Sentencia 2015-00361/4403-2016 de abril 26 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejera Ponente:

Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez

Rad.: 200012333000201500361 01

Núm. Int.: 4403-2016

Actor: Edwin Sánchez García.

Demandada: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional.

Trámite: Nulidad y Restablecimiento del Derecho (Ley 1437 de 2011).

Asunto: Establecer la normativa aplicable para efectos del reconocimiento de una pensión por invalidez a un Subintendente ®(sic) de la Policía Nacional.

Bogotá D.C., a veintiséis de abril de dos mil dieciocho.

Ha venido el proceso de la referencia con informe secretarial de la Sección Segunda del 26 de mayo del 2017(1), después de surtidas a cabalidad las demás etapas procesales y de establecer que no obra en el proceso irregularidades o nulidades procesales que deban ser saneadas, para resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia proferida el 28 de julio del 2016 por el Tribunal Administrativo del Cesar, por medio de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda incoada por el señor Edwin Sánchez García en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional.

I. Antecedentes.

1.1. Pretensiones(2). 

Edwin Sánchez García, por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 del 2011, presentó demanda encaminada a obtener la nulidad del Oficio 058349 / ARPRE-GRUPE-1.10 del 2 de octubre del 2014, expedido por el Jefe del Área de Pensiones de la Policía Nacional, que le negó el reconocimiento y pago de una pensión por invalidez.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó: i) condenar a la entidad demandada al reconocimiento y pago de una pensión por invalidez por disminución de la capacidad laboral en más del 50%, a partir de la fecha en que se hizo efectivo el retiro del servicio; ii) reconocer y pagarle la suma de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de daño moral y la suma de $69.659.520,49 a título de compensación como sanción por el retardo en el pago de los sueldos y prestaciones sociales; iii) ajustar las sumas de dinero que se llegasen a reconocer; y iv) dar cumplimiento a la sentencia en los términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

1.2. Hechos(3). 

Para una mejor comprensión del asunto, la Sala resumirá de la siguiente manera los hechos planteados por la parte demandante:

Manifestó que laboró al servicio de la Policía Nacional por espacio de 6 años, 6 meses y 6 días, periodo durante el cual sufrió enfermedades y lesiones personales(4) en actos meritorios del servicio, en combate o como consecuencia de la acción del enemigo y en mantenimiento y restablecimiento del orden público, que le ocasionaron una disminución de la capacidad laboral del 69.86%.

Señaló que el anterior porcentaje fue determinado por la Junta Médico Laboral 0547 del 5 de junio del 2002, el cual fue ratificado por el Tribunal Médico Laboral Militar o de Policía mediante acta 2247-2274 del 24 de junio del 2003.

Estimó que en las condiciones anotadas tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión por invalidez desde la fecha de su retiro del servicio, según lo establecido en el artículo 161 del Decreto 1212 de 1990(5), en concordancia con el artículo 9º del Decreto 1791 del 2000(6), que dispuso la equivalencia del grado de Subintendente con los de Cabo Primero y Cabo Segundo.

Por lo anterior, indicó que mediante petición solicitó el reconocimiento y pago de una pensión por invalidez, la cual fue negada a través del Oficio058349 / ARPRE-GRUPE-1.10 del 2 de octubre del 2014, expedido por el Jefe del Área de Pensiones de la Policía Nacional, por cuanto el régimen aplicable para la época en que se estructuró la incapacidad exigía un porcentaje igual o superior al 75%.

1.3. Normas vulneradas y concepto de violación(7). 

Como disposiciones vulneradas, la parte demandante citó las siguientes:

Los artículos 1º 2º, 3º, 4º, 6º, 11, 13, 25, 29, 34, 42, 47, 48, 49, 54, 58, 150, 218, 219, 221 y 229 de la Constitución Política y 4º del Código de Procedimiento Civil; Decretos 094 de 1989, 1212 de 1990 y 1091 de 1995; y el Código Contencioso Administrativo.

El concepto de violación, se explicó así:

Manifestó que en el presente asunto es necesario aplicar las excepciones de inconstitucionalidad e ilegalidad respecto de los apartes de los artículos 89 del Decreto 94 de 1989 y 65 del Decreto 1091 de 1995, que condicionan el grado de incapacidad que da derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez a un porcentaje igual o superior al 75%, pues además de que se encuentra regulado en normas expedidas por el Ejecutivo, desconociéndose con ello la reserva de ley que rigen en la materia a través de las leyes marco, conllevan a una inequidad en el tratamiento jurídico de personas que desarrollan funciones idénticas con denominaciones diferentes.

Sostuvo que para la generalidad de los grados existentes en las Fuerzas Armadas la incapacidad producida en actos del servicio o con ocasión del mismo dan derecho a la pensión por invalidez, independientemente del grado de incapacidad generado.

Consideró que el asunto bajo estudio debe ser resuelto bajo las disposiciones contenidas en el literal c) del artículo 161 del Decreto 1212 de 1990, o en su defecto con aplicación a lo previsto en el numeral 3.5 del artículo 3º de la Ley 923 del 2004.

Finalmente, atendiendo a que se ha solicitado de manera continua el reconocimiento y pago de la pensión por invalidez a la entidad accionada, indicó que en el asunto bajo examen no es posible aplicar término de prescripción alguno, por lo que procede el pago de la totalidad de las mesadas reclamadas junto con los intereses moratorios e indexación de los valores en aplicación de lo previsto en los artículos 23, 101 y 102 de la Ley 100 de 1993.

1.4. Contestación de la demanda(8). 

En el escrito de contestación de la demanda el apoderado de la Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional, se opuso a las pretensiones y expuso como argumentos los siguientes:

Manifestó que al actor no le asiste el derecho al reconocimiento y pago de una pensión por invalidez, pues de conformidad con lo establecido en los Decretos 1091 de 1995(9) y 1796 del 2000(10), normas aplicables al presente asunto teniendo en cuenta que se vinculó en el año 1997 a la institución como Intendente del Nivel Ejecutivo, habrá lugar a éste cuando el índice de disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al 75%.

Así las cosas, la Policía Nacional no podía reconocerle la pensión por invalidez, pues el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía mediante el acta 2247-2274 del 24 de junio del 2003 le determinó una disminución de la capacidad laboral del 69.86%, con lo cual no se cumple con el porcentaje antes señalado para su obtención.

Sostuvo que las disposiciones citadas establecen que quienes no alcancen el porcentaje indicado para el reconocimiento de la pensión por invalidez tienen derecho al pago de una indemnización, la cual le fue cancelada al actor a través de la Resolución 2855 del 4 de noviembre del 2004.

1.5. La sentencia de primera instancia(11). 

El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia del 28 de julio del 2016 i) declaró la nulidad del acto acusado; ii) a título de restablecimiento del derecho, condenó a la entidad demandada al reconocimiento y pago de una pensión de invalidez a favor del actor de conformidad con el numeral 3.5 del artículo 3 de la Ley 923 del 2004(12) y el artículo 32 del Decreto 4433 del 2004(13), a partir del día siguiente de su retiro, pero con efectos desde el 13 de septiembre del 2011; iii) ordenó el descuento sobre el valor reconocido del pago realizado por concepto de indemnización, y dar aplicación al artículo 192 de la Ley 1437 del 2011; iv) negó las demás pretensiones; y v) condenó en costas a la parte vencida, con fundamento en los siguientes argumentos.

Expresó, después de hacer un detallado análisis de las normas que regulan el reconocimiento de la pensión de invalidez para los miembros del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, que las disposiciones aplicables a quienes se vincularon a dicho nivel a partir del año 1993 exigían un límite de incapacidad laboral para hacerse acreedor a la prestación igual o mayor al 75%, el cual se redujo al 50% con ocasión de la expedición de la Ley 923 del 2004.

Manifestó que los pronunciamientos efectuados por la Corte Constitucional en sede de tutela, en los que ha extendido la aplicación de la Ley 923 del 2004 a hechos ocurridos con anterioridad al 7 de agosto del 2002, corresponde a la posición que más resulta acorde con los principios constitucionales, más aun si se tiene en cuenta que de dar solución de conformidad a sus disposiciones, es posible efectivizar en mayor medida el reconocimiento pretendido por el actor, pues la forma en que debe ser integrada la base de liquidación se encuentra claramente definida en el Decreto 4433 del 2004, norma que no ha sido anulada y que por ende se encuentra vigente y amparada por la presunción de legalidad.

1.6. De los recursos de apelación.

La parte demandada(14), interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia buscando su revocatoria para que en su lugar, se nieguen las pretensiones, para lo cual sostuvo que no se realizó un análisis integral del fundamento normativo aplicable al caso objeto de estudio, ni de las circunstancias de tiempo, modo y lugar donde se desarrollaron los hechos, sumado al desconocimiento de las funciones y competencias con las que contaba la Policía Nacional para la fecha.

Recordó que el régimen que cobija a los miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional es especial, el cual otorga beneficios sin vulnerar derechos fundamentales y mínimos, y que se encuentra reglamentado para tomar decisiones en beneficio de la institución y de la Nación. Así mismo, que el sistema integral de seguridad social contenido en la Ley 100 de 1993 no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, con excepción de aquél que se vincule a partir de la vigencia de la ley, ni a los miembros no remunerados de las corporaciones públicas.

Señaló que la incapacidad del actor se determinó bajo la vigencia del Decreto 1796 del 2000, que establecía:

“(…).

ART. 38.—Liquidación de pensión de invalidez para el personal de oficiales, suboficiales, agentes, y personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional Cuando mediante Junta Médico-Laboral o Tribunal Médico-Laboral de Revisión Militar y de Policía, haya sido determinada una disminución de la capacidad laboral igual o superior al 75%, ocurrida durante el servicio, el personal a que se refiere el presente artículo, tendrá derecho, mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual, valorada y definida de acuerdo con la reglamentación que expida para el efecto el Gobierno Nacional, liquidada con base en las partidas establecidas en las normas que regulen la materia y de conformidad con los porcentajes que a continuación se señalan:

a. El setenta y cinco por ciento (75%) de dichas partidas, cuando la disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%) y no alcance el ochenta y cinco por ciento (85%).

b. El ochenta y cinco por ciento (85%) de dichas partidas, cuando la disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al ochenta y cinco por ciento (85%) y no alcance el noventa y cinco por ciento (95%).

c. El noventa y cinco por ciento (95%) de dichas partidas, cuando la disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al noventa y cinco por ciento (95%).

PAR. 1º—Cuando el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral no sea igual o superior al 75%, no se generará derecho a pensión de invalidez.

PAR. 2º—El personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y el personal no uniformado de la Policía Nacional, vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, continuará rigiéndose, en lo referente a las pensiones de invalidez, por las normas pertinentes del Decreto 94 de 1989.

(…)”(15).

Conforme a lo anterior, concluyó que el porcentaje mínimo de disminución de la capacidad laboral para el reconocimiento de la pensión por invalidez es del 75%, situación que no se presenta en el caso del señor Sánchez García, pues éste presentó una disminución del 69.86%.

Por su parte, la parte demandante inconforme con la decisión formuló apelación parcial de la sentencia de primera instancia, para lo cual consideró que le asiste el derecho al reconocimiento y pago de una pensión por invalidez en un 100% de las partidas que devengaba al momento de su retiro de la institución y no en un 50% como lo determinó el a quo en su providencia, vulnerando el principio de igualdad.

Lo anterior, con apoyo en lo establecido en los artículos 161 del Decreto 1212 de 1990, 183 del Decreto 1211 de 1990 y 119 del Decreto 1213 de 1990, que establecían que los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, así como los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, les asistía el derecho a percibir del tesoro público una pensión mensual equivalente al 100% de las partidas señaladas en los artículos de respectivos decretos.

Por otra parte, sostuvo que en el presente asunto no se presenta el fenómeno jurídico de la prescripción cuatrienal establecida en el artículo 60 del Decreto 1091 de 1995, pues la institución policial siempre puso un obstáculo para exigir el reconocimiento y pago de la pensión por invalidez que no permitía afirmar la exigibilidad del derecho, la cual “solo tendrá lugar en el momento que el Tribunal Administrativo del Norte de Santander (sic)(16) se pronuncie en sentencia a la presente demanda.”

Finalmente, señaló que no hay lugar al descuento ordenado por el a quo en cuanto a la indemnización recibida por las lesiones adquiridas en combate, puesto que de conformidad con el numeral 3.12 del artículo 3º de la Ley 923 del 2004 “Las indemnizaciones prestacionales por disminución de la capacidad psicofísica o por muerte son compatibles con la pensión o asignación de retiro que se llegare a otorgar, de conformidad con las normas que las regulan, sin que haya lugar a indemnización sustitutiva”.

1.7. Alegatos en segunda instancia(17). 

Las partes presentaron alegatos de conclusión, manifestando los mismos argumentos desarrollados en la demanda, su contestación y en el recurso de apelación.

II. Consideraciones

Agotada como se encuentra la instancia, sin observar causales de nulidad que invaliden lo actuado, la Sala procede a resolver el asunto, para lo cual se fija el siguiente:

2.1. Problema jurídico.

De conformidad con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, la Sala deberá dilucidar los siguientes problemas jurídicos:

¿Cuál es la normativa aplicable para efectos del reconocimiento de la pensión por invalidez del señor Edwin Sánchez García, quien para el momento de su retiro ostentaba la condición de Subintendente ® de la Policía Nacional?

¿Se debe aplicar la prescripción de las mesadas pensionales respecto de la pensión de invalidez que se llegue a reconocer al señor Edwin Sánchez García?; en caso afirmativo, ¿a partir de qué momento?

¿Es posible el reconocimiento simultáneo de la pensión de invalidez y la indemnización por la pérdida de la capacidad laboral?

Para dar solución a éste, se atenderá el siguiente estudio: i) normas que han regulado la pensión por invalidez de los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía; ii) sectores excluidos de la aplicación del Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la Ley 100 de 1993; iii) de la situación de invalidez frente al Sistema General de Pensiones; iv) de la inaplicación de los regímenes exceptuados en materia de seguridad social; y, v) del caso en concreto.

i) Normas que han regulado la pensión por invalidez de los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía.

El Decreto 2728 de 1968, “por el cual se modifica el régimen de prestaciones sociales por retiro o fallecimiento del personal de soldados y grumetes de las Fuerzas Militares”, estableció en el artículo 2º que para efectos de determinar, clasificar y evaluar las aptitudes, incapacidades, invalideces e indemnización los soldados y grumetes quedaban sometidos al “Reglamento General de Incapacidades, Invalideces e Indemnizaciones para el personal al servicio de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional”.

Posteriormente, el Decreto 1836 de 1979 se encargó en el título noveno de regular la pensión de invalidez de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa, para lo cual estableció una regulación diferenciada según los diversos cargos desempeñados en dichas instituciones, tal y como se observa en sus artículos 60, 61, 62 y 63. No obstante lo anterior, la prestación establecida respecto de los miembros de cada entidad tenía en común la exigencia de una disminución en la capacidad sicofísica de por lo menos el 75%.

La anterior norma fue derogada por el Decreto 94 de 1989, mediante el cual se reformó el estatuto de la capacidad sicofísica, incapacidades, invalideces e indemnizaciones del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, soldados, grumetes, agentes, alumnos de las Escuelas de Formación y Personal Civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional y se establecieron los distintos procedimientos a seguir para determinar el grado de invalidez, el reconocimiento de la pensión y las autoridades que participarían del procedimiento.

Con respecto de las condiciones para hacerse acreedor del derecho a la pensión de invalidez, el Decreto 94 de 1989 señaló lo siguiente:

“(…).

ART. 89.—Pensión de invalidez del personal de oficiales, suboficiales y agentes. A partir de la vigencia del presente decreto, cuando el personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y Agentes, adquieran una incapacidad durante el servicio, que implique una pérdida igual o superior al 75 % de su capacidad el sicofísica, tendrá derecho mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual pagadera por el Tesoro Público y liquidada con base en las partidas señaladas en los respectivos estatutos de carrera, así:

a) El 50% de dichas partidas cuando el índice de lesión fijado determina una disminución del 75% de la capacidad sicofísica.

b) El 75% de dichas partidas, cuando el índice de lesión fijado determina una disminución de la capacidad sicofísica que exceda del 75% y no alcance al 75% y no alcance el 95% .

c) El 100 % de dichas partidas cuando el índice de lesión fijado determina una disminución de la capacidad sicofísica igual o superior al 95%.

(…)”.

Así mismo, en los artículos 19, 21 y 25, ídem, se estableció las autoridades Médico - Laborales competentes para determinar la disminución de la capacidad sicofísica, así:

“De los organismos Médico - Laborales Militares y de Policía

ART. 19.—Organismos médico - laborales Militares y de Policía. Con excepción de lo determinado en los artículos 6º y 70 para los exámenes sicofísicos en el exterior , la capacidad sicofísica del personal de que trata el presente Decreto, será determinada únicamente por las autoridades Médico - Militares y de Policía.

PAR.—Son autoridades Médico - Militares y de Policía:

  1. Los médicos generales, médicos especialistas y odontólogos al servicio del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional.
  2. Junta médica - científica.
  3. Junta médica - laboral.
  4. Tribunal Médico Laboral de Revisión.
 

ART. 21.—Junta médico - laboral militar o de policía. Su finalidad es la de llegar a un diagnóstico positivo, clasificar las lesiones y secuelas valorar la disminución de la capacidad laboral para el servicio y fijar los correspondientes índices para fines de indemnizaciones cuando a ello hubiere lugar. Estará integrada por tres (3) médicos , que puedan ser Oficiales de Sanidad o médicos al servicio de la Unidad o Guarnición, entre los cuales debe figurar el Médico <Jefe de la respectiva Brigada, Base Naval, Base Aérea o Departamento de Policía ; Médicos permanentes a la planta de personal del Hospital Militar Central , o a la de otros establecimientos hospitalarios de las Fuerzas Militares de la Policía Nacional: Cuando el caso lo requiera la Junta podrá asesorarse de médicos especialistas , odontólogos y demás profesionales que considere necesarios . Será presidida por el Oficial o médico más antiguo” (…).

ART. 25.—Tribunal médico - laboral de Revisión Militar y de Policía. El Tribunal Médico - Laboral y de revisión, es la misma autoridad en materia Médico - Militar y policial. Como tal conoce en última instancia de las reclamaciones que surjan contra las decisiones de las Juntas Médico - Laborales.

En consecuencia podrá aclarar, ratificar, modificar, o revocar tales decisiones.”

De lo anterior, se establece que la pensión de invalidez estaba condicionada a la pérdida de la capacidad sicofísica en al menos un 75%, y que dicho porcentaje definía el monto pensional. También, que las únicas autoridades autorizadas para determinar la capacidad sicofísica del personal de la Fuerza Pública, son la Junta Médico – Laboral Militar y de Policía, y el Tribunal Médico-laboral de Revisión Militar y de Policía.

Esta disposición, aplicable a partir del 1º de enero de 1989 (art. 227), determinó en sus artículos 15 y 87 la clasificación de las “incapacidades e invalideces” y las tablas para la calificación de las mismas, teniendo en cuenta los distintos índices de lesión y la edad de la persona para establecer la indemnización en meses de sueldo, según el momento en que ocurrieron los hechos y las circunstancias de los mismos, así como la época en que fue calificada la lesión, de conformidad con lo haberes devengados por el afectado con la lesión y la incapacidad misma, según el concepto que para tal efecto fije Sanidad Militar o de Policía(18).

Otra norma que reguló el tema de la pensión de invalidez de los miembros de la de Policía Nacional fue el Decreto 1091 de 1995(19), a través del cual se expidió el régimen de asignaciones y prestaciones para el personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, creado mediante Decreto 132 de 1995; en esa oportunidad, se consignaron nuevamente disposiciones relativas a los requisitos para acceder a la pensión de invalidez, así:

“ART. 65.—Disminución de la capacidad sicofísica. El personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, que presente disminución de la capacidad sicofísica que no haya sido indemnizada en la forma prevista en el artículo 47 de este decreto, tendrá derecho a que el Tesorero Público le pague:

a) Por una sola vez una indemnización proporcional al daño sufrido de conformidad con el reglamento de Incapacidades, Invalideces e Indemnizaciones para el personal de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, tomando como base las partidas señaladas en artículo 49 de este Decreto, según el índice de lesión fijado en la respectiva acta médico-laboral y de acuerdo con las circunstancias en que se adquirió la lesión;

b) El auxilio de cesantía y demás prestaciones que le correspondan en el momento del retiro;

c) Cuando el personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional haya perdido el setenta y cinco por ciento (75%) o más de la capacidad sicofísica, tendrá derecho a una pensión mensual mientras subsista la incapacidad, pagadera por el Tesoro Público y liquidada con base en la última remuneración y teniendo en cuenta las partidas señaladas en el artículo 49 de este decreto, así:

1. El setenta y cinco por ciento (75%) de dichas partidas cuando la pérdida de la capacidad laboral sea o exceda del setenta y cinco por ciento (75%) y no alcance al ochenta y cinco por ciento (85%).

2. El ochenta y cinco por ciento (85%) de dichas partidas cuando la pérdida de la capacidad laboral sea o exceda del ochenta y cinco por ciento (85%) y no alcance al noventa y cinco por ciento (95%).

3. El ciento por ciento (100%) de dichas partidas, cuando la pérdida de la capacidad laboral sea igual o superior al noventa y cinco por ciento (95%).

PAR. 1º—Si la disminución de la capacidad sicofísica fuere consecuencia de hechos ocurridos en el servicio y por causa y razón del mismo, la indemnización de que trata el literal a) de este artículo se aumentará en la mitad.

PAR. 2º—Si la disminución de la capacidad sicofísica fuere consecuencia de heridas recibidas en actos meritorios del servicio o por causa de heridas recibidas en combate o como consecuencia de la acción del enemigo, en conflicto internacional o en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público interno, la indemnización a que se refiere el literal a) del presente artículo se pagará doble.”

Posteriormente, el Decreto 1796 del 2000(20), determinó una pensión de invalidez para los miembros de la Fuerza Pública, Alumnos de las Escuelas de Formación y sus equivalentes en la Policía Nacional, personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y no uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, en función de la pérdida de la capacidad sicofísica, así:

“ART. 38.—Liquidación de pensión de invalidez para el personal de oficiales, suboficiales, agentes, y personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional. Cuando mediante Junta Médico-Laboral o Tribunal Médico-Laboral de Revisión Militar y de Policía, haya sido determinada una disminución de la capacidad laboral igual o superior al 75%, ocurrida durante el servicio, el personal a que se refiere el presente artículo, tendrá derecho, mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual, valorada y definida de acuerdo con la reglamentación que expida para el efecto el Gobierno Nacional, liquidada con base en las partidas establecidas en las normas que regulen la materia y de conformidad con los porcentajes que a continuación se señalan:

a. El setenta y cinco por ciento (75%) de dichas partidas, cuando la disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%) y no alcance el ochenta y cinco por ciento (85%).

b. El ochenta y cinco por ciento (85%) de dichas partidas, cuando la disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al ochenta y cinco por ciento (85%) y no alcance el noventa y cinco por ciento (95%).

c. El noventa y cinco por ciento (95%) de dichas partidas, cuando la disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al noventa y cinco por ciento (95%).

PAR. 1º—Cuando el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral no sea igual o superior al 75%, no se generará derecho a pensión de invalidez.

PAR. 2º—El personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y el personal no uniformado de la Policía Nacional, vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, continuará rigiéndose, en lo referente a las pensiones de invalidez, por las normas pertinentes del Decreto 94 de 1989”.(21)

Esta normativa, expedida por el Presidente de la República en virtud de las facultades extraordinarias otorgadas por la Ley 578 del 2000, entró en vigencia el 14 de septiembre del 2000, y mantuvo la pensión de invalidez a partir de un porcentaje de pérdida de la capacidad sicofísica del 75%, en cuya función se determina el monto pensional, que paso del 50% al 75% de las partidas computables que establezcan las disposiciones que rigen la materia.

Dado que esta norma confió al Gobierno Nacional la reglamentación correspondiente a la valoración y calificación del personal que trata el decreto, dispuso un artículo transitorio para indicar que el procedimiento y criterios de disminución de la capacidad laboral e indemnizaciones seguirían rigiéndose por el Decreto 94 de 1989 hasta que aquella fuera expedida. De esta forma lo previó el artículo 48 del Decreto 1796 del 2000, así:

“ART. 48.—Articulo transitorio. Hasta tanto el Gobierno Nacional determine lo correspondiente a la valoración y calificación del personal que trata el presente decreto, los criterios de calificación de la capacidad psicofísica, de disminución de la capacidad laboral e indemnizaciones y de la clasificación de las lesiones y afecciones, continuarán vigentes los artículos 47 al 88 del Decreto 94 de 1989, excepto el artículo 70 de la misma norma”.

Posteriormente, el legislador expidió la Ley 923 del 2004, mediante la cual se señalaron las normas, objetivos y criterios que debería observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública. En el artículo 3º numeral 3.5 se dispuso lo siguiente:

“(…).

ART. 3º—Elementos mínimos. El régimen de asignación de retiro, la pensión de invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y los reajustes de estas, correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública, que sea fijado por el Gobierno Nacional, tendrá en cuenta como mínimo los siguientes elementos:

(…).

3.5. El derecho para acceder a la pensión de invalidez, así como su monto, será fijado teniendo en cuenta el porcentaje de la disminución de la capacidad laboral del miembro de la Fuerza Pública, determinado por los Organismos Médico Laborales Militares y de Policía, conforme a las leyes especiales hoy vigentes, teniendo en cuenta criterios diferenciales de acuerdo con las circunstancias que originen la disminución de la capacidad laboral. En todo caso no se podrá establecer como requisito para acceder al derecho, una disminución de la capacidad laboral inferior al cincuenta por ciento (50%) y el monto de la pensión en ningún caso será menor al cincuenta por ciento (50%) de las partidas computables para la asignación de retiro.

(…)”.

Igualmente, en el artículo 6º se estableció los efectos temporales de dicha norma en lo que tiene que ver con las pensiones de sobrevivencia y de invalidez; al respecto manifestó que, dichas prestaciones serían reconocidas para los hechos ocurridos desde el 7 de agosto del 2002, es decir que dispuso efectos retroactivos para la aplicación de la ley. Este artículo fue objeto de pronunciamiento de la Corte Constitucional en sentencia C-924 del 2005, providencia en la cual se estudió una acción pública de inconstitucionalidad propuesta con fundamento en la vulneración del derecho a la igualdad.

En esa oportunidad, la Sala Plena de la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 6º de la Ley 923 del 2004 y, por lo tanto, consideró que la citada norma no vulneraba el derecho a la igualdad en tanto “la retroactividad prevista por el legislador, no se orienta a brindar protección a unas personas que hubiesen estado desprovistas de ella, sino que busca permitir que, dentro de las limitaciones que impone la situación de las finanzas públicas, algunas de tales personas, en razón de la proximidad de sus circunstancias con el momento del tránsito legislativo, pudiesen beneficiarse de las condiciones previstas en el nuevo régimen”.

Como consecuencia de las disposiciones contenidas en la Ley 923 del 2004, se expidió el Decreto Reglamentario 4433 del 2004(22), el cual en su artículo 30 consignó los requisitos específicos que deben cumplir los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía para acceder a la pensión de invalidez así:

“(…).

ART. 30.—Reconocimiento y liquidación de la pensión de invalidez. Cuando mediante Junta Médico Laboral o Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, al personal de oficiales, suboficiales, soldados profesionales y personal vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio de las Fuerzas Militares, y de Oficiales, Suboficiales, miembros del Nivel Ejecutivo, Agentes y personal vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio de la Policía Nacional se les determine una disminución de la capacidad laboral igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%) ocurrida en servicio activo, tendrán derecho a partir de la fecha del retiro o del vencimiento de los tres meses de alta cuando se compute como tiempo de servicio, mientras subsista la incapacidad, a que el Tesoro Público les pague una pensión mensual, que será reconocida por el Ministerio de Defensa Nacional o por la Dirección General de la Policía Nacional, según el caso, liquidada de conformidad con los porcentajes que a continuación se señalan, con fundamento en las partidas computables que correspondan según lo previsto en el presente decreto

(…)”.

El Decreto 4433 del 2004 contempló, en sus artículos 30 y 33, dos hipótesis respecto de este tipo de pensión, en las que se exige un 75% de pérdida de la capacidad laboral siempre que la afectación haya ocurrido durante el servicio, sin especificar que debiera ser por causa y razón del mismo. La principal diferencia entre el uno y el otro, además de la liquidación del monto en algunos casos, es el personal al que se encuentran dirigidas, puesto que el artículo 30 cobija a oficiales, suboficiales, soldados profesionales y personal vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio de las Fuerzas Militares, y a oficiales, suboficiales, miembros del Nivel Ejecutivo, Agentes y personal vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio de la Policía Nacional; mientras que la del artículo 33 ampara a los Alumnos de las Escuelas de Formación de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, y de oficiales y miembros del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional.

Así las cosas, a efectos de lograr el reconocimiento pensional aludido no solo era menester que el afectado presentara una pérdida de la capacidad superior al porcentaje mencionado en párrafos anteriores sino que además, las lesiones o la incapacidad debió ser causada en servicio activo y con ocasión del mismo; si bien el artículo 6º de la Ley 923 del 2004 consagró el reconocimiento prestacional referido originado en misión del servicio en simple actividad, solo aplicaba a para situaciones consolidadas a partir del 7 de agosto del 2002.

El referido artículo 30 fue objeto de pronunciamiento por parte de esta Corporación en sentencia del 28 de febrero del 2013(23) a través de la cual lo declaró nulo al considerar que el Gobierno Nacional excedió la facultad de regulación que le otorgó el legislador en la Ley 923 del 2004. Al respecto:

“Como puede observarse, si por Ministerio de la ley no existe el derecho al reconocimiento y liquidación de la pensión de invalidez, cuando la disminución de la capacidad laboral sea inferior al 50%; a contrario sensu, cuando tal disminución sea igual o superior a este porcentaje, surge el derecho a la obtención y reconocimiento de la misma. De tal manera que si esa fue la decisión del legislador, ella no puede ser variada sino por la propia ley, sin el desconocimiento de los derechos adquiridos y, en tal virtud, no puede predicarse la validez de una norma que en desarrollo de los dispuesto en una Ley Marco, señale en detrimento de sus beneficiarios, requisitos superiores a los establecidos por esa ley.

(…).

Por tanto, el artículo 30 del Decreto 4433 de 2004 adolece de un vicio insubsanable de nulidad, pues fue expedido por el Presidente de la República fuera de la órbita competencial que expresamente le señaló el Congreso de la República en la Ley 923 de 2004, artículo 3º numeral 3.5 y, por consiguiente, resulta contrario a derecho y carente de validez.”.

Finalmente, se expidió el Decreto Reglamentario 1157 del 2014(24), a través del cual se consignaron nuevamente los requisitos para que los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía accedan a la pensión de invalidez. En esta oportunidad se estableció que con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%, los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía podrán ser acreedores del derecho a la pensión de invalidez, así:

“(…).

ART. 2º—Reconocimiento y liquidación de la pensión de invalidez. Cuando mediante Acta de Junta Médico-Laboral y/o Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, realizada por los organismos médico laborales militares y de policía, se determine al Personal de Oficiales, Suboficiales, Soldados Profesionales y personal vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio de las Fuerzas Militares y Oficiales, Suboficiales, miembros del Nivel Ejecutivo, Agentes y personal vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio de la Policía Nacional, una disminución de la capacidad laboral igual o superior al cincuenta por ciento (50%) ocurrida en servicio activo, tendrán derecho a partir de la fecha del retiro o del vencimiento de los tres meses de alta cuando se compute como tiempo de servicio, mientras subsista la incapacidad, a que el Tesoro Público, les pague una pensión mensual, que será reconocida por el Ministerio de Defensa Nacional o por la Dirección General de la Policía Nacional, según el caso, liquidada de conformidad con los porcentajes que a continuación se señalan, con fundamento en las partidas computables que correspondan, según lo previsto en los Decretos 4433 de 2004 y 1858 de 2012; así:

2.1. El cincuenta por ciento (50%), cuando la disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al cincuenta por ciento (50%), e inferior al setenta y cinco por ciento (75%).

2.2. El setenta y cinco por ciento (75%), cuando la disminución de la capacidad laboral sea igualo superior al setenta y cinco por ciento (75%), e inferior al ochenta y cinco por ciento (85%).

2.3. El ochenta y cinco por ciento (85%), cuando la disminución de la capacidad laboral sea igualo superior al ochenta y cinco por ciento (85%), e inferior al noventa y cinco por ciento (95%).

2.4. El noventa y cinco por ciento (95%) de dichas partidas, cuando la disminución de la capacidad laboral sea igualo superior al noventa y cinco por ciento (95%).

(…)”.

Esta nueva normativa, que rige a partir del 24 de junio de 2014, consagró la pensión de invalidez para los miembros de la fuerza pública, y entre ellos, a los agentes de la Policía Nacional, cuando por las autoridades médico laborales propias se les determine una pérdida de su capacidad laboral igual o superior al 50%.

En cuanto al monto, estableció la norma que:

Rango % pérdida cap. LaboralMonto - partidas computables
50 - 7550
75 - 8575
85 - 9585
más de 9595

Es pertinente señalar, que una de las características notorias de la regulación de la pensión de invalidez de la Fuerza Pública, es la de instituirse a partir de los conceptos científicos de las autoridades medico laborales propias que tiene por ministerio de la ley, lo cual, tiene pleno sustento, en que dicho sector está excluido del régimen general de seguridad social previsto en la Ley 100 de 1993(25).

Sin embargo, nota la Sala que la nueva regulación en cuanto al porcentaje de pérdida de la capacidad laboral requerido para la pensión de invalidez en la fuerza pública, está a tono con la dispuesta en el régimen general de pensiones, al que se ha acudido en aplicación del derecho a la igualdad y al principio de favorabilidad.

De lo anterior se colige, para que un miembro de la Fuerza Pública sea acreedor al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, será necesario que la disminución de la capacidad sicofísica se dé en servicio activo, y que el dictamen médico arroje un porcentaje de al menos 50%.

ii) Sectores excluidos de la aplicación del sistema integral de seguridad social contenido en la Ley 100 de 1993.

El Sistema General de Pensiones es, en principio, de aplicación general, así se desprende del texto del artículo 11 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1º de la Ley 797 de 2003. Sin embargo, la misma Ley en su artículo 279 dispuso que: “(…) El sistema integral de seguridad social contenido en la presente ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, con excepción de aquél que se vincule a partir de la vigencia de la presente ley, ni a los miembros no remunerados de las corporaciones públicas (…).”.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, a los sectores excluidos expresamente por la Ley 100 de 1993 de la aplicación de todo el Sistema Integral de Seguridad Social, no se les aplica ninguno de los sistemas originados en dicha ley, esto es, pensiones, salud y riesgos profesionales. Dentro de los sectores enunciados en la norma se encuentran las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

De tal manera que la situación particular del demandante, en principio, se encuentra excluida de la aplicación del Sistema Integral de Seguridad Social previsto en la Ley 100 de 1993.

iii) De la situación de invalidez frente al Sistema General de Pensiones.

La Ley 100 de 1993, con las modificaciones introducidas por la Ley 860 del 2003, y sus reglamentaciones, regula la noción jurídica de invalidez, y los criterios para establecerla. Define los requisitos y el monto de la pensión de invalidez y señala las distintas reglas aplicables a esta pensión en cada uno de los regímenes del sistema.

Así se establece en los artículos 38 y 39, ibídem, en su texto original:

“ART. 38.—Estado de invalidez. Para los efectos del presente capítulo se considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral.

ART. 39(3).—Tendrán derecho a la pensión de invalidez, los afiliados que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sean declarados inválidos y cumplan alguno de los siguientes requisitos:

a. Que el afiliado se encuentre cotizando al régimen y hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas, al momento de producirse el estado de invalidez.

b. Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca el estado de invalidez.

PAR.—Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente artículo se tendrá en cuenta lo dispuesto en los parágrafos del artículo 33 de la presente ley.

iv) De la inaplicación de los regímenes exceptuados en materia de seguridad social.

Sobre este particular, estima la Sala que el derecho a la igualdad material no sufre en principio desmedro alguno por la sola existencia de regímenes especiales de seguridad social, pues esta específica normatividad tiene como propósito proteger los derechos adquiridos y, al mismo tiempo, regular unas condiciones prestacionales más favorables para cierto grupo de trabajadores a quienes se aplican.

No obstante ello, excepcionalmente, y cuando se demuestra que sin razón justificada las diferencias surgidas de la aplicación de los regímenes especiales generan un trato desfavorable para sus destinatarios, frente a quienes se encuentran sometidos al régimen común de la Ley 100 de 1993, se configura una evidente discriminación que impone el retiro de la normatividad especial, por desconocimiento del derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política.

Así lo ha sostenido la Corte Constitucional en sentencia C-461 del 12 de octubre del 2005, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz:

"Por las razones anteriores la Corte considera que el establecimiento de regímenes pensionales especiales, como aquellos señalados en el artículo 279 de la Ley 100, que garanticen en relación con el régimen pensional, un nivel de protección igual o superior, resultan conformes a la Constitución, como quiera que el tratamiento diferenciado lejos de ser discriminatorio, favorece a los trabajadores a los que cobija. Pero si se determina que al permitir la vigencia de regímenes especiales, se perpetúa un tratamiento inequitativo y menos favorable para un grupo determinado de trabajadores, frente al que se otorga a la generalidad del sector, y que el tratamiento dispar no es razonable, se configuraría un trato discriminatorio en abierta contradicción con el artículo 13 de la Carta.”.

Posteriormente, en sentencia T-348 de 24 de julio de 1997 reiteró:

“En general, esta corporación ha considerado que la consagración de regímenes especiales de seguridad social, como los establecidos en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, no vulnera la igualdad, en la medida en que su objetivo reside, precisamente, en la protección de los derechos adquiridos por los grupos de trabajadores allí señalados. Salvo que se demostrare que la ley efectuó una diferenciación arbitraria, las personas vinculadas a los regímenes excepcionales deben someterse integralmente a éstos sin que pueda apelarse a los derechos consagrados en el régimen general”.

Bajo estos supuestos, advierte la Sala(4) la posibilidad de que, por vía de excepción, se deje de lado la aplicación de regímenes especiales de seguridad social cuando estos impliquen un trato desfavorable y discriminatorio al reconocido por el sistema general contenido en la Ley 100 de 1993.

Descendiendo al caso concreto, se observa que conforme a lo dispuesto en la normativa que regulaba la materia y como quiera que la incapacidad sufrida por el actor no es igual o superior al 75% éste no tiene derecho a la pensión de invalidez bajo el régimen especial previsto en dicha normatividad para los miembros de la Policía Nacional.

Sin embargo, la Sala por vía de excepción ha aplicado al personal de la Fuerza Pública los requisitos exigidos por el Régimen General de Seguridad Social para el reconocimiento de la pensión de invalidez, entre ellos el 50% de la disminución de la capacidad sicofísica.

v) Del caso en concreto.

En el sub lite, el señor Edwin Sánchez García pretende el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez por considerar que ostenta una pérdida de la capacidad laboral superior al 50%, para el efecto consideró, en el recurso de apelación, que le asiste tal derecho con el 100% de las partidas que devengaba al momento de su retiro de la institución y no en un 50% como lo determinó el a quo en su providencia, esto con apoyo en lo establecido en los artículos 161 del Decreto 1212 de 1990, 183 del Decreto 1211 de 1990 y 119 del Decreto 1213 de 1990. Adicionalmente, sostuvo que no se presenta el fenómeno jurídico de la prescripción y que no hay lugar al descuento ordenado por el a quo en cuanto a la indemnización recibida por las lesiones adquiridas en combate.

Por su parte, la entidad demandada al proponer el recurso de apelación alegó que al demandante no le asiste el derecho a la pensión de invalidez, habida cuenta que su incapacidad fue determinada en vigencia del Decreto 1796 del 2000, el cual establecía un porcentaje mínimo de disminución de la capacidad laboral para el reconocimiento de la pensión por invalidez equivalente al 75%, situación que no se presenta, pues éste presentó una disminución del 69.86%.

La Sala sostendrá la siguiente tesis: El señor Edwin Sánchez García tiene derecho al reconocimiento de una pensión de invalidez con fundamento en lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y, por ende, se debe aplicar la prescripción trienal y la devolución de las sumas reconocidas por concepto de indemnización por incapacidad.

Atendiendo lo antes expuesto, para efectos de resolver los puntos de controversia, la Sala contará con los siguientes elementos probatorios:

De conformidad con el certificado de nacimiento expedido por el Registrador Municipal del Estado Civil de Curumaní (Cesar)(26) y la hoja de servicios 72238862 del 27 de agosto del 2002(27), el señor Edwin Sánchez García nació el 15 de febrero de 1978 e ingresó al servicio del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional el 12 de febrero de 1996, siendo retirado por voluntad de la Dirección General el 15 de julio del 2002 a través de la Resolución 1646 del 28 de junio del 2002(28), para un total de labores de 6 años, 6 meses y 6 días.

Según el informativo administrativo por lesiones del 12 de octubre del 2001(29), proferido por el Subcomandante Operativo del Departamento de Policía del Cesar, el 4 de julio de 1999 el actor fue herido en una emboscada de las Farc ejecutada en el área rural del municipio de la Paz (Vereda Varas Blancas), esto, en desarrollo de las actividades ejecutadas con ocasión del servicio, situación que le ocasionó acortamiento del fémur derecho con limitación funcional, trastorno por estrés postraumático y cicatrices corporales.

A través del Acta 547 del 5 de junio del 2002(30), expedida por la Junta Médico Laboral, ratificada en sus conclusiones por el Acta 2247 - 2274 del 24 de junio del 2003(31) por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, se determinó que el actor presentaba una disminución de su capacidad laboral del 69.86%, imputable al servicio de conformidad con el numeral c) del artículo 24 del Decreto 1796 del 2000 “En el servicio como consecuencia del combate o en accidente relacionado con el mismo, o por acción directa del enemigo, en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público o en conflicto internacional”.

A través de petición del 12 de septiembre del 2014(32), el actor solicitó el reconocimiento y pago de una pensión por invalidez por disminución de la capacidad laboral superior al 50%, la cual fue negada por el Jefe del Área de Pensiones de la Policía Nacional a través del Oficio 058349 / ARPRE-GRUPE-1.10 del 2 de octubre del 2014(33), por cuanto el régimen aplicable para la época en que se estructuró la incapacidad exigía un porcentaje igual o superior al 75%. Así mismo, por cuanto los hechos que dieron origen a la incapacidad médico laboral ocurrieron con anterioridad a la fecha señalada por el artículo 6º de la Ley Marco 923 del 2004, a lo que se suma que el actor fue retirado “por causa y voluntad de la Dirección General” de la institución policial a partir del 15 de julio del 2002, esto es, con anterioridad al 7 de agosto del 2002.

Finalmente, mediante la Resolución 2855 del 4 de noviembre del 2004(34), expedida por el Director General de la Policía Nacional, se le reconoció y ordenó el pago al actor de una indemnización por incapacidad relativa y permanente según la liquidación efectuada por el grupo de prestaciones sociales de la institución(35).

Pues bien, en orden de resolver el asunto planteado, se analizará los argumentos propuestos por los recurrentes, no sin antes señalar que al haber apelantes múltiples, se podrá decidir sin ningún límite(36).

De la normativa aplicable

Del análisis de las normas que han regulado la pensión de invalidez de los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía, se tiene que para los miembros de la Fuerza Pública existe una norma especial que exige para el reconocimiento de la pensión de invalidez una pérdida de la capacidad laboral del 75% “artículo 89 del Decreto 94 de 1989 y 39 del Decreto-Ley 1796 de 2000”. Contrario sensu, la Ley 100 de 1993 dispone una idéntica prestación al trabajador que acredite una discapacidad laboral del 50% “artículos 38 – 39”; siendo este régimen más favorable, y por tanto, en respeto a la supremacía constitucional, el que debió determinar la procedencia del reconocimiento de la prestación pedida por el hoy demandante.

En tal sentido, tal y como se expuso en el anterior acápite, la Sala por vía de excepción ha aplicado al personal de la Fuerza Pública los requisitos exigidos por el Régimen General de Seguridad Social para el reconocimiento de la pensión de invalidez, entre ellos el 50% de la disminución de la capacidad sicofísica, por considerar que el régimen especial contiene un trato desfavorable y discriminatorio, razón por la cual en principio se podría decir, que al actor le asiste el derecho al reconocimiento de la citada prestación pensional, pero para ello, se deberá proceder a verificar en el caso concreto, el cumplimiento de cada uno de los requisitos previstos en los artículos 38 y 39 de la Ley 100 de 1993.

Es por esta sencilla pero poderosísima razón, que la Sala hará el análisis de las disposiciones relacionadas con la pensión de invalidez, contenidas en la Ley 100 de 1993, que son del siguiente tenor:

“ART. 38.—Estado de invalidez. Para los efectos del presente capítulo se considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral.

ART. 39.—Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones:

1. Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración (…)”.

Tenemos entonces, que de la normativa señalada se puede inferir que tiene derecho al reconocimiento de una pensión de invalidez el trabajador que tenga disminuida su capacidad laboral en un 50% o más, y que haya cotizado por lo menos 50 semanas al momento de producirse el estado de invalidez.

Entonces, al tener acreditado el actor una pérdida de la capacidad laboral del 69.86%, y haber completado más de 6 años de servicio, de lo que permite inferirse la cotización; puede concluirse que le asiste el derecho a la pensión de invalidez, pero con fundamento en lo dispuesto en los artículos 38 y 39 de la Ley 100 de 1993, cuyo monto está determinado así:

“ART. 40.—Monto de la pensión de invalidez. El monto mensual de la pensión de invalidez será equivalente a:

a) El 45% del ingreso base de liquidación, más el 1.5% de dicho ingreso por cada cincuenta (50) semanas de cotización que el afiliado tuviese acreditadas con posterioridad a las primeras quinientas (500) semanas de cotización, cuando la disminución en su capacidad laboral sea igual o superior al 50% e inferior al 66%, y

b) El 54% del ingreso base de liquidación, más el 2% de dicho ingreso por cada cincuenta (50) semanas de cotización que el afiliado tuviese acreditadas con posterioridad a las primeras ochocientas (800) semanas de cotización, cuando la disminución en su capacidad laboral es igual o superior al 66%.

La pensión por invalidez no podrá ser superior al 75% del ingreso base de liquidación.

En ningún caso la pensión de invalidez podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual.

La pensión de invalidez se reconocerá a solicitud de parte interesada y comenzará a pagarse, en forma retroactiva, desde la fecha en que se produzca tal estado.”

Como el tiempo total de servicios prestados por el actor fue de 6 años, 6 meses y 6 días, según su hoja de servicios 72238862 del 27 de agosto del 2002(37), el monto de la pensión de invalidez, de acuerdo con la norma anterior, es del 54%, por tener un porcentaje de pérdida de la capacidad laboral del 69.86%.

Ahora bien, la Junta Medico Laboral del 5 de junio del 2002, practicada al actor, en cuya virtud, tiene una discapacidad del 69.86%, no determinó el momento exacto de estructuración, pero sí dejó en claro que era imputable al servicio y que por ende, tiene origen laboral. Por ello, la Sala estimará como tiempo de estructuración del estado de invalidez, el momento en que aquel fue retirado del servicio, esto es, el 15 de julio del 2002, al margen que la causa de éste hubiere sido la facultad discrecional.

Así las cosas, la Sala puede concluir que el demandante tiene derecho a la pensión invalidez, por la merma de su estado de salud imputable a los servicios prestados a la Policía Nacional durante el periodo comprendido entre el 12 de febrero de 1996 al 15 de julio del 2002, pero con fundamento en lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, en virtud del principio de favorabilidad.

Sea la oportunidad para precisar que, contrario a lo afirmado por el Tribunal Administrativo del Cesar, al señor Edwin Sánchez García no le resultaban aplicables las disposiciones previstas en la Ley 923 de 2004 y el Decreto 4433 de 2004, toda vez que si bien es cierto la referida ley estableció la aplicación de sus efectos de manera retroactiva respecto a hechos, que hayan dado origen a una disminución de la capacidad sicofísica, ocurridos a partir del 7 de agosto de 2002(38), en el caso concreto la descripción de los hechos que dieron lugar a la incapacidad del demandante están consignados en el Informe Administrativo por Lesiones del 12 de octubre del 2001 lo que da por probado que, en todo caso, los mismos tuvieron lugar con anterioridad al 7 de agosto de 2002.

En otras palabras, debe concluirse que a la situación particular del actor no le resultan aplicables las disposiciones de la Ley 923 de 2004 y el Decreto 4433 de 2004, de manera retroactiva toda vez que como quedó visto, los hechos que ocasionaron su disminución de la capacidad sicofísica tuvieron lugar con anterioridad al 7 de agosto de 2002.

Adicionalmente, tampoco resultan de recibo los argumentos expuestos por la parte actora en su recurso de apelación en cuanto al reconocimiento y pago de la pensión por invalidez en un 100% de conformidad con los artículos 161 del Decreto 1212 de 1990(39), 183 del Decreto 1211 de 1990(40) y 119 del Decreto 1213 de 1990(41), por cuanto su vinculación al servicio de la Policía Nacional se efectuó en vigencia del Decreto 1091 de 1995, no siendo posible la aplicación de éstos a su situación concreta, específicamente, porque se debe tener en cuenta la normativa que se encuentre vigente al momento en que sucedieron los hechos o cuando se configuró la lesión, que para el caso fue 12 de octubre de 2001.

Pero, si en gracia de discusión no se admitiera el anterior argumento, el reconocimiento del porcentaje reclamado por el demandante solo es posible cuando la pérdida de la capacidad laboral sea absoluta y permanente o gran invalidez, lo cual, de acuerdo con el artículo 65 del Decreto 1091 de 1995(42), ésta solo es dable cuando la disminución ascienda al 95%, situación que no se presenta en el presente asunto, pues, se reitera, su disminución fue del 69.86%.

De la prescripción

Es pertinente señalar que este fenómeno, en general, es un modo de extinguir derechos por el paso del tiempo sin haberlos exigido(43), regla frente a la cual el derecho a la pensión(44) ha recibido una connotación especial para darle el carácter de imprescriptible, es decir, no se ve afectado por tal fenómeno, situación que se extiende a la de invalidez(45). No obstante, no sucede lo mismo con las mesadas que no se hubieren reclamado dentro del término previsto por la ley(46).

Si bien es cierto que la pensión es una prestación imprescriptible y que su reconocimiento puede ser solicitado en cualquier tiempo, no ocurre lo mismo con las mesadas pensionales las cuales no se encuentran amparadas por esta excepción.

En materia de prescripción, debe la Sala señalar, que habiendo acudido a la ley general para el reconocimiento del derecho reclamado por la parte actora, violaría el principio de inescindibilidad aplicar tanto este régimen como el especial de las Fuerzas Militares.

En el caso concreto, como el actor formuló la petición sólo hasta el 12 de septiembre del 2014(47), hay lugar a decretar la prescripción de derechos consagrada en los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, de tal manera que, el pago de la prestación sólo se ordenara a partir del 12 de septiembre del 2011, como lo hizo el a quo en la sentencia apelada.

De la indemnización

En cuanto a la indemnización recibida por el actor mediante la Resolución 2855 del 4 de noviembre del 2004, según la liquidación efectuada por el Grupo de Prestaciones Sociales de la institución(48), la Sala indica que la indemnización por diminución de la capacidad laboral y la pensión de invalidez comparten el mismo objeto y causa, esto es, amparar la contingencias derivadas de la pérdida de la fuerza laboral de un trabajador lo que, en la práctica, torna incompatible su reconocimiento en forma concurrente según lo establecido en el artículo 45 de la Ley 100 de 1993(49).

Por lo anterior, la Sala encuentra acertado lo ordenado por el a quo en cuanto al descuento por el pago realizado por concepto de indemnización mediante la Resolución 2855 del 4 de noviembre del 2004, según la liquidación efectuada por el Grupo de Prestaciones Sociales de la institución(50).

Finalmente, en cuanto a las costas(51) debe reiterar la Sala lo expuesto por ambas subsecciones de la Sección Segunda(52) de esta corporación sobre el particular, en la medida que el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo entrega al juez la facultad de disponer sobre su condena, lo cual debe resultar de analizar diversos aspectos dentro de la actuación procesal, tales como la conducta de las partes, y que principalmente aparezcan causadas y comprobadas, siendo consonantes con el contenido del artículo 365 del CGP; descartándose así una apreciación objetiva que simplemente consulte quien resulte vencido para que le sean impuestas.

En el caso, la Sala observa que el a quo no hizo un análisis sobre la necesidad de condenar en costas a la parte vencida del proceso, atendiendo los criterios ya definidos por la jurisprudencia, echándose de menos además, alguna evidencia de causación de expensas que justifiquen su imposición a la parte demandada.

Por lo anterior, debe confirmarse la sentencia apelada que acogió parcialmente las súplicas de la demanda, pero por las razones expuestas en esta instancia, salvo el numeral tercero, relacionado con el restablecimiento del derecho, que se modificará teniendo en cuenta el régimen pensional aplicable a la pensión, su causación y efecto fiscal, y el literal quinto relacionado con la imposición de la condena en costas a la parte vencida que se revocará, tal como quedó analizado con anterioridad.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida del 28 de julio del 2016 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda del señor Edwin Sánchez García contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, encaminadas al reconocimiento y pago de una pensión de invalidez, con la modificación al numeral TERCERO el cual quedará así:

“3. A título de restablecimiento del derecho, se condena a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, a reconocer la pensión de invalidez a favor del señor Edwin Sánchez García, dando aplicación a lo establecido en los artículos 38 a 40 de la Ley 100 de 1993, en monto del 54% del ingreso base de liquidación, de acuerdo con los parámetros sentados en la parte considerativa de esta decisión.

Esta prestación deberá reconocerse con efectos a partir del día siguiente al retiro de Edwin Sánchez García de la entidad accionada, pero con efectividad a partir del 12 de septiembre de 2011, por efectos de la prescripción trienal. Del valor reconocido deberá descontarse el pago realizado por concepto de indemnización para no incurrirse en doble pago.”

2. REVOCAR el numeral QUINTO de la decisión, en cuanto el Tribunal Administrativo del Cesar condenó en costas a la parte demandada.

En su lugar, se dispone:

NEGAR la condena en costas, acorde con lo explicado en la motivación precedente.

Cópiese, notifíquese, y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

Magistrados: Sandra Lisset Ibarra Vélez—Carmelo Perdomo Cuéter—César Palomino Cortés.

1 Folio 415.

2 Folios 3 – 4.

3 Folios 4 - 8.

4 “Audición funcional normal trauma acústico bilateral, umbral auditivo 17 dB. Bilateral sin secuelas valoradas, secuelas fractura fémur derecho. Limitación funcional del 50% acortamiento de 7.1 centímetros en MID, trastorno de stress postraumático y cicatrices corporales descritas”.

5 “Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional.
(…)
ART. 161.—Incapacidad absoluta en actos meritorios del servicio. Si la incapacidad absoluta y permanente o gran invalidez de que trata el artículo anterior, fueren consecuencia de heridas en actos meritorios del servicio, en combate, como consecuencia de la acción del enemigo o en conflicto internacional o en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público interno, el Oficial o Suboficial tendrá derecho a: 
a. Al ascenso al grado inmediatamente superior, cualquiera que fuere el tiempo de servicio en su grado.
b. A que por el Tesoro Público se le pague, por una sola vez, la indemnización que corresponda a su lesión de acuerdo con el reglamento respectivo, aumentada en otro tanto
c. A percibir del Tesoro Público una pensión mensual equivalente al ciento por ciento (100%) de las partidas señaladas en el artículo 140 de este Decreto. 
d. Al auxilio de cesantía y demás prestaciones correspondientes a su nuevo grado y tiempo de servicio.
e. A una bonificación equivalente al treinta por ciento (30%) del valor de la indemnización que resulte de la aplicación de la Tabla “D” del Decreto-ley 94 de 1989 o normas que lo sustituyan, modifiquen o adicionen.
f. A importar para uso personal y libre de cualquier gravamen nacional, implementos ortopédicos y un vehículo de características especiales acordes con su limitación física o incapacidad permanente, que permitan su rehabilitación y recuperación.
(…)” .

6 “(…).
ART. 9º—Ingreso de suboficiales al nivel ejecutivo. Podrán ingresar a la escala jerárquica del Nivel Ejecutivo los suboficiales en servicio activo que lo soliciten, de acuerdo con las siguientes equivalencias:
1. Cabo segundo y cabo primero, al grado de subintendente;
2. Sargento segundo, al grado de intendente;
3. Sargento viceprimero, al grado de intendente jefe;
4. Sargento primero, al grado de subcomisario;
5. Sargento Mayor, al grado de comisario.
PAR.—El ingreso de los suboficiales a este nivel, se hará en estricto orden de antigüedad en el grado, de acuerdo con las disposiciones que para tal efecto presente a consideración del Ministro de Defensa Nacional el Director General de la Policía Nacional.
(…)”

7 Folios 8 - 62.

8 Folios 57 - 66 del cuaderno principal.

9 “Por el cual se expide el Régimen de Asignaciones y Prestaciones para el personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, creado mediante Decreto 132 de 1995”.

10 "Por el cual se regula la evaluación de la capacidad sicofísica y de la disminución de la capacidad laboral, y aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos por lesiones, de los miembros de la Fuerza Pública, Alumnos de las Escuelas de Formación y sus equivalentes en la Policía Nacional, personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y personal no uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993”.

11 Folios 297 - 320.

12 “(…).
ART. 3º—Elementos mínimos. El régimen de asignación de retiro, la pensión de invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y los reajustes de estas, correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública, que sea fijado por el Gobierno Nacional, tendrá en cuenta como mínimo los siguientes elementos:
(…).
3.5. El derecho para acceder a la pensión de invalidez, así como su monto, será fijado teniendo en cuenta el porcentaje de la disminución de la capacidad laboral del miembro de la Fuerza Pública, determinado por los Organismos Médico-Laborales Militares y de Policía, conforme a las leyes especiales hoy vigentes, teniendo en cuenta criterios diferenciales de acuerdo con las circunstancias que originen la disminución de la capacidad laboral. En todo caso no se podrá establecer como requisito para acceder al derecho, una disminución de la capacidad laboral inferior al cincuenta por ciento (50%) y el monto de la pensión en ningún caso será menor al cincuenta por ciento (50%) de las partidas computables para la asignación de retiro.
(…)”.

13 “(…).
ART. 32.—Reconocimiento y liquidación de la incapacidad permanente parcial en combate o actos meritorios del servicio. El personal de Oficiales, Suboficiales y Soldados de las Fuerzas Militares, y de Oficiales, Suboficiales, Miembros del Nivel Ejecutivo y Agentes de la Policía Nacional, que adquieran una incapacidad permanente parcial igual o superior al cincuenta por ciento (50%) e inferior al setenta y cinco por ciento (75%) ocurrida en combate, o actos meritorios del servicio, o por acción directa del enemigo, o en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público o en conflicto internacional, o en accidente ocurrido durante la ejecución de un acto propio del servicio, tendrá derecho a partir de la fecha del retiro o del vencimiento de los tres meses de alta cuando se compute como tiempo de servicio y mientras subsista la incapacidad a que el Tesoro Público les pague una pensión mensual, que será reconocida por el Ministerio de Defensa Nacional o por la Dirección General de la Policía Nacional, según el caso, equivalente al cincuenta por ciento (50%) de las partidas dispuestas en el presente decreto, siempre y cuando exista declaración médica de no aptitud para el servicio y no tenga derecho a la asignación de retiro.
PAR. 1º—Para los efectos previstos en el presente artículo se entiende por accidente ocurrido durante la ejecución de un acto propio del servicio o aquel que se produce durante la ejecución de una orden de operaciones.
PAR. 2º—Para el reconocimiento de la pensión establecida en este artículo, la Junta Médico Laboral o Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, solo calificará la pérdida o anomalía funcional, fisiológica o anatómica, la cual debe ser de carácter permanente y adquirida solo en las circunstancias aquí previstas.
(…)”

14 Folios 328 – 332.

15 Apartes subrayados declarados EXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-970-03 del 21 de octubre del 2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

16 Tribunal Administrativo del Cesar.

17 Folios 393 a 414.

18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 30 de enero del 2014, C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez. Exp. 1860-13.

19 “Por el cual se expide el Régimen de Asignaciones y Prestaciones para el personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, creado mediante Decreto 132 de 1995”.

20 “Por el cual se regula la evaluación de la capacidad sicofísica y de la disminución de la capacidad laboral, y aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos por lesiones, de los miembros de la Fuerza Pública, Alumnos de las Escuelas de Formación y sus equivalentes en la Policía Nacional, personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y personal no uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993”.

21 Apartes subrayados declarados EXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-970-03 del 21 de octubre del 2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

22 “Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública”.

23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, radicación 11001-03-25-000-2007-00061-00 (1238-07), Consejera Ponente: Bertha Lucía Ramírez de Paéz.

24 “Por el cual se fija el régimen de asignación de retiro a un personal de la Policía Nacional y de pensión de invalidez para el personal uniformado de la fuerza pública”.

25 Artículo 279.

3 3 Artículo modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003. El nuevo texto es el siguiente: ART. 39.—Requisitos para obtener la pensión de invalidez. Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones:
1. <Aparte subrayado INEXEQUIBLE> Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración y su fidelidad de cotización para con el sistema sea al menos del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez.
2. <Aparte subrayado INEXEQUIBLE> Invalidez causada por accidente: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma, y su fidelidad (de cotización para con el sistema sea al menos del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez.
PAR. 1º—Los menores de veinte (20) años de edad sólo deberán acreditar que han cotizado veintiséis (26) semanas en el último año inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su declaratoria.
PAR. 2º—Cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, solo se requerirá que haya cotizado 25 semanas en los últimos tres (3) años.

4 4 En este mismo sentido pueden verse los siguientes pronunciamiento: sentencias de 23 de julio de 2009, Rad. 1925-2007. Actor: William Tapiero Mejía. M.P. Gerardo Arenas Monsalve; Sentencia 13 de febrero de 2003. Rad. 1251-2002. M.P. Alberto Arango Mantilla.

26 Folio 83.

27 Folio 85 vto.

28 Folio 90.

29 Folio 185.

30 Folios 95 y 96.

31 Folios 92 a 94.

32 Folios 75 a 80.

33 Folios 72 a 74.

34 Folio 98.

35 Folio 200.

36 “(…) ART. 328.—Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia (…)”.

37 Folio 86 Vto.

38 Ley 923 de 2004.
“(…) ART. 6º—El Gobierno Nacional deberá establecer el reconocimiento de las pensiones de invalidez y sobrevivencia originadas en hechos ocurridos en misión del servicio o en simple actividad desde el 7 de agosto de 2002, de acuerdo con los requisitos y condiciones de la presente ley. (…)”. (Lo resaltado en negrilla es de la Sala).

39 “ART. 161.—Incapacidad absoluta en actos meritorios del servicio. Si la incapacidad absoluta y permanente o gran invalidez de que trata el artículo anterior, fueren consecuencia de heridas en actos meritorios del servicio, en combate, como consecuencia de la acción del enemigo o en conflicto internacional o en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público interno, el Oficial o Suboficial tendrá derecho a:
a. Al ascenso al grado inmediatamente superior, cualquiera que fuere el tiempo de servicio en su grado. 
b. A que por el Tesoro Público se le pague, por una sola vez, la indemnización que corresponda a su lesión de acuerdo con el reglamento respectivo, aumentada en otro tanto. 
c. A percibir del Tesoro Público una pensión mensual equivalente al ciento por ciento (100%) de las partidas señaladas en el artículo 140 de este Decreto. 
d. Al auxilio de cesantía y demás prestaciones correspondientes a su nuevo grado y tiempo de servicio. 
e. A una bonificación equivalente al treinta por ciento (30%) del valor de la indemnización que resulte de la aplicación de la Tabla “D” del Decreto-ley 94 de 1989 o normas que lo sustituyan, modifiquen o adicionen. 
f. A importar para uso personal y libre de cualquier gravamen nacional, implementos ortopédicos y un vehículo de características especiales acordes con su limitación física o incapacidad permanente, que permitan su rehabilitación y recuperación”.

40 “ART. 183.—Incapacidad absoluta en combate. Si la incapacidad absoluta y permanente o gran invalidez de que trata el artículo anterior fueren consecuencia de heridas en combate o como consecuencia de la acción del enemigo, en conflicto internacional o en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público interno, el oficial o suboficial tendrá derecho a:
a. Al ascenso al grado inmediatamente superior, sobre cuyos haberes serán liquidadas y pagadas todas sus prestaciones.
b. A que por el Tesoro Público se le pague, por una sola vez, la indemnización que corresponda a su lesión de acuerdo con el reglamento respectivo, aumentada en otro tanto.
c. A percibir del Tesoro Público una pensión mensual equivalente al ciento por ciento (100%) de las partidas señaladas en el artículo 158de este decreto.
d. Al auxilio de cesantía y demás prestaciones correspondientes a su grado y tiempo de servicio.
e. A una bonificación equivalente al treinta por ciento (30%) del valor de la indemnización que resulte de la aplicación de la Tabla "D" del Decreto-ley 94 de 1989 o normas que lo sustituyan, modifiquen o adicionen.
f. A importar para uso personal libre de cualquier gravamen nacional, implementos ortopédicos y un vehículo de características especiales acordes con su limitación física o incapacidad permanente, que permitan su rehabilitación y recuperación”. (Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, Sentencia 134 de 31 de octubre de 1991, M.P. Simón Rodríguez Rodríguez.

41 “ART. 119.—Incapacidad absoluta en actos especiales del servicio. Si la incapacidad absoluta y permanente o gran invalidez de que trata el artículo anterior fueren consecuencia de heridas en actos meritorios del servicio, en combate o como consecuencia de la acción del enemigo, en conflicto internacional o en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público interno, el agente tendrá derecho a:
a. Al ascenso al grado de Cabo Segundo de la Policía Nacional.
b. A que se les pague por el Tesoro Público por una sola vez, la indemnización que corresponda a su lesión de acuerda con el reglamento respectivo, aumentada en otro tanto.
c. A percibir del Tesoro Público una pensión mensual equivalente al ciento por ciento (100%) de las partidas señaladas en el artículo 100de este Decreto.
d. El auxilio de cesantía y demás prestaciones que le corresponda de acuerdo con su nuevo grado y tiempo de servicio.
e. A una bonificación, equivalente al treinta por ciento (30%) del valor de la indemnización que resulte de la aplicación de la tabla "D" del Decreto-ley 94 de 1989 o de las disposiciones que le adicionen o reformen.
f. A importar para uso personal y libre de cualquier gravamen nacional, implementos ortopédicos y un vehículo de características especiales acordes con su limitación física o incapacidad permanente, que permitan su rehabilitación y recuperación”.

42 “(…) ART. 65.—Disminución de la capacidad sicofísica. El personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, que presente disminución de la capacidad sicofísica que no haya sido indemnizada en la forma prevista en el artículo 47 de este decreto, tendrá derecho a que el Tesorero Público le pague:
(…)
3. El ciento por ciento (100%) de dichas partidas, cuando la pérdida de la capacidad laboral sea igual o superior al noventa y cinco por ciento (95%).
(…)”.

43 Código Civil, artículo 2512: “La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones o derechos ajenos, por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales.
Se prescribe una acción o derecho cuando se extingue por la prescripción”.

44 Entre otras ver Corte Constitucional sentencia C-230 de 1998.

45 Sentencia Corte Constitucional T-527-14.

46 Sobre la prescripción de las mesadas pensionales ver, entre otras, las sentencias del Consejo de Estado: sentencia del 14 de septiembre de 2017, Sección Segunda, Subsección A, Rad. 44001-23-33-000-2013-00121-01(2435-15); sentencia del 16 de marzo de 2017, Sección Segunda, Subsección B. Rad: 05001-23-31-000-2011-01036-01(0553-14).

47 Folios 75 a 79.

48 Folio 200.

49 “ART. 45.—Reglamentado por el Decreto Nacional 1730 de 2001. Indemnización sustitutiva de la pensión de invalidez. El afiliado que al momento de invalidarse no hubiere reunido los requisitos exigidos para la pensión de invalidez, tendrá derecho a recibir, en sustitución, una indemnización equivalente a la que le hubiere correspondido en el caso de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, prevista en el artículo 37 de la presente ley”.
NOTA: El texto subrayado fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-458 de 2015.

50 Folio 200.

51 Estas erogaciones económicas son aquellos gastos en que incurre una parte a lo largo del proceso en aras de sacar avante la posición que detenta, tales como gastos ordinarios, cauciones, honorarios a auxiliares de la justicia, publicaciones, viáticos, entre otros; que encuadran en lo que se denomina como expensas. Así mismo, se comprenden los honorarios del abogado, que en el argot jurídico son las agencias en derecho. (CGP, arts. 361 y ss.).

52 Sentencia del 19 de enero de 2015, número interno 4583-2013, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; Sentencia del 16 de julio de 2015, Interno 4044-2013, C.P. (e) Sandra Lisset Ibarra Vélez.