SENTENCIA 2015-00715 DE MAYO 17 DE 2017

 

Sentencia 2015-00715 de mayo 17 de 2017

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 730011102000201500715-01

Magistrado Ponente:

Dr. Fidalgo Javier Estupiñan Carvajal

Aprobado según Acta 40 de la fecha.

Proyecto Registrado el dieciséis de mayo de dos mil diecisiete

Bogotá, D.C., diecisiete de mayo de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia. La Sala tiene competencia para conocer en consulta los fallos sancionatorios emitidos por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 de la Ley 270 de 1996(2) y 59 de la Ley 1123 de 2007(3); ahora bien, establecida la calidad de abogado en ejercicio del disciplinado, procede la Sala a adoptar la decisión que en derecho corresponde, no evidenciando irregularidad que pueda viciar de nulidad lo actuado.

Es necesario aclarar que si bien es cierto, el Acto Legislativo 2 del 1º de julio de 2015, modificó el capítulo 7 del título VII de la Constitución Política, suprimiendo el Consejo Superior de la Judicatura, también lo es que en sus artículos 18 y 19, estableció unas medidas transitorias con el fin de garantizar la continuidad en el ejercicio de las funciones que se encontraban a su cargo.

En este sentido, estipuló que “Los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

Aunado a lo anterior, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, analizando este aspecto, consideró:

“De acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 2 de 2015, cabe entender que, hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones. Ello significa que, actualmente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no solo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela(4) (resaltado nuestro).

En consecuencia, como en la actualidad esta Sala conserva sus funciones y competencias, se encuentra facultada para emitir la decisión que en derecho corresponda en el presente asunto.

Si bien es cierto el artículo 26 de la Constitución política consagra que “(...) toda persona es libre de escoger profesión u oficio, dejándole al legislador la regulación de la misma (...)”. También lo es que el fin último de la interpretación de la ley disciplinaria deontológica es la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos y garantías debidos a las personas que en él intervienen.

Para proferir fallo sancionatorio se hace exigible que medie prueba del cargo y certeza del juicio de responsabilidad sobre la falta imputada; de igual manera las pruebas que gobiernen la investigación disciplinaria deberán apreciarse en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, debiéndose observar cuidadosamente los principios rectores de la Ley Procesal Penal, básicamente los de legalidad, debido proceso, resolución de duda, presunción de inocencia, culpabilidad y favorabilidad.

2. Asunto a resolver. Procede la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura a revisar en grado jurisdiccional de consulta la sentencia proferida el 25 de noviembre de 2016 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Tolima(5), mediante la cual sancionó con suspensión de doce (12) meses del ejercicio de la profesión y multa de seis (6) salarios mínimos legales mensuales vigentes, al abogado Juan Carlos González Arroyave identificado la cédula de ciudadanía 79.354.691, portador de la Tarjeta Profesional vigente número 69.218, al hallarlo responsable de las faltas previstas en el artículo 37, numeral 1º a título de culpa, y el artículo 34, literal d, a título de dolo, en concordancia con el artículo 28, numerales 8º y 10º de la Ley 1123 de 2007.

3. Caso concreto.

3.1. Tipicidad.

En el caso bajo examen, el abogado fue sancionado por la comisión de las faltas previstas en el artículo 34, literal d y el artículo 37, numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, los cuales estipulan lo siguiente:

Faltas
Primer cargoSegundo cargo
Artículo 34. Constituyen faltas de lealtad con el cliente:
(…)
d) No informar con veracidad la
constante evolución del asunto
encomendado o las posibilidades de mecanismos alternos de solución de conflictos;
Artículo 37. Constituyen faltas a la debida diligencia profesional:
(…)
1. Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas.

3.1.1. Primer cargo.

Artículo 34. Constituyen faltas de lealtad con el cliente:

(…)

d) No informar con veracidad la constante evolución del asunto encomendado o las posibilidades de mecanismos alternos de solución de conflicto”.

En Sentencia C-30 de 2012, con ponencia del Magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, se desarrolló ampliamente el concepto de tipicidad en el campo del derecho sancionador, resaltando el objetivo de la pre-existencia de la norma, el cual se centra en limitar la facultad discrecional en el ejercicio del poder sancionatorio; además, se estudiaron los aspectos que deben regularse en la norma sancionatoria, como a continuación se expone:

“El principio de tipicidad en materia disciplinaria exige que la norma creadora de las infracciones y de las sanciones, debe describir clara, expresa e inequívocamente las conductas que pueden ser sancionadas y el contenido material de las infracciones, así como la correlación entre unas y otras. La jurisprudencia de esta Corte ha sostenido que el principio de tipicidad se compone de dos aspectos, (i) que exista una ley previa que determine la conducta objeto de sanción; y (ii) la precisión que se emplee en ésta para determinar la conducta o hecho objeto de reproche y la sanción que ha de imponerse; aspecto éste que se orienta a reducir al máximo la facultad discrecional de la administración en el ejercicio del poder sancionatorio que le es propio.

(…)

Son varios los aspectos normativos que debe regular de manera clara y expresa la norma sancionatoria: (i) el grado de culpabilidad del agente (si actuó con dolo o culpa); (ii) la gravedad o levedad de su conducta (si por su naturaleza debe ser calificada como leve, grave o gravísima); y (iii) la graduación de la respectiva sanción (mínima, media o máxima según la intensidad del comportamiento). Si el precepto que contiene la conducta jurídicamente reprochable no permite definir tales aspectos, el mismo resulta contrario al principio de tipicidad y proporcionalidad y, por tanto, resulta inconstitucional.

(…)

La naturaleza de las conductas reprimidas, los bienes jurídicos involucrados, la teleología de las facultades sancionatorias, los sujetos disciplinables y los efectos jurídicos que se producen frente a la comunidad, hacen que la tipicidad en materia disciplinaria admita en principio cierta flexibilidad, siendo, la razón fundamental de esta característica del derecho disciplinario originada en la naturaleza misma de las normas disciplinarias, toda vez que éstas suelen carecer de completud y autonomía, ya que es necesario remitirse a otras preceptivas en donde se encuentren regulados en concreto los deberes, funciones, obligaciones o prohibiciones para los diferentes servidores públicos, teniendo en cuenta los cargos y ramas del poder público a los que pertenezcan”.

Lo anterior, se encuentra en consonancia con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 1123 de 2007, el cual estableció que el abogado solo será investigado y sancionado disciplinariamente por comportamientos que estén descritos como falta en la ley vigente al momento de su realización y conforme a las reglas fijadas en este código o las normas que lo modifiquen.

Ahora bien, sobre el caso que nos ocupa, tenemos que la denunciante puso de presente, que nunca tuvo conocimiento del estado real de las diligencias por negligencia de su abogado, quien le daba información errónea sobre el proceso, limitándose tan solo a presentar el poder, habiéndosele solicitado abono al pago de los honorarios por el trámite del proceso informándole el profesional a la quejosa que el proceso se encontraba para fallo.

Posterior a ello, en el escrito de queja, puntualizó que al ver que no se llamaban los testigos que se solicitaron en la demanda ni se había practicado la inspección judicial al inmueble, en el mes de septiembre de 2014, acudió al Juzgado para preguntar por el proceso, indicándosele que el mismo había sido archivado desde el mes de agosto de 2012, procediendo a llamarlo sin obtener respuesta y a ubicarlo en la dirección que le había suministrado lugar donde le indicaron que la oficina del abogado ya no se ubicaba en ese lugar.

En definitiva, esta Sala comparte el planteamiento del a quo, toda vez que el profesional del derecho recibió poder por parte de la aquí denunciante, para que la representara dentro del proceso ordinario de pertenencia que se adelantaba en el Juzgado Segundo Civil del Circuito del Espinal, bajo el radicado 2010-230, indicándose como bien lo hizo el Seccional, que el togado se limitó solo a presentar una sustitución del poder, manteniendo en el engaño a quien le confirió poder, prolongándose estas maniobras desleales hasta el 2014, solicitando continuamente dineros para gastos, desplazamientos e incluso abonos para honorarios, cuando el proceso ya no se encontraba activo.

Las declaraciones realizadas por los distintos familiares de la denunciante el 6 de julio de 2016, por despacho comisorio librado al Juzgado 2º Promiscuo Municipal de Flandes, corroboran lo expuesto con anterioridad, dando soporte a lo expuesto por la quejosa en su escrito de inconformidad ante la Seccional, en donde todos los testimonios se intersectan en que se contrató al profesional del derecho para que le llevara un proceso sobre la pertenencia de un bien inmueble y que para tal fin el abogado en varias ocasiones le solicitó dinero, indicándole a la denunciante que prontamente saldrían sus pretensiones avante.

Además, señalaron los declarantes que en varias ocasiones el abogado fue a la casa de la quejosa, donde se le hacía entrega del dinero que solicitaba para el trámite del proceso; pero que el togado nunca dio un informe claro y fidedigno sobre el estado del proceso, que tan solo se limitaba a decir que en un mes cierto, “iban a celebrar”, por cuanto saldría favorablemente el proceso.

Por tales razones, esta Sala se adhiere a la postura del juez de primera instancia, puesto que las circunstancias fácticas y probatorias, indican con grado de certeza que el doctor González Arroyave no informó con veracidad el desenvolvimiento y desarrollo del proceso, actuación que no solo cumplió, sino que tergiversó y mantuvo bajo falsas expectativas a quien fuera su mandante.

3.1.2. Segundo cargo.

Artículo 37. Constituyen faltas a la debida diligencia profesional:

(…)

1. Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas”.

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, le endilgó al disciplinado la falta consagrada en el numeral 1º artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, toda vez que su actuar se constituyó en las denominadas faltas contra la diligencia profesional, en el entendido de que demoró la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas, dejando de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuaciones profesionales, descuidándolas y abandonándolas.

Respecto a la presente falta, no ha sido pacifico el desarrollo jurisprudencial por parte de esta corporación, resaltando el estudio minucioso realizado por el Magistrado Angelino Lizcano Rivera en sentencia radicado 110011102000201102800-01(6), en donde estipuló lo siguiente:

“El tipo disciplinario endilgado al profesional, previsto en esta norma concentró en un solo texto las faltas y las modalidades de comportamiento. Es por ello que hoy, los verbos rectores de esta falta están representados en las conductas de demorar la iniciación o prosecución de las gestiones, esto es, retardar, diferir, dilatar lo que se debe hacer, como en el caso bajo estudio; así las cosas, incurre en esta falta quien se toma más del tiempo necesario para presentar una demanda o para realizar una petición que resulta procedente dentro de un proceso determinado. También incurre en falta quien deja de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, es decir y por contraposición al verbo anterior en el cual se hace pero tomando más del tiempo requerido, aunque sin que ese transcurso del tiempo comporte el rechazo de la solicitud o la pérdida de la oportunidad, de acuerdo con esta conducta se sanciona a quien no hizo lo que tenía que hacer, dentro de la oportunidad para ello, verbi gratia no interpuso el recurso, no presentó excepciones, no aportó la expensas requeridas para remitir el expediente a la segunda instancia, etcétera.

En la misma falta disciplinaria incurre el togado que descuida la gestión, esto es, que no asume el encargo con la diligencia debida, no ejerce la vigilancia que exige la gestión encomendada, no hace todo lo que está a su alcance en desarrollo de la misma, por ejemplo, descuida la gestión el abogado que no visita periódicamente el despacho judicial donde se tramita el asunto encomendado, para ejercer la vigilancia idónea que le permita estar al tanto de la evolución procesal, del surgimiento y preclusión de las oportunidades procesales, etcétera y finalmente, incurre en la falta sub examine quien abandona la gestión, es decir quien la desampara, quien deja de atender el asunto o se desentiende por completo.

Ahora, la conducta examinada ha sido considerada por la doctrina y jurisprudencia disciplinaria como de ejecución permanente, por cuanto se proyecta hasta cuando al abogado le es legalmente exigible adelantar la gestión, retomarla o enderezar el camino perdido como consecuencia de su falta de diligencia”.

Sobre el presente asunto, tenemos que el 11 de abril de 2012, se le otorgó poder al abogado encartado, para que continuara con el trámite del proceso ordinario de pertenencia por prescripción adquisitiva de dominio adelantado en contra del ICBF ante el Juzgado 2º Civil del Circuito del Espinal, entregándole al momento de la concesión del poder la suma de trescientos mil pesos ($ 300.000) para gastos procesales con el objeto de que se realizaran nuevamente los edictos que se habían rechazado previamente por el Despacho Judicial por haberse publicado estos por fuera de término.

Con posterioridad, la misma quejosa, tanto en ampliación de la queja como en el escrito primigenio que se constituyó como denuncia, indicó que el 31 de mayo de 2012, el Juzgado profirió auto en el que ordenó que en el término de 30 días se le dé impulso al proceso y se proceda a las notificaciones a la parte demandada, pero no habiéndose realizado lo anterior, el Despacho Judicial mediante decisión del 14 de agosto de 2012 decretó la terminación del proceso por desistimiento tácito de la acción.

Conforme a lo anterior, es evidente para esta Sala, la existencia de una cadena eslabonada de errores que tuvieron un desenlace adverso para la denunciante, siendo componentes esenciales de la expuesta leontina, la negligencia, la desidia y el desinterés que mostró el togado a lo largo del trámite que le fue conferido, actuando de forma irresponsable, toda vez que sus actuaciones se limitaron a la solicitud de reconocimiento de personería para actuar dentro del proceso de pertenencia, pero que de allí no trascendió su proceder jurídico, observándose con posterioridad, que sin ningún deparo, el togado le manifestó a los familiares sucesos que jamás ocurrieron, llegando a elevar promesas sin asidero jurídico, llegando al punto de verificarse, que la denunciante nunca tuvo conocimiento actualizado del avance de las diligencias por negligencia de su abogado quien le daba información errónea sobre el proceso

Por tanto, la falta endilgada responde a un nomem iuris, esto es, a la primacía de la realidad, que determina para el caso en específico, que el abogado con su actuar negligente perjudicó las expectativas de su poderdante, siendo probado conforme a la inspección judicial realizada por el a quo, que en definitiva, jamás se reportó con ninguna actuación para impulsar el proceso, no cumplió con la carga procesal impuesta, y no recurrió la decisión de terminación por desistimiento tácito, es decir, ninguna actuación hubo en el desarrollo del mandato que le confiriera su poderdante.

En definitiva, tenemos que el actuar del abogado encartado, cumple con los elementos constitutivos de la falta disciplinaria, no siendo determinable por parte de esta Sala, la existencia de circunstancias que impidieran el cumplimiento de su deber, el cual manifestó sin reparo alguno cumplir a cabalidad, de lo cual se refulge la culpabilidad en su actuar, por infracción injustificada a dicho mandato legal.

3.2. Antijuricidad.

3.2.1. Inobservancia de los deberes consagrados en los numerales 8º y 10 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007.

“Artículo 28. Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado:

8. Obrar con lealtad y honradez en sus relaciones profesionales. En desarrollo de este deber, entre otros aspectos, el abogado deberá fijar sus honorarios con criterio equitativo, justificado y proporcional frente al servicio prestado o de acuerdo a las normas que se dicten para el efecto, y suscribirá recibos cada vez que perciba dineros, cualquiera sea su concepto.

(…)

10. Atender con celosa diligencia sus encargos profesionales, lo cual se extiende al control de los abogados suplentes y dependientes, así como a los miembros de la firma o asociación de abogados que represente al suscribir contrato de prestación de servicios, y a aquellos que contrate para el cumplimiento del mismo”.

En materia disciplinaria el juicio de antijuridicidad hace relación a la infracción de deberes de tal manera que el incumplimiento de éstos le marca al sancionador la pauta para determinar la antijuridicidad de la conducta que se cuestiona vía disciplinaria; por tanto, no basta el simple desconocimiento formal de ese deber para que se origine la falta disciplinaria, así pues, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º del Estatuto Ético del Abogado, el profesional del derecho incurre en falta antijurídica cuando con su conducta afecte sin justificación, alguno de los deberes allí consagrados(7).

Acorde a lo valorado por el Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, es evidente que la conducta cometida por el profesional del derecho fue antijurídica, ya que en efecto, el encartado no obró con lealtad y honradez en sus relaciones profesionales, y además, omitió por capricho propio, informar constantemente de la evolución del asunto encomendado.

Ha manifestado la Corte Constitucional respecto a la función de los abogados lo siguiente:

“El cumplimiento de estas actividades debe contribuir “al buen desarrollo del orden jurídico y al afianzamiento del Estado Social de Derecho”, de donde se desprende que los abogados están llamados a cumplir una misión o función social inherente a la relevancia de su profesión “que se encuentra “íntimamente ligada a la búsqueda de un orden justo y al logro de la convivencia pacífica”, pues “el abogado es, en gran medida, un vínculo necesario para que el ciudadano acceda a la administración de justicia.

En las condiciones anotadas, resulta claro que el desarrollo legislativo del ejercicio profesional de la abogacía ha de atender, con especial énfasis, el interés general y la protección de los derechos de terceros], dado que la profesión “se orienta a concretar importantes fines constitucionales” y que su práctica inadecuada o irresponsable “pone en riesgo la efectividad de diversos derechos fundamentales, como la honra, la intimidad, el buen nombre, el derecho de petición, el derecho a la defensa y, especialmente, el acceso a la administración de justicia, así como la vigencia de principios constitucionales que deben guiar la función jurisdiccional, como son la eficacia, la celeridad y la buena fe”.

Así pues, la actuación del abogado ha de ser adecuada a la atención debida al cliente, pero, conforme lo ha estimado la jurisprudencia constitucional, el alcance del ejercicio de su profesión “no se limita a resolver problemas de orden técnico, sino que se proyecta también en el ámbito ético” y de tal modo que la regulación de la conducta de los togados por normas de carácter ético no significa “una indebida intromisión en el fuero interno de las personas, con menoscabo de su moral personal”, justamente porque la conducta individual se halla vinculada a la protección del interés comunitario y porque los fines perseguidos mediante el ejercicio de la profesión del derecho, a diferencia de los objetivos buscados por otras profesiones, admiten incluso un mayor nivel de exigencia en cuanto hace al comportamiento de los profesionales del Derecho, “como depositarios de la confianza de sus clientes y como defensores del derecho y la justicia”(8)

Mencionado lo anterior, esta Sala puede determinar, que el abogado vulneró el deber consagrado en el numeral 8º del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, ya que se torna indiscutible, que no informó de forma suficiente sobre la evolución del asunto encomendado a su cliente, ocultando la realidad del proceso con pleno conocimiento y voluntad de sus actos, puesto que se había archivado el proceso por desistimiento tácito, exigiendo continuas sumas de dinero para culminar con su labor dentro del proceso ordinario, el cual desde agosto de 2012, había terminado de forma anómala, lo que indica que ningún viaje, desplazamiento o gasto podía ocasionar algún detrimento a su patrimonio, siendo impertinente exigir alguna suma de dinero por una labor que fracasó años atrás.

Además, se pudo determinar su falta de honradez en dicha negocio, el cual se evidenció en el cambio de la realidad a su conveniencia para favorecerse a expensas de gastos irreales, desconociendo los deberes implícitos consagrados en el mandato otorgado, que le estipulaba la orden expresa, clara y exigible de mantener informada verazmente a su cliente del desenvolvimiento de las diligencias surtidas dentro del proceso ordinario, debiéndole informar lo que había ocurrido frente a la aplicación de la figura del desistimiento tácito; lo que como bien señaló el a quo, estuvo en capacidad de hacer, pero que no realizó, engañando progresivamente a su poderdante, lesionando las expectativas de quien le brindó todas las herramientas para que alcanzará el éxito de su petitum.

Sobre la inobservancia del deber consagrado en el numeral 10º del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, esta se torna más que evidente, ya que en auto del 14 de agosto de 2012, se estipuló que como quiera que la parte interesada no cumplió la carga o acto procesal, se procedió conforme a lo reglado en la Ley 1194 de 2008, a dar aplicación a lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 1º, el cual se materializó en decretar la terminación del proceso ordinario de pertenencia promovido por Elizabeth Rodríguez Suarez en contra del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por desistimiento tácito de la acción; como consecuencia legal, quedó sin valor ni efectos la demanda presentada, cancelándose posteriormente la inscripción de la demanda, en el cual el togado no se pronunció ni interpuso recurso alguno para atacar la decisión expuesta en el mencionado auto.

Por tanto, el deber en mención, exige que cuando el abogado se compromete con una representación judicial, se obliga a realizar en su oportunidad actividades procesales en orden a favorecer la causa confiada a su gestión; cobrando vigencia a partir de ese momento el deber de atender con celosa diligencia los asuntos encomendados, cargo que envuelve la obligación de actuar positivamente con prontitud y celeridad frente al encargo confiado, haciendo uso de todos los mecanismos legales para el efecto; luego si cuando injustificadamente se aparta de la obligación de atender con rigor este deber frente a una representación judicial, incumpliendo cualquiera de estas exigencias, subsume su conducta en falta contra la debida diligencia profesional, como ha ocurrido en el asunto en examen(9).

Por lo anterior, esta Sala comparte la postura del a quo al señalar que la responsabilidad del togado, era la de actuar conforme a los postulados de atender con celosa diligencia los encargos profesionales y de actuar conforme a los principios de honradez y la lealtad con su poderdante, y este no cumplió con dichos deberes, constituyendo, per se, una violación sustancial de los deberes profesionales consagrados en el artículo 28, numerales 8º y 10 de la Ley 1123 de 2007, vulneración que se presentó sin justificación alguna.

Culpabilidad

Debe decirse que la actuación del disciplinado, según las pruebas que obran en el plenario, llevan a concluir que el togado actuó con dolo. Su comportamiento se cataloga conforme a dicha modalidad de la conducta sancionable, toda vez, que su proceder estuvo investido de engaño, fraude o simulación, llevados a cabo maliciosamente con la intención de dañar o perjudicar a alguien.

Esta Sala, comparte plenamente lo expuesto por el a quo, ya que como bien mencionó en la audiencia de formulación de cargos, se encontró demostrado que cuya culpabilidad emerge de la solicitud y obtención de dineros en las cuantías ya indicadas para atender gastos procesales, las cuales no solo no se surtieron en ese deber de vigilancia, control que le deben los abogados a sus clientes frente a los procesos que cursan ante los estrados judiciales, sino que ellos eran imposibles en atención que desde el mes de agosto de 2.012 el proceso había sido terminado de manera anormal, lo que indica que ningún viaje, desplazamiento o gasto podía ocasionar el mismo.

Por tanto, como bien expuso el a quo, se puede inferir que no hay duda que se trata de una conducta dolosa en tanto que se concurren los dos aspectos: conocimiento de los hechos constitutivos de la ilicitud y voluntad de realizarlos, pues las condiciones personales del abogado y su experiencia profesional, así como las actuaciones desarrolladas en representación del querellante, le permiten inferir que sabía de la contrariedad ética que su acción comportaba, y aun decidió realizarla, después de habérsele solicitado la devolución de dichas foliaturas; más si se tiene en cuenta que quien prestó la asesoría para adelantar el cobro de lo debido por parte del ente territorial fue precisamente el togado aquí investigado según se probó a lo largo del expediente.

Respecto a la comisión de la falta consagrada en el artículo 37 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, se tiene que la misma es por naturaleza culposa, por cuanto se entiende que por un descuido el abogado omite el adelantamiento de una gestión, y al no tener pruebas de que esa abstención en el obrar fuera de manera intencionada o para causar un perjuicio a su cliente, le es imputable la falta a título de culpa.

En conclusión, no encuentra conveniente esta Sala, indicar aspectos diferentes a los expuestos por el operador judicial de primera instancia, ya que sus consideraciones fueron ajustadas a la realidad y abordadas de forma integral, acogiéndonos a su tesis final.

Sanción

Esta Sala considera que la imposición de suspensión de doce (12) meses del ejercicio de la profesión y multa de seis (6) salarios mínimos legales mensuales vigentes, al abogado Juan Carlos González Arroyave identificado la cédula de ciudadanía 79.354.691, portador de la Tarjeta Profesional vigente número 69.218, al hallarlo responsable de las faltas previstas en el artículo 37, numeral 1º a título de culpa, y el artículo 34, literal d, a título de dolo, en concordancia con el artículo 28, numerales 8º y 10 de la Ley 1123 de 2007, debe dejarse incólume atendiendo a los criterios de graduación de la sanción establecidos en el artículo 45 de la Ley 1123 de 2007.

Ahora bien, respecto a la razonabilidad de la sanción, esta Colegiatura encuentra que su imposición obedece al actuar doloso del abogado frente a la falta a la lealtad con el cliente, habida cuenta que su comportamiento trasciende la esfera social por desatender sus deberes, en el caso concreto, a la Administración de Justicia, por haber obrado en el sentido de dar prevalencia de su interés particular sobre el de su poderdante, logrando de forma indebida el pago de unos honorarios, enriqueciéndose de forma injustificada y afectando derechos fundamentales de su cliente, lesionando las expectativas de la quejosa, además de ello, se determina que el desdén con el que actuó, esto es un proceder adjetivado por la palabra negligencia, le ocasionaron a la denunciante un perjuicio mayúsculo de aspirar a reclamar lo que a su consideración dice corresponderle.

Como si no fuera suficiente, se pudo observar que el profesional del derecho fue sancionado con suspensión del ejercicio de la profesión por el termino de 18 de meses, por la comisión de la falta consagrada en el artículo 35, numeral 4º de la Ley 1123 de 2007, investigación que se adelantó dentro del radicado 73001110200020120049702, magistrado ponente Pedro Alonso Sanabria Buitrago, sanción que inició el 28 de agosto de 2014 y culminó el 27 de febrero de 2016.

Por tales razones, se observa que el abogado infringió su deber con la sociedad y con su cliente, esto es, debe cumplir con una función social, la cual se enmarca en conductas intachables, un actuar basado en la veracidad, eficiencia y celeridad respetando siempre la legalidad.

Así mismo la consecuencia jurídica es necesaria, por cuanto cumple con prevenir que la conducta embaucadora y engañosa del abogado encartado se repita, influyendo como medio para disuadir a los demás profesionales del derecho en cometer las aludidas actuaciones. En mérito de lo expuesto, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. CONFIRMAR la sentencia consultada el 25 de noviembre de 2016 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de

Tolima, mediante la cual sancionó con suspensión de doce (12) meses del ejercicio de la profesión y multa de seis (6) salarios mínimos legales mensuales vigentes, al abogado Juan Carlos González Arroyave identificado la cedula de ciudadanía 79.354.691, portador de la Tarjeta Profesional vigente 69.218, al hallarlo responsable de las faltas previstas en el artículo 37, numeral 1º a título de culpa, y el artículo 34, literal d, a título de dolo, en concordancia con el artículo 28, numerales 8º y 10 de la Ley 1123 de 2007.

2. ANÓTESE la sanción en el Registro Nacional de Abogados, data a partir de la cual empezará a regir, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la oficina encargada de dicho registro, enviándole copia de esta sentencia con constancia de ejecutoria.

3. NOTIFÍQUESE personalmente lo decidido por esta Superioridad al disciplinado y de no ser posible a través de la notificación subsidiaria, para lo cual se comisiona a la Sala Seccional de primera instancia, en consecuencia, por la Secretaría, devuélvase el expediente al sitio de origen.

Notifíquese y cúmplase».

2 “ART. 112.Funciones de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura: 4. Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura”.

3 “ART. 59.De la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria Del Consejo Superior de la Judicatura conoce:
1. En segunda instancia, de la apelación y la consulta de las providencias proferidas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura, en los términos previstos en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y en este código (…)”.

4 Magistrado Sustanciador Luis Guillermo Guerrero Pérez.

5 Con ponencia del Magistrado Álvaro Raúl Vallejos Yela.

6 Aprobado según Acta 69 del 3 de septiembre de 2014.

7 Radicado 050011102000201101666-02.

8 Corte Constitucional. Sentencia C-398 de 2011. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

9 Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria. M.P. Angelino Lizcano Rivera. Aprobado según Acta 69 del 3 de septiembre de 2014.