Sentencia 2015-01047/12447-31 de marzo 9 de 2017

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 110011102000201501047 01 (12447-31)

Aprobada según Acta de Sala 20

Magistrada Ponente:

Dra. Julia Emma Garzón de Gómez

Bogotá D.C., nueve de marzo de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 256 numeral 3º de la Constitución Política y 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es competente para conocer en segunda instancia de las sentencias proferidas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 2 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 2 de 2015, así: “los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 2 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente, esta Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no solo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

2. De la condición de sujeto disciplinable

La calidad de abogado está demostrada con la certificación del Registro Nacional de Abogados, en la cual se enuncia que Dorys Elena Quiñones Cortes quien se identifica con la cédula de ciudadanía Nº 51671211 y T.P. 44762, en estado vigente (fl. 206 c.o. 1ª instancia).

3. De la Apelación

Procede la Sala a pronunciarse sobre los motivos de discrepancia planteados en la apelación y a lo inescindiblemente ligado a ello, en atención a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 171 del C. D. U., aplicable a los procesos disciplinarios seguidos contra abogados, por remisión expresa del artículo 16 de la Ley 1123 de 2007, en consecuencia el análisis se circunscribirá a lo que es materia del recurso.

4. Requisitos para sancionar

Al tenor de lo previsto en el artículo 97 de la Ley 1123 de 2007, para proferir fallo sancionatorio se requiere de prueba que conduzca a la certeza de la existencia de la falta atribuida y de la responsabilidad del disciplinable.

5. Del caso en concreto

La presente actuación contra la abogada Dorys Elena Quiñones Cortes, se inició con fundamento en la queja incoada por la señora Ana Aleyda Vanegas Useche con ocasión a la asesoría indebida prestada por la togada, al indicarle que la actuación a seguir era ejercer una acción de pertenencia por vía de prescripción adquisitiva de dominio, usucapión, sobre el inmueble con matricula inmobiliaria 50c-436648 de propiedad de su cónyuge quien ya había fallecido para ese momento.

Entrará esta Colegiatura a pronunciarse sobre los argumentos del recurso de alzada, presentado el 12 de octubre de 2016 en término, toda vez que el edicto fue desfijado el 7 de octubre de 2016 transcurriendo así los tres días hábiles a partir de la última notificación.

Mediante decisión motivada, el a quo determinó que al interponer demanda de pertenencia el 3 de septiembre de 2013 la abogada investigada incurrió en la falta descrita en el artículo 33 numeral 2º de la Ley 1123 de 2007 encuadrando su conducta en el verbo rector promover una actuación manifiestamente contraria a derecho, afirmó el fallador que el legislador prohibió la usucapión entre cónyuges invocando como fundamento el artículo 1530 del Código Civil, calificando como dolosa la conducta al aducir que la abogada de manera consiente y voluntaria presentó una demanda pese a saber cómo profesional del derecho lo que establecía el legislador.

Ante la primera manifestación del recurrente sobre la distorsión de los hechos objeto de investigación es necesario partir de las pruebas documentales aportadas al plenario constatándose en ellas varias inconsistencias si se comparan con lo dicho por el apoderado de la investigada, en el escrito inicial de la demanda visto a folios 6 a 11 del cuaderno de primera instancia, evidenciándose que la disciplinable se refiere al señor Eduardo Díaz Cuevas como el cónyuge de la quejosa, por tanto se desvirtúa lo afirmado por el apelante ya que de lo anterior se puede inferir que la encartada conocía el estado civil de su poderdante desde el momento en el cual incoó la demanda y no a partir de que la misma fuera admitida como lo afirmó el apelante.

Por otra parte del escrito dirigido al Juzgado 41 Civil del Circuito de Bogotá y radicado por la quejosa, se analiza que quien solicitó la terminación del proceso y del levantamiento de la medida cautelar fue la señora Ana Aleyda Vanegas Useche (fls 189 a 195 c.o 1ª instancia) siendo falso que la quejosa haya continuado la demanda como quiere hacerlo ver el recurrente, pues si bien elevó solicitud al Juzgado sin consentimiento de la investigada, se extrae de lo visto que su actuación estuvo encaminada a terminar el proceso de marras, intervención plenamente legitima por ser ella la directamente involucrada en el pleito de naturaleza civil.

En cuanto a la segunda de las premisas que utiliza el apelante para controvertir la modalidad dolosa de la conducta determinada por el a quo al manifestar que el actuar de su prohijada fue de buena fe, afirma esta Sala que carece de fundamento, pues si bien en el escrito de apelación allegado ante esta instancia (fls 21 a 110 c.o 2ª instancia) relaciona una serie de documentos en los cuales pretende demostrar varias actuaciones realizadas por su prohijada, en ellos solo se pueden ver una serie de trámites realizados por la quejosa para el reconocimiento de derechos relacionados con la muerte de su cónyuge tales como la resolución de colpensiones y tutelas presentadas para controvertir la diligencia de inventarios y avalúos, pero de los cuales no se puede extraer lo que pretende demostrar el abogado frente al proceso en comento, debido a que el único hecho objeto de investigación y por el cual fue sancionada la investigada fue la presentación del proceso declarativo de pertenencia. De otra parte, el fallador de instancia determinó dicha modalidad de acuerdo a que tal demanda se presentó de manera consciente y voluntaria pese a los conocimientos jurídicos como profesional del derecho de la encartada, razón plenamente justificada para establecer dicha modalidad y su correspondiente responsabilidad.

Frente a lo dicho en el escrito radicado ante está colegiatura diciendo que las pruebas fueron recaudadas exclusivamente por la quejosa y María del Pilar Díaz Vanegas, su hija, quienes además siempre imponían sus criterios, cabe resaltar que la abogada era la encargada de sacar avante la gestión encomendada y no es posible presentar dicha explicación toda vez que al elaborar dicha demanda tuvo que evaluar las pruebas que su mandante le estaba entregando y verificar la viabilidad de la acción, con ello la togada no pudo darle a entender que desconocía su contenido por el mero hecho que el recaudo lo hizo la quejosa, pues la responsabilidad de elevar las pretensiones de una demanda allegando el material probatorio que se considere adecuado para soportar los hechos es obligación del apoderado que pretende adelantar un proceso.

Concluye esta Colegiatura de cara al material probatorio obtenido en el plenario, esto es, las documentales aportadas por la quejosa obrantes en el anexo 1 con 177 folios en donde obran escritos del Juzgado 12 de Familia de Bogotá, escritura pública, poderes, contratos de arrendamiento y otros relacionados con el proceso ordinario (Pertenencia) ante el Juzgado 41 Civil del Circuito de Bogotá, se pudo establecer que efectivamente la quejosa reconocía a Eduardo Díaz Cuevas, quien fue su esposo en vida, como propietario del inmueble objeto de usucapión, estando más que claro el reconocimiento de dominio ajeno del bien 50c-436648 sobre el cual se pretendía la acción de pertenencia, hecho conocido por la investigada, con lo cual se evidencia también que la encartada tenía conocimiento de la existencia del proceso de sucesión, pues así se menciona al subsanar la demanda que cursó ante el Juzgado 41 Civil del Circuito de Bogotá (fls 15 a 17 c.o 1ª instancia), es claro entonces el conocimiento de la disciplinable del estado civil de su poderdante, así como de los fundamentos jurídicos que soportaban la prescripción adquisitiva de dominio (fls 15 a 17 c.o 1ª instancia), con lo cual resulta claro la voluntad de la conducta realizada y el incumplimiento de los deberes profesionales de la abogada.

De acuerdo a todo lo anterior, esta Sala al igual que lo hizo el a quo, considera que existe mérito para endilgar responsabilidad disciplinaria, por lo cual se deberá confirmar la sentencia del 15 de septiembre de 2016.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la decisión apelada del 15 de septiembre de 2016 mediante la cual SANCIONÓ CON SUSPENSIÓN POR DOS (2) MESES EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN a la abogada Dorys Elena Quiñones Cortes frente a la falta prevista en el artículo 33 numeral 2º de la Ley 1123 del 2007, de conformidad con lo expuesto en el cuerpo de este proveído.

2. DEVUÉLVASE la actuación al Seccional de Origen, para que notifique a los intervinientes y comunique al quejoso de la presente decisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 65, 71 y 73 de la Ley 1123 de 2007. En caso de ser necesario, el Magistrado Sustanciador queda facultado para comisionar a efectos de surtir el presente trámite de notificación y comunicación.

3. Anotar la sanción en el Registro Nacional de Abogados, fecha a partir de la cual empezará a regir la misma, para cuyo efecto se le comunicará a la Oficina encargada del Registro lo aquí resuelto, remitiendo copia de esta providencia con constancia de su ejecutoria.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase».