Sentencia 2015-01402 de octubre 13 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Radicación: 680012333000 2015 01402 01

Consejero ponente:

Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés

Medio de control: Pérdida de investidura

Actor: Carlos Manuel Alfaro Fonseca

Demandado: Marcos Stalin Bautista Almeida

Referencia: La doble militancia política no constituye causal de pérdida de la investidura de los concejales municipales

Bogotá, D.C., 13 de octubre de 2016

EXTRACTOS: «

2.1.- Procedibilidad de la acción pérdida de investidura

En el expediente(1), se encuentra copia del formato E-26 CON correspondiente al resultado del escrutinio para la elección de los concejales del municipio de Girón (Santander), en la que consta que el demandado, Marcos Stalin Bautista Almeyda, fue declarado electo como concejal de aquel municipio, lo cual lo hace sujeto pasivo de la acción de pérdida de investidura.

2.2.- Problema jurídico

Corresponde establecer a esta Sala determinar si el ciudadano Marcos Stalin Bautista Almeyda, concejal del municipio de Girón (Santander) para el período 2016-2019, incurrió en la causal de pérdida de la investidura que le endilga el demandante, para lo cual será necesario establecer si la pertenencia simultánea a más de un partido o movimiento político con personería jurídica se erige como tal, esto es, como causal de pérdida de investidura para los concejales o, en su defecto, constituye una violación del régimen de inhabilidades previsto para dichos servidores públicos.

Esa prohibición, de acuerdo con la tesis del demandado, se erige como causal de pérdida de investidura por virtud del numeral 6 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, que indica que los concejales municipales y distritales perderán su investidura por las demás causales expresamente previstas en la ley.

2.3.- ¿La «prohibición de doble militancia» es causal de pérdida de investidura de los concejales municipales y distritales?

Para desatar el problema jurídico, la Sala debe determinar, inicialmente, si la prohibición de pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica, es causal de pérdida de investidura para los concejales municipales y distritales.

El artículo 107 de la Carta Política, modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2009, contempló la prohibición en la siguiente forma:

«ARTICULO 107. Modificado por el art. 1, Acto Legislativo 01 de 2009El nuevo texto es el siguiente: Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse.

En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica. 

Los Partidos y Movimientos Políticos se organizarán democráticamente y tendrán como principios rectores la transparencia, objetividad, moralidad, la equidad de género, y el deber de presentar y divulgar sus programas políticos. 

Para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos propios o por coalición, podrán celebrar consultas populares o internas o interpartidistas que coincidan o no con las elecciones a Corporaciones Públicas, de acuerdo con lo previsto en sus Estatutos y en la ley. 

En el caso de las consultas populares se aplicarán las normas sobre financiación y publicidad de campañas y acceso a los medios de comunicación del Estado, que rigen para las elecciones ordinarias. Quien participe en las consultas de un partido o movimiento político o en consultas interpartidistas, no podrá inscribirse por otro en el mismo proceso electoral. El resultado de las consultas será obligatorio. 

Los directivos de los Partidos y Movimientos Políticos deberán propiciar procesos de democratización interna y el fortalecimiento del régimen de bancadas. 

Los Partidos y Movimientos Políticos deberán responder por toda violación o contravención a las normas que rigen su organización, funcionamiento o financiación, así como también por avalar candidatos elegidos en cargos o Corporaciones Públicas de elección popular, quienes hayan sido o fueren condenados durante el ejercicio del cargo al cual se avaló mediante sentencia ejecutoriada en Colombia o en el exterior por delitos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales y actividades del narcotráfico o de delitos contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad. 

Los partidos o movimientos políticos también responderán por avalar a candidatos no elegidos para cargos o Corporaciones Públicas de Elección Popular, si estos hubieran sido o fueren condenados durante el período del cargo público al cual se candidatizó, mediante sentencia ejecutoriada en Colombia o en el exterior por delitos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales y actividades del narcotráfico, cometidos con anterioridad a la expedición del aval correspondiente. 

Las sanciones podrán consistir en multas, devolución de los recursos públicos percibidos mediante el sistema de reposición de votos, hasta la cancelación de la personería jurídica. Cuando se trate de estas condenas a quienes fueron electos para cargos uninominales, el partido o movimiento que avaló al condenado, no podrá presentar candidatos para las siguientes elecciones en esa Circunscripción.  

Si faltan menos de 18 meses para las siguientes elecciones, no podrán presentar terna, caso en el cual, el nominador podrá libremente designar el reemplazo. 

Los directivos de los partidos a quienes se demuestre que no han procedido con el debido cuidado y diligencia en el ejercicio de los derechos y obligaciones que les confiere Personería Jurídica también estarán sujetos a las sanciones que determine la ley. 

También se garantiza a las organizaciones sociales el derecho a manifestarse y a participar en eventos políticos. 

Quien siendo miembro de una corporación pública decida presentarse a la siguiente elección, por un partido distinto, deberá renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones. 

Parágrafo transitorio 1°. Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 134, dentro de los dos (2) meses siguientes a la entrada en vigencia del presente acto legislativo, autorízase, por una sola vez, a los miembros de los Cuerpos Colegiados de elección popular, o a quienes hubieren renunciado a su curul con anterioridad a la vigencia del presente acto legislativo, para inscribirse en un partido distinto al que los avaló, sin renunciar a la curul o incurrir en doble militancia. 

Parágrafo transitorio 2°. El Gobierno Nacional o los miembros del Congreso presentarán, antes del 1° de agosto de 2009, un Proyecto de Ley Estatutaria que desarrolle este artículo. 

El Proyecto tendrá mensaje de urgencia y sesiones conjuntas y podrá ser objeto de mensaje de insistencia si fuere necesario. Se reducen a la mitad los términos para la revisión previa de exequibilidad del Proyecto de Ley Estatutaria, por parte de la Corte Constitucional» 

La Ley 1475 de 2011, contempló la prohibición señalada, en los siguientes términos:

«Artículo 2°. Prohibición de doble militancia. En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político. La militancia o pertenencia a un partido o movimiento político, se establecerá con la inscripción que haga el ciudadano ante la respectiva organización política, según el sistema de identificación y registro que se adopte para tal efecto el cual deberá establecerse conforme a las leyes existentes en materia de protección de datos. 

Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control, dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados. Los candidatos que resulten electos, siempre que fueren inscritos por un mientras ostenten la investidura o cargo, y si deciden presentarse a la siguiente elección por un partido o movimiento político distinto, deberán renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones. 

Los directivos de los partidos y movimientos políticos que aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular por otro partido o movimientos políticos o grupo significativo de ciudadanos, o formar parte de los órganos de dirección de estas, deben renunciar al cargo doce (12) meses antes de postularse o aceptar la nueva designación o ser inscritos como candidatos. 

El incumplimiento de estas reglas constituye doble militancia, que será sancionada de conformidad con los estatutos, y en el caso de los candidatos será causal para la revocatoria de la inscripción. 

Parágrafo. Las restricciones previstas en esta disposición no se aplicarán a los miembros de los partidos y movimientos políticos que sean disueltos por decisión de sus miembros o pierdan la personería jurídica por causas distintas a las sanciones previstas en esta ley, casos en los cuales podrán inscribirse en uno distinto con personería jurídica sin incurrir en doble militancia». 

Ahora bien, esta Sala, en numerosas decisiones(2), ha considerado que la pertenencia simultánea a más de un partido o movimiento político con personería jurídica no está prevista en nuestro ordenamiento jurídico como causal de pérdida de investidura.

En efecto y para exponer la posición de esta Sala basta con citar las consideraciones expuestas en la sentencia del 12 del 1 de noviembre de 2012(3), las cuales se presentan en la siguiente forma:

«Sea lo primero advertir que esta Corporación en diversos pronunciamientos ha precisado que la prohibición contenida en el artículo 107 de la Constitución Política, esto es, la doble militancia, no constituye causal de pérdida de investidura sino que está dirigida a los ciudadanos en general, y cuyo fin primordial es lograr el fortalecimiento de los partidos y movimientos políticos. 

En efecto, dentro de las sentencias en que se ha tratado la materia bajo examen, están, la de 1° de octubre de 2004 (Expediente núm. 2004-0213-01(PI), Consejero ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade), la que ha sido reiterada, entre otras, en providencia de 12 de octubre de 2010 (Expediente núm. 2010-00208-00 (PI), Consejera ponente doctora Carmen Teresa Ortíz de Rodríguez), y en el fallo de 17 de enero de 2012 (Expediente núm. 2011-00708 (PI), Consejera ponente doctora Ruth Stella Correa Palacio), sentencia esta última que recoge los pronunciamientos de la Corporación frente al alcance del artículo 107 Constitucional a la luz de los Actos Legislativos 01 de 2003 y 01 de 2009, y que la Sala ahora prohíja. Al respecto, precisó la mencionada providencia: 

“… conviene observar que la “doble militancia”, tiene su génesis en nuestro derecho constitucional en el Acto Legislativo 01 de 2003 que modificó el artículo 107 superior, al prever que en ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica. Pero al introducir esta prohibición, el constituyente, como ha reiterado una y otra vez esta Corporación, no dispuso que su desobediencia configurara causal de pérdida de investidura(4), su propósito no era ese. En otras palabras, incurrir en la prohibición contenida en el inciso segundo del artículo 107 superior, no estructura una inhabilidad para ser congresista, y por lo mismo de ella no puede derivarse causal de pérdida de investidura. 

(…) 

El objeto de este cambio constitucional fue, pues, perfilar una trascendental reforma política, en orden a moderar nuestro secular sistema de gobierno presidencialista, con la introducción de un régimen de bancadas en las corporaciones públicas de elección popular (a la sazón desarrollado por la Ley 974 de 2005), para reorganizar y optimizar el funcionamiento de éstas. 

De paso, se buscaba asimismo fortalecer a los partidos y movimientos políticos, con mecanismos que garantizasen su disciplina y actuación coordinada, y por éste a unos y otros los habilitó para regular un régimen disciplinario interno y por ende para imponer sanciones (art. 2 del AL 01 de 2003 que modificó el artículo 108 constitucional, desarrollado por el artículo 4º de la Ley 974 de 2005).  

Serán pues los partidos y movimientos políticos, como lo ha dicho esta Corporación, quienes mediante sus reglamentos internos ejercerán el control para evitar que sus afiliados incurran en doble militancia(5). O lo que es igual, según lo pregona el artículo 108 constitucional será en los estatutos de los partidos políticos, donde se regule el régimen disciplinario interno y es allí donde se establecerán las sanciones por las faltas en que incurran los miembros de los partidos, entre ellas las concernientes a la doble militancia.  

Así las cosas, lejos de concebir a la “doble militancia” como una causal de pérdida de investidura, el constituyente quiso -al abstenerse de darle ese alcance en el texto constitucional- deferir a los partidos y movimientos políticos para que en sus estatutos internos previeran las reglas y sanciones pertinentes. 

5.3 Ahora, la doble militancia se concibió como una figura asociada solamente a movimientos o partidos políticos y no respecto de grupos significativos de ciudadanos(6). La vocación de permanencia en un solo partido o movimiento político es el presupuesto de la misma como instancias naturales de decisión política con vocación de permanencia. Lo cual por supuesto no caracteriza a los grupos significativos, como manifestación política de la voluntad popular eminentemente coyuntural, esto es, dentro de unas circunstancias específicas.  

Esta situación no varió con la expedición del Acto Legislativo 01 de 2009 que una vez más introdujo ajustes a los artículos 107 y 108, con el propósito de profundizar los cambios introducidos en el año 2003, vale decir, robustecer el régimen de bancadas.  

El objetivo general de la reforma constitucional era el mismo del año 2003: fortalecer a los partidos y movimientos políticos como representantes de la sociedad. A este propósito el informe ponencia para primer debate en primera vuelta en Cámara de Representantes indicó: “se pretende profundizar en la democratización interna de los partidos, su fortalecimiento y su responsabilidad política de los partidos, la responsabilidad individual e intransferible de los titulares de cargos públicos de elección popular frente al pueblo colombiano (…)”(7). 

Al respecto la enmienda constitucional reiteró que en ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica. Asimismo, para los efectos que interesan en el estudio del sub examine, la norma añadió que quien siendo miembro de una corporación pública decida presentarse a la siguiente elección, por un partido distinto, deberá renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones. Empero, el nuevo texto constitucional tampoco dispuso qué consecuencias sancionatorias traería la infracción de este mandato, dejando pues a la ley y a los estatutos la determinación de este aspecto.  

(…)  

No fue, pues, voluntad del constituyente prever como causal de pérdida de investidura la doble militancia. Por el contrario, tanto de la redacción de los textos constitucionales respectivos, como de sus antecedentes, se desprende de manera inequívoca que el constituyente derivado no decidió que dicha conducta fuese constitutiva de causal de pérdida de investidura y defirió la definición de los efectos al legislador estatutario, con lo que claramente descartó que pudiese constituir causal de desinvestidura(8). 

(…) 

En definitiva, como recientemente lo señaló la Sala, en lo que hace a la prohibición de doble militancia, la reforma constitucional de 2009 no introdujo cambios significativos y, por el contrario, siguió el derrotero trazado en este punto por el Acto Legislativo 01 de 2003, “en el sentido de otorgar la posibilidad a los partidos políticos de sancionar dicha conducta en sus estatutos internos”.(9) 

Dicho en otros términos, ninguna de las reformas constitucionales tipificó una sanción de pérdida de investidura por incurrir en doble militancia. Y el cambio que trae la segunda respecto de la del año 2003 es hacer extensivo el asunto no sólo a los estatutos sino también al legislador estatutario, quien se limitó a señalar que el incumplimiento de estas reglas constituye doble militancia, que será sancionada de conformidad con los estatutos, y en el caso de los candidatos será causal para la revocatoria de la inscripción (art. 2º Ley 1475 de 2011(10)).  

Y si la Constitución no se ocupó de configurarla como causal de desinvestidura, ello significa que no puede proceder esta, ya que en este asunto existe una reserva constitucional de regulación, en tanto sólo puede operar en los casos, bajo las condiciones y con las consecuencias que la Carta Política establece y por lo mismo las causas que dan lugar a ella son taxativas(11). 

(…) 

Tan claro es que no constituye causal de pérdida de investidura, que el mismo constituyente derivado en el citado Acto Reformatorio 01 de 2009 cuando quiso erigir una conducta en configurativa de la misma, lo hizo expresamente al modificar el artículo 109 constitucional y establecer sin ambages, como debe ser en estos casos, que para las elecciones que se celebren a partir de la vigencia de ese acto legislativo, la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo (inciso 7º artículo 3º del AL 01 de 2009 modificatorio del artículo 109 constitucional), que viene a sumarse a las ya previstas en los artículo 183 y 110 de la Carta. 

Es menester insistir en que tanto las causales de pérdida de investidura de un congresista, como las inhabilidades de los mismos, están consagradas de manera expresa y taxativa en la Constitución Política(12); es decir, dada la naturaleza de estas últimas de limitación al ejercicio de un derecho político, como lo es el de ser elegido, deben ser aplicadas en forma estricta y restringida a los supuestos expresamente tipificados…” (Negrillas y Subrayas fuera de texto). 

Como se colige de la sentencia transcrita, que, se repite, recogió el criterio expuesto por la Corporación frente a la figura de la doble militancia, contrario a lo afirmado por el actor, la reforma constitucional de 2009 -Acto Legislativo 01-, no introdujo cambios significativos y, por el contrario, siguió el derrotero trazado en este punto por el Acto Legislativo 01 de 2003, en el sentido de otorgar la posibilidad a los partidos políticos de sancionar dicha conducta en sus estatutos internos, argumentos estos que tuvo en cuenta el a quo para denegar las súplicas de la demanda. 

Por tanto, serán los partidos y movimientos políticos, como lo ha dicho esta Corporación, quienes mediante sus reglamentos internos ejerzan el control para evitar que sus afiliados incurran en doble militancia. 

En el mismo sentido se concibió en el artículo 2° de la Ley 1457 de 14 de julio de 2011, “Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones”, el cual prevé:

(…) 

Como se observa, la disposición transcrita en parte alguna consagra la doble militancia como causal de pérdida de investidura; por el contrario, la misma es clara en señalar que dicha figura será sancionada de conformidad con los estatutos, y en el caso de los candidatos será causal para la revocatoria de la inscripción.» 

Conforme a lo expuesto, la posición del actor corresponde a una errada lectura del numeral 6 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000.

Al respecto cabe precisar que cuando dicha disposición señala que los concejales municipales y distritales perderán su investidura por las demás causales expresamente previstas en la ley, quiere significar que otras leyes, distintas de la Ley 617 de 2000, pueden establecer conductas que, expresamente, se castiguen con la pérdida de investidura.

Esas leyes, entonces, deben establecer tanto la conducta, como señalar expresamente, que su realización será castigada despojando de la investidura que cobija al sujeto que incurra en ella.

Evidente es que el artículo 107 de la Carta Política y el artículo 2 de la Ley 1457 de 2011 contemplan la prohibición de pertenecer simultáneamente a dos partidos políticos con personería, no obstante, no se castiga, expresamente, con la sanción de desinvestidura y, por el contrario, la ley estatutaria dispuso que la misma se sancionaría de acuerdo con los estatutos de cada partido político y, para el evento de los candidatos, con la revocatoria de la inscripción.

2.4.- ¿La «prohibición de doble militancia» puede ser considerada como una inhabilidad y, en esa medida, dar lugar a la desinvestidura del concejal demandado en la medida en que la violación del régimen de inhabilidades se erige como una de las causales para despojar de la investidura a los concejales municipales y distritales?

De otro lado, esta Sala tampoco es partidaria de afirmar que la prohibición de pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político pueda ser considerada como una inhabilidad, cuya violación daría lugar a la sanción de desinvestidura(13), punto que abordó la primera instancia así como el agente del Ministerio Público, pues la filosofía que inspira la consagración de las inhabilidades es distinta de la que sustenta la prohibición prevista en el artículo 107 de la Carta Política y el artículo 2 de la Ley 1457 de 2011.

Al respecto ha indicado la Corte Constitucional(14) que la inhabilidad es «la prohibición de que una persona “sea elegida o designada en un cargo público”, continúe en él o, en general, acceda y ejerza una función pública», agregando que la importancia de la consagración de un régimen de inhabilidades se asocia al hecho de que:

«“persigue que quienes aspiran a acceder a la función pública, para realizar actividades vinculadas a los intereses públicos o sociales de la comunidad, posean ciertas cualidades o condiciones que aseguren la gestión de dichos intereses con arreglo a los criterios de igualdad, eficiencia, moralidad e imparcialidad que informan el buen servicio y antepongan los intereses personales a los generales de la comunidad.(15) Así pues, su finalidad “no es otra que la de preservar la pulcritud de la administración pública, garantizar que los servidores públicos sean ciudadanos de comportamiento ejemplar y evitar que sus intereses personales se involucren en el manejo de los asuntos comunitarios, comprometiendo la imparcialidad, moralidad, igualdad y eficiencia de la Administración.(16) El régimen de inhabilidades tiene, en consecuencia, un propósito público moralizador(17)».

Ese propósito moralizador que inspira la consagración de inhabilidades en el ordenamiento jurídico difiere del que sustenta la prohibición de pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político, cuyo basamento ha sido evidenciado por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional de la siguiente forma:

«Tal como ha sido señalado por esta Corporación en múltiples pronunciamientos(18), la prohibición de doble militancia fue instituida en nuestro ordenamiento jurídico por la reforma política del año 2003, reiterada en la reforma de 2009, como un instrumento para contrarrestar prácticas antidemocráticas, como la proliferación de partidos y caudillismos. 

Dicha prohibición fue adoptada como una medida que, junto con (i) requisitos más exigentes para la creación de partidos, (ii) la inclusión de la figura del umbral electoral, (iii) la limitación del derecho de postulación y (iv) la posibilidad para el legislador de imponer requisitos para la inscripción de candidaturas o listas, propendían por partidos estables, organizados, disciplinados, con mecanismos de democracia interna que les permitieran aumentar su capacidad de convocatoria 

La prohibición de doble militancia enfocada al fortalecimiento de los partidos políticos y por ende con la finalidad de otorgarle legitimidad al sistema político en general “tiene como corolario la sanción del "transfuguismo político"(19), “entendido, en términos amplios, como una deslealtad democrática. En efecto, dicho fenómeno perverso, constante en partidos políticos latinoamericanos y que ha conducido a aquello que la doctrina denomina ‘electoral volatility’, denota en el elegido una falta de firmeza ideológica, debilidad de convicciones, exceso de pragmatismo y anteposición de intereses personales y egoístas sobre aquellos programas e ideario del partido político que lo llevó a ocupar un cargo de representación popular, y por supuesto, un fraude a los electores”(20). 

La Corte Constitucional ha definido la doble militancia como una “limitación, de raigambre constitucional, al derecho político de los ciudadanos a formar libremente parte de partidos, movimientos y agrupaciones políticas (Art. 40-3 C.P.). Ello en el entendido que dicha libertad debe armonizarse con la obligatoriedad constitucional del principio democrático representativo, que exige que la confianza depositada por el elector en determinado plan de acción política, no resulte frustrada por la decisión personalista del elegido de abandonar la agrupación política mediante la cual accedió a la corporación pública o cargo de elección popular”»(21). 

La divergencia de propósitos evidenciada no permite considerar, entonces, que la prohibición que se le endilga al demandado pueda ser tenida como una causal de inhabilidad, causales que, sea de paso subrayar, deben ser «taxativas y no admiten interpretaciones extensivas o analógicas por plausibles que estas sean»(22).

2.5.- En conclusión, la prohibición de pertenecer simultáneamente a más de un partido político con personería jurídica no puede ser considerada causal de pérdida de investidura de los concejales municipales y distritales ni como una inhabilidad que pueda dar lugar a dicha sanción, por lo que resulta inútil el estudio de la situación particular del concejal Marcos Stalin Bautista Almeida e impone la confirmación de la sentencia desestimatoria de las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 25 de febrero de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, por los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia judicial.

SEGUNDO: En firme esta providencia, remítase el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

1 Folios 11-24, cuaderno principal.

2 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA, Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO, Bogotá, D.C., cinco (5) de febrero de dos mil quince (2015), Radicación número: 13001-23-31-000-2012-00005-02(PI), Actor: MIGUEL AGUILERA ROMERO, Demandado: SIGIFREDO ENRIQUE TAPIA BUENDIA
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA, Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ, Bogotá, D.C., primero (1o.) de noviembre de dos mil doce (2012), Radicación número: 66001-23-31-000-2012-00091-01(PI), Actor: DUBER MORALES SERNA, Demandado: ALBERT JHONY CORTES CARDONA, Referencia: APELACION SENTENCIA - PERDIDA DE INVESTIDURA
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA, Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA, Bogotá, D.C., quince (15) de septiembre dos mil once (2011) , Radicación número: 25000-23-15-000-2011-00239-01(PI), Actor: JOSE LEONARDO BUENO RAMIREZ, Demandado: JULIO ENRIQUE BAJONERO CAMACHO
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA, Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO, Bogotá D.C., treinta (30) de octubre de dos mil ocho (2008), Radicación número: 68001-23-15-000-2007-00664-01(PI), Actor: RENE ALEXANDER PARRA CASTELLANOS, Demandado: JOSE ANUNCIACION MERCHAN BASTO

3 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA, Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ, Bogotá, D.C., primero (1o.) de noviembre de dos mil doce (2012), Radicación número: 66001-23-31-000-2012-00091-01(PI), Actor: DUBER MORALES SERNA, Demandado: ALBERT JHONY CORTES CARDONA, Referencia: APELACION SENTENCIA - PERDIDA DE INVESTIDURA

4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 12 de octubre de 2010, Rad. 2010-00208, CP Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez; 11 de mayo de 2004 rad. 1441CP Alejandro Ordóñez Maldonado y 25 de mayo de 2004, rad. 2003-01463, CP German Rodríguez Villamizar. Sección Quinta, sentencias de 30 de abril de 2009, rad. 2007-00506 CP Mauricio Torres Cuervo; 30 de abril de 2009, rad. 2007-00972, CP Filemón Jiménez Ochoa; 26 de septiembre de 2008, rad. 2007-00780, CP Filemón Jiménez Ochoa; 19 de enero de 2006, rad. 3875, CP Darío Quiñones Pinilla y 26 de agosto de 2004, rad. 3343, CP Filemón Jiménez Ochoa.

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 1º de octubre de 2004, M.P. Camilo Arciniegas Andrade.

6 El inciso tercero del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011 previó que “Los directivos de los partidos y movimientos políticos que aspiren (a) ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular por otro partido o movimiento político o grupo significativo de ciudadanos, o formar parte de los órganos de dirección de éstas, deben renunciar al cargo doce (12) meses antes de postularse o aceptar la nueva designación o ser inscritos como candidatos.”. Esta norma nuevamente tiene como destinatarios a los partidos políticos (en este caso a sus directivos) y no a los grupos significativos de ciudadanos. El hecho de que extienda la limitación a los primeros de formar parte de los segundos, no significa ni mucho menos la alteración de la regla descrita.

7 Gaceta del Congreso 674 de 2008, p. 8.

8 No se olvide que la ley no puede establecer causales de pérdida de investidura, tal y como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional: “se declarará inexequible la referencia a la ley en cuanto al señalamiento de nuevas causales de pérdida de investidura, pues la enunciación hecha en la Carta es taxativa y no autoriza al legislador para ampliar los motivos de la sanción” (Corte Constitucional, sentencia C 247 de 1995).

9 Consejo de Estado Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 12 de octubre de 2010, rad. 11001-03-15-000-2010-00208-00(PI), C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

10 La ley 1475 de 2011, por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones (DO No. 48.130 de 14 de julio de 2011), en su artículo 2º previó: “PROHIBICIÓN DE DOBLE MILITANCIA. En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político. La militancia o pertenencia a un partido o movimiento político, se establecerá con la inscripción que haga el ciudadano ante la respectiva organización política, según el sistema de identificación y registro que se adopte para tal efecto el cual deberá establecerse conforme a las leyes existentes en materia de protección de datos.
Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control, dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados. Los candidatos que resulten electos, siempre que fueren inscritos por un partido o movimiento político, deberán pertenecer al que los inscribió mientras ostenten la investidura o cargo, y si deciden presentarse a la siguiente elección por un partido o movimiento político distinto, deberán renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones.
Los directivos de los partidos y movimientos políticos que aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular por otro partido o movimientos políticos o grupo significativo de ciudadanos, o formar parte de los órganos de dirección de estas, deben renunciar al cargo doce (12) meses antes de postularse o aceptar la nueva designación o ser inscritos como candidatos.
El incumplimiento de estas reglas constituye doble militancia, que será sancionada de conformidad con los estatutos, y en el caso de los candidatos será causal para la revocatoria de la inscripción.
PARÁGRAFO. Las restricciones previstas en esta disposición no se aplicarán a los miembros de los partidos y movimientos políticos que sean disueltos por decisión de sus miembros o pierdan la personería jurídica por causas distintas a las sanciones previstas en esta ley, casos en los cuales podrán inscribirse en uno distinto con personería jurídica sin incurrir en doble militancia.
Mediante Sentencia C-490 de 2011, la Corte Constitucional efectuó la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria No. 190/10 Senado – 092/10 Cámara y declaró CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE este artículo, “en el entendido que la administración de datos personales sobre filiación partidista que realizan los partidos y movimientos políticos debe sujetarse a los principios del derecho fundamental al hábeas data”.

11 Corte Constitucional, sentencia C 247 de 1995.

12 Cfr. Vid. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 10 de diciembre de 2002, Exp. 2002 1027 (PI-055); de 13 de julio de 2004, Exp. PI-2004-0454, entre otras. En igual sentido Corte Constitucional, sentencia T-544 de 28 de mayo de 2004.

13 Lo anterior, en atención a que, conforme lo ha precisado en múltiples oportunidades esta Sala, los concejales municipales y distritales pierden su investidura por violar el régimen de inhabilidades, en la medida en que el numeral 6 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 permite inferir que las causales de pérdida de investidura no se limitan a las consignadas en sus numerales 1 a 5, sino que deben tenerse en cuenta las demás establecidas en otras leyes. Es por ello que pueden ser invocadas las causales de pérdida de investidura previstas en el artículo 55 de la Ley 136 de 1994, norma que no ha sido derogada expresamente, ni tácita ni orgánicamente y en la que se contempla que «Los concejales perderán su investidura por: (…) 2. Por violación del régimen de inhabilidades,(…)».

14 Corte Constitucional, Sentencia C-500 de 2014.

15 Sentencia C-564 de 1997.

16 Sentencia C-544 de 2005. La Corte en otros pronunciamientos se ha ocupado de precisar las finalidades que se vinculan con la creación de inhabilidades. Ello ocurre, por ejemplo, en las sentencias C-558 de 1994, C-373 de 1995, C-489 de 1996, C-151 de 1997, C-618-97, C-1372/00, C-708 de 2001, C-952 de 2001, C- 373 de 2002, C-652 de 2003, C-028 de 2006 y C-257 de 2013.

17 Sentencia C-952 de 2001.

18 Consejo de Estado Sección Quinta. Mp. Filemón Jiménez Ochoa. Rad. 68001-23-15-000-2003-02787-01(3742). M.P. Mauricio Torres Cuervo Rad. 630012331000201100311 01. M.P. María Nohemí Hernández Pinzón Rad. 11001-03-28-000-2010-00062-00. M.P. Susana Buitrago Valencia.
Rad. 41001-23-31-000-2012-00052-01.

19 Corte Constitucional. Sentencia C- 342 del 3 de mayo de 2006. M.P. Humberto Sierra Porto. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 4 (parcial) de la Ley 974 de 2005, "Por la cual se reglamenta la actuación en bancadas de los miembros de las corporaciones públicas y se adecua el Reglamento del Congreso al Régimen de Bancadas".

20 Ídem.

21 Corte Constitucional. Sentencia C-490 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

22 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA, Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO, Bogotá, D.C., trece (13) de febrero de dos mil catorce (2014), Radicación número: 05001-23-31-000-2012-00280-01(PI), Actor: HAICER RACERO BAY, Demandado: JOSE ANGEL AGUDELO FRANCO, ALBEIRO DE JESUS RIVERA MONTOYA, MARTHA OLIVA CALDERON, GUSTAVO ESTEBAN AGUILAR HERNANDEZ Y JESUS OSVILIO ZULUAGA RIOS, Referencia: APELACION SENTENCIA – PERDIDA DE INVESTIDURA