Sentencia 2015-00451/22949 de diciembre 13 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación: 25000-23-37-000-2015-00451-01 (22949)

Consejero Ponente:

Dr. Julio Roberto Piza Rodríguez

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Aguas de Urabá S.A. ESP

Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Temas: Contribución especial por regulación, control y vigilancia del artículo 85 de la Ley 142 de 1994 año 2014 - servicio de acueducto. Base gravable

Sentencia segunda instancia

Bogotá, D.C., trece de diciembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «III. Consideraciones

La Sala procede a resolver el recurso de apelación presentado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, parte demandada, contra la sentencia del 10 de junio de 2016, proferida por la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

3.1. Problema jurídico.

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Sala debe resolver i) si prospera la excepción de inconstitucionalidad del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, en cuanto, contradice, según la demandada, los artículos 338 y 370 de la Constitución Política y ii) si los saldos de las cuentas del grupo 75 del plan de contabilidad para entes prestadores de servicios públicos domiciliarios hacen parte de la base gravable de la contribución especial por servicios de control y vigilancia regulada en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994.

Para resolver, la Sala se remite, en lo pertinente, a las consideraciones hechas en las sentencias del 8 de noviembre, dictada en el expediente 20695(4), y del 11 de mayo de 2017, dictada en el expediente 20179, en las que se resolvieron controversias similares a las que dieron origen al presente proceso.

La Sala advierte que no se pronunciará sobre la aplicación de las normas presupuestales que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios alegó en la apelación porque se trata de un aspecto que no fue debatido en la primera instancia.

3.2. De la excepción de inconstitucionalidad del artículo 85 de la Ley 142 de 1994.

En la demanda, y en esto insiste en el recurso de apelación, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios propuso la excepción de inconstitucionalidad del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, por ser contrario a los artículos 338 y 370 de la Constitución Política.

Lo anterior en razón a que el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, al referirse a gastos de funcionamiento, limita la posibilidad de recuperar de los costos en los que los organismos de inspección, vigilancia y control incurren por la prestación de esos servicios.

Que esa limitación, además, contradice el artículo 370 de la Constitución Política porque limita el ejercicio delas atribuciones de inspección, vigilancia y control que la norma superior le confiere al Presidente de la República.

Conforme lo ha precisado previamente(5), la Sala considera que, en estricto rigor, la autoridad administrativa no puede justificar la legalidad de un acto alegando que la ley que le sirve de sustento es contraria a la Constitución Política, pues, en realidad, es contradictorio. Lo pertinente sería que quien invoque la excepción de inconstitucionalidad de una norma sea el demandante, no el demandado, la autoridad administrativa, por cuanto es la primera que debe acatar el ordenamiento jurídico (C.N., art. 6º).

La Sala entiende que lo que la Superintendencia denomina como excepción de inconstitucionalidad es, en realidad, la interpretación que, a su juicio, debe darse a la norma que supuestamente solicita inaplicar, aspecto que se analizará de fondo a continuación al resolver el cargo referido a la violación del principio de legalidad del tributo.

3.2.1. De la contribución especial por servicios de regulación control y vigilancia. Breve reseña de la normativa que regula la contribución especial.

El artículo 85 de la Ley 142 de 1994, “por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”, dispone un mecanismo de recuperación de los costos del servicio de supervisión prestado por las superintendencias, con el fin de financiar su funcionamiento.

La recuperación de dichos costos, de acuerdo con el artículo 85 la Ley 142 de 1994, se realiza por medio del recaudo de una contribución especial por parte de las superintendencias y a cargo de las entidades reguladas.

En virtud de dicha disposición, la contribución especial se liquida anualmente sobre la base de los gastos de funcionamiento de los prestadores de servicios públicos domiciliarios, asociados al servicio vigilado, del año inmediatamente anterior, a una tarifa entre 0.1 y 1%, que es determinada anualmente por la superintendencia, de acuerdo a su presupuesto anual.

De los elementos de la contribución especial es relevante, para el debate que nos ocupa, el de la base gravable que, como se indicó, está conformada por los gastos de funcionamiento asociados al servicio público domiciliario objeto de supervisión por la superintendencia, razón por la que se pasará a analizar qué se entiende por dicho concepto.

3.2.2. De la base gravable de la contribución especial por regulación, control y vigilancia: gastos de funcionamiento asociados al servicio vigilado. Reiteración jurisprudencial(6). Efectos de la sentencia de nulidad. 

Como lo ha precisado la Sala, aunque el Diccionario de Términos Contables contenido en el plan de contabilidad para entes prestadores de servicios públicos domiciliarios define los “gastos de funcionamiento” como “erogaciones que tienen por objeto atender las necesidades de los órganos para cumplir a cabalidad con las funciones asignadas en la Constitución Política y la ley”, este concepto resulta amplio e impreciso para efectos de determinar la base gravable de la contribución especial prevista en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994.

Por tal razón, la Sección Cuarta de esta corporación, ante la ausencia de una descripción legal concreta, ha definido en sus providencias el concepto de “gastos de funcionamiento”.

Así, en sentencia del 9 de noviembre de 2001(7), al decidir sobre la legalidad del artículo 5º de la Resolución 25 de 1998, expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, se definieron los “gastos de funcionamiento” como “aquellos flujos de salida de recursos que generan disminuciones del patrimonio realizados para ejecutar o cumplir las funciones propias de su actividad, lo que en términos técnico contables simbolizan los gastos operacionales u ordinarios, es decir los normalmente ejecutados dentro del objeto social principal del ente económico”.

En el mismo sentido, en sentencia del 17 de abril de 2008(8), que decidió la demanda interpuesta contra apartes de la Resolución SSPD 001350 del 5 de mayo de 2004 de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en lo concerniente a la base para liquidar la contribución del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, expresó lo siguiente:

Cuando el artículo 85.2 de la Ley 142 de 1994 señala que la base para liquidar la contribución es el valor de los gastos de funcionamiento asociados al servicio sometido a regulación, no se refiere solamente a aquellos gastos que están directamente dirigidos al desarrollo de la operación básica o principal de la entidad, pues estos son los gastos de operación definidos así, por el sistema nacional de contabilidad pública, sino a los gastos que aunque no estén directamente relacionados con la prestación del servicio u operación básica, si le son concernientes.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en el modelo general de contabilidad para empresas prestadoras de servicios públicos, adoptado mediante Resolución SSPD-20101300021335 de 2010, definió por gastos de funcionamiento, “para todos los efectos previstos en las leyes 142 y 143 de 1994”, que “corresponden a los contabilizados en las cuentas de la clase 5 - Gastos, con las adiciones de las cuentas del grupo 75 - Costos de producción, y las exclusiones que se hagan en los respectivos actos administrativos que expida la autoridad competente en cada caso”, a saber:

— Grupo 51. Administración

— 5101 Sueldos y salarios

— 5102 Contribuciones imputadas

— 5103 Contribuciones efectivas

— 5104 Aportes sobre la nómina

— 5111 Generales

— 5120 Impuestos, contribuciones y tasas

— Grupo 53. Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones

— 5302 Provisión para protección de inversiones

— 5304 Provisión para deudores

— 5306 Provisión para protección de inventarios

— 5307 Provisión para protección de propiedades, planta y equipo

— 5309 Provisión para responsabilidades

— 5311 Provisión bienes de arte y cultura

— 5312 Provisión para bienes y derechos en investigación administrativa

— 5313 Provisión para obligaciones fiscales

— 5314 Provisión para contingencias

— 5317 Provisiones diversas

— 5330 Depreciación de propiedades, planta y equipo

— 5331 Depreciación de bienes adquiridos en “leasing financiero”

— 5340 Amortización de propiedades, planta y equipo

— 5344 Amortización de bienes entregados a terceros

— 5345 Amortización de intangibles

— Grupo 58. Otros gastos

— 5801 Intereses

— 5802 Comisiones

— 5803 Ajuste por diferencia en cambio

— 5805 Financieros

— 5806 Pérdida por el método de la participación patrimonial

— 5810 Extraordinarios

— 5815 Ajuste de ejercicios anteriores

— 5899 Gastos asignados a costos de producción y/o a servicios

— Grupo 59. Cierre de ingresos, gastos y costos

— 5905 Cierre de ingresos, gastos y costos

— Grupo 7. Costos de producción

— 75. Servicios públicos

— 7505 Servicios personales

— 7510 Generales

— 7515 Depreciaciones

— 7517 Arrendamientos

— 7520 Amortizaciones

— 7525 Agotamiento

— 7530 Costo de bienes y servicios públicos para la venta

— 7535 Licencias, contribuciones y regalías

— 7540 Órdenes y contratos de mantenimiento y reparaciones

— 7540 Órdenes y contratos de mantenimiento y reparaciones

— 7542 Honorarios

— 7545 Servicios públicos

— 7550 Materiales y otros costos de operación

— 7555 Costo de pérdidas en prestación del servicio de acueducto

— 7560 Seguros

— 7565 Impuestos y tasas

— 7570 Órdenes y contratos por otros servicios

— 7595 Transferencia mensual de costos por clase de servicio (CR)

Los actos administrativos que determinaron la contribución especial a cargo de la demandante por el año 2014 tienen sustento jurídico en la Resolución 20141300018055 del 29 de mayo de 2014, que fijó la tarifa en 0,9299% de los gastos de funcionamiento asociados a la prestación del servicio de la empresa contribuyente.

Según el artículo 2º de la resolución referida, las erogaciones que constituyen los gastos de funcionamiento asociados a la prestación del servicio sometido a la inspección, control y vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que integran la base de liquidación para la contribución especial de la vigencia 2014, una vez aplicado el test de validación, se encuentran contenidas en las cuentas 51 Gastos de administración (menos impuestos, tasas y contribuciones - 5120), 7505 - Servicios personales, 7510 - Generales, 7517 - Arrendamientos, 753508 - Licencia de operación del servicio, 753513 - Comité de estratificación, 7540 - Órdenes y contratos de mantenimiento y reparaciones, 7542 - Honorarios, 7545 - Servicios públicos, 7550 - Materiales y otros costos de operación, 7560 - Seguros, 7570 - Órdenes y contratos por otros servicios.

No obstante, esta Sala, mediante sentencia del 20 de octubre de 2017(9), reiterando lo dicho en la sentencia del 23 de septiembre de 2010(10), anuló parcialmente el artículo 2º de la Resolución 20141300018055 de 29 de mayo de 2014 en cuanto adicionó a la base de liquidación de la contribución especial por el año 2014, las cuentas 7505 “servicios personales”, 7517 “arrendamientos”, 7540 “órdenes y contratos de mantenimiento y reparaciones”, 7550 “materiales y costos de operación”, y 7570 “órdenes y contratos por otros servicios”.

La nulidad fue decretada en razón a que las cuentas de este grupo no constituyen gastos de funcionamiento asociados al servicio sometido a control y vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. En lo que interesa, la sentencia señaló:

Así las cosas, de acuerdo con el aludido precedente jurisprudencial, es claro que la inclusión de los costos de producción (grupo 75 del plan de contabilidad para entes prestadores de servicios) dentro de los gastos de funcionamiento asociados a la prestación del servicio regulado que hizo la Resolución SSPD-20141300018055 de 29 de mayo de 2014, es contraria al artículo 85.2 de la Ley 142 de 1994, dado que amplía la base gravable del tributo con erogaciones que hacen parte de los gastos de funcionamiento de las entidades vigiladas.

En consecuencia, por violación del principio de legalidad, esto es, por la ampliación de la base gravable de la contribución especial prevista en el artículo 85.2 de la Ley 142 de 1994, se anularán las cuentas demandadas del grupo 75 - costos de producción, previstas en el artículo 2º de la Resolución SSPD-20141300018055 de 29 de mayo de 2014. Al prosperar este cargo, la Sala se releva del estudio de los demás cargos.

De esta forma, atendiendo a las pretensiones de la demanda(11) se anulará parcialmente el artículo 2º de la Resolución SSPD-20141300018055 de 29 de mayo de 2014, en cuanto adicionó a la base de liquidación de la contribución especial por el año 2014, las cuentas 7505 “servicios personales”, 7517 “arrendamientos”, 7540 “órdenes y contratos de mantenimiento y reparaciones”, 7550 “materiales y costos de operación”, y 7570 “órdenes y contratos por otros servicios”.

De igual forma, mediante sentencia del 8 de noviembre de 2017(12), dictada en el expediente 21855, la Sala declaró la nulidad parcial el artículo 2º de la Resolución SSPD-20141300018055 de 29 de mayo de 2014, en cuanto adicionó a la base de liquidación de la contribución especial por el año 2014, las cuentas del grupo 75 7510 —Generales—, 753508 —Licencias de operación del servicio—, 753513 —Comité de estratificación—, 7542 —Honorarios—, 7545 —Servicios públicos—, 7560 —Seguros—.

3.2.3. De lo probado en el proceso.

Para resolver el caso concreto, se tienen como probado los siguientes hechos:

1. Mediante la Resolución SSPD 20141300018055 del 29 de mayo de 2014, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios fijó las erogaciones que forman parte de la base gravable de la contribución especial del artículo 85 de la Ley 142 de 1994 para el año 2014 y estableció la tarifa en el 0,9299 %.

2. El 5 de junio de 2014, mediante la liquidación oficial 2014 5340017526, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios determinó la contribución especial por la vigencia 2014 a cargo de la demandante, por el servicio acueducto, en la cuantía de $ 124.312.000.00, así(13):

CuentaDescripciónValor
51Administración2.709.079.315
5120Impuestos, contribuciones y tasas- 989.543.315
7505Servicios personales 2.692.655.181
7510Generales 589.854.371
7517Arrendamientos39.350.388
7540Órdenes y contratos de mantenimiento y reparaciones1.409.398.208
7542Honorarios120.224.698.
7545Servicios públicos226.095.935
7550Materiales y costos de operación3.675.925.333
7560Seguros 
7570Órdenes y contratos por otros servicios 2.895.311.139
753508Licencias de operación del servicio -
753513Comité de estratificación -
 Total base 13.368.351.250
 Tarifa 0,9299 %
 Total a pagar$ 124.312.000

3. El 4 de julio de 2014, la demandante interpuso recursos de reposición y, en subsidio, el de apelación, contra la liquidación oficial 2014 5340017526 del 5 de junio de 2014, pues, a su juicio, no era procedente incluir los importes correspondientes a las cuentas del grupo 75 ($ 11.648.815.250). Que, por consiguiente, hubo un pago en exceso de $ 108.322.000(14).

4. El 29 de julio de 2014, mediante Resolución 2014 5300033575, al resolver la reposición, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios confirmó la liquidación oficial de la contribución especial(15).

5. El 10 de septiembre de 2014, mediante la Resolución 20145000039815, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios resolvió el recurso de apelación, también en el sentido de confirmar la liquidación oficial de la contribución especial(16).

6. El 29 de octubre de 2014, la demandante pagó suma de $ 81.936.000, como parte de la obligación determinada en los actos administrativos en controversia(17), el excedente, $ 62.548.000, fue pagado como anticipo el 17 de enero de 2014(18).

3.2.4. Solución del caso concreto.

De la lectura de los actos administrativos demandados se advierte que la contribución especial a cargo de la demandante (Aguas Regionales EPM S.A. ESP - antes Aguas de Urabá S.A. ESPD) por el año 2014, por concepto del servicio acueducto, fue liquidada así:

En primer lugar, la Superintendencia tomó como base gravable los gastos de administración reportados en el grupo 51 del plan de contabilidad para entes prestadores de servicios públicos, que incluye las cuentas 5101 (sueldos y salarios), 5102 (contribuciones imputadas), 5103 (contribuciones efectivas), 5104 (aportes sobre la nómina), 5111 (generales) y, 5120 (impuestos, contribuciones y tasas).

En seguida, la superintendencia restó de la base el monto correspondiente a la cuenta 5120 (impuestos, contribuciones y tasas) y adicionó los montos registrados en las siguientes cuentas: 7505 (servicios personales), 7510 (generales), 753508 (licencia de operación del servicio), 753513 (comité de estratificación), 7540 (órdenes y contratos de mantenimiento y reparaciones), 7517 (arrendamientos), 7542 (honorarios), 7545 (servicios públicos), 7550 (materiales y otros costos de operación), 7560 (seguros) y 7570 (órdenes y contratos por otros servicios).

La Sala considera que los actos administrativos demandados deben ser anulados en cuanto incluyeron como parte de la base gravable cuentas del grupo 75 del plan de contabilidad para entes prestadores de servicios públicos, a pesar de no constituir gastos de funcionamiento.

En ese orden, la Sala considera que es procedente confirmar la sentencia apelada, en cuanto liquidó la contribución a cargo de la demandante, por el año 2014 por el servicio de acueducto, en la suma de $ 15.989.965 y determinó que hubo lugar a un pago en exceso de $ 108.322.035, así:

CuentaDescripciónLiquidación SSPDLiquidación tribunalLiquidación Consejo de Estado
51Administración$ 2.709.079.315,00 $ 2.709.079.315,00 $ 2.709.079.315,00
5120Impuestos, contribuciones y tasas-$ 989.543.315,00 -$ 989.543.315,00 -$ 989.543.315,00
7505Servicios personales $ 2.692.655.181,00   
7510Generales $ 589.854.371,00   
7517Arrendamientos $ 39.350.388,00   
7540Órdenes y contratos de mantenimiento y reparaciones $ 1.409.398.208,00   
7542Honorarios $ 120.224.698,00   
7545Servicios públicos $ 226.095.935,00   
7550Materiales y costos de operación $ 3.675.925.333,00   
7560Seguros   
7570Órdenes y contratos por otros servicios $ 2.895.311.139,00   
753508Licencias de operación del servicio - - -
753513Comité de estratificación - - -
 Total base 13.368.351.2501.719.536.0001.719.536.000
 Tarifa 0,93%0,93%0,93%
 Total a pagar$ 124.312.000$ 15.989.965$ 15.989.965
 Saldo a favor $ 0$ 108.322.000$ 108.322.000

La Sala estima que los $ 108.322.035 determinados como pago en exceso a favor de la demandante deben ser devueltos indexados a la fecha de ejecutoria de la presente providencia, de conformidad con lo previsto con el inciso final del artículo 187 de la Ley 1437(19). De manera que el ajuste se hará atendiendo la siguiente fórmula:

2015-00451F
 

En la que el valor ajustado (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es el mayor valor pagado por el contribuyente, por el número que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente en la fecha de ejecutoria de esta providencia, por el índice inicial, esto es, el vigente al momento de cada pago.

Sobre esa suma, además, es procedente el reconocimiento de intereses, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.

3.3. Condena en costas.

En cuanto a la condena en costas, la Sala precisa lo siguiente:

De acuerdo con los artículos 188 del CPACA y 361 del Código General del Proceso, las sentencias que deciden los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo deben resolver sobre la condena en costas, que están integradas por las expensas y gastos en que incurrió la parte durante el proceso y por las agencias en derecho. Esta regla no se aplica a los procesos en los que se ventile un interés público.

Por su parte, el artículo 365 del Código General del Proceso (L. 1564/2012), señala las reglas para la determinación de la condena en costas, así:

ART. 365.—Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:

(...).

8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.

“9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas.

Sin embargo podrán renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción (resalta la Sala).

Respecto a la condena en costas de que trata el Código General del Proceso, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente(20):

Lacondenaencostasnoresultadeunobrartemerarioodemalafe,osiquieraculpabledelapartecondenada,sinoqueesresultadodesuderrotaenelprocesoorecursoquehayapropuesto,segúnelartículo365(21).Almomentodeliquidarlas,conformealartículo366(22),seprecisaquetantolascostascomolasagenciasenderechocorrespondenaloscostosenlosquelapartebeneficiariadelacondenaincurrióenelproceso,siemprequeexistapruebadesuexistencia,desuutilidadydequecorrespondanaactuacionesautorizadasporlaley. De esta manera, las costas no se originan ni tienen el propósito de ser una indemnización de perjuicios causados por el mal proceder de una parte, ni pueden asumirse como una sanción en su contra (resalta la Sala).

En este caso, una vez revisado el expediente, se advierte que no existen elementos de prueba que demuestren o justifiquen las erogaciones por concepto de costas, esto es, no fueron acreditadas por la parte demandante. Por lo tanto, no se condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMANSE los numerales PRIMERO y SEGUDO de la parte resolutiva de la sentencia apelada.

2. MODIFÍCASE el numeral TERCERO de la parte resolutiva de la sentencia apelada que quedará así:

b) ORDÉNASE a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, devolver a EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN ESP, identificada con NIT 890.904.996-1, la suma $ 108.322.000, suma que deberá ser indexada de conformidad con lo señalado en la parte considerativa de la sentencia. Dicha suma devengará intereses de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.

3. No se condena en costas.

4. En lo demás, CONFÍRMASE la sentencia apelda.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

Esta providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

(4) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez, Radicación: 25000-23-27-000-2012-00448-01 (20695).

(5) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 11 de mayo de 2017, número interno 20179, C.P. Milton Chaves García.

(6) Sentencia del 19 de marzo de 2015, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, radicación: 25000-23-37-000-2012-00218-01 (20644), demandante: Empresas Públicas de Medellín ESP, EPM, demandado: Nación —Ministerio de Minas y Energía— y Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG.

(7) Expediente 11790, consejera ponente: María Inés Ortiz Barbosa.

(8) Expediente 15771, consejera ponente: María Inés Ortiz Barbosa.

(9) Expediente 22067, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, reiterada. Mediante sentencia del 8 de noviembre de 2011, Expediente 21885. M.P. Milton Chaves, la Sala decidi(sic).

(10) Expediente 16874, consejera ponente: Martha Teresa Briceño de Valencia.

(11) Artículo 281 del Código General del Proceso.

(12) Radicación 11001-03-27-000-2015-00047-00, M.P. Milton Chaves García.

(13) Folio 83 del C.P.

(14) Folios 87 al 101 del C.P.

(15) Folios 121 al 143 del C.P.

(16) Folios 83 a 100 del C.P.

(17) Folio 86 del C.P.

(18) Folio 85 del C.P.

(19) La Sala reitera la posición fijada en la sentencia del 5 de mayo de 2016, radicación: 25000-23-37-000-2013-00029-01 (21714).

(20) Cfr. la sentencia C-157/13, M.P. Mauricio González Cuervo, en la que se declaró exequible el parágrafo único del artículo 206 de la Ley 1564 de 2012, por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones, bajo el entendido de que tal sanción —por falta de demostración de los perjuicios—, no procede cuando la causa de la misma sea imputable a hechos o motivos ajenos a la voluntad de la parte, ocurridos a pesar de que su obrar haya sido diligente y esmerado.

(21) Se transcribe el artículo 365.

(22) Se transcribe el artículo 366.