Sentencia 2015-00593 de noviembre 17 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Exp. 20001-23-39-001-2015-00593-03

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio

Demandante: Rafael Guillermo Posada Barreto

Demandados: Concejales de Valledupar

Nulidad electoral - apelación sentencia

Bogotá, D. C., diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Competencia

La Sala es competente para resolver el recurso de apelación presentados en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar el 5 de septiembre de 2016 dentro del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(1) y el artículo 13 del acuerdo 55 de 2003 de la Sala Plena de esta Corporación(2).

2. Problema jurídico

Le corresponde a esta Corporación resolver, si de acuerdo con lo expuesto en el recurso de apelación, hay lugar a confirmar, modificar o revocar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar por medio de la cual declaró la nulidad (i) del acto administrativo contenido en el formulario E-24CON del 25 de octubre de 2015 proferido por la Comisión Escrutadora Auxiliar de Valledupar, (ii) del acto administrativo contenido en el formulario E-26CON del 31 de octubre de 2015, expedido por la Comisión Escrutadora Municipal de Valledupar, por cuanto declaró la elección del señor Ciro Guzmán Chinchía Bermúdez como concejal del municipio de Valledupar para el periodo constitucional 2016-2019, (iii) de la elección del señor Ciro Guzmán Chinchía Bermúdez como concejal del municipio de Valledupar para el periodo constitucional 2016-2019, y (iv) declaró electo como concejal del departamento del cesar por el Partido de la U al señor Roberto Carlos Castro Romero.

Para el efecto habrá de establecerse si para estudiar la causal de nulidad por diferencias entre los formularios E-14 y E-24, debía también hacerse el estudio con base en el formulario E-11.

3. Caso concreto

De manera concreta el demandado en el recurso de apelación indicó que los formularios electorales no pueden analizarse de manera aislada y en este caso no se estableció la existencia de un número superior de votantes a los registrados en el E-11.

Sostuvo que el Tribunal solo se detuvo a analizar la posible disparidad de la votación consignada en los formularios E-14 y E-24 de las mesas 001, 003, 004 y 007 de la zona 04 del puesto 04 de la cabecera municipal de Valledupar, sin compararlos con el total de sufragantes de esas mesas, información que está contenida en el formulario E-11.

Precisó que en ninguna de las mesas estudiadas, de conformidad con lo probado en el proceso, se demostró que el número de sufragantes consignados en el formulario E-11 haya sido superior a los votos registrados en el formulario E-24, de manera que la disconformidad entre los formularios E-14 y E-24 de esas mesas, por sí sola no implica alteración de los resultados electorales en favor del candidato Ciro Guzmán Chinchía.

De otra parte dijo que si se analizan los formularios E-14 aportados con la demanda, se puede ver que están incompletos, ya que no se aportó la última hoja de cada formulario E-14 de las mesas demandadas, que contiene el total de votos en blanco, votos nulos, votos no marcados, si hubo o no recuento de votos, así como la firma de los jurados de votación, por lo que los documentos allegados a pesar de ser copias auténticas carecen de la refrendación de la máxima autoridad electoral que lo suscribe, por lo que es una prueba incompleta.

Para resolver, debe tenerse en cuenta que la Sala en diferentes oportunidades ha dicho que la causal de nulidad por falsedad en los documentos o registro electorales asume diferentes formas(3), entre las que se encuentra:

(i) Causal de nulidad porque en una determinada mesa de votación resulta un mayor número de sufragios en los formularios E-14 y E-24 con respecto al número de electores que se registró en el formulario E-11 o lista y registro de votantes.

Al respecto esta Corporación ha dicho:

“Si durante los escrutinios los jurados de votación observan que el número total de votos computados en el formulario E-24 es mayor al número total de sufragantes registrados en el formulario E-11, deben solucionar el impase en la forma dispuesta en el artículo 135 del C.E. Es decir, que todos los votos “se introducirán de nuevo en la urna y después de moverlos para alterar su colocación, se sacarán a la suerte tantos sobres cuantos sean los excedentes y sin abrirlos se quemarán inmediatamente.”, procedimiento del cual debe quedar constancia en el acta de escrutinio, en particular del número final de tarjetas electorales, que servirán para escrutar en definitiva la mesa.

Empero, si en sede administrativa no se logra corregir la anterior anomalía, la misma puede servir de fundamento para alegar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo la falsedad en los registros electorales, pues como se dijo arriba el ordenamiento jurídico no admite la posibilidad de que resulten más votos que sufragantes, ya que esos votos excedentes necesariamente serán el resultado de la intervención de manos fraudulentas.

La Sección Quinta del Consejo de Estado dijo sobre esta forma de falsedad:

“La circunstancia de que en las actas de escrutinio de los jurados (Formulario E-14) se consignen más votos que votantes (Formulario E-11), produce una alteración de la verdad electoral, y puede dar lugar a la anulación del acto de elección.

Ello porque en la medida en que cada ciudadano está habilitado para depositar un voto, en la respectiva mesa solo puede aparecer un número de sufragios consecuente con el de electores. Aquellos que se contabilicen más allá del de votantes habrán sido incluidos en forma irregular.

Al respecto esta Sala ha dicho:

“... sí constituye una irregularidad cuando el acta de escrutinio del jurado de votación –Formulario E-14- registra un número mayor que la lista y registro de votantes –Formulario E-11-, puesto que el número de votos no puede ser superior al número de votantes, por la sencilla razón de que cada ciudadano tiene derecho a un solo voto”.”(4)

Entonces, para realizarse el estudio de esta específica causal de nulidad es necesario comprar el formulario E-11 con los E-14 y E-24 para establecer si hubo o no mayor número de votos que de votantes.

(ii) Diferencias en los formularios E-14 y E-24, sin justificación.

Cuando se alega falsedad de los datos consignados en los formularios E-14 y E-24, se ha dicho:

“Así, la falsedad electoral, que de ordinario ocurre en los registros electorales, se produce cuando esos documentos revelan una realidad contraria a la voluntad verdaderamente expresada en las urnas, cuya ocurrencia puede suscitarse porque la falsedad fue material o ideológica, esto es, en su orden, cuando la alteración deja una huella física en los documentos electorales, como podría ser la actuación directa sobre los números plasmados en los registros electorales, para simular un guarismo mayor o menor, según el interés de su autor; y, cuando la intervención del infractor no permite observar a simple vista la alteración en los registros, pero que bien puede inferirse estudiando en su conjunto los documentos electorales, como es el caso de insertar en el formulario E-24 una votación distinta a la escrutada por los jurados en el formulario E-14, que no aparece justificada en las actas de escrutinio por la práctica de un recuento.

Además, la falsedad en materia electoral corresponde a un estado del conocimiento que supera la conjetura y la probabilidad, pues solo se puede afirmar que un registro es falso o no. Por lo mismo, no es viable suponer la falsedad de un registro electoral, ni mucho menos equiparar la certeza de la falsedad con la probabilidad de su existencia. La causal que se examina exige grado de certeza, de modo que le incumbe al actor probar que es cierto que se alteraron los registros.”(5)

En este contexto esta Corporación ha dicho que el estudio se hace comparando los formularios E-14 y E-24. Al respecto dijo:

“Lo discurrido permite afirmar a la Sala que el cargo por falsedad en los registros electorales, cuando se cotejan los formularios E-14 y E-24, debe formularse comparando la información registrada en el último contra lo consignado en el E-14 Claveros, por ser este el documento que se emplea para consignar la votación resultante del escrutinio que en la mesa realizan los jurados.”(6)

En otra oportunidad sostuvo:

“Así las cosas, el cargo de falsedad que se formula en torno a la votación de los candidatos del Partido Liberal Colombiano Juan Carlos Lozada Vargas (102) y Andrés Felipe Villamizar Ortiz (111), se examinará teniendo como parámetros de comparación la información que a cada uno de ellos le figura en los formularios E-14 Claveros y E-24 mesa a mesa, junto con las actas de escrutinio. Subsidiariamente y en ausencia del primero, se acudirá al formulario E-14 Delegados, motivo por el cual igualmente aparecerá en la tabla, en la que se identificará la mesa por la zona, el puesto y su número, igualmente aparecerán el número del partido (P), el número del candidato (C), los valores que se registraron en los formularios E-14 Claveros (E-14), E-14 Delegados (E-14D), E-24 y la diferencia entre ellos (si la hay); igualmente tendrá una columna destinada a la constancia dejada por la comisión escrutadora, otra columna para calificar la situación en cuanto a si es o no normal y, por último, dos columnas que reflejarán los votos a sumar o restar al candidato respectivo.”(7)

De acuerdo con lo anterior, es claro que para realizar el estudio de esta causal de nulidad debe compararse los datos consignados en los formularios E-14, E-24, y las actas de escrutinio.

Precisado lo anterior, se tiene que al revisar la demanda, la parte actora adujo:

“El hecho que tipifica la nulidad deprecada consiste, en que los funcionarios de la zona 4 puesto 4 de la escuela mixta número 4, a quienes les correspondió la digitación de los E-24 alteraron los resultados consignados en el acta de escrutinio de los jurados de votación de las elecciones locales del 25 de Octubre del 2015 para Concejo Municipal de Valledupar cuando digitaron para el candidato del partido de la U Ciro Guzmán Chchia (sic) Bermúdez distinguido en la tarjeta electoral con el número 3 una cantidad de votos distintas a las leídas en los escrutinios, como es 5 votos en la mesa 1 de la zona 4 del puesto 4, cuando en el acta de escrutinio de los jurados de votación solo obtuvo 3, para una diferencia de 2 votos inexistentes.

En la mesa 03 de la misma zona y puesto le digitó 5 votos cuando en el acta de los jurados solo obtuvo 1 voto para una diferencia de 4 votos inexistentes.

En la mesa 04 le digitaron en el E-24 al candidato número 3 de la u 2 votos cuando en realidad en el acta de escrutinio de los jurados no le aparecen votos.

Y en la mesa número 5 de la misma zona y puesto de la que venimos hablando correspondiente a la escuela mixta número 4 le colocaron en el E-24 3 votos al candidato de la U distinguido con el número 3 cuando en el acta de escrutinio de los jurados solo obtuvo 1 voto.”

De lo anterior es claro que el demandante se limitó a plantear como cargo de nulidad, la alteración de los resultados de los escrutinios de los jurados de votación – E-14 con los consignados en el formulario E-24.

Ahora bien, al revisar el fallo de primera instancia, el Tribunal Administrativo del Cesar centró su análisis en comparar los formularios E-14 claveros de la zona 4, puesto 4, mesas 1, 3, 4 y 7 y el E-24 mesa a mesa, en lo relacionado con el candidato por el Partido de la U, Ciro Guzmán Chinchía.

Con base en lo anterior, para esta Sala es claro que el Tribunal de primera instancia obró debidamente, puesto que la causal de nulidad consistía en la falsedad de los datos consignados en los formularios E-14 y E-24 y por tanto no había lugar a realizar un estudio con el formulario E-11, puesto que en la demanda no se planteó la causal de nulidad relacionada con diferencias en los números de votantes y de votos.

Por lo anterior no le asiste razón al recurrente cuando afirma que el tribunal erró al no considerar en su estudio el formulario E-11.

Finalmente en el recurso se argumentó que las pruebas que aportó el demandado, esto es las copias auténticas de los formularios E-14 claveros, al no haber sido aportados en su integralidad –por faltar la última hoja de cada formulario E-14 de las mesas demandadas-, carecen de la refrendación de la máxima autoridad electoral que lo suscribe, por lo que es una prueba incompleta.

Al respecto debe decirse que en la audiencia inicial llevada a cabo el 14 de julio de 2016(8), se decretaron como pruebas los documentos aportados con la demanda y su contestación y se pusieron a disposición de las partes para que ejercieran el derecho de contradicción, por lo que si el demandado tenía alguna oposición que manifestar al respecto, lo debió hacer en esa oportunidad.

Entonces, toda vez que dichos documentos no fueron controvertidos ni tachados de falsos, y obran dentro del expediente, tienen pleno valor probatorio.

Además, debe tenerse en cuenta que los cargos de la demandada solo estaban relacionados con la falsedad en relación con unas mesas y no, tal como lo dijo el Ministerio Público, en la falta de suscripción de los documentos por los funcionarios correspondientes, razón por la cual no tenía la obligación de aportarlos en su integridad.

Por lo anterior, ninguno de los argumentos planteados en el recurso de apelación está llamado a prosperar y por tanto se confirmará la sentencia de primera instancia.

De otra parte, advierte la Sala que el Tribunal en la sentencia recurrida, declaró la nulidad del acto administrativo contenido en el Formulario E-24 CON de 25 de octubre de 2015, expedido por la Comisión Escrutadora Auxiliar de Valledupar, al respecto esta Sala precisa que dicho formulario es un acto de trámite y por tanto no había lugar a declarar su nulidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley

FALLA:

1. Confírmase la providencia apelada, esto es, la sentencia del 5 de septiembre de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar.

2. En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase».

1 Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia. “El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos (…)

2 Por medio del cual se adopta el Reglamento Interno del Consejo de Estado. (modificado por el artículo 1° del Acuerdo 55 del 5 de agosto de 2003)
Artículo 13.- “Distribución de los negocios entre las secciones. Para efectos de repartimiento, los negocios de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así:
Sección Quinta:
(…)
3. Los procesos electorales relacionados con elecciones o nombramientos”.

3 Ver sentencia de 22 de octubre de 2015, expediente 2014-00048, M.P. Alberto Yepes. Demandado: representantes Cámara - Bogotá.

4 Ibíd.

5 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta. Sentencia del 26 de noviembre de 2012. Expediente 2010-00055 M.P. Alberto Yepes. Demandados: representantes a la Cámara por Bogotá.

6 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta. Sentencia de 25 de agosto de 2011. Expedientes acumulados: 110010328000201000045-00 y otro. Demandantes: Sandra Liliana Ortiz Nova y otro. Demandados: Representantes a la Cámara por Boyacá. M.P. (E) Susana Buitrago Valencia.

7 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta. Sentencia de 22 de octubre de 2015, expediente 2014-00048, M.P. Alberto Yepes. Demandado: Representantes Cámara - Bogotá.

8 FF 222 a 226 del expediente.