Sentencia 2015-00620 de noviembre 30 de 2017

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Exp.: 050011102000201500620-01

Magistrado Ponente:

Dr. Fidalgo Javier Estupiñán Carvajal

Aprobado según Acta de Sala Nº 100 del 30 de noviembre de 2017

Bogotá, D.C., treinta de noviembre de dos mil diecisiete.

Objeto del pronunciamiento

Procede la Sala a conocer en grado jurisdiccional de Consulta la sentencia proferida el 25 de abril de 2017, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia(1), mediante la cual sancionó con EXCLUSIÓN al abogado Luis Felipe Posada Echavarría por su incursión en la falta consagrada en el numeral 4 del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007.

Hechos

Fueron resumidos en la sentencia de primera instancia así:

“Mediante queja del 24 de marzo de 2015, las señoras Ruth Amparo Moreno Torres y Luz Yamile Mazo Villa refirieron que el abogado Luis Felipe Posada Echavarría presuntamente retuvo la suma de $ 240.639.069 que le correspondía a los demandantes en el proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual radicado 2007-0101 en virtud de la sentencia proferida en su favor.”.

Actuación procesal

De la condición de abogado. Se acreditó que el Dr. Luis Felipe Posada Echavarría se identifica con cédula de ciudadanía Nº 71.759.598 y posee tarjeta profesional Nº 132.108 que a la fecha de la queja se encontraba vigente, así mismo se verificó que no registraba antecedentes disciplinarios.

Apertura de proceso disciplinario. Mediante auto del 15 de abril de 2015, el magistrado instructor ordenó apertura investigación disciplinaria, fijando fecha para la audiencia de pruebas y calificación provisional. Ante la imposibilidad de notificar personalmente al investigado se procedió a declararlo persona ausente y designarle un defensor de oficio.

Audiencia de pruebas y calificación provisional. La primera sesión de la audiencia se llevó a cabo el 8 de marzo de 2016, en la cual se tomó posesión de la defensora de oficio del disciplinable y se reconoció personería al apoderado de las quejosas.

Posteriormente se dio lectura de la queja y se escucharon en sus respectivas ratificaciones a las señoras Amparo Moreno Torres y Luz Yamile Mazo Villa. En sus intervenciones manifestaron que contrataron los servicios del investigado para que las representara en el proceso de responsabilidad civil extracontractual y acordaron cancelar por concepto de honorarios profesionales el 30% del valor obtenido de la sentencia. Pese a que el trámite terminó con sentencia favorable, el procesado cobró el título judicial por $ 240.639.069 sin entregarles ninguna suma de dinero.

Calificación provisional de la actuación. Luego de realizarse un recuento procesal, consideró la magistrada que existía mérito para elevar pliego de cargos en contra del abogado Luis Felipe Posada Echavarría por la presunta incursión en la falta de que trata el artículo 35 numeral 4 de la Ley 1123 de 2007. Lo anterior por cuanto el abogado investigado, luego de adelantar en nombre de las quejosas el proceso 2007-101 contra Unitransco S.A., tramitado en el Juzgado Civil Laboral del Circuito de Yamural - Antioquia y de haber cobrado el título judicial Nº 4-1398-00000-17935 por valor de $ 240.639.069 el 5 de marzo de 2015, no ha hecho entrega de los dineros a sus poderdantes.

Audiencia de juzgamiento. En audiencia del 31 de agosto de 2016 se llevó a cabo la diligencia en la cual se escucharon los alegatos de conclusión del apoderado de oficio del disciplinable. En efecto, luego de realizar un recuento procesal de lo acaecido en el presente radicado, la defensa adujo que no hubo ninguna vulneración al debido proceso del disciplinado y solicitó tener en cuenta la carencia de antecedentes disciplinarios por parte de este a efectos de tasar la sanción disciplinaria.

Decisión de primera instancia

En pronunciamiento del 25 de abril de 2017, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, sancionó con EXCLUSIÓN al abogado Luis Felipe Posada Echavarría por su incursión en la falta consagrada en el numeral 4 del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007. Lo anterior por cuanto:

“El 20 de marzo de 2015 el secretario del Juzgado Civil del Circuito de Yarumal certificó que el doctor Luis Felipe Posada Echavarría fungió como apoderado judicial de los demandantes en el proceso radicado 2007-00101, instaurado por Jhon Jader Mazo Villa y otros contra Unitransco S.A., y Cootragua y el 5 de marzo de 2015 compareció al despacho a reclamar el formato DJ04 orden de pago de depósito judicial para cobrar el título Nº 4-1398-00000-17935 por valor de $ 240.639.069 consignado por las empresas demandadas.

El 28 de marzo de 2016 la Jueza Civil Laboral del Circuito Laboral de Yarumal certificó que el 23 de febrero de 2015 la empresa Unitransco consignó la suma de $ 240.639.069 a favor de los demandantes en el proceso radicado 2007-0101 (Fl. 75).

El 30 de marzo de 2016 el Coordinador de Operaciones y Canales del Banco Agrario certificó que el cheque Nº 0603847 por valor de $ 240.639.069 girado a favor del señor Posada Echavarría fue pagado a una cuenta en Bancolombia. (Fls. 73-74).

En audiencia de pruebas y calificación provisional celebrada el 8 de marzo de 2016, en diligencia de ratificación y ampliación de la queja las señoras Ruth Amparo Moreno Torres y Luz Yamile Mazo Villa manifestaron que contrataron los servicios profesionales del abogado Posada Echavarría para que las representara en proceso de responsabilidad civil extracontractual y acordaron cancelar por concepto de honorarios profesionales el 30% del valor obtenido en la sentencia. Refirieron que el trámite culminó con sentencia favorable a sus intereses y el abogado cobró el título judicial por $ 240.639.069 sin embargo, no les entregó a los demandantes el dinero que les correspondía y pese a que en varias oportunidades trataron de localizarlo, no pudieron hacerlo porque cambió de domicilio y número telefónico. (Fl. 47).

Del recuento anterior, se evidenció que el togado representó a los demandantes en el proceso radicado 2007-0101 adelantado en el Juzgado Civil Laboral del municipio de Yarumal, en el que se obtuvo sentencia favorable a sus intereses, el 23 de febrero de 2015 la entidad demandada consignó la suma de $ 240.639.069 a favor de los actores, el 4 de marzo de ese año el despacho ordenó entregar el título judicial Nª 4-1398-00000-19935 al apoderado, quien lo cobró el 5 de marzo de 2015, sin embargo conforme lo manifestaron bajo la gravedad del juramento las quejosas, no entregó los dineros que le correspondían a los demandantes, por el contrario, cambió de domicilio y número telefónico, por lo que no pudieron contactarlo nuevamente.

Entonces, pese que el togado conocía que era su obligación entregar a quien corresponda en la menor brevedad los dineros recibidos en virtud de su gestión profesional, no lo hizo, porque si bien es cierto le correspondía por concepto de honorarios la suma de $ 72.191.720,4 el saldo restante, esto es $ 168.447.348 los retuvo para sí durante más de 2 años contados a partir del 5 de marzo de 2015 —cuando cobró el título judicial— a la fecha, habida cuenta que no obra prueba en el plenario que haya entregado los dineros a sus legítimos dueños.”.

Consideraciones de la Sala

Competencia. La Sala tiene competencia para conocer la apelación de los fallos sancionatorios emitidos por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 de la Ley 270 de 1996(2) y 59 de la Ley 1123 de 2007(3); ahora bien, establecida la calidad de abogado en ejercicio del disciplinado, procede la Sala a adoptar la decisión que en derecho corresponde, no evidenciando irregularidad que pueda viciar de nulidad lo actuado.

Es necesario aclarar que si bien es cierto, el Acto Legislativo 2 del 1º de julio de 2015, modificó el capítulo 7 del título VII de la Constitución Política, suprimiendo el Consejo Superior de la Judicatura, también lo es que en sus artículos 18 y 19, estableció unas medidas transitorias con el fin de garantizar la continuidad en el ejercicio de las funciones que se encontraban a su cargo.

En este sentido, estipuló que “Los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

Aunado a lo anterior, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, analizando este aspecto, consideró:

“De acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 2 de 2015, cabe entender que, hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura debencontinuarenelejerciciodesusfunciones.Ellosignificaque,actualmente,laSalaJurisdiccionalDisciplinariadelConsejoSuperiordelaJudicaturaconservasuscompetencias,esdecir,seencuentraplenamentehabilitadaparaejercer,nosololafunciónjurisdiccionaldisciplinaria,sinotambién,paradirimirlosconflictosdecompetenciaquesurjanentrelasdistintasjurisdiccionesyparaconocerdeaccionesdetutela(4) (resaltado nuestro).

En consecuencia, como en la actualidad esta Sala conserva sus funciones y competencias, se encuentra facultada para emitir la decisión que en derecho corresponda en el presente asunto.

Ahora bien, el artículo 26 de la Constitución política consagra que “(...) toda persona es libre de escoger profesión u oficio, dejándole al legislador la regulación de la misma (...)”. También lo es que el fin último de la interpretación de la ley disciplinaria deontológica es la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos y garantías debidos a las personas que en él intervienen.

Para proferir fallo sancionatorio se hace exigible que medie prueba del cargo y certeza del juicio de responsabilidad sobre la falta imputada; de igual manera las pruebas que gobiernen la investigación disciplinaria deberán apreciarse en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, debiéndose observar cuidadosamente los principios rectores de la ley procesal penal, básicamente los de legalidad, debido proceso, resolución de duda, presunción de inocencia, culpabilidad y favorabilidad.

Del asunto en concreto. Teniendo claro el alcance del ejercicio de la profesión, la Sala procede a estudiar el comportamiento del abogado Luis Felipe Posada Echavarría, para determinar si puede ser objeto de reproche disciplinario o no.

Tipicidad: La primera instancia imputó al profesional del derecho la falta establecida en el numeral 4 del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007:

“ART. 35.—Constituyen faltas a la honradez del abogado:

4. No entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional, o demorar la comunicación de este recibo.”.

Del material probatorio obrante en el plenario se evidencia que los señores Jhon Jader, Nancy Janeth María Julieth, Luz Yamile, Manuel Andrés y Edwin de Jesús Mazo Villa y Cándida Rosa Pérez de Mazo le otorgaron poder al disciplinable para que adelantara proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual contra Unitransco S.A. y Cootragua para resarcir los perjuicios causados por la muerte de Fabio De Jesús Mazo Piñérez y María Nancy Villa González (fl. 77).

El proceso se tramitó en el Juzgado Civil Laboral del Circuito de Yarumal bajo el radicado 2017-00101, el cual culminó con sentencia favorable por lo que el disciplinable el 5 de marzo de 2015 compareció al despacho a reclamar el formato DJ04 orden de pago de depósito judicial para cobrar el título Nº 4-1398-00000-17935 por valor de $ 240.639.069 consignado por las empresas demandadas.

El 30 de marzo de 2016, según documento que obra a folio 73 del expediente, el señor Tulio Alberto Pérez Ossa coordinador de operaciones y canales del Banco Agrario; certificó que el cheque Nº 0603847 por valor de $ 240.639.069 girado a favor del señor Posada Echavarría fue pagado a una cuenta en Bancolombia el 5 de marzo de 2015.

En la ratificación de la queja señalaron las denunciantes que pactaron con el disciplinable el 30% por concepto de honorarios por lo que le correspondía de la suma cobrada y recibida la suma de $ 72.191.720.4. Al tiempo que $ 168.447.348 debían ser entregados en el menor tiempo posible sin embargo de las pruebas obrantes se demostró que el togado los retuvo para sí sin que se hubiese evidenciado su devolución.

Así las cosas queda claro que el abogado investigado incurrió en la falta contra la honradez la cual está consagrada en el numeral 4 del artículo 35 de la Ley 1223 de 2007, por cuanto no entregó en la menor brevedad de tiempo los dineros recibidos con ocasión de la gestión encomendada.

Antijuridicidad: En materia disciplinaria el juicio de antijuridicidad hace relación a la infracción de deberes de tal manera que el incumplimiento de estos le marca al sancionador la pauta para determinar la antijuridicidad de la conducta que se cuestiona vía disciplinaria; por tanto, no basta el simple desconocimiento formal de ese deber para que se origine la falta disciplinaria, así pues, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º del estatuto ético del abogado, el profesional del derecho incurre en falta antijurídica cuando con su conducta afecte sin justificación, alguno de los deberes allí consagrados.

En este caso el togado contrarió el deber de honradez que se encuentra consagrado en el numeral 8 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, deber que tiene correlación directa con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007.

Culpabilidad: En el presente caso, la modalidad de la conducta deviene en dolosa, pues está claro que el profesional del derecho en su condición de tal y conforme a las circunstancias expuestas, era consciente (elemento cognoscitivo) de su actuar ilícito, pues luego de haber recibido los dineros, los retuvo injustificadamente, absteniéndose de entregarlos completamente a su destinatario (elemento volitivo), en este caso la víctima dentro del proceso penal.

Sanción: Finalmente, en punto a la sanción impuesta por la primera instancia, esta Sala, en atención a circunstancias tales como la gravedad y modalidad de la conducta, pues se trata de una falta contra la honradez del abogado, desbordante de los límites de la gravedad, en tanto, no solo el monto de lo apropiado ($ 168.447.348) sino que se puso en práctica toda una serie de actos con la cual se arropó el fraude al patrimonio de unas personas que buscaban el resarcimiento por la pérdida de sus progenitores, comportamiento que sin duda causa conmoción y desconfianza en la sociedad respecto de la profesión y la misma administración de justicia.

Comportamientos así, son los que desprestigian la profesión y hacen que la sociedad pierda confianza en los profesionales del derecho, razón por la cual se hace merecedor de reproche disciplinario y la confirmación de la sanción impuesta, la cual se encuentra acorde con los criterios de graduación señalados en los artículos 40 a 45 de la Ley 1123 de 2007, a los cuales se remitió el a-quo al momento de imponerla. Es decir, criterios como la gravedad, modalidad y circunstancias de la falta motivos y forma de realización, son los que se tienen en cuenta para la imposición de la sanción.

Ahora bien, en punto a la sanción impuesta por la primera instancia, se debe tener en cuenta

— La Ley 1123 en su artículo 40, consagra como sanciones, las siguientes: censura, multa, suspensión o exclusión, estando la impuesta por la primera instancia, dentro de las enunciadas.

— De acuerdo con la certificación expedida por la secretaría de la Sala, el letrado, no registra antecedentes disciplinarios.

— La citada normatividad consagra como criterios para la graduación de la sanción los siguientes:

Sobre la trascendencia social de la conducta, es necesario indicar que la conducta desplegada por el letrado investigado es de aquellas que desprestigian la profesión, al desconocer uno de los más caros deberes, como es el de honradez, y hacen que cada día la sociedad pierda confianza en los abogados, razón por la cual, debe ser objeto de un severo reproche disciplinario.

En cuanto la modalidad de la conducta; del acervo probatorio recaudado se colige que el actuar del aquí juzgado, se torna muy grave pues de una forma subrepticia y desleal, cobró un título judicial, omitió entregarle a quien correspondía unos dineros, que por ser ajenos, debían ser sometidos a una entrega diligente, optando el togado por tomarlos motu proprio, desconociendo los intereses de sus clientes. Beneficiando de forma dolosa intereses propios.

Siendo esta la razón principal por la cual, se confirmará la sanción impuesta por la Sala de primera instancia, a pesar de la ausencia de antecedentes disciplinarios, pues resáltese que tal decisión obedeció a que los presupuestos fácticos de la falta imputada están incólumes, lo que no diluye los tintes de suma gravedad a la irregular conducta desplegada por el profesional aquí investigado, quien defraudó intereses de sus clientes.

Razón por la cual, esta Superioridad estima que la sanción máxima impuestas se torna razonable, no solo por el desconocimiento al deber de honradez sino por la evidente mala fe del togado Posada Echavarría.

Y es que atendiendo al principio de proporcionalidad(5) de la sanción, es decir, “la prohibición de exceso”, deducida jurisprudencialmente por la Corte Constitucional de los artículos 1º, 2º, 5º , 6º 11 12 13 y 214 (sic) de la Constitución Política, la cual conduce a la simetría que debe existir entre el hecho y la dosificación a fin de evitar sanciones excesivas, considera la Sala procedente confirmar la sanción impuesta por el a quo, pues los objetivos perseguidos por la sanción disciplinaria, no otros que prevenir futuras omisiones en los deberes y corregir los comportamientos para así garantizar los principios y fines consagrados en la Constitución, la ley y los tratados internaciones(6), así lo aconsejan.

Sobre el perjuicio causado; en primer lugar, es necesario recalcar que el reproche no puede depender de la suma apropiada, sino del incumplimiento injustificado del deber. No obstante, es necesario señalar que los poderdantes del disciplinado habían perdido a sus progenitores, la suma reconocida por el juzgado podía solventar aquellas necesidades morales y materiales que su ausencia podía causar, empero el profesional del derecho aquí juzgado dejó de lado dicha circunstancia y primó sus intereses dando prevalencia a la retención indebida de los mismos.

Igualmente, debe tenerse en cuenta, que a pesar de tener pleno conocimiento de la ilicitud de su conducta, el abogado encartado, no intentó resarcir el daño causado, es más, continúa incurriendo en la conducta reprochada al omitir entregar el dinero que legítimamente les correspondía a sus poderdantes.

Y precisamente en atención a estos axiomas deviene la sanción de exclusión, pues una persona que se comporta de la manera como ha quedado demostrada, no es merecedora de mantenerse en el gremio de los abogados, ya que la abogacía cumple una función social y la conducta del disciplinado contraría ese postulado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 25 de abril de 2017, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, mediante la cual sancionó con EXCLUSIÓN al abogado Luis Felipe Posada Echavarría por su incursión en la falta consagrada en el numeral 4 del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007.

2. ANÓTESE la sanción en el registro nacional de abogados, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la oficina encargada de dicho registro, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria.

3. Por secretaría judicial NOTIFÍQUESE personalmente lo decidido al disciplinado y de no ser posible a través de la notificación subsidiaria en los precisos términos previstos en la ley.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Pedro Alonso Sanabria Buitrago, Presidente—Julia Emma Garzón de Gómez, Vicepresidenta—Magda Victoria Acosta Walteros—Fidalgo Javier Estupiñan CarvajalMaría Lourdes Hernández MindiolaCamilo Montoya ReyesJulio César Villamil Hernández.

Yira Lucia Olarte Ávila, Secretaria Judicial.

1 Con ponencia de la magistrada Claudia Rocío Torres Barajas integrando Sala con el magistrado Gustavo Adolfo Hernández Quiñonez.

2 “Art. 112. Funciones de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura: 4. Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura”.

3 “Art. 59. De la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria Del Consejo Superior de la Judicatura conoce:

1. En segunda instancia, de la apelación y la consulta de las providencias proferidas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura, en los términos previstos en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y en este código (…)”.

4 Magistrado sustanciador Luis Guillermo Guerrero Pérez.

5 Art. 13 Ley 1123 de 2007.

6 Art. 11 ibídem.