Sentencia 2015-00372/0756-2015 de marzo 1º de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejera Ponente:

Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez

Bogotá D.C., primero de marzo de dos mil dieciocho.

Ref.: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

Rad.: 110010325000201500372 00 (0756-2015)

Actor: Eugenio Pio Osorio Cortina

Accionado: Unidad Administrativa Especial — Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Trámite: Única instancia - Decreto 1 de 1984.

Asunto: Inspector aduanero de la DIAN suspendido del cargo e inhabilitado por setenta (70) días, al haber omitido el procedimiento de controversia de valor y autorizado el levante de mercancías con precios inferiores a los oficiales y de referencia. / Los medios objetivos para establecer el valor de una mercancía importada solo son aplicables cuando se haya generado controversia de valor.

Decisión: Niega pretensiones de la demanda.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Planteamiento del problema jurídico.

Atendiendo a los argumentos planteados en el escrito de demanda, corresponde a la Sala determinar si:

• ¿El Jefe de la Oficina de Control Disciplinario de la DIAN, tiene competencia para practicar pruebas antes de la apertura de la investigación disciplinaria sin acto expreso que lo autorice?

• ¿Dentro del proceso de legalización de mercancías importadas, los precios oficiales y precios de referencia establecidos por la DIAN, son de obligatorio acatamiento para el inspector aduanero al momento de establecer si genera controversia de valor u otorga levante?

• ¿Hubo falta de motivación y/o exceso en la calificación de la culpa por parte de la autoridad disciplinaria? A continuación la Sala procederá a resolver la excepción de indebido agotamiento de la vía gubernativa presentada por la entidad demandada, para luego con base en el material probatorio que obra en el expediente resolver los problemas jurídicos ateniendo a los cargos presentados por el demandante.

2.2. Sobre la excepción de indebido agotamiento de la vía gubernativa.

El agotamiento de la vía gubernativa se encuentra establecido en el artículo 135 del Código Contencioso Administrativo el cual señala: “ART. 135.—“la demanda para que se declare la nulidad de un acto particular, que ponga término a un proceso administrativo, y se restablezca el derecho del actor, debe agotar previamente la vía gubernativa..”. y es mediante este trámite que la Administración tiene la oportunidad de revisar su decisión y si es del caso, modificarla, complementarla, aclararla o revocarla.

La entidad demandada propuso la excepción de indebido agotamiento de la vía gubernativa, afirmando que el actor en el recurso de apelación contra el fallo disciplinario de primera instancia no hizo referencia a los artículos —29 de la Constitución Política; 117 de la Ley 2000 de 1995 y; 128 de la Ley 734 de 2002— como normas presuntamente vulneradas, agregando tales argumentos en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

A efectos de resolver la excepción formulada por la DIAN, la Sala procederá a revisar la actuación administrativa para establecer cuáles fueron los argumentos que allí se presentaron, si alguno de ellos tiene relación con la vulneración al debido proceso y la falta de competencia para decretar pruebas de la funcionaria implicada y si hay coincidencia entre los argumentos expuestos en la vía gubernativa y lo que se planteó en la demanda.

Observa la Sala que, el señor Eugenio Pio Osorio Cortina en el recurso de apelación presentado contra el fallo disciplinario de primera instancia hizo alusión a la vulneración al debido proceso planteando como cargo la falta de competencia de la funcionaria que recaudó las pruebas e indicando que existía una errónea valoración de las pruebas al no ajustarse a lo dispuesto en los artículos 141 y 142 de la Ley 734 de 2002 y 187 del CPC y al no haber sido apreciadas en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley para la existencia o validez de las mismas.

También se observa que en ese recurso el ahora actor hizo alusión al mismo tema ahora puesto como cargo en la demanda contenciosa administrativa, pues manifestó que los documentos que fueron recabados como pruebas en el desarrollo de la visita de Control Posterior realizada por la señora Evangelista Yira Perea Enríquez(31) se encontraban viciados de nulidad en cuanto que el procedimiento del cual provienen se realizó de manera ilegal por el hecho que la funcionaria no tenía competencia, en consecuencia no le asiste razón a la parte que excepciona, pues no se demostró que se hubiera faltado a la concordancia entre lo pedido entre la vía gubernativa y judicial.

Conforme a lo anterior se establece que si hay coincidencia entre los argumentos detectados y la demanda en cuanto a la vulneración al debido proceso y a la forma en cómo se efectuó la recolección de pruebas, por lo tanto dicha solicitud de excepción no prospera.

2.3. Resolución del primer problema jurídico relacionado con el cargo de falta de competencia de la funcionaria que recabo pruebas en la actuación disciplinaria.

Dado que el actor señala en su demanda que se le vulneró el debido proceso cuando la autoridad disciplinaria tuvo en cuenta documentos que habían sido recaudados en indebida forma y por una funcionaria que carecía de competencia para hacerlo, considera necesario la Sala para resolver este cargo, abordar lo siguiente: i) el fundamento normativo acerca de la aplicación de las normas sobre la valoración aduanera y; ii) el análisis del cargo.

2.3.1. Fundamento normativo.

El Decreto 1073 de 1999 por el cual se expide el Régimen Disciplinario Especial para los servidores públicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN indica que:

“ART. 45.—Competencia por la naturaleza de la falta. La competencia para adelantar y fallar el procedimiento disciplinario, de conformidad con la naturaleza de la falta, corresponde:

1. En el caso de falta grave.

a) En cuanto a la investigación: Al funcionario que se desempeñe en la jefatura de investigaciones de la dependencia disciplinaria del nivel central o del nivel regional, o su delegado, según el caso;

b) En cuanto al fallo: En primera instancia, al funcionario que se desempeñe en la jefatura de fallos de la dependencia disciplinaria del nivel central, o su delegado, y al director regional respectivo, según el caso. En segunda instancia le compete al funcionario que se desempeñe en la jefatura de la dependencia disciplinaria del nivel central. En todo caso, el nominador hará revisión selectiva de los fallos que se produzcan dentro de los procedimientos ordinarios, salvo las excepciones previstas en este decreto.

2. En el caso de falta leve, al jefe inmediato del investigado, quien investigará y fallará el procedimiento en única instancia, mediante el procedimiento breve contemplado en este decreto.

PAR.—Previa la autorización de quien se desempeñe en la jefatura de la dependencia disciplinaria del nivel central, los funcionarios que se desempeñen en las jefaturas de investigaciones o de fallos, de esta dependencia, o sus delegados, podrán asumir, en cualquier momento, la competencia para investigar y/o fallar las faltas cometidas por los servidores públicos del nivel central o regional, incluso tratándose de faltas leves”.

Por otra parte, el Decreto 1265 de 1999 “Por el cual se organiza internamente y se distribuyen las funciones de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales” indicó las funciones de las Oficinas de Investigaciones Disciplinarias de la siguiente manera:

“ART. 12.—Oficina de investigaciones disciplinarias. <Decreto derogado por el artículo 53 del Decreto 4048 de 2008>

Conforme a las políticas e instrucciones del Director General, son funciones de la Oficina de Investigaciones Disciplinarias, para ejercerlas directamente o a través de sus Divisiones de Instrucción, de Decisiones Disciplinarias y de Anticorrupción, las siguientes:

(…).

1. Planear, coordinar y desarrollar las políticas tendientes a prevenir la comisión de conductas que puedan llegar a constituir faltas disciplinarias.

(…).

4. Vigilar la conducta de los servidores públicos tributarios y aduaneros y adelantar las investigaciones disciplinarias por enriquecimiento ilícito u otras irregularidades administrativas a que haya lugar en la entidad y coordinar con las dependencias correspondientes de la Procuraduría General de la Nación y demás organismos competentes, los asuntos relacionados con el control de actuaciones de los servidores públicos tributarios y aduaneros.

5. Recolectar, perfeccionar y asegurar las pruebas que han de servir de soporte a las denuncias penales sobre las conductas ilícitas detectadas en los procedimientos disciplinarios, y formular dichas denuncias ante la Fiscalía General de la Nación. (…)”.

De las normas trascritas se observa que la Oficina de Investigaciones Disciplinarias de la DIAN, posee la competencia para: a) vigilar la conducta de los servidores públicos tributarios-aduaneros y adelantar las investigaciones disciplinarias por irregularidades administrativas a que haya lugar en la entidad con motivo de asuntos relacionados con el control de las actuaciones de éstos, así como b) recolectar las pruebas que servirán de soporte a denuncias sobre conductas ilícitas.

2.3.2. Análisis del caso.

Señaló el demandante que la Oficina de Investigaciones Disciplinarias de la DIAN en los fallos disciplinarios acusados incurrió en la vulneración al debido proceso, en el sentido que las pruebas sobre las cuales se basó el fallo disciplinario de primera instancia fueron recaudadas por una funcionaria que para ese momento carecía de competencia para realizar dicho procedimiento.

Obra a folios 94 al 96 del cuaderno 1 de pruebas, el Auto 1002-15 de 7 de mayo de 2003 proferido por la Unidad Administrativa Especial, Oficina de Investigaciones Disciplinarias de la DIAN, mediante el cual se ordenó la apertura de una investigación disciplinaria y dispuso:

“CONSIDERANDO:

Que con fundamento en las diligencias que conforman el presente averiguamiento, se establece que se encuentran reunidos los requisitos estipulados en el artículo 152 del CDU, y que por consiguiente existe mérito legal suficiente para disponer apertura, atendiendo así la queja formulada, por la entonces Jefe de la Oficina de Investigaciones Disciplinarias Evangelista Yira Perea Henríquez, quien puso en conocimiento de este despacho las presuntas irregularidades encontradas en la visita de supervisión y control a la Administración Especial de Aduanas de Cartagena y presuntamente realizadas por Eugenio Pio Osorio Cortina, quien para la época de los hechos se desempeñaba como Inspector en la División de Servicio al Comercio Exterior”.

De lo anterior, se desprende que la funcionaria Evangelista Yira Perea Henríquez era la Jefe de la Oficina de Investigaciones Disciplinarias para el momento de los hechos, y basándose en lo dispuesto en el artículo 12 numeral 4º del Decreto 1265 de 1999(32) si podía realizar la visita a la Administración Especial de Aduanas de Cartagena la cual fue llevada a cabo el 22 de mayo de 2000(33), y recolectar las pruebas necesarias para iniciar la investigación disciplinaria al ser facultada por la ley.

Por lo anterior, la Sala concluye que el cargo de nulidad presentado en la demanda respecto a que la funcionaria(34) carecía de autorización para llevar a cabo tales diligencias por cuanto no existe auto que le delegue dicha función, no tiene vocación de prosperidad, pues como se mencionó anteriormente en el expediente consta en el Acta de Visita a la Administración Especial de Aduanas de Cartagena que la señora Evangelista Yira Perea Henríquez se encontraba facultada por el artículo 12 numeral 4º del Decreto 1265 de 1999 para recaudar las pruebas mediante las cuales se procedió a dar apertura a una investigación disciplinaria. En atención a lo anterior el cargo de apelación no prospera.

2.4. Resolución del segundo problema jurídico, en relación con el proceso de levante de mercancías.

2.4.1. Fundamento normativo de los precios oficiales y precios de referencia en el proceso de legalización de mercancías importadas.

De conformidad con los artículos 6º de la Constitución Política y 34 de la Ley 734 de 2002, a todos los servidores les compete observar en el desempeño de sus funciones, una conducta acorde con los postulados legales y reglamentarios que ciñen la gestión pública encomendada.

En el caso particular de los servidores de la DIAN su gestión tiene por objeto coadyuvar a la seguridad fiscal del Estado colombiano y protección del orden público económico nacional, mediante la administración y control al debido cumplimiento de las obligaciones, tributarias aduaneras y cambiarías.

El marco legal y reglamentario existente para la época de los hechos —año 2009— sobre el proceso de control y verificación del valor de las mercancías, se determina de la siguiente manera:

En materia de valoración aduanera, Colombia suscribió el Acuerdo que establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), firmado en Marruecos el 15 de abril de 1994, sus Acuerdos Multilaterales Anexos y el Acuerdo Plurilateral anexo; de esta forma Colombia pasó a ser parte del Acuerdo relativo a la aplicación del Artículo VII del Acuerdo del Valor del GATT de 1994, que es uno de los acuerdos multilaterales anexo al tratado por el cual se establece la Organización Mundial del Comercio.

Mediante la Decisión 378 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena se adoptó un texto único que recoge las disposiciones relativas a la determinación del valor de aduana de las mercancías importadas por los países miembros, acogiendo el texto del Acuerdo concerniente a la aplicación del artículo VIl del Acuerdo del Valor del GATT de 1994.

El Estado colombiano a través del gobierno expidió el Decreto 1909 de 1992 por el cual modifica parcialmente la legislación aduanera(35) y el legislador expidió la Ley 170 de 1994 por la cual se aprobaron en el ordenamiento interno las decisiones internacionales antes señaladas.

En el Decreto 1909 de 1992 del Gobierno Nacional, se consagró el régimen de la importación de mercancías, el cual señalaba lo siguiente:

ART. 13.—Descargue de la mercancía. Para efectos aduaneros, la mercancía descargada en puerto o aeropuerto o transportada por vía terrestre quedará bajo responsabilidad del transportador, hasta su entrega a los depósitos habilitados o al declarante, según el caso.

Cuando en el contrato de transporte marítimo la responsabilidad para el transportador termine con el descargue de la mercancía, a partir del mismo ésta quedará bajo responsabilidad del puerto, operador portuario o importador, según el caso, hasta su entrega a un depósito habilitado.

ART. 18.—Permanencia de la mercancía en depósito. Para efectos aduaneros, la mercancía podrá permanecer almacenada mientras se realizan los trámites para obtener su levante, hasta por un término de dos (2) meses, contados desde la fecha de su llegada al territorio nacional. Cuando la mercancía se haya sometido al régimen de tránsito, este término se contará desde la terminación de dicho régimen.

El término establecido en este artículo podrá ser prorrogado hasta por cuatro (4) meses adicionales en los casos autorizados por la Dirección de Aduanas Nacionales, y se suspenderá en los eventos señalados en el presente decreto.

ART. 28.—Retiro de la mercancía. Para retirar la mercancía deberá permitirse su levante por la Dirección de Aduanas Nacionales, para lo cual, el importador, el declarante o la persona autorizada para el efecto, deberá entregar al depósito autorizado en el cual se encuentre la mercancía o a la Aduana, según el caso, original y copia de la declaración de importación.

Para los mismos efectos, se deberá acreditar la titularidad sobre la mercancía, exhibiendo el documento de transporte y el poder o mandato, cuando sea del caso. Adicionalmente, deberá exhibirse la licencia previa, el certificado de origen o el certificado de sanidad, cuando haya lugar a ellos.

De acuerdo con las normas antes trascritas, el régimen de importación establecía un sistema de nacionalización mediante el cual se entrega físicamente la mercancía y se presenta ante la DIAN la declaración de importación para efectos de inspección, levante y liquidación de los impuestos correspondientes.

Este sistema de nacionalización, en especial la etapa de inspección y levante fue regulado por el gobierno a través del Decreto 1220 de 1996, el cual a su vez fue reglamentado a través de la Resolución 1016 de 1997 de la DIAN.

El Decreto 1220 de 1996(36), en sus artículos 1º y 31, señaló lo siguiente:

“Decreto 1220 de 1996.

ART. 1º—Definiciones. Para los efectos del presente decreto, además de las definiciones previstas en el artículo 15 del Acuerdo del Valor de GATT de 1994 y en su Nota Interpretativa, se entenderá por:

Precio oficial: ElprecioovalorfijadoporelDirectordeImpuestosyAduanasNacionales mediante resolución, para efectos de determinar la base gravable y serádeobligatoriocumplimiento.

Datos objetivos y cuantificables: Información evidente, comprobable con elementos físicos tales como documentos, medios magnéticos u otros análogos y puede ser susceptible de cálculos matemáticos.

Momento aproximado: Un lapso no superior a noventa (90) días calendario anteriores o posteriores a la fecha de ocurrencia del evento que se considere.

Precio de referencia: El precio establecido mediante circular por el Director de Impuestos y Aduanas Nacionales, tomando con carácter indicativo para controlar durante el proceso de inspección, el valor declarado para mercancías idénticas o similares. Este precio podrá ser tomado como base de valoración en el control posterior, siempre cuando no existan mejores elementos de juicio para (ya se hayan agotado rigurosamente los Métodos del 1 al 5, del valoración de mercancías, una vez acuerdo del valor del GATT).

(…).

ART. 31.—Improcedencia del levante de la mercancía. El levante no procederá en los siguientes casos.

b) Cuandoelvalordeclaradoesinferioralpreciooficial”..

ART. 32.—Controversia del valor. Cuando la controversia se origine en razón a que el valor declarado es inferior al precio oficial, la administración de impuestos y aduanas nacionales debe expedir requerimiento especial aduanero en el cual proponga una liquidación oficial de revisión del valor, de conformidad con el artículo 3º del Decreto 1800 de 1994. El levante sólo procederá si el declarante presenta la declaración de corrección y cancela los mayores valores y las sanciones correspondientes.

Si la controversia se origina en razón a que el valor declarado es inferior al precio de referencia o el inspector, con base en datos objetivos y cuantificables, tuviere dudas de la veracidad o exactitud de dicho valor, se autorizará el levante si el declarante justifica documentalmente la diferencia del valor o constituye una garantía por la suma en discusión, la cual deberá ser liquidada y aceptada por la división operativa. Los términos y condiciones para el otorgamiento de la garantía serán establecidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales”. (resaltado fuera de texto).

De acuerdo con el artículo 1º del Decreto 1220 de 1996 del Gobierno Nacional, dentro de la etapa de inspección aduanera con fines de decretar el levante, el inspector aduanero debe tener en cuenta los precios oficiales y de referencia establecidos por el Director de la DIAN mediante resolución y circular respectivamente, los primeros son expresamente considerados como obligatorios y los segundos como valor indicativo para controlar el valor declarado por el importador.

Igualmente se desprende de las referidas normas que, el inspector puede hacer uso de “datos objetivos y cuantificables” en dos oportunidades: i) para generar controversia de valor porque con esos datos objetivos y cuantificables considere que el precio expresado en la declaración de importación no es el real, ii) en una etapa posterior, esto es cuando detectado que el precio declarado en la importación es inferior al oficial o de referencia —y haya generado controversia de valor— deba establecer el valor real de la mercancía importada.

Esto es concordante con el artículo 31 (literal b) y el artículo 32 del Decreto 1220 de 1996 proferido por el Gobierno Nacional —antes trascrito—, de acuerdo con los cuales: a) cuando el valor declarado es inferior al precio oficial, el levante no es procedente y, b) cuando el precio de la declaración de importación sea inferior al precio de referencia también debe iniciarse controversia de valor —procedimiento anterior al levante.

Por otra parte la Resolución 1016 de 1997(37), en sus artículos 10 y 13, prescribe:

“ART. 10.—Preciosoficiales. Cuando el director de impuestos y aduanas nacionales de conformidad con el artículo 27 del Decreto 1220 de 1996, haya fijado precios oficiales para alguna mercancía, éstosserándeobligatorio cumplimiento v únicamente a efectos de percibir los tributos aduaneros; por lo tanto la base gravable de la mercancía deberá determinarse de acuerdo con ellos.

No podrá declararse valores inferiores a los precios mínimos oficiales ni valores diferentes a aquellos oficiales fijados en términos CIF.

Cuando el precio realmente pagado o por pagar sea diferente al precio mínimo oficial, para efectos de la determinación del valor en aduana deberá declararse el mayor de los dos como se señala en el numeral 7º del artículo 2º de esta resolución.

ART. 11.—Precios de referencia. Lospreciosdereferencia definidos en el artículo 1º del Decreto 1220 de 1996 debentomarseconcarácterindicativocomounamedidadecontrolduranteladiligenciadeinspecciónaduanera. Paraelefecto,serviráncomofundamentodelascontroversiasquesegenerenenlaadministraciónyelimportadorelmismopreciotomadocomoreferencia, aplicará para la liquidación del monto de las garantías que deban constituirse.

ART. 13.—Controversia de valor. Cuando durante la diligencia de inspección en el proceso de importación se presente controversia de valor se efectuará así:

a. SilacontroversiaseoriginaenrazónaqueelvalordeclaradoesInferioralpreciooficial, se autorizará el levante si una vez formulado el requerimiento especial aduanero, el declarante corrige y cancela las sanciones v los mayores valores propuestos en dicho requerimiento de conformidad con las disposiciones vigentes.

b. Cuandolacontroversiaseorigineenrazónaqueelvalordeclarado esinferioralpreciodereferencia, o el inspector con base en datos objetivos y cuantificables tuviere dudas sobre el valor declarado, sólo autorizaré el levante, si dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la suspensión de la diligencia e! declarante aporta los documentos que acrediten que el declarado representa la cantidad efectivamente pagada o por pagar, con los ajustes correspondientes, o dentro de los cinco (5) días siguientes a la práctica de la inspección constituya una garantía, en la forma dispuesta en el literal a) del artículo 14 de esta resolución.

c) Cuando, con base en datos objetivos y cuantificables, tuviere dudas de la veracidad o exactitud de los documentos con que se acredite cualquiera de los elementos conformantes del valor de la aduana, el inspector sólo autorizará el levante, si el declarante aporta las pruebas en la forma y términos señalados en el literal anterior o constituye una garantía de la manera prevista en el literal b) del artículo 14 de esta resolución.

Vencido el término de que tratan los literales b) y c) anteriores sin que el declarante constituya la garantía allí prevista, u otorgada y aprobada la misma, se continuará la investigación correspondiente con el propósito de determinar sí hay lugar a formular liquidación oficial de revisión del valor”. (Subrayado fuera de texto).

La normativa anterior, es concordante con lo señalado en los artículos 1º, 31 y 32 del Decreto 1220 de 1996 proferido por el Gobierno Nacional —trascritos y analizados previamente—, al indicar de forma clara y expresa que los precios oficiales y de referencia no pueden ser pasados por alto por el Inspector Aduanero, los primeros bajo la consigna de obligatorio acatamiento y los segundos por su doble condición al ser factor indicativo del precio real y a la vez fundamento para una controversia de valor cuando el precio de la declaración de importación sea inferior a éste.

Ahora bien, el concepto Nº 16 de julio 13 de 2002 suscrito por el Subdirector Técnico Aduanero —traído a colación por el actor en su demanda—, señaló sobre la vigencia y aplicabilidad de los precios de referencia contenidos en la Circular 150 de 1998 del Director de la DIAN, lo siguiente:

"1. Hasta cuándo estuvo vigente la Circular 150 de 1 de septiembre de 1998?

Al respecto es preciso señalar que para textiles, se expidieron las circulares 177 de 2000, 72 y 094 de 2001, que tienen una gama de productos más restringida que la 150 de 1998.

En el control previo, servirá para generar las controversias, sin perjuicio de que el funcionario, en ejercicio de la razonabilidad que demanda su aplicación pueda actualizarlos o utilizar otras fuentes de información”.

El anterior concepto, contrario a lo señalado por el demandante, es claro en indicar que la Circular 150 de 1º de septiembre de 1998 expedida por el Director de la DIAN estaba vigente para la época de ocurridos los hechos por los que fue sancionado —año 2009, en la medida en que solo fue modificada —parcialmente— en los años 2000 y 2001, motivo por el cual es claro que no son acertados —y por demás resultan irrelevantes para el presente caso— los argumentos de vigencia temporal —limitada a 90 días— de los precios oficiales y de referencia, así como de la imposibilidad de utilizar estos instrumentos luego del mencionado plazo.

Para la Sala, la normativa antes trascrita y analizada, interpretada sistemáticamente, permiten arribar a las siguientes conclusiones:

1. El proceso de legalización de mercancías importadas y de liquidación de impuestos, tiene varias etapas y una de ellas es la inspección aduanera, la cual está a cargo del inspector aduanero quien en ésta tiene como fin establecer la veracidad de los precios señalados en las declaraciones importación;

2. En la etapa de inspección aduanera, el funcionario encargado de la misma tiene dos (2) posibilidades, a saber: generar controversia valor o declarar el levante las mercancías;

3. Si el precio de la declaración de importación es inferior al precio oficial o al precio de referencia, el inspector aduanero está en la obligación de generar controversia de valor —no puede otorgar levante a las mercancías—;

4. Una vez generada la controversia de valor, el inspector aduanero queda habilitado para establecer el precio real de la mercancía importada a través de cualquier dato objetivo y cuantificable, y,

5. El inspector aduanero sólo puede otorgar levante de las mercancías: i) directamente —sin procedimiento de controversia de valor— cuando los valores declarados en la importación sean igual o superiores a los presos oficiales y/o precios de referencia y ii) indirectamente —dentro del procedimiento de controversia de valor— cuando el importador demuestre que el precio declarado es el real, pague la diferencia de valor en razón de la liquidación del impuesto de importación —respecto de los precios oficiales o de referencia— y/o preste garantía de pago de la diferencia de valor —en razón de la liquidación del impuesto de importación—.

2.4.2. Análisis del caso concreto.

Señala el demandante que fue sancionado por haber otorgado levante y omitido generar controversia de valor en relación con las mercancías importadas que tenían precios inferiores a los oficiales y de referencia consagrados en la Resolución 2455 de 1999 y la Circular 150 del 1º de septiembre de 1998 del Director de la DIAN, pese a que —según su criterio— estos actos administrativos no eran obligatorios, porque no estaban vigentes y podían suplirse con datos objetivos y cuantificables.

Observa la Sala que en los fallos disciplinarios de primera instancia y segunda instancia proferidos por la DIAN, se señala que: 1. el actor omitió en el proceso de legalización de mercancías importadas y sustentadas en las declaraciones de importación Nº 2383003099443-5 de septiembre 25 de 1999 y Nº 0708525108307-6 de noviembre 4 de 1999, dar la aplicación a los precios oficiales y precios de referencia establecidos por la DIAN y decretó el levante sin generar controversia de valor y 2. lo anterior omisión dio lugar a la configuración de la falta disciplinaria establecida en el artículo 40 (nums. 1 y 2) de la Ley 200 de 1995, por incumplimiento de los deberes del cargo.

En el expediente obran las siguientes declaraciones de levante firmadas por el demandante(38):

i) Declaración de levante de 25 de noviembre de 1999, respecto de las mercancías estipuladas en la declaración de importación Nº 2383003099443-5 de septiembre 25 de 1999 que contiene las siguientes subpartidas: a) Nº 5208420000 correspondiente a textiles, provenientes de Brasil, cuyo importador era DISMA S.A., y el valor del M2 declaradofueUS1.32; b) Nº 5209420000 correspondiente a textiles, providentes de Brasil, cuyo importador era DISMA S.A., y el valor del M2 declaradofueUS1.66.

ii) Declaración de levante de 5 de noviembre de 1999, respecto de la declaración de Importación Nº 0708525108307-6 de noviembre 4 de 1999 con la subpartida Nº 5513110000, correspondiente a textiles, provenientes de Pakistán, cuyo importador era Productora Dístríhogar S.A., y el valor del M2 declarado fue US 0.37.

Obra en el expediente el Oficio 01346 de diciembre 23 de 2003 suscrito por Nacira Del Rio Cabargas, Jefe de la División de Fiscalización Aduanera de la Administración Especial de Aduanas de Cartagena y Norma Olmos Solanilla, Jefa de Grupo Control Posterior de la misma Administración(39), por medio del cual se referencian la Resolución 2455 de 1999 que contiene Precios Oficiales y la Circular 150 de 1998 que consagra los Precios de Referencia, en cuales se observa que: a) La subpartida Nº 5208420000 correspondiente a textiles, tiene precio oficial, el cual es de US 2.02; b) la subpartida Nº 5209420000 correspondiente a textiles, tiene precio oficial, el cual es US 1.87, y c) la subpartida Nº 5513110000 correspondiente a textiles provenientes de Pakistán, no tiene precio oficial pero si tiene precio de referencia, el cual es US 0.42.

Para efectos de comparación y claridad, a continuación la Sala se permite decantar y sistematizar la información antes relacionada, con base en las pruebas que obran en el expediente, así:

Cuadro 1
Decl.Subpar.Import.Merc.OrignValor m2 declaradoP. OficialP. Referencia
Nº 2383003099443-5 de septiembre 25 de 1999.Nº 5208420000DISMA S.A.TextilesBrasilUS 1.32US 2.02-------------
Nº 5209420000DISMA S.A.TextilesBrasilUS 1.66US 1.87--------------
        
Nº 0708525108307-6 de noviembre 4 de 1999.Nº 5513110000Dístríhogar S.A.TextilesPakistánUS 0.37---------------US 0.42

De conformidad con la información trascrita, es claro que: i) las mercancías importadas correspondientes a las subpartidas Nº 5208420000 y Nº 5209420000, tenían establecidos precios oficiales (US 2.02 y US 1.87) y que el precio declarado por el importador (US 1.32 y US 1.66) era inferior a éste, así mismo ii) que la mercancía correspondiente a la subpartida Nº 5513110000 no tenía precio oficial, pero si tenía precio de referencia (US 0.42), siendo también el precio declarado por el importador (US 0.37) inferior a este.

Teniendo presente que las tres (3) partidas de mercancías importadas tenían precios inferiores a los oficiales (para las dos primeras declaraciones de importación) y de referencia (para la tercera declaración de importación), estos —los precios oficiales y de referencia— eran obligatorios, por lo tanto el inspector aduanero estaba en el deber de aplicar el Decreto 1220 de 1996(40) (arts. 1º y 31) y la Resolución 1016 de 1997(41) (arts. 10 y 13) —normas analizadas en el acápite anterior de esta providencia— para necesariamente generar controversia de valor; en consecuencia no podía dar levante directo a las mercancías importadas.

En atención a lo anterior, entiende la Sala que el actor si omitió el cumplimiento de normas obligacionales que regían el ejercicio de sus funciones —Decreto 1220 de 1996(42) y la Resolución 1016 de 1997(43)—, y en consecuencia típicamente incurrió en la falta disciplinaria imputada —artículo 40 de la Ley 200 de 1995—, por lo tanto el cargo de nulidad bajo estudio no tiene vocación de prosperidad.

2.5. Resolución del tercer problema jurídico en relación la calificación del grado de culpa.

2.5.1. El marco jurídico de los factores que estructuran la responsabilidad disciplinaria en el régimen disciplinario de la Ley 200 de 1995.

En materia disciplinaria, atendiendo al régimen disciplinario de la Ley 200 de 1995 aplicado al demandante, la responsabilidad implica el análisis de la conducta del sujeto disciplinable desde tres (3) diversos factores, a saber la tipicidad, la ilicitud sustancial y la culpabilidad, los cuales por el diseño y estructura del derecho disciplinario adquieren connotaciones especiales diferentes a los decantados por otras manifestaciones del ius puniendi del Estado(44).

El tercer factor de la responsabilidad disciplinaria es laculpabilidad, bajo el cual se analiza la conducta desde una perspectiva subjetiva, esto es desde la evaluación de la voluntad y el conocimiento del sujeto disciplinable al momento encaminar su actuación.

Se encuentra expresamente regulado en el artículo 14(45) de la Ley 200 de 1995, el cual dispone que en materia disciplinaria queda proscritatodaformaderesponsabilidadobjetiva y las faltas sólo son sancionables a títulodedolooculpa lo cual significa en términos de la jurisprudencia constitucional que “El titular de la acción disciplinaria no solamente debe demostrar la adecuación típica y la antijuridicidad de la conducta, pues ésta debe afectar o poner en peligro los fines y las funciones del Estado, sino también le corresponde probar la culpabilidad del sujeto pasivo manifestando razonadamente la modalidad de la culpa”(46), principio legal que deriva del mandato consagrado en el artículo 29 superior en virtud del cual “Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable”.(47)

Atendiendo a lo anterior, como se puede observar el artículo 14 de la Ley 200 de 1995 —antes citado—, no trae una descripción conceptual de la culpabilidad es decir no define que debe entenderse por tal sino que consagra una regla de prohibición —no puede haber responsabilidad objetiva— y los niveles que la componen, esto es el dolo y la culpa —al contrario por ejemplo de lo que ocurre con el régimen disciplinario de la Ley 734 de 2002, que gradúa la culpa y define algunos conceptos—.

El contenido de los niveles de culpabilidad sancionables en materia disciplinaria —dolo y culpa—, en la Ley 200 de 1995 en atención a que esa normatividad no establece un concepto, por disposición del artículo 18(48) ídem debe acudirse al Código Penal así como la jurisprudencia y la doctrina que han interpretado esas figuras jurídicas —el dolo y la culpa— en la mencionada codificación.

En ese orden, es en el análisis de la culpabilidad donde se valora el aspecto subjetivo de la conducta, por lo tanto atendiendo a lo anterior y al contenido de los artículos 14 y 18 de la Ley 200 de 1995 —antes citados—, es este factor el que determina si en un caso concreto se aplicó o no responsabilidad objetiva.

Por esto, cuando en una decisión de la autoridad disciplinaria no existe referencia alguna a la valoración subjetiva de la conducta del sujeto disciplinable, en otras palabras cuando se estructura la responsabilidad sin un estudio por lo menos formal de la culpabilidad estamos ante una aplicación de responsabilidad objetiva prohibida por el artículo 14 de la Ley 200 de 1995 y, en ese miso orden, cuando a pesar del estudio formal de la culpabilidad de las pruebas del expediente se desprende que la conducta no fue cometida dentro de los niveles de culpa descritos por la ley estamos ante la ausencia de culpabilidad. Lo anterior se resume en el siguiente esquema:

Cuadro 2
Contenido del factor “culpabilidad” en la responsabilidad disciplinaria (análisis desde el aspecto subjetivo de la conducta).
1Análisis formal Ley 200 de 1995, articulo 14. Debe constar en la decisión disciplinaria el análisis de la subjetivo de la conducta so pena de incurrir en responsabilidad objetiva.
2Análisis materialEl análisis subjetivo de la conducta además debe permitir que esta se subsuma en las descripciones de culpa del Condigo Penal, así como en la jurisprudencia y la doctrina.

 

Ahora bien, la determinación de los elementos de la responsabilidad disciplinaria tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, en cada caso concreto debe surgir de las pruebas que obren en el expediente disciplinario, lo cual, como lo ha señalado la Sala Plena Contenciosa del Consejo de Estado(49) hace parte del control integral del acto administrativo disciplinario que debe realizar el juez contencioso administrativo y para ello como lo ha indicado esta Subsección(50) en oportunidad anterior, debe revisar que se hayan observado las reglas sustanciales del régimen probatorio disciplinario. Atendiendo a todo lo anterior, la Sala procederá a analizar el caso en concreto.

2.5.2. Análisis del caso concreto.

El actor acusa a la autoridad disciplinaria de haberaplicadoresponsabilidadobjetivaporcuantonoserealizóunverdaderojuiciodevalordesuconductafaltademotivacióny se incurrió en un excesoenlacalificacióndelaculpabilidadfalsamotivación.

Obra en el expediente el fallo disciplinario de primera instancia 23 de julio de 2004 proferido por el Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario, en el cual respecto del análisis de la culpabilidad se puede leer lo siguiente:

“Ahora, en cuanto al grado de culpabilidad se, produce a título de Culpa, entendiendo por tal, de acuerdo con la definición doctrinal del doctor Luis Carlos Pérez, como “efecto de imprevisión, negligencia, Impericia, Imprudencia, o de simple violación de reglamentos, pero, en esencia, es imprevisión de las consecuencias que el agente tuvo capacidad u oportunidad de prever (...)” pues sin causa debidamente justificada vulneró el bien jurídico protegido por el legislador, sin que se vislumbre en su actuar ninguna de las causales descritas en el artículo 23 de la Ley 200 de 1995 para justificar, la omisión de deberes imputados, según los levantes otorgados a las mercancías examinadas.

Se advierte además, que comportamientos como los del caso en estudio, de otorgar levante a las mercancías sin generar controversia de valor o exigir constitución de la garantía, en cuanto a la mercancía con precios de referencia, y la conducta de no aplicar los precios mínimos oficiales que son de obligatorio cumplimiento, conociendo de la existencia de los mismos y de la regulación aduanera respectiva; demuestra negligencia de la gestión que le correspondía desempeñar lo que permite calificar su conducta como Culposa.

(…).

Ahora, en el caso sub-examine el disciplinado era consciente de que dada su condición de servidor de la contribución, al aceptar y ejercer el cargo de funcionario público en la DIAN, lo hacía con todos los deberes que en razón del mismo está obligado a observar dentro del marco de la legislación presente en cada momento; máxime cuando por mandato constitucional se le impone a toda persona la obligación de cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos. Dentro de estas, la Ley 200 de 1995, que censura el incumplimiento de los deberes previstos para los servidores del Estado en los numerales 1º y 2º de! Artículo 40; en concordancia con los numerales 1º y 2º del Artículo 7º del Decreto 1072 de 1999 y las demás disposiciones aduaneras que se reportan vulneradas.

Así las cosas, procede establecer que el disciplinado estaba en condiciones de determinar su conducta de conformidad con los mandamientos legales, de tal forma que no desquicie de estos. Igualmente, estaba en capacidad de comprender los efectos de un proceder contrario a derecho, pues como servidor de la contribución es pertinente observar que: "Ningún servidor entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben”. que para el caso en concreto, implicaba el observar una conducta acorde, entre otros, a los postulados aduaneros.

(…)”.

De acuerdo con la trascripción anterior se observa que, la autoridad disciplinaria en el caso del demandante hizo un análisis de la culpabilidad, lo cual, atendiendo a las conclusiones del “El marco jurídico de los factores que estructuran la responsabilidad disciplinaria” —en especial de lo señalado en el cuadro Nº 2 de esta providencia—, permite desechar la acusación de falta de motivación subjetiva o aplicación de responsabilidad objetiva, pues como se indicó anteriormente, este tipo de acusación técnicamente queda desvirtuada con la comprobación de la existencia de un análisis formal de la culpabilidad en el acto acusado.

Por otra parte, el argumento de nulidad presentado por el actor relacionado con el exceso en la calificación de la culpabilidad —falsa motivación—, exige de la Sala —como se explicó en el acápite anterior de esta providencia— un análisis material de los fundamentos expuestos por la autoridad disciplinaria en el acto acusado para graduar la conducta investigada.

El aparte del fallo disciplinario de primera instancia antes trascrito, permite establecer que la conducta fue calificada bajo un título general de culpa y no de culpa grave como lo manifiesta el demandante, dado que en el régimen de responsabilidad de la Ley 200 de 1995 la culpa como modalidad de la culpabilidad no tiene graduaciones, como si ocurre en el régimen de la Ley 734 de 2002 donde esta puede adoptar distintos niveles —culpa gravísima, culpa grave y culpa leve—.

En ese orden de ideas, una lectura detallada del fallo disciplinario de primera instancia —en el aparte previamente transcrito— permite establecer que bajo la Ley 200 de 1995 —norma aplicada al caso del actor— la conducta del demandante solo podía encuadrarse dentro de dos (2) niveles generales de culpabilidad a saber el dolo y la culpa —sin graduaciones—, optando la autoridad disciplinaria por esta última que es la menos gravosa, por lo cual no es acertada entonces la apreciación del demandante al señalar la existencia de un exceso en la determinación de la culpabilidad.

Así mismo se observa que en el estudio de la culpabilidad, la autoridad disciplinaria al calificar la conducta en el grado de culpa, expresó el fundamento fáctico que la sustenta, a saber, que el actor tenía conocimiento de las normas aduaneras que regían el ejercicio de las funciones del cargo de inspector aduanero que desempeñaba y que pese a ello por negligencia omitió su aplicación.

Así las cosas, siendo que la culpa se distingue precisamente por reflejar un actuar negligente y descuidado(51), es claro que, los argumentos dados por la autoridad disciplinaria para establecer que la conducta del ahora demandante fue culposa encuentran asidero jurídico y factico, de forma tal que no se observa falsa motivación en el acto acusado.

Por otra parte la Sala está en el deber de precisar que, en el régimen disciplinario de la Ley 200 de 1995, que fue aplicado al actor por estar vigente a la fecha de los hechos investigados, lo que define la sanción a aplicar es la gravedad de la falta —la tipicidad— y no la culpabilidad, a diferencia de lo que ocurre bajo el régimen disciplinario de la Ley 734 de 2002 donde la sanción a aplicar se define por la conjunción de la tipicidad y la culpabilidad —esto en la medida en que uno y otro régimen responden a técnicas punitivas diferentes que no pueden confundirse—.

Cuadro 3
Ley 200 de 1995Ley 734 de 2002
ART. 29.—Sanciones principales. Los servidores públicos estarán sometidos a las siguientes sanciones principales:
(…).
Para la selección o graduación de las sanciones se tendrán en cuenta la gravedad de la falta, el resarcimiento del perjuicio causado, así fuera en forma parcial, la situación económica del sancionado y el estipendio diario derivado de su trabajo y las demás circunstancias que indique su posibilidad de pagarla.
ART. 44.—Clases de sanciones. El servidor público está sometido a las siguientes sanciones:
1. Destitución e inhabilidad general, para las faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima.
2. Suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial para las faltas graves dolosas o gravísimas culposas.
3. Suspensión, para las faltas graves culposas.
4. Multa, para las faltas leves dolosas.
5. Amonestación escrita, para las faltas leves culposas.(…)

En ese orden de ideas, atendiendo a lo anterior, la acusación del actor de error en la graduación de la culpabilidad es inane para efectos de que prospere la pretensión de nulidad del acto administrativo disciplinario sancionatorio, pues aun cuando tal imprecisión —entre culpabilidad dolosa y culposa— hipotéticamente hubiera sido probada —que no fue probada— en nada afectaría la responsabilidad disciplinaria y menos aún la graduación de la sanción, se repite porque en el régimen disciplinario de la Ley 200 de 1995 para efectos de establecer la sanción en nada interesa el grado de culpabilidad, pues lo que importa es únicamente el grado o nivel de gravedad de la falta —tipicidad—.

Ahora bien, dado que la acusación del actor bajo análisis en el fondo planea un exceso en la calificación de un factor de la responsabilidad disciplinaria —para el actor la culpabilidad— que dio lugar a una sanción superior a la que debía haber sido impuesta, atendiendo a la explicación precedente, y de conformidad con el principio de acceso material a la administración de justicia y tutela judicial efectiva, la Sala analizará a continuación el cuestionamiento del demandante desde el concepto de exceso en la calificación de la gravedad de la falta —tipicidad—.

Ley 200 de 1995 —vigente para la época de los hechos investigados—, en el artículo 24 señala que “para efectos de la sanción las faltas disciplinarias son: 1. gravísimas, 2. graves y 3. Leves”; en el artículo 25 ídem consagra un listado taxativo de faltas gravísimas y el articulo 27 ídem señala que la gravead (faltas graves) o levedad (faltas leves) de la falta se determinará con base en un listado de criterios expresamente definidos en ese mismo artículo.

Ahora bien, en el fallo disciplinario de primera instancia de 23 de julio de 2004, en cuanto a los criterios para calificar la gravedad de falta disciplinaria —gravedad de la falta que como se indicó previamente condiciona la clase y extensión de la sanción—, se señaló lo siguiente:

“Conductaesta,queparadeterminarsugravedadolevedad,ellegisladorconsagróenformaexpresaenelartículo27ibídem,algunoscriterios, correspondiendo a este Despacho la calificación de su naturaleza a fin de establecer la sanción a imponer.

Por tanto, siguiendo los criterios de la norma anunciada se establecen los siguientes:

1. Según el grado de culpabilidad se ha determinado que la misma se realizó con Culpa, la cual puede tener lugar por imprudencia, impericia, negligencia o por violación de reglamentos, en el presente, en la modalidad de negligencia.

1.(sic) Reiteración de la conducta, de conformidad con la conclusión a que se llegó anteriormente no se encuentran elementos de juicio que permitan calificar de reiterada la conducta imputada, pues el disciplinado no le aparece registro de antecedentes disciplinarios internos ni externos.

2. La naturaleza y efectos de la falta, las modalidades y circunstancias del hecho, los motivos determinantes, de los cuales es susceptible considerar los siguientes:

a) Según la trascendencia social; está demostrado el grado de trascendencia negativa que conductas como la analizada generan en la sociedad, ya que se afecta el buen nombre de la Entidad y la credibilidad en la misión que está llamada a desempeñar dentro de la comunidad, pues si bien todo servidor público debe observar una conducta impecable en el desempeño de las funciones encomendadas, el impacto causado puede ser mayor cuando el funcionario, como en el caso en estudio, pertenece a aquellos, a quienes se les ha confiado el control del valor en aduanas de las mercancías, lo cual forma parte de! objeto de la Entidad, como ente encargado de guardar la seguridad fiscal del Estado y la protección del orden económico mediante e! control al cumplimiento de las obligaciones aduaneras.

El perjuicio causado. Se ha demostrado y lo admite el disciplinado que por la mercancía con precio mínimo oficial cuya inaplicación se cuestiona, el Estado dejó de percibir unos tributos. En consecuencia, tal situación afectó el patrimonio del ente Estatal, en cuanto no recaudo aquellos recursos que le correspondía obtener en desarrollo de la respectiva operación de comercio exterior.

b) Modalidades o circunstancias de la falta, según el grado de participación del disciplinado en la comisión de la misma y la confianza depositada por la entidad.

El encartado estaba investido de la potestad necesaria para determinar en forma autónoma su conducta de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias existentes y actuó en su calidad de inspector aduanero de la División de Servicio al Comercio Exterior de la Administración Especial de Aduanas de Cartagena, y como tal no dependía de ninguna otra persona al momento de ejercer el control en aduanas del valor de las mercancías y decidir sobre la procedencia del levante. Por lo tanto, bien pudo por mutuo propio realizar las actuaciones correspondientes para evitar el quebrantamiento legal y reglamentario que ha sido puesto de presente.

De lo anterior se concluye que la falta cometida por el encartado es de naturaleza Grave, en grado de Culpa”.

De acuerdo con lo anterior, se observa que la autoridad disciplinaria para establecer la gravead de la falta, esto es para definir si la conducta constituía falta grave o leve —lo cual determina la clase y extensión de la sanción aplicable—, se fundamentó en los criterios consagrados en el artículo 27 de la Ley 200 de 1995 encontrando entre ellos acreditados i) la trascendencia social de conducta, ii) el perjuicio causado al patrimonio estatal y iii) el grado de autoridad y de independencia del que estaba investido el disciplinado —lo que le exigía mayor diligencia en el ejercicio sus funciones—, dando lugar a una calificación de la falta en un nivel grave, la cual de conformidad con el numeral 3 del artículo 29 ídem permitía sancionar con “Suspensión de funciones sin remuneración hasta por noventa (90) días, para quienes se encuentren vinculados al servicio”.

Para la Sala el análisis realizado por la autoridad disciplinaria —trascrito previamente—, en función de establecer el nivel de gravedad de la falta y la sanción a imponer, no merece reproche alguno de falsa motivación, pues puso de presente de forma razonada varios criterios graves que encontró probados, los cuales le impedían considerar que la falta comedita por el actor podía ser leve.

Para la Sala los criterios de graduación expresados por la autoridad disciplinaria además de estar plenamente probados en el expediente, en manera alguna permitan una calificación diferente de la falta disciplinaria, pues para que esta pudiera ser considerada como leve, la conducta del investigado debía encajar en todos los criterios positivos de graduación —ejemplo: no ser conducta reiterada, tener el grado de culpabilidad menor permitido, etc.— y no encajar en ninguno de los criterios negativos —ejemplo: no encajar en alta trascendencia social de la conducta, en perjuicio patrimonial estatal, etc.—, lo cual no fue el caso, motivo por el que el cargo bajo análisis no tiene vocación de prosperidad.

En razón de todo lo anterior, la Sala concluye que es necesario negar las pretensiones de nulidad de las resoluciones 6394 del 23 de julio(52) y Nº 07589 del 27 de agosto de 2004(53) proferidas por el Jefe de la Oficina de Investigaciones Disciplinarias y el Director General de la DIAN respectivamente, a través de las cuales el actor fue suspendido del cargo de inspector aduanero(54) e inhabilitado por setenta (70) días y no puede pronunciarse sobre la legalidad de la Resolución 8267 de 16 de septiembre de 2004(55) proferida por el Director General de la DIAN a través de la cual se ejecutó la sanción, en la medida en que se trata de un acto de ejecución.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

1. NEGAR la excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa, respecto del cargo de nulidad de vulneración del debido proceso, presentada por la entidad demanda.

2. DECLÁRASE inhibida la Sala para pronunciarse sobre la legalidad de la Resolución 8267 de 16 de septiembre de 2004 proferida por el Director General de la DIAN a través de la cual se ejecutó la sanción disciplinaria impuesta al señor Eugenio Pio Osorio Cortina, en la medida en que se trata de un acto de ejecución.

3. NEGAR las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por el señor Eugenio Pio Osorio Cortina contra la dirección de impuestos y aduanas nacionales DIAN, por haber expedido las resoluciones 6394 del 23 de julio y Nº 07589 del 27 de agosto de 2004 por las cuales se le sancionó con suspensión del cargo de Inspector Aduanero e inhabilidad por setenta (70) días.

Cópiese, notifíquese y, una vez ejecutoriada esta Sentencia, archívense las diligencias. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

Magistrados: Sandra Lisset Ibarra Vélez—Carmelo Perdomo Cuéter—César Palomino Cortés.

31 En su calidad de Jefe de la Oficina de Investigaciones Disciplinarias a la Administración Especial de Aduanas de Cartagena.

32 “Por el cual se organiza internamente y se distribuyen las funciones de la Unidad Administrativa Especial de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales”

33 Folio 5 y 6 del cuaderno 1 de pruebas.

34 Jefe de la Oficina de Investigaciones Disciplinarias para el momento de los hechos.

35 Para establecer procesos aduaneros ágiles y eficientes para evitar sobrecostos por demoras y corrupción.

36 “Por el cual se establecen disposiciones para la aplicación de las normas sobre valoración aduanera del Acuerdo del valor del GATT de 1994 y de las decisiones 378 y 379 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.

37 “Por medio de la cual se reglamenta el Decreto 1220 de 1996”.

38 Oficio DIDOC-00063A73-1034 de mayo 23 de 2003 (folio 101) suscrito por Maribel Díaz Cueter, Jefa de la División de Documentación de la Administración Especial de Aduanas de Cartagena, anexo al cual remite fotocopias autenticadas de !as declaraciones de importación Nos. 2383003099443-5 de septiembre 25 de 1999 y 0708525108307-6 de noviembre 4 de 1999 (fls. 102 y 119), cada una con sus respectivos soportes (fls. 103 a 118 y 120 a 126), dentro de los cuales reposan, respectivamente, los Autos y Actas de Inspección Nos. 0494603 de septiembre 28 de 1999 y 0502457 de noviembre 5 de 1999 (fls. 107 y 122), las Declaraciones Andinas del Valor en Aduana Nos. 19997160428198, 19997160428196 de septiembre 24 de 1999 y 19997160497701 de noviembre 4 de 1999 (fls. 103 y 104; 105 y 106; 120 y 122), los BL SEAU038108730 de agosto 24 de 1999 y APLU 006711356 de septiembre 7 de 1999 (fls. 108 y 123), las facturas Nos. 4219 y 4220 de agosto 4 de 1999 y EXP/109/99 de septiembre 4 de 1999 (fls. 109 y 110; 111 y 112 y 124), los certificados de origen de agosto 4 de 1999 y de septiembre 9 de 1999 (fls. 113, 114 y 125), así como los Registros de Importación Nos. 03415136, 0545817, 0545818, 0545819 y 3414472 (fls. 115a 118 y 126).

39 Folios 421 a 436 del expediente.

40 “Por el cual se establecen disposiciones para la aplicación de las normas sobre valoración aduanera del Acuerdo del valor del GATT de 1994 y de las decisiones 378 y 379 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.

41 “Por medio de la cual se reglamenta el Decreto 1220 de 1996”.

42 “Por el cual se establecen disposiciones para la aplicación de las normas sobre valoración aduanera del Acuerdo del valor del GATT de 1994 y de las decisiones 378 y 379 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.

43 “Por medio de la cual se reglamenta el Decreto 1220 de 1996”.

44 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Sentencia de 19 de febrero 2015. Expediente 11001-03-25-000-2012-00783-00. Demandante: Alfonso Ricaurte Riveros. En esta providencia la Subsección identificó y analizó los factores que determinan la responsabilidad explicando la forma como estos influyen en la determinación de la sanción así como las diferencias en relación con el derecho penal.

45 Ley 200 de 1995. ART. 14.—Culpabilidad. En materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva y las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa.

46 Ibídem.

47 Sentencia C-155 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

48 Ley 200 de 1995, artículo 18. Prevalencia de los principios rectores. En la interpretación y aplicación del régimen disciplinario prevalecerán los principios rectores, que determina este Código, la Constitución Política y las normas de los Códigos Penal, Procedimiento Penal y Contencioso Administrativo.

49 Consejo de Estado, Sala Plena Contenciosa del Consejo de Estado. C.P. William Hernández Gómez (E); Sentencia de 9 de agosto de 2016, Rad. 2011-00316-00, Demandante: Piedad Esneda Córdoba Ruíz.

50 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez, sentencia de 6 de octubre de 2016, Radicación 2012-00681-00, Actor: Piedad Esneda Córdoba Ruiz. En esta sentencia la Subsección analizó el debido proceso desde las reglas del régimen probatorio disciplinario para establecer que este en su aspecto sustancial comprende tres componentes a saber 1. los elementos probatorios permitidos, 2. el régimen de análisis y 3. los niveles de certeza establecidos por el legislador, los cuales deben ser respetados por la autoridad disciplinaria al momento de realizar el análisis de la prueba, so pena de incurrir en indebida valoración probatoria.

51 Corte Constitucional, sentencia C-155/2002.

52 Folio 44 al 85 del cuaderno principal.

53 Folio 23 al 43 del cuaderno principal.

54 De la División de Servicio al Comercio Exterior de la Administración Especial de Aduanas de Cartagena en el cargo de Profesional en Ingresos públicos II 31-22.

55 Folio 21 y 22 del cuaderno principal.