SENTENCIA 2015-00615 DE AGOSTO 2 DE 2017

 

Sentencia S-2015-00615 de agosto 2 de 2017

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 110011102000201500615-01

Proyecto registrado 01 de agosto de 2017

Aprobado según Acta N° 61 de la fecha.

Magistrado Ponente:

Dr. Fidalgo Javier Estupiñán Carvajal.

Bogotá, D.C., dos de agosto de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala.

1. Competencia. La Sala tiene competencia para conocer en consulta los fallos sancionatorios emitidos por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 de la Ley 270 de 19964 y 59 de la Ley 1123 de 20075; ahora bien, establecida la calidad de abogado en ejercicio del disciplinado, procede la Sala a adoptar la decisión que en derecho corresponde, no evidenciando irregularidad que pueda viciar de nulidad lo actuado.

Es necesario aclarar, que si bien es cierto, el Acto Legislativo 02 del 1° de julio de 2015, modificó el Capítulo 7 del Título VII de la Constitución Política, suprimiendo el Consejo Superior de la Judicatura, también lo es que en sus artículos 18 y 19, estableció unas medidas transitorias con el fin de garantizar la continuidad en el ejercicio de las funciones que se encontraban a su cargo.

En este sentido, estipuló que “Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

Aunado a lo anterior, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, analizando este aspecto, consideró:

“De acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, cabe entender que, hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones. Ello significa que, actualmente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela6(resaltado nuestro).

En consecuencia, como en la actualidad esta Sala conserva sus funciones y competencias, se encuentra facultada para emitir la decisión que en derecho corresponda en el presente asunto.

Si bien es cierto el artículo 26 de la Constitución política consagra que “(...) toda persona es libre de escoger profesión u oficio, dejándole al legislador la regulación de la misma (...)”. También lo es que el fin último de la interpretación de la ley disciplinaria deontológica es la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos y garantías debidos a las personas que en él intervienen.

Para proferir fallo sancionatorio se hace exigible que medie prueba del cargo y certeza del juicio de responsabilidad sobre la falta imputada; de igual manera las pruebas que gobiernen la investigación disciplinaria deberán apreciarse en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, debiéndose observar cuidadosamente los principios rectores de la Ley Procesal Penal, básicamente los de legalidad, debido proceso, resolución de duda, presunción de inocencia, culpabilidad y favorabilidad.

2. ASUNTO A RESOLVER. Procede la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura a revisar en grado jurisdiccional de consulta, la sentencia proferida el 31 de mayo de 2016, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante la cual sancionó con suspensión de un (01) año del ejercicio de la profesión, al abogado Luis Alberto Jiménez Polanco identificado la cédula de ciudadanía 15.302.611, portador de la Tarjeta Profesional vigente número 129.780, al hallarlo responsable de las falta prevista en el artículo 35, numeral 4 de la Ley 1123 de 2007.

3. Caso concreto.

3.1. Tipicidad.

En el caso bajo examen, el abogado fue sancionado por la comisión de la falta prevista en el numeral 4° del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, en el cual se estipulo lo siguiente:

"ART. 35.—Constituyen faltas a la honradez del abogado:

4. No entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de gestión profesional, o demorar la comunicación de este recibo”.

En Sentencia C-030 de 2012, con ponencia del Magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, se desarrolló ampliamente el concepto de tipicidad en el campo del derecho sancionador, resaltando el objetivo de la pre-existencia de la norma, el cual se centra en limitar la facultad discrecional en el ejercicio del poder sancionatorio; además, se estudiaron los aspectos que deben regularse en la norma sancionatoria, como a continuación se expone:

“El principio de tipicidad en materia disciplinaria exige que la norma creadora de las infracciones y de las sanciones, debe describir clara, expresa e inequívocamente las conductas que pueden ser sancionadas y el contenido material de las infracciones, así como la correlación entre unas y otras. La jurisprudencia de esta Corte ha sostenido que el principio de tipicidad se compone de dos aspectos, (i) que exista una ley previa que determine la conducta objeto de sanción; y (ii) la precisión que se emplee en ésta para determinar la conducta o hecho objeto de reproche y la sanción que ha de imponerse; aspecto éste que se orienta a reducir al máximo la facultad discrecional de la administración en el ejercicio del poder sancionatorio que le es propio.

(…)

Son varios los aspectos normativos que debe regular de manera clara y expresa la norma sancionatoria: (i) el grado de culpabilidad del agente (si actuó con dolo o culpa); (ii) la gravedad o levedad de su conducta (si por su naturaleza debe ser calificada como leve, grave o gravísima); y (iii) la graduación de la respectiva sanción (mínima, media o máxima según la intensidad del comportamiento). Si el precepto que contiene la conducta jurídicamente reprochable no permite definir tales aspectos, el mismo resulta contrario al principio de tipicidad y proporcionalidad y, por tanto, resulta inconstitucional.

(…)

La naturaleza de las conductas reprimidas, los bienes jurídicos involucrados, la teleología de las facultades sancionatorias, los sujetos disciplinables y los efectos jurídicos que se producen frente a la comunidad, hacen que la tipicidad en materia disciplinaria admita —en principio— cierta flexibilidad, siendo, la razón fundamental de esta característica del derecho disciplinario originada en la naturaleza misma de las normas disciplinarias, toda vez que éstas suelen carecer de completud y autonomía, ya que es necesario remitirse a otras preceptivas en donde se encuentren regulados en concreto los deberes, funciones, obligaciones o prohibiciones para los diferentes servidores públicos, teniendo en cuenta los cargos y ramas del poder público a los que pertenezcan.”

Lo anterior, se encuentra en consonancia con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 1123 de 2007, el cual estableció que el abogado sólo será investigado y sancionado disciplinariamente por comportamientos que estén descritos como falta en la ley vigente al momento de su realización y conforme a las reglas fijadas en este código o las normas que lo modifiquen.

Pues bien, una vez expuesta la normatividad y jurisprudencia aplicable al caso, se procederá a determinar si el actuar del doctor abogado Luis Alberto Jimenez Polanco, se circunscribe en la falta prevista en el numeral 4 del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007.

Debe señalar esta Sala que, observando los aconteceres fácticos y probatorios, se determinó que la queja en contra del abogado encartado, tuvo fundamento, en contra del abogado Luis Alberto Jiménez Polanco, indicando en el escrito de denuncia, que le otorgó poder para que frente a la Secretaria de Educación de Bogotá, promoviera proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución 2861 de 17 de julio de 2007, a fin de lograr el reconocimiento y pago del incentivo salarial y profesional de ruralidad establecido en el artículo 134 de la Ley 115 de 1994, por lo cual el abogado presentó la correspondiente demanda que falló el Juzgado 10 Administrativo de Bogotá en favor de la proponente de la queja.

Indicó, que para dar cumplimiento a la sentencia el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio expidió la Resolución 2520 de 23 de octubre de 2012 y entregó al profesional del derecho, a través de su cuenta en Bancolombia, la suma de doce millones doscientos veintisiete mil cuarenta y nueve pesos ($12.227.049), sin que este le hubiera dado lo que le correspondía, pues guardó silencio, con lo cual no solo no le avisó de la sentencia, sino que se apropió de esa cantidad.

La afirmación en mención se soportó en el derecho de petición interpuesto ante la Secretaría de Educación de Bogotá D.C., en donde se obtuvo respuesta el 3 de septiembre de 20147, indicándose por el doctor Andrés Ortega Pulgarín, Jefe de la Oficina de Tesorería y Contabilidad (E), que efectivamente, mediante la orden de pago Nº 3023, y el comprobante emitido por la banca electrónica, se realizó el pago el 26 de junio de 2013, al apoderado Luis Alberto Jiménez Polanco, indicándose claramente en la orden de pago8, que los dineros destinados a la denunciante, eran dirigidos a su patrimonio, por concepto de pago de sentencia judicial por incentivo rural, decisión emanada por el Juzgado 10 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda, dentro del proceso 110013331010200700440-00, promovido por Edith Marlén Quintero de Garzón, identificada con C.C. 41.497.223, según proceso de liquidación 3513, efectuado por la oficina de nómina, según Resolución 2520 del 23 de octubre de 2012, dirigiéndose el pago al apoderado Luis Alberto Jiménez Polanco, identificado con C.C. 15.302.611 y T.P 129780.

Además de ello, conforme al artículo 23 constitucional, el 20 de octubre de 2014, conjuntamente, las ciudadanas Lida Elsy Aldana Avellaneda, Melba Emilia Pinilla de Porras y la denunciante, pusieron de presente a la Secretaría de Educación de Bogotá9, que sorpresivamente, cuando solicitaron el Certificado de Ingresos y Retenciones, comprobaron que aparecieron montos mayores al salario que devengaban, indicando que al acudir a la Oficina de Nomina de la entidad, les fue comunicado que el incentivo de ruralidad les fue otorgado mediante sentencia judicial, verificando que el doctor Alberto Jiménez Polanco, recibió las sumas de dinero que les pertenecía, resaltando con vehemencia que ellas jamás lo habían recibido o disfrutado, procediéndolo a denunciar ante la Fiscalía General de la Nación, agregando, que los docentes del Colegio Carlos Arango Vélez, Zona 8°, también contrataron a dicho jurista, generándose una incertidumbre, ya que les había manifestado que sus pretensiones no habían salido “avante”, generándose duda por el modus operandi del togado.

Posteriormente, se anexó a este proceso disciplinario, acta de conciliación con acuerdo ante la Fiscalía 97 Local, en donde se fundamentó la denuncia, bajo los argumentos expuestos en la queja disciplinaria, estableciéndose en dicho trámite pre-procesal, que conforme a las pretensiones de la aquí denunciante, el jurista se comprometió que en seis cuotas, cancelaría la suma de $13.000.000, garantizando el pago en letras de cambio, entregando las mismas a la aquí quejosa.

Conforme a lo anterior, se evidencia con un grado de certeza máximo, que el abogado Luis Alberto Jiménez Polanco, con su proceder, incurrió en la falta descrita en el numeral 4 del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, toda vez, que el jurista actuando como apoderado de la denunciante, se apropió de los dineros obtenidos dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado ante el Juzgado 10 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá, siendo verificado plenamente, que el 26 de junio de 2013, se hizo efectiva la orden pago Nº 3023, la cual tenía como beneficiaria a la señora Edith Marlén Quintero de Garzón, a la cuenta de ahorros Nº 030-175-366-71, la cual figuraba a nombre de Luis Alberto Jiménez Polanco.

Como refuerzo de nuestra tesis, en diligencia ante la jurisdicción penal, se constituyó acta de conciliación, en donde el jurista comprendiendo la magnitud del error y el detrimento ocasionado a las expectativas de sus poderdantes, suscribiendo letras de cambio para garantizar el pago de la obligación o pasivo por $13.000.000, en favor de la denunciante, siendo una prueba contundente que permite establecer, que en definitiva, existió una retención de lo obtenido dentro del proceso contencioso administrativo, afectando flagrantemente a la quejosa, obrando las suficientes pruebas para cimentar la adecuación de la conducta a las denominadas faltas a la honradez del abogado.

En consecuencia, es notorio que siendo deber de los abogados obrar con absoluta lealtad y honradez en sus relaciones con los clientes, es inadmisible que no entreguen a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de gestión profesional, o demoren la comunicación de este recibo, y en la medida en que así procedan, se encontrarán incursos en falta disciplinaria, porque tal conducta está tipificada en el citado estatuto como violatoria de las reglas ético legales que rigen la profesión de la abogacía.

En definitiva, y como síntesis conclusiva, esta Sala comparte los planteamientos del seccional, respecto a la tipicidad de la conducta.

3.2.Antijuricidad.

3.2.1. Inobservancia de los deberes consagrados en el numeral 8 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007.

“ART. 28. Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado:

8. Obrar con lealtad y honradez en sus relaciones profesionales. En desarrollo de este deber, entre otros aspectos, el abogado deberá fijar sus honorarios con criterio equitativo, justificado y proporcional frente al servicio prestado o de acuerdo a las normas que se dicten para el efecto, y suscribirá recibos cada vez que perciba dineros, cualquiera sea su concepto”.

En materia disciplinaria el juicio de antijuridicidad hace relación a la infracción de deberes de tal manera que el incumplimiento de éstos le marca al sancionador la pauta para determinar la antijuridicidad de la conducta que se cuestiona vía disciplinaria; por tanto, no basta el simple desconocimiento formal de ese deber para que se origine la falta disciplinaria, así pues, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º del Estatuto Ético del Abogado, el profesional del derecho incurre en falta antijurídica cuando con su conducta afecte sin justificación, alguno de los deberes allí consagrados10.

Es menester manifestar, por parte de esta Sala, que los argumentos expuestos y las pruebas obrantes dentro del proceso, soportaron sin titubeo alguno, que existió una conducta abusiva del abogado, señalando la denunciante en audiencia de pruebas y calificación provisional, que cuando reclamó el certificado de ingresos y retenciones y le figuraba el ingreso de la suma de dinero a este, con cargo a la demanda que había ganado, le requirió para que le entregara el dinero sin que este lo hubiera hecho, generando evasivas para la entrega del dinero, estableciéndose posteriormente, la imposibilidad de requerir al jurista para la entrega de lo obtenido dentro del proceso, ya que se tornó imposible establecer comunicación con el mismo.

Además de ello, se suministró comunicación11 por parte de la Secretaría de Educación de Bogotá, quien informó, que en virtud de la orden de pago Nº 3023 de 25 de junio de 2013, se giró a la cuenta de ahorros del abogado Jiménez Polanco, entre otras sumas, la de $ 12.227.049, que correspondía a la cancelación de las acreencias de la proponente de la queja, en tanto contaba con el poder otorgado para la representación dentro de dicha diligencia judicial.

Ha manifestado la Corte Constitucional respecto a la función de los abogados lo siguiente:

“El cumplimiento de estas actividades debe contribuir “al buen desarrollo del orden jurídico y al afianzamiento del Estado Social de Derecho”, de donde se desprende que los abogados están llamados a cumplir una misión o función social inherente a la relevancia de su profesión “que se encuentra “íntimamente ligada a la búsqueda de un orden justo y al logro de la convivencia pacífica”, pues “el abogado es, en gran medida, un vínculo necesario para que el ciudadano acceda a la administración de justicia”.

En las condiciones anotadas, resulta claro que el desarrollo legislativo del ejercicio profesional de la abogacía ha de atender, con especial énfasis, el interés general y la protección de los derechos de terceros], dado que la profesión “se orienta a concretar importantes fines constitucionales” y que su práctica inadecuada o irresponsable “pone en riesgo la efectividad de diversos derechos fundamentales, como la honra, la intimidad, el buen nombre, el derecho de petición, el derecho a la defensa y, especialmente, el acceso a la administración de justicia, así como la vigencia de principios constitucionales que deben guiar la función jurisdiccional, como son la eficacia, la celeridad y la buena fe”.

Así pues, la actuación del abogado ha de ser adecuada a la atención debida al cliente, pero, conforme lo ha estimado la jurisprudencia constitucional, el alcance del ejercicio de su profesión “no se limita a resolver problemas de orden técnico, sino que se proyecta también en el ámbito ético” y de tal modo que la regulación de la conducta de los togados por normas de carácter ético no significa “una indebida intromisión en el fuero interno de las personas, con menoscabo de su moral personal”, justamente porque la conducta individual se halla vinculada a la protección del interés comunitario y porque los fines perseguidos mediante el ejercicio de la profesión del derecho, a diferencia de los objetivos buscados por otras profesiones, admiten incluso un mayor nivel de exigencia en cuanto hace al comportamiento de los profesionales del Derecho, “como depositarios de la confianza de sus clientes y como defensores del derecho y la justicia”12.

Mencionado lo anterior, esta Sala puede determinar, que el abogado vulneró dichos deberes de forma flagrante, ya que se torna indiscutible, de que el proceder de dicho profesional de la abogacía se encaminó en engañar a su poderdante sobre el verdadero estado del proceso encomendado, transgrediendo los deberes de litigante, incumpliendo con las labores asignadas a su cargo, conforme se acredita en el poder aportado y en los recibos que aportó la quejosa.

En consecuencia, el proceder del togado es indicativo de querer violentar a toda costa los deberes establecidos en la profesión, en aras de obtener un lucro o ganancia ilegal, desechando un deber cardinal como lo es el de obrar con lealtad y honradez en sus relaciones profesionales. En desarrollo de este deber, entre otros aspectos, el abogado deberá fijar sus honorarios con criterio equitativo, justificado y proporcional frente al servicio prestado o de acuerdo a las normas que se dicten para el efecto, y suscribirá recibos cada vez que perciba dineros, cualquiera sea su concepto.

Por tal razón, esta corporación se adhiere a la tesis planteada por el Seccional, ya que se probó que en su condición de apoderado no entregó a quien correspondía, esto es, a la señora Edith Marlén Quintero de Garzón, los dineros recibidos de la Secretaría de Educación de Bogotá, luego de que obtuviera sentencia favorable el 14 de octubre de 2011 y que fuera ordenada la cancelación de los mismos, indicando que se está frente un proceder deshonroso de la profesión, actuando de forma deshonesta, siendo completamente reprochable por parte de esta Sala Disciplinaria, una actuación abominable de tal trascendencia adversa.

Conforme a lo expuesto en mención, esta Sala comparte la postura del a quo al señalar que la responsabilidad del togado era la de actuar conforme a los postulados de la honradez, y este no cumplió con dicho deber, constituyendo, per se, una violación sustancial de las directrices profesionales consagradas en el artículo 28, numeral 8 de la Ley 1123 de 2007, vulneración que se presentó sin justificación alguna.

3.3. Culpabilidad.

Debe decirse que la actuación del disciplinado, según las pruebas que obran en el plenario, llevan a concluir que el togado actuó con dolo. Su comportamiento se cataloga conforme a dicha modalidad de la conducta sancionable, toda vez, que su proceder estuvo investido de engaño, fraude o simulación, llevados a cabo maliciosamente con la intención de dañar o perjudicar a alguien.

Esta Sala reitera, que no puede menos que reprochar la conducta del profesional desde el ángulo de la ética profesional, por el preciso punto que se le imputó en los cargos, toda vez que el reproche debe traducirse en una sanción en materia de dosimetría, considerándose que se trató de una conducta grave, pues como antes se dijo, sacrificó derechos sustanciales de su cliente, afectando flagrantemente sus derechos a percibir lo que la Ley les otorgó por laborar en zonas rurales, impartiendo educación en comunidades de difícil acceso, apropiándose injustificadamente de un esfuerzo de años de esta educadora, enriqueciéndose de forma ilegal, suspendiendo de forma arbitraria el goce de dicho reconocimiento obtenido en los estrados judiciales, perjudicando de forma notoria el patrimonio de la señora Edith Marlén Quintero de Garzón.

En conclusión, no encuentra conveniente esta Sala, en indicar aspectos diferentes a los expuestos por el operador judicial de primera instancia, ya que sus consideraciones fueron ajustadas a la realidad y abordadas de forma integral, acogiéndonos a su tesis final, esta es, que dicha modalidad de la conducta constituye un comportamiento, típico, antijurídico y culpable, reprochable a título de dolo, según lo previsto en los artículos 5° y 21 del Código Disciplinario del Abogado.

3.4. Sanción.

Esta Sala considera que la imposición de suspensión de un (01) año del ejercicio de la profesión, al abogado Luis Alberto Jiménez Polanco identificado la cédula de ciudadanía 15.302.611, portador de la Tarjeta Profesional vigente número 129.780, al hallarlo responsable de la falta prevista en el artículo 35, numeral 4 de la Ley 1123 de 2007, debe dejarse incólume atendiendo a los criterios de graduación de la sanción establecidos en el artículo 45 de la Ley 1123 de 2007.

Ahora bien, respecto a la razonabilidad de la sanción, esta Colegiatura encuentra que su imposición obedece al actuar doloso del abogado, habida cuenta que su comportamiento trasciende la esfera social por desatender sus deberes, en el caso concreto, a la Administración de Justicia, por haber obrado en el sentido de dar prevalencia de su interés particular sobre el de su poderdante, apoderándose de unos dineros, los cuales pertenecían a la denunciante, por concepto de incentivo rural, perjudicando notoriamente su patrimonio, por una avaricia desmedida de su apoderado de confianza.

Como si no fuera suficiente, el doctor Luis Alberto Jiménez Polanco, ya había sido sancionado por la infracción contenida en el numeral 4 del artículo 3513, evidenciándose la reincidencia en estas conductas por parte del togado, estableciéndose la necesidad de una sanción drástica y severa, como la establecida por el Seccional de primera instancia.

Por tanto, se observa que el abogado infringió su deber con la sociedad y con su cliente, esto es, debe cumplir con una función social, la cual se enmarca en proceder bajo conductas intachables, debiendo cimentar sus actuaciones en los pilares de la veracidad, eficiencia y celeridad respetando siempre la legalidad.

Así mismo, la consecuencia jurídica es necesaria, por cuanto cumple con prevenir que la conducta embaucadora y engañosa del abogado encartado se repita, influyendo como medio para disuadir a los demás profesionales del derecho en cometer las aludidas actuaciones.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia consultada del 31 de mayo de 2016, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante el cual sancionó con suspensión de un (01) año del ejercicio de la profesión, al abogado Luis Alberto Jiménez Polanco identificado la cedula de ciudadanía 15.302.611, portador de la Tarjeta Profesional vigente número 129.780, al hallarlo responsable de la falta prevista en el artículo 35, numeral 4° de la Ley 1123 de 2007, conforme en lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. ANÓTESE la sanción en el Registro Nacional de Abogados, data a partir de la cual empezará a regir, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la oficina encargada de dicho registro, enviándole copia de esta sentencia con constancia de ejecutoria.

3. NOTIFÍQUESE personalmente lo decidido por esta Superioridad al disciplinado y de no ser posible a través de la notificación subsidiaria, para lo cual se comisiona a la Sala Seccional de primera instancia, en consecuencia, por la Secretaría, devuélvase el expediente al sitio de origen.

Notifíquese y cúmplase».

4 “ART. 112.—Funciones de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura: 4. Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura”.

5 “ART. 59.—De la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria Del Consejo Superior de la Judicatura conoce:

1. En segunda instancia, de la apelación y la consulta de las providencias proferidas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura, en los términos previstos en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y en este código…”.

6 Magistrado Sustanciador Luis Guillermo Guerrero Pérez.

7 Folio 8.

8 Folio 9.

9 Folio 17-18.

10 Radicado 050011102000201101666-02.

11 De fecha del 16 de octubre de 2015.

12 Corte Constitucional. Sentencia C-398 de 2011. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

13 Folio 29.