Sentencia 2015-01287 de Abril 14 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Exp.: 68001-23-33-000-2015-01287-01.

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González.

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y terceros sean reemplazados por las iniciales de los nombres y apellidos y/o por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política).

Acción de Tutela

Actora: M. C. M. C.

Bogotá, D. C., catorce de abril de dos mil dieciséis.

Tesis: Para hacerse acreedor a las becas del programa “Ser Pilo Paga 2” deben cumplirse todos los requisitos exigidos. En este caso la hija de la actora no había sido admitida en una institución de educación superior. Presupuesto inseparable para el otorgamiento del beneficio.

Procede la Sala a decidir la impugnación interpuesta por la parte demandante, contra la sentencia de 4 de diciembre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que declaró la carencia actual de objeto por hecho superado.

I. Antecedentes.

I.1. La solicitud.

La señora M. C. M. C. actuando en representación de su hija, la menor K. D. A. M., instauró acción de tutela contra el Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior “Mariano Ospina Pérez” —Icetex—, para obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la educación.

I.2. Hechos.

Indicó que en los meses de junio y julio de 2015, surgió el programa de las diez mil becas para los estudiantes que obtuvieran los mejores resultados en las pruebas saber en todo el territorio colombiano, denominado “Ser Pilo Paga 2”, del Gobierno Nacional.

Señaló que la menor K. D. A. M. obtuvo el cuarto puesto a nivel nacional en dichas pruebas, con un puntaje de 408 puntos, razón por la que se dirigió a las instalaciones del Icetex, donde se le indicó que no podía ser beneficiaria del programa mencionado, toda vez que se encontraba en la causal de Sisben suspendido caso 4.

Sostuvo que de acuerdo con lo establecido en dicho programa, la fecha de corte en la base de datos del Sisben, sería el 19 de junio de 2015 y las pruebas se realizaron el 2 de agosto del mismo año, por lo que, a su juicio, su hija reúne todos los requisitos exigidos, para ser beneficiaria de dicho programa, máxime si se tiene en cuenta que la categoría establecida para acceder a los beneficios del mismo es hasta el nivel 3 y ellas se encuentran en el 2.

Aseguró que la supuesta suspensión en el Sisben obedece a ingresos que fueron percibidos durante los últimos meses, argumento que no es suficiente para no acceder al programa “Ser Pilo Paga 2”, teniendo en cuenta que, repite, su hija cumple con los requisitos exigidos por el Gobierno Nacional para hacerse acreedora al beneficio allí ofrecido.

I.3. Pretensiones.

Solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, además, que se ordene a la Nación - Ministerio de Educación Nacional y al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior “Mariano Ospina Pérez” —Icetex—, que realice los correctivos necesarios para acceder al programa “Ser Pilo Paga 2” y, en consecuencia, se otorgue de manera inmediata la beca a su hija menor de edad.

I.4. Defensa.

La Nación - Ministerio de Educación Nacional, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela, toda vez que no ha vulnerado los derechos fundamentales cuyo amparo invoca la parte actora.

Manifestó que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1450 de 2011, la entidad encargada de la administración del fondo del programa “Ser Pilo Paga 2”, al igual que la verificación del cumplimiento de los requisitos de inscripción, corresponde al Icetex.

Sostuvo que uno de los requisitos para que las personas puedan acceder a dicho programa, es que tengan un puntaje específico de Sisben según ubicación geográfica con el corte respectivo a 19 de junio de 2015, situación que no corresponde a la parte actora, porque según lo indicado por el Departamento Nacional de Planeación, existe una suspensión caso 4, lo que implica que la posible beneficiaria no cumpla a cabalidad los requerimientos exigidos.

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior “Mariano Ospina Pérez” —Icetex—, solicitó negar las pretensiones de la demanda, en consideración a que no ha vulnerado derecho fundamental alguno.

Allegó la certificación de 1º de diciembre de 2015, suscrita por la Coordinadora de Crédito de la entidad, en la que consta que la menor K. D. A. M., cumple con el requisito del Sisben, comoquiera que al validar la base de datos a 19 de junio de 2015, se encuentra registrado su documento de identidad con un puntaje de 42,87 del área 2, razón por la que solicitará la validación ante el Departamento de Planeación Nacional, y en caso de ser confirmada dicha formalidad, procederá con la activación para el registro del formulario de solicitud de crédito del programa “Ser Pilo Paga 2”, para el periodo 2016-1, a partir del 2 de diciembre de 2015.

Por último, aseguró que ha llevado a cabo todas las gestiones correspondientes para resolver las solicitudes expuestas por la parte actora, por lo que en el presente caso se configura la carencia actual de objeto por hecho superado.

II. Fundamentos del fallo impugnado

El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia de 4 de diciembre de 2015, declaró la carencia actual de objeto por hecho superado.

Sostuvo que dentro del expediente obra la certificación por parte de la Coordinadora de Crédito del Icetex, en la que informa sobre la validación de los requisitos de la menor A. M. para aplicar al programa y acceder al mismo.

Manifestó que en el presente caso es evidente la carencia actual de objeto, habida cuenta de que tanto el objeto de la litis como las pretensiones de la demanda, consistían en que se validaran los requisitos de la joven en mención, respecto del Sisben, para acceder a los beneficios del programa “Ser Pilo Paga 2”.

III. Fundamentos de la impugnación

La señora M. C. M. C. indicó que no se ha resuelto la situación de la menor de edad por parte del Icetex, por lo que solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se ordene proferir una decisión favorable a sus pretensiones.

IV. Consideraciones de la Sala:

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto-Ley 2591 de 1991. Dicha acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio irremediable.

En el presente asunto, la señora M. C. M. C. actuando en representación de su hija, la menor K. D. A. M., pretende la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la educación, por cuanto la Nación - Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior “Mariano Ospina Pérez” —Icetex—, no ha efectuado los correctivos necesarios para que la menor acceda a los beneficios ofrecidos en el programa “Ser Pilo Paga 2”, y en ese orden, sea incluida en la lista de favorecidos de dicha convocatoria, teniendo en cuenta que cumple los requisitos exigidos por el Gobierno Nacional para hacerse acreedora a los mismos.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Santander, quien mediante sentencia de 4 de diciembre de 2015, declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, por considerar que la inconformidad de la parte actora tendiente a que se corrigiera el certificado del puntaje registrado por el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales —Sisben—, el cual se encontraba suspendido y por ello había obtenido una respuesta desfavorable a su solicitud en el programa “Ser Pilo Paga 2”, fue corregido oportunamente, razón por la que las entidades demandadas se encontraban realizando los trámites pertinentes para continuar con el proceso de inscripción de la menor de edad.

En efecto, el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior “Mariano Ospina Pérez” —Icetex—, en Oficio de 1º de diciembre de 2015, indicó lo siguiente:

“Se evidencia que la joven K. D. A. M. cumple el requisito del Sisben, dado que al validar la base de datos oficial del Sisben al 19 de junio de 2015; entregada y certificada por el Departamento de Nacional de Planeación; se encuentra registrado en la base de datos por documento de identidad XXX; con puntaje de 42,87, del área 2.

Teniendo en cuenta que la joven K. D. A. M., cumple con los requisitos se solicitará validar ante el Departamento de Planeación Nacional, y en caso de ser confirmado se proceda con la activación para el registro del formulario de solicitud de crédito del programa Ser Pilo Paga 2; para el periodo 2016-1 a través del portal web del Icetex www.icetex.gov.co, a partir del 2 de diciembre de 2015”.

La señora M. C. M. C. estima que no se ha resuelto la situación de su hija menor K. D. A. M., por lo que solicitó se revoque la decisión de primer grado.

En este orden de ideas, procede la Sala a analizar si en el presente caso se configura la carencia actual de objeto por hecho superado, como lo asegura la entidad demandada y lo dispuso el Juez de primera instancia.

Respecto del derecho a la Educación, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional(1) y los Tratados Internacionales que reconocen derechos humanos(2), señalan que ostenta las siguientes características: (i) es de naturaleza fundamental; (ii) de aplicación inmediata; (iii) es inherente al ser humano; (iv) su ejercicio conlleva la elección de un proyecto de vida y, por lo tanto, la materialización de otros principios propios del ser humano; y (iv) tiene como fin permitir al individuo acceder a un proceso de formación personal, social y cultural de forma permanente.

Ahora, el derecho a la Educación Superior, por su parte, también ostenta la condición de fundamental. Sin embargo, no es de aplicación inmediata; en otras palabras, su garantía es progresiva.

En efecto, la Corte Constitucional(3), al referirse al tema, adujo:

“La Corte ha sostenido que la naturaleza de derecho fundamental del derecho a la educación superior, contiene dentro de su núcleo esencial la garantía de que su goce efectivo está a cargo del Estado, lo que significa que si bien este último no tiene una obligación directa de procurar el acceso inmediato de todas las personas a la educación superior, sí significa que no queda eximido de su responsabilidad de procurar el acceso progresivo de las personas al sistema educativo”.

Esta labor ha sido encomendada al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior “Mariano Ospina Pérez”, tal como lo ha señalado la Corte Constitucional(4), en los siguientes términos:

“(…)

En punto al tema que introduce esta tutela, vale decir, el relacionado con el deber del Estado de facilitar el acceso a la educación superior a través de mecanismos financieros como los créditos educativos, se recuerda que en Colombia, esta labor ha sido encomendada al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior “Mariano Ospina Pérez” (Icetex).

(…)

De conformidad con la Ley 1002 de 2005(5), el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior “Mariano Ospina Pérez” (Icetex), creado mediante el Decreto 2586 de 1950, se transformó en una entidad financiera de naturaleza especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, vinculada al Ministerio de Educación Nacional. De acuerdo con el artículo segundo de la Ley 1002 de 2005, el Icetex “tendrá por objeto el fomento social de la educación superior, priorizando la población de bajos recursos económicos y aquella con mérito académico en todos los estratos a través de mecanismos financieros que hagan posible el acceso y la permanencia de las personas a la educación superior, la canalización y administración de recursos, becas y otros apoyos de carácter nacional e internacional, con recursos propios o de terceros. El Icetex cumplirá su objeto con criterios de cobertura, calidad y pertinencia educativa, en condiciones de equidad territorial. Igualmente otorgará subsidios para el acceso y permanencia en la educación superior de los estudiantes de estratos 1, 2 y 3”.

Se advierte así, el papel que desempeña el Icetex en el cumplimiento del deber que la Constitución impuso al Estado en el inciso final del artículo 69 constitucional, en el sentido de facilitar mecanismos financieros que hagan posible el acceso a la educación superior, de manera que, por esta vía, el Estado tiende progresivamente a la provisión de mecanismos para que los asociados puedan realizarse personal y profesionalmente.

(…)”.

En dichas condiciones, ante la amenaza o vulneración del derecho fundamental a la Educación, la Corte ha señalado que el Juez de tutela está en la obligación de estudiar su amparo, y ordenar los mecanismos de protección que resulten convenientes para que cese su quebrantamiento.

En el caso objeto de estudio, se observa que la convocatoria para acceder a las becas ofrecidas por el Gobierno Nacional en el programa “Ser Pilo Paga 2”, la cual se llevó a cabo en el marco de lo establecido en el Convenio interadministrativo núm. 771 de 2014, así como en el contrato núm. 0077 de 2015, suscritos por el Icetex y el Ministerio de Educación Nacional, denominados “créditos condonables para la excelencia de la educación superior”, estuvo dirigida únicamente al grupo de jóvenes que cursaron y aprobaron el grado 11 en el año 2015, que presentaron las pruebas saber el 2 de agosto del mismo año y que cumplieron en su totalidad los siguientes requisitos: i) Puntaje Global Saber 11-Icfes igual o superior a 318 puntos; ii) Puntaje específico de Sisben según ubicación geográfica con el corte respectivo a 19 de junio de 2015, o registro en Base Censal del Ministerio del Interior con corte a 30 de junio de 2015 para el caso de la población indígena; iii) Admisión en una de las 39 Instituciones de Educación Superior acreditadas en Alta Calidad (Programa en modalidad presencial ofertado en Sede acreditada).

En el presente asunto, es del caso precisar que para declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, el a quo consideró que la inconformidad de la interesada tendiente a que se corrigiera el certificado del puntaje registrado por el Sisben, el cual se encontraba suspendido al momento de diligenciar los trámites para hacerse acreedora al beneficio de créditos ofrecido por el Gobierno Nacional, había sido corregido.

Sin embargo, del escrito de tutela se extrae que una pretensión adicional de la actora, es la de que se incluya a su hija en el programa aludido y, que en consecuencia, se haga acreedora al auxilio allí ofrecido, por lo que resulta necesario verificar si, en efecto, la menor K. D. A. M. cumplía o no con la totalidad de los requisitos mínimos exigidos en la convocatoria.

Del expediente se advierte que la citada menor obtuvo en el informe individual de resultados saber 11º, un puntaje global de 408 puntos(6) y un puntaje de Sisben de 42,87 del área 2, según se desprende de la certificación suscrita por la Coordinadora de Crédito del Icetex, de 1º de diciembre de 2015(7), razón por la cual dicha dependencia solicitaría la validación correspondiente ante el Departamento de Planeación Nacional, para posteriormente, proceder a activar el registro del formulario de solicitud de crédito del programa para el período 2016-1.

Por solicitud oficiosa efectuada por el despacho sustanciador en proveídos de 9 de febrero y 10 de marzo de 2016, la Coordinación de Crédito del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior “Mariano Ospina Pérez”, en escrito de 16 de marzo del presente año, indicó lo siguiente:

— La joven K. D. A. M., presentó las pruebas Icfes Saber 11 el 2 de agosto del año 2015 con un puntaje de 408.

— Al validar en la base de datos entregada por el Departamento Nacional de Planeación DNP con corte a junio 19 de 2015, se evidencia registro de la joven K. D. A. M. con número de documento XXX con un puntaje de 42,87 del área 2.

Al validar en el listado de admitidos enviados por las instituciones de Educación Superior con corte a diciembre de 2015, no se evidenció registro de la joven K. D. A. M. identificada con tarjeta de identidad Nº XXX, así como tampoco por nombres y apellidos.

— La convocatoria para aplicar al programa ser pilo paga 2, once mil (11) créditos condonables, se encuentra cerrada dado que se habilito desde el 23 de octubre de 2015 hasta el 13 de diciembre de 2015.

De acuerdo con lo anterior la joven K. D. A. M., no cumple la totalidad de los requisitos para acceder al programa Ser Pilo Paga 2, dado que no se evidenció registro de la joven en el listado de admitidos de las Universidades con corte a diciembre de 2015”.

La anterior afirmación fue verificada en el listado allegado por el Icetex en medio magnético, en el que consta la totalidad de estudiantes admitidos por las Instituciones de Educación Superior con corte a diciembre de 2015, del cual se verificó que la menor A. M. efectivamente no fue admitida para cursar una carrera de nivel superior para el período académico 2016-1.

En este orden de ideas, es claro que la interesada cumplió con la mayoría de las exigencias requeridas por el programa de becas ofrecido por el Gobierno Nacional, sin embargo, no culminó satisfactoriamente los trámites pertinentes para acceder a dicho beneficio, pues, como quedó visto, no cumplió con el de haber sido admitida en una Institución de Educación Superior.

Para la Sala, el solo hecho de cumplir algunos de los requisitos, no impone la vinculación automática al mismo, razón por la cual no es posible endilgar conducta alguna activa u omisiva, a las entidades accionadas, lesivas de derechos fundamentales.

Así lo precisó esta Sala(8) en un asunto similar al que se estudia, que ahora se prohíja, al señalar que:

“Obsérvese que uno de los requisitos que debe cumplir un estudiante para acceder al programa de créditos becas, que ocupa la atención de la Sala, es el de “Estar admitido en una institución de educación superior con acreditación de alta calidad” (las negrillas y subrayas no son del texto original), lo cual implica que aquel participe y supere el proceso de admisiones de la Universidad correspondiente.

Lo precedente supone que, hasta tanto el estudiante no haya cumplido con todos y cada uno de dichos requisitos, no es posible endilgar conducta alguna, activa u omisiva, al Ministerio de Educación Nacional y/o demás entidades públicas encargadas de desembolsar los créditos a que haya lugar, que amenace o vulnere derechos fundamentales y, comoquiera que en el presente asunto la educanda no ha cumplido con el requisito de ser admitida en una universidad de alta calidad, la solicitud de amparo en relación con la citada entidad pública carece de vocación de prosperidad”.

Así las cosas, es claro para la Sala que las entidades accionadas no han vulnerado los derechos invocados por la parte actora, pues si bien se presentó un error en el certificado del puntaje registrado por el Sisben, el mismo fue subsanado por dicha entidad durante el curso de la presente acción de tutela, y porque, como ya se dijo, la menor de edad no cumplió con la totalidad de los requisitos exigidos para hacerse acreedora al auxilio otorgado por el Gobierno Nacional. Ello impone revocar el fallo impugnado para, en su lugar, denegar la solicitud de amparo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia de 4 de diciembre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander y, en su lugar, se dispone: DENIÉGASE el amparo solicitado.

2. Notifíquese a las partes por el medio más expedito y eficaz.

3. REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada en la sesión del día 14 de abril de 2016.

Magistrados: Roberto Augusto Serrato Valdés, presidente—María Elizabeth García GonzálezMaría Claudia Rojas LassoGuillermo Vargas Ayala.

1 Sentencia T-068 del 14 de febrero de 2012. Magistrado ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

2 Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; Artículo 13 de Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”; y el Artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

3 Ibídem.

4 Sentencia T-1044 de 2010.

5 Posteriormente, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 380 de 2007, que estructura el Icetex y determina las funciones de sus dependencias.

6 Folio 2.

7 Folios 35 a 36.

8 Consejo de Estado, Sección Primera, (Expediente Nº 2015-00182-01, sentencia de 5 de marzo de 2015, Consejera ponente María Elizabeth García González).