Sentencia 2015-01895 de marzo 17 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.: 11001-03-15-000-2015-01895-01

Consejero Ponente:

Dr. Alberto Yepes Barreiro

Accionante: Pedro Pablo Tobar Corzo y otro

Accionados: Tribunal Administrativo del Meta

Acción de Tutela – Fallo de segunda instancia

Bogotá, D.C., diecisiete de marzo de dos mil dieciséis

La Sala decide la impugnación interpuesta por el tercero interesado Ministerio de Defensa- Policía Nacional, contra la sentencia de 28 de enero de 2016 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que accedió al amparo solicitado.

I. Antecedentes

1.1. Solicitud.

Los señores Pedro Pablo Tobar Corzo y Jhon Sebastián Tobar Corzo, por intermedio de apoderado judicial, presentaron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Meta, autoridad judicial que conoció del proceso de reparación directa radicado con el Nº 2010-00327 impetrado por los actores en contra de La Nación- Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional.

Considera la parte actora que le han sido vulnerados los siguientes derechos fundamentales:

—Derecho al debido proceso, consagrado en los artículos 29 de la Constitución Política y 14.1 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos.

—Derecho a interponer recurso efectivo para la protección de sus derechos civiles y políticos, consagrado en el artículo 2.3 del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos.

—Derecho a las garantías judiciales mínimas consagrados en el artículo 8.1 de la Convención americana sobre derechos humanos, y,

—Derecho a la protección judicial, consagrado en el artículo 25 de la Convención americana sobre derechos humanos.

Los derechos enunciados los consideraron vulnerados en tanto que en la sentencia de 16 de diciembre de 2014 proferida por la autoridad judicial accionada se decidió reconocer indemnización en favor de los accionantes, sin embargo, la tasación de los perjuicios no lo fue en el grado de consanguinidad alegada dentro del proceso, es decir, en condición de hermanos de la víctima, sino como terceros afectados, lo que hizo que estos dos actores resultaran indemnizados en una proporción distinta de otros que ostentaban aparentemente la misma calidad dentro del proceso de reparación directa según el apoderado actor.

1.2. Hechos.

De la solicitud de amparo y del expediente se extraen los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

• El señor Jaime Andrés Tobar Corzo fue vinculado a la Policía Nacional en cumplimiento de su deber de prestar servicio militar, y lo asignaron como auxiliar al puesto de policía de Mesetas, Meta.

• El 26 de marzo de 2009 se llevó a cabo un ataque por parte de presuntos miembros del frente 43 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia al puesto de Policía en donde se encontraba el señor Jaime Andrés Tobar Corzo prestando sus servicios.

• En dicho suceso murió el señor Jaime Andrés Tobar Corzo, por lo que, los señores Pedro Pablo Tobar Corzo, Jhon Sebastián Tobar Corzo y otros, en condición de hermanos de la víctima, presentaron acción de reparación directa contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, con el fin de que se declarara a las entidades demandadas, administrativa y solidariamente responsables de los daños y perjuicios causados como consecuencia de esos hechos.

• Dentro de los argumentos que plantearon los actores en su demanda ordinaria, se indicó que el auxiliar Jaime Andrés Tobar Corzo, falleció al instante, como consecuencia directa del ataque perpetrado por el grupo armado, siendo su hermano sometido a dicho riesgo de manera injustificada y materializándose con ello una falla en el servicio.

• De la acción de reparación directa conoció el Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión del Circuito de Villavicencio, quien desató el litigio mediante sentencia de 29 de noviembre de 2013, y en la misma decidió: “(…) declarar administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, por la muerte de Jaime Andrés Tobar Corzo”, sin embargo, excluyó de las declaraciones y condenas a Jhon Sebastián Tobar Corzo y a Pedro Pablo Tobar Corzo(1).

• Como sustento de dicha exclusión, el Juzgado planteó: “En cuanto a Pedro Pablo y Jhon Sebastián Tobar Corzo, se tiene que aunque se allegaron los registros civiles obrantes a folios 15 y 16 del expediente, de estos no se puede evidenciar que sean hermanos de Jaime Andrés Tobar Corzo, ni hijos de Paulina Corzo Jiménez y Roberto Tobar, así mismo, en los testimonios recibidos (Fol. 124 y Fol. 125-126) no se mencionan como hermanos del fallecido”(2).

• Inconformes con la decisión, los actores interpusieron recurso de apelación en el que manifestaron su descontento así: “la parte actora expresó que dentro del proceso sí se allegaron pruebas de la relación de consanguinidad entre Jhon Sebastián Tobar Corzo, Pedro Pablo Tobar Corzo y Jaime Andrés Tobar Corzo, (…) pues aunque las copias auténticas del registro civil aparecen un poco borrosas, debido a las condiciones de equipamiento de la registraduría de Mapiripán, se podía leer claramente los apellidos de los menores e incluso en el caso de Pedro Pablo los nombres de sus padres”.

• El 16 de diciembre de 2014, el Tribunal Administrativo del Meta profirió fallo de segunda instancia, en el que decidió modificar la sentencia recurrida incluyendo a los aquí accionantes, y dispuso: “Adicionar y modificar el numeral segundo de la aludida providencia el cual quedará así: (…) —En su calidad de tercero damnificado Jhon Sebastián Tobar Corzo 15 salarios (…)— En calidad de tercero damnificado Pedro Pablo Tobar Corzo 15 salarios (…)”.

Esta decisión quedó ejecutoriada el 23 de enero de 2015(3).

1.3. Fundamentos de la acción.

La parte actora manifestó que el Tribunal Administrativo del Meta, al proferir la sentencia de 16 de diciembre de 2014, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a interponer recurso efectivo para la protección de sus derechos civiles y políticos, a las garantías judiciales mínimas y, a la protección judicial.

En su escrito adujo frente al específico tema de la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales que las causales expuestas en la Sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional se encontraban dadas, ya que se configuraron todos los requisitos formales de procedibilidad, por cuanto se cumple con i) la relevancia constitucional del tema, ii) El agotamiento de los recursos ordinarios y extraordinarios de la solicitud de amparo; y iii) la identificación razonable por parte del actor de los hechos que constituyen la violación.

Los actores identificaron como causal especial de procedibilidad contra providencia judicial la ocurrencia de defectos fáctico, material o sustantivo y violación directa de la constitución, los cuales argumentaron así:

Defecto fáctico, toda vez que en el fallo de segunda instancia, a pesar de haberse reconocido a los accionantes el daño endilgado, pretendido con la acción de reparación directa, a juicio del apoderado, a los actores se les debió reconocer la calidad de hermanos de la víctima de conformidad con los registros civiles de nacimiento que se allegaron con el recurso de apelación y no como lo planteó el tribunal accionado, ya que cometió un error al indicar que los señores Jhon Sebastián y Pedro Pablo Tobar Corzo no demostraron tal condición, no obstante, encontró probado que fueran integrantes de la familia afectados por la muerte de Jaime Andrés Tobar Corzo, y ordenó indemnización como terceros afectados.

La existencia del defecto fáctico los actores la fundamentaron en que les resulta extraño que un operador jurídico se saliera de las reglas de la sana crítica y determinara que alguien con los mismos apellidos de 6 personas que fueron asumidas como hermanos del occiso y de quienes se aportó copia autentica aunque un poco borrosas, o recortados en el apartado que relacionan a los padres, no se hayan reconocido como víctimas en el grado de consanguinidad de hermanos.

Según el apoderado de los actores, el fallo de segunda instancia que modificó la sentencia del a-quo, y reconoció que existió daño a los accionantes, concluyó de manera errada, que:

“(…) los registros civiles de nacimiento obrantes en el plenario no resultan suficientes para acreditar la calidad de hermanos de Jhon Sebastián Tobar Corzo y Pedro Pablo Tobar Corzo respecto de Jaime Andrés Tobar Corzo.

Cabe señalar que el memorialista allegó junto con el recurso de apelación los registros civiles de nacimiento de los precitados demandantes, sin embargo, debe advertirse que esta corporación no les otorgará valor probatorio por tratarse de un documento que no se encuentra dentro de las premisas establecidas en el artículo 214 CCA para que sean admitidos como pruebas en esta instancia (…)”.

Manifestó además que “aquí salta a la vista un defecto, pues la actuación del Tribunal Administrativo del Meta es absolutamente contra fáctica, pues si bien tiene razón en afirmar que “la prueba idónea para demostrar el parentesco de los demandantes con el hoy occiso es el registro civil de nacimiento”, también es cierto de que con la demanda sí se anexó dicho documento, sino que el mismo cuenta con dificultades en la lectura, imputables a la oficina pública que lo emite y no a los accionantes, por lo que era lógico que el operador judicial pudiera valerse del conocimiento adicional aportado, tanto por el sentido común como por los demás testigos, para determinar la existencia de una relación de consanguinidad”.

En relación con el defecto material o sustantivo, los actores adujeron que este se había configurado cuando, el tribunal accionado profirió su sentencia indicando que no daría valor probatorio alguno a las nuevas copias de los registros allegados con el recurso de apelación, en cuanto que, dichos documentos se aportaron de manera extemporánea, y que, adicionalmente, no se daban los presupuestos del artículo 214 del CCA para tenerlas como pruebas en el trámite de la segunda instancia. Sin embargo, para los actores la anterior aseveración resultó ser violatoria de sus derechos, en la medida que consideraron que era dable dar aplicación a la causal 3 del artículo 214 del CCA que dispone: “(…) 3. Cuando se trate de documentos que no pudieron aducirse en primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”.

Así las cosas, para el apoderado la causal descrita es plenamente identificable, toda vez que en su sentir, los funcionarios de la registraduría de Mapiripán - Meta, emitieron las copias de los registros aportados de forma defectuosa y, dadas las circunstancias de orden público que son de conocimiento general en el país, no le fue posible a la parte demandante acudir regularmente a la población hasta poder conseguir la fotocopia nítida.

Señaló también respecto de este defecto, que de no encuadrarse en la causal tercera del artículo precitado, el tribunal debió decretar pruebas de oficio como lo consagra el artículo 180 del Código de Procedimiento Civil.

Planteó violación directa de la Constitución, por considerar que el fallo de segunda instancia proferido por el tribunal accionado vulneró el principio de igualdad y la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal. Expuso frente al primero, que existió en el fallo un tratamiento diferencial injustificado, ya que los demás hermanos de los accionantes fueron reconocidos como víctimas dentro del proceso ordinario en una calidad superior a la de ellos, y, respecto del segundo aspecto, esto es, la prevalencia de lo sustancial sobre lo procesal, adujo que es absurdo afirmar que una dificultad de legibilidad de la copia de un registro civil constituya una traba y el juez de conocimiento no haga uso de la facultad oficiosa con que cuenta para el decreto de pruebas.

1.4. Petición de amparo:

A título de amparo, en el escrito de tutela se estableció lo siguiente:

• “Conceda el amparo a los derechos fundamentales de los accionantes al debido proceso, recurso efectivo para la protección de derechos civiles y políticos, garantías judiciales mínimas, protección judicial e igualdad.

• Que como consecuencia de ello, modifique la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo del Meta, tanto en su parte motiva como resolutiva, para que en su lugar reconozca que Jhon Sebastián y Pedro Pablo Tobar Corzo e hijos de Roberto Tobar y Paulina Corzo Jiménez, con la correspondiente modificación en cuanto a la tasación de perjuicios morales en su favor, que deberían pasar de los 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes existentes a los 50 que en derecho les correspondían”(4).

1.5. Trámite de la acción.

Por auto de 28 de julio de 2015(5), se admitió la solicitud de tutela y ordenó su notificación a los peticionarios y a los magistrados del Tribunal Administrativo del Meta, para que en un término de 2 días rindieran informe sobre los hechos expuestos por los accionantes en la solicitud de amparo.

En la misma providencia se vinculó a la Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como terceros con interés directo en las resultas de la acción.

Por último y en el mismo auto de admisión, en el numeral 3º, se ordenó además, al Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión del Circuito de Villavicencio, remitir copia íntegra o en calidad de prestamo el expediente de reparación directa Nº 2010-00327-00 demandante: Roberto Tobar Corzo.

No obstante lo anterior, el expediente íntegro nunca fue remitido, sin embargo, y para el interés de esta instancia, vía correo electrónico se recibió por parte de la secretaría del órgano colegiado, la copia de la sentencia proferida por el tribunal accionado.

1.6. Contestaciones.

1.6.1. Policía Nacional.

Mediante escrito enviado por correo electrónico el 11 de agosto de 2015(6), manifestó su oposición al amparo solicitado, e indicó, luego de hacer un recuento de lo planteado en el fallo del tribunal accionado, que la tutela presentada era inviable ya que en el plenario no se acreditó de manera idónea la calidad de los accionantes, por lo que, en su sentir no se dan los presupuestos de ninguno de los defectos alegados en la acción.

Se refirió a la validez de la prueba cuando se trata de documentos aportados en el proceso, pero que se arriban en copias simples, y planteó que “las falencias documentales de los registros civiles de nacimiento, carecen de pertinencia como medio probatorio para acreditar el parentesco con las personas que se reputan víctimas del occiso Jaime Andrés Tobar Corzo, de quienes predican ser hermanos de la víctima (…)”, por lo que indicó que el único documento que puede tener el valor probatorio correspondiente es el original del registro respectivo.

Concluyó que a los accionantes no se les vulneró ninguno de los derechos fundamentales invocados y que la decisión del Tribunal enjuiciada se enmarca en la valoración probatoria que se efectuó por el juez natural.

1.6.2. Tribunal Administrativo del Meta

Por escrito de fecha 12 de agosto de 2016(7), la magistrada ponente del fallo de segunda instancia atacada en sede constitucional, contestó la acción de tutela y dijo que reiteraba los planteamientos dados en el fallo de 16 de diciembre de 2014, y precisó: “Pues bien, conforme se explicó en la providencia de segunda instancia, los Registros Civiles de Nacimiento de de (sic) Jhon Sebastián Tobar Corzo y Pedro Pablo Tobar Corzo, que fueron aportados con la demanda, no son suficientes para acreditar que aquellos son hermanos de Jaime Andrés Tobar Corzo, pues en su contenido no aparece quienes son sus padres y aunque tengan los mismos apellidos de los demás demandantes ello no sirve de prueba para acreditar el parentesco del cual se pueda presumir su interés para demandar, pues como es sabido, son numerosas las familias en que hermanos se unen con dos hermanas, conllevando a que los hijos de ambas parejas ostenten los mismos apellidos, y se trata de parientes en grados de consanguinidad más lejanos, a quienes no se puede aplicar la presunción del perjuicio moral, toda vez que debe estar acreditado en el proceso”.

Adicionalmente, se pronunció sobre la oportunidad procesal para aportar pruebas, y citó una sentencia de tutela proferida por esta Sección, en la que se dijo que no era posible dejar al arbitrio de las partes el aporte de pruebas ya que con ello se afectaría gravemente el debido proceso y, en especial, tornaría de difícil realización el principio de contradicción.

En conclusión manifestó que la acción de tutela en este caso es improcedente por cuanto no se observa la configuración de causal alguna que permita amparar los derechos invocados por la parte actora, en virtud de ser tutela contra providencia judicial.

1.6.3. Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

No se pronunció.

1.6.4. Paulina Corzo Jiménez, Roberto Tobar, Víctor Manuel, Mercedes, Francelina y Yury Tobar Corzo.

Los terceros vinculados, por ser demandantes en el proceso ordinario, manifestaron no tener objeción alguna con respecto a la acción de tutela y sostuvieron que los accionantes tenían igual derecho que ellos a la indemnización por la muerte de su legítimo hermano Jaime Andrés Tobar Corzo.

1.7. Fallo impugnado

El Consejo de Estado, Sección Cuarta, profirió sentencia el 28 de enero de 2016(8), en la que concedió el amparo solicitado y dispuso: “1. AMPÁRENSE los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso de los señores Jhon Sebastian y Pedro Pablo Tobar Corzo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. En consecuencia, DÉJESE SIN EFECTOS la sentencia del 16 de diciembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, por las razones expuestas en la presente providencia. 3. Por lo anterior, ORDENESE al Tribunal Administrativo del Meta, que dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de la presente providencia, profiera una sentencia complementaria, en la que sean tenidas en cuenta las consideraciones hechas en la presente providencia (…)”

Por parte del juez constitucional se planteó el problema jurídico de la siguiente manera: “Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo del Meta incurrió en un defecto fáctico, al haber dejado de valorar la prueba aportada con el recurso de apelación por los accionantes (folio íntegro del registro civil de nacimiento), y de no haberla decretado de oficio en caso de duda, pese a ser solicitado por los actores en el mencionado recurso”.

Para el desarrollo del problema planteado en la primera instancia, el juez determinó que el defecto a estudiar era el fáctico, por lo que citó de manera textual apartes de la sentencia de la Corte Constitucional SU-226 de 2013, en la que se indican las causales que configuran ese tipo de defecto, y precisó que, de acuerdo a los argumentos expuestos por los solicitantes, se observó que el motivo por el cual se acude a la presente acción de tutela es la falta de valoración de una prueba que consideraron trascendente para probar el parentesco en relación con el fallecido Jaime Andrés Tobar Corzo, esto es, los correspondientes registros civiles de nacimiento que fueron aportados de manera íntegra por parte suya en el trámite de la segunda instancia junto con el recurso de apelación.

Adujo el a-quo que una vez revisada en contexto la situación de los actores concluyó que, a pesar de que en primera instancia del proceso ordinario se allegaron unos certificados que no lograban demostrar de forma idónea el parentesco al no estar los datos de los padres, sino solamente los de cada uno de ellos, estos aportaron en segunda instancia la copia legible de la totalidad del acta de registro de nacimiento que debió ser tenida en cuenta por parte del Tribunal accionado, o de considerar ambigüedad u oscuridad, debió proceder con el decreto oficioso de la prueba respectiva.

Precisó, que en tratándose de la potestad oficiosa de decretar pruebas, en el presente caso dicha habilitación estaba dada, toda vez que existieron tanto hechos narrados por las partes, como medios de prueba que ellos pretendieron hacer valer dentro del trámite del proceso, que generaron la necesidad de esclarecer los hechos, por lo que el juez debió hacer uso de la facultad oficiosa.

Manifestó además que: “(…) se concluye que en el presente caso la parte actora no es la única encargada de allegar la prueba en determinado sentido, cuando el mismo ordenamiento procesal faculta al juez para que de manera oficiosa logre su obtención, máxime en casos como el presente donde se trajo al proceso y el juez no le dio el valor probatorio ni lo decretó ante la duda de su procedencia o de su veracidad. Con el único fin de ir en busca de la verdad material haciendo uso de las facultades oficiosas”.

Por la razones expuestas, el a-quo amparó los derechos de los accionantes considerando la configuración del defecto fáctico, por no valoración de la prueba allegada en segunda instancia, ni el decreto oficioso de pruebas en caso de duda por parte del fallador.

1.8. Impugnación

Con escrito enviado por correo electrónico el 11 de febrero de 2016(9), el apoderado judicial del tercero interesado, Policía Nacional, impugnó la decisión proferida en primera instancia, y planteó como único argumento que, permitir allegar pruebas en etapas distintas de las estructuradas para el proceso, conllevaría a la vulneración del debido proceso y derecho de contradicción del tercero con interés, en cuanto que no tuvieron entonces, oportunidad en el proceso ordinario de debatir la prueba y en consecuencia, admitir que el actor allegue documentales en cualquier momento, entraría en abierta contradicción con los lineamientos de la carga de la prueba, por lo cual solicitó revocar la sentencia de primera instancia y no amparar los supuestos derechos de los accionantes.

A manera de conclusión manifestó que: “Bajo estos argumentos tendríamos que, muy a pesar de la existencia de normas procesales que establecen el término, el momento, las circunstancias y las condiciones en que las partes del proceso pueden allegar las pruebas que pretenden hacer valer en el mismo, y sobre las cuales edifican o sustentan sus hechos y pretensiones, el operador judicial tiene la facultad de obviar dichas regulaciones y limitaciones legales, cuya razón de ser corresponde al respeto de los derechos fundamentales que tienes (sic) las partes en el proceso (…)”

II. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia.

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación al fallo de tutela impetrado por la Policía Nacional, en su calidad de tercero interesado, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991 y en el artículo 2º del Acuerdo 55 de 2003 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con los argumentos de la impugnación, procede confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia dictada por la Sección Cuarta de esta corporación.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) criterio de la Sala sobre procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; ii) análisis del caso concreto.

i) La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

Esta Sección, mayoritariamente(10), venía considerando que la acción de tutela contra providencia judicial era improcedente por dirigirse contra una decisión judicial. Solo en casos excepcionales se admitía su procedencia, eventos estos que estaban relacionados con un vicio procesal ostensible y desproporcionado que lesionara el derecho de acceso a la administración de justicia en forma individual o en conexidad con el derecho de defensa y contradicción.

Sin embargo, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012(11) unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema(12).

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales(13).

Señaló la Sala Plena en el fallo en mención:

“De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente”(14) (Negrilla fuera de texto).

A partir de esa decisión de la Sala Plena, la corporación debió modificar su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de reciente sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014(15), la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 Constitucional y, por ende, el amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.

A partir de esa decisión, se dejó en claro que la acción de tutela se puede interponer contra decisiones de las Altas Cortes, específicamente, las del Consejo de Estado, autos o sentencias, que desconozcan derechos fundamentales, asunto que en cada caso deberá probarse y, en donde el actor tendrá la carga de argumentar las razones de la violación.

En ese sentido, si bien la Corte Constitucional se ha referido en forma amplia(16) a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, no ha distinguido con claridad cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo —improcedencia sustantiva— y cuáles impiden analizar el fondo del asunto —improcedencia adjetiva—.

Ahora bien, comoquiera que la primera instancia ya analizó los requisitos de procedibilidad adjetiva, y en consideración a que ello no fue materia de impugnación, corresponderá adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirman vulnerados.

Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

iii) Caso concreto

En el sub examine los accionantes consideraron que el Tribunal Administrativo del Meta, al proferir la sentencia de 16 de diciembre de 2015 dentro del proceso de reparación directa por ellos iniciado en contra de la Nación- Ministerio de Defensa – Policía Nacional incurrió en defecto fáctico por no haberse valorado la prueba que acreditaba la calidad de hermanos de la víctima, prueba que afirmaron fue allegada dentro del plenario, solo que un poco borrosa o recortado el aparte que indicaba los nombres de los padres, todo lo cual resulta imputable a la registraduría de Mapiripán que expide así los registros, pero que, en todo caso, de manera posterior, cuando tuvieron oportunidad de saber que a los registros no se les dio el valor probatorio correspondiente, con el recurso de apelación aportaron unas copias más legibles que complementaban los datos de los primeros.

Además, manifestaron que si el tribunal accionado consideró que no se cumplían los requisitos del artículo 214 del CCA en cuanto al aporte de pruebas en segunda instancia, debió decretar una prueba de oficio para que la registraduría de Mapiripán expidiera las copias de los registros civiles respectivos en debida forma, por lo que argumentó que frente a este hecho se incurrió en un defecto sustantivo o material que desencadenó por ende, y de manera indefectible en una violación directa de la constitución por vulneración del principio de igualdad y primacía de lo sustancial sobre lo formal.

En el estudio del caso por parte de la primera instancia, se determinó que efectivamente no se había valorado la prueba aportada con el recurso de apelación, con dos fundamentos precisos: i) al ser aportada en segunda instancia la parte complementaria del acta de registro de nacimiento, esta debió ser tenida en cuenta por el tribunal; y ii) de considerarlo necesario, el Tribunal accionado pudo haber decretado de oficio la prueba si en su concepto la misma era relevante al proceso, pero tenía dudas de su existencia o procedencia.

Ante los fundamentos del a-quo, y de conformidad con lo expuesto en el acápite correspondiente, para el apoderado de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, permitir allegar pruebas en etapas distintas de las estructuradas para el proceso, conllevaría a la vulneración del debido proceso y derecho de contradicción del tercero con interés, en cuanto que no tuvieron entonces, oportunidad en el proceso ordinario de debatir la prueba, y en consecuencia, permitírsele al actor allegar documentales en cualquier momento, entraría en abierta contradicción con los lineamientos de la carga de la prueba, por lo cual solicitó revocar la sentencia de primera instancia y no amparar los supuestos derechos de los accionantes.

En orden a lo expuesto, por ser el anterior el único argumento de la impugnación, y el planteamiento mismo del a-quo en cuanto a la configuración del defecto fáctico, la Sala ha manifestado que este defecto se encuentra íntimamente relacionado con las anomalías que se presentan en el curso del proceso, frente a la actividad intelectual que realiza el juzgador en materia de decreto, práctica y valoración probatoria. Tiene asidero en la defensa de una de las tantas garantías que componen el derecho fundamental al debido proceso, como lo es el derecho de defensa y contradicción y la necesidad de que la decisión se funde en los hechos acreditados en el proceso, que no es otra cosa que en la búsqueda de la verdad que le asiste al juez en un Estado social de derecho.

Para la Corte Constitucional(17), el referido defecto se presenta cuando el juez: (i) omite decretar o practicar las pruebas que resultan indispensables para tomar una decisión, (ii) desconoce, de manera injustificada, el acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos, (iii) valora de manera irracional o arbitraria las pruebas y, (iv) dicta sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación al debido proceso.

Así pues, para la Sala, a pesar de considerarse que los derechos fundamentales invocados como vulnerados deben ser amparados como a bien lo tuvo la Sección Cuarta, por lo que desde ya se expresa el sentido confirmatorio del fallo de primera instancia, disiente de los planteamientos del a-quo, y ha definido que en el caso sub examine que se configuró el segundo supuesto relativo al “desconocimiento injustificado del acervo probatorio que permitía identificar la veracidad de los hechos”, el cual fue alegado por la parte actora cuando invocó la violación del principio de la primacía de lo sustancial sobre lo formal, pues el tribunal accionado expuso en el fallo que hoy es objeto de la acción constitucional lo siguiente:

“(…)

Aclarado lo anterior, esta Sala procede a pronunciarse frente al recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte actora; arguye el apelante que el a quo ha debido haber efectuado el reconocimiento de perjuicios morales a favor de Pedro Pablo Tobar Corzo y Jhon Sebastian Tobar Corzo, quienes acuden al proceso en calidad de hermanos del extinto auxiliar-de policía Jaime Andrés Tobar Corzo.

(…)

Si bien le asiste razón al apoderado de la parte actora al indicar que el A quo se contradijo en la providencia objeto de apelación, pues en el título “mediante documental” de la misma, señaló como hermanos del occiso a Jhon Sebastian Tobar Corzo y Pedro Pablo Tobar Corzo, para posteriormente negar el reconocimiento de perjuicios frente a estos, argumentando que la calidad de hermanos de la víctima no estaba acreditada, lo cierto es que tal circunstancia no genera dudas a esta Corporación, en cuanto a que el parentesco de aquellos con el auxiliar regular fallecido no se encuentra demostrado.

(…)

Pese a lo anterior, advierte la Sala que en el presente asunto se halla demostrada la calidad de damnificados de Jhon Sebastian Tobar Corzo y Pedro Pablo Tobar Corzo pues de los testimonios rendidos por los señores Conrado Salazar Cardona y Hugo Rojas Muñoz (124-126 C. principal), se infiere claramente que estos reconocen a los precitados demandantes como integrantes de la familia de Jaime Andrés Tobar Corzo, aunado a que, al referirse a la afectación ocasionada a la familia Tobar Corzo con la muerte de este último, el primero de los testigos señaló: “Destrozados emocionalmente porque una familia tan unida con un hijo de las características que era Jaime ellos consideraban que se les había acabado el mundo y sufrían permanentemente (...)", y el testigo Rojas Muñoz manifestó: “pues la verdad para ellos ha sido demasiado duro”.

Por tal motivo, la corporación adicionará la providencia objeto de alzada, reconociendo perjuicios morales a favor de Jhon Sebastian Tobar Corzo y Pedro Pablo Tobar Corzo porque aunque no demostraron la calidad de hermanos de la víctima, si puede afirmarse que fueron damnificados pues sufrieron la muerte de aquél, según lo refirieron los testigos respecto de todos los integrantes de la familia, entre quienes reconocieron a los dos mencionados.

(…)”

Lo anterior permite concluir que, como el supuesto alegado implica la no valoración de una prueba allegada en oportunidad, dentro del proceso está probado que los actores arribaron con la demanda los registros civiles que pretendían hacer valer para acreditar la legitimación y calidad en que actuaban en el proceso ordinario, así como también, que los mismos se tuvieron como prueba por el juez de conocimiento de la primera instancia, y el tribunal accionado indicó reconocer la legitimación por activa cuando decidió el recurso de apelación, resultando entonces inadmisible que dicha legitimidad no se haya dado en la condición de hermanos, lo que claramente constituyó una de las hipótesis que la Corte Constitucional ha definido como violatoria de los derechos fundamentales y que implican en consecuencia, el amparo por parte del juez constitucional.

Respecto de este aspecto puntual, la Corte Constitucional señaló(18):

Defecto fáctico por ausencia de valoración probatoria

4.2. Como se mencionó antes, la posibilidad de cuestionar las decisiones judiciales por vía de tutela en atención a sus deficiencias probatorias está vinculada a la necesidad de propiciar la adopción de sentencias ajustadas a la realidad, para contribuir a concretar los propósitos de lealtad y eficiencia en la administración de justicia. Exigir que las providencias judiciales se ajusten a las pruebas aportadas por los sujetos procesales y a las que se practicaron en el curso del proceso es, por lo tanto, acorde con la intención de cerrarle el paso a la arbitrariedad e incentivar la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial.

Esta corporación ha considerado que se presenta un defecto fáctico cuando el funcionario judicial, “a pesar de que en el proceso existan elementos probatorios, omite considerarlos, no los advierte o simplemente no los tiene en cuenta para efectos de fundamentar la decisión respectiva, y en el caso concreto resulta evidente que de haberse realizado su análisis y valoración, la solución del asunto jurídico debatido variaría sustancialmente”(19).

En consonancia, y en relación con el supuesto específico configurado, en criterio de esta Sección, se ha expresado que este se presenta cuando el juez, omite considerar elementos probatorios que obran dentro del expediente, y que resultan decisivos para establecer la verdad sobre los hechos materia del proceso, por lo que, cuando se alega este supuesto es indispensable que la parte interesada: a) identifique los elementos probatorios que no fueron valorados por el juez, b) demuestre que los aportó en oportunidad legal y con el cumplimiento de las exigencias legales, c) argumente el por qué estos resultaban relevantes para la decisión y; d) exponga las razones por las cuales, su análisis, hubiera podido variar el sentido del fallo.

Los accionantes en su escrito de tutela fueron claros al delimitar la prueba que el Tribunal Administrativo del Meta omitió valorar, la oportunidad procesal en que los mismos fueron aportados y la injerencia misma en el sentido del fallo condenatorio, cuando manifestaron:

“(…)

Así, en el presente caso el Tribunal Administrativo del Meta incurrió en un defecto fáctico cuando aseguró que Pedro Pablo y Jhon Sebastián Tobar Corzo no demostraron su calidad de hermanos dentro del proceso, pero que si se encontraba probado que fueran integrantes de la familia afectados por la muerte de Jaime Andrés Tobar Corzo.

Resulta extraño para los accionantes que un operador jurídico se salga de las reglas de la sana crítica y determine que alguien, con los mismos apellidos de 6 personas que fueron asumidas como hermanos del occiso, mencionados por los testigos como miembros de la familia Tobar Corzo y cuyos registros civiles fueron adjuntados en copia auténtica al proceso, aunque un tanto borrosos (por responsabilidad de la registraduría de Mapiripán) o recortados en el apartado que relacionan a los padres, no es el hermano de una víctima que también cumple con todas las condiciones”.

Para la Sección Quinta del Consejo de Estado, la valoración probatoria realizada por el Tribunal Administrativo acusado, no corresponde a un análisis integral, ya que omitió valorar una de las pruebas allegadas en la demanda y que fue aceptada al momento de la admisión de la misma y decretada como elemento probatorio por el juez de primera instancia, adicionalmente, ignoró los documentos más legibles que se aportaron al proceso con el recurso de apelación.

La anterior precisión, tiene fundamento fáctico en el hecho de que solo hasta que se profiere el fallo de primera instancia, el apoderado de los actores se entera de que, a pesar de que los registros civiles inicialmente aportados, no serían valorados en las condiciones que este pretendió; es decir, para acreditar la calidad de hermanos que fue bajo la cual siempre actuaron sus prohijados, todo lo cual, constituyó una clara vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la primacía de lo sustancial sobre lo formal, por las específicas razones que pasan a explicarse:

Primero, se aceptó por las partes que en efecto SÍ fueron allegados con la demanda los documentos idóneos para probar la legitimación de los accionantes en el proceso ordinario, esto es, los registros civiles respectivos. Prueba clara de esta afirmación es que la demanda fue admitida sin advertencia alguna del presupuesto procesal de la legitimidad alegada por los actores dentro del proceso.

Segundo, que el a-quo del proceso ordinario, en el trámite del mismo, decretó como prueba dichos documentos sin requerir al interesado, respecto de alguna duda sobre ellos.

Tercero, que la demandada Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, no efectuó dentro del proceso ordinario de reparación directa objeción alguna frente a dichos documentos, así como tampoco alegó la excepción de falta de legitimación en la causa por activa, que soportaría eventualmente que en este momento adujera el desconocimiento de los documentos o por lo menos, de la calidad alegada por los peticionarios.

Cuarto, que una vez enterado el apoderado de los actores de la supuesta deficiencia de los registros civiles allegados, esto es, solo con la expedición del fallo de primera instancia que le niega la pretensión indemnizatoria respecto de los accionantes, presentó junto con el recurso de apelación unas nuevas copias en mejores condiciones complementando las que reposaban en el expediente.

Quinto, que en el trámite de la segunda instancia el tribunal accionado reconoció en condición de víctimas a los accionantes, pero no en calidad de hermanos, pese a reconocer que son familiares, conclusión a la que no era posible llegar si no se analizan de manera integral los documentos que reposan en el expediente.

Todo lo anterior sustenta que la prueba fue aportada en la oportunidad procesal establecida, es decir, fue puesta a disposición con la demanda presentada y el juez de primera instancia tuvo como válida la calidad en que los peticionarios actuaban dentro de la acción de reparación directa durante el trámite del proceso, y, adicionalmente el Tribunal enjuiciado debió efectuar una valoración integral y conjunta de las pruebas que reposan en el proceso, lo que le permitiría establecer con meridiana claridad la existencia en el acervo probatorio del o los documentos que le permitieran establecer la calidad en que actuaban los accionantes. Por lo tanto, se determina en esta instancia que el Tribunal deberá hacer la valoración integral que corresponde con base en los planteamientos esbozados en este fallo.

De conformidad con lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia impugnada, pero por las razones aquí planteadas, y adicionalmente, considera pertinente dar claridad y coherencia a lo resuelto en primera instancia, en el sentido de aclarar que lo único que se deja sin efectos es lo considerado y resuelto respecto de los actores y no así, en relación con los demás demandantes.

Lo anterior en consideración a que la primera instancia resolvió dejar “SIN EFECTOS la sentencia del 16 de diciembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta”, en su totalidad, y no parcialmente.

Así las cosas, se modificará la orden en el sentido de conceder un término de veinte (20) días al Tribunal Administrativo del Meta para que profiera una sentencia complementaria que acate lo dispuesto en este fallo, por cuanto la sentencia de 16 de diciembre de 2014 vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad de los accionantes, y a la primacía de lo sustancial sobre lo formal.

III. Decisión

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1.: CONFIRMAR la sentencia del 28 de enero de 2016, proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante la cual amparó los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, y adicionar el amparo al principio de la primacía de lo sustancial sobre lo formal de los señores Jhon Sebastián y Pedro Pablo Tobar Corzo, por las razones aquí expuestas.

2.: MODIFICAR el numeral 2º del fallo impugnado, en el sentido de señalar que se deja sin efectos, parcialmente, la sentencia del 16 de diciembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, únicamente respecto de lo considerado y lo resuelto relacionado con los señores Pedro Pablo Tobar Corzo y Jhon Sebastián Tobar Corzo, para lo cual el término conferido al Tribunal accionado para proferir una sentencia complementaria es de veinte (20) días.

3.: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, y envíese copia de la misma al Despacho de origen.

Notifíquese y cúmplase

La presente decisión se discutió y aprobó en sesión de la fecha.

Consejeros: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez— Rocío Araújo Oñate— Carlos Enrique Moreno Rubio— Alberto Yepes Barreiro.

1 Hecho 6, folio 2 del expediente de tutela.

2 Hecho 8, folio 2 del expediente de tutela.

3 Hecho narrado por los accionantes, folio 3.

4 Folio 21 del expediente de la acción de tutela.

5 Folio 27 del expediente de la acción de tutela.

6 Folios 37 a 44 del expediente de la acción de tutela.

7 Folios 46 a 49 del expediente de tutela.

8 Folios 89 a 96 del expediente de tutela.

9 Folios 107 111 del Expediente de tutela.

10 Sobre el particular, el Consejero Ponente mantuvo una tesis diferente sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial que se puede consultar en los salvamentos y aclaraciones de voto que se hicieron en todas las acciones de tutela que conoció la Sección. Ver, por ejemplo, salvamento a la sentencia Consejera Ponente: Dra. Susana Buitrago Valencia. Radicación: 11001031500020110054601. Accionante: Oscar Enrique Forero Nontien. Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, y otro.

11 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. Nº 11001-03-15-000-2009-01328-01. acción de tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Consejera Ponente: María Elizabeth García González.

12 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada.

13 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.

14 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. Nº 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Consejera Ponente: María Elizabeth García González.

15 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

16 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005.

17 Entre otras, T-267 de 2013, T-117 de 2013, T-781 de 2011, etc.

18 Sentencia T-261 de 2013 (M.P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva).

19 Sentencia T-902 de 2005 (M.P. Marco Gerardo Monroy).