Sentencia 2015-00506 de abril 20 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Rad.: 23001-23-33-000-2015-00506-01

Consejera Ponente:

Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Actor: Héctor Sebastián Milanés Rubio y otros.

Accionado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional y otro.

Tema: Cobro reiterado de obligaciones ya canceladas

Decisión: Revoca y ampara el derecho al buen nombre y habeas data.

Bogotá D.C., veinte de abril de dos mil dieciséis.

Fallo de segunda instancia

La Sala decide la impugnación(1) presentada por los señores Héctor Sebastián Milanés Rubio y Lurdais Ramírez Cárdenas contra la Sentencia de 19 de enero de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba - Sala Segunda de Decisión, que denegó por improcedente el amparo invocado en la presente acción de tutela, en contra del Ministerio de Defensa –– Fondo de Defensa Nacional y el Ejército Nacional - Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas.

I. Antecedentes

1.1. Escrito de tutela.

Para una mejor comprensión del asunto, la Sala se permite resumir de la siguiente forma los supuestos fácticos y jurídicos planteados por la parte demandante(2):

Señaló la parte actora que luego de múltiples inconvenientes de índole administrativo, fue definida la situación militar de su hijo Jesús David Milanés por la División de Reclutamiento del Ejército Nacional – Distrito Militar 13, para lo cual agotó los siguientes pasos: “a) carta de citación para el proceso de liquidación de la libreta militar dirigida y enviada por la Dirección de Reclutamiento a nombre de Jesús David Milanés Martínez; b) carta de aprobación de la liquidación; c) notificación de la correspondiente orden de pago y d) finalmente la expedición y entrega física y personal al interesado el día 08/04/2015 en las dependencias de la Dirección de Reclutamiento del Ejército en la ciudad de Montería, de un recibo a nombre de Jesus David Milanés Martínez y en favor del Ministerio de Defensa Nacional – Fondo Defensa Nacional para cancelar en el Banco de Occidente la denominada “Cuota de Compensación Militar” por valor de $5.481.000.00; y de otro recibo a nombre de la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas de este mismo Ministerio, para cancelar en el mimo (sic) Banco de Occidente el valor de $97.000 por concepto de “Derecho de expedición y laminación””; recibos que se identifican como Acta INS-5505020 de 8 de abril de 2015.

Informaron que para el pago de la mencionada obligación se les otorgó un plazo de 90 días, el cual vencía el 4 de julio de 2015, sin embargo, el mismo se realizó el 22 de junio.

Manifestaron que no obstante haber realizado el pago, el 23 de junio de 2015 les llegó comunicación en la cual le adjuntan nuevamente el recibo de pago mencionado anteriormente. Actuar que se reiteró el 23 de agosto de 2015, con oficio denominado “Primera invitación a cancelar la Cuota de Compensación Militar, sanciones y/o multas”, contenida, esta vez, en el recibo 146823 de 23 de junio de 2015, por los mismos valores y conceptos ya cancelados, donde además, se les advirtió que de no cancelar la obligación antes del 23 de noviembre de 2015, la misma pasaría a jurisdicción coactiva.

Aducen que consecuencia de lo anterior, se acercaron a la dependencia de reclutamiento de la ciudad de Montería en reiteradas oportunidades, donde les informaron que el pago aún no registraba en el sistema y que para la entrega de la respectiva libreta militar y culminar el trámite, ello era necesario y, que la verificación de dicha situación correspondía al sistema de información desde la ciudad de Bogotá.

Sostienen que el 31 de agosto de 2015, al acercarse nuevamente a las instalaciones de la entidad, les informaron que en efecto el pago ya registraba y por lo mismo, sin demora alguna, por fin se les expidió y entregó de manera inmediata la libreta militar.

Dicen que posterior a la entrega del documento, más exactamente el 18 de septiembre de 2015 y sin razón alguna, les llegó nueva misiva insistiendo en el pago de la obligación contenida en el recibo 146823 de 23 de junio de 2015, correspondiente a los mismos valores y conceptos ya cancelados. Situación reiterada el 24 de septiembre, 23 de octubre, 18, 24 y 30 de noviembre de 2015, y siempre con la advertencia que en el caso de no pago de la obligación, se procederá a cobro coactivo.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó:

1. Se tutelen los derechos fundamentales a la dignidad humana, la honra, la imagen y buen nombre; a la tranquilidad, al patrimonio económico y al debido proceso a los señores HÉCTOR SEBASTIÁN MILANÉS JULIO, LURDAIS MARTÍNEZ CÁRDENAS y JESÚS DAVID MILANÉS MARTÍNEZ.

2. Como consecuencia de lo anterior se ordene al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZAS MILIATRES DE COLOMBIA – EJÉRCITO NACIONAL – FONDO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL DE RESERVAS, que de manera inmediata a la expedición y notificación del fallo, disponga el trámite y actuación administrativa pertinente para corregir, o cancelar según corresponda, la información erróneamente consignada en sus bases de datos, sobre el trámite y procedimiento que se agotó para la expedición de la libreta militar del joven JESÚS DAVID MILANÉS MARTÍNEZ, a efecto de que cesen los constantes misivas de cobro injustificado de una obligación ya cancelada.

3. Que se ordene a la entidad tutelada, que se abstenga de iniciar actuación o procedimiento de jurisdicción coactiva contra los tutelantes sino lo hubieren iniciado; y de haberlo iniciado, que proceda a dar por terminado dicho procedimiento, incluido el decreto de alguna medida cautelar que se hubiere dictado en razón del mismo.

(…)”(3)

1.2. Informe rendido en el proceso.

1.2.1. Ejército Nacional - Décimo Primera Zona de Reclutamiento - Distrito Militar 13

El Comandante del Distrito Militar 13 del Ejército Nacional, rindió informe sobre los hechos expuestos en el escrito de tutela, con los siguientes argumentos(4).

Sostuvo que la definición de la situación militar de una persona finaliza de dos maneras: i) con la incorporación de la persona o II) con la expedición de la libreta militar de quien no ingresa a las filas; así las cosas, el joven Jesús Milanés Martínez ya definió la situación militar.

Concluyó que una vez revisado el Sistema de información de reclutamiento - FENIX, se pudo establecer, que en efecto, el joven Jesús Milanés Martínez identificado con la cedula de ciudadanía 1.067.952.847, ya definió su situación militar y, que su estado actual es de reservista de segunda clase, de conformidad con la Ley 48 de 1993 y la Ley 1148 de 2008.

1.3. Sentencia de tutela impugnada.

El Tribunal Administrativo de Córdoba – Sala Segunda de Decisión, mediante Sentencia de 19 de enero de 2016, resolvió denegar por improcedente la acción de tutela interpuesta por los Señores Héctor Sebastián Milanés Rubio, Lurdais Ramírez Cárdenas y Jesús Milanés Martínez, al considerar que este mecanismo constitucional no desplaza al juez ordinario encargado de solucionar los procesos que por Ley le corresponde adelantar, pues solo en el eventual caso en que se evidencie un inminente perjuicio respecto de los derechos invocados, procederá para brindar una protección transitoria.

Indicó que la parte accionante cuenta con otro mecanismo de defensa judicial, el cual consiste en el proceso de cobro coactivo regulado en el título IV de la Ley 1437 de 2011. Además, señaló que el Ministerio de Defensa Nacional a través de su página web establece las instrucciones previstas para el cobro persuasivo y coactivo respecto de la cuota de compensación militar, sanciones pecuniarias y multas.

1.4. De la impugnación.

La parte actora impugnó la decisión del A quo, al considerar que este no examinó ni interpretó la situación fáctica y jurídica expuesta a la luz de los derechos fundamentales invocados, pues no se puede hablar de la existencia de otro medio de defensa judicial para la protección de los mismos, cuando el proceso de jurisdicción coactiva se traduce en un proceso de ejecución que inicia con medidas drásticas de embargo sobre los bienes.

Indicó que es muy simple proteger el derecho al habeas data del joven Jesús Milanés Martínez, ya que solo es ordenar al Ejercito Nacional, corregir la información en el sistema donde se hace referencia que él es deudor de la cuota de compensación militar.

II. Consideraciones

Atendiendo a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente orden: i) la competencia para decidir el recurso de amparo; ii) determinación del problema jurídico; iii) procedencia de la acción de tutela, iv) derecho al habeas data; y, iv) caso concreto.

2.1. Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en cuanto estipula que “(…) Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente (…)”, esta Sala es competente para conocer la presente impugnación contra el fallo de tutela proferido por el Tribunal Administrativo de Córdoba el 19 de enero de 2016.

2.2. Problema Jurídico.

Consiste en determinar si, ¿la institución militar accionada vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y al habeas data de los señores Héctor Sebastián Milanés Rubio, Lurdais Ramírez Cárdenas y Jesús Milanés Martínez, al no actualizar su base de datos y cobrarles de manera reiterada una obligación ya cancelada?

2.3. Procedibilidad de la acción de tutela.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo judicial, preferente para la defensa de los derechos fundamentales, de carácter subsidiario. La subsidiariedad significa que la acción procede únicamente en alguna de las siguientes hipótesis: cuando no existen mecanismos judiciales de defensa para proteger un derecho constitucional; cuando existen esos medios de defensa pero, en el marco del caso concreto, no resultan idóneos o eficaces para conjurar la amenaza o violación del derecho; o, cuando la acción se interpone como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable del ius fundamental.

La Corte Constitucional en Sentencia T-187 de 2010, M.P. doctor Jorge Iván Palacio Palacio, manifestó que la acción de tutela es subsidiaria y, por tanto, no sustituye los mecanismos procesales ofrecidos por el ordenamiento jurídico para defender los intereses de los particulares. Al respecto, precisó que:

“(…) La acción de amparo es un mecanismo preferente y sumario que busca dar protección privilegiada a los derechos fundamentales de las personas cuando los mismos se vean amenazados por una autoridad pública con su acción u omisión y excepcionalmente cuando se vean conculcados por un particular.

De igual manera la acción de tutela, por su naturaleza, opera de manera subsidiaria y residual, lo que implica que para su procedencia el accionante debe i) carecer de un mecanismo de defensa judicial o carezca de eficacia o ii) estar ante la ocurrencia de un perjuicio irremediable y el amparo se promueva como mecanismo transitorio (…).” (Subrayas fuera del texto).

Sin embargo, la misma jurisprudencia constitucional y dando aplicación a lo establecido en los incisos 2º y 3º del artículo 13 de la Constitución Política de 1991, tal regla tiene su excepción, como por ejemplo en el caso que nos atañe la protección del derecho fundamental al debido proceso. Por lo tanto, la protección constitucional solicitada por los accionantes, es el mecanismo idóneo para la protección de sus derechos fundamentales, aún más, cuando estos no posean otro mecanismo de defensa judicial.

2.4. Derecho al buen nombre y habeas data

El artículo 15 de la Constitución Política establece que:

“Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.

En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución.

(…)”

Del contenido de mencionado precepto constitucional, se observa la consagración de tres derechos fundamentales autónomos, a saber, intimidad, buen nombre y habeas data, cuyo contenido si bien tienen estrecha relación, tienen sus propias particularidades, En este sentido, la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha establecido las siguientes diferencias:

“(…)

“(…) en lo relativo al manejo de la información, la protección del derecho al buen nombre se circunscribe a que dicha información sea cierta y veraz, esto es, que los datos contenidos en ella no sean falsos ni erróneos. Por su parte, la garantía del derecho a la intimidad hace referencia a que la información no toque aspectos que pertenecen al ámbito de privacidad mínimo que tiene la persona y que sólo a ella interesa. Finalmente, el derecho al habeas data salvaguarda lo relacionado con el conocimiento, actualización y rectificación de la información contenida en los mencionados bancos de datos.”(5)

El buen nombre es uno de los bienes jurídicos más importantes que integran el patrimonio moral de una persona. En este orden de ideas, el ámbito de protección de este derecho, en materia de manejo de la información crediticia y financiera, está circunscrito a la veracidad y certeza de la misma, pues la transmisión de información errónea en este campo no solo afecta la buena imagen o fama que un individuo ha construido en sociedad sino que también genera un impacto negativo en la esfera económica. Al respecto, esta Corporación ha referido:

“Es claro que si la información respectiva es falsa o errónea, no solamente se afectan los derechos a la honra y al buen nombre de la persona concernida, sino que, precisamente por el efecto multiplicador que tiene el informe negativo en las instituciones receptoras de la información incorporada al banco de datos o archivo, resulta notoriamente perjudicada en su actividad económica y en su situación patrimonial. No se pierda de vista que un cierre del crédito puede provocar una cadena de incumplimientos forzados, la incapacidad de contraer nuevas obligaciones, la cesación de pagos y la quiebra”(6)

De otro lado, el derecho al habeas data o a la autodeterminación informática(7) es aquella garantía constitucional que le permite a la persona “conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas (…)”(8). La jurisprudencia constitucional ha fijado las siguientes reglas para verificar su afectación:

“(…) el derecho al habeas data resulta vulnerado en los eventos en que la información contenida en un archivo de datos (i) sea recogida de forma ilegal, (ii) sea errónea, (iii) o verse sobre aspectos reservados de la esfera personal del individuo(9)(10)

En conclusión, el derecho al habeas data o autodeterminación informática, puede ser transgredido, entre otros eventos, en el caso en que la información contenida en una base de datos sea recogida de forma ilegal o contenga datos erróneos. En este último evento no sólo estaría comprometido el derecho a la autodeterminación informática sino también el derecho al buen nombre.”(11)

En otra oportunidad, respecto del derecho al habeas data señaló:

“El reconocimiento del derecho fundamental autónomo al habeas data, busca la protección de los datos personales en un universo globalizado en el que el poder informático es creciente. Esta protección responde a la importancia que tales datos revisten para la garantía de otros derechos como la intimidad, el buen nombre, el libre desarrollo de la personalidad, entre otros. Sin embargo, el que exista una estrecha relación con tales derechos, no significa que no sea un derecho diferente, en tanto conlleva una serie de garantías diferenciables, cuya protección es directamente reclamable por medio de la acción de tutela, sin prejuicio del principio de subsidiariedad que rige la procedencia de la acción”.(12)

En pronunciamiento más reciente, en el mismo sentido consideró:

4.2. De otra parte, el derecho al buen nombre se encuentra en el artículo 15 de la Carta Política, junto con los derechos a la intimidad individual y familiar. En relación con este derecho, esta Corporación ha afirmado que“(e)l buen nombre ha sido entendido (…) como la reputación, o el concepto que de una persona tienen los demás y que se configura como derecho frente al detrimento que pueda sufrir como producto de expresiones ofensivas o injuriosas o informaciones falsas o tendenciosas…”

Esta Corporación no ha hecho una separación categórica del significado y contenido de los derechos a la honra y al buen nombre, pues los mismos se encuentran en una relación estrecha y la afectación de uno de ellos, por lo general, acarrea una lesión al otro. Bajo este entendido, se ha manifestado que el derecho al buen nombre cobija la reputación, mientras que la honra se estructuraría en torno a la consideración que toda persona merece por su condición de miembro de la especie humana. De otra parte, se ha vinculado el derecho al buen nombre a las actividades desplegadas de forma pública por alguien. Sosteniéndose que el mismo integraría la valoración que el grupo social hace de sus comportamientos públicos. En cambio, el derecho a la honra se ha utilizado para referirse a aspectos más relacionados con la vida privada de las personas y a su valor intrínseco.

4.3. De lo anterior se desprende que tanto el derecho al buen nombre, como el derecho a la honra, se encuentran íntimamente ligados a la dignidad humana. La jurisprudencia constitucional[58] ha sostenido que la dignidad humana, en cuanto derecho, se concreta en tres dimensiones que resultan indispensables para la vida de todo ser humano: (i) el derecho a vivir como se quiera, que consiste en la posibilidad de desarrollar un plan de vida de acuerdo a la propia voluntad del individuo; (ii) el derecho a vivir bien, que comprende el contar con unas condiciones mínimas de existencia; y (iii) el derecho a vivir sin humillaciones, que se identifica con las limitaciones del poder de los demás.[59] Toda Constitución está llamada a regir en sociedades donde hay necesariamente relaciones de poder muy diversas. No es posible que estas relaciones se desarrollen de manera que el sujeto débil de la relación sea degradado a la condición de mero objeto.

En cuanto a la relación de los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre con el principio de la dignidad humana, se ha señalado que “(…) tratándose de la honra, la relación con la dignidad humana es estrecha, en la medida en que involucra tanto la consideración de la persona (en su valor propio), como la valoración de las conductas más íntimas (no cubiertas por la intimidad personal y familiar). El buen nombre, por su parte, también tiene una cercana relación con la dignidad humana, en la medida en que, al referirse a la reputación, protege a la persona contra ataques que restrinjan exclusivamente la proyección de la persona en el ámbito público o colectivo.”

Es por esta vía que los derechos al buen nombre y a la honra se erigen a su vez como mecanismos que permiten garantizar el equilibrio y la paz social, pues estipulan mínimos de respeto y consideración hacia aquellos aspectos centrales relacionados con las esferas pública y privada del individuo. Sobra por demás advertir que el derecho a la honra también se encuentra ligado de manera estrecha al derecho a la intimidad, que a su vez es un límite jurídico que la Constitución impone a la injerencia de terceras personas y el Estado en determinadas esferas vitales que se encuentran por fuera del dominio público”(13).

A su vez, la Ley Estatutaria 1266 de 2008(14), cuyo objeto es “desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales relacionadas con la recolección, tratamiento y circulación de datos personales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política, así como el derecho a la información establecido en el artículo 20 de la Constitución Política, particularmente en relación con la información financiera y crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países”(15), en su artículo 4º establece como principios de la administración de datos:

“a) Principio de veracidad o calidad de los registros o datos. La información contenida en los bancos de datos debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Se prohíbe el registro y divulgación de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error;

(…)

e) Principio de interpretación integral de derechos constitucionales. La presente ley se interpretará en el sentido de que se amparen adecuadamente los derechos constitucionales, como son el hábeas data, el derecho al buen nombre, el derecho a la honra, el derecho a la intimidad y el derecho a la información. Los derechos de los titulares se interpretarán en armonía y en un plano de equilibrio con el derecho a la información previsto en el artículo 20 de la Constitución y con los demás derechos constitucionales aplicables;

(…)”

Se tiene entonces, que los derechos al buen nombre, la intimidad y el habeas data, todos de carácter autónomo, están constitucional y jurisprudencialmente protegidos, los cuales se encuentran estrechamente ligados a la dignidad humana, pilar dentro de un Estado Social de Derecho.

2.5. Caso Concreto.

Los señores Héctor Sebastián Milanés Rubio, Lurdais Martínez Cárdenas y Jesús David Milanés Martínez acuden a la acción de tutela, con el fin de que en protección de sus derechos fundamentales, se ordene al Ejército Nacional – Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas Distrito Militar 13 corregir la información en su base de datos, toda vez que se les insiste, de manera reiterada, en el cobro de la obligación denominada “Cuota de Compensación Militar” y “Derecho de expedición y laminación” con ocasión de la libreta militar del señor Jesús David Milanés Martínez, pese a que la misma ya fue cancelada y debidamente entregada.

Con el objeto de resolver el asunto planteado, de los distintos medios probatorios aportados al expediente, se puede establecer lo siguiente:

- El 8 de abril de 2015, fue notificado de manera personal el señor Jesús David Milanés Martínez el contenido del recibo INS-5505020 correspondiente a “Liquidación Decreto 2350”(16).

- Invitación de 7 de junio de 2015, dirigida al señor Jesús David Milanés Martínez con el fin de que cancele la cuota de compensación militar, por valor de $ 5.481.000, puesto que a la fecha no registra pago alguno(17).

- Consignaciones del Banco de Occidente de 22 de junio de 2015, por valor de $5.481.000 y $97.000, identificados como cuota de compensación militar y derecho de expedición y laminación, respectivamente, Acta INS-5505020 de 4 de abril de 2015, a nombre del señor Milanés Martinez(18).

- Nueva notificación personal el señor Jesús David Milanés Martínez de 23 de junio de 2015, acerca del contenido del recibo INS-5505020 correspondiente a “Liquidación Cuota de Compensación Militar”, de esta misma fecha(19).

- Invitación de 23 de agosto de 2015, dirigida al señor Jesús David Milanés Martínez con el fin de que cancele las obligaciones por valor de $ 5.481.000 contenida en el recibo 0146823 y por $97.000 (no se indica número de recibo), puesto que a la fecha no registra pago alguno. Además se le advierte, que de no hacer el pago antes del 23 de noviembre de 2015, se procederá al cobro mediante la jurisdicción coactiva fiscal(20).

- Copia de la libreta militar 1067952847 a nombre de “MILANES MARTÍNEZ JESÚS DAVID”, expedida el 31 de agosto de 2015(21).

- Invitación de 18 de septiembre de 2015, dirigida al señor Jesús David Milanés Martínez con el fin de que cancele las obligaciones por valor de $ 5.481.000 y $97.000 contenidas en recibo sin numero de 8 de abril de 2015, puesto que a la fecha no registra pago alguno. Además se le advierte, que de no hacer el pago antes del 23 de noviembre de 2015, se procederá al cobro mediante la jurisdicción coactiva fiscal(22).

- Invitación de 24 de septiembre de 2015, dirigida al señor Jesús David Milanés Martínez con el fin de que cancele las obligaciones por valor de $ 5.481.000 y $97.000 contenidas en recibo sin numero de 8 de abril de 2015, pero se le informa que la obligación se incrementó en un 30% por cuanto la primera fecha de pago venció. Además se le advierte, que de no hacer el pago antes del 23 de noviembre de 2015, se procederá al cobro mediante la jurisdicción coactiva fiscal(23). Comunicación que se reitera los días 23 de octubre(24),18(25), 24(26) y 30 de noviembre(27) y de 31 de diciembre(28), todos de 2015.

Igualmente, según informe suscrito por el Comandante del Distrito Militar 13 de la Décimo Primera Zona de Reclutamiento, la situación militar del señor Jesús David Milanés Martínez fue definida con la expedición de la respectiva libreta militar como reservista de segunda clase, en los términos de la Ley 48 de 1993 y 1184 de 2008.

De conformidad con todo lo expuesto, encuentra la Sala que, en efecto, el pago de las obligaciones denominadas “Cuota de Compensación Militar” y “Derecho de Expedición de Laminación” por valor de $5.481.000 y $97.000, respectivamente a nombre del señor Jesús David Milanés Martínez, según Acta Nº INS-5505020 de 8 de abril de 2015, fue cancelada desde el 22 de junio de 2015, tan es así, que la respectiva libreta militar fue entregada al mencionado actor.

Dicho lo anterior, no existe razón alguna para que la Jefatura de Reclutamiento – Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército Nacional, continúe requiriendo de manera discriminada al señor Jesús David Milanés Martínez para que cancele una obligación ya paga, y además, advirtiéndole que en el evento del supuesto no pago, se iniciará cobro coactivo en su contra por tal motivo.

De todo lo expuesto, la Sala concluye que la problemática presentada es consecuencia de la falta de actualización de las bases de datos de la entidad, pues no es posible que la División de Reclutamiento del Distrito Militar 13, quien tiene conocimiento directo del caso afirme que la situación militar del actor ya está definida, cuando la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército Nacional, insiste en realizar requerimientos para obtener el pago de una obligación ya saldada.

Circunstancia, que riñe con las disposiciones del artículo 15 de la Constitución Política y del numeral 7º del artículo 7º de la Ley 1266 de 2008, que impone como deber a los operadores de los bancos de datos(29), “realizar periódica y oportunamente la actualización y rectificación de los datos, cada vez que le reporten novedades las fuentes, en los términos de la presente ley”, configurándose una flagrante vulneración a los derechos a la información y al habeas data de los señores Héctor Sebastián Milanés Rubio y Lurdais Ramírez Cárdenas, así como de su hijo Jesús David Milanés Martínez, todos integrantes del mismo núcleo familiar.

La Sala llama la atención del A quo, al considerar en su providencia que los accionantes contaban con el proceso administrativo de cobro coactivo, sin valorar previamente las circunstancias propias del caso las cuales eran fácilmente extraíbles del escrito de tutela, del material probatorio obrante en el expediente y de los mismos argumentos expuestos por la entidad demandada en oposición al dicho de los accionantes, dejando de lado la esencia que caracteriza al Juez de tutela cuyo objetivo nato es velar por el no desconocimiento o vulneración de derechos fundamentales.

En ese orden de ideas, bajo las precisas razones que se expusieron dentro de esta providencia, se revocara la decisión del A quo, en su lugar se amparará los derechos fundamentales al buen nombre y al habeas data de los señores Héctor Sebastián Milanés Rubio, Lurdais Ramírez Cárdenas y Jesús David Milanés Martínez, y en consecuencia, se ordenará a la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejercito Nacional, que en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, contado a partir de la notificación de la presente providencia, actualice en su base de datos la información financiera relacionada con la expedición de la libreta militar del señor Jesús David Milanés Martínez.

Además, se le prevendrá para que en adelante cumpla con la obligación que tienen los aperadores de información en los términos de la Ley 1266 de 2008, de mantener actualizados las bases de datos.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

1. REVOCAR la sentencia de 19 de enero de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, que declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por los Señores Héctor Sebastián Milanés Rubio, Lurdais Ramírez Cárdenas y Jesús Milanés Martínez, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. En su lugar, AMPARAR los derechos fundamentales al buen nombre y al habeas data de los señores Héctor Sebastián Milanés Rubio, Lurdais Ramírez Cárdenas y Jesús David Milanés Martínez.

3. ORDENAR a la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejercito Nacional, que en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, contado a partir de la notificación de la presente providencia, actualice en su base de datos la información financiera relacionada con la expedición de la libreta militar del señor Jesús David Milanés Martínez.

4. PREVENIR a la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejercito Nacional para que, en adelante, cumpla con la obligación que tienen los aperadores de información de mantener actualizados las bases de datos, en los términos de la Ley 1266 de 2008,

5. En acatamiento a las disposiciones del artículo 32 ibídem, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, por Secretaría General de la Corporación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en Sesión de la fecha.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Sandra Lisset Ibarra Vélez—Carmelo Perdomo Cuéter—Gerardo Arenas Monsalve.

1 El proceso de la referencia subió al Despacho con el informe de la Secretaría General de la Corporación el 8 de febrero de 2016, visible a folio 116 del expediente.

2 Visible a folios 1 a 18 del expediente.

3 Visible a folio 14 de expediente.

4 Visible a folios 72 a 75 del expediente.

5 T-1319 del 14 de diciembre de 2005,

6 T-094 del 2 de marzo de 1995. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

7 Corte Constitucional, sentencia C-336 del 9 de mayo de 2007

8 Artículo 15 Constitución Política.

9 Corte Constitucional, sentencia T-067 del 1 de febrero de 2007. M.P. Rodrigo Escobar Gil.

10 Corte Constitucional, sentencia C-1011 del 16 de octubre de 2008. M.P. Jaime Córdoba Triviño

11 T-658 de 2011. Magistrado Ponente: JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

12 T-176A de 2014, Magistrado Ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub

13 T-277 de 2015. Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa

14 Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones.

15 Artículo 1º.

16 Visible a folio 20 del expediente.

17 Visible a folio 21.

18 Visible a folio 22 y 23 del expediente.

19 Visible a folio 24 del expediente.

20 Visible a folio 25 y 26 del expediente.

21 Visible a folio 27 del expediente.

22 Visible a folio 28 y 29 del expediente.

23 Visible a folio 31 y 31 del expediente.

24 Visible a folio 34 y 35 del expediente.

25 Visible a folio 37 y 38 del expediente.

26 Visible a folio 40 y 41 del expediente.

27 Visible a folio 42 y 43 del expediente.

28 Visible a folio 87 y 88 del expediente.

29 ART. 3º—Ibídem. (…) Se denomina operador de información a la persona, entidad u organización que recibe de la fuente datos personales sobre varios titulares de la información, los administra y los pone en conocimiento de los usuarios bajo los parámetros de la presente ley. Por tanto el operador, en cuanto tiene acceso a información personal de terceros, se sujeta al cumplimiento de los deberes y responsabilidades previstos para garantizar la protección de los derechos del titular de los datos. Salvo que el operador sea la misma fuente de la información, este no tiene relación comercial o de servicio con el titular y por ende no es responsable por la calidad de los datos que le sean suministrados por la fuente.