Alberto Yepes Barreiro

 

Sentencia 2015-00841 de noviembre 24 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero Ponente:

Alberto Yepes Barreiro

Bogotá, D.C, veinticuatro (24) de noviembre de dos mil dieciséis (2016).

Rad.: 52001-23-33-000-2015-00841-01

Actor: Neil Mauricio Bravo Revelo

Demandado: Miguel Alejandro Huertas Erazo – Concejal de Ipiales (Nariño)

Proceso electoral. Fallo de segunda instancia

EXTRACTOS: «II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia.

En los términos de los artículos 150 y 152.8 del CPACA corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por el demandado contra la sentencia del 23 de septiembre de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño a través de la cual se declaró la nulidad del acto acusado.

Lo anterior teniendo en cuenta que según el artículo 152.8 ibídem los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de la nulidad del acto de elección de los “(...) miembros de corporaciones públicas de los municipios y distritos y demás autoridades municipales con setenta mil (70.000) o más habitantes, o que sean capital de departamento”.

Así atendiendo a que la proyección de la población hecha por el DANE para el Municipio de Ipiales (Nariño) para el año 2015(20) se estima en 138.679 habitantes(21), corresponde al Consejo de Estado decidir, en segunda instancia, el recurso de apelación presentado por el apoderado del señor Huertas Erazo.

2. Oportunidad y trámite del recurso.

La Sala observa que el recurso de apelación se presentó dentro de la oportunidad legal correspondiente y que al mismo se le dio el trámite que impone el artículo 292 del CPACA, norma especial de carácter electoral.

3. Planteamiento del problema jurídico.

Decantado lo anterior corresponde a la Sala analizar si debe confirmar, revocar o modificar la sentencia del 23 de septiembre de 2016 a través de la cual el Tribunal Administrativo de Nariño declaró la nulidad del acto en el que se eligió al señor Huertas Erazo como concejal de Ipiales (Nariño).

Por efectos metodológicos, el análisis del asunto sometido a consideración de la Sección Quinta se realizará de la siguiente manera: en primer lugar se expondrá un marco jurídico de la prohibición de doble militancia; en segundo lugar, se harán algunas precisiones respecto a la prohibición atribuida al demandado y en tercer lugar, se analizará si, en el caso concreto, se encuentran acreditados los elementos que configuran la conducta endilgada.

3.1. Marco jurídico de la prohibición de doble militancia.

Como se expuso en los antecedentes de esta providencia, la causal de nulidad que se considera materializada en el caso concreto, se encuentra establecida en el numeral 8º del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, el cual contempla:

“ARTÍCULO 275. Causales de anulación electoral. Los actos de elección o de nombramiento son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este Código y, además, cuando: (...) 

8. Tratándose de la elección por voto popular, el candidato incurra en doble militancia política”.  

Como puede observarse el ordenamiento jurídico, a diferencia de lo que sucedía en el pasado, prevé una consecuencia jurídica clara y expresa cuando el candidato incurra en la prohibición de doble militancia. Sin embargo, la causal de nulidad no puede leerse de forma aislada, pues para determinar cuándo una persona está inmersa o no en la prohibición es necesario recurrir al texto del artículo 107 Superior y al artículo 2º de la Ley 1475 de 2011. En efecto, la norma superior consagra:

ARTICULO 107. Constitucional. Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse. 

En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica. (...) 

Quien siendo miembro de una corporación pública decida presentarse a la siguiente elección, por un partido distinto, deberá renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones. (...)”. 

De la transcripción de la norma Superior se desprende con claridad que está prohibido: i) a los ciudadanos estar formalmente inscritos, de manera simultánea, en más de dos partidos o movimientos políticos y ii) a los miembros de corporaciones públicas, presentarse a la siguiente elección por una organización política distinta por la cual resultaron electos en el citado órgano.

En tanto, el artículo 2º de la Ley 1475 de 2011 contempla:

ARTÍCULO 2º—Prohibición de doble militancia. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible(22)> En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político. La militancia o pertenencia a un partido o movimiento político, se establecerá con la inscripción que haga el ciudadano ante la respectiva organización política, según el sistema de identificación y registro que se adopte para tal efecto el cual deberá establecerse conforme a las leyes existentes en materia de protección de datos. 

Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control, dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados. Los candidatos que resulten electos, siempre que fueren inscritos por un partido o movimiento político, deberán pertenecer al que los inscribió mientras ostenten la investidura o cargo, y si deciden presentarse a la siguiente elección por un partido o movimiento político distinto, deberán renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones. 

Los directivos de los partidos y movimientos políticos que aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular por otro partido o movimientos políticos o grupo significativo de ciudadanos, o formar parte de los órganos de dirección de estas, deben renunciar al cargo doce (12) meses antes de postularse o aceptar la nueva designación o ser inscritos como candidatos. 

El incumplimiento de estas reglas constituye doble militancia, que será sancionada de conformidad con los estatutos, y en el caso de los candidatos será causal para la revocatoria de la inscripción. 

PARÁGRAFO. Las restricciones previstas en esta disposición no se aplicarán a los miembros de los partidos y movimientos políticos que sean disueltos por decisión de sus miembros o pierdan la personería jurídica por causas distintas a las sanciones previstas en esta ley, casos en los cuales podrán inscribirse en uno distinto con personería jurídica sin incurrir en doble militancia”. 

Como puede observarse, la ley estatutaria no solo replica las modalidades de doble militancia previstas en la norma constitucional, sino que además desarrolla la Carta Política incluyendo otros eventos en los cuales la prohibición se materializa. Así las cosas, la Sección Quinta del Consejo de Estado(23), haciendo un análisis armónico de las normas en cita, ha entendido que en la actualidad existen cinco modalidades en las que se puede materializar la prohibición de doble militancia, a saber:

i) Los ciudadanos: “En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político” (inc. 1º del art. 2º de la L. 1475/2011).

ii) Quienes participen en consultas: “Quien participe en las consultas de un partido o movimiento político o en consultas interpartidistas, no podrá inscribirse por otro en el mismo proceso electoral” (inc. 5º del art. 107 de la C.P.).

iii) Miembros de una corporación pública: “Quien siendo miembro de una corporación pública decida presentarse a la siguiente elección, por un partido distinto, deberá renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones” (inc. 12 del art. 107 de la C.P., e inc. 2º del art. 2º de la L. 1475/2011).

iv) Miembros de organizaciones políticas para apoyar candidatos de otra organización: “Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control, dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados. Los candidatos que resulten electos, siempre que fueren inscritos por un partido o movimiento político, deberán pertenecer al que los inscribió mientras ostenten la investidura o cargo, y si deciden presentarse a la siguiente elección por un partido o movimiento político distinto, deberán renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones” (inc. 2º del art. 2º de la L. 1475/2011).

v) Directivos de organizaciones políticas: “Los directivos de los partidos y movimientos políticos que aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular por otro partido o movimientos políticos o grupo significativo de ciudadanos, o formar parte de los órganos de dirección de estas, deben renunciar al cargo doce (12) meses antes de postularse o aceptar la nueva designación o ser inscritos como candidatos” (inc. 3º del art. 2º de la L. 1475/2011).

Todas estas modalidades apuntan a la consecución de un propósito común, esto es, es “crear un régimen severo de bancadas en el que esté proscrito el transfuguismo político”(24), pues su propósito es, precisamente, dar preponderancia a los partidos y movimientos políticos sobre los intereses personalísimos de los candidatos.

Finalmente, es de anotar que se ha entendido que la figura de doble militancia incluye a todas las agrupaciones políticas sin importar que aquellas tengan o no personería jurídica. Sin embargo, no se puede perder de vista que esta afirmación no es absoluta, dado que el artículo 2° de la Ley 1475 de 2011 contempla en su parágrafo una excepción en materia de doble militancia que es aplicable a cualquiera de los eventos en los que ésta pueda presentarse(25).

3.2 La prohibición de doble militancia en la modalidad de apoyo.

Para la parte actora se materializó la cuarta modalidad de doble militancia, toda vez que el demandado no acogió la directriz de su Partido según la cual los militantes y candidatos debían apoyar al candidato a la alcaldía avalado por Cambio Radical y, por el contrario, apoyó al candidato avalado por el Partido Liberal Colombiano, esto es al señor Alexander Ortega Cornejo.

La modalidad de doble militancia atribuida está consagrada en el inciso 2º del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011, el cual establece que:

“Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control, dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados (...)” (Subrayas fuera de texto).

De la norma transcrita se pueden extraer los siguientes elementos configurativos de la prohibición a saber:

i) Un sujeto activo, según el cual deben abstenerse de realizar la conducta prohibitiva, de un lado, los que detenten algún tipo de cargo directivo, de gobierno, administración o control dentro de la organización política, y de otro, los que hayan sido o aspiren a ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular.

ii) Una conducta prohibitiva consistente en apoyar a un candidato distinto al inscrito por la organización política a la que se encuentren afiliadas las personas descritas anteriormente.

Ahora bien, no se puede perder de vista que la Sección Quinta del Consejo de Estado(26) ha señalado que esta modalidad de doble militancia incluso se materializa en los casos en los que la colectividad política, por alguna circunstancia(27), no tiene candidato político para el respectivo cargo uninominal, pero de manera libre, voluntaria expresa y pública decide brindar su apoyo a determinado candidato inscrito por otro grupo político, pues ha entendido que esos eventos el conglomerado político opta por secundar a cierto candidato, pese a no tener uno propio.

Así las cosas, no cabe duda que lo que esta modalidad de doble militancia proscribe es la ayuda, asistencia, respaldo o acompañamiento de cualquier forma o en cualquier medida a un candidato distinto al avalado o apoyado por la respectiva organización política.

iii) Un elemento temporal, aunque no está expreso en la redacción de la norma, una interpretación sistemática y con efecto útil de esta disposición impone colegir que la modalidad de apoyo de doble militancia solo puede ejercerse en época de campaña electoral, la cual comprende desde el momento en el que la persona inscribe su candidatura hasta el día de las elecciones. Esto es así, porque solo durante ese lapso se puede hablar de candidatos en el sentido estricto de la palabra, y por ende, solo en este espacio de tiempo se podría ejecutar la conducta que la norma reprocha, es decir, el apoyo a las candidaturas(28).

3.3. De la modalidad de doble militancia atribuida al señor Huertas Erazo.

Con base en lo expuesto, la Sala determinará si en el caso concreto se encuentran acreditados los elementos estudiados en precedencia o si, por el contrario, tal y como sostiene el demandado aquellos no quedaron debidamente probados.

En el expediente obran los siguientes medios de convicción relevantes:

• Copia de la propaganda política impresa realizada por el demandado en su campaña electoral —sin fecha— (fl. 53).

• CD visible a folio 56 contentivo de un video de la campaña política del señor Alexander Ortega Cornejo a la Alcaldía de Ipiales(29).

• Documento del 25 de septiembre de 2015 contentivo del “Acuerdo de alianza de adhesión programática y política entre el partido Opción Ciudadana, para apoyar la candidatura de Yezid León Cuarán Castro, como candidato a la Alcaldía del Municipio de Ipiales – Departamento de Nariño – Colombia, avalado por el partido político Cambio Radical en las elecciones del 25 de octubre de 2015” (fls. 32 a 37).

• Copia autenticada del formulario E-6 del 25 de julio de 2015 a través del cual se inscribió al señor Miguel Alejandro Huertas Erazo como candidato al Concejo Municipal de Ipiales por el Partido Opción Ciudadana (fl. 39).

• Copia del aval entregado por el Partido Cambio Radical al señor Yesid León Cuarán Castro como candidato a la Alcaldía de Ipiales el 23 de julio de 2015 (fl. 41).

• Copia autenticada del formulario E-6 a través del cual se inscribió al señor Yesid León Cuarán Castro como candidato a la Alcaldía de Ipiales por el Partido Cambio Radical, el 25 de julio de 2015 (fl. 42).

• Declaraciones rendidas en el marco de la audiencia de pruebas de los señores Arturo Alexander Ortega Cornejo(30), María Cristina Rivera Burbano(31), William Fernando Montenegro Vallejo(32) y Óscar Edmundo Paz León(33).

• Copia del aval entregado por el Partido Liberal Colombiano al señor Arturo Alexander Ortega Cornejo como candidato a la Alcaldía de Ipiales el día 9 de julio de 2015 (fl. 43 a 44).

• Copia autenticada del formulario E-6 a través del cual se inscribió al señor Arturo Alexander Ortega Cornejo como candidato a la Alcaldía de Ipiales por el Partido Liberal Colombiano el día 24 de julio de 2015 (fl. 45).

• Oficio allegado por el partido Opción Ciudadana el día 16 de agosto de 2016 en respuesta al decreto de pruebas oficioso realizado por el Tribunal Administrativo de Nariño (fls.244-263).

Ahora bien, como quedó expuesto en los antecedentes de esta providencia, para el recurrente el Tribunal realizó una errónea valoración de las pruebas obrantes en el expediente debido a que: i) fundamentó su decisión en unas pruebas que fueron excluidas de la Litis (fotografías); ii) valoró un documento que fue allegado por fuera del término probatorio —oficio remitido por el partido Opción Ciudadana—; iii) valoró de forma indebida el video contenido en el CD visible a folio 56 del Expediente y iv) dio credibilidad al testimonio del señor Edmundo Pérez pese a que éste había trabajado en la campaña del señor Cuarán Castro.

Por efectos metodológicos, la Sala se pronunciará sobre las pruebas cuestionadas cuando las mismas se estudien para resolver el caso concreto. Veamos:

3.3.1. El demandado como sujeto activo de la prohibición.

Lo primero a señalar es que está demostrado que el demandado aspiraba a ser elegido como concejal del Municipio de Ipiales por el Partido Opción Ciudadana así consta en: i) en el acto acusado (fls. 21-31); ii) el aval otorgado por dicha colectividad al señor Huertas Erazo para que inscribiera su candidatura para la citada dignidad (fl.38) y iii) el formulario de inscripción al Concejo Municipal de Ipiales E-6 presentado por el partido Opción Ciudadana (fl. 39), razón por la que no cabe duda que el señor Miguel Alejandro Huertas Erazo sí puede ser sujeto de la modalidad de doble militancia que se le atribuye, pues aspiraba a ser elegido como miembro de una corporación pública.

3.3.2. La conducta atribuida y el elemento temporal en el caso concreto.

Como se explicó en el acápite 3.2 de esta providencia, lo que la modalidad de doble militancia atribuida proscribe es el apoyo a un candidato diferente al inscrito o apoyado por una determinada colectividad política, lo cual necesariamente presupone que el partido o movimiento político bien haya inscrito un candidato propio para determinado cargo de elección popular o en su defecto que haya decidido, de forma expresa, apoyar a un candidato de otra organización política.

Lo anterior significa que para que se materialice la conducta atribuida debe acreditarse que: i) el partido o movimiento político inscribió candidato propio o en su defecto que decidió, de forma expresa e inequívoca, acompañar la candidatura avalada por una organización política distinta y ii) el sujeto activo de la prohibición apoyó, acompañó, secundó, durante la campaña electoral en cualquier medida y de cualquier forma a un candidato distinto al inscrito o apoyado por su asociación política.

Serán precisamente estos elementos los que la Sala analizará a continuación:

i. Que el partido o movimiento político haya inscrito candidato propio o en su defecto haya decido acompañar la candidatura avalada por una organización política distinta.

Es de señalar que está demostrado que el partido Opción Ciudadana no tenía un candidato propio a la Alcaldía de Ipiales, pues para el referido cargo la citada organización no inscribió, ni avaló a ningún candidato. No obstante, el demandante sostiene que el señor Huertas Erazo sí puede ser sujeto de la conducta que se le atribuye, toda vez que el partido del demandado celebró un “acuerdo de adhesión” con Cambio Radical con el objeto a apoyar al señor Yesid Cuarán Castro.

Como quedó expuesto en los antecedentes, tanto en su recurso, como en la contestación de la demanda, el señor Huertas Erazo puso en duda la validez del “acuerdo de adhesión” ya que, a su juicio, aquel no se encuentra ajustado a lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley 1475 de 2011. Así pues, la Sala entrará a determinar si el “acuerdo” se encuentra ajustado o no a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, solo en el evento en que se demuestre que después de su fecha, el demandado apoyó a otro candidato, pues de lo contrario establecer dicha conformidad se tornaría inane para la resolución de la controversia que nos ocupa.

En efecto, en el expediente obra copia de un documento denominado “acuerdo de adhesión”, que asumiendo que sea válido, de forma expresa se señala que el partido Opción Ciudadana apoyaría y promovería la candidatura del señor Cuarán Castro a la Alcaldía de Ipiales y, por ello, “los directivos, afiliados y militantes no podrán apoyar a candidato distinto al que fue designado”(34).

A esto se suma que la señora María Cristina Rivera Burbano- quien manifestó hacer parte de la Dirección Nacional del Partido Opción Ciudadana(35)- atestiguó: “para el Municipio de Ipiales se determinó (sic) se integró la lista con 17 concejales, uno por derecho propio el señor Huertas y se hizo una “adhesión” con el candidato a la alcaldía Yesid Cuarán por el Partido Cambio Radical”(36). Lo propio sucede con la declaración rendida por el señor Óscar Edmundo Paz León, quien señaló que el día en el que se lanzó la candidatura del señor Yesid Cuarán Castro a la Alcaldía de Ipiales, el Partido Opción Ciudadana y Cambio Radical se “fusionaron” en torno al citado candidato(37).

Ahora bien, aunque para el recurrente el testimonio del señor Óscar Edmundo Paz León no puede ser tenido en cuenta, debido a que dicho ciudadano trabajó en la campaña del señor Cuarán Castro y, por ende, tiene interés en la Litis, lo cierto es que su declaración sí puede analizarse, pues según la ley la imparcialidad del testigo se examina en relación con las partes(38), siendo evidente que el señor Yesid Cuarán no hace parte del presente proceso ni en calidad de demandante, ni de demandado, ni siquiera se encuentra vinculado en calidad de tercero interviniente; circunstancia que evidencia que no hay motivo para desechar la declaración rendida por el señor Paz León tal y como solicita el señor Huertas Erazo en su recurso de apelación.

Aunque frente a este punto obra en el expediente, además, oficio del 16 de agosto de 2016 en el que la citada colectividad confirma que su candidato a la alcaldía era el señor Cuarán, lo cierto es que, tal y como sostiene el recurrente, dicho documento no podía ser valorado pues aquel se allegó una vez finiquitada la etapa probatoria.

En efecto, no puede perderse de vista que la audiencia de pruebas se postergó en muchas oportunidades a la espera de esos documentos, sin que los mismos fueran allegados al plenario(39). De hecho, tal y como consta en el folio 241 del expediente la etapa probatoria se agotó el 16 de agosto de 2016 a las 9:15 de la mañana, pero los documentos solicitados al partido Opción Ciudadana solo fueron radicados en la Secretaría del Tribunal Administrativo de Nariño el 16 de agosto de la citada anualidad a las 9:45 de la mañana(40), es decir, cuando dicha etapa había precluido.

Ahora bien, aunque el partido Opción Ciudadana sostiene que los mismos fueron remitidos al correo electrónico del citado Tribunal(41) antes de tal fecha, lo cierto es que el documento que contestaba plenamente el requerimiento hecho por el juez de primera instancia, solo quedó físicamente incorporado al proceso cuando ya la etapa probatoria había culminado, impidiendo así que se surtiera la debida contradicción de tal prueba, lo que a su vez deriva en que aquel no pueda ser tenido en cuenta para adoptar una decisión.

Sin embargo, aun sin esta prueba, para la Sala no cabe duda que se encuentra plenamente acreditado que el Partido Opción Ciudadana, de forma libre y autónoma, decidió apoyar la candidatura del señor Cuarán Castro a la Alcaldía de Ipiales, pues de las pruebas antes analizadas, esto es, del documento contentivo del “acuerdo de adhesión”, así como de los testimonios de la señora Rivera Burbano y del señor Paz León se desprende que tal colectividad decidió acompañar al partido Cambio Radical en su aspiración por la alcaldía de la citada entidad territorial, y en ese sentido dio una directriz a sus miembros y candidatos.

ii. El acompañamiento a un candidato distinto al apoyado por Opción Ciudadana dentro de la campaña electoral.

Decantado lo anterior es de señalar que para considerar que el demandado incurrió en doble militancia y anular su elección, debió haberse demostrado en el presente proceso que apoyó a un candidato distinto al que su partido había decidido acompañar. Esto significa que debe estar probado que la conducta se realizó con posterioridad a la directriz dada por Opción Ciudadana, pues solo a partir de esa pauta se puede afirmar que el citado partido tuvo un candidato a la Alcaldía de Ipiales. La Sala anticipa que dicho elemento no fue acreditado en el proceso, tal y como se explicará en los párrafos siguientes:

Lo primero a establecer es la fecha en la que el partido Opción Ciudadana decidió acompañar al señor Cuarán en su candidatura. Respecto a este punto obra en el expediente tanto prueba testimonial, como prueba documental.

En efecto, dos de los testigos señalan que la directriz se dio a conocer el día en el que se hizo el lanzamiento de la campaña del Señor Cuarán. Así pues, la señora María Cristina Rivera cuando se le preguntó acerca de cómo el demandado tuvo conocimiento del “acuerdo” manifestó: “De manera directa por mi persona telefónicamente y a la citación que se (sic) hubo en Ipiales en el lanzamiento público del candidato Yesid Cuarán.”(42). Igualmente, sostuvo:

“Pregunta: ¿Cómo se dio a conocer dicho acuerdo programático en la ciudad de Ipiales? Respuesta: En la fecha del lanzamiento de la campaña de Yesid en compañía de los otros candidatos al concejo y por medios de comunicación” Pregunta: ¿en qué fecha? ¿Cuál fue esa fecha? Respuesta: No, no la tengo presente”(43). 

Por su parte, el señor Óscar Edmundo Paz, quien aseguró trabajar en la campaña del señor Cuarán, manifestó “el día del lanzamiento del señor Yesid Cuarán, Opción Ciudadana tuvo una “fusión” con ese partido”(44) pues, a su juicio, con la directriz dada por Opción Ciudadana en la citada reunión, se presentó una “fusión” entre tal colectividad y la que avaló al señor Yesid Cuarán Castro. No obstante, cuando se le interrogó acerca de la fecha en la que se realizó ese evento aseveró “no, no recuerdo la fecha, fue el día del lanzamiento del señor Yesid Cuarán pero no recuerdo la fecha”(45).

Es de anotar que aunque los testigos concuerdan en que la directriz del partido Opción Ciudadana se dio a conocer el día del lanzamiento de la campaña del señor Cuarán en la ciudad de Ipiales, lo cierto es que no es posible establecer la fecha en la que dicho evento se realizó, pues en el expediente no obra ninguna prueba al respecto.

Sin embargo, del documento denominado “acuerdo de adhesión” se desprende que el Partido Opción Ciudadana dio la directriz de apoyar la candidatura del señor Cuarán Castro el 25 de septiembre de 2015, pues en él se lee: “para constancia se firman tres ejemplares con destino a las dos organizaciones políticas y al candidato avalado. Dado en Ipiales a los 25 días del septiembre de 2015”(46).

Ahora bien, incluso si se tomara como válida la fecha consignada en el “acuerdo de adhesión” y se concluyera que fue en ese momento en el que partido Opción ciudadana optó por apoyar la candidatura a la alcaldía del señor Yesid Cuarán, lo cierto es que no existe prueba alguna de que la conducta atribuida, se haya realizado con posterioridad a ese término. Veamos:

Lo primero a señalar en cuanto a la valoración probatoria es que, contrario a lo afirmado por el recurrente, el a quo no tomó como referente para adoptar la decisión hoy cuestionada las fotografías allegadas por el demandante, pues dichos medios de convicción no fueron decretados como pruebas. En efecto, en el acta de la audiencia inicial visible a folio 157, el Magistrado Ponente del Tribunal señaló:

“Téngase y valórese las pruebas arrimadas por la parte demandante (...) obrantes a folios 51 a 57, mismas que hacen referencia a DOCUMENTOS EN MEDIO MAGNÉTICO: VIDEO Y AUDIO, salvo las fotografías que se deniegan, toda vez que carecen de soporte que acredite la veracidad de las mismas o brinden certeza de quien, cuando y como se capturó dicho material en formato digital” (Mayúsculas en original).

Así pues, no es cierto que la sentencia se haya basado en pruebas que fueron excluidas por el mismo Tribunal, de hecho, una vez revisado en su integridad el fallo se encuentra que el juez de primera instancia alude al video contenido en el CD visible a folio 56 del expediente, pero no a las fotografías visibles en los folios 51, 52 y 54 o las contenidas en los discos compactos de los folios 55, 56 y 57 tal y como sostiene el recurrente, de forma que este reproche carece de asidero jurídico.

Ahora bien, también se equivoca el demandado cuando en su recurso sostiene que el video contenido en el CD visible a folio 56 del expediente no podía ser valorado porque no se conocía su origen, ni el lugar, ni la época en que fueron captadas las imágenes que ahí se observan. Esto es así, porque la ausencia de estos elementos restan valor probatorio al documento que se pretende aducir, pero no significa que aquel no pueda ser valorado por el juez, ni muchos menos que aquel deba ser rechazado de plano, como parece sugerir el recurrente.

A esto se suma, que de conformidad con el artículo 244 del Código General del Proceso esta clase de documentos se presumen auténticos. En efecto, la citada norma establece:

“Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya el documento. 

Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso. 

(...)”. (Resalta la Sala).

La anterior disposición aplicada al caso concreto, permite a la Sala Electoral sostener que la grabación contenida en el CD visible a folio 56 del expediente es un documento privado emanado de un tercero que contiene la reproducción de imágenes y que aquel, como no fue tachado de falso por la parte demandada, se presume auténtico.

En efecto, como quedó expuesto, la parte demandada en la contestación de la demanda únicamente presentó argumentos tendientes a restarle fuerza probatoria a dicho documento(47), pero no hizo uso de la figura prevista en el artículo 269 del Código General del Proceso(48), esto es la tacha de falsedad, única vía que el artículo 244 ibídem prevé para refutar la presunción de autenticidad prevista.

Esto es así, porque según el artículo 269 del Código General del Proceso “La parte a quien se atribuya un documento, afirmándose que está suscrito o manuscrito por ella, podrá tacharlo de falso en la contestación de la demanda, si se acompañó a esta, y en los demás casos, en el curso de la audiencia en que se ordene tenerlo como prueba. Esta norma también se aplicará a las reproducciones mecánicas de la voz o de la imagen de la parte contra quien se aduzca. (...)” lo que significa que para tachar de falso un documento, la parte contra la que se aduzca debe señalar de forma explícita que aquel lo tacha porque la voz y/o las imágenes reproducidas no corresponden a la suya.

Lo anterior aplicado al caso concreto, impone señalar que si el demandado quería cuestionar la autenticidad de la grabación aportada por el demandante, en la contestación de la demanda debió, expresamente, tachar de falso dicho documento, para que el juez de primera instancia pudiera dar lugar al trámite de la tacha, procedimiento que no se surtió razón por la que el video debe presumirse auténtico.

Sin embargo, contrario a lo afirmado por el tribunal, para la Sala, del citado video no se desprende la conducta atribuida al demandado, pues no existe prueba de que la manifestación de apoyo se haya brindado después de la directriz dada por su partido.

En efecto, el CD visible a folio 56 del expediente contiene una grabación denominada “22 de septiembre video” y en él primero se observa el logo “Creo en Ipiales” y luego se reproduce la voz y la imagen de quien parece ser el señor Arturo Ortega exponiendo un discurso político e invitando a los asistentes a depositar por él su voto; estas declaraciones están seguidas de arengas como “viva nuestro futuro alcalde” o “que viva Ipiales” y de imágenes del auditorio hondeando banderas en su gran mayoría de color rojo.

Ahora bien, en el minuto 1:35, aproximadamente, del video se observa que tomó la palabra el demandado y señaló: “nosotros hoy le decimos doctor Arturo que nuestro movimiento va sólido, va hasta el final y el próximo 25 de octubre va ser el victorioso por tener las mejores propuestas”. Finalmente, hay una intervención musical y el video culmina con el logo “Creo en Ipiales”.

Bajo estos elementos y aunque por la presunción de autenticidad dada por la ley a la grabación objeto de estudio debe colegirse que la imagen y la voz de la persona que interviene al minuto 1:35 corresponde al demandado, lo cierto es que se desconocen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que dicha reunión se llevó a cabo, de forma que no se puede establecer si la declaración hecha por el señor Huertas Erazo se realizó antes o después de proferida la directriz de su partido de apoyar al señor Cuarán Castro.

Lo anterior significa que de esta prueba documental no se desprende, tal y como concluyera el a quo, que en efecto el señor Huertas Erazo haya apoyado la campaña de un candidato distinto al que su partido el día 25 de septiembre de 2015 decidió acompañar.

De hecho, incluso si se diera credibilidad a la fecha que aparece en el nombre del video, esto es, 22 de septiembre de 2015, tampoco se podría colegir que el demandado incurrió en la prohibición, toda vez que, como se explicó en los párrafos que anteceden, lo que está demostrado es que la directriz del partido Opción Ciudadana se produjo el 25 de septiembre de esa misma anualidad, y por ello, se insiste, antes de esa fecha cualquier apoyo que el señor Huertas haya podido brindar a un candidato de un partido o movimiento distinto al suyo no constituye doble militancia.

Lo propio sucede con la prueba documental obrante a folio 53 contentiva de una propaganda impresa del siguiente tenor:

Como puede observarse, es claro que a través del citado documento se invita a la ciudadanía no solo a participar en el lanzamiento de la candidatura del señor Miguel Huertas como Concejal, sino que además se insta votar por el señor Arturo Ortega como Alcalde. Ahora bien, aunque la Sala no desconoce la vocación de permanencia que tiene un volante publicitario de estas características, lo cierto es que el demandante no demostró que aquellos fueran socializados, distribuidos o publicitados después del 25 de septiembre de 2015 —fecha en la que el partido Opción Ciudadana decidió apoyar la candidatura del señor Cuarán Castro—, pues la mera impresión de los mismos no acreditan la conducta proscrita por el artículo 2º de la Ley 1475 de 2011.

De los testimonios tampoco se desprende que la conducta endilgada se haya realizado con posterioridad a esa fecha. En efecto, en su declaración la señora Rivera Burbano relató que le constaba sobre los hechos de la demanda y señaló que en su calidad de directivo del partido Opción Ciudadana no solo había otorgado los avales de esa colectividad en el departamento de Nariño, sino también había celebrado acuerdos de adhesión de candidaturas con candidatos a las alcaldías y a la Gobernación de Nariño(49).

También aseguró que la directriz de apoyar al señor Cuarán Castro se comunicó al demandado y a todos los candidatos avalados por Opción Ciudadana, los cuales por disciplina al partido debían acoger tal pauta. Especialmente, señaló que personalmente comunicó, vía telefónica, al señor Miguel Huertas la decisión de apoyar al candidato avalado por el partido Cambio Radical(50).

No obstante, cuando el Magistrado Ponente le preguntó si “¿Usted, tuvo conocimiento o el Partido, si el demandado hizo proselitismo político favor de un determinado candidato? ¿A favor de quién? Si conoce” contestó “lo que tenemos conocimiento dentro del partido es las quejas que se presentaron por diversidad de candidatos en Ipiales con algunas intervenciones o alocuciones apoyando el señor Huertas a un candidato de Ipiales de nombre Arturo, creo que del partido Liberal no tengo presente esa información, ya que eso lo conoce directamente el consejo de ética”(51).

Por otra parte, el señor Arturo Ortega respecto al presunto apoyo dado a su candidatura por el demandado sostuvo que “en cuanto al proceso electoral, pues me encontré con muchas personas no solamente afines mías, sino de candidatos donde por invitación de un tercero, pues nos encontramos y hacíamos lo procedente al tema proselitista político. De mi conceptuar (sic), pues ojala pudiera saber quién voto por uno, quien voto sería dar fe de los apoyos deseados, les digo conozco a las personas aquí y ojalá pudiera saber si votaron o no votaron por mi (...)”(52).

En efecto, en toda su declaración el señor Ortega reitera que se reunió con el demandado pero, únicamente, por invitación que le hacían terceros e insistió en que no le constaba por cual candidato a la alcaldía había votado el señor Huertas Erazo(53).

Así pues cuando se le preguntó si conocía a quien había apoyado el demandado, el señor Ortega se limitó a contestar “le comentaba desconozco el voto del demandado, asistí a reuniones a varias reuniones con él, asistí a varias reuniones de personas que nos apoyaban mutuamente habría que preguntarle al demandado por quien votó o no sé a qué apoyo se refiere, en lo que concierne al voto, pues desconozco, y si se refiere a reuniones, sí estuve en reunión con él, pero por personas que nos invitaron mutuamente”.(54)

De hecho, cuando el apoderado del demandante le preguntó acerca del acompañamiento brindado a su campaña por el señor Huertas Erazo, el señor Arturo Ortega aseguró:

“Pregunta: ¿Usted cuando fue candidato a la alcaldía municipal invitó al señor Huertas a participar de su movimiento político “Creo en Ipiales”? Respuesta: Sí señor, lo invite como a invite a todos los 17 ex corporados compañeros míos. Pregunta: Sírvase en calidad de testigo manifestar a esta audiencia si el señor Miguel Huertas lo apoyó como concejal en su campaña “creo en Ipiales” Respuesta: le puedo hacer una pregunta ¿a qué se refiere con apoyo? Pregunta: El acompañamiento logístico, personal, económico, ideológico, electoral que son componentes de una campaña. Respuesta: No tuve apoyó económico, la ideología nace propia del Partido Liberal Colombiano que es la de mi partido; logística, pues de lo que tuve a bien podido ofrecerles, del candidato Miguel no obtuve ninguna de esas cosas. Pregunta: ¿A partir de qué fecha lo acompaña el señor Huertas? Respuesta: Yo puedo responder es por mi campaña electoral, por la campaña que hice, pero no de la campaña que hizo el concejal, el candidato al concejo en ese momento Miguel, lo que le digo lo que concierne a mi le puedo dar respuesta inmediata (...)”(55). 

Nótese como de las declaraciones transcritas ni siquiera queda probada la conducta que se le atribuye al demandado toda vez que, de un lado, la señora Rivera Burbano únicamente aseveró que el asunto relacionado con la doble militancia era objeto de investigación por parte del Partido Opción Ciudadana y, de otro, porque el señor Arturo Ortega, de forma enfática, sostuvo que no recibió apoyo del señor Huertas.

Lo propio sucede con el testimonio rendido por el señor William Montenegro Castro, quien cuando se le preguntó que le constaba sobre el caso concreto, respondió “A mí lo que me consta es que los señores de Opción Ciudadanía tenían su convenio político con el señor Yesid Curaran, no más y que últimamente ya terminando la situación política a Miguel lo miramos, o sea se dio a conocer públicamente con el señor Arturo Ortega”(56). Especialmente el citado testigo señaló:

“Pregunta: ¿Usted sabe si el demandado dio un apoyo político a la persona que quería respaldar? ¿Sabe usted eso?” Respuesta: No, no me consta(57). (...) Pregunta(58): ¿Usted vio al doctor Miguel Huertas en el Partido Liberal? Respuesta: pues a lo último que estaba la contienda electoral había los rumores, había publicidad radial, televisada que eso estaba ocurriendo. Pregunta: por favor sea un poquito más amplio en ello, describa que significa publicidad. Respuesta: que sí estaba trabajando con Arturo Ortega. Pregunta: ¿porque medios se enteró de que el señor Huertas estaba apoyando al candidato del partido liberal? Respuesta: por redes sociales, más que todo por redes sociales. (...)(59). Pregunta(60): en que época ocurrió el apoyo diga? Respuesta: Como él es una figura pública en muchas ocasiones mire lo que se publicaba en redes sociales ya, pero en cuestión de reuniones de carácter privado yo nunca asiste a esos eventos. Pregunta: ¿en qué época ocurrió eso? Fechas ¿Recuerda fechas? Respuesta: no para serte exacto fechas no, pero sería unas tres .o un mes antes de las elecciones”(61) 

Como puede observarse aunque el testigo asegura que el demandado apoyó al señor Ortega en su candidatura a la Alcaldía de Ipiales, también reconoce que no puede precisar las fechas en las que se brindó dicho acompañamiento; por consiguiente, es claro que de esta declaración tampoco se desprende que el señor Huertas Erazo haya secundado otra candidatura a la alcaldía, en contravención con la directriz dictada por su partido el 25 de septiembre de 2015.

Finalmente, es de anotar que la declaración del señor Paz León tampoco despeja las dudas acerca de si el demandado incurrió o no en la prohibición de doble militancia, pues si bien sostiene que “frente a la sede del señor Yesid Cuarán tenía la sede el señor Huertas donde se miraron afiches del Arturo Ortega que pertenece o pertenecía al partido Liberal”(62) al punto que asegura “ me consta eso, que estuvo apoyando al señor Arturo Ortega el señor Huertas”, especialmente porlos afiches del señor Arturo Ortega en la sede del señor Huertas” y debido a que “en plaza pública, se escucharon cuñas publicitarias por radio(63), lo cierto es que aquel no precisa las fechas en las que tuvo conocimiento de dicha publicidad.

En efecto, cuando se le pregunta por qué le constaba que en la sede del señor Huertas había afiches invitando a votar por el señor Arturo Ortega, el declarante señaló “pues, porque todos los días salía al balcón de ahí de la sede y ahí estaba la sede del señor Huertas y se miraban los afiches”(64). No obstante, dicha frase no demuestra que el demandado apoyó al señor Arturo Ortega una vez el partido dictó la directriz de acompañar la candidatura del señor Cuarán Castro.

De lo hasta aquí expuesto no cabe duda que no existe prueba ni testimonial, ni documental que permita establecer si el demandado incurrió en la prohibición de doble militancia endilgada, habida cuenta que no está demostrado que aquel apoyó al señor Arturo Ortega después de la instrucción de su partido de apoyar al candidato Yesid Cuarán Castro. En consecuencia, es evidente que tiene razón el recurrente cuando sostiene que la conducta endilgada no fue debidamente probada.

En suma, bajo este panorama probatorio y por las razones explicadas para la Sala es claro que la sentencia del a quo que declaró la nulidad del acto a través del cual se declaró la elección del señor Huertas Erazo como Concejal de Ipiales debe ser revocada, para en su lugar, negar las pretensiones de la demanda, habida cuenta que no se demostró que el demandado hubiese incurrido en la prohibición de doble militancia en la modalidad de apoyo una vez el partido decidió acompañar la candidatura del señor Yesid Cuarán Castro.

4. Otras decisiones.

Teniendo en cuenta la naturaleza pública del medio de control de nulidad electoral y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA no se accederá a la petición del demandado de condenar en costas al demandante y por ende, la petición en este sentido será negada.

5. Conclusión.

La sentencia de primera instancia que declaró la nulidad del acto a través del cual se eligió a Miguel Huertas Erazo como Concejal de Ipiales debe ser revocada, comoquiera que, de acuerdo a la parte motiva de esta providencia, las censuras expuestas por el demandante contra el acto acusado no se encontraron acreditadas.

III. LA DECISIÓN

Con fundamento en lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

1. Revocar la sentencia del 23 de septiembre de 2016 a través de la cual el Tribunal Administrativo de Nariño declaró la nulidad del acto a través del cual se eligió al señor Miguel Huertas Erazo como Concejal del Municipio de Ipiales (N) para el periodo 2016-2019, y en su lugar dispone: Negar las pretensiones de la demanda de nulidad electoral formulada por el señor Neil Mauricio Bravo Revelo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. Negar la petición del demandado relacionada con la condena en costas al demandante.

3. Devolver al tribunal de origen para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

Consejeros: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Presidente—Rocío Araújo Oñate—Carlos Enrique Moreno Rubio—Alberto Yepes Barreiro».

20 Fecha en la que se presentó la demanda.

21 Estimado de la población municipal por área elaborado por el DANE.

22 En Sentencia C-490 de 2011 se especificó que dicha disposición era constitucional “en el entendido que la administración de datos personales sobre filiación partidista que realizan los partidos y movimientos políticos debe sujetarse a los principios del derecho fundamental al hábeas data”.

23 Sobre el tema pueden consultarse las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del de 20 de noviembre de 2015, Exp. 11001-03-28-000-2014-00091-00 CP Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Dte: Humberto de Jesús Longas; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 20 de noviembre de 201512 de noviembre de 2015, Exp. 11001-03-28-000-2014-00088-00 C.P Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Dte: Humberto de Jesús Longas; Consejo de Estado, Sección Quinta sentencia del 28 de septiembre de 2015, Exp. 1001-03-28-000-2014-00057-00, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Dte: Yorgin Harvey Cely Ovalle y otro; Consejo de Estado, Sección Quinta sentencia del 4 de agosto de 2016, Exp. 63001-23-33-000-2016-00008-01, C.P. Alberto Yepes Barreiro. Dte: Wilson de Jesús Támara Zanabria; Consejo de Estado, Sección Quinta sentencia del 18 de agosto de 2016, Exp. 50001-23-33-000-2015-00653-01, C.P. Alberto Yepes Barreiro. Dte: Diego Alexander Garay; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 8 de septiembre de 2016, Exp. 63001-23-3-000-2015-00361-01 (Acumulado), C.P. Alberto Yepes Barreiro. Dtes: Jhon Alexander Arenas y Jaime Alberto Muriel y Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 29 de septiembre de 2016, Exp. 730001-23-33-000-2015-00806-01, C.P. Alberto Yepes Barreiro. Dtes: Carlos Enrique Ramírez Peña.

24 Esto es así debido a que la Corte Constitucional Sentencia C-490 de 2011 definió la prohibición de doble militancia como una “limitación, de raigambre constitucional, al derecho político de los ciudadanos a formar libremente parte de partidos, movimientos y agrupaciones políticas (art. 40-3, C.P.). Ello en el entendido que dicha libertad debe armonizarse con la obligatoriedad constitucional del principio democrático representativo, que exige que la confianza depositada por el elector en determinado plan de acción política, no resulte frustrada por la decisión personalista del elegido de abandonar la agrupación política mediante la cual accedió a la corporación pública o cargo de elección popular”.

25 Parágrafo del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011 “Las restricciones previstas en esta disposición no se aplicarán a los miembros de los partidos y movimientos políticos que sean disueltos por decisión de sus miembros o pierdan la personería jurídica por causas distintas a las sanciones previstas en esta ley, casos en los cuales podrán inscribirse en uno distinto con personería jurídica sin incurrir en doble militancia”. (Negrilla propia).

26 Al respecto consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 4 de agosto de 2016, radicación Nº 63001-23- 33-000- 2016-00008- 01 CP Alberto Yepes Barreiro Ddo. Stefany Gómez Murillo – Concejal de Armenia en este caso se analizó si la demandada, avalada por el partido Alianza Verde estaba incursa en la prohibición de doble militancia en la modalidad de apoyo, porque acompañó la candidatura a la alcaldía de armenia del candidato inscrito por el partido Liberal, porque al candidato de su partido se le había revocado la inscripción y Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 27 de octubre de 2016, radicación Nº 68001-23-33-000-2016-00043-01 CP Rocío Araujo Oñate Ddo. José Villar Diputado de Santander. En esta providencia se analizó si el demandado, avalado por el partido Centro Democrático estaba incurso en la prohibición de doble militancia por apoyo, debido a que acompañó al candidato del partido de La U a la alcaldía de San Gil, ya que el candidato de su partido había renunciado a su inscripción.

27 V.gr. por renuncia del candidato que inscribió; porque simplemente se abstuvo de inscribir alguna candidatura; por la revocatoria de la inscripción de su candadito, entre otros.

28 En este mismo sentido consultar, entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 29 de septiembre de 2016, Exp. 730001-23-33-000-2015-00806-01, C.P. Alberto Yepes Barreiro. Dte: Carlos Enrique Ramírez Peña; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 6 de octubre de 2016, Exp50001-23-33-000-2016-00077-01, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez. Dte Yenny Moreno Henao.

29 En el disco compacto se encuentran además algunas fotografías tomadas de la red social Facebook. Sin embargo, el Ponente del Tribunal de Nariño no las decretó como pruebas.

30 En la declaración rendida en el marco de la audiencia de pruebas señala que fue candidato a la Alcaldía de Ipiales para el periodo 2016-2019 por el Partido Liberal Colombiano (minutos 16:16 aproximadamente)

31 Quien afirmó ser parte de los directivos del Partido Opción Ciudadana desde el año 2015 (minuto 43:17 de la audiencia de pruebas)

32 Quien manifestó ejercer como comerciante en la ciudad de Ipiales (minuto 55 de la audiencia de pruebas aproximadamente) y señaló que colaboró con la campaña política del demandante al concejo de la citada municipalidad (Minuto 1:04:44 de la audiencia de pruebas).

33 Quien manifestó hacer parte del grupo de trabajo del señor Yesid Cuarán Castro (minuto 1:11:50 de la audiencia de pruebas).

34 Folio 34 del expediente

35 En el minuto 42:37 de la audiencia señaló “Hago parte de la dirección nacional del Partido desde el 2015 en la convención”.

36 Minuto 40:47 del cd de audiencia de pruebas.

37 Cuando se le preguntó al señor Paz León que le constaba sobre los hechos de la demanda, aquel contestó: “Yo pertenecí al grupo de trabajo del señor Yesid Cuarán que él pertenecía a Cambio Radical, también donde el día del lanzamiento donde una “fusión” entre Cambio Radical y Opción Ciudadana”. Minuto 1:11:11 de la audiencia de pruebas.

38 El artículo 211 del CGP establece Imparcialidad del testigo. Cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio de las personas que se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés en relación con las partes o sus apoderados, antecedentes personales u otras causas.

La tacha deberá formularse con expresión de las razones en que se funda. El juez analizará el testimonio en el momento de fallar de acuerdo con las circunstancias de cada caso”. 

39 En auto del 23 de mayo de 2016 se determinó: “Suspender la presente audiencia hasta tanto se allegue la documentación que ha quedado pendiente y se dé cuenta al despacho de dicha situación, para proceder a reanudar la presente audiencia, mediante providencia que se expedirá por escrito” (fl. 196).

Por su parte, en auto del 28 de junio de 2016 proferido en audiencia se determinó “primero: suspender la presente audiencia hasta tanto se allegue la documentación que ha quedado pendiente y se dé cuenta al despacho de dicha situación, para proceder a reanudar la presente audiencia, mediante providencia que se expedirá por escrito. Segundo Requiérase al Partido Político Opción Ciudadana, que informe si existe o existió alguna autorización para que sus candidatos de las pasadas elecciones del 25 de octubre de 2015 en el Municipio de Ipiales, tenía libertad para realizar alianzas o manifestar apoyos a candidatos diferentes a los del propio partido, y bajo qué condiciones, indicando además si se comunicó o notificó al señor Miguel Alejandro Huertas Erazo” (reverso del folio 214).

Mediante auto del 5 de agosto de 2016, proferido en audiencia se determinó: i) volver a requerir al partido opción ciudadana; ii) sancionar a la citada colectividad con multa de 10smmlv; iii) suspender la audiencia de pruebas.

40 Así se acredita en la constancia de recepción del documento visible en la parte superior derecha del folio 244 del expediente.

41 En el folio 225 a 226 obra copia de un correo electrónico en donde consta que el día 28 de junio del correo opcionciudadan.dianac@gmail.com se envió a la dirección electrónica des02tanarino@cendoj.ramajudicial.gov.co documento con el propósito de dar cumplimiento al requerimiento hecho por el juez. No obstante, en dicho documento solo se señala que el posible caso de doble militancia del señor Huertas está siendo objeto de investigación de forma que no respondía a la pregunta hecha por el auto del 5 de mayo de 2016 en la que se determinó “Requiérase al Partido Político Opción Ciudadana, que informe si existe o existió alguna autorización para que sus candidatos de las pasadas elecciones del 25 de octubre de 2015 en el Municipio de Ipiales, tenía libertad para realizar alianzas o manifestar apoyos a candidatos diferentes a los del propio partido, y bajo qué condiciones, indicando además si se comunicó o notificó al señor Miguel Alejandro Huertas Erazo”.

42 Minuto 43:17 de la audiencia de pruebas.

43 Minuto 48:40 a 49:17 de la audiencia de pruebas.

44 Minutos 1:12:30 a 1:12:50 de la audiencia de pruebas.

45 Minutos 1:17: 29 de la audiencia de pruebas.

46 Folio 36 del expediente.

47 Así se constata en el folio 82 en el que frente al CD solicita que no sea tenido en cuenta “porque la misma tiene una fecha de producción anterior a la fecha de suscripción del acuerdo”.

48 ARTÍCULO 269. La parte a quien se atribuya un documento, afirmándose que está suscrito o manuscrito por ella, podrá tacharlo de falso en la contestación de la demanda, si se acompañó a esta, y en los demás casos, en el curso de la audiencia en que se ordene tenerlo como prueba.

Esta norma también se aplicará a las reproducciones mecánicas de la voz o de la imagen de la parte contra quien se aduzca. 

No se admitirá tacha de falsedad cuando el documento impugnado carezca de influencia en la decisión. 

Los herederos de la persona a quien se atribuye un documento deberán tacharlo de falso en las mismas oportunidades”.  

A su vez el inciso final del artículo 272 del CGP establece: “El desconocimiento no procede respecto de las reproducciones de la voz o de la imagen de la parte contra la cual se aducen, ni de los documentos suscritos o manuscritos por dicha parte, respecto de los cuales deberá presentarse la tacha y probarse por quien la alega”.

49 Minuto 39 a 40 de la audiencia de pruebas aproximadamente.

50 Minutos 41 a 44 aproximadamente la audiencia de pruebas.

51 Minutos 44:30 a 45: 11 de la audiencia de pruebas.

52 Minutos 18: 00 a 18: 56 de la audiencia de pruebas.

53 Así lo reiteró en el minuto 18:45 y 21:17 de la audiencia de pruebas.

54 Minutos 21: 00 a 21: 17 de la audiencia de pruebas.

55 Minutos 31:00 a 32: 12 de la audiencia de pruebas.

56 Minuto 56:15 a Minuto 56:23 de la audiencia de pruebas.

57 Minuto 58:39 de la audiencia de pruebas.

58 Realizada por el apoderado del demandante.

59 Minutos 1:00:00 a 1:03:36 de la audiencia de pruebas.

60 Pregunta realizada por el apoderado del demandado.

61 Minutos 1:06:50 a 1:07:14 de la audiencia de pruebas.

62 Minutos 1:11:05 a 1:11:35 de la audiencia de pruebas.

63 Minutos 1:13:05 a 1:13:38 de la audiencia de pruebas.

64 Minutos 1:17:45 a 1:17:49 de la audiencia de pruebas.