SENTENCIA 2015-00610 DE DICIEMBRE 6 DE 2016

 

Sentencia 2015-00610 de diciembre 6 de 2016

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 110011102000201500610 01

Magistrado Ponente:

Dr. Pedro Alonso Sanabria Buitrago

Aprobado según acta 110 de la misma fecha.

Ref.: Consulta abogado Luis Alberto Jimenez Polanco

Bogotá, D.C., seis de diciembre de dos mil dieciséis

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Competencia. Si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 02 de 2015, se adoptó una reforma a la rama judicial, denominada“equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las comisiones seccionales de disciplina judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 comisiones seccionales de disciplina judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 02 de 2015, así: “los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 02 de 2015, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente está colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no solo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

Problema jurídico

De acuerdo a lo anterior, la controversia jurídica objeto de definición en el sub lite se circunscribe a determinar si el profesional sancionado incurrió en la falta disciplinaria descrita en el numeral 4º del artículo 35 del Código Disciplinario del Abogado.

El cual es del siguiente tenor:

“ART. 35.—Constituyen faltas a la honradez del abogado:

4. No entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional, o demorar la comunicación de este recibo” (subraya la Sala).

Falta calificada a título de dolo.

Puntualizó la quejosa que otorgó poder al togado para que reclamara en su nombre una bonificación llamada ruralidad que la administración paga a los docentes que trabajan en colegios ubicados en zonas de difícil acceso, sin embargo el togado a pesar de haberse fallado a favor y de haber recibido dineros en su nombre no ha procedido a entregárselos como es su deber, a pesar de los múltiples requerimientos realizados, pues se tiene que se le denunció penalmente por los mismos hechos ante la Fiscalía 92 Local de Bogotá y en la cual se realizó una conciliación con el apoderado del investigado, quien se comprometió a pagar lo debido a través de varias letras, que hasta el momento no han sido canceladas.

Situación respaldada por las pruebas documentales allegadas al dossier, que denotan un total desconocimiento del deber de honradez y lealtad con los clientes del abogado, que no ha demostrado justificación alguna para incurrir en estos actos que desdicen de la profesión, y que más allá de servirle de ayuda le ha causado a la señora Pinilla de Porras perjuicios pues lleva años dejando de percibir los dineros que le corresponden.

Ahora respecto a los dineros, comparte esta Sala lo considerado por el a quo en el sentido que los $ 2.000.000 entregados por el doctor Hugo Tovar Marroquín como apoderado de los demandados en el proceso penal al doctor Gilberto Saavedra Perdomo para los exámenes de diagnóstico médico, se encuentra que fueron devueltos al señor Narciso Murcia a través de su esposa Leidy Dayana Mesa tan solo las sumas de $ 870.000 y $ 130.000 tal y como obra en recibos expedidos por el disciplinado con fecha 22 de septiembre de 2011(3), lo que provocó que no se pudiera realizar la totalidad pues no contaba con los recursos económicos para ello.

Pues bien, un abordaje al material probatorio arrimado a las diligencias, es irrefutable que cuando un abogado en desarrollo del encargo que se le haya encomendado, recibe dineros por cuenta de su ejercicio profesional, manteniéndolos en su poder sin que medie una condición válida que justifique dicho actuar, dirige su conducta a la falta descrita en la norma citada, violando su deber de obrar con lealtad y honradez en sus relaciones profesionales, que lo obligan a entregar de inmediato los mismos a quien le pertenecen.

Del análisis que antecede, se permite inferir en grado de certeza, que el disciplinado vulneró la disposición contenida en el artículo 35 numeral 4º del Código Deontológico del Abogado, quien sin justificación legal alguna no informó de su recibo y dejó de entregar directamente a la quejosa los dineros recibidos en virtud de la gestión profesional; aunado a que la engañó nuevamente cuando a través de apoderado realizó una conciliación comprometiéndose a dicho pago, pero omitiendo hacerlo hasta el momento de la sentencia de primer grado.

En este sentido, el reproche que se le hace al abogado disciplinado es el desconocimiento de las normas de conducta que le impone el ejercicio de su profesión, comportamiento ético que le da seguridad, confianza y rectitud al ejercicio de la misma, más aún, cuando la jurisprudencia constitucional ha venido señalando que dada la función social que están llamados a cumplir, los abogados se encuentran sometidos a ciertas reglas éticas que se materializan en conductas prohibitivas con las que se busca asegurar la probidad y honradez en el ejercicio de la profesión así como la responsabilidad frente a los clientes y al ordenamiento jurídico.

Acorde con lo anterior, y brevemente expuesto, encuentra la Sala, tal como lo hizo el a quo, que queda probada en grado de certeza la responsabilidad del investigado, razón por la cual se confirmará la decisión de instancia, en tanto sancionó al abogado por la comisión de la falta consagrada en el artículo 35 numeral 4º de la Ley 1123 de 2007.

Así las cosas, también ha de tenerse en cuenta la modalidad de la conducta desplegada por el disciplinado, esto es dolosa, falta endilgada que a todas luces reviste gravedad, máxime las circunstancias en que se cometieron las mismas, pues de manera consiente no entregó los dineros recibidos en virtud de la gestión profesional.

Sanción

Así las cosas, la sanción proferida por la Sala de Instancia habrá de confirmarse, teniendo en cuenta la modalidad que a juicio de esta Superioridad se cometió con las conductas cuestionadas, pues los elementos probatorios que orientan a la demostración del acto reprochado disciplinariamente, no se encuentran desvirtuados y menos justificados, valoración suficiente para que esta Colegiatura, proceda a confirmar el fallo de exclusión en contra del abogado investigado, y considerando que el togado registra más de una sanción disciplinaria.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. CONFIRMAR la sentencia consultada de fecha veintitrés (23) de junio de dos mil dieciséis (2016), proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, por medio de la cual se sancionó con exclusión al abogado Luis Alberto Jiménez Polanco, por encontrarlo responsable de la comisión de la falta consagradas en el numeral 4º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, a título de dolo, de acuerdo con las razones indicadas en la motivación de este proveído.

2. REMITIR copia del presente fallo con constancia de su ejecutoria, a la Unidad de Registro Nacional de Abogados, para efectos de su anotación, fecha a partir de la cual empezará a regir la sanción impuesta.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase».

3 Folio 79 cuaderno original