Sentencia 2015-00475 de agosto 25 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero Ponente:

Dr. Alberto Yepes Barreiro

Radicación: 66001-23-33-000-2015-00475-01

Actores: Gerardo Bernal Montenegro y John Harold Gómez Giraldo

Demandado: Carolina Giraldo Botero – Concejal de Pereira

Bogotá D.C, veinticinco de agosto dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala.

1. Competencia.

De conformidad con lo establecido en el numeral 150, 152.8 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, esta Sección es competente para conocer en segunda instancia del proceso de la referencia, toda vez que, la demanda ataca la legalidad del acto contenido en el formulario E-26 CON a través del cual se declaró electa a la señora Carolina Giraldo Botero como Concejal de Pereira.

Lo anterior teniendo en cuenta que según el artículo 152.8 Ibídem los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de la nulidad del acto de elección de los “(…) miembros de corporaciones públicas de los municipios y distritos y demás autoridades municipales con setenta mil (70.000) o más habitantes, o que sean capital de departamento”.

Así, teniendo en cuenta que Pereira es la capital del departamento de Risaralda, corresponde al Consejo de Estado decidir, en segunda instancia, el recurso de apelación presentado por la parte actora.

2. Oportunidad y trámite del recurso.

La Sala observa que el recurso de apelación se presentó dentro de la oportunidad legal correspondiente y que al mismo se le dio el trámite que impone el artículo 292 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, norma especial de carácter electoral.

3. Planteamiento del problema jurídico.

Decantado lo anterior corresponde a la Sala analizar si debe confirmar, revocar o modificar la Sentencia del 6 de mayo de 2016 a través de la cual el Tribunal Administrativo de Risaralda negó las pretensiones de la demanda.

Para el efecto, esta Sección examinará si está probado que la señora Carolina Giraldo Botero se encuentra inhabilitada debido a la causal de “celebración de contratos” y “gestión de negocios” contempladas en el numeral 3º del artículo 40 de la Ley 617 de 2000.

Advierte la Sala que no se efectuará consideración alguna en relación con el reproche elevado por el recurrente al Magistrado Ponente de la sentencia apelada —por cuenta de no haberse declararse impedido para tramitar y fallar la presente controversia—, toda vez que no se trata de la etapa procesal adecuada para el efecto.

4. De las inhabilidades alegadas y sus características.

Las inhabilidades que se consideran materializadas en el caso concreto, se encuentran establecidas en el numeral 3º del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, el cual contempla:

“ART. 40. De Las Inhabilidades De Los Concejales. No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital:

(…)

3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito.” (Negritas fuera de texto)

Como puede observarse dicha causal contiene en su redacción tres inhabilidades, de forma tal que, según esta disposición y a groso modo, no podrán ser elegidos concejales quienes:

i) Hayan intervenido durante el año anterior a la elección en la gestión de negocios en interés propio o favor de terceros.

ii) Durante ese mismo lapso [el año anterior a la elección] hayan celebrado, con un interés propio o favor de terceros, contratos con entidades públicas siempre que el contrato se haya ejecutado en la respectiva entidad territorial.

iii) Hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos, tasas y contribución o entidades que presenten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social.

Específicamente en la demanda se endilgan los eventos consagrados en la primera y segunda parte del numeral 3º del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, razón por la que es necesario establecer cuáles son los elementos que conforman las prohibiciones endilgadas.

a) Elementos de la Inhabilidad por contratación.

En relación con la inhabilidad de contratación, establece la norma en comento que no podrá ser concejal “Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito.”

Respecto a los elementos que conforman dicha inhabilidad(18) la Sección en providencia del 28 de abril de 2016 determinó que para que aquella se materialice es necesario que concurran, de forma concomitante, los siguientes elementos o presupuestos:

“i) Un elemento temporal limitado al año anterior a la fecha de la elección, es decir, se toma como punto de referencia el día de la elección y se cuenta un año hacía atrás.

ii) Un elemento material u objetivo consistente en intervenir en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel, siempre y cuando el contrato se ejecute o cumpla en el municipio o distrito para el cual resultó electo (elemento territorial).

(…)

iii) Un elemento subjetivo relacionado con el interés propio o de terceros. Ahora bien no es suficiente con que se pruebe el elemento temporal, material y territorial de la inhabilidad, sino que además es necesario que se acredite que la intervención en el contrato estatal aportó beneficios patrimoniales o extrapatrimoniales a sí mismo, es decir, al candidato o a terceros(19).”(20)

Bajo este panorama, no cabe duda que para afirmar que una persona esta incursa en la inhabilidad por “celebración de contratos” deben estar acreditados los elementos temporal, material u objetivo, territorial y subjetivo, en los términos antes descritos.

b) Elementos de la Inhabilidad de intervención en gestión de negocios.

Por su parte, la inhabilidad por intervención por gestión de negocios se encuentran consagrada en el la primera parte del numeral 3º del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, el cual estipula que no podrá ser concejal “Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital”.

En efecto, la intervención en la gestión de negocios se ha entendido como la realización de diligencias, actividades y demás acciones tendientes a concretar una relación con el Estado.(21) Por ello, su finalidad es prevenir el desequilibrio que podría generar las ventajas de las que goza quienes tienen “esa posibilidad de tratativas negociales con determinados actores del sector público.(22)

Ahora bien, para que se materialice dicha inhabilidad es necesario que se pruebe la ocurrencia, de forma concomitante, de los siguientes elementos:

i) Un elemento temporal limitado al año anterior a la fecha de la elección, es decir, se toma como punto de referencia el día de la elección y se cuenta un año hacía atrás.

ii) Un elemento material u objetivo consistente en intervenir en la gestión de negocios, esto es, debe estar demostrado que se realizaron actos tendientes a la materialización de un negocio jurídico con entidades públicas del orden municipal o distrital.

Respecto a este punto es oportuno recordar que la jurisprudencia(23) ha establecido que: i) el término “negocios” conlleva de suyo un fin lucrativo en las gestiones; ii) la gestión se materializa únicamente en la etapa pre negocial, de forma que los actos posteriores no inciden en la configuración de la inhabilidad y la materialización de la prohibición no está atada a que el negocio, efectivamente, se concrete, iii) la gestión debe ser determinante y directa, pues una diligencia inane en el negocio no materializa la inhabilidad. Es decir, se debe acreditar que el demandado participó “en diligencias conducentes al logro de un negocio con entidad pública.”

iii) Un elemento modal o de propósito de forma que se acredite que la gestión se realizó en interés propio o en el de terceros. En este aspecto, es importante poner de presente que la Sección incluso ha concluido que beneficios extramatrimoniales también pueden dar lugar a la materialización de la inhabilidad(24).

Una vez decantados los elementos de las inhabilidades endilgadas y antes de abordar el caso concreto, la Sala considera necesario resaltar que la inhabilidad alegadas solo se entenderán materializadas si en el sub examine se encuentra acreditado la configuración de todos y cada uno de los elemento descritos para cada una de las prohibiciones estudiadas.

5. Análisis de las inhabilidades atribuidas a la demandada en el caso concreto.

Respecto a las inhabilidades endilgadas a la señora Carolina Giraldo Botero, como concejal de Pereira, obran en el expediente los siguientes elementos probatorios:

—Copia auténtica del contrato de prestación de servicios 20140060 de fecha 20 de enero de 2014, celebrado entre el Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo y la señora Carolina Giraldo Botero (fls. 23 a 28 cdno. 1 Exp. 2015-00475).

—Copia auténtica de la solicitud de adición en tiempo al contrato de prestación de servicios No. 20140060 de fecha 20 de enero de 2014, suscrita por la contratista Carolina Giraldo Botero (fl. 39 cdno. 1 Exp. 2015-00475).

—Copia auténtica de la prórroga al contrato de prestación de servicios 20140060 de fecha 20 de enero de 2014, hasta el 15 de diciembre de 2014, suscrita el 26 de noviembre de 2014 (fl. 41 cdno. 1 Exp. 2015-00475).

—Copia del formulario E-6 CO en la que consta la inscripción como candidata del Partido Alianza Verde al Concejo Municipal de Pereira (fl. 49 y 50 cdno. 1 Exp. 2015-00475 y 15 -16 del cdno. 1 Exp. 2015-00468).

—Copia del Formulario E-26 en el que se declara electa a la señora Carolina Giraldo Botero, entre otros, como concejal del municipio de Pereira, para el período 2016-2019 (fls. 51 y 52 cdno. 1 Exp. 2015-00475 y 11 a 14 cdno. 1 Exp. 2015-00468).

—Acta de terminación del contrato de prestación de servicios No. 20140060 de fecha 20 de enero de 2014, celebrado entre el Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo y la señora Carolina Giraldo Botero (fl. 24 cdno. 1 Exp. 2015-00468).

—Acta de liquidación del contrato de prestación de servicios No. 20140060 de fecha 20 de enero de 2014, celebrado entre el Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo y la señora Carolina Giraldo Botero (fl. 25 a 26 cdno. 1 Exp. 2015-00468).

—Testimonio del señor Efraín Hernán Zapata Zuleta, como supervisor del contrato 20140060 celebrado entre la accionada y la Administración (fl. 291 y ss. cdno. 1-1).

Teniendo en claro cuáles son elementos probatorios obrantes en el expediente respecto a las inhabilidades de intervención en la celebración de contratos y gestión de negocios, es viable estudiar, de acuerdo a los parámetros explicados en el acápite que antecede, si en el caso concreto alguna de ellas se configuró o no. Veamos:

5.1 La inhabilidad de celebración de contratos en el sub judice.

Como se explicó, para determinar el lapso temporal de la inhabilidad de contratación es necesario contar un año hacia atrás tomando como punto de referencia el día de la elección. Teniendo en cuenta que las elecciones para autoridades territoriales en Colombia se llevaron a cabo el día 25 de octubre de 2015, el periodo inhabilitante para el demandado transcurrió entre el 25 de octubre de 2014 y el 25 de octubre de 2015.

Al respecto se encuentra acreditado(25) que el contrato de trabajo a término fijo celebrado entre el demandado y el Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Trismo de Pereira se suscribió por fuera del periodo inhabilitante, comoquiera que aquel fue celebrado el 20 de enero de 2014, esto es, varios meses antes del lapso que la ley previó como configurativo de la inhabilidad.

Como puede observarse, el contrato que, a juicio de la parte actora, origina la inhabilidad de celebración de contratos se perfeccionó en un lapso diferente al previsto por el numeral 3º del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, y por consiguiente, no es necesario hacer mayores elucubraciones para concluir que la inhabilidad alegada no se encuentra materializada.

Ahora bien, aunque lo anterior sería suficiente para detener el estudio del recurso y proceder a confirmar la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, la Sala considera necesario analizar el elemento objetivo o material de la inhabilidad con el propósito de explicar por qué no es de recibo el argumento del recurrente, según el cual debe tenerse en cuenta que el contrato sí se ejecutó dentro del periodo inhabilitante para entender materializada la inhabilidad.

Lo mismo frente al argumento según el cual la prórroga del contrato materializa un nuevo contrato estatal independiente del anterior:

Para el recurrente se debe tener en cuenta que la norma también habla de la ejecución como elemento constitutivo de la inhabilidad por celebración de contratos; entendimiento del cual se desprende, según su criterio, que sí se materializó la inhabilidad, toda vez que, el contrato suscrito por el demandado se ejecutó dentro de los 12 meses anteriores a la elección.

Lo primero a señalar es que este argumento carece de asidero jurídico, ya que del análisis de la causal endilgada se desprende con toda claridad que la conducta prohibida es celebrar el contrato y no ejecutarlo. Es por ello que, la jurisprudencia ha entendido de forma univoca que la conducta que materializa la inhabilidad por “celebración de contratos” es precisamente la de celebrar o suscribir un determinado negocio jurídico, de forma que es necesario que el contrato se celebre, que haya concreción en el negocio, que exista un vínculo que obligue a las partes a cumplir con las obligaciones contraídas. (26)

En efecto, en diversas oportunidades tanto la Sección Quinta como la Corporación misma han determinado que la inhabilidad por “celebración de contratos” se materializa con la suscripción efectiva del contrato estatal. Al respecto es ilustrativo citar la Sentencia del 9 de julio de 2009 proferida por la Sala Electoral del Consejo de Estado dentro de la radicación 110010328000200600115-00 (acumulado) CP Susana Buitrago Valencia, en la que al estudiar la norma homologa prevista en la Constitución para los Congresistas coligió que:

“La tipificación de la conducta que prohíbe el numeral 3 del artículo 179 superior exige para su configuración la existencia de los siguientes supuestos: 1) Sujeto pasivo de la prohibición: Candidato al Congreso (Senador - Representante a la Cámara). 2) Conducta: Celebración de contrato. 3) Naturaleza del contrato: La parte con quien el candidato celebra el contrato debe tener el carácter de entidad de naturaleza pública. 4) Móvil de la actuación prohibida: En interés propio o de un tercero. 5) Circunstancia de tiempo: Celebración dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de la elección. 6) Circunstancia de lugar: Celebrado en la circunscripción en la que debe efectuarse la respectiva elección.” (Negritas fuera de texto)

Lo propio sucedió en la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, la cual en el marco de la pérdida de investidura de la entonces senadora Martha Lucía Ramírez radicado 11001-03-15-000-2009-00708-00 CP. Gerardo Arenas Monsalve determinó que para la conducta prohibitiva se materializaba con la “celebración” de contratos con entidades públicas.

Así las cosas, es claro que el “verbo rector” de la inhabilidad alegada es intervenir en la celebración y no ejecutar, de forma tal que aquella se configura con la celebración efectiva del respectivo contrato dentro del lapso contemplado por la norma, independiente del momento de su ejecución.

En otras palabras, la inhabilidad de “celebración de contratos” se materializa sí y solo sí el negocio jurídico correspondiente se celebró o suscribió dentro del periodo inhabilitante. Cosa distinta es que también se requiera demostrar que la ejecución o cumplimiento del contrato celebrado se realizó en la respectiva circunscripción electoral en la cual el candidato resultó elegido(27)

De lo expuesto se colige, sin lugar a dudas, que aunque la “celebración” y la “ejecución” son dos elementos configurativos de la inhabilidad contemplada en la segunda parte del numeral 3º del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, aquellos son totalmente distintos, ya que mientras el primero alude al “verbo rector” de la conducta prohibitiva, el segundo sirve para constatar que la inhabilidad se desarrolló en la circunscripción electoral correspondiente.

En suma, si se tiene en cuenta que, para la configuración de la inhabilidad es necesario que el contrato se haya celebrado dentro del año anterior a la fecha de la elección es evidente que en el sub judice no se encuentra acreditada la inhabilidad endilgada, debido a que el contrato entre la demandada y el Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo de Pereira se suscribió o celebró por fuera del periodo inhabilitante.

Además, la tesis según la cual la prórroga de aquel contrato materializa un nuevo negocio jurídico capaz de inhabilitar a la señora Giraldo Botero carece de respaldo jurídico ya que, como acertadamente lo concluyó el tribunal de la primera instancia, la prórroga materializa un acuerdo de voluntades frente a el plazo de un contrato ya existente, sin que en sí misma materialice un contrato autónomo, pues aisladamente una cláusula de extensión de plazo no hace contrato.

También es falso que con la adopción de la referida cláusula se hubiese modificado el contrato inicial. En efecto, en el documento de 26 de noviembre de 2014 se lee:

“…hemos convenido realizar la presente prórroga al Contrato de Prestación de Servicios 20140060, suscrito entre las partes el 20 de Enero de 2014 considerando lo siguiente: 1. Mediante oficio del 26 de Noviembre de 2014 el Doctor Efraín Hernán Zapata Zuleta como supervisor del contrato y Carolina Giraldo Botero en calidad de contratista manifestaron a la Directora autorización para prorrogar por diecinueve (19) días el contrato debido a que se presentaron unos impases con la autorización de la instalación de las placas de la Gobernación de Risaralda y el Edificio de Rentas Departamentales, ambos bienes inmuebles patrimoniales pertenecientes a la Gobernación de Risaralda. 2. La prórroga no implican (sic) cambio alguno en la esencia del objeto contratado; por lo tanto las partes están de acuerdo en ampliar el tiempo, además afirman que las demás cláusulas del contrato no sufren ninguna modificación, en consecuencia de lo expuesto, las partes acuerdan 1: modificar la cláusula cuarta, término de ejecución: Prorrogando el contrato diecinueve (19) días comprendidos entre el 27 de noviembre del 2014 hasta el 15 de diciembre del 2014, 2: En lo demás continúan vigentes en todas sus partes, las cláusulas y estipulaciones Contrato de Prestación de Servicios 20140060…” (Subrayas fuera de texto)

Por lo que de la simple lectura del documento constitutivo de la prórroga se puede evidenciar que aquella no da cuenta de una modificación al objeto originalmente contratado.

5.2 La inhabilidad de gestión de negocios en el sub examine

Finalmente, en lo relativo a la gestión de negocios, debe recordarse, tal y como se advirtió previamente en el acápite 4 de esta providencia, que el elemento material u objetivo de esa causal consiste en intervenir en la gestión de negocios, esto es, para su configuración debe estar demostrado que se realizaron actos tendientes a la materialización de un negocio jurídico con entidades públicas del orden municipal o distrital.

Respecto a este punto es oportuno, reiterar, que la jurisprudencia(28) ha establecido que: i) el término “negocios” conlleva de suyo un fin lucrativo en las gestiones; ii) la gestión se materializa únicamente en la etapa pre negocial, de forma que los actos posteriores no inciden en la configuración de la inhabilidad y la materialización de la prohibición no está atada a que el negocio, efectivamente, se concrete, iii) la gestión debe ser determinante y directa, pues una diligencia inane en el negocio no materializa la inhabilidad. Es decir, se debe acreditar que la persona que funge como demandada participó “en diligencias conducentes al logro de un negocio con entidad pública.”

Por ello, como la prórroga y la ejecución contractual con la que los demandantes sustentan la existencia de esta segunda inhabilidad tuvieron lugar en la etapa poscontractual, ha de concluirse necesariamente que aquella tampoco se materializó.

Bajo las consideraciones que preceden, es claro que no se materializan las inhabilidades alegadas, y por consiguiente, se impone confirmar la decisión del Tribunal de negar las pretensiones de la demanda, razón por la que así se decretará en la parte resolutiva de esta providencia.

6. Conclusión.

La sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda debe ser confirmada, toda vez que, no están acreditados los elementos que configuran las inhabilidades por intervención en la celebración de contratos y gestión de negocios contempladas en el numeral 3º del artículo 40 de la Ley 617 de 2000.

III. La Decisión.

Con fundamento en lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

1: CONFIRMAR la Sentencia del 6 de mayo de 2016 a través de la cual el Tribunal Administrativo de Risaralda negó las pretensiones de la demanda.

2: DEVOLVER al Tribunal de origen para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase».

1 Folios 33 a 36 del expediente 2015-00468.

2 Escritos visibles a folios 62 y ss. (Exp. 2015-00468) y 101 y ss. (Exp. 2015-00475).

3 Folios 43 y ss. (Exp. 2015-00468) y 82 y ss. (Exp. 2015-00475).

4 Folios 164 y ss. del Cd. 1 (Exp. 2015-00475).

5 Folios 192 y ss. del Cd. 1 expediente 2015-00475.

6 Reverso del folio 192 del expediente.

7 Reverso del folio 197 del expediente.

8 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejera ponente: María Claudia Rojas Lasso. 29 de enero de 2009. Radicación número: 68001-23-15-000-2008-00113-01(PI) Actor: Javier Ernesto Cala Santos.

9 Sentencia del 15 de abril de 2015, Consejera ponente: Susana Buitrago Valencia. Radicación número: 11001-03-28-000-2014-00021-00, Actor: Sergio David Becerra Benavides.

10 Folio 380.

11 Al respecto sostuvo que el objeto contractual consistía en la instalación de placas de la Gobernación de Risaralda y el edificio de Rentas Departamentales.

12 Manifestó que el objeto contractual de dicho contrato se basó en una investigación histórica sobre el patrimonio del Municipio de Pereira y sobre la implementación de un mecanismo de difusión del mismo en 20 lugares patrimoniales de la ciudad que permita la apropiación social del patrimonio inmaterial local.

13 Fecha en la que se profirió sentencia de primera instancia, visible a folio 330 del expediente.

14 Al respecto ver folio 414 del expediente.

15 Así se desprender del escrito de alegación presentado Procurador Delegado obrante a folio 424.

16 Afirmación obrante a folio 425.

17 Como sustento de esta afirmación citó: Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 13 de septiembre de 2007, radicación 3979-3986.CP. Susana Buitrago Valencia.

18 En lo que atañe a los elementos que estructuran la inhabilidad por intervención en la celebración de contratos consultar, entre otras, Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 18 de julio de 2013, radicación 47001-23-31-000-2012-00010-01. CP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez y Consejo de Estado Sección Quinta, auto de Sala del 28 de abril de 2016, radicación Nº25000-23-24-000-2015-02753-01 CP. Alberto Yepes Barreiro.

19 Consejo de Estado, Sección quinta, Sentencia del 3 de agosto de 2015, radicación 11001032800020140005100. CP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

20 Consejo de Estado Sección Quinta, auto de Sala del 28 de abril de 2016, radicación Nº25000-23-24-000-2015-02753-01 CP. Alberto Yepes Barreiro.

21 Calderín Osario, Ana Carolina. Manual de Inhabilidades Electorales. Ed. Ibáñez. Bogotá.2012. pág. 135.

22 Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 11 de agosto de 2016, radicación Nº 50001-23-33-000-2015-00647-01 CP. Lucy Jeannette Bermúdez.

23 Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 18 de noviembre de 2008. Radicación No. 11001-03-15-000-2008-00316-00 (PI). C.P: Mauricio Torres Cuervo; Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 11 de agosto de 2016, radicación Nº 50001-23-33-000-2015-00647-01 CP. Lucy Jeannette Bermúdez.

24 Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 13 de agosto de 2004, Radicación 3944-3957 y Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 27 de noviembre de 2008. Radicación 680012315000200700669 01 C.P Filemón Jimenez Ochoa.

25 Así se desprende de la copia del contrato.

26 Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 18 de julio de 2013, radicación 47001-23-31-000-2012-00010-01. CP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. En esta providencia se concluyó que la celebración del contrato “implica la concreción de la intervención en un vínculo negocial que obligue a las partes contratantes, es decir, que se trate del contrato mismo”.

27 En el mismo sentido, Consejo de Estado Sección Quinta, auto de Sala del 28 de abril de 2016, radicación Nº25000-23-24-000-2015-02753-01 CP. Alberto Yepes Barreiro.

28 Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 18 de noviembre de 2008. Radicación No. 11001-03-15-000-2008-00316-00 (PI). C.P: Mauricio Torres Cuervo; Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 11 de agosto de 2016, radicación Nº 50001-23-33-000-2015-00647-01 CP. Lucy Jeannette Bermúdez.