Sentencia 2015-00664 de abril 14 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Expediente: 13001-23-33-000-2015-00664-01

Consejero Ponente:

Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés

Actor: Humberto Enrique Guzmán Jiménez

Demandado: Bancolombia S.A.

Referencia: Hábeas data - Tutela no tiene carácter indemnizatorio

Bogotá, D.C., catorce de abril de dos mil dieciséis.

Se decide la impugnación oportunamente interpuesta por la parte actora en contra de la providencia de 23 de octubre de 2015, por medio de la cual la Sala de Decisión 1 del Tribunal Administrativo de Bolívar, denegó la solicitud de amparo del derecho fundamental a la vida digna y declaró la improcedencia de la acción de tutela respecto de la protección del derecho al hábeas data.

I. La solicitud de tutela.

I.1. El señor Humberto Enrique Guzmán Jiménez, promovió acción de tutela en contra de Bancolombia S.A., invocando la protección de sus derechos fundamentales al hábeas data y a la vida digna; los cuales considera vulnerados con ocasión de las actividades de cobro efectuados por parte de dicha entidad bancaria, por presunta mora en uno de los productos adquiridos por el accionante con esta.

I.2. La vulneración de los derechos invocados, es inferida por el accionante, en síntesis, de los siguientes hechos:

1. Manifiesta que, junto a su hermano Erick Jair Guzmán Jiménez, fueron víctimas de secuestro extorsivo, lo que ha generado que se encuentre en una situación económica precaria.

2. Asegura que tal circunstancia fue puesta en conocimiento de la señora Diana Carolina Beltrán Pérez, ejecutiva de crédito de la entidad financiera Bancolombia; sin embargo, la citada funcionaria ha ignorado la aplicación de las leyes 986 de 2005(1) y 1266 de 2008.

3. Afirma que no obstante encontrarse exonerado del pago de la deuda, teniendo en consideración que fueron víctimas de secuestro(2) y se le deben aplicar condiciones especiales para asumir la deuda que adquirieron con dicha entidad financiera; han sido objeto de hostigamiento y persecución para el cobro de la acreencia por parte de Bancolombia, a través de dicha funcionaria.

4. Señala que dicho comportamiento por parte de la señora Diana Carolina Beltrán Pérez, funcionaria de Bancolombia, se le vulneran los derechos fundamentales al mínimo vital y al hábeas data.

En consecuencia, solicita se ordene el cese de cualquier obligación o reporte negativo en relación con su situación financiera y, además, se le indemnice por una suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por los daños y perjuicios que estas circunstancias le han causado.

II. Trámite de la tutela

Mediante auto de 9 de octubre de 2015, el Tribunal Administrativo de Bolívar, admitió la tutela y dispuso la notificación del representante legal de Bancolombia, y de la señora Diana Carolina Beltrán Pérez, en calidad de accionados. Realizadas las notificaciones, las personas vinculadas guardaron silencio en relación con los hechos y pretensiones de la demanda.

III. El fallo impugnado

La Sala de Decisión 1 del Tribunal Administrativo de Bolívar, en Sentencia 135 del 23 de octubre de 2015, declaró la improcedencia del amparo del derecho fundamental al hábeas data y, denegó la protección del derecho a la vida digna, deprecados por el actor.

En relación con el derecho al hábeas data, el Tribunal Administrativo de Bolívar consideró que no se cumplía con uno de los requisitos generales de procedibilidad de la tutela para lograr la protección del mismo, toda vez que no había prueba, siquiera sumaria, en relación con la presentación de la reclamación ante la entidad bancaria para la corrección de la información, cuya rectificación se solicita en sede constitucional; circunstancia sin la cual no se puede adelantar el trámite de la acción de amparo.

Respecto del derecho al mínimo vital, el a quo adujo que, no obstante se predica la presunción de veracidad, de que trata el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, en razón a que las accionadas no rindieron informe respecto de los antecedentes del asunto puesto de presente en la demanda, el actor tampoco allegó prueba alguna que permita establecer las circunstancias que rodean su caso; por lo que, si bien se da por cierto el hecho de que fue víctima de secuestro y que tiene una acreencia con Bancolombia, no hay siquiera indicios de la precaria situación financiera que alega padecer, ni de las circunstancias del secuestro o de las condiciones en las que tiene la deuda con la entidad bancaria referida, las cuales si deben ser probadas para lograr el amparo del derecho al mínimo vital.

IV. Fundamento de la impugnación

Mediante escrito del 20 de octubre de 2015, el actor impugnó el fallo de primera instancia, arguyendo que la acción de amparo sí cumple los requisitos de procedibilidad en relación con el hábeas data, toda vez que el procedimiento que echa de menos el Tribunal Administrativo de Bolívar, previo a la interposición de la presente tutela, no podía efectuarse.

Adujo que la conducta de las accionadas es omisiva, por tanto no podía adelantarse ningún reclamo previo a la acción constitucional.

Insistió en que lo expuesto en la demanda da cuenta de la evidente vulneración de los derechos fundamentales del actor, y anexa nuevamente el escrito de la demanda como sustento de lo manifestado.

V. Consideraciones de la Sala

V.1. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política dispone:

“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuandoquiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública” (...).

“Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable” (negrilla fuera del texto).

Por su parte, el artículo 1º del Decreto 2591 de 1991 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”, establece que la acción de tutela “garantiza los derechos constitucionales fundamentales”.

En concordancia con tal finalidad, el artículo 5º ibídem, señala:

ART. 5º—Procedencia de la acción de tutela. La acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2º de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de particulares, de conformidad con lo establecido en el capítulo III de este decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la acción de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto jurídico escrito” (negrilla fuera del texto).

Dedúcese de las normas transcritas que los presupuestos esenciales de la acción constitucional no son otros distintos que la existencia cierta, concreta y fundada de una conducta activa o pasiva que cause la violación o amenaza de los derechos consagrados por el constituyente como fundamentales, así como de aquellos que les fueren conexos, de acuerdo con las pautas trazadas por la jurisprudencia.

En este sentido, la procedencia de la acción de tutela se determina según el demandante carezca o no de un medio judicial idóneo y expedito para proteger sus derechos fundamentales, para lo cual no basta con registrar en abstracto la eventual existencia de otros instrumentos procesales sino que se torna necesario evaluar su eficacia a la luz de las circunstancias concretas.

En suma y conforme a su naturaleza constitucional, la acción de tutela es el instrumento preferente de protección y garantía de los derechos fundamentales, cuyo ejercicio debe estar dirigido a obtener su amparo efectivo e inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.

V.2. El caso concreto

En el sub lite pretende el actor que se le amparen los derechos fundamentales al mínimo vital y al hábeas data; y, como consecuencia de lo anterior, se ordene el cese de cualquier obligación que tenga con Bancolombia y del reporte negativo respecto de su situación financiera; y se le reconozca una indemnización por los perjuicios causados por parte de las personas accionadas.

En primera instancia se declaró la improcedencia de la acción de tutela respecto del derecho al hábeas data, por no haberse surtido, antes de presentarse la tutela, el requisito de la solicitud previa de rectificación de la información ante la entidad demandada, de que trata el numeral 6(3) del artículo 16 de la Ley 1266 de 2008. Igualmente, se denegó la solicitud de amparo en relación con el derecho al mínimo vital, por no haberse acreditado la situación financiera precaria en la que el actor afirma encontrarse.

En el escrito de impugnación, el actor insiste en la procedencia de la acción de tutela puesto que, en su caso, no debía agotarse el requisito previo de solicitud de corrección de la información reportada, por tratarse de una omisión(4) por parte de la entidad accionada, al desconocer y negarse a cumplir la Ley 1266 de 2008.

En ese orden de ideas, la controversia gira en torno a establecer si, para el caso, resulta necesario el agotamiento del requisito de procedibilidad de la acción de tutela, para lograr la protección del derecho al hábeas data; y si resulta viable la acción de amparo para lograr el amparo del derecho fundamental al mínimo vital y para lograr la indemnización de los perjuicios que reclama el accionante.

Sobre el particular, la Sala considera pertinente, previo a analizar el fondo del asunto, referirse i) al derecho fundamental al hábeas data; ii) la procedibilidad de la acción de tutela para procurar su defensa; y, iii) al logro de indemnizaciones a través de la acción de tutela.

i) Derecho fundamental al hábeas data. El artículo 15 de la Constitución Política establece el derecho que tiene toda persona “a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas”.

Sobre el particular, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha desarrollado el contenido y alcance de este derecho, en especial sobre la administración de datos personales de carácter financiero, recopilados por centrales de información y destinadas al cálculo del nivel de riesgo crediticio; al que se ha denominado hábeas data financiero.

En tal virtud, la jurisprudencia ha determinado que el hábeas data financiero es el derecho que tiene todo individuo “a conocer, actualizar y rectificar su información personal comercial, crediticia y financiera, contenida en centrales de información públicas o privadas, que tienen como función recopilar, tratar y circular esos datos con el fin de determinar el nivel de riesgo financiero(5) de su titular”(6).

En ese sentido, en razón a que este derecho fundamental está dirigido a preservar los intereses del titular de la información ante el potencial abuso del poder de las centrales de información financiera, destinada al cálculo del riesgo crediticio; la jurisprudencia(7) ha establecido, que la actividad del manejo de bancos de datos debe obedecer a los principios de libertad, necesidad, veracidad, integridad, incorporación, finalidad, utilidad, circulación restringida, caducidad e individualidad.

Así las cosas, en atención al principio de libertad, las actividades de registro y divulgación de los datos personales solo pueden ejercerse “con el consentimiento libre, previo y expreso del titular de esa información, esto es, el sujeto concernido”(8).

Por su parte, el principio de necesidad implica que “la información personal concernida debe ser aquella estrictamente necesaria para el cumplimiento de los fines de la base de datos. Esta previsión trae como consecuencia que se encuentre prohibido el registro y divulgación de datos que no guarden una relación estrecha con el objetivo de la base de datos”(9).

Según el principio de veracidad, los datos personales deben corresponder a situaciones reales, lo que impone la prohibición de recopilar, procesar y circular información falsa, errónea o equívoca(10).

El principio de integridad, que se relaciona íntimamente con el de la veracidad, impone la obligación a las fuentes de información y a los operadores de suministrar y recopilar datos personales completos, de tal forma que está prohibido el registro y divulgación de información parcial, incompleta o fraccionada(11).

De acuerdo con el principio de finalidad, “las actividades de acopio, procesamiento y divulgación de la información personal deben obedecer a un fin constitucionalmente legítimo y que, a su vez, debe ser definido de forma clara, suficiente y previa. Esto implica que quede prohibida (i) la recopilación de información personal sin que se establezca el objetivo de su incorporación a la base de datos; y (ii) la recolección, procesamiento y divulgación de información personal para un propósito diferente al inicialmente previsto y autorizado por el titular del dato”(12).

De conformidad con el principio de utilidad, las actividades de acopio, procesamiento e información de datos personales deben cumplir una función determinada, acorde con el ejercicio legítimo de la administración de los mismos(13).

De otra parte, y estrechamente ligado a los principios de finalidad y libertad, el principio de circulación restringida implica que las actividades de recolección, procesamiento y divulgación de información personal estén sometidas a los límites específicos determinados por el objeto de la base de datos, por la autorización del titular y por la finalidad de los mismos. Por lo tanto, está prohibida la divulgación indiscriminada de datos personales(14).

Según el principio de incorporación, en los casos en que la recolección de información personal en bases de datos signifique situaciones ventajosas para su titular, el operador de la base estará obligado a incorporarlos, si el titular reúne los requisitos que el orden jurídico exija para tales efectos(15).

El principio de caducidad(16) estipula que la información desfavorable del titular debe ser retirada de las bases de datos, de forma definitiva, con base en criterios de razonabilidad y oportunidad; por lo cual, está prohibida “la conservación indefinida de datos personales, después que hayan desaparecido las causas que justificaron su acopio y administración”(17).

Por último, el principio de individualidad obliga a los operadores a mantener separadas las bases de datos que se encuentren bajo su administración, de manera que está prohibida la conducta que tenga por objeto facilitar el cruce de datos a partir de la acumulación de informaciones provenientes de diferentes bases de datos(18).

En ese orden de ideas, el derecho al hábeas data se materializa en el hecho de que su titular pueda, i) conocer la información que sobre él reposa en las centrales de datos (verificar en qué bases está reportado y verificar el contenido de los datos recopilados); ii) actualizar la información en ellas contenida (lo que implica la actualización sobre el estado de las obligaciones financieras); y, iii) a que se rectifique la información que no corresponda con la realidad.

ii) Procedencia de la acción de tutela para procurar el amparo del derecho al hábeas data. Teniendo en consideración que la acción de tutela, tiene el carácter de mecanismo subsidiario y residual; en el caso del derecho fundamental al hábeas data, la jurisprudencia(19) de la Corte Constitucional ha establecido que para resolver los conflictos relacionados con el recaudo, administración y uso de la información personal, se debe hacer uso de las herramientas contempladas en la Ley Estatutaria 1266 de 2008, “por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones”.

En ese sentido, la ley estatutaria prevé como alternativas, (i) formular derechos de petición al operador de la información o a la entidad fuente de la misma, para acceder a los datos que han sido consignados o para solicitar que estos sean corregidos o actualizados (art. 16); (ii) presentar reclamaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio o la Superintendencia Financiera —según la naturaleza de la entidad vigilada—, para que se ordene la corrección, actualización o retiro de datos personales, o para que se inicie una investigación administrativa por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 1266 de 2008 (art. 17); y, (iii) acudir a los mecanismos judiciales que el ordenamiento jurídico establece para efectos de debatir lo concerniente a la obligación reportada como incumplida.

Cabe resaltar que, no obstante lo anterior, el numeral 6º del artículo 16 de la misma ley, prevé que se pueda ejercer la acción de tutela para solicitar el amparo del derecho fundamental al hábeas data; norma que guarda relación con lo dispuesto por el numeral 6º del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991(20), que establece que la acción de tutela contra particulares procede, cuando “la entidad privada sea aquella contra quien se hubiere hecho la solicitud en ejercicio del hábeas data, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Constitución”.

Teniendo con consideración lo expuesto, a partir del contenido normativo de las disposiciones referidas, la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional ha señalado que, en aquellos casos en los que se discute el derecho fundamental al hábeas data, es presupuesto fundamental para el ejercicio de la acción de tutela que el afectado haya solicitado la aclaración, corrección, rectificación o actualización del dato o de la información que considera errónea, de manera previa a la interposición del mecanismo de amparo constitucional:

“[E]l derecho fundamental de hábeas data, exige que se haya agotado el requisito de procedibilidad, consistente en que el actor haya hecho solicitud previa a la entidad correspondiente, para corregir, aclarar, rectificar o actualizar el dato o la información que tiene sobre él, pues así se desprende del contenido del artículo 42, numeral 6º del Decreto 2591 de 1991, que regula la procedencia de la acción de tutela contra particulares”(21).

Esta solicitud, según también lo ha precisado la jurisprudencia constitucional, debe haber sido formulada ante la entidad fuente de la información, es decir, frente a quien efectúa el reporte del dato negativo, con el fin de que se le brinde a ella la oportunidad de verificar directamente la situación y, de ser lo indicado, de adoptar las medidas que correspondan.

Si formulada esa solicitud la fuente de la información insiste en el reporte negativo, la acción de tutela será procedente en aras de determinar si en el caso concreto se ha presentado una vulneración o no del derecho fundamental al hábeas data del titular.

En el presente asunto, tal y como lo determinó el a quo, el actor no presentó prueba siquiera sumaria que acreditara el cumplimiento del requisito previo de procedibilidad de la acción de tutela cuando se pretende el amparo del derecho fundamental al hábeas data.

En el expediente no reposa, documento físico o electrónico, que dé cuenta de alguna solicitud por parte del actor ante Bancolombia de rectificar, anular o modificar alguna información suya que hubiere sido reportada a una central de manejo de datos crediticios.

Tampoco puede darse aplicación a la presunción de que trata el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, en la que, ante la ausencia de informe por parte del accionado(22), se tendrán como ciertos los hechos puestos de presente en la demanda, toda vez que el actor no hace referencia alguna a haber ejercido el derecho de hábeas data frente a dicha entidad bancaria o ante alguna central de riesgo, ni aporta elementos que permitan deducir que tal actividad fue desplegada.

En el escrito de impugnación, afirma que no podía haberse realizado reclamación alguna frente a Bancolombia, porque lo que se reclamaba de aquella era la omisión; sin que exista claridad respecto a la actividad que la entidad financiera se ha negado a realizar ni sobre qué asunto.

En tal virtud, al no acreditarse el cumplimiento del requisito de procedibilidad de la acción de tutela para lograr el amparo del derecho al hábeas data, consistente en la reclamación previa de modificación, aclaración o rectificación de la información ante el operador de la base de datos o ante la entidad fuente de la misma, resulta improcedente el ejercicio de la presente acción. En consecuencia, se confirmará en ese aspecto el fallo impugnado.

iii) Reconocimiento de indemnizaciones a través de la acción de tutela. Respecto de este tema resulta pertinente recordar que la acción de tutela no está concebida para perseguir el otorgamiento de beneficios, definición de derechos litigiosos ni para resolver controversias de contenido económico, toda vez que esta se encuentra diseñada para lograr la protección de derechos ciertos e indiscutibles de carácter fundamental, esto es, que no exista duda sobre si la persona es titular del derecho y que este tenga rango constitucional.

De otro lado, si bien el artículo 25(23) del Decreto 2591 de 1991, establece la posibilidad para el juez constitucional, de oficio, “ordenar en abstracto la indemnización del daño emergente causado si ello fuere necesario para asegurar el goce efectivo del derecho”, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha determinado que tal circunstancia se puede dar, siempre que se cumplan los presupuestos que trae la norma, toda vez que la acción de tutela no tiene carácter indemnizatorio.

Así las cosas, en Sentencia SU-256 de 1996, la Corte fijó como presupuestos para acceder por esta vía al reconocimiento de los perjuicios ocasionados, por la vulneración de derechos fundamentales, las siguientes condiciones: “(i) que la tutela sea concedida; (ii) que el afectado no disponga de otro medio judicial para obtener el resarcimiento del perjuicio; (iii) que la violación del derecho haya sido manifiesta y consecuencia de una acción clara e indiscutiblemente arbitraria; (iv) que la indemnización sea necesaria para asegurar el goce efectivo del derecho; (v) que se haya garantizado el debido proceso a quien resulte condenado y, en particular, que haya tenido la posibilidad de controvertir las pruebas”(24).

En el sub examine, el actor explica que la actuación desplegada por parte de Bancolombia, que persigue el pago de una acreencia que el accionante contrajo con ella, ha derivado en una condición económica precaria y ser víctima de secuestro extorsivo, por lo que persigue una indemnización por parte de esa entidad bancaria, equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Sobre el particular, encuentra la Sala que no obstante el actor afirma encontrarse en una situación económica que compromete su sustento mínimo, no allega prueba alguna que respalde tales afirmaciones. Tampoco se aporta prueba de que el accionante hubiere sido víctima del delito secuestro ni que se encuentre en las condiciones excepcionales de que trata la Ley 1266 de 2008, para que sea beneficiario de las mismas.

Resulta pertinente poner de presente que para que se pueda dar el amparo del derecho al mínimo vital, el accionante debe probar que tal circunstancia existe, pues de lo contrario, no procederá la acción de tutela, puesto que no se ve comprometido ningún derecho fundamental sino que se discuten asuntos meramente económicos, para los que cuenta con otros medios de defensa judicial.

En tal virtud, de acuerdo con lo expuesto, al no cumplirse los requisitos arriba expuestos para que pueda el juez de tutela pueda reconocer el pago de una indemnización por daño emergente, de que trata el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, se confirmará el proveído impugnado que negó el amparo del derecho al mínimo vital y a la indemnización deprecada.

Así las cosas, y por las razones antes señaladas, se confirmará la providencia impugnada que, declaró la improcedencia de la acción de tutela para lograr la protección del derecho al hábeas data, y denegó el amparo solicitado respecto del derecho al mínimo vital, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia del 23 de octubre de 2015, proferida por la Sala de Decisión 10 del Tribunal Administrativo de Bolívar, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

2. Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Magistrados: Roberto Augusto Serrato Valdés—María Elizabeth García González—María Claudia Rojas Lasso—Guillermo Vargas Ayala.

1 Ley 986 de 2005. “Por medio de la cual se adoptan medidas de protección a las víctimas del secuestro y sus familias, y se dictan otras disposiciones”.

2 El escrito de tutela es confuso, carece de una relación clara y coherente de los hechos, por lo cual no hay referencia de las circunstancias del secuestro, la fecha y la duración del mismo. Tampoco del crédito adquirido, monto, tiempo en el que se desembolsó, cuotas adeudadas o intereses por pagar.

3 Ley 1266 de 2008. Artículo 16. “(...) 6. Sin perjuicio del ejercicio de la acción de tutela para amparar el derecho fundamental del hábeas data, en caso que el titular no se encuentre satisfecho con la respuesta a la petición, podrá recurrir al proceso judicial correspondiente dentro de los términos legales pertinentes para debatir lo relacionado con la obligación reportada como incumplida. La demanda deberá ser interpuesta contra la fuente de la información la cual, una vez notificada de la misma, procederá a informar al operador dentro de los dos (2) días hábiles siguientes, de forma que se pueda dar cumplimiento a la obligación de incluir la leyenda que diga “información en discusión judicial” y la naturaleza de la misma dentro del registro individual, lo cual deberá hacer el operador dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a haber recibido la información de la fuente y por todo el tiempo que tome obtener un fallo en firme. Igual procedimiento deberá seguirse en caso que la fuente inicie un proceso judicial contra el titular de la información, referente a la obligación reportada como incumplida, y este proponga excepciones de mérito”.

4 El escrito de la impugnación no aporta elemento alguno para esclarecer las circunstancias que rodean la situación que el actor reporta como vulneradora de sus derechos fundamentales.

5 El riesgo financiero definido como “la posibilidad de que una entidad incurra en pérdidas y se disminuya el valor de sus activos, como consecuencia de que un deudor o contraparte incumpla sus obligaciones”. Cfr. Superintendencia Financiera de Colombia. Circular Básica Contable y Financiera 100 de 1995. Capítulo II.

6 Corte Constitucional. Sentencia C-1011 de 2008. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

7 Corte Constitucional. Sentencia T- 729 de 2002. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

8 Ibídem.

9 Corte Constitucional. Sentencia T-307 de 1999. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

10 Corte Constitucional. Sentencias SU-082 de 1995 y SU-089 de 1995.

11 Corte Constitucional. Sentencia SU-082 de 1995. M.P. Jorge Arango Mejía.

12 Corte Constitucional. Sentencia T-022 de 1993. M.P. Ciro Angarita Barón.

13 Corte Constitucional. Sentencia T-119 de 1995. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

14 Corte Constitucional. Sentencia T- 729 de 2002. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

15 Corte Constitucional. Sentencia T-307 de 1999. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

16 Sobre el tema, consultar sentencias SU-089 de 1995, T-527 de 2000, T856 de 2000, T-578 de 2001.

17 Corte Constitucional. Sentencia T-414 de 1992. M.P. Ciro Angarita Barón.

18 Ibídem.

19 Corte Constitucional. T. 883 de 2013. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

20 Decreto 2591 de 1991, “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

21 Sentencia T-727 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Además, a este mismo asunto se han referido las sentencias T-131 de 1998, M.P. Hernando Herrera Vergara; T-857 de 1999, M.P. Carlos Gaviria Díaz; T-467 de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; y T-284 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

22 Ninguno de los accionados rindió informe durante el trámite de la acción de tutela.

23 “ART. 25.—Indemnizaciones y costas. Cuando el afectado no disponga de otro medio judicial, y la violación del derecho sea manifiesta y consecuencia de una acción clara e indiscutiblemente arbitraria, además de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, en el fallo que conceda la tutela el juez, de oficio, tiene la potestad de ordenar en abstracto la indemnización del daño emergente causado si ello fuere necesario para asegurar el goce efectivo del derecho así como el pago de las costas del proceso”.

24 Corte Constitucional. Sentencia SU-256 de 1992. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.