SENTENCIA 2015-00516 DE SEPTIEMBRE 1 DE 2016

 

Sentencia 2015-00516 de septiembre 1 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.: 70001-23-33-000-2015-00516-01

Actor: Edison Bioscar Ruiz Valencia

Demandada: Lisseth Paola González Oviedo - Concejal del Municipio de Sincelejo - Sucre

Consejera Ponente:

Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

Bogotá, D.C., primero de septiembre de dos mil dieciséis

Fallo que resuelve apelación - Revoca la sentencia de 24 de junio de 2016, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Sucre negó las pretensiones de la demanda y en su lugar, declara la nulidad del acto de elección.

«EXTRACTOS: II. Consideraciones

1. De la competencia.

De conformidad con lo establecido en el numeral 150, 152.8 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, esta Sección es competente para conocer en segunda instancia del proceso de la referencia, toda vez que, la demanda ataca la legalidad del acto que declaró la elección de la señora Lisseth Paola González Oviedo como Concejal del municipio de Sincelejo para el período 2016-2019(4).

Lo anterior teniendo en cuenta que según el artículo 152.8 Ibídem los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de la nulidad del acto de elección de los “(…) miembros de corporaciones públicas de los municipios y distritos y demás autoridades municipales con setenta mil (70.000) o más habitantes, o que sean capital de departamento” (resaltado fuera del texto original).

Así, atendiendo a que el municipio de Sincelejo es la capital del departamento de Sucre, corresponde al Consejo de Estado decidir, en segunda instancia, el recurso de apelación presentado por la parte actora.

2. Procedencia y oportunidad de la presentación del recurso.

La Sala observa que el recurso de apelación se presentó dentro de la oportunidad legal correspondiente y que al mismo se le dio el trámite que impone el artículo 292 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, norma especial de carácter electoral.

3. Problema jurídico.

La Sala debe determinar si la decisión del Tribunal Administrativo de Sucre de denegar las pretensiones de la demanda fue correcta en su motivación y, si hay lugar a confirmarla o, en su lugar, a revocarla. Para ello, es imperante determinar: i) si el aval que permitió a la demandada inscribirse por el Partido Liberal a las justas electorales locales fue expedido por quien tenía la competencia para hacerlo, y ii) si era necesaria la presentación del documento que acreditaba la delegación del aval al momento de la inscripción de la candidatura.

Para dilucidar el asunto y conforme a los límites planteados en la impugnación, se abordarán los siguientes temas: i) estándares sobre el aval de candidaturas, y ii) caso concreto. A su vez, en el acápite del caso concreto se hará alusión a: i) los efectos de la sentencia de 5 de marzo de 2015 de la Sección Tercera del Consejo de Estado con número de radicado 25000-23-41-000-2013-00194-01; ii) las resoluciones del Partido Liberal para otorgar el aval de la lista de candidatos al Concejo Municipal de Sincelejo, y iii) los requisitos para la inscripción de candidaturas.

4. Estándares sobre el aval de candidaturas(5). 

4.1. El principio democrático en los partidos y movimientos políticos.

De conformidad con el artículo 107 de la Constitución: “Los partidos y movimientos políticos se organizarán democráticamente”. Para la “toma de decisiones” o “la escogencia de sus candidatos propios o por coalición, podrán celebrar consultas populares o internas o interpartidistas (…) de acuerdo con lo previsto en sus estatutos y en la ley”.

Como se advierte, la norma Superior precisa con total claridad que las agrupaciones políticas deben organizarse democráticamente y ceñirse a lo consagrado en la ley y en sus estatutos.

Es decir, que en la toma de sus decisiones y en la escogencia de sus candidatos no pueden actuar de forma arbitraria o dictatorial sino que por el contrario el ordenamiento jurídico propugna para que el principio democrático constituya un pilar en el actuar y en las decisiones de los partidos y movimientos políticos.

En relación con el principio democrático la Corte Constitucional(6) ha considerado:

“El principio democrático que la Carta prohíja es a la vez universal y expansivo. Se dice que es universal en la medida en que compromete variados escenarios, procesos y lugares tanto públicos como privados y también porque la noción de política que lo sustenta se nutre de todo lo que vitalmente pueda interesar a la persona, a la comunidad y al Estado y sea por tanto susceptible de afectar la distribución, control y asignación del poder social. El principio democrático es expansivo pues su dinámica lejos de ignorar el conflicto social, lo encauza a partir del respeto y constante reivindicación de un mínimo de democracia política y social que, de conformidad con su ideario, ha de ampliarse progresivamente conquistando nuevos ámbitos y profundizando permanentemente su vigencia, lo que demanda por parte de los principales actores públicos y privados un denodado esfuerzo para su efectiva construcción. La interpretación constitucional encuentra en el principio democrático una pauta inapreciable para resolver dudas o colmar lagunas que puedan surgir al examinar o aplicar un precepto. En efecto, a la luz de la Constitución la interpretación que ha de primar será siempre la que realice más cabalmente el principio democrático, ya sea exigiendo el respeto a un mínimo de democracia o bien extendiendo su imperio a un nuevo ámbito”.

A su turno, el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011(7), norma estatutaria de los partidos y movimientos políticos, consagra:

“Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica podrán inscribir candidatos a cargos y corporaciones de elección popular previa verificación del cumplimiento de las calidades y requisitos de sus candidatos, así como de que no se encuentran incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad. Dichos candidatos deberán ser escogidos mediante procedimientos democráticos, de conformidad con sus estatutos” (negrillas fuera del texto original).

En consecuencia, los partidos y movimientos políticos tienen en sus Estatutos, reglas que determinen los mecanismos participativos a su interior para la selección de sus candidatos.

Tal mandato de rango constitucional se encuentra en la Carta Magna desde el Acto Legislativo 01 de 2003(8) y fue desarrollado por el legislador estatuario en la Ley 1475 de 2011(9).

4.2. De los mecanismos jurídicos para la inscripción de candidaturas a cargos de elección popular.

De conformidad con el ordenamiento jurídico existen dos modalidades para que los ciudadanos aptos para ser elegidos a cargos de elección popular puedan inscribirse ante la autoridad electoral competente: i) ser avalado por un partido o movimiento político con personería jurídica, o ii) a través de un grupo significativo de ciudadanos cumpliendo los requisitos que establece el legislador (recolección de apoyos de ciudadanos —firmas— y póliza de seriedad de la candidatura).

Es importante precisar que uno es el proceso para el otorgamiento de los avales (partidos y movimientos políticos con personería jurídica) o el de la recolección de firmas (grupos significativos de ciudadanos), y otro, que es posterior a este, el de la inscripción de la candidatura ante la autoridad administrativa.

Por lo tanto, no se pueden confundir ninguno de estos dos procesos, pues si bien, uno es indispensable para el otro, los primeros obedecen a trámites internos de las agrupaciones políticas y los segundos son propios de actuaciones entre estas y las autoridades electorales.

Además de las citadas exigencias, todos los candidatos para poderse inscribir deben diligenciar el formulario E-6 y aportar la copia de su cédula de ciudadanía. Si la inscripción es para ser elegido alcalde o gobernador además debe aportar el plan de gobierno.

4.3. De la legitimación para otorgar el aval.

El artículo 108 de la Constitución Política establece que: “Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica podrán inscribir candidatos a elecciones. Dicha inscripción deberá ser avalada para los mismos efectos por el respectivo representante legal del partido o movimiento o por quien él delegue” (negrillas y subrayas fuera del texto original).

La jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado frente a este particular ha considerado(10):

“El responsable ante el electorado por la candidatura de uno de sus militantes es el partido o movimiento político, por lo cual es muy importante que el aval al respectivo candidato lo otorgue quien constitucional y legalmente está facultado para ello, es decir, el representante legal del partido o su delegado y no persona diferente, pues como organizaciones políticas tienen un deber para con el elector y una responsabilidad social. De suerte que si bien es cierto los partidos políticos son instituciones permanentes, de naturaleza privada, que reflejan el pluralismo político, promueven y encauzan la participación de los ciudadanos y contribuyen a la formación y manifestación de la voluntad popular, con el objeto de acceder al poder, a los cargos de elección popular y de influir en las decisiones políticas y democráticas de la Nación (L. 130/94, art. 2º), no es menos cierto que la función que cumplen de inscribir candidatos a elecciones y de darles el correspondiente aval, es una función pública” (negrillas fuera de texto).

Y en un reciente pronunciamiento esta Sección sostuvo(11):

“Requisitos que deben acreditarse por el candidato de un partido o movimiento político para que su inscripción sea válida para un cargo de elección popular, unipersonal o de corporaciones públicas. El artículo 108 de la Constitución Política señala en su inciso 3º que “los partidos y movimientos políticos con personería jurídica reconocida podrán inscribir candidatos a elecciones. Dicha inscripción deberá ser avalada para los mismos efectos por el respectivo representante legal del partido o movimiento o por quien él delegue”. Por otra parte, el artículo 93 del Código Electoral dispone que “en la solicitud de inscripción debe hacerse mención expresa del partido o movimiento político por el cual se inscribe una candidatura o lista de candidatos, y los inscriptores harán ante el respectivo funcionario electoral, bajo juramento, la declaración de que son afiliados a ese partido o movimiento político. Para los candidatos tal juramento se entiende prestado por su firma en el memorial de aceptación de la candidatura”. Con la expedición de la Ley Estatutaria 1475 de 2011, respecto de la inscripción de candidatos se ordenó lo siguiente: “Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica podrán inscribir candidatos a cargos y corporaciones de elección popular previa verificación del cumplimiento de las calidades y requisitos de sus candidatos, así como de que no se encuentran incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad”. (…) De lo expuesto hasta el momento se puede concluir que: Existen requisitos sustanciales y requisitos formales que deben cumplirse para la inscripción de candidatos a elecciones populares para cargos unipersonales o para corporaciones públicas. Los requisitos sustanciales, los cuales corresponden a verificación de calidades y requisitos de los candidatos, así como la constatación sobre la ausencia de inhabilidades e incompatibilidades, es una carga que debe cumplir el partido, el movimiento político, el grupo social o el grupo significativo de ciudadanos que inscribe. El requisito formal que desde la Constitución Política (art. 108) se impone para la inscripción de candidatos por partidos o movimientos políticos con personería jurídica es el aval, el cual debe ir suscrito por el respectivo representante legal del partido o movimiento político o por quien él delegue” (resaltados fuera de texto).

Así las cosas, quien otorga el aval, requisito indispensable para la inscripción de los candidatos de los partidos y movientes políticos con personería jurídica, es el representante legal o quien él delegue.

Es necesario recordar que el aval cumple una triple finalidad: i) servir de mecanismo de inscripción de candidatos por parte de los partidos y movimientos políticos; ii) ser garantía para esos partidos y movimientos políticos de que las personas que se inscriben a nombre de uno de ellos en realidad hacen parte de su organización; y, iii) asegurar que la persona que se inscribe a nombre de un partido o movimiento político reúne las condiciones éticas para desempeñarse con pulcritud y responsabilidad.

Resulta entonces, que la importancia del aval dentro de la estructura electoral nacional radica en(12): i) La militancia de los candidatos; ii) la disciplina partidista; y iii) La moralización de la actividad política. De este modo es entendible el por qué el aval se encuentra reservado constitucionalmente para que sea otorgado por el propio representante legal o su delegado del partido o movimiento político, quienes de manera privativa y exclusiva detentan esa atribución.

De otra parte, se debe hacer mención que el aval otorgado debe ser claro y expreso, por cuanto al momento de acreditarse ante la Registraduría correspondiente, debe documentarse de manera tan clara que no dé lugar a equívocos.

La Sala considera que el actual ordenamiento jurídico no autoriza la figura de la “delegación de la delegación”, de la sub delegación ni del mandato especial en el otorgamiento del aval que realizan los partidos o movimientos políticos con personería jurídica por medio de sus representantes legales, a favor de los candidatos a cargos de elección popular.

4.4. De los requisitos internos en los partidos y movimientos políticos.

El sistema político colombiano establece que los partidos y movimientos políticos gozan de autonomía para dictar sus normas internas siempre y cuando estas se sujeten a la Constitución y la ley.

Tal compendio normativo se conoce como los estatutos internos de cada agrupación política, los cuales deben ser registrados ante la autoridad competente, como lo es el Consejo Nacional Electoral.

El artículo 7º de la Ley 130 de 1994(13), dispone:

“Obligatoriedad de los estatutos. La organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos se regirán por lo establecido en sus propios estatutos.

(…)”

A su vez, el artículo 4º de la Ley 1475 de 2011 establece el contenido mínimo que deben tener los estatutos de las agrupaciones políticas, entre los que se encuentran: el régimen de pertenencia a las mismas y las reglas para la designación y remoción de las autoridades de los partidos políticos, temáticas que inciden directamente en el procedimiento para el otorgamiento de avales que también debe ser regulado en las disposiciones que rigen a los partidos y movimientos con personería jurídica.

En consecuencia, las disposiciones contenidas en los estatutos de los partidos y movimientos políticos se convierten en normas de obligatorio cumplimientos para sus directivas y los militantes de los mismos, las cuales se deben ajustar al ordenamiento jurídico y deben contener unos mínimos establecidos por este.

5. Caso concreto.

5.1. Efectos de la sentencia de 5 de marzo de 2015 de la Sección Tercera del Consejo de Estado con número de radicado 25000-23-1-000-2013-00194-01 dentro del medio de control de la acción popular.

Ahora bien, en el presente caso una de las discusiones centrales es precisamente cuáles eran los estatutos vigentes al momento en que se concedió el aval, pues de ello depende en cabeza de quién, al interior del Partido Liberal, tenía la potestad para otorgar los avales.

La duda sobre los estatutos aplicables surge debido a que la sentencia de 5 de marzo de 2015 de la Sección Tercera del Consejo de Estado con número de radicado 25000-23-41-000-2013-00194-01 declaró nulos los estatutos del Partido Liberal que se expidieron en el 2011, contenidos en la Resolución 2895 y, ordenó que:

“2. El Partido Liberal Colombiano dará estricto cumplimiento a la decisión del Tribunal Nacional de Garantías que declaró ilegal la Resolución 2895 de 2011 y, en consecuencia, en un término máximo de un (1) mes, contado desde la ejecutoria de esta sentencia, adoptará todas las medidas que sean necesarias para i) dejar de aplicar los estatutos adoptados con esa resolución y, posteriormente, aprobados por la Asamblea Liberal Constituyente convocada y elegida unilateralmente por la Dirección Nacional Liberal, adelantada el 10 de diciembre de 2011, incluso con los ajustes introducidos en esa oportunidad y ii) regirse en un todo por los estatutos vigentes a la entrada en vigencia de la Ley 1475 de 2011, de conformidad con las exigencias del ordenamiento, en especial de las disposiciones de los artículos 107 y 108 constitucionales y 7º de la Ley 130 de 1994.

3. El Partido Liberal Colombiano procederá a cumplir el deber legal de ajustar los estatutos vigentes al momento de entrar a regir la Ley 1475 de 2011, en el término máximo de un (1) año, contado desde la fecha de ejecutoria de esta sentencia. Para el efecto, el partido conformará un comité en que el deberá garantizarse la participación de por lo menos un representante de los órganos de dirección, de las bancadas, del Instituto de Pensamiento Liberal, de la Secretaría General del Partido, de cada una de las Secretarías Ejecutivas, de participación y temáticas, de los Comités Políticos Nacional y Territoriales, de las Comisiones Participación Nacional, del Consejo Consultivo Nacional, de los Tribunales Nacional y Seccionales de Garantías y Disciplinarios, de la Veeduría del Partido y Defensoría del afiliado de la Comisión de Control Programático y de la Auditoría Interna, que se encargará de identificar los asuntos de los estatutos que deben ser ajustados a la Ley 1475 de 2011, bien porque siendo parte del contenido mínimo no están tratados en los estatutos vigentes o porque estando tratados en esa normatividad, deben adecuarse a las disposiciones de la ley, por ser incompatibles con esta.

(…) El comité presentará al Partido Liberal la propuesta de ajuste o reforma de los estatutos dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia y garantizará que todos los interesados puedan presentar observaciones, comentarios y sugerencias, las cuales analizará el comité y dará cuenta, en documento escrito, de las que fueron acogidas y las razones para acogerlas o descartarlas.

La propuesta final de ajuste o reforma a los estatutos será sometido a aprobación del órgano competente del partido, de conformidad con las disposiciones del artículo 4º de la Ley 1475 de 2011 y 119 de los estatutos vigentes cuando empezó a regir esa Ley, con sujeción a las reglas que rigen la toma de decisiones por parte de ese órgano y en todo caso, con respeto del principio democrático.

4) Dentro del mes siguiente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, el Consejo Nacional Electoral adoptará todas las medidas que sean necesarias para dejar sin efectos las decisiones relativas al registro de los estatutos del partido liberal adoptadas con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1475 de 2011, dando cuenta expresa de las razones señaladas en esta sentencia y de los deberes que le impone el ordenamiento a ese órgano electoral de garantizar el “…cumplimiento de las normas sobre partidos y movimientos políticos” y la eficacia de “…los derechos de la oposición, de las minorías (…) y de participación política de los ciudadanos” (resaltados fuera de texto).

Como se observa, la Sección Tercera del Consejo de Estado en su sentencia proferida dentro de la acción popular, otorgó un mes desde la ejecutoria de la misma tanto al Partido Liberal, para dejar de aplicar los estatutos de 2011 y regirse por los anteriores, como al Consejo Nacional Electoral, para tomar todas las medidas para dejar sin efecto el registro de esos estatutos declarados ilegales.

Cabe resaltar que en el expediente obra un certificado de la secretaría de la Sección Tercera(14) del Consejo de Estado en la que se indica que la sentencia de 7 de marzo de 2015 cobró ejecutoria el 8 de julio de 2015, por lo que de conformidad con lo anterior a partir de esta fecha se debía contar un mes para dejar de aplicar los estatutos anulados.

En efecto, en la Resolución 3544 de 13 de julio de 2015 el Partido Liberal manifestó que la ejecutoria de la sentencia es el 8 de julio, por lo que tendría entonces hasta el 8 de agosto de 2015 para que ambas entidades cumplieran la orden, es decir, para que dejaran de aplicarse los estatutos anulados y los estatutos anteriores recobraran vigencia.

El Partido Liberal, en la resolución arriba referida adoptó las acciones respectivas para cumplir la sentencia, como por ejemplo, la conformación del comité que presentaría la propuesta de ajustes a los estatutos, pero en lo que respecta a la vigencia de los estatutos señaló que esperaba a que el Consejo Nacional Electoral tomara las medidas necesarias para que los estatutos anteriores recobraran su vigencia.

El 5 de agosto de 2015, el Consejo Nacional Electoral emitió la Resolución 1655, mediante la cual acató la referida sentencia judicial, por lo que dejó sin efecto las decisiones relativas al registro de los estatutos del Partido Liberal, así como las atinentes al registro de las directivas del Partido Liberal adoptadas con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1475 de 2011.

De lo anterior es posible colegir que es entonces el 5 de agosto de 2015, la fecha en que los estatutos del Partido Liberal de 2002 retomaron su vigencia, por lo que las actuaciones anteriores a la misma, se regían con los estatutos de 2011, acorde con la modulación que sobre los efectos de la sentencia hiciera el operador jurídico de la acción popular.

Al respecto, se constata que las resoluciones relacionadas con el aval de la demandada elegida, en especial la Resolución 62 de 16 de julio de 2015, por la cual se le concedió el aval para ser candidata por el partido, son anteriores al 5 de agosto de 2015, por lo que es a la luz de los estatutos del 2011 que se debe determinar si el aval fue otorgado de manera correcta, pues esta es la normativa partidista regente para el momento en que se expidió el otorgamiento del aval.

5.2. Las resoluciones del Partido Liberal para efectuar el aval de la lista de candidatos al Concejo Municipal de Sincelejo.

Ahora bien, una vez establecido cuáles son los estatutos aplicables al presente caso se torna necesario entonces identificar en cabeza de qué autoridad del partido se encontraba la representación legal o la autorización para expedir los avales, más si se tiene en cuenta que uno de los argumentos para solicitar la nulidad del acto de elección es que se habría presentado una doble o sub delegación de la función, lo cual no se encuentra permitido como se reseñó anteriormente de cara a la normativa estatutaria del partido.

En primer lugar, se debe recordar que el artículo 108 de la Constitución estipula que el aval debe ser otorgado por el representante legal del partido o por quien éste delegue para la función.

La representación legal de cada partido o movimiento político se establece en sus estatutos, en el caso en particular, al revisar los estatutos aplicables (Res. 2895) para el presente caso se observa que en su artículo 20(15), la representación legal recae en la Dirección Nacional Liberal o su Director, quienes, además, tenían la función de expedir los correspondientes avales. En efecto, dicho artículo afirmaba:

La Dirección Nacional Liberal o el Director Nacional del Partido, cumplirá las siguientes funciones:

1. Ejercer la representación del partido ante la Nación, ante las autoridades públicas, órganos y miembros del partido, gobiernos extranjeros y organizaciones públicas y privadas del exterior. (…).

7. Expedir el aval al candidato a la Presidencia de la República, a los gobernadores y alcaldes de ciudad capital. De igual manera expedir los avales a los demás miembros del partido que aspiren a alcalde o miembro de organización, en los términos que se indican más adelante. (…).

15. Delegar, si lo considera necesario, la representación legal del partido y efectuar los registros ante las autoridades competentes. (…).

25. Delegar las funciones que considere pertinentes en el titular de la secretaría general del partido o en otros empleados” (negrillas de la Sala).

Por su parte, el artículo 24(16) de los citados estatutos determinaba las funciones de la secretaría general en los siguientes términos:

“La secretaría general del partido cumplirá las siguientes funciones: (…)

10. Ejercer la representación legal del partido en los casos en que la Dirección Nacional lo determine y cumplir las funciones que ella le delegue. (…).

PAR.—El Secretario General podrá delegar estas funciones de acuerdo con las unidades de la estructura administrativa que se determine para la Dirección Nacional Liberal”.

De los artículos citados se desprende que el representante legal del Partido Liberal no era el secretario general, salvo que se diera la delegación para ello, pues dicha representación se concibió para estar en cabeza de la Dirección Nacional.

Teniendo en cuenta lo anterior, se estudiarán las actuaciones del Partido Liberal que conllevaron que el aval de la demandada terminara siendo expedido por el Presidente el Comité de Acción Liberal Departamental de Sucre:

FechaResoluciónDecisiónFolios
21 de abril de 20150577El Consejo Nacional Electoral, a solicitud de la Dirección Nacional del Partido Liberal, registró la designación del señor Héctor Olimpo Espinosa Oliver como secretario general y representante legal del partido.217-225
7 de mayo de 20153257Resolución expedida por el Secretario General del Partido por medio de la cual se aprueba la Junta Directiva del Comité de Acción Liberal de Sucre, en la cual se designó como Presidente al señor Fernández Alcocer.208-210
15 de mayo de 20153272Resolución expedida por la Dirección Nacional del partido delegando al Secretario General la función de expedir avales a los candidatos para cargos unipersonales y corporaciones públicas que participarían en las elecciones de octubre de 2015.
Asimismo, se dispuso que el secretario general podía delegar a los Presidentes de las Mesas Directivas de los Comités de Acción Liberal la función de otorgar avales.
La Dirección se reservó el derecho para revocar o reasumir la delegación conferida al secretario general y a quien este haya delegado.
211-213
15 de julio de 20153559Mediante resolución el gecretario general del Partido Liberal delegó en los comités de acción liberal departamental y ciudad capital, la función de conformación de listas, otorgamiento de avales e inscripción de candidaturas para los candidatos que aspiran a las corporaciones públicas de concejos municipales y juntas administradoras locales en las elecciones del 25 de octubre de 2015.201-203
16 de julio 20150062Resolución por la cual el comité de acción liberal del departamental de Sucre otorgó los avales a candidatos al Concejo Municipal de Sincelejo en el Departamento de Sucre para las elecciones del 25 de octubre de 2015 periodo 2016-2019 y delega a su Presidente la función de inscripción de candidaturas.
En esta resolución se le concedió el aval a la señora Lisseth Paola González Oviedo.
20-24
23 de julio de 20153672El Secretario General aclara y adiciona la Resolución 3559.
Se delega la función de modificación de listas por renuncia o no aceptación de la postulación y demás circunstancias que determine la ley a los mismos comités departamentales y de ciudad capital.
Establece que las funciones delegadas son delegables en los comités de acción liberal municipal y/o en un militante liberal. delegación que deberá hacerse por resolución y ser suscrita por la presidencia del órgano directivo delegado.
Las decisiones de los comités de acción liberal, conforme a las funciones delegadas, deben ser suscritas por la presidencia del comité respectivo, en los casos que estos tengan una presidencia colegiada, basta con la firma de un solo presidente.
205-207
31 de julio de 20150062Por la cual el comité de acción liberal de Sucre acepta la renuncia de un candidato al Concejo Municipal de Sincelejo, se modifica la lista y se concede aval a un nuevo aspirante a Concejo Municipal de Sincelejo, para las elecciones del 25 de octubre de 2015.25 -26

De las resoluciones anteriormente reseñadas se constata que el Partido Liberal realizó dos delegaciones distintas al secretario general, a saber:

En un primer momento, mediante la Resolución 3186 de 10 de febrero de 2015, la Dirección Nacional hizo la delegación al secretario como representante legal del partido; sin embargo, el alcance de dicho reconocimiento debe entenderse a partir de la solicitud que realizó el propio partido cuando manifestó que el secretario “ejercerá sus funciones de conformidad con los artículos 24 y 25 de los Estatutos de la Colectividad, delegando la ordenación general del gasto, celebrando contratos y convenios a nombre de la Dirección Nacional Liberal del Partido Liberal Colombia”(17).

De manera que debe interpretarse que la delegación de la representación legal que se hizo en ese momento se circunscribía al alcance que le quiso dar el partido, es decir, a la celebración de contratos y convenios, más no de la función para otorgar el aval.

Muestra de lo anterior es que posteriormente la Dirección Nacional del partido expidió la Resolución 3272 de 15 de mayo de 2015, en la cual realizó dos acciones: i) delegó al secretario general para que otorgara los avales correspondientes a las elecciones de octubre de 2015, y ii) autorizó al secretario para que a su vez delegara, es decir, lo que equivale a la permisión de sub delegar dicha función a los presidentes de las mesas directivas de los comités de acción liberal, al punto que incluso se aclara que la Dirección se reserva el derecho a revocar o reasumir la delegación conferida al Secretario General y a quien este haya delegado.

En el acápite sobre los estándares para otorgar los avales ya se hizo referencia respecto a que la “delegación de la delegación” no se encuentra permitida constitucionalmente de cara a la literalidad del artículo 108 superior, razón por la cual se reitera la jurisprudencia de esta sección según la cual:

“La denominada delegación que se prevé en las anteriores disposiciones, ha de ser entendida como la posibilidad que tiene el representante legal del partido o movimiento de investir o facultar a otro para la realización de un asunto o acto jurídico determinado a su nombre, lo cual se materializa a través del otorgamiento del respectivo poder en el que se determinan de manera clara las gestiones para las que está autorizado el apoderado o mandatario.

Como se observa, el artículo 9º de la Ley 130 de 1994 es coherente con lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política, en tanto la inscripción de un candidato perteneciente a un partido político, deberá ser avalada por el representante legal del partido o por quien éste delegue.

La Constitución Política y la Ley Estatutaria consagran sólo dos posibilidades para obtener el aval de un partido político con miras a que uno de sus miembros participe en una contienda electoral: a) que dicho aval lo otorgue el respectivo representante legal del partido o b) que lo otorgue la persona delegada por él.

Bajo ninguna circunstancia puede el delegado del representante legal del partido o movimiento político delegar, a su vez, el mandato que le ha sido conferido, pues esta posibilidad no está contemplada en la Constitución y tampoco en la Ley 130 de 1994, lo cual guarda coherencia con el hecho de que en virtud de la autonomía de los partidos y movimientos que inspira la Reforma Política (A.L. 01/2003), la voluntad del partido se halla reflejada en los actos de su representante legal y si éste ha querido que sea una determinada persona que obre como su delegado para el otorgamiento de avales, no podrá un tercero frente al cual no ha expresado su voluntad realizar un acto que no le compete, como se deduce de las normas Constitucionales y legales antes citadas”(18).

De la prueba que obra en el expediente se evidencia que efectivamente el aval de la demandada fue el resultado de una “delegación de la delegación”, pues la primera delegación se dio directamente al secretario general, quien a su vez el 15 de julio de 2015 mediante Resolución 3559 volvió a delegar la potestad de expedir avales en los comités de acción liberal departamental y ciudad capital.

Al día siguiente, el 16 de julio de 2015, el Comité el Comité de Acción Liberal Departamental de Sucre otorgó los avales a candidatos al Concejo Municipal de Sincelejo, dentro de los cuales se encontraba el aval a la candidatura de la demandada.

A pesar de que se ha argumentado por el demandado que no se daría la doble delegación, dado que el secretario general era el representante legal del partido, dicha afirmación ha sido desvirtuada teniendo en cuenta que los estatutos del partido no le habían otorgado ese estatus y la delegación que se registró ante el Consejo Nacional Electoral estaba acotada a labores administrativas, que no estaban relacionadas con la expedición de avales. Tan es así, que posteriormente la Dirección Nacional emitió un acto distinto para realizar la delegación expresa de la función de otorgar avales, por lo que queda claro que la posición del secretario general del Partido Liberal era la de ser la persona delegada por el representante legal del partido para emitir los avales correspondientes a las elecciones de 25 de octubre de 2015.

Por otra parte, cabe resaltar que la Sala constató que la autorización para realizar la doble delegación fue dada por la propia Dirección del Partido en la Resolución 3272 de 15 de mayo de 2015, sin embargo, de conformidad con la literalidad del artículo 108 de la Constitución, así como por los fundamentos legales que han sido reiterados por la jurisprudencia de esta Sección, no es viable aceptar la sub delegación, incluso cuando ésta sea dada por el representante legal del partido, por lo que una instrucción en este sentido debió entenderse como no escrita.

Así, se hace evidente que el aval no fue otorgado por el representante legal o su delegado del partido como lo ordena el artículo 108 de la Constitución Política, sino por el delegado del delegado, lo cual se reitera no se encuentra permitido y, por ello, se concluye que el aval no fue expedido de conformidad con la Constitución, por lo que se torna necesario revocar la decisión del a quo y anular la elección de la concejal.

5.3. Los requisitos para la inscripción de candidaturas.

Si bien esta Sala ya arribó a una conclusión sobre la legalidad del acto de elección acusado, considera importante reiterar su jurisprudencia sobre los requisitos para la inscripción de candidaturas, dado que este fue el segundo cargo que se presentó en la apelación. Al respecto, en cuanto corresponde al formulario de solicitud para la inscripción de candidato y constancia de aceptación de candidatura(19) esta corporación(20) ha sostenido lo siguiente:

“Ahora bien, del acto de inscripción de candidatos a cargos públicos de elección popular debe hacer parte el correspondiente aval expedido por el representante legal del partido o movimiento político, o por su delegado. Ese es el documento que de acuerdo con el artículo 108 de la Carta Política debe expedir el correspondiente partido o movimiento político para los efectos de la inscripción de candidaturas y, por tanto, el único exigible al representante legal o al delegado de éste para los efectos de validez del acto de inscripción.

En este sentido, no es requisito esencial que la solicitud de inscripción de candidatos a nombre de un partido o movimiento político que se debe llevar a cabo ante la correspondiente dependencia de la Registraduría Nacional del Estado Civil se realice por el representante legal del partido o movimiento político, o por el delegado por éste, pues, como ya se anotó, la falta de diligenciamiento del “acta de solicitud de inscripción y constancia de aceptación de candidatos” por parte del representante legal del partido o movimiento político, o del delegado por éste, no invalida la inscripción, si se cumple con la exigencia Constitucional y legal de allegar al acto de inscripción el correspondiente aval expedido, eso sí, por el representante legal o el delegado por éste.

De lo anterior se torna en evidente que tanto el aval como la inscripción son dos actos con finalidades diferentes, tal como se ilustró en la jurisprudencia de 17 de noviembre de 2005(21), en la que claramente se identifican y diferencian, ya que por una parte el aval al cumplir con la triple finalidad mencionada de ninguna forma se equipara con la inscripción del candidato que es un acto de trámite y para el cual la ley no exige mayores requisitos”.

Se reitera pues que la inscripción de una candidatura no requiere la suscripción del formulario E-6 por el representante legal del partido o movimiento político con personería jurídica, o su delegado, pues dicha voluntad queda expuesta en el aval que se expide a favor del respectivo candidato.

En efecto, recientemente sobre el particular la Sección indicó: “entonces, no es condición sine qua non que la solicitud de inscripción de candidatos se realice por el representante legal del partido o movimiento político o por su delegado, siempre y cuando se observe con la exigencia constitucional y legal de aportar el respectivo aval, este sí, expedido por el representante legal o el delegado por este”(22).

Por las razones expuestas y, en atención a que la sub delegación autorizada por la Dirección General del Partido al Secretario General para el otorgamiento del aval, resulta contraria a la Constitución Política, hay lugar a revocar la sentencia denegatoria de pretensiones proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre.

Por las anteriores razones, la Sala,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia de 24 de junio de 2016, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Sucre negó las pretensiones de la demanda y en su lugar, DECLARAR la nulidad del acto de elección de la señora Lisseth Paola González Oviedo como Concejal del Municipio de Sincelejo para el período 2016 a 2019, por las consideraciones expuestas en la presente sentencia.

2. DEVOLVER al Tribunal de origen para lo de su cargo».

4 Obra en el expediente copia del formulario E-26 CON que declaró electos a los concejales de Sincelejo 2016-2019 (fl. 42).

5 Sección Quinta, sentencia de 17 de julio de 2015, radicación 11001-03-28-000-2014-00029-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

6 Sentencia C-089 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

7 “Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones”.

8 “Por el cual se adopta una Reforma Política Constitucional y se dictan otras disposiciones”.

9 “Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones”.

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, C.P. Filemón Jiménez Ochoa, sentencia de 13 de agosto de 2009, radicación 11001-03-28-000-2006-00011-00(3944-3957).

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, C.P. Alberto Yepes Barreiro, sentencia de 9 de diciembre de 2013, radicación 11001-03-21-000-2013-00037-00.

12 Sección Quinta, sentencia de 12 de septiembre de 2013, radicación 76001-23-31-000-2012-00005-01, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

13 “Por la cual se dicta el estatuto básico de los partidos y movimientos políticos, se dictan normas sobre su financiación y la de las campañas electorales y se dictan otras disposiciones”.

14 Folio. 228.

15 Folios 255 a 257.

16 Folios 247 a 249.

17 Folio. 217.

18 Sección Quinta, sentencia de 13 de agosto de 2009, radicación 11001-03-28-000-2006-00011-00, M.P. Filemón Jiménez Ochoa.

19 Formulario E-6.

20 C.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia del 18 de julio de 2013, radicación 76001-23-31-000-2011-01779-02, radicado interno 2011-1779, Demandante: Moisés Orozco Vicuña, Demandado: Fernando David Murgueitio Cárdenas - Alcalde municipio de Yumbo – Valle.

21 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. C.P. Darío Quiñones Pinilla. Sentencia de 17 de noviembre de 2005, radicación 15001 23 31 000 2003 03193 01, Demandante: Rosa Elena Moreno Orjuela, Demandado. Benigno Hernán Díaz Cárdenas. En esta providencia se sostuvo: “El artículo 108 de la Constitución Política al establecer que la inscripción de candidatos a elecciones la pueden hacer los partidos y movimientos políticos sin requisito adicional alguno y, a renglón seguido, al prescribir que esa inscripción debe ser avalada por el representante legal del partido o movimiento o por quien él delegue, está erigiendo como único requisito constitucional para la inscripción de candidaturas el otorgamiento del aval por quien tiene la facultad Constitucional para ello. Pero, en manera alguna el precepto prescribe que dicha inscripción debe realizarla personalmente éste. Y ello tampoco se deduce del contenido del artículo 3° del Reglamento 01 de 2003.

Por el contrario, la redacción de los citados artículos 3º y 4º lo que da a entender es que, de un lado, el aval debe ser presentado ante los respectivos delegados de la Registraduría Nacional del Estado Civil y, de otro, que ese aval lo debe otorgar el representante legal del partido o movimiento político o su delegado. Esas normas armonizan en su integridad con los incisos 3º y 4º del artículo 108 de la Carta Política”.

22 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta.

C.P. Susana Buitrago Valencia. Sentencia del 5 de septiembre de 2013, radicación 76001-23-31-000-2012-00007-01, radicado interno 2012-00007. Demandante: Sergio David Becerra. Demandado: Jorge Eliecer Valencia Montenegro.