SENTENCIA 2015-01948 DE NOVIEMBRE 1 DE 2017

 

Sentencia 2015-01948 de noviembre 1 de 2017

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 050011102000201501948 01

Magistrado Ponente:

Dr. Julio César Villamil Hernández

Aprobado según Acta Nº 93 de la misma fecha

Bogotá, D. C., primero de noviembre de dos mil diecisiete.

Asunto a tratar

Por grado jurisdiccional de CONSULTA se revisa la sentencia del 30 de junio de 2017, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquía(1), mediante la cual resolvió sancionar con CENSURA a la abogada Nancy del Socorro Castro Rendón, luego de haberla hallado disciplinariamente responsable de la infracción del deber previsto en el numeral 10 del artículo 28 y el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007.

Hechos y actuación procesal

1. De la queja.

Las presentes diligencias tuvieron inicio con sustento en la queja allegada al plenario el 14 de septiembre de 2015, por la ciudadana Olga Luz Álzate Barrientos, quien quiso poner de presente las eventuales irregularidades de orden disciplinario en que pudo haber incurrido la doctora Nancy del Socorro Castro Rendón, dado que la contrató para que la representara dentro de una acción ordinaria de mayor cuantía tramitada por el Juzgado Dieciséis Civil del Circuito de Medellín, en contra de la empresa Big Company Arroyave, Empresas Públicas de Medellín y contra el señor José Luciano Zuluaga Arroyave, proceso con Rdo. 2002-0663.

Indicó la quejosa, que ha sido ella quien ha estado pendiente del proceso al igual que las solicitudes hechas por el despacho, ya que su apoderada no le informaba lo sucedido en su proceso y tampoco presentó alegatos de conclusión decisión contraria a sus intereses.

Señaló en la queja, haberse enterado seis meses después de haberse proferido sentencia desfavorable por el Tribunal de Restitución de Tierras de Antioquia y que el proceso ya se encontraba archivado, a lo cual su abogada no tuvo argumentos para explicarle el porqué del sentido de la decisión, pues nunca estuvo al tanto del proceso.

2. Acreditación de la condición de disciplinable y apertura del proceso disciplinario.

Una vez enviado el certificado Nº 12820-2015 del 26 de octubre de 2015, el Director de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia informó que la doctora Nancy del Socorro Castro Rendón, es portadora de la cédula de ciudadanía número 43.001.289 y de la tarjeta profesional número 55.915 del Consejo Superior de la Judicatura (vigente); el 26 de octubre de 2015, con auto de ponente se ordenó la apertura del proceso disciplinario señalándose el 05 de abril de 2016 a las 4:00 p.m., para la práctica de audiencia de pruebas y calificación provisional, además de ordenar surtir las notificaciones de rigor.

De igual manera, se allegó el certificado Nº 231157 adiado 04 de abril de 2017, expedido por la Secretaría Judicial de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, a través del cual se certificó que la doctora Nancy del Socorro Castro Rendón, no poseía antecedentes disciplinarios vigentes.

3. Designación de defensor (a) de oficio.

En auto de fecha 07 abril de 2016, se requirió a la disciplinada para que en el término de tres días siguientes al recibido de la comunicación justificara la insistencia a la audiencia de pruebas y calificación que había sido programada para el 05 de abril de 2016, como no hubo justificación alguna por parte de la togada el Seccional de instancia a través de auto 03 de agosto de 2016, en vista que la disciplinada no compareció a las presentes diligencias fue declarada persona ausente y se designó terna de defensores de oficio, siendo posesionado como defensor de oficio el doctor Leiner de Jesús Correa Lizcano, el 22 de agosto de 2016.

Así las cosas continuó la actuación cumpliéndose con la garantía sustancial y procesal que preceptuó el artículo 104 de la Ley 1123 de 2007, ello, en desarrollo del derecho fundamental al debido proceso con relación a la defensa.

4. Audiencia de pruebas y calificación provisional.

Esta etapa procesal se surtió efectivamente en la sesión del 07 febrero de 2017, en la cual se llevó a cabo audiencia de calificación provisional destacando que se realizó la calificación provisional endilgando cargos a la disciplinable, pero además de ello durante esta etapa se suscitaron los siguientes acontecimientos jurídicos relevantes:

Intervención de la disciplinable

En desarrollo de la sesión del 07 de febrero de 2017, de la audiencia de pruebas y calificación provisional el a quo procedió a dar lectura de la queja seguidamente le otorgó uso de la palabra a la disciplinada a fin de que si lo consideraba rindiera la correspondiente versión libre y solicitara pruebas de ser necesario.

Versión libre

La disciplinada manifestó que comunicaba las actuaciones realizadas dentro del proceso a la quejosa y de pronto ella no le entendía los trámites adelantados indicó ser la encargada de vigilar y dar impulso al proceso, respecto de los alegatos de conclusión, no los presentó porque se dedicó a estudiar todo el expediente página por página el cual contenía seis cuadernos, de igual manera no esperaba una sentencia desfavorable para su cliente, por lo tanto, se estaba preparando para en el caso de que tuviera que apelar fuera lo más brillante posible. Por otro parte mencionó no contar con autorización de su cliente para abstenerse de presentar los alegatos de conclusión.

Respecto de las pruebas manifestó que requería de tres días para aportar pruebas dentro del proceso las cuales fueron allegadas el 09 de febrero de 2017.

Pruebas, allegadas, practicadas e incorporadas en esta etapa procesal.

1) Copia auto admisorio de la demanda.

2) Copia del poder y memorial para correcciones del auto admisorio.

3) Copia del auto aclaratorio.

4) Copia de las solicitudes elevadas por parte de la disciplinada para efectos de trámites en el proceso.

5) Copia de comprobantes de notificaciones.

6) Copia pronunciamiento sobre el recurso.

7) Copia solicitud de nueva fecha para práctica de pruebas testimoniales.

8) Copia del sustento del recurso de apelación.

9) Copia de la alegación en segunda instancia.

Calificación provisional de la actuación

Estando en curso la sesión del 07 de febrero de 2017, de la audiencia de pruebas y calificación provisional, el Seccional de instancia representada por el Magistrado Gustavo Adolfo Hernández Quiñonez, consideró que era pertinente calificar provisionalmente el mérito del presente asunto, para lo cual inició con un resumen de los hechos de la queja y el acervo probatorio allegado procediendo de la siguiente manera:

— Frente al deber de actuar con diligencia en relación con los encargos profesionales, el fallador de instancia, le endilgó cargos a la disciplinable, al presuntamente haber incurrido en falta por no haber presentado alegatos de conclusión, sin que mediera autorización de su cliente quedándose sin defensa la señora Olga Luz Alzate Barrientos, con dicho comportamiento la abogada pudo haber infringido el deber descrito en el artículo 28 numeral 10 de la Ley 1123 de 2007 y consecuente con ello en la falta prevista en el artículo 37 numeral 1º ibídem, por presuntamente dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, habiéndosele deducido la misma a título de CULPA.

La anterior imputación jurídica obedeció a que del acervo probatorio allegado al dossier se tuvo que la profesional del derecho convocada a juicio disciplinario al parecer omitió injustificadamente la presentación de los correspondientes alegatos de conclusión dentro del proceso encomendado.

Desde el punto de vista subjetivo correspondiente a la antijuridicidad la togada no justificó su conducta al no presentar los alegatos de conclusión dentro de la etapa procesal, por lo tanto, con la posible omisión incurrió en la falta contemplada en el artículo 37 numeral 1º al no adelantar oportunamente las diligencias propias de la actuación procesal, la cual se materializó al momento de no presentar los alegatos de conclusión.

Conforme a lo anterior se formuló cargos a la abogada Castro Rendón por posible falta a la diligencia profesional, por no presentar alegatos de conclusión el 13 de noviembre de 2012, adicionalmente era su cliente quien debía renunciar a la presentación de dicha actuación, por lo tanto en la diligencia de versión libre se logró corroborar que la disciplinada pudo actuar sin previa autorización de la quejosa incumpliendo el deber consagrado en el artículo 28 numeral 10 el cual era atender con celosa diligencia el encargo profesional de lo cual se evidencia posiblemente no se realizó y a raíz de ello constituyó un descuido que pudo estructurar la falta a la diligencia con los efectos, consecuencias y perjuicios ocasionados a la quejosa, quien se quedó sin defensa a causa de dicho comportamiento.

Pues es evidente la conducta omisiva de la letrada frente a la labor encomendada, transgrediendo con su actuar el ordenamiento jurídico, por lo tanto el anterior comportamiento se imputó a título de CULPA.

Por otra parte es menester resaltar que de las demás conductas señaladas en la queja no se lograron comprobar razón por la cual la Seccional de instancia se ocupa únicamente de imputar cargos a la disciplinada por la conducta omisiva expuesta anteriormente.

5. Audiencia de juzgamiento.

Esta etapa procesal se surtió en la sesión de 04 de abril de 2017, señalando que en dicha diligencia se realizaron la práctica de pruebas y se presentaron los alegatos de conclusión, así:

Pruebas, solicitadas, decretadas, allegadas, practicadas e incorporadas en esta etapa procesal

En audiencia juzgamiento de fecha 04 de abril de 2017, se adelantaron las siguientes actuaciones:

1) La disciplinada solicitó se tengan como pruebas las copias allegadas el 09 de febrero de 2017.

2) Se allegó copia de la constancia de antecedentes disciplinarios de la encartada expedida por la Secretaria Judicial de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura de fecha 04 de abril de 2017.

Alegatos de conclusión

En el desarrollo de la audiencia de juzgamiento la disciplinada dentro de sus alegatos de conclusión pidió que fueran analizadas las copias aportadas que dan cuenta de la diligencia desplegada en el proceso tramitado a la señora Olga Luz Alzate Barrientos.

Decisión de primera instancia

Mediante sentencia del 30 de junio de 2017, el Consejo Seccional de la Judicatura Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Antioquía resolvió sancionar a la abogada Nancy del Socorro Castro Rendón con CENSURA, luego de haberle hallado responsable de la infracción al deber previsto en el artículo 28 numeral 10 de la Ley 1123 de 2007, desarrollado en el artículo 37 numeral 1º ibídem, a título de CULPA.

Consideró la primera instancia que las pruebas obrantes en el plenario permitieron concluir con grado de certeza, que la togada había concurrido en el mencionado precepto legal, no aceptando sus argumentos defensivos puesto que había omitido injustificadamente realizar actuación alguna en pro de lo encomendado por la señora Olga Luz Alzate Barrientos, ello, al no presentar alegatos de conclusión dentro del proceso ordinario de mayor cuantía que cursaba en el Juzgado Dieciséis Civil del Circuito de Medellín, dejando a su cliente sin defensa alguna advirtiendo con ello que las excusas dadas al respecto no se encuentran acreditadas y no justifican la conducta de la abogada, lo cual causó perjuicio a la quejosa.

Por lo anteriormente expuesto el comportamiento realizado por la disciplinada fue a título de CULPA.

Aunado a lo anterior, el a quo tuvo en cuenta la trascendencia de la conducta, la ausencia de antecedentes disciplinarios vigentes para el jurista y la modalidad de la misma, por lo que consideró que la sanción impuesta de CENSURA, se ajustaba a un análisis de racionalidad y proporcionalidad según lo consagrado en el artículo 45 de la Ley 1123 de 2007.

De la consulta

Notificada por edicto la decisión adoptada por el Seccional de instancia, la disciplinada no interpuso recurso alguno contra la misma, por lo cual, al tenor de lo preceptuado en el parágrafo 1º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, el proceso fue remitido en consulta.

Consideraciones

1. Competencia.

Esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer en grado de jurisdicción de consulta de la decisión del 30 de junio de 2017, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquía, mediante la cual se resolvió sancionar con CENSURA a la abogada Nancy del Socorro Castro Rendón, luego de hallarla responsable de la infracción al deber previsto en el artículo 28 numeral 10 de la Ley 1123 de 2007, desarrollado en el artículo 37 numeral 1º ibídem, ello de conformidad con lo establecido en los artículos 256, numeral 3º, de la Carta Política y 112, numeral 4º, de la Ley 270 de 1996, en congruencia con lo dispuesto en el parágrafo primero de la última de las normas en cita, y en el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007, al no haber sido apelada.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo Nº 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(...) Los actuales magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 02 de 2015, así: “… los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el referido acto legislativo, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente está colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

En virtud de lo anterior y sin observar causal alguna que pueda invalidar la actuación hasta ahora adelantada, procede la Sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales que atañen el tema a debatir.

2. El caso en concreto.

Procede esta corporación a destacar en primer lugar que el control disciplinario fue otorgado por mandato constitucional a esta jurisdicción, encaminado a ser ejercido sobre la conducta profesional de los abogados teniendo como objetivo primordial, verificar el efectivo cumplimiento de su principal misión, lo cual es defender los intereses de la colectividad y de los particulares, mediante el ejercicio responsable, serio, honesto, cuidadoso y diligente de la profesión.

Esa misión se concreta en la observancia de los deberes que atañen al ejercicio de la abogacía como garantía de que efectivamente los profesionales del derecho conserven la dignidad y el decoro profesional; colaboren lealmente en la recta y cumplida administración de justicia; observen mesura, seriedad y respeto con los funcionarios y con todas las personas que intervengan en los asuntos de su profesión; obren con absoluta lealtad y honradez con sus clientes y colegas; guarden el secreto profesional, y atiendan con celosa diligencia sus encargos profesionales, por ende, en la medida en que esos deberes sean cumplidos, la abogacía colaborará efectivamente en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país y en la realización de la justicia material, cumpliendo así su función social.

Ahora bien, en grado jurisdiccional de consulta le compete a la Sala verificar la legalidad integral de la actuación, y en especial de la sentencia que revisa en todos los aspectos en ella consignados, frente a tal deber se abordará de la siguiente manera:

Descendiendo al caso que ocupa la atención de la Sala, se advierte que la togada fue declarada responsable disciplinariamente por el a quo, pues violentó el deber profesional de atender con celosa diligencia los encargos profesionales, precepto que está estipulado en el numeral 10 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, ello, al haber incurrido en la falta descrita en el numeral 1º del artículo 37 ibídem, los cuales se transcriben así:

“… Artículo 28. Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado:

… 10. Atender con celosa diligencia sus encargos profesionales, lo cual se extiende al control de los abogados suplentes y dependientes, así como a los miembros de la firma o asociación de abogados que represente al suscribir contrato de prestación de servicios, y a aquellos que contrate para el cumplimiento del mismo…”.

“… Artículo 37. Constituyen faltas a la debida diligencia profesional:

1. Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas…”.

Frente al aspecto objetivo de la falta, valga decir, la real comisión de la conducta que encaje en el tipo disciplinario, tenemos que al juicio del a quo, el yerro cometido por la togada investigada y que la hizo merecedora de reproche disciplinario consistió en que sin autorización previa de su cliente no presentó los correspondiente alegatos de conclusión dentro del proceso para el cual había sido contratada dejando con ello a la quejosa sin defensa alguna frente al proceso Civil encomendado a la disciplinada.

El anterior comportamiento fue al juicio del Seccional de instancia consumado a título de CULPA, pues no justificó la omisión de la conducta y con ello dejó de realizar actuaciones que resultaban determinantes para los intereses de su poderdante.

Frente a ello, en sede de alegatos de conclusión la disciplinada solicitó que fueran analizadas las copias aportadas que dan cuenta de las diligencias desplegadas en el proceso tramitado en pro de la quejosa, lo cual no se pone en duda pues la conducta endilgada fue por la omisión respecto de la conducta especifica realizada por ésta, la cual fue antijurídica porque con su actuación dejó a la quejosa sin defensa.

Así pues, es bien sabido que el ejercicio de la abogacía es de gran trascendencia para los intereses de los fines del Estado en lo que a la Administración de Justicia Respecta, pues los ciudadanos en muchos casos deben acudir por intermedio de los profesionales del derecho para poder acceder a la misma, tal y como en el caso concreto hizo la quejosa, pues era su interés de acceder a la administración de justicia, por lo que acudió a los conocimientos de la disciplinable, quien se comprometió a representarla en el curso del proceso analizado, no obstante decidió de manera injustificada no presentar los alegatos de conclusión, por lo tanto ineludiblemente ha incurrido en la falta atentando contra la debida diligencia profesional, al existir prueba que da certeza sobre la responsabilidad de la investigada en relación con los hechos que dieron lugar a la inermia en la prosecución del proceso encomendado.

En ese orden, establecido el hecho fáctico, y evidenciada la materialidad de la infracción conforme infracción al deber previsto en el artículo 28 numeral 10 de la Ley 1123 de 2007, desarrollado en el artículo 37 numeral 1º ibídem, no pudiendo ser de recibo las exculpaciones expuestas en sede de alegaciones a quo, las cuales no encuentra asidero fáctico ni jurídico, pues de la observancia de las pruebas arrimadas al infolio ello queda totalmente desdibujado y por el contrario se prueba con certeza, tal como lo manifestó la disciplinada en la diligencia de versión libre, que no presentó los alegatos porque se dedicó a estudiar todo el expediente página por página el cual contenía seis cuadernos y no esperaba una sentencia desfavorable para su cliente, por lo tanto se estaba preparando para el caso de que tuviera que apelar fuera lo más brillante posible.

Por lo anterior, y conforme al plenario se tiene como probado, la conducta y la responsabilidad de la disciplinable en éste cargo, y se tiene establecido con certeza que no existe justificación alguna que permita determinar un eximente de su responsabilidad, de forma que la conducta del descuido en los encargos conferidos, sin que se encuentre justificado, se considera conforme a la doctrina y la jurisprudencia como omisiva, la cual está establecida en nuestra legislación como constitutiva de falta disciplinaria, y conforme a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se presentó, se encuadra como aquellas que atentan contra la debida diligencia profesional para con el cliente, por ende, al encontrarse debidamente probada la existencia de las conductas típicas conforme a lo establecido en el texto de la norma imputada, y al no existir justificación de dicho proceder de la abogada, y al haberse probado su responsabilidad lo procedente en esta instancia es confirmar la sentencia consultada.

De lo anterior se colige que se encuentra plenamente demostrado que con el actuar de la disciplinada si transgredió los parámetros normativos infringiendo lo estipulado por el estatuto que regula a los abogados, por lo tanto le corresponde al Juzgador en relación con las pruebas aportadas dentro del proceso determinar si la conducta realizada por el disciplinado está tipificada en la ley, lo cual en el caso anterior quedó plenamente demostrado.

3. De la sanción impuesta.

Finalmente, frente a determinar si se confirma o no el quantum sancionatorio, procederá esta Sala a decir que sí se confirmará, pues la sanción impuesta de CENSURA se tiene como ajustada y razonable, ello, obedeciendo a la modalidad culposa de la conducta, la ausencia de antecedentes disciplinarios en cabeza de la jurista, así como el impacto negativo que ello generó no solo en los intereses de la quejosa sino en la imagen que se percibe en el público frente a la profesión de la abogacía, atendiendo lo establecido por los artículos 40 a 45 de la Ley 1123 de 2007.

En mérito de lo expuesto la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia del 30 de junio de 2017, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, mediante la cual se resolvió sancionar con CENSURA a la abogada Nancy del Socorro Castro Rendón, luego de haberle hallado responsable de la infracción al deber previsto en el artículo 28 numeral 10 de la Ley 1123 de 2007, desarrollado en el artículo 37 numeral 1º ibídem, a título de CULPA, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

2. NOTIFICAR a todas las partes dentro del proceso, a través de la Secretaría Judicial de esta Sala, advirtiendo que contra ella no procede recurso alguno.

3. Ejecutoriada esta providencia, remítase copia de la misma a la oficina del Registro Nacional de Abogados, con la constancia del acto procesal enunciado, data a partir de la cual la sanción empezará a regir.

4. DEVUÉLVASE el expediente al Consejo Seccional de origen para lo de su competencia.

Comuníquese y cúmplase.

Magistrados: Pedro Alonso Sanabria Buitrago, Presidente—Julia Emma Garzón de Gómez—Magda Victoria Acosta Walteros—Fidalgo Javier Estupiñán Carvajal—María Lourdes Hernández Mindiola—Camilo Montoya Reyes—Julio César Villamil Hernández.

Yira Lucía Olarte Ávila, Secretaria Judicial.

1 Sala Conformada por los Magistrados Gustavo Adolfo Hernández Quiñonez y Gladys Zuluaga Giraldo.