Sentencia 2015-00990 de noviembre 1 de 2017

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 110011102000201500990-01

Magistrado Ponente:

Dr. Camilo Montoya Reyes

Bogotá D.C. primero de noviembre de dos mil diecisiete.

Aprobado según Acta de Sala 93 de la fecha.

Asunto a decidir

Procede la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura a pronunciarse en grado jurisdiccional de consulta, respecto del fallo proferido el 13 julio de 2016, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá(1), mediante el cual sancionó con censura al abogado Heber Cibel Villamil Velásquez tras hallarlo responsable de incurrir en la falta prevista en el artículo 37 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007.

Hechos y antecedentes procesales

Hechos

Esta investigación tuvo origen en la queja presentada el 11 febrero de 2015 por los señores Libardo Galindo Soto, Jesús Marcial Mayag Ipujan y Jazmín Roció Moreno Santamaría, quienes manifiestan haber dado poder al abogado para que iniciara acciones contra la Caja de Vivienda Popular y la Constructora Milenio Ltda. con el objeto de obtener una indemnización, por los daños ocasionados en la Urbanización Buenavista declarada en el año 2008 zona de alto riesgo.

Lo anterior en una acción de grupo que se había iniciado contra aquella entidad, en la que se declaró la responsabilidad de las entidades accionadas y se les impuso la obligación de cancelar las respectivas indemnizaciones pero que por descuido del abogado no fueron adheridos a la lista inicial.

Añadieron que el abogado Villamil Velásquez estuvo incapacitado pero pese a ello no presentó constancia de su condición de salud en el término señalado en el artículo 142 del Código de Procedimiento Civil por lo que los quejosos y otras 18 familias quedaron por fuera de la compensación por los daños causados.

Finalizaron su escrito asegurando que el abogado no les permitió conocer el estado del trámite del proceso, respondía con mentiras, y se enteraron de la negativa a la solicitud de su integración el 8 octubre de 2014 cuando se acercaron al despacho a averiguar la suerte del trámite.

Actuación procesal

1. Calidad de disciplinable. Se allegó el certificado 03669-2015 de 20 abril de 2015 expedido por la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia que acreditó la calidad de abogado del doctor Heber Cibel Villamil Velásquez identificado con la cédula de ciudadanía 79.341.358 y tarjeta profesional 123.380(2). Posteriormente la Secretaria del Seccional de Instancia remitió el Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por esta colegiatura de 12 mayo de 2015, del cual se evidencia la ausencia de sanciones disciplinarias impuestas al encartado

2. Apertura de investigación. Verificada la condición de sujeto disciplinable del inculpado, el Magistrado de instancia(3) mediante auto de 12 mayo de 2015, conforme al artículo 104 de la Ley 1123 de 2007, dispuso la apertura de investigación disciplinaria contra el abogado Heber Cibel Villamil Velásquez y fijó la realización de la audiencia de pruebas y calificación provisional para el 16 julio de 2015.

3. Audiencia de pruebas y calificación provisional. En la fecha prevista, el instructor de instancia se constituyó en audiencia de pruebas y calificación provisional compareció el disciplinado y los quejosos.

El magistrado instructor hizo lectura de la queja y corrió traslado a los quejosos para que ampliara la queja y posterior versión libre del disciplinado.

3.1. Ampliación y ratificación de la queja. El señor Libardo Galindo indicó no haber suscrito contrato de servicios profesionales con el abogado, pero sí le otorgó poder en el 2008 para iniciar acción de grupo y le entregó $ 50.000 por concepto de notificaciones. No se justifica que 18 familias no se indemnizan porque el inculpado no adjuntó el listado en el término legal que el Juzgado le había dado. Pactaron como honorarios el 20% de la indemnización a obtener.

El señor Jesús Marcial Mayag coadyuvó lo señalado en la queja y precisó que al enterarse de no ser parte del listado se acercó a hablar con el abogado, y éste le respondió que buscaría integrarlos por medio del Juzgado Cuarto y de la intervención de la Procuraduría. Se realizó audiencia de conciliación con las accionadas, sin resultados positivos.

Aseguró el quejoso que el abogado le afirmó ya estar vinculados al proceso por medio de Juzgado 32 Civil Municipal, pero nunca suministró el número del proceso.

3.2. Versión libre. Manifestó que en su momento estuvo vinculado a dos acciones de grupo con la Urbanización Buenavista Oriental. En una reunión con 55 asistentes el señor Mayag le otorgó poder para iniciar acción popular.

La acción se tramitó en el Juzgado 20 Administrativo del Circuito de Bogotá, se adoptó como medida cautelar el pago de arrendamientos por parte de la Caja de Vivienda Popular y en el fallo que fue más allá de lo solicitado, se ordenó la reubicación de 96 familias afectadas.

Señaló que reunió a los afectados para aclararles que había dos grupos, indicó que en un primer grupo existía 85 personas reubicadas por la Caja de Vivienda Popular y un segundo grupo, de 10 personas que no fueron reubicadas entre ellas el señor Mayag Ipujan, quien compró la vivienda a Compensar y el señor Galindo Soto que adquirió directamente a la constructora Milenio, lo que significa que eran acciones distintas que los quejosos necesitaban adelantar.

Sin embargo, les comentó que tenían derecho a una posible indemnización colectiva porque habían sido afectados por un concepto que dio la Caja de Vivienda Popular para todos los inmuebles. Reunió los documentos para la acción de grupo con 63 poderes mientras los restantes adujeron que no era necesario porque la sentencia de la acción popular los cobijaba.

Los señores Galindo Soto y Mayag Ipujan no le otorgaron poder para interponer la acción; sin embargo para solicitar la integración al proceso debieron firmar, solicitud que fue denegada por falta de documentos que ellos no suministraron.

Se recepcionaron los siguientes testimonios.

José Orlando Ganzo Morales.

Manifestó haber vivido en una casa que resultaron afectadas, por lo que le otorgó poder al abogado enjuiciado para que lo representara en una acción de grupo contra la Caja de Vivienda Popular. Reveló que el señor Mayag Ipujan no entregó al abogado los documentos necesarios para el proceso y el señor Libardo Galindo lo ha amenazado.

Sandra Beltrán

Indicó conocer al disciplinado y tuvo la calidad de demandante en la acción de grupo que se adelantó contra la Caja de Vivienda Popular. Manifestó que los quejosos eran dueños de algunas casas afectadas pero no hicieron parte de la acción de grupo por que entregaron los poderes en forma extemporánea.

Milton Molano Morales

Manifestó haber otorgado poder al disciplinado para que promoviera una acción de grupo y popular. Indicó que los quejosos solo le entregaron poder al abogado después del fallo.

3.3. Calificación jurídica. Conforme al artículo 105 de la Ley 1123 de 2007, el Magistrado de instancia realizó la calificación jurídica correspondiente.

El magistrado evidenció que la acción constitucional fue admitida el 19 de noviembre de 2008 por el Juzgado 25 administrativo Sección Segunda del Circuito de Bogotá. El 31 de octubre de 2012 el Juzgado 10 Administrativo de Descongestión declaró responsable a las entidades accionadas por lo que fueron condenadas a indemnizar al grupo de perjudicados.

El edicto para la notificación del fallo fue desfijado el 7 diciembre de 2012 la inmobiliaria Milenio apeló en tiempo, y se resolvió el recurso el 29 de abril de 2013. El abogado radicó el 3 julio de 2013 en el Juzgado 10 Administrativo de Descongestión constancia de publicación del extracto de la sentencia en el diario El Espectador de 19 junio de 2013.

El 16 de agosto del mismo año, el abogado presentó en el Juzgado solicitud de adhesión a la acción de grupo en virtud de lo ordenado por el despacho en sentencia 31 octubre de 2012. Solicitud fue negada por extemporánea en auto de 5 septiembre de 2013, debido a que tenía plazo hasta el 18 julio de 2013 y no lo hizo.

4.3. Formulación de cargos. Verificada la situación fáctica, el a quo estimó que el profesional del derecho con su conducta pudo haber desatendido el deber del artículo 28 numeral y 10 de la Ley 1123 de 2007 y se le imputó al abogado Heber Cibel Villamil la falta contenida en el artículo 37 numeral 1º contra la debida diligencia en modalidad culposa en cuanto a la omisión de solicitar en el término legal interrupción de la acción constitucional 2008-0589 por enfermedad grave, lo que afectó la intención que tenían sus clientes de adherirse como beneficiarios de la sentencia proferida. El abogado disciplinado solicitó suspender la audiencia para aportar pruebas.

Se continuó la audiencia de Pruebas y Calificación Provisional el día 25 abril de 2016 y el abogado Heber Cibel Villamil Velásquez manifestó aceptar los cargos en su contra en los siguientes términos:

“Este disciplinado en el trascurso del proceso no ha abandonado en ningún m omento a las personas ni a las víctimas. Es así como a través de la Procuraduría se acudió para que les resarciera los daños. Audiencias que fueron fracasadas… entonces su señoría yo acepto los cargos y solicito se me le dé aplicabilidad al numeral b del artículo 45 de la presente Ley para que se tenga en cuenta las atenuaciones un criterio de atenuación (...)”.

Fallo consultado

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante providencia de 13 julio de 2016, declaró disciplinariamente responsable el abogado Heber Cibel Villamil Velásquez de la comisión de la falta prevista en el numeral 1 del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007 calificada en la modalidad de culpa y lo sancionó con censura.

El a quo concluyó que es indiscutible la omisión de hacer las actuaciones al encargo encomendado por lo sus clientes quedaron por fuera de la posibilidad de hacer valer los derechos que pretendían. Teniendo oportunidad hasta el 18 julio de 2013 para solicitar la adhesión de los quejosos en los efectos de la sentencia.

Con el acervo probatorio existente, se constató que el abogado promovió acción de grupo contra la Caja de Vivienda Popular y la inmobiliaria Milenio Ltda por el perjuicio ocasionado a los derechos colectivos con ocasión de los daños estructurales sufridos por sus viviendas por la realización de construcciones Buena vista Oriental Etapa II.

El abogado realizó publicación del extracto de la sentencia el 19 junio de 2013, estuvo hospitalizado del 24 de junio al 29 junio de 2013, no apuro el trámite que trata el artículo 142 inciso segundo del Código Procedimiento Civil vigente para la época y decidió presentar la solicitud adhesión cuando la ocasión procesal ya había caducado.

A pesar que el togado confesó la falta de manera libre y espontánea, se efectuó después de la formulación de cargos, se corroboro con otros medios de pruebas que se demuestra el actuar descuidado causando perjuicio a sus clientes al fracasar su aspiración de adherirse al grupo de beneficiarios de la acción constitucional 2008- 0589.

Consideró el a quo que la infracción del abogado está claramente demostrada, evidenció un actuar con culpa de trascendencia social, por lo que atendiendo lo previsto en el artículo 45 del Código Disciplinario del Abogado y sancionó con censura al abogado Heber Cibel Villamil Velásquez.

Trámite en segunda instancia

Una vez repartidas las diligencias disciplinarias al Despacho, mediante auto de 10 octubre de 2016 avocó conocimiento, corrió traslado al Ministerio Público, ordenó fijación en lista y requirió los antecedentes disciplinarios del investigado.

Concepto del Ministerio Público. Mediante constancia secretarial 15 noviembre de 2016, se constató que a la fecha no se ha recibido concepto del Ministerio Público.

Antecedentes disciplinarios. La Secretaría Judicial de esta Sala emitió la certificación N° 841474 de 11 noviembre de 2016, a través de la cual hizo consignar que contra el abogado Heber Cibel Villamil Velásquez no aparecen registradas sanciones disciplinarias.

Consideraciones de la Sala

Competencia. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al tenor de lo previsto en el numeral 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996 —Estatutaria de Administración de Justicia—, es competente para “Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura”, en concordancia con el parágrafo 1° del referido artículo y el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007 —Código Disciplinario del Abogado—.

Dable es señalar que tal facultad legal se mantiene incólume para esta Superioridad, a pesar de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 del primero (1º) de julio de 2015, mediante el cual se creó el nuevo órgano rector disciplinable; pues en razón a lo establecido en el parágrafo transitorio 1º del artículo 19 del referido acto legislativo, que dispuso: “(…) Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, transitoriedad que ha sido avalada por la Corte Constitucional en diferentes providencias, entre ellas el Auto 278 del 9 de julio de 2015, que dispuso “6. De acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, cabe entender que, hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones. Ello significa que, actualmente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.”; razón por la cual esta Sala entrará a decidir lo que en derecho corresponda.

Atendiendo a los fines del grado jurisdiccional de consulta y dado que no se observaron irregularidades que afecten la legalidad de lo actuado ni de la sentencia, Procede la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura a pronunciarse en grado jurisdiccional de consulta, respecto del fallo proferido el 25 abril de 2016, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante el cual sancionó con censura, al abogado Heber Cibel Villamil Velásquez, tras hallarlo responsable de incurrir en la falta prevista en el numeral 1 del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, calificada a título de culpa.

Reitera la Sala, que el ejercicio de la abogacía conlleva el cumplimiento estricto de una serie de deberes y obligaciones que estructuran, en términos generales, el código ético al cual se encuentran sometidos los abogados en el litigio, cuyo incumplimiento o vulneración de sus normas coloca al profesional del derecho que los infringe en el ámbito de las faltas reprimidas por el Legislador como disciplinarias, según el quebrantamiento o la trasgresión del deber impuesto, susceptible de reproche y de la imposición de la sanción que corresponda de acuerdo con las pruebas que se recauden en el respectivo proceso disciplinario.

Lo que impone como necesario, para emitir una sentencia sancionatoria, que exista certeza sobre la materialización de una conducta constitutiva de una falta disciplinaria prevista en el ordenamiento jurídico vigente, al igual que se cumpla el presupuesto respecto de la responsabilidad del investigado y para el caso que nos ocupa existe plena prueba de ello, conforme las exigencias del artículo 97 de la Ley 1123 de 2007.

De la falta a la debida diligencia profesional

Tipicidad

“ART. 37.—Constituyen faltas a la debida diligencia profesional:

1. Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas”

Está dada con la consagración de dicha falta en la Ley 1123 de 2007 donde de manera clara se definen los deberes del profesional del derecho y correlativamente, se especifican las faltas en que se incurre por el incumplimiento de aquellos. Es claro, que la tipicidad responde al principio de legalidad, consagrado en la Constitución y requiere que la conducta endilgada, las sanciones, los criterios para su determinación y los procedimientos previstos para su imposición, sean clara y expresamente definidos de manera previa a la aplicación de estas medidas.

Lo anterior, refrenda que cuando el abogado se compromete con una representación judicial, se obliga a realizar en su oportunidad actividades procesales dirigidas a favorecer la causa confiada a su gestión; cobrando vigencia a partir de ese momento el deber de atender con celosa diligencia los asuntos encomendados, cargo que envuelve la obligación de actuar positivamente con prontitud y celeridad frente al encargo, haciendo uso de todos los mecanismos legales para el efecto; luego si cuando el abogado injustificadamente se aparta de la obligación de atender con rigor este deber frente a una representación judicial, incumpliendo cualquiera de estas exigencias, subsume su conducta en falta contra la debida diligencia profesional, como ha ocurrido en el asunto bajo examen.

En el material probatorio allegado al proceso, el abogado radicó acción de grupo el 27 octubre de 2008 (Fl. 1-4, anexo 7) con el radicado 2088-0589. El Juzgado Décimo Administrativo de Descongestión del Circuito de Bogotá D.C. mediante proveído de 31 octubre de 2012 (folio 536-589 anexo 7) condenó a las entidades demandadas a pagar de manera solidaria los perjuicios materiales y ordenó la publicación de extracto en un diario de amplia circulación dentro del mes siguiente a su ejecutoria.

El juzgado la parte resolutiva de su providencia determinó que la oportunidad para que todos los interesados por los mismos hechos y que no concurrieron al proceso se presentaran al Juzgado dentro del término de 20 días siguientes a su publicación.

Obra en folio 605 del anexo 7, escrito del abogado adjuntando publicación en el diario El Espectador, edición del 16 de agosto de 20134 y solicitud de adhesión en el Juzgado, la que negó por extemporáneo en razón a que tenía entre el 19 junio y el 18 julio de 2013 para presentarlo (fl. 22, anexo 6).

Lo anterior demuestra que el hecho constitutivo de la investigación disciplinaria existió, el abogado no agotó el trámite de que trata el artículo 142 del Código Procedimiento Civil perdiendo la oportunidad procesal pertinente para haber hecho parte a los quejosos de la indemnización, se evidencia el descuido.

En las pruebas aportadas por el abogado se constató que estuvo hospitalizado desde el día 24 junio de 2013 hasta el 29 de julio de 2013, teniendo cinco días después para solicitar la interrupción, es decir hasta el 6 agosto de 2013 y el memorial fue radicado el 5 septiembre de 2013, es decir de manera extemporánea. Es evidente para la Sala una vez finalizó su incapacidad medica omitió solicitar la interrupción de la acción constitucional 2008-0859 por enfermedad grave en los términos del artículo 168 numeral 2º del Código del Procedimiento Civil y tampoco solicitó nulidad de que trata el artículo 162, inciso 2º, de la norma en cita, “(…) lo que a la postre afectó gravemente la intensión que tenían sus clientes de adherirse como beneficiarios de la sentencia proferida en dicho trámite”, como quedo consignado en el pliego de cargos endilgado y en el fallo sancionatorio.

Antijuricidad

En este caso, deviene del incumplimiento acreditado y sin justificación alguna por parte del disciplinado del deber previsto en el numeral 10 artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, cuya culpabilidad emerge al no presentar en los términos establecidos por la ley la solicitud de adhesión para que sus mandantes hubiesen podido recibir indemnización.

Comparte esta Sala las consideraciones plasmadas por el a quo en cuanto se logró demuestra el actuar descuidado causando perjuicio a sus clientes al fracasar su aspiración de adherirse al grupo de beneficiarios de la acción constitucional 2008-0589.

Culpabilidad

Se entiende por culpabilidad la actitud consiente de la voluntad que da lugar a un juicio de reproche en cuanto el agente actúa en forma antijurídica pudiendo y debiendo actuar diversamente; La conducta endilgada, se realizó bajo la modalidad culposa, toda vez que no se encuentran elementos que permitan concluir que por parte del disciplinado hubiere existido algún ánimo de perjudicar a sus representados y en todo caso, bajo tal modalidad se formularon los cargos.

Razones por las cuales resulta en deber jurídico considerar integrado el trípode que constituye la falta disciplinaria: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, circunstancia que obliga a endilgar responsabilidad disciplinaria contra Heber Cibel Villamil Velásquez y por consiguiente se confirma la decisión del a quo.

La sanción

En relación con la sanción impuesta por el a quo, observa esta Superioridad que consultó los parámetros establecidos en los artículos 40 y 41 de la Ley 1123 de 2007, esto es, la gravedad, modalidad y circunstancias de la falta, los motivos determinantes y su antijuricidad para imponerla, en tanto permitió que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura mantenga en la sanción de censura impuesta al abogado Heber Cibel Villamil Velásquez, por violación al deber descrito en el numeral 10 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 y la incursión en la falta prevista en el numeral 1º del artículo 37 ibídem.

Comparte la Sala lo previsto por el a quo en el sentido de no tener la confesión como atenuación de la sanción, en atención a lo dispuesto en el Código Disciplinario del abogado, al tenor de la norma:

“ART. 45.—Criterios de graduación de la sanción. Serán considerados como criterios para la graduación de la sanción disciplinaria, los siguientes:

B. Criterios de atenuación

1. La confesión de la falta antes de la formulación de cargos. En este caso la sanción no podrá ser la exclusión siempre y cuando carezca de antecedentes disciplinarios”.

Ello por cuanto si bien el abogado admitió su incursión en la falta disciplinaria, lo hizo con posterioridad a la formulación de cargos.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Constitución y la ley,

RESUELVE

1. CONFIRMAR la decisión consultada, proferida el 13 julio de 2016, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante la cual sancionó con censura al abogado Haber Cibel Villamil Velásquez, tras hallarlo responsable de incurrir en la falta prevista en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, conforme las consideraciones expuestas en este proveído.

2. Anotar la sanción en el Registro Nacional de Abogados, data a partir de la cual empezará a regir, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la oficina encargada, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria.

3. Devolver el expediente al Consejo Seccional de origen, para que notifique a las partes del proceso y cumpla lo dispuesto por esta Superioridad.

4. Por Secretaría líbrense las comunicaciones de ley.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Pedro Alonso Sanabria Buitrago—Julia Emma Garzón De Gómez—Magda Victoria Acosta Walteros—Fidalgo Javier Estupiñan Carvajal—María Lourdes Hernández Mindiola—Camilo Montoya Reyes—Julio César Villamil Hernández.

Yira Lucía Olarte Ávila, Secretaria Judicial.

1 M.P. Antonio Suárez Niño en Sala Dual con el Magistrado Martín Leonardo Suárez Varón.

2 Fl. 48, C.O.

3 Doctora Elka Venegas Ahumada.