontología de la falta la que determina si la acción puede ser cometida a título de dolo o de culpa o, lo que es lo mismo, que la estructura de la conducta sancionada defina las modalidades de la acción que son admisibles” (énfasis agregado por la Sala).

En este caso, debe decirse que la falta de lealtad para con su cliente es un comportamiento por naturaleza doloso, por cuanto siendo conocedor del deber que le asiste incurre en un descuido inherente a los profesionales del derecho cuando asumen un compromiso profesional.

Tanto en las tareas, oficios, actividades profesionales, industriales, y en general en todo comportamiento humano se deben observar diligentemente las reglas, deberes y comportamientos, a fin de no generar infracciones, faltas o delitos que alteren el normal desarrollo de la convivencia en sociedad; es por esto, que en cualquier actividad profesional u oficio se debe actuar con un deber objetivo de cuidado; luego, la violación o inadvertencia de las reglas que regulan la profesión de abogado generan un comportamiento profesional que puede conducir a la producción de un resultado típico, desde el punto de vista, para nuestro caso, de la comisión de una falta disciplinaria.

Ahora, es evidente que dada su condición de abogada, la doctora DIANA CAROLINA ALZATE QUINTERO, debió haber actuado de forma cauta y diligente en todas las actuaciones que debía desplegar para la representación del mandato otorgado por la señora Mónica Gutiérrez, velando por que el trámite de conciliación extraprocesal se ajustara a una pronta solución, sin que se presentaran inconvenientes que impidieran que el mismo culminara en feliz término para procederse a la interposición de la acción laboral para la cual fue contratada, sin embargo y a sabiendas de su excesiva carga laboral dejó dicho trámite a cargo de su asistente incurriendo así en una suscripción de dos poderes sin advertirse tal yerro, los cuales fueron tramitados, y que generaron el disgusto de la entidad convocada —departamento de Antioquia—, al evidenciar multiplicidad de solicitudes de las mismas pretensiones lo cual puede acarrear que si las mismas no se tramitaban bajo la misma cuerda procesal administrativa, podían generar decisiones contradictorias que perjudicarían los intereses de los convocados, cosa que claramente era del conocimiento de la encartada, por lo cual su conducta se ajustó en un comportamiento de naturaleza dolosa, y como bien lo aceptó en su versión libre, era consiente que el factor carga laboral podía generar dicho resultado.

8. Dosimetría de la sanción a imponer.

Al tenor de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 1123 de 2007, para la graduación de la sanción debe tenerse en cuenta los límites y parámetros allí señalados, los cuales deben consultar los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad.

Sobre este último, la Corte Constitucional señaló en la Sentencia C-591 de 1993 que alude al propósito de coherencia entre la conducta realizada y la intensidad del castigo atribuido, tomando en consideración el grado de culpabilidad del autor y los daños ocasionados con su obrar. Al respecto, manifestó lo siguiente el Alto tribunal:

“La relación que debe existir entre la falta cometida y la sanción a imponer es una cuestión que debe resolver en cada caso el juzgador. En esa tarea resulta obligado aplicar la pena consagrada en la ley de acuerdo con el grado de culpabilidad del sujeto. El juicio de proporcionalidad —que debe ceñirse estrictamente a lo establecido en la ley (C.P., art. 230)— es necesariamente individual. A la luz de sus criterios podrá estimarse si el castigo impuesto guarda simetría con el comportamiento y la culpabilidad del sujeto al cual se imputa”.

Así las cosas, para la falta endilgada a la inculpada, consagra el artículo 40 del Código Disciplinario del Abogado cuatro tipos de sanción, siendo la más leve la censura, de menor gravedad la suspensión y la máxima aplicable la de exclusión, las cuales podrán imponerse de manera autónoma o concurrente con la multa.

Ahora, teniendo en cuenta la modalidad de la conducta disciplinariamente reprochable cometida por la abogada DIANA CAROLINA ALZATE QUINTERO, a quien se le exigía actuar de forma real y acertada en el encargo dado por su mandante, la sanción de MULTA impuesta, tuvo a consideración la modalidad dolosa de la conducta imputada, el hecho de no registrar antecedentes disciplinarios, y sobre todo la aceptación de los hechos denunciados antes de la formulación de cargos, situación que impidió un desgaste innecesario del aparato judicial disciplinario, circunstancias por las cuales la sanción misma cumple con los criterios legales y constitucionales exigidos para tal efecto.

Asimismo, se cumple también con el principio de razonabilidad entendido como la idoneidad o adecuación al fin de la pena, respecto de la sanción disciplinaria impuesta a la abogada DIANA CAROLINA ALZATE QUINTERO, pues acorde con lo expresado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-530 del 11 de noviembre de 1993:

“(…) La razonabilidad hace relación a que un juicio, raciocinio o idea esté conforme con la prudencia, la justicia o la equidad que rigen para el caso concreto. Es decir, cuando se justifica una acción o expresión de una idea, juicio o raciocinio por su conveniencia o necesidad”.

Por lo anterior, la Sala CONFIRMARÁ la sentencia consultada proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, el 31 de julio de 2015, mediante la cual sancionó con MULTA DE DOS (2) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES PARA EL AÑO 2014, de conformidad con el artículo 42 de la Ley 1123 de 2007 a favor del Consejo Superior de la Judicatura, a la abogada DIANA CAROLINA ALZATE, como autora responsable de la falta prevista en el literal i) del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007, a título de dolo.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia consultada proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, el 31 de julio de 2015, mediante la cual sancionó con MULTA DE DOS (2) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES PARA EL AÑO 2014, de conformidad con el artículo 42 de la Ley 1123 de 2007 a favor del Consejo Superior de la Judicatura, a la abogada DIANA CAROLINA ALZATE, como autora responsable de la falta prevista en el literal i) del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007, a título de dolo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión.

2. Anotar la sanción en el Registro Nacional de Abogados, fecha a partir de la cual empezará a regir la misma, para cuyo efecto se le comunicará a la oficina encargada del registro lo aquí resuelto, remitiendo copia de esta providencia con constancia de su ejecutoria.

3. DEVUÉLVASE al seccional de origen, para que notifique a los intervinientes de la presente decisión de conformidad a lo establecido en los artículos 70 y siguientes de la Ley 1123 de 2007, asimismo el magistrado sustanciador tendrá las facultades de comisionar cuando sea requerido para dar cumplimiento a la presente decisión; y en segundo lugar, cumpla con lo dispuesto por la Sala y los demás fines pertinentes.

Notifíquese y cúmplase.»

3 Ibídem.

4 Sentencia C-564 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

5 Ver Sentencia C-564 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

6 Ver Sentencia C-796 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

7 Sentencia C-404 de 2001, reiterado en Sentencia C-818 de 2005.

8 Ver sentencias C-404 de 2001 y T-1093 de 2004, entre otras.