Sentencia 2015-00589 de marzo 17 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera Ponente:

Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil dieciséis (2016).

Rad. 08001-23-33-000-2015-00589-01

Tutelante: E... A... M... H...

Tutelado: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y otros

Tutela: Fallo de segunda instancia

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por el tutelante contra la sentencia de 2 de diciembre de 2015, por medio de la cual la el Tribunal Administrativo del Atlántico —Sala de Decisión Oral, Sección “B”— “rechazó por improcedente” la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

1. La tutela.

Con escrito radicado el 27 de octubre de 2015 en la secretaría general del Tribunal Administrativo del Atlántico (fls. 1-9), el señor E... A... M... H..., en nombre propio, presentó tutela contra el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Departamento del Atlántico, la Alcaldía de Santo Tomás, la Alcaldía de Sabanagrande y la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Asosasa E.S.P.(1), a fin de que se protejan sus derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y a la “...subsistencia”.

Consideró vulnerados sus derechos por esas autoridades al quedar excluido del listado de personas a las que se les efectuará el pago de los derechos laborales debidos por Asosasa, en virtud del Convenio Interadministrativo de Cooperación Técnica y Apoyo Financiero Nº 026 de 23 de junio de 2015, suscrito entre las tuteladas, cuyo objeto es “...aunar fuerzas (...) para apoyar financieramente el pago de los pasivos laborales de...” esa empresa de servicios públicos domiciliarios.

Por lo tanto, pretende que, primero, se le ordene a los tutelados que “...resuelva[n] [su] situación del pago de (...) acreencias laborales (...), en consecuencia se haga efectivo el pago referenciado, incluyendo[lo] en el listado de personas a cancelarle el pasivo laboral en el trascurso de estos días...”; y segundo, que “...no se les cancele únicamente a los 35 ex trabajadores con sentencia que fueron seleccionados (...), sino que sean a los 50 ex trabajadores que t[ienen] derecho (...), y que los $ 7.000.000.000 aportados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio sean repartidos en porcentajes igual y equitativo (sic) entre los 50 ex trabajadores (...) ya que la suma aportada puede ser repartida en porcentajes iguales...”.

2. Hechos.

La petición de amparo la fundamentó el tutelante en los siguientes supuestos fácticos que la Sala sintetiza así:

Trabajó como operador de alcantarillado para Asosasa E.S.P. desde el 2 de enero de 1995 hasta el 26 de noviembre de 1996.

A su retiro no le pagaron la “...liquidación al igual que el auxilio y cesantías, prima de navidad, prima de servicio, vacaciones, indemnización por despido injusto, sanción moratoria, y demás emolumentos.”

En ejercicio de la acción ordinaria laboral demandó a Asosasa. Mediante sentencia del 25 de octubre de 2002, proferida por el Juzgado Segundo de Descongestión Promiscuo de Soledad-Atlántico, se condenó a la demandada al pago de: i) auxilio de cesantías: $ 273.600; b) prima de navidad: $ 247.400; c) prima de servicios: $ 72.000; d) vacaciones: $ 72.000; e) indemnización por despido injusto: $ 172.800; f) salarios: $ 124.800; y, g) sanción moratoria: “...a razón de $ 4.800.oo diarios a partir del 27 de febrero de 1996 hasta cuando se pague al demandante las prestaciones sociales e indemnizaciones...”.(2)

El Gerente de Asosasa, los Alcaldes de los Municipios de Sabanagrande y Santo Tomás, el Gobernador del Atlántico y el Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio suscribieron el Convenio Interadministrativo de Cooperación Técnica y Apoyo Financiero Nº 026 de 23 de junio de 2015, cuyo objeto es “...aunar fuerzas (...) para apoyar financieramente el pago de los pasivos laborales de Asosasa...”.

3. Sustento de la vulneración.

Refirió que “...han transcurrido más de 19 años (...) y hasta la fecha no se [l]e han cancelado...” los montos reconocidos mediante la sentencia de 25 de octubre de 2002 y que, además, después de que se suscribió el Convenio Interadministrativo, se enteró que se encuentra entre un grupo de 15 ex trabajadores de Asosasa que no fueron incluidos “...en el proyecto para la cancelación del pasivo laboral o acreencias laborales...”.

Afirmó que una vez “averiguó” las razones por las que fue excluido, le “manifestaron” que solo estaban incluidos “...los trabajadores que fueron despedidos a partir del año 2002...”, los cuales en total son 35.

Indicó que tal situación constituye un trato discriminatorio e injustificado y deriva de una decisión “...caprichosa por parte de las autoridades administrativas...”.

Refirió que consultado el contenido del convenio, dicho documento no excluye a ninguna persona y, por el contrario, se establece “...el saneamiento total de la deuda...”, lo que implica que “...el pago debe ser para todos” los ex trabajadores de Asosasa.

Afirmó que si la idea es hacer un pago ordenado, se debería hacer en “orden cronológico” de forma tal que prevalezca el derecho “...de los más antiguos...”.

4. Trámite.

Con auto de 3 de noviembre de 2015 (fls. 30-31), el Tribunal Administrativo del Atlántico —Sala de Decisión Oral Sección “B”— admitió la solicitud de amparo y ordenó notificar esa decisión a los tutelados.

Realizadas las respectivas comunicaciones, contestaron oportunamente la tutela las siguientes accionadas:

4.1. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Contestó la demanda por intermedio de apoderado judicial con escrito en el que solicitó se declare la improcedencia de la acción de tutela y/o se declare probada la falta de legitimación en la causa por pasiva de la entidad.

Adujo que el Ministerio suscribió un convenio con los demás tutelados con el objeto de prestar un “...apoyo financiero para el pago de pasivos laborales...” de Asosasa, lo que no implica que tenga responsabilidad o vínculo dicha empresa de servicios públicos domiciliarios o sus ex trabajadores (fls. 91-95).

4.2. Gobernación del Atlántico.

Intervino por intermedio de apoderado judicial con escrito en el que solicitó la desvinculación del ente territorial con fundamento en que carece de legitimación en la causa por pasiva, pues su labor se limitó a gestionar ante el Ministerio la consecución de recursos para el pago de pasivos pensionales que son de exclusiva responsabilidad de los municipios de Santo Tomás y Sabanagrande (fls. 50-52).

4.3. Alcaldía de Santo Tomás

El alcalde contestó la tutela con escrito en el que solicitó se declare improcedente la tutela porque no cumple con el requisito de subsidiariedad “...puesto que existe otro medio judicial y que además existe una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, con sentencia a favor del accionante en el Tribunal Administrativo del Atlántico, con expediente 08001-23-33-000-2015-00589-00, en contra de (...) Asosasa...”.

Señaló que el tutelante no puede ser incluido en la lista de pago porque, primero, él no cumple con los criterios establecidos por el Ministerio y contenidos en el Convenio Interadministrativo; y segundo, el Municipio no tiene “potestad” sobre a quienes se les pagará el dinero en la medida en que los recursos “...no serán girados al ente territorial...” (fls. 58-62).

4.4. Asosasa E.S.P.

El gerente de la entidad intervino con escrito en el que informó que la empresa de servicios públicos se encuentra en “estado de iliquidez” e inactividad y que solo se “...reactivó para ejecutar el proyecto de consecución de recursos para pagar el pasivo laboral general en toda su actividad...”.

Indicó que inicialmente laboraron 68 trabajadores en la empresa, de los cuales 50 demandaron el reconocimiento y pago de sus derechos laborales.

Refirió que la Gobernación del Atlántico gestionó ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio la consecución de recursos para el pago de los pasivos laborales en virtud de la “Resolución 0146”. Consecuencia de tal labor, se suscribió el Convenio Nº 026 de 2015, lo cual ocurrió bajo el “...entendido que los entes responsables de los pasivos en ningún momento son la Nación ni el departamento, toda vez que es una responsabilidad enteramente Municipal”.

Adujo que el ministerio “...fijó unos requisitos y exigencias de obligatorio cumplimiento...” para “acceder a los recursos” el cual se puso en marcha desde el 2002. Este plan implicaba un programa de modernización empresarial “que debía reducir la planta de personal”. Así las cosas, el dinero obtenido es para el pago de los derechos laborales de 35 personas despedidas después de esa fecha, pues “...cumplieron con el lleno de los requisitos del reglamento y la resolución...”.

Señaló que los 15 ex trabajadores restantes no pueden ser incluidos porque “...la filosofía del reglamento para acceder al apoyo financiero (...) es no subsanar actos irresponsables de los gerentes de ASOSASA E.S.P. de esa época, ni de las malas decisiones de su junta...”, materializadas en este caso en que entre 1996 y 1998 el señor A... L... C... “...despidió a 21 trabajadores, sin que cumpliera con el deber de gestionar (sic) pagarles sus prestaciones sociales”.

Concluyó que “...ha solicitado a la gobernación (...) y a los municipios asociados, incluir dentro del presupuesto por (sic) el año 2016, los recursos necesarios para solucionar las acreencias laborales de estos quince (15) ex trabajadores que se estiman en cerca de...” $ 1.250.000.000 (fls. 46-47).

5. Sentencia de primera instancia.

El Tribunal Administrativo del Atlántico —Sala de Decisión Oral Sección “B”— con sentencia de 2 de diciembre de 2015 rechazó por improcedente la solicitud de amparo con fundamento que “...la acción de tutela no es el medio pertinente para pretender el pago de obligaciones laborales, ya que (...) existen los mecanismos pertinentes y eficaces para esto...”, a lo que se suma que el tutelante no demostró la existencia de un perjuicio irremediable que amerite la intervención del juez de tutela (fls. 77-84).

6. La impugnación.

Inconforme con la decisión, el tutelante la impugnó con escrito en el que indicó que el Tribunal dio “un enfoque distinto” a su solicitud de amparo, pues no pidió “...por vía tutela el cumplimiento de una sentencia ni [la] sustitu[ción de] un proceso ordinario...”, sino la protección de su derecho a la igualdad.

Refirió que aportó con la tutela el fallo que reconoció el pago de sus derechos laborales como prueba de que se encuentra en igualdad de condiciones que los 35 ex trabajadores de Asosasa, a quienes se les realizará el pago, ya que todos tienen sentencias declarativas a su favor.

Afirmó que solicitó con la tutela que se requiriera a los accionados la “...lista de los 35 ex trabajadores que le van a cancelar dicho pasivo laboral y la lista de los 15 ex trabajadores que fueron discriminados...”, pero que dicha “prueba” no se decretó aunque era determinante para resolver su caso.

Concluyó indicando que a los señores O... J... R... y Arturo Bolívar, que se encuentran en idéntica situación a la suya, les fue amparado su derecho a la igualdad con sentencias de 3 de diciembre de 2015 del Juzgado 14 Laboral del Circuito de Barranquilla y de 19 de noviembre de 2015 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, respectivamente (fls. 103-105).

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia.

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación instaurada por el tutelante contra la sentencia de tutela del 2 de diciembre de 2015, proferida por Tribunal Administrativo del Atlántico, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991 y el artículo 2º del Acuerdo 55 de 2003 de la Sala Plena de esta corporación.

2. Asunto bajo estudio.

Con fundamento en los antecedentes corresponde a la Sala determinar sí, como lo indicó Tribunal, la acción de tutela es improcedente porque el actor cuenta con otros medios de defensa judicial para obtener el pago de acreencias laborales; o si por el contrario, como lo afirmó el impugnante, en su caso es procedente el amparo porque lo que busca es un trato en igualdad de condiciones como ex trabajador de Asosasa que es con derechos laborales insatisfechos.

De entrada advierte la Sala que le asiste razón al impugnante cuando afirma que el juez de tutela de primera instancia modificó el objeto de su petición de protección constitucional. Esto, porque en efecto se encuentra que sus pretensiones se encaminan a que sea tratado en igualdad de condiciones que los 35 ex trabajadores de Asosasa a quienes le serán pagados sus derechos laborales en virtud del Convenio Interadministrativo de Cooperación Técnica y Apoyo Financiero Nº 026 de 23 de junio de 2015, suscrito entre las tuteladas; y no a que, como lo entendió el Tribunal, se dé cumplimiento a la sentencia de 25 de octubre de 2002, con la cual el Juzgado Segundo de Descongestión Promiscuo de Soledad, accedió a las pretensiones de su demanda ordinaria laboral.

Pues bien, la anterior precisión permite a la Sala modificar la decisión de primera instancia, pues lo cierto es que la tutela sí resulta ser procedente para determinar si existió la vulneración del derecho a la igualdad del actor.

Conforme a lo anterior, se procederá a exponer un acápite sobre el derecho fundamental invocado con la tutela y, a continuación, el caso concreto.

3. Del derecho a la igualdad.

Sobre este derecho fundamental ha dicho la Corte Constitucional:

“(...) la ausencia de un contenido material específico del principio de igualdad no significa que se trate de un precepto constitucional vacío, por el contrario, precisamente su carácter relacional acarrea una plurinomatividad que debe ser objeto de precisión conceptual. De ahí que a partir de la famosa formulación aristotélica de “tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales”, la doctrina y la jurisprudencia se han esforzado en precisar el alcance del principio general de igualdad —al menos en su acepción de igualdad de trato— del cual se desprenden dos normas que vinculan a los poderes públicos: por una parte un mandamiento de tratamiento igual que obliga a dar el mismo trato a supuestos de hecho equivalentes, siempre que no existan razones suficientes para otorgarles un trato diferente, del mismo modo el principio de igualdad también comprende un mandato de tratamiento desigual que obliga a las autoridades públicas a diferenciar entre situaciones diferentes. Sin embargo, este segundo contenido no tiene un carácter tan estricto como el primero, sobre todo cuado (sic) va dirigido al legislador, pues en virtud de su reconocida libertad de configuración normativa, éste no se encuentra obligado a la creación de una multiplicidad de regímenes jurídicos atendiendo todas las diferencias, por el contrario se admite que con el objeto de simplificar las relaciones sociales ordene de manera similar situaciones de hecho diferentes siempre que no exista una razón suficiente que imponga la diferenciación.

Esos dos contenidos iniciales del principio de igualdad pueden a su vez ser descompuestos en cuatro mandatos: (i) un mandato de trato idéntico a destinatarios que se encuentren en circunstancias idénticas, (ii) un mandato de trato enteramente diferenciado a destinatarios cuyas situaciones no comparten ningún elemento en común, (iii) un mandato de trato paritario a destinatarios cuyas situaciones presenten similitudes y diferencias, pero las similitudes sean más relevantes a pesar de las diferencias y, (iv) un mandato de trato diferenciado a destinatarios que se encuentren también en una posición en parte similar y en parte diversa, pero en cuyo caso las diferencias sean más relevantes que las similitudes. Estos cuatro contenidos tienen sustento en el artículo 13 constitucional, pues mientras el inciso primero del citado precepto señala la igualdad de protección, de trato y en el goce de derechos, libertades y oportunidades, al igual que la prohibición de discriminación; los incisos segundo y tercero contienen mandatos específicos de trato diferenciado a favor de ciertos grupos marginados, discriminados o especialmente vulnerables.

De los diversos contenidos del principio general de igualdad, surgen a su vez el derecho general de igualdad, cuya titularidad radica en todos aquellos que son objeto de un trato diferenciado injustificado o de un trato igual a pesar de encontrarse en un supuesto fáctico especial que impone un trato diferente, se trata entonces de un derecho fundamental que protege a sus titulares frente a los comportamientos discriminatorios o igualadores de los poderes públicos, el cual permite exigir no sólo no verse afectados por tratos diferentes que carecen de justificación sino también, en ciertos casos, reclamar contra tratos igualitarios que no tengan en cuenta, por ejemplo, especiales mandatos de protección de origen constitucional.

Finalmente, la jurisprudencia constitucional colombiana ha diseñado una metodología específica para abordar los casos relacionados con la supuesta infracción del principio y del derecho fundamental a la igualdad, se trata del juicio integrado de igualdad, cuyas fases constitutivas fueron descritas en las sentencias C-093 y C-673 de 2001. Este juicio parte de un examen del régimen jurídico de los sujetos en comparación, precisamente con el objeto de determinar si hay lugar a plantear un problema de trato diferenciado por tratarse de sujetos que presentan rasgos comunes que en principio obligarían a un trato igualitario por parte del legislador. Posteriormente se determina la intensidad del test de igualdad de conformidad con los derechos constitucionales afectados por el trato diferenciado, para finalmente realizar un juicio de proporcionalidad con sus distintas etapas —adecuación, idoneidad y proporcionalidad en sentido estricto— sobre el trato diferenciado.

(…)”(3).

De conformidad con lo anterior, procederá la Sala a abordar el caso concreto del tutelante.

4. Estudio de fondo.

El tutelante invocó la protección de su derecho a la igualdad porque, junto con otros 14 ex trabajadores de Asosasa, fue excluido del grupo de personas a las que se les efectuará el pago de los derechos laborales debidos por esa Empresa de Servicios Públicos, en virtud del Convenio Interadministrativo de Cooperación Técnica y Apoyo Financiero Nº 026 de 23 de junio de 2015, suscrito entre las tuteladas.

Considera el actor que tal exclusión representa un trato discriminatorio, así como una decisión “caprichosa” de las accionadas, pues desconoce que el convenio incluye como beneficiarios a todos los ex trabajadores de Asosasa a quienes se les debe el pago de derechos pensionales reconocidos mediante sentencia judicial.

Al respecto, sea lo primero referir que, a juicio de esta Sala, no se encuentran dadas las condiciones de igualdad que alega el tutelante y que permitirían otorgar el amparo.

Lo anterior, porque a pesar de que no existe prueba concreta de la situación fáctica y jurídica de los sujetos en comparación, lo cierto es que a partir del dicho de las partes, en particular del tutelante, y de los documentos obrantes en el expediente(4): el Convenio Nº 026 de 2015 y la Resolución 146 de 2015(5), se puede advertir que entre ellos se presentan rasgos comunes que en principio obligarían a un trato igualitario, pero también existen otros disímiles que ameritan uno diferenciado.

Significa lo dicho que, para este juez, existen elementos comunes entre los 50 ex trabajadores de Asosasa que refieren el actor y las tuteladas, en particular la misma empresa de servicios públicos domiciliarios. Estos son, por ejemplo, que todos ellos fueron desvinculados de dicha entidad y que demandaron el reconocimiento y pago de sus prestaciones laborales.

Pero también se presentan características diversas entre los sujetos de comparación, como que 35 fueron despedidos después del año 2002 por cuenta de los lineamientos de Modernización Empresarial que impone el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, dentro de los programas para la asignación de apoyo financiero que brinda a las entidades territoriales para el pago de los pasivos laborales generados por los prestadores de los servicios públicos domiciliarios, lo cual se encamina bajo el marco de la Ley 1450 de 2011-Plan Nacional de Desarrollo. Y que, los otros 15 ex trabajadores, entre los cuales se encuentra el actor, fueron desvinculados por cuenta de “...actos irresponsables...” de los directivos de Asosasa entre los años 1996 y 1998.

Así las cosas, que las personas desvinculadas en el proceso de apoyo financiero de la Nación a los municipios sean incluidas como beneficiarias del Convenio Interadministrativo de Cooperación Técnica y Apoyo Financiero Nº 026 de 23 de junio de 2015, implica un trato igual pera ellas porque que se encuentran en una situación similar; evento que en sí mismo justifica un trato diferencial frente a aquellos que no fueron retirados por cuenta de tal iniciativa de la Administración encaminada a resolver el problema de pasivo laboral de las empresas públicas prestadoras de servicios públicos domiciliarios.

El anterior análisis permitiría a la Sala concluir que no existe la vulneración alegada y que, por ende, no resulta posible acceder a las pretensiones del tutelante en el sentido de que se le incluya como beneficiario del convenio referido y/o que se impida el disfrute del acuerdo a los que sí se encuentran allí incluidos, con el objeto de que se extienda en favor de todos los ex trabajadores de Asosasa.

No obstante, para este juez de tutela resulta fundamental referir que la presente situación requiere de su intervención. Esto, porque si bien es cierto no es procedente el pago de prestaciones laborales vía tutela ante la existencia de otros medios de defensa judicial idóneos y eficaces para el efecto, como se refirió en el curso de la primera instancia; también lo es, que el contexto fáctico y jurídico que supone el caso concreto permite evidenciar que, para el tutelante, a pesar de que hizo uso de tales herramientas, ha sido imposible obtener la satisfacción de su acreencia laboral.

Así, la Sala no puede ignorar que precisamente el Convenio Interadministrativo de Cooperación Técnica y Apoyo Financiero Nº 026 de 23 de junio de 2015, fue suscrito por las tuteladas con el propósito de que el Departamento del Atlántico y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio apoyaran a los Municipios de Santo Tomás y Sabanagrande, así como a Asosasa, (que, se recuerda, es una Asociación de los Municipios mencionados para la prestación de servicios públicos), en la tarea de solucionar sus problemas de pasivos laborales, los cuales no está en condiciones de solventar por cuenta propia.

Pero en este punto es diáfano para la Sala que el asunto en gran medida está en proceso de ser solucionado gracias al apoyo de las autoridades del orden departamental y nacional, de manera que les resta a las municipales, así como a la empresa de servicios públicos domiciliarios emprender, si no lo han hecho, los procedimientos y/o trámites necesarios para responder por la situación de los demás ex trabajadores de Asosasa que no pudieron verse beneficiados por el convenio interadministrativo.

Deviene de lo dicho que, tal y como lo aceptó Asosasa en su contestación, la responsabilidad por el pasivo laboral es de esa empresa y de los Municipios asociados que dieron origen a la prestadora de servicios públicos domiciliarios: Sabanagrande y Santo Tomás. A lo que se suma que, la Sala entiende que los trámites con tal fin están en curso pues el gerente de Asosasa informó que “...ha solicitado (...) a los municipios asociados, incluir dentro del presupuesto por (sic) el año 2016, los recursos necesarios para solucionar las acreencias laborales de estos quince (15) ex trabajadores que se estiman en cerca de...” $ 1.250.000.000.

Entonces, a juicio de la Sala la imposibilidad del tutelante de poder materializar su derecho laboral por cuenta del estado de insolvencia de Asosasa, a pesar de que cuenta con una decisión judicial que declaró la existencia de su derecho, implica para él una carga desproporcionada que vulnera su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva(6). Esto, porque a pesar de que accedió a la administración de justicia, la Alcaldía de Santo Tomás, la Alcaldía de Sabanagrande y la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Asosasa E.S.P. no han emprendido ninguna medida que posibilite el debido restablecimiento de los derechos e intereses legítimos del actor.

Bajo las consideraciones efectuadas a lo largo de esta providencia, la Sala modificará el fallo de tutela del 2 de diciembre de 2015 dictado por el Tribunal Administrativo del Atlántico que rechazó por improcedente la acción de tutela, para en su lugar negar el amparo del derecho a la igualdad, pues no fue vulnerado al no ser incluido en listado de personas a las que se les efectuará el pago de acreencias laborales debidas por Asosasa, en virtud del Convenio Interadministrativo de Cooperación Técnica y Apoyo Financiero Nº 026 de 23 de junio de 2015.

Sin embargo, se amparará el derecho a la tutela judicial efectiva del actor, con el propósito de que la Alcaldía de Santo Tomás, la Alcaldía de Sabanagrande y la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Asosasa E.S.P. de manera solidaria y sin perjuicio de que establezcan sus responsabilidades individuales, estudien y definan la situación del señor E... A... M... H..., a fin de que le sea satisfecha su acreencia laboral.

En mérito de lo expuesto, la Sección Quinta del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Modificar la sentencia de 2 de diciembre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico —Sala de Decisión Oral Sección “B”— con la cual “rechazó por improcedente” la solicitud de amparo para, en su lugar, negar el amparo del derecho a la igualdad del señor E... A... M... H....

2. Amparar el derecho a la tutela judicial efectiva del señor E... A... M... H....

En consecuencia, se ordena a la Alcaldía de Santo Tomás, a la Alcaldía de Sabanagrande y a la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Asosasa E.S.P., que de manera solidaria y sin perjuicio de que establezcan sus responsabilidades individuales, en el plazo de 3 meses contados a partir de la notificación de esta providencia, estudien, definan y le comuniquen al señor E... A... M... H..., la forma en que responderán por su acreencia laboral.

3. Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32, inciso 2° del Decreto 2591 de 1991.

Notificar a los interesados por el procedimiento previsto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y cúmplase.

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Consejeros: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, presidenta—Rocío Araújo Oñate—Carlos Enrique Moreno Rubio—Alberto Yepes Barreiro.

1 Asociación de Municipios de Sabanagrande y Santo Tomás.

2 Según constancia secretarial del 15 de noviembre de 2002 del Juzgado Segundo de Descongestión Promiscuo de Soledad, visible a folio 15 reverso del expediente, “...la sentencia no fue apelada y no tiene grado de consulta, por lo que está ejecutoriada”.

3 Sentencia C-250/2012, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Reiteración de jurisprudencia en materia del derecho a la igualdad.

4 Documentos aportados por el actor y visibles entre folios 16 y 27 del expediente.

5 “Por la cual se fijan los criterios para asignar recursos en el marco de lo dispuesto en el parágrafo 1º del artículo 21 de la Ley 1450 de 2011”.

6 El derecho a la tutela judicial efectiva se deduce de lo consagrado en los artículos 228, 229 y 230 de la Constitución Política; 8º y 25, numeral 1º, de la Ley 16 de 1972 “por medio de la cual se aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos ‘Pacto de San José de Costa Rica’, firmado en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969”. Dicen estos últimos:

“ART. 8º—Garantías judiciales. 

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral o de cualquier otro carácter. 

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad, a las siguientes garantías mínimas: 

a) derecho del inculpado a ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma el juzgado o tribunal; 

b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; 

c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; 

d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor, de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; 

e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; 

f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; 

g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y 

h) derecho a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior; 

3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. 

4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. 

5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia”. 

“ART. 25.—Protección judicial. 

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 

(...)”.