Sentencia 2015-00385/23057 de junio 14 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 54001-23-33-000-2015-00385-01 (23057)

Consejero Ponente:

Dr. Julio Roberto Piza Rodríguez

Referencia: nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Oleoducto del Norte de Colombia SAS

Demandado: municipio San José de Cúcuta

Tema: Impuesto de alumbrado público. Sujeción pasiva de empresas dedicadas al transporte de hidrocarburos sin establecimiento en la jurisdicción del sujeto activo.

Bogotá, D.C., catorce de junio de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. En los términos del recurso de apelación interpuesto por la demandada, le corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la sentencia de primera instancia con la cual se declaró la nulidad de los actos acusados.

Concretamente, se debate si la sociedad actora realizó el hecho generador del impuesto de alumbrado público durante el período gravable de agosto de 2014, a pesar de que, durante esta etapa, no contó con establecimientos físicos en el municipio de Cúcuta.

2. Al respecto, se debe considerar que, el artículo 1º de la Ley 97 de 1913 autorizó al Concejo de Bogotá para crear y organizar el impuesto de alumbrado público en su correspondiente jurisdicción y el artículo 1º de la Ley 84 de 1915 extendió esa facultad a los demás concejos municipales del país.

Sin embargo, las normas referidas no establecieron qué se entiende por “alumbrado público”. Por ello, el artículo 2º del Decreto 2424 de 2006 lo definió como el servicio público no domiciliario que se presta con el objeto de proporcionar iluminación, exclusivamente, a bienes de uso público y demás espacios de libre circulación, con tránsito vehicular o peatonal, dentro del perímetro urbano y rural de un municipio o Distrito.

De igual forma, la disposición señalada determinó que el servicio de alumbrado público “comprende las actividades de suministro de energía al sistema de alumbrado público, la administración, la operación, el mantenimiento, la modernización, la reposición y la expansión del sistema de alumbrado público”.

Bajo este contexto, la jurisprudencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado(1) ha precisado que el objeto imponible del impuesto de alumbrado público es la prestación de dicho servicio. Asimismo, la Sala ha especificado que el hecho generador de ese gravamen consiste en ser usuario potencial o receptor del servicio, en el entendido de que dicha calidad solo la ostentan aquellos sujetos que residen en la correspondiente jurisdicción municipal.

En ese sentido, en sentencia del 11 de marzo de 2010 (exp. 16667, C.P.: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas), esta Sala señaló:

Para la Sala, es razonable que todo usuario potencial del servicio de alumbrado público sea sujeto del impuesto. Y, es usuario potencial todo sujeto que forma parte de una colectividad que reside en determinada jurisdicción territorial. No se requiere que el usuario reciba permanentemente el servicio, porque el servicio de alumbrado público, en general, es un servicio en constante proceso de expansión. El hecho de que potencialmente la colectividad pueda beneficiarse del mismo, justifica que ningún miembro quede excluido de la calidad de sujeto pasivo.

Ahora bien, esta corporación(2) ha reiterado que la sujeción de las empresas dedicadas a la exploración, explotación y transporte de recursos no renovables al impuesto de alumbrado público está condicionada a las siguientes premisas:

i. Que sean usuarios potenciales del servicio, en tanto hagan parte de la colectividad que reside en el municipio que administra el tributo. Es decir, que tengan, por lo menos, un establecimiento físico en esa jurisdicción municipal.

ii. Que por tal motivo, resulten beneficiadas directa o indirectamente, de forma transitoria o permanente, con el servicio de alumbrado público.

Así, para que las empresas dedicadas a la exploración, explotación y transporte de hidrocarburos adquieran la calidad de sujetos pasivos de este impuesto territorial, es necesario que estas cuenten, al menos, con un inmueble en la jurisdicción del correspondiente municipio.

3. Al respecto, los hechos que se encuentran probados en el expediente son:

(i) De conformidad con el certificado de existencia y representación de Oleoducto del Norte de Colombia SAS, emitido por la Cámara de Comercio de Bogotá, la sociedad demandante tiene por objeto principal el transporte de petróleo crudo y sus derivados por oleoducto (fls. 4 a 6).

(ii) Según el mismo documento, el domicilio principal de la empresa está situado en Bogotá.

(iii) El 2 de septiembre de 2014, mediante la Resolución 2757-14, la Subsecretaría de despacho del área de gestión de rentas e impuestos de Cúcuta liquidó oficialmente el impuesto de alumbrado público a cargo del demandante, por el mes de agosto de 2014 (fls. 36 a 38).

(iv) El 23 de abril de 2015, mediante la Resolución 551-15, el Subsecretario de despacho del área de gestión de cartera de Cúcuta resolvió el recurso de reconsideración interpuesto por la parte demandante contra la liquidación oficial Nº 2757-14, en el sentido de confirmar los actos recurridos (fls. 52 a 58).

4. Ahora bien, en el sub lite, la sociedad actora sostiene que la existencia de oleoductos de su propiedad que atraviesan la jurisdicción del municipio de Cúcuta no basta para que se la califique como sujeto pasivo de alumbrado público, pues, en atención a la jurisprudencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en especial a la sentencia del 11 de marzo de 2010 (exp. 16667, C.P.: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas), las empresas dedicadas al transporte de hidrocarburos solo están gravadas con el tributo señalado si poseen establecimientos o instalaciones físicas en la jurisdicción del municipio respectivo.

Por su parte, la apelante alega que la la (sic) demandante es sujeto pasivo del impuesto de alumbrado público, en razón a que si bien no tiene oficinas o subsedes en el municipio, tal como lo señala el certificado de existencia y representación legal, sus oleoductos atraviesan el territorio del municipio, beneficiándose del servicio y generando sus ganancias del paso de los hidrocarburos por esa región.

En efecto, en oportunidad anterior(3), esta Sección se pronunció sobre la realización del hecho generador del impuesto de alumbrado público y concluyó que, dada la ausencia de presencia física en el municipio de Cúcuta, la entonces empresa demandante no era sujeto pasivo del gravamen señalado. Dada la similitud fáctica y jurídica del caso concreto y el del fallo descrito, la Sala reiterará los apartes pertinentes.

5. Según consta en el plenario, la sociedad demandante tiene por objeto el transporte de hidrocarburos (fl. 4), de manera que, a la luz de la postura sentada por esta Sección, su condición de usuaria potencial del servicio de alumbrado público y, por consiguiente, su calidad de sujeto pasivo del impuesto respectivo está supeditada a que haya contado con, por lo menos, un establecimiento físico en Cúcuta en agosto de 2014.

No obstante, la Sala observa que, de acuerdo con el certificado de existencia y representación de Oleoducto del Norte de Colombia SAS aportado por la actora (fls. 4 a 6), la empresa tiene como domicilio la ciudad de Bogotá, sin que se observe que tenga sucursal o agencia alguna en el municipio de Cúcuta. Situación que expresamente es reconocida por la parte demandada en el escrito de apelación, motivo por el cual, la administración tributaria municipal no podía atribuirle la aptitud de sujeto pasivo del gravamen alumbrado público.

6. Valga señalar que el artículo 167 del Código General del Proceso (CGP) dispone que le corresponde a cada parte “probar el supuesto de hecho las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, carga que debe cumplirse a través de medios de prueba que resulten idóneos, pertinentes y conducentes.

En los casos de tributos que son liquidados oficialmente por la administración, como sucede con la mayoría de los impuestos territoriales, la administración tiene la función, la facultad y el deber de garantizar el efectivo cumplimiento de las normas fiscales sustanciales (Acu. 40/2010, arts. 436 y 498), esto es, comprobar la realización de los presupuestos que la ley y la normativa territorial contemplan para la configuración del hecho gravado.

De suerte que si el apelante pretendía que se reconociera que la demandante estuvo sujeta al impuesto de alumbrado público por el período discutido, tenía la carga de desvirtuar las pruebas aportadas por aquella y de demostrar que Oleoducto del Norte de Colombia SAS era usuaria potencial de dicho servicio, es decir, que poseía al menos un establecimiento físico en el municipio de Cúcuta.

Al incumplir esa carga, debe soportar los efectos negativos que deriven de no haber probado la afirmación de los hechos sobre los que se fundaron sus pretensiones.

En consecuencia, la Sala considera que acertó el tribunal al decidir que no se encontraba probado en el proceso que la demandante contara con instalaciones físicas en el municipio.

Por tanto, en el presente asunto se debe confirmar la sentencia de primera instancia.

7. Finalmente, para decidir sobre las costas en segunda instancia, se considera lo siguiente:

El artículo 188 del CPACA determina que la liquidación y ejecución de la eventual condena en costas se regirá por lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.

Por su parte, la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso), dispone en el numeral octavo del artículo 365, entre otras que:

8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.

En el caso concreto, no aparece ningún elemento de prueba en esta instancia de las costas solicitadas. En consecuencia, no existe fundamento para su imposición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley.

FALLA:

Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander del 1º de diciembre de 2016, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por Oleoducto del Norte de Colombia SAS contra el municipio de San José de Cúcuta.

Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

1 Sentencia del 11 de marzo de 2010 (exp. 16667, C.P.: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas), del 21 de marzo de 2018 (exp. 23342, C.P.: Stella Jeannette Carvajal Basto).

2 Sentencia del 21 de marzo de 2018 (exp. 23342, C.P.: Stella Jeannette Carvajal Basto).

3 Sentencias del 11 de marzo de 2010 (exp. 16667, C.P.: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas); del 5 de mayo de 2011 (exp. 17822, C.P.: William Giraldo Giraldo), del 15 de noviembre de 2011 (exp. 18107, C.P.: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas), del 7 de marzo de 2013 (exp. 18579, C.P.: Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez), del 6 de febrero de 2014, exp. 18631; del 26 de febrero de 2015 (exp. 19042, C.P.: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas); del 21 de marzo de 2018 (exp. 23342, C.P.: Stella Jeannette Carvajal Basto); y del 24 de mayo de 2018 (exp. 23267, C.P.: Stella Jeannette Carvajal Basto).