Sentencia 2015-00666 de mayo 14 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Radicación 250002336000201500666-01

Consejera Ponente:

Dra. Susana Buitrago Valencia

Acción de tutela - Fallo de segunda instancia

Actor: Miguel Humberto Gámez Soto

Tutelados: Registraduría Nacional del Estado Civil y Alcaldía Mayor de Bogotá

EXTRACTOS: «II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La Constitución Política en el artículo 86 consagró una acción especial para facilitar la garantía inmediata de los derechos fundamentales dotada de un procedimiento breve y sumario que tiene como rasgos esenciales la subsidiariedad y la residualidad porque solo procede si no existe otro mecanismo judicial ordinario de defensa de los derechos que se consideran amenazados o conculcados.

No obstante, esta causal de improcedencia se excepciona, a las voces del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, cuando el reclamo de protección se propone como mecanismo transitorio con el fin de evitar un perjuicio irremediable, el que será valorado por el juez constitucional según las circunstancias en las que se encuentre el actor con el fin de establecer que el medio judicial ordinario no resulta idóneo para evitarlo o remediarlo.

1. Cuestión previa - La solicitud de nulidad.

El accionante en el escrito mediante el cual sustenta la impugnación contra la sentencia de primera instancia manifiesta que la solicitud de tutela se contestó de manera extemporánea motivo por el cual cualquier documento que se haya aportado no puede tenerse en cuenta ni considerarse las respuestas por haberse presentado por fuera de oportunidad.

Sobre el particular la Sala precisa al accionante que la decisión del juez de primera instancia tuvo como base el argumento principal de improcedibilidad de la acción por existencia de otro medio de defensa judicial sin que para ello necesitara apoyarse en las contestaciones a la solicitud de tutela.

De otra parte el actor no concretó en cuál de las causales de nulidad taxativas enlistadas en el artículo 133 del Código General del Proceso se pudo haber incurrido en el trámite de la solicitud de tutela. No obstante, revisadas estas, la Sala no aprecia de qué manera se pudo haber incurrido en nulidad y vulnerado el derecho fundamental al debido proceso del accionante por el hecho de haberse presentado de manera extemporánea unos documentos que, como se dijo en el párrafo precedente, no resultaban necesarios para que el juez determinara la improcedencia de la acción por existir otro mecanismo de defensa judicial.

Por lo anterior la Sala despachará desfavorablemente la solicitud de nulidad.

2. Caso concreto.

Para iniciar con el estudio de la impugnación, la Sala considera necesario precisar que los recursos que se proponen contra las decisiones dictadas por los jueces en primera instancia, tienen por finalidad que el superior funcional de estos las examine y, de considerarlo necesario, las reforme o revoque.

Conforme con lo anterior, el Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la acción de tutela, consagra en el artículo 31(7) la posibilidad de impugnar los fallos de tutela dictados en primera instancia.

Por su parte el artículo 32(8) ídem, en el inciso segundo prevé que el juez que conozca de la impugnación debe estudiar su contenido y cotejarlo con el acervo probatorio y el fallo objeto de revisión.

A su vez el Código General del Proceso, aplicable para interpretar las disposiciones sobre el trámite de la acción tutela en todo aquello que no le sea contrario(9), dispone en el artículo 320(10) que el recurso de alzada tiene por objeto que el juez examine la decisión de primera instancia con sujeción a los reparos concretos formulados por el impugnante.

Conforme al anterior recuento normativo, es evidente que cuando se impugna una sentencia de tutela y esta se sustenta, corresponde al juez de segunda instancia: (i) estudiar los argumentos expuestos en la impugnación con sujeción a los reparos que allí se formulen y compararlos con el fallo, pues resulta diáfano que si las explicaciones no se dirigen a controvertir la decisión recurrida o no guardan relación con la misma, corresponde al ad quem confirmar la decisión de primera instancia.

En el asunto bajo estudio la Sala confirmará la sentencia dictada el 13 de marzo de 2015 por la Sección Tercera, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pues comparados los argumentos de la impugnación con el escrito inicial de tutela y lo decidido en el fallo, se aprecia de manera evidente que el señor Gámez Soto no controvierte la citada decisión judicial pues como quedó sintetizado en el capítulo denominado “La impugnación” de esta providencia se trató de una solicitud de nulidad procesal que, se reitera, no se dirigen a desvirtuar los argumentos con los cuales el Tribunal a quo negó el amparo solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

1. NO ACCEDER a la solicitud de nulidad presentada por el señor Miguel Humberto Gámez Soto, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. CONFIRMAR la sentencia del 13 de marzo de 2015 dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B.

3. NOTIFICAR esta providencia en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

4. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes al de la ejecutoria de esta providencia, de conformidad con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

Notifíquese y cúmplase».

7 “ART. 31.—IMPUGNACIÓN DEL FALLO. Dentro de los tres días siguientes a su notificación el fallo podrá ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato.

Los fallos que no sean impugnados serán enviados al día siguiente a la Corte Constitucional para su revisión”.

8 “ART. 32.—TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo.

El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará. En ambos casos, dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria del fallo de segunda instancia, el juez remitirá el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión” (Negrita fuera de texto).

9 Así lo consagra el artículo 4º del Decreto 306 de 1992, según el cual: “De los principios aplicables para interpretar el procedimiento previsto por el Decreto 2591 de 1991. Para la interpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se aplicarán los principios generales del Código de Procedimiento Civil, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto. Cuando el juez considere necesario oír a aquel contra quien se haya hecho la solicitud de tutela, y dicha persona sea uno de los funcionarios que por ley rinden declaración por medio de certificación jurada, el juez solicitará la respectiva certificación”.

10 “ART. 320.—FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.

Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71” (Negrita fuera de texto).