Sentencia 2015-01224/14073-32 de junio 22 de 2017

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Magistrada Ponente:

Dra. Julia Emma Garzón de Gómez

Rad.: 110011102000201501224 01 (14073-32)

Aprobado según Acta de Sala 47

Bogotá, D.C., veintidós de junio de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Competencia.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 256-3 de la Constitución Política, 112-4 de la Ley 270 de 1996 y 59-1 de la Ley 1123 de 2007, corresponde a esta colegiatura conocer en grado jurisdiccional de consulta de las decisiones proferidas en primera instancia por las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura, cuando fueren desfavorables a los investigados y no hayan sido apeladas, como lo ocurrido en el asunto bajo examen.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(...) Los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en autos 278 del 9 de julio y 372 del 26 de agosto de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 2 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 comisiones seccionales de disciplina judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 2 de 2015, así: “los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 2 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente, esta colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

En virtud de la competencia antes mencionada, procede la Sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales que atañen al tema a debatir.

2. De la Identidad de la disciplinada.

La Sede de Instancia acreditó la calidad de abogada de la doctora Francia Cristal Cabezas González, mediante certificado 5017-2014 expedido por la Unidad de Registro Nacional de abogados quien se identifica con la cédula de ciudadanía 1018403021 y tarjeta profesional 180570 vigente (fls. 12-13 c.o.).

3. Requisitos para sancionar.

Al tenor de lo previsto en el artículo 97 de la Ley 1123 de 2007, para proferir fallo sancionatorio se requiere de prueba que conduzca a la certeza de la existencia de la falta atribuida y de la responsabilidad del disciplinable.

4. De la falta endilgada.

 

El cargo por el que se condenó a la jurista Francia Cristal Cabezas González en el fallo consultado es el descrito en el artículo 33.9 de la Ley 1123 de 2007, el cual dispone:

(...).

“ART. 33.—Son faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado:

(...)

9. Aconsejar, patrocinar o intervenir en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos, del Estado o de la comunidad”.

4.1. De la tipicidad.

La tipicidad de la conducta representa un corolario del principio de legalidad, aplicable a las distintas modalidades del derecho sancionador del Estado, el mismo establece la necesidad de fijar de antemano y de forma clara y expresa, las conductas susceptibles de reproche judicial y las consecuencias negativas que generan, con el fin de reducir la discrecionalidad de las autoridades públicas al momento de ejercer sus facultades punitivas.

En la sentencia C-030 de 2012 la Corte Constitucional recordó que la tipicidad en el derecho disciplinario hace parte de las garantías propias del derecho fundamental al debido proceso, y abarca tanto la descripción de los elementos objetivos de la falta, como la precisión de la modalidad subjetiva en la cual se verifica, su entidad o gravedad y la clase de sanción de la cual se hace acreedor el individuo responsable:

“[E]n el derecho disciplinario resulta exigible el principio de tipicidad, el cual hace parte igualmente de la garantía del debido proceso disciplinario. De acuerdo con este principio, ‘la norma creadora de las infracciones y de las sanciones, debe describir clara, expresa e inequívocamente las conductas que pueden ser sancionadas y el contenido material de las infracciones, así como la correlación entre unas y otras’2.

(...).

De otra parte, la jurisprudencia de esta Corte ha sostenido que el principio de tipicidad se compone de dos aspectos, (i) que ‘exista una ley previa que determine la conducta objeto de sanción’ y (ii) ‘la precisión que se emplee en ésta para determinar la conducta o hecho objeto de reproche y la sanción que ha de imponerse’3. Este último aspecto, se encuentra orientado a reducir al máximo la facultad discrecional de la administración en el ejercicio del poder sancionatorio que le es propio4.

De conformidad con la doctrina y la jurisprudencia constitucional, el concepto de precisión mencionado, ligado analíticamente al principio de tipicidad, implica que son varios los aspectos normativos que debe regular de manera clara y expresa la norma sancionatoria: (i) el grado de culpabilidad del agente (si actuó con dolo o culpa); (ii) la gravedad o levedad de su conducta (si por su naturaleza debe ser calificada como leve, grave o gravísima); y (iii) la graduación de la respectiva sanción (mínima, media o máxima según la intensidad del comportamiento) (...)5.

Con todo, el mismo Alto Tribunal advierte que en materia disciplinaria la tipicidad de la conducta admite un grado mayor de flexibilidad por su ámbito de aplicación, la teleología de la sanción y la amplitud de las funciones o los deberes asignados a sus destinatarios:

“[S]i bien el principio de tipicidad es plenamente exigible en el derecho disciplinario, éste se aplica con una mayor flexibilidad y menor rigurosidad en este ámbito. Lo anterior, por cuanto ‘la naturaleza de las conductas reprimidas, los bienes jurídicos involucrados, la teleología de las facultades sancionatorias, los sujetos disciplinables y los efectos jurídicos que se producen frente a la comunidad, hacen que la tipicidad en materia disciplinaria admita -en principio- cierta flexibilidad’6.

(...) En consecuencia, la jurisprudencia constitucional ha encontrado que las principales diferencias existentes entre la tipicidad en el derecho penal y en el derecho disciplinario se refieren a (i) la precisión con la cual deben estar definidas las conductas en las normas disciplinarias, y (ii) la amplitud de que goza el fallador disciplinario para adelantar el proceso de adecuación típica de las conductas disciplinarias en los procedimientos sancionatorios7”.

Como primera medida, encuentra esta Colegiatura que la encartada faltó al deber a la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado siendo llamada a responder en juicio disciplinario por la incursión en la falta consagrada en el artículo 33 numeral 9 de la Ley 1123 de 2007, en la modalidad de dolosa, teniendo las siguientes factores.

Esta corporación evidenció que la investigada, suscribió mandato y el 3 de abril de 2013 contrato de prestación de servicios profesionales con el señor Wilmer Alexander Parra Duarte, con la pretensión de adelantar los procesos penales y civiles a que hubiere lugar en contra de su tío, el señor Pedro Fernando Parra Parra y con ocasión de dicho contrato el quejoso otorgó poder a la abogada a fin de que adelantara un proceso ejecutivo contra el señor Parra Parra el cual le correspondió al Juzgado 3 Civil Municipal de Bogotá, bajo el radicado 2013-0696. En dicho asunto se dictó mandamiento ejecutivo el 25 de junio de 2013 (fl. 69 a 77 de c. o).

Ahora bien, esta Superioridad encuentra que no existe duda sobre los hechos relatados por el denunciante a tal punto se prueba con la queja disciplinaria promovida por el señor Wilmer Alexander Parra Duarte, quien refirió que otorgó poder a la investigada, para que lo asesorara y representara en lo concerniente a una sociedad de bienes y mercancías, buscando que se declarara la existencia de la misma y por el contrario la asesoría dada fue para que se presentara una denuncia penal por estafa y un proceso ejecutivo a su favor, en este último proceso el juez de instancia decretó la condena en costas a cargo del denunciante, por la asesoría de la togada (fl. 1-9 de c. o)

Además esta colegiatura al observar los argumentos presentados por la disciplinada en sus alegatos de conclusión en cuanto a:

“realice todas las actuaciones tendientes al fin último del proceso, sin saber que en realidad la letra de cambio que contenía la obligación monetaria, estaba mal diligenciada, realmente nunca me fije en ese punto ya que esta misma había sido presentada anteriormente en la Fiscalía mencionada y nunca se discutió este tema en la conciliación ni por la Fiscal ni por el abogado de la contraparte que asistió, y personalmente sí cometí el gran error de no analizarla antes de presentar la demanda ejecutiva que desataría la presente investigación, cabe resaltar que nunca actúe de mala fe, que por el contrario siempre trate de hacer los trámites de la mejor manera y confiando en que si el Juzgado Libro mandamiento de pago era porque la demanda y el titulo ejecutivo, cumplían con los requisitos de forma y procedimentales para llevar a cabo el proceso, ya que de lo contrario se me hubiera inadmitido o en este caso rechazado de plano la demanda desde el comienzo, incluso una vez notificada la parte demandada como se puede ver en el proceso, ellos no presentaron alguna excepción por esta razón, también cabe señalar que una vez se realizó el cambio de juez en el Juzgado y éste Revoco el mandamiento de pago, advirtiendo a todas las partes de dicho error” sic subraya nuestra. (fl. 121 al 126 c.o.).

Pues como es posible que una profesional del derecho presente una letra para su ejecución por el valor de $47.285.000, cuando el deudor era el señor Wilmer Alexander Parra Duarte, su prohijado y el acreedor era el señor Pedro Fernando Parra Parra, es decir que la abogada había demandado al acreedor en favor del deudor, su cliente, forjando incurrir en error al juez de conocimiento, quien sin más advertencias libró un mandamiento ejecutivo irregular, afectando los derechos e intereses del señor Parra Parra.

Además, la disciplinada, una vez notificado el mandamiento ejecutivo, recurrió dicho auto, siendo revocado el 29 de mayo de 2014, decisión apenas lógica, en la medida que la orden de pago se había librado en contra del titular de la acción y a favor del deudor y más grave aún, el Juez sin percatarse de lo evidente, esto es que el deudor no podía demandar al acreedor, ordenó medidas cautelares consistentes en el secuestro de un automotor, cautela que fue materializada.

Por tanto, para esta colegiatura es claro que la profesional del derecho intervino en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos, en este caso del señor Pedro Fernando Parra Parra, en consecuencia, la disciplinada atentó contra la recta y leal realización de la justicia, al pretender ejecutar un letra de cambio por un monto de $47.285.000 demandado al acreedor en favor del deudor; por tanto, lo reprochable es que la profesional del derecho use sus conocimientos jurídicos, para defraudar a terceros, en este caso y a la administración de justicia, pues los abogados deben ser trasparentes y no deben engañar a su cliente a la administración de justicia o a terceros, lo cual en efecto ocurrió en el presente caso.

4.2. Antijuridicidad.

De acuerdo con el artículo 4º de la Ley 1123 de 2007, para que una conducta típica merezca reproche, es preciso que vulnere alguno de los deberes funcionales de los abogados:

“ART. 4º—Antijuridicidad. Un abogado incurrirá en una falta antijurídica cuando con su conducta afecte, sin justificación, alguno de los deberes consagrados en el presente código”.

Con respecto a la antijuridicidad como presupuesto de la sanción disciplinaria, la Corte Constitucional señaló en la sentencia C-181 de 2002 que “la infracción disciplinaria siempre supone la existencia de un deber cuyo olvido, incumplimiento o desconocimiento que genera la respuesta represiva del Estado”.

De forma semejante, en la sentencia C-948 de 2002 el mismo Alto Tribunal indicó que el derecho disciplinario busca asegurar el cumplimiento de los deberes legales atribuidos a los funcionarios públicos o a los particulares que desarrollan actividades de interés general:

“La Corte ha precisado igualmente que en materia disciplinaria, la Ley debe orientarse a asegurar el cumplimiento de los deberes funcionales que le asisten al servidor público o al particular que cumple funciones públicas pues las faltas le interesan al derecho disciplinario en cuanto interfieran tales funciones8. De allí que el derecho disciplinario valore la inobservancia de normas positivas en cuanto ella implique el quebrantamiento del deber funcional, esto es, el desconocimiento de la función social que le incumbe al servidor público o al particular que cumple funciones públicas9”.

Verificada como está desde el punto de vista objetivo la infracción al deber imputado a la profesional investigada, compete a la Sala determinar si del caudal probatorio analizado en precedencia surge causal alguna que justifique su conducta, o si por el contrario, en ausencia de esta, el desconocimiento por parte de la inculpada de las normas que regulan la profesión de abogado en el sub lite, impone determinar que se encuentra agotado el presente elemento en la estructura de la sanción disciplinaria.

Analizado este elemento, el cual compone el juicio de responsabilidad disciplinaria, se colige en este caso la inexistencia de causal de justificación, que permita relevar de las obligaciones y deberes consagrados en el Estatuto del Ejercicio de la Abogacía a la litigante Francia Cristal Cabezas González, en tanto, los hechos y las pruebas denotan la manera desleal con la cual obró la implicada.

Así las cosas, queda demostrado el injustificado incumplimiento por parte de la doctora Francia Cristal Cabezas González, de los deberes consagrados en el Código Disciplinario del Abogado, pues como a bien tuvo señalarlo el a quo, la letrada conocedora del derecho al pretender ejecutar un letra de cambio demandado al acreedor en favor del deudor no estaba llamado a prosperar pues claramente se demostró que la misma fue una maniobra fraudulenta, pretendiendo una ejecución que no operaba en el proceso de autos haciendo incurrir en un error a los operadores judiciales de instancia.

4.3. Culpabilidad.

En el derecho disciplinario se encuentra proscrita cualquier forma de responsabilidad objetiva. Ello implica que la imposición de una sanción de esta naturaleza siempre supone la evidencia de un actuar culposo o doloso por parte del investigado.

Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia C-181 de 2002 indicó que en materia disciplinaria la modalidad subjetiva con la cual se comete conducta dependerá de la naturaleza misma de la acción castigada, lo cual supone que, en principio, no todas las infracciones admiten su ejecución en las modalidades de dolo o culpa:

“[E]n materia penal, al igual que en el campo del derecho disciplinario, la sanción imponible por la comisión de una conducta reprochable sólo tiene lugar en presencia de acciones dolosas o culposas.

Ciertamente, la proscripción de la responsabilidad objetiva que acoge el régimen jurídico colombiano impone la restricción de sancionar la conducta por el sólo hecho de la ocurrencia del resultado y exige, en cambio, verificar la finalidad dolosa o culposa en la ejecución de la acción que se investiga.

Ahora bien, la circunstancia de que las conductas que vulneran el régimen jurídico merezcan sanción sólo cuando se realizan de manera culposa o dolosa no significa que todas las infracciones admitan ser ejecutadas en ambas modalidades de conducta. La determinación de si un comportamiento puede ser ejecutado a título de dolo o culpa depende de la naturaleza misma del comportamiento. En otros términos, el dolo o la culpa son elementos constitutivos de la acción, son sus elementos subjetivos estructurales. De allí que sea la propia ontología de la falta la que determina si la acción puede ser cometida a título de dolo o de culpa o, lo que es lo mismo, que la estructura de la conducta sancionada defina las modalidades de la acción que son admisibles” (énfasis agregado por la Sala).

En este orden de ideas, tenemos que la conducta dolosa tiene dos elementos esenciales, el cognitivo y el volitivo. El primero hace referencia al conocimiento del hecho, mientras el segundo tiene que ver con la voluntad del sujeto en realizar la conducta objeto de reproche.

Entonces, respecto a la culpabilidad, debe decirse que la falta contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado es un comportamientos por naturaleza doloso, por cuanto se incurre en ellas con el conocimiento que su comisión, es disciplinariamente reprochable y ocasiona perjuicios al cliente y a la administración de justicia, como ocurre en este evento donde el profesional del derecho investigado, llevó a la justicia civil un proceso con una letra de cambio que ni siquiera reunía los mínimos requisitos para ser ejecutable, ejecutando al mismo acreedor, y que su cliente el deudor fue condenado en costas en el proceso de autos por una mala ejecución y asesoría.

Ahora, es evidente que dada su condición de abogada, de la doctora Francia Cristal Cabezas González debió abstenerse de intervenir de manera fraudulenta de presentar demanda ejecutiva con la letra por el valor de $47.285.000, haciendo incurrir en error al juez de conocimiento que libró un mandamiento ejecutivo irregular, además al interior del infolio no figuraron elementos por los cuales se pudiera eximir de responsabilidad a la togada

5. Dosimetría de la sanción a imponer.

Al tenor de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 1123 de 2007, para la graduación de la sanción debe tenerse en cuenta los límites y parámetros allí señalados, los cuales deben consultar los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad.

Así las cosas, para la falta endilgada a la investigada consagra el artículo 40 del citado estatuto deontológico tres tipos de sanción, siendo la más leve la censura, de menor gravedad la suspensión y la máxima aplicable la de exclusión.

Ahora, teniendo en cuenta la modalidad y la gravedad de las conductas y además que la investigada no registra sanciones disciplinarias, se colige que la sanción de suspensión de tres meses en el ejercicio de la profesión impuesta en la sentencia consultada a la doctora Francia Cristal Cabezas González cumple con los criterios legales y constitucionales, al tener presente de que se trata de conductas por naturaleza dolosas frente a la diligencia.

De otra parte, acorde con el principio de necesidad íntimamente ligado con la función de la sanción disciplinaria, no admite duda que en el sublite, le era imperativo al operador disciplinario afectar con suspensión a la implicada, Igualmente, la imposición de la referida sanción, cumple con el fin de prevención particular, entendido este como el mensaje de reflexión para los profesionales del derecho, el cual no fue atendido por la abogada Francia Cristal Cabezas González.

Finalmente, se cumple también con el principio de razonabilidad entendido como la idoneidad o adecuación al fin de la pena, con lo que justifica la sanción disciplinaria impuesta a la disciplinada, pues acorde con lo expresado por la Corte Constitucional en la sentencia C-530 del 11 de noviembre de 1993

“(...) La razonabilidad hace relación a que un juicio, raciocinio o idea esté conforme con la prudencia, la justicia o la equidad que rigen para el caso concreto. Es decir, cuando se justifica una acción o expresión de una idea, juicio o raciocinio por su conveniencia o necesidad”.

Es así, como la sentencia consultada cumple cabalmente con los principios mencionados, teniendo en cuenta que la falta cometida por la doctora Francia Cristal Cabezas González fue realizada de manera dolosa, ocasionándole un detrimento patrimonial y un perjuicio al denunciante, a terceros criterios también valorados en el precitado artículo 45 de la Ley 1123 de 2007 y aplicables al sub lite.

Por lo anterior, la Sala CONFIRMARÁ la sentencia consultada proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante la cual sancionó con suspensión de tres meses en el ejercicio de la profesión a la abogada Francia Cristal Cabezas González como autora responsable de la falta prevista en el artículo 33 numeral 9 de la Ley 1123 de 2007, a título de dolo.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia consultada proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, de fecha 30 de noviembre de 2016, mediante la cual sancionó con suspensión de tres meses en el ejercicio de la profesión a la abogada Francia Cristal Cabezas González como autora responsable de la falta prevista en el artículo 33 numeral 9, a título de dolo de la Ley 1123 de 2007, conforme a lo expresado en la parte motiva de esta providencia.

2. ANÓTESE la sanción en el Registro Nacional de Abogados, fecha a partir de la cual empezará a regir la misma, para cuyo efecto se le comunicará a la oficina encargada del registro lo aquí resuelto, remitiendo copia de esta providencia con constancia de su ejecutoria.

3. DEVUÉLVASE la actuación al Consejo Seccional de origen, para que en primer lugar, notifique a los intervinientes de la presente decisión, en los términos previstos en los artículos 70 y siguientes de la Ley 1123 de 2007, así mismo el magistrado sustanciador tendrá facultades para comisionar cuando así lo requiera para dar cumplimiento a la presente decisión; y en segundo orden, cumpla con lo dispuesto por la Sala y demás fines pertinentes.

Notifíquese y cúmplase».

2 Ibídem.

3 Sentencia C-564 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

4 Ver Sentencia C-564 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

5 Ver Sentencia C-796 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

6 Sentencia C-404 de 2001, reiterado en sentencia C-818 de 2005.

7 Ver sentencias C-404 de 2001 y T-1093 de 2004, entre otras.

8 En reiterados pronunciamientos esta corporación ha resaltado que la órbita de injerencia del derecho disciplinario se circunscribe al comportamiento de los servidores públicos en ejercicio de sus cargos. Por ello se ha expuesto que “El derecho disciplinario comprende el conjunto de normas, sustanciales y procesales, en virtud de las cuales el Estado asegura la obediencia, la disciplina y el comportamiento ético, la moralidad y la eficiencia de los servidores públicos, con miras a asegurar el buen funcionamiento de los diferentes servicios a su cargo”. Corte Constitucional. Sentencia C-341-96. M.P. Antonio Barrera Carbonell. En el mismo sentido, se ha indicado que “El Código Disciplinario Único comprende el conjunto de normas sustanciales y procesales, con las que el legislador pretende asegurar la obediencia, la disciplina, la eficiencia y el adecuado comportamiento de los servidores públicos en el ejercicio de sus cargos”. Corte Constitucional. Sentencia C-712.01, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

9 Ver Sentencia C-373 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño. S.P.V. de los magistrados Rodrigo Escobar Gil y Eduardo Montealegre Lynett.