Sentencia 2015-00424 de marzo 10 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 23001-23-33-000-2015-00424-01(AC)

Consejero Ponente:

Dr. Gabriel Valbuena Hernández

Actor: Diana Patricia Gómez Yánez

Demandado: Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial y Fonvivienda

Bogotá, D.C., diez de marzo de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Problema jurídico.

De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala que el problema jurídico a resolver se circunscribe a determinar, si el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Fonvivienda y el departamento de Córdoba, vulneraron el derecho fundamental a la vivienda digna de la señora Diana Patricia Gómez Yanez, al no asignar una vivienda dentro del proyecto Urbanización Villa Melisa, en la ciudad de Montería, ni tramitar debidamente el desembolso de los dineros correspondientes al subsidio de adquisición de vivienda, del cual es beneficiaria.

2. Fundamentos de la decisión.

2.1. De la protección del derecho a la vivienda digna por vía de tutela.

El Constituyente en el artículo 51 de la Carta Política estableció el derecho a la vivienda digna de la siguiente manera:

“Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda”.

En principio, el derecho a la vivienda no es susceptible de protección constitucional, sin embargo, la ausencia de reconocimiento oportuno de este derecho de rango legal puede transgredir o amenazar de manera ostensible un derecho fundamental cuando aparece ligado o relacionado estrechamente con este, circunstancia que permite reclamar su protección inmediata a través de la acción de tutela.

La Corte Constitucional(3) ha considerado que: “(...) Puede solicitarse el amparo constitucional del derecho a la vivienda cuando: (i) por vía normativa se defina su contenido, de modo que pueda traducirse en un derecho subjetivo; (ii) cuando su no satisfacción ponga en riesgo otros derechos de naturaleza fundamental, como el derecho a la vida, al mínimo vital, a la integridad física, etc., y (iii) cuando se reclame la protección del derecho en cuestión frente a injerencias arbitrarias de las autoridades estatales y de los particulares(4).

De lo expuesto, se concluye que a partir del estudio de los supuestos fácticos de cada asunto en particular y de las condiciones de vulnerabilidad, el juez constitucional determinará si el derecho a la vivienda digna es susceptible de ser protegido a través de la acción de tutela.

2.2. De lo probado en el proceso y del caso concreto.

En la presente tutela, la señora Gómez Yánez pretende que se ordene a las entidades demandas se le incluya de nuevo en la lista de beneficiarios del subsidio familiar de vivienda para el proyecto Urbanización Villa Melisa, de la ciudad de Montería, a fin de acceder a una vivienda digna, respetando el derecho a la igualdad frente a los demás hogares que estaban en su misma condición y se les ha asignado o entregado la correspondiente unidad de vivienda en dicha urbanización.

La Gobernación de Córdoba, como entidad promotora del proyecto de vivienda y vinculada a la acción de tutela, a pesar de haber sido notificada no rindió informe alguno ni se pronunció dentro del trámite de esta acción constitucional.

Ahora bien, la firma Concretar, inicialmente designada para la construcción del proyecto, y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio solamente propusieron la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva; a la vez que Fonvivienda se limitó a manifestar que la accionante dejó vencer el subsidio familiar de vivienda, por cuanto no cumplió con el deber de tramitar el cobro y movilizar el mismo, tal como se le indicó en la carta de instrucciones.

Sin embargo, debe destacarse que el apoderado de Fonvivienda (fl. 38 vuelto), manifestó expresamente que “[...] el valor del subsidio fue consignado a la entidad financiera Banco Agrario de Colombia S.A., - Banagrario, al número de cuenta 400702004584, el 13 de febrero de 2012, en razón de lo anterior, el no cumplimiento de los trámites correspondientes por parte de los constructores, Gobernación de Córdoba y demás intervinientes en el proyecto para la movilización del subsidio, de ninguna manera esa conducta puede ser atribuida a Fonvivienda”.

Y más adelante agregó el apoderado de Fonvivienda: “[...] Conforme a lo anterior es claro que la Gobernación de Córdoba, como oferente del proyecto, no ha cumplido después de cuatro años de asignados los subsidios para la construcción y certificación de las viviendas, en los términos que señala el artículo 31 de la Resolución 19 de 2011, por lo cual la totalidad de los subsidios no se han legalizado, toda vez que actualmente no se ha iniciado la construcción de la totalidad de las viviendas del proyecto, y no se han cumplido los compromisos pactados frente a las viviendas que están en ejecución” (fl. 39).

Así las cosas, en el sub examine se observa que si bien el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, al informar sobre la asignación del subsidio le indicó a la accionante las instrucciones para la entrega efectiva del beneficio, lo cierto es que ni la Gobernación de Córdoba, ni Fonvivienda, ni menos aún la constructora encargada, demostraron diligencia alguna en el procedimiento administrativo, para la entrega efectiva del beneficio, a fin que la accionante pudiera ver materializado su derecho a obtener la vivienda a través de la asignación del subsidio, para el cual ella cumplió con todos los requisitos que se le fijaron y permaneció atenta al trámite del mismo, sin que la Gobernación de Córdoba ni ninguna de las autoridades relacionadas con el tema, le advirtieran o comunicaran si ella debía cumplir algún otro requisito o adelantar alguna otra gestión para lograr el cometido superior de obtener su vivienda y no perder la oportunidad del subsidio ya asignado desde el año 2011.

Es claro que a la accionante le asiste la carga de demostrar el cumplimiento de los requisitos para hacer efectivo el subsidio, pero también lo es que le compete al Estado garantizar el acompañamiento instructivo en la realización de los trámites para tal fin, más aún tratándose de beneficiarios en estado de vulnerabilidad como lo son las personas destinatarias de estos programas del Gobierno Nacional, quienes no cuentan con los conocimientos y medios autónomos para hacer efectivos sus derechos ante el aparato estatal, y que se encuentran en estado de vulnerabilidad, dada la condición de madre cabeza de hogar, a cargo de dos hijos menores, como lo establece la demandante, situación que no fue controvertida por los accionados.

Por lo anterior, observa esta Sala de Subsección que no se garantizó el debido proceso administrativo a la accionante en la reclamación del subsidio familiar de vivienda, pues aparte de que se impone término de seis meses para su utilización, no se definió el desembolso del dinero correspondiente al subsidio, tampoco se verificó el cumplimiento en el adelanto de las obras ni el siniestro del proyecto, de tal manera que dicha limitación en el tiempo y las respuestas evasivas de la administración, particularmente de la Gobernación de Córdoba y del mismo Ministerio de Vivienda, son obstáculos para que la accionante pueda materializar su derecho, conducta que se considera vulneradora del debido proceso administrativo.

En este orden de ideas, se ordenará a la Gobernación de Córdoba, que fije un cronograma con fechas exactas, en el cual informe a la accionante los requisitos faltantes que debe cumplir y el estado del trámite adelantado para la entrega del subsidio que le ha sido asignado, así como la precisión de la solución a su necesidad de vivienda digna, en el mismo proyecto o en otro que ella voluntariamente acepte, según las posibilidades que los entes oficiales le puedan ofrecer, y el respectivo desembolso de los dineros mediante los mecanismos que concertadamente las autoridades involucradas en el tema definan dentro de los plazos concedidos. Dicho cronograma no podrá superar el término de tres (3) meses a partir de su expedición.

Sin ser necesarias más consideraciones, esta Sala de Subsección revocará la decisión de primera instancia y ordenará la protección de los derechos fundamentales al debido proceso administrativo y a la vivienda digna de la accionante y sus hijos menores de edad, en los términos señalados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. REVÓCASE la sentencia impugnada, que negó el amparo al derecho fundamental a la vivienda digna de la señora Diana Patricia Gómez Yánez, proferida el 25 de noviembre de 2015, por el Tribunal Administrativo de Córdoba.

2. AMPÁRENSE los derechos fundamentales al debido proceso administrativo y a la vivienda digna de la señora Diana Patricia Gómez Yánez, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

3. ORDÉNASE a la Gobernación de Córdoba, que en asocio y coordinación con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Fonvivienda, en el término no mayor a quince días (15) a partir de la notificación de la presente sentencia de tutela, proceda a expedir un cronograma con fechas exactas, en el cual informe a la accionante los requisitos faltantes que debe cumplir y el estado del trámite adelantado para la entrega de la vivienda por subsidio que le ha sido asignado, así como la precisión del día en el que se hará el respectivo desembolso de los dineros al constructor que corresponda, en el mismo proyecto, si fuere posible y preferentemente, o en otro que la accionante voluntariamente acepte. Dicho cronograma no podrá superar el término de tres (3) meses a partir de su expedición.

4. LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.

La anterior decisión fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Cópiese, notifíquese y comuníquese».

3 Sentencia de 15 de febrero de 2011, Exp. 2.508.518 y 2.508.519, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

4 Sentencia T-585 de 2006.