Sentencia 2015-02112 de junio 21 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera Ponente:

Marta Nubia Velásquez Rico

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil dieciocho (2018).

Rad.: 25000-23-36-000-2015-02112-01 (58403)

Actor: P. P. R. B. y otros

Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro

Ref.: Reparación directa (L. 1437/2011)

Régimen jurídico aplicable: la demanda se presentó con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, por ende, es este el cuerpo normativo aplicable a la controversia. Privación de la libertad. Culpa exclusiva de la víctima: el procesado con su conducta dio lugar a la imposición de la medida de aseguramiento. Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia: ausencia de daño antijurídico.

Legis considera conveniente que los datos de partes, terceros o intervinientes, etc., sean suprimidos por las iniciales del nombre y apellido o XXX según el caso, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política

EXTRACTOS: «IV. CONSIDERACIONES

1. Prelación de fallo.

En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene bajo su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998 exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al Despacho de la Magistrada conductora del proceso; sin embargo, es importante precisar que la mencionada disposición normativa prevé que en los procesos de conocimiento de esta jurisdicción tal orden puede modificarse, en atención a la naturaleza de los asuntos, por importancia jurídica o trascendencia social.

En esta misma línea, conviene destacar que la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia”.

En el presente caso se encuentra que el tema objeto de debate consiste en la privación injusta de la libertad del señor P. P. R. B., tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en múltiples ocasiones y ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285, la Subsección se encuentra habilitada para resolver este caso de manera anticipada(43) y, también, el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia derivado de la actuación de la Fiscalía General de la Nación, en relación con los bienes incautados.

2. La competencia de la Sala

El artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 615 del Código General del Proceso, establece que el Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda instancia, de “las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación”.

Por su parte, el numeral 6 del artículo 152 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone que los tribunales administrativos conocerán en primera instancia, entre otros asuntos, “la reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes” (destaca la Sala).

En el caso bajo estudio, se advierte que la pretensión mayor superó la cuantía señalada en la mencionada disposición normativa(44), razón por la cual se concluye que esta corporación es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Todo lo anterior, con el fin de significar que, a partir de la entrada en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el criterio de competencia por razón de la cuantía para los procesos con pretensión de reparación directa resulta aplicable, inclusive, para los asuntos que se tramiten con fundamento en los títulos de imputación de error judicial, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad(45) y como en este caso la pretensión mayor superó los 500 smlmv, se concluye que el conocimiento de esta controversia, en segunda instancia, es del resorte de esta corporación.

3. Legitimación en la causa.

De conformidad con el material probatorio que reposa en el expediente, se encuentra demostrado que el señor P. P. R. B. fue investigado por los delitos de hurto calificado y agravado en concurso con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y munición; que en el curso de esa actuación estuvo privado de su libertad y que la controversia concluyó porque se produjo el fenómeno jurídico de la prescripción de la acción penal, de suerte que le asiste legitimación en la causa para acudir ante esta Jurisdicción, en este caso, como víctima directa.

De igual manera, respecto del supuesto defectuoso funcionamiento de la administración de justicia derivado de la inmovilización del vehículo —taxi— de placas XXX, el señor R. B. acreditó la propiedad del mismo al momento de su captura, por tanto, se encuentra legitimado por activa, sin perjuicio del análisis respecto a la legitimación material que se realizará posteriormente.

En relación con las demandantes J. M., G. C., Y. A. y E. D. R. N., encuentra la Subsección que, a folios 164 a 167 del cuaderno número 2, reposa el registro civil de nacimiento de cada una de las demandantes con el que cual acreditan su parentesco como hijas de la víctima directa.

Por su parte, la Nación – Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional se encuentran legitimadas en la causa por pasiva, dado que contra estas entidades se dirigió la demanda y están debidamente representadas por el Fiscal General de la Nación y por el director general de la Policía Nacional, respectivamente, de conformidad con los artículos 49 de la Ley 446 de 1998, 99 numeral 8º de la Ley 270 de 1996 y con la jurisprudencia de la Sala Plena de esta Sección(46).

4. El ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto en el literal i), del numeral 2º, del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la demanda de reparación directa puede instaurarse dentro de los dos años “contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”.

Sin perjuicio de la regla contenida en la mencionada disposición normativa, en los asuntos de reparación directa por privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad, consideración que resulta compatible con la norma puesta de presente, dado que es a partir de ese evento que se tiene conocimiento efectivo del daño, como consecuencia de la decisión definitiva en el proceso penal(47).

En el caso bajo estudio, la Sala considera pertinente precisar que la providencia que declaró la prescripción de la acción penal, proferida el 5 de junio de 2013, y que quedó debidamente ejecutoriada el 19 del mismo mes y año, fue la decisión que puso fin al proceso y a partir de la cual se tuvo certeza del carácter injusto de privación de la libertad, así como del surgimiento de la obligación de devolver los bienes embargados a cargo de la Fiscalía; por tanto, a partir de ese momento se debe contar el término de caducidad para presentar la demanda en el caso concreto.

Precisado lo anterior, en el sub lite el término de la caducidad empezó a contar desde el 20 de junio de 2013, por lo que la demanda podía presentarse, a más tardar, el 20 de junio de 2015, y como ello ocurrió el 4 de septiembre de 2015, se podría afirmar, en principio, que se hizo de manera extemporánea, sin embargo se deberá analizar la fecha de suspensión de la caducidad a partir de la solicitud de conciliación extrajudicial presentada por los demandantes.

En relación con el señor P. P. R. B., quien actuó en nombre propio y en representación de la menor E. D. R. N., se presentó solicitud de conciliación extrajudicial el 22 de octubre de 2014, es decir, 7 meses y 28 días antes de que operara el fenómeno jurídico de la caducidad; momento en el cual se suspendió el término de caducidad hasta el 22 de enero de 2015, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 640 de 2001(48).

Así las cosas, se extendió el plazo para presentar la demanda hasta el 20 de septiembre de 2015, por tanto, como la misma se presentó el 4 de septiembre del 2015 resulta forzoso concluir que se realizó de manera oportuna.

En relación con las señoras Y. A., G. C. y J. M. R. N., la solicitud de conciliación extrajudicial fue presentada el 5 de junio de 2015, de acuerdo con la constancia del acta de conciliación(49), es decir, 15 días antes de que se cumpliera el término de la caducidad; el mismo se suspendió hasta el 28 de agosto de 2015(50), por lo cual el plazo para presentar la demanda se postergó hasta el 12 de septiembre del mismo año, teniendo en cuenta que la demanda fue presentada el 4 de septiembre de 2015 se concluye que se hizo oportunamente, esto es, sin que operara el fenómeno jurídico procesal de caducidad.

5. Cuestión previa: valoración de la prueba trasladada.

De conformidad con lo previsto en el artículo 174 del Código General del Proceso, las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse y valorarse en otro, siempre que en aquel del que proceden se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella.

En el presente asunto obra copia del expediente de la actuación penal adelantada en contra del demandante, por manera que debe entenderse que las pruebas que obran dentro de este, incluidas las testimoniales y las diferentes documentales, fueron trasladadas al sub lite y, por ende, son susceptibles de valoración, toda vez que se practicaron con audiencia de los sujetos contra los cuales se aducen, esto es, la parte actora, la Fiscalía General de la General de la Nación y la Policía Nacional.

Conviene aclarar que en este asunto las partes tuvieron la oportunidad de impugnar y cuestionar tales pruebas, sin que formulara ninguna objeción sobre el particular.

En las condiciones analizadas, los elementos de juicio obrantes en el expediente penal, al tenor de lo dispuesto en el referido artículo 174 del Código General del Proceso, son “Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia y serán apreciadas sin más formalidades”, pues, como lo resalta la doctrina, ello es procedente cuando la prueba “fue practicada en el primer proceso con audiencia de la parte contra quien se aduce en el segundo, tampoco se requiere su ratificación aun cuando quien la aduzca no haya sido parte en aquel proceso por haber cursado o estar tramitándose entre ese oponente y otra persona, puesto que tal circunstancia no altera la debida contradicción que allí tuvo por aquél(51).

Bajo ese entendido, dado el comportamiento procesal y positivo de las partes, la Sala apreciará las pruebas testimoniales que fueron recogidas por el ente investigador, con ocasión de los delitos por los que fue investigado el señor P. P. R. B.

6. El caso concreto.

Como punto de partida para el análisis del caso concreto, la Sala considera necesario precisar que el objeto de la controversia se centra en la privación de la libertad que afrontó el señor P. P. R. B., las actuaciones desarrolladas por la Policía Nacional al momento de capturar al ahora demandante, y el supuesto defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, porque no se devolvió el vehículo de placas XXX, tal como se indicó en la fijación del litigio durante la audiencia inicial celebrada por el Tribunal de primera instancia.

Lo anterior tiene como fundamento que las partes no manifestaron su inconformidad con la fijación del litigio que hizo el tribunal y bajo esta óptica se dirimió la controversia en primera instancia, de suerte que a esta Subsección le corresponde pronunciarse, exclusivamente, sobre la privación de la libertad que afrontó el ahora demandante, en orden a verificar si se causó o no un daño antijurídico susceptible de ser indemnizado, la actuación desplegada por la Policía Nacional al momento de realizar la captura de P. P. R. B. y sobre el posible defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, debido a la no devolución del vehículo taxi de placas XXX, después de terminado el proceso penal adelantado en contra del señor P. P. R. B.

6.1. Respecto de la privación injusta de la libertad.

Precisado lo anterior, en atención al material probatorio obrante en el sub lite, para la Sala se encuentra acreditado que se adelantó un proceso penal en contra del señor P. P. R. B., por la supuesta comisión de los delitos de hurto calificado y agravado en concurso con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones.

De igual manera, se demostró que el sindicado fue capturado en flagrancia, junto con otras 6 personas, en medio de un intento de hurto, y fue vinculado al proceso penal, a través de la decisión que resolvió la situación jurídica del procesado y le impuso medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva.

En ese momento, la Fiscalía 128 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito expresó como motivos de la medida, entre otros, los siguientes (se transcribe de manera literal, incluso con los posibles errores):

“En el evento que nos ocupa, no solo existen graves indicios en contra de los implicados como son de presencia, tenencia ilícita y, a la justificación, sino que obra el texto del informe policial en el cual se plasma con claridad la labor desplegada por cada uno de ellos, y como terceras personas, entre ellas una dama, que se fugaron estuvieron con los aquí implicados y como a estos les fue encontrado varios rodantes cuya titularidad no reposa en sus cabezas, y que había sido objeto de posesión (...). 

“(...). 

”Es entonces indefectible que a lo plasmado en el informe policial se le debe dar la credibilidad y validez probatoria del caso ya que su dicho no ha sido plenamente desvirtuado por los encartados y lo que es más la mayoría por no ser todos de manera tácita ratifican las circunstancias temporo-espaciales y modales ya que todos aceptan haber llegado al sitio donde los capturaron, entre ellos se conocen aunque nieguen haber entrado al sitio donde los aprendieron”(52) (se destaca).

De igual manera, en el escrito de acusación realizado por la Fiscalía 128 Seccional, manifestó como argumentos de la decisión, los siguientes (se transcribe de manera literal, incluso con los posibles errores):

“De las pruebas igualmente aportadas a la presente investigación se evidencia que los episodios acaecidos el pasado 29 de agosto de 2000, se enmarcan dentro de los hechos punibles de hurto calificado y agravado en concurso con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones. 

“Tanto el informe policial emanado del comandante de la Unidad de Automotores de la SIJIN, como la denuncia instaurada por C. D., son pruebas suficientes que en este estado procesal, demuestran la ocurrencia del hecho, pues, en dichas probanzas surgen para la delegada elementos de convicción suficiente en torno a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que el denunciante fue despojado de sus pertenencias entre las cuales se encuentra el vehículo MARCA DAEWOO DE PLACAS XXX (...). 

Estas conductas desplegadas por los aquí procesados, fueron perpetradas previo acuerdo de voluntades y de manera deliberada con el único fin de obtener el ilícito apoderamiento de estos bienes muebles, lesionándose el bien jurídico del patrimonio económico (...). 

“(...). 

“A pesar de negar cualquier nexo delincuencial entre ellos, el Despacho encuentra que el acervo probatorio se colige de manera curiosa como entre uno y otros se conocen, se protegen y cubren con manto de inocencia unos a otros; este es el caso de J. J. G. al taxista R. y al dueño del negocio de carnes J. S. y su esposa y a su vez R. se conoce con J. S. y la señora y también lo sustrae de toda responsabilidad”(53) (se destaca).

La Sala encuentra que el procesado recobró su libertad de acuerdo con la decisión de la Fiscalía General de la Nación, del 30 de abril de 2001, la cual, al analizar el estado del proceso, encontró que se había vencido el término para calificar de mérito la actuación, sin que ello hubiera ocurrido y, como consecuencia, ordenó la libertad inmediata de P. P. R. B. y los demás sindicados.

Frente al análisis del caso sub judice se constata que el señor P. P. R. B. estuvo privado de la libertad durante el período comprendido desde el 29 de agosto del 2000 hasta el 4 de mayo de 2001(54), lo que permite determinar que en total fue privado por el término de 8 meses y 5 días.

Por último, la actuación penal adelantada concluyó con providencia, del 5 de junio de 2013, de la Fiscalía 57 Seccional que ordenó la terminación de la investigación por haber acaecido el fenómeno jurídico de la prescripción (se transcribe de manera literal, incluso con posibles errores):

“La conducta penal investigada se halla descrita, prevista y sancionada en el libro 2 del título XIV, (...) conocido como HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO EN CONCURSO CON FABRICACIÓN, TRÁFICO Y PORTE DE ARMAS DE FUEGO DE DEFENSA PERSONAL, descrito en el libro 2 título V, artículo 201, IBÍDEM DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO ECONÓMICO Y LAS SEGURIDAD PÚBLICA, sancionados para la fecha de los hechos con penas de prisión de dos (02) a ocho (089, años y de uno (1) a cuatro (4) años respectivamente. 

Ahora bien, de acuerdo con la fecha de la presunta ejecución de la conducta investigada, esto es 28 de agosto del año 2000, han transcurrido más de 12 años, por supuesto que ha generado el fenómeno jurídico de la prescripción y desde luego la extinción de la acción penal, sería un desgaste del aparto judicial en continuar con la investigación cuando la norma es calara y expresa la prescripción(55). 

De conformidad con el proveído citado, se advierte que la terminación del proceso no ocurrió porque se haya absuelto al procesado, sino por la extinción de la acción penal, toda vez que se había cumplido con el tiempo máximo con el que contaba la Fiscalía General de la Nación para adelantar la actuación judicial.

Con fundamento en lo anterior, resulta evidente que la terminación del proceso devino de la prescripción de la acción penal; sin embargo, como la decisión apelada negó las pretensiones por considerar que en contra de la víctima existieron indicios graves que comprometieron su participación con los hechos delictivos, se procede a examinar una posible culpa exclusiva de la víctima, a la luz de las objeciones formuladas por la parte actora sobre el particular.

6.2. La culpa exclusiva de la víctima en cuanto a la privación de la libertad.

En materia de privación injusta, se ha sostenido que cuando la actuación del procesado fue de tal magnitud que justificó la actuación judicial, particularmente en lo que atañe a la restricción de su libertad, es posible concluir que el daño irrogado proviene de la propia víctima, aun cuando no hubiere sido condenado por el juez penal.

Dicho de otra manera, no toda absolución en un proceso penal deviene en la responsabilidad patrimonial del órgano judicial, puesto que cuando la investigación tuvo sustento probatorio y de ella se pudo desprender la posible autoría del sindicado del delito, es la conducta de la víctima la causante del daño, sin perjuicio de que, en sede de la justicia ordinaria, no se hubiere proferido decisión condenatoria(56).

Respecto de la culpa exclusiva de la víctima, como circunstancia de exoneración de responsabilidad del Estado, esta Subsección ha expuesto razonamientos como el que se cita a continuación:

Así las cosas, a efectos de que opere el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, es necesario determinar, en cada caso concreto, si el proceder activo u omisivode aquélla tuvo, o no, injerencia y en qué medida, en la producción del daño. En ese orden de ideas, resulta dable concluir que para que el hecho de la víctima tenga plenos efectos liberadores de la responsabilidad estatal, es necesario que el hecho desplegado por la víctima sea tanto causa del daño, como la raíz determinante del mismo, es decir, que se trate de la causa adecuada, pues en el evento de resultar catalogable como una concausa en la producción del daño, no eximirá al demandado de su responsabilidad y, por ende, del deber de indemnizar, aunque, eso sí, habrá lugar a rebajar su reparación en proporción a la participación de la víctima”(57).

A partir de estas consideraciones y con la precisión de que, en este escenario procesal, a esta Jurisdicción no le corresponde calificar las decisiones adoptadas por el juez penal, en orden a determinar si fueron acertadas o no, la Sala considera que el material probatorio que reposa en la actuación da cuenta de algunas situaciones que determinaron la privación de la libertad del señor P. P. R. B.

La primera de ellas fue el informe de investigación otorgado por el sub intendente Daniel Camargo Díaz, en el cual consta que se inició una labor de inteligencia por parte de la Policía Nacional, debido a una denuncia instaurada, el 28 de agosto del 2000, por el ciudadano P. L. C. D. en la cual manifestó que le había hurtado su vehículo marca “Daewoo cielo”, con placas XXX, además de una llamada anónima que alertó sobre los mismos hechos, en la cual se manifestó (se transcribe de manera literal, incluso con posibles errores):

“Hay una banda de atracadores de taxis la cual está conformada por diez personas, ocho hombres y dos mujeres, el jefe de la banda vive en la carrera XXB Nº XXX sur, barrio el portal y se reúne con sus compinches en la bomba ubicada en la carrera 10 con calle 27 sur, costado sur-occidental todos los días en horas de la tarde para salir a “trabar”, se movilizan en dos vehículos uno gris de placas XXX y en otro taxi de placas XXX, uno de estos lleva a las personas que se hurtan el vehículo y en el otro recogen a las mismas personas luego de haber amarrado el conductor y hurtarle el vehículo” (se destaca)(58).

Con fundamento en la información recibida, la Policía Nacional inició las labores de inteligencia y desplegó un operativo de vigilancia en las direcciones mencionadas durante la llamada anónima.

Así las cosas, manifestó el sub intendente Camargo que, el 29 de agosto del 2000, aproximadamente a las 12 del día, mientras desarrollaban labores de inteligencia la carrera XXB Nº XXX sur, llegó al sitio el taxi de placas XXX —mencionado en la llamada— y abordo estaban cinco personas que se bajaron del vehículo y se reunieron con otro grupo de personas.

Posteriormente, se acercaron al lugar un hombre y una mujer abordo de una motocicleta y, dos de los investigados, se acercaron a ellos y con un arma de fuego intentaron hurtar la motocicleta; en ese momento intervino la Policía Nacional evitando el robo y lograron la captura de siete personas en el lugar.

En el desarrollo del procedimiento de captura, se encontraron dentro del vehículo de placas XXX —propiedad del señor P. P. R. B.— los documentos del automóvil hurtado el día anterior, así como los documentos del señor J. R. C.; teniendo en cuenta que R. B. no supo dar explicaciones de porqué se encontraban esos documentos en su taxi, se le consultó qué se encontraba haciendo en el lugar y manifestó (se transcribe de manera literal, incluso con posibles errores):

“Estar haciéndole una carrera a las personas capturadas y que nada más estaba trabajando; manifestó haber recogido la carrera en la avenida caracas con calle 27 sur; y que no llevaba el taxímetro prendido porque se le había olvidado prenderlo y no distinguir a las personas capturadas” (se destaca).

Así las cosas, se procedió a consultar por separado a cada uno de los capturados; el señor Oscar Silva reconoció el hurto de vehículos por parte de las personas capturadas y mencionó la función de cada uno dentro de la banda, en concreto, de R. B. manifestó (se transcribe de manera literal, incluso con posibles errores):

“Lleva a los dos hombres y a la mujer que se van a hurtar los vehículos ya vistos, al ver el vehículo a hurtar se adelanta deja sus pasajeros los cuales son recogidos por él mismo luego de guardar el carro en el roto”(59).

Posteriormente, se le cuestionó a R. B. si se encargaba de desarrollar las labores para hurtar vehículos con los demás capturados y manifestó tener conocimiento de que las otras personas habían hurtado en días anteriores un vehículo marca CHEVETTE de igual manera que el DAEWOO y trasladó a los agentes de Policía hasta el lugar donde se encontraba uno de los automóviles hurtados.

En esa misma línea, en la diligencia de indagatoria rendida por el señor P. P. R. B., realizó afirmaciones contradictorias a las expresadas ante los agentes de la Policía en el momento de la captura, como la siguiente (se transcribe de manera literal, incluso con posibles errores)(60):

No tenía el taxímetro prendido porque ellos me habían ofrecido cuatro mil pesos ($ 4.000) por una carrera para que los subiera al barrio las lomas” (se destaca).

De conformidad con lo anterior, se evidencia la contradicción en las declaraciones otorgadas por el señor P. P. R. B. y, se constató que las denuncias y declaraciones, permitieron evidenciar, de manera posterior, que el sindicado participó en los hechos que lo relacionaron con las actividades delictivas investigadas.

Dicho de otra manera, circunstancias como la denuncia anónima en la cual se afirmó que los delincuentes se movilizaban en el taxi de propiedad del señor R. B., que él estuviera el día de la captura con los integrantes de la banda y que, además, se hubieran encontrado al interior de su vehículo los documentos de un automóvil hurtado sin que pudiera explicar de manera coherente qué hacían en su vehículo, permiten establecer una relación entre las actuaciones del ahora demandante y los delitos por los cuales fue investigado y capturado.

Adicionalmente, se constató que el demandante tenía conocimiento del ilícito, incluso del lugar donde se escondían estos vehículos, tanto así, que dirigió a la Policía Nacional hasta dicho lugar después de la captura(61).

En síntesis, las siguientes situaciones, i) captura en flagrancia del señor R. B.; ii) haber encontrado los documentos de un automóvil hurtado al interior del taxi de su propiedad; iii) el conocimiento de los hurtos, ante los cuales guardó silencio hasta el momento de la captura; iv) el informe policial del sub intendente Camargo Díaz y v) la incongruencia de sus afirmaciones, permiten constatar que el sindicado tuvo relación con los delitos por los cuales fue capturado.

Con fundamento en lo anterior y al margen de las decisiones adoptadas por la autoridad judicial que declaró la extinción de la acción penal, como consecuencia de la prescripción, resulta evidente que el aquí demandante incurrió en una conducta cuestionable que justificó las medidas restrictivas de su libertad, habida cuenta de que se contaba con suficientes elementos de juicio para proceder en tal sentido, aunque al final no se hubiere podido proferir sentencia, ante la ocurrencia del mencionado fenómeno jurídico procesal.

Todo lo anterior para significar que la finalización de la actuación penal sin decisión condenatoria no deviene en la responsabilidad patrimonial de las entidades demandadas, por cuanto en el caso bajo estudio se estructuró la culpa exclusiva de la víctima, quien, con su actuación, dio lugar a la investigación penal y a la restricción de su libertad, lo cual se traduce en la exoneración del extremo pasivo frente a la imputación efectuada por el daño antijurídico supuestamente irrogado a los demandantes.

Como consecuencia de lo hasta aquí señalado, la Sala confirmará la sentencia apelada en relación a la privación de la libertad afrontada por el demandante.

6.3. En cuanto al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por la inmovilización del vehículo de placas XXX.

El señor P. P. R. B. adujo que se le causó un daño antijurídico, debido a que no se le devolvió el vehículo de su propiedad, confiscado con motivo de la investigación penal adelantada en su contra y, como consecuencia, solicitó ser reparado por lo ocurrido.

Del material probatorio existente en el sub lite, se evidencia que el vehículo taxi de placas XXX fue inmovilizado el 29 de agosto del 2000, porque en el mismo se trasladaban las personas capturadas y, además, al interior del automóvil fueron encontrados elementos personales del propietario de un vehículo hurtado días antes, información que concordó con los hechos denunciados ante la Policía Nacional(62).

De acuerdo con lo anterior, el vehículo fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que a través de proveído del 22 de septiembre del 2000 decidió mantenerlo inmovilizado y ordenó el embargo del mismo(63).

Adicionalmente, el Fiscal 128 Seccional, a cargo del proceso, por medio del oficio 12.505 del 5 de octubre del 2000 comunicó a la Secretaría de Tránsito y Transporte de la medida de embargo del vehículo en cuestión y ordenó abstenerse de realizar trámite o traspaso alguno del vehículo, solicitud que se inscribió en el certificado de tradición del automóvil(64), sin embargo, el 5 de febrero de 2005 la Fiscalía General de la Nación ordenó cancelar la medida cautelar(65).

Posteriormente, el señor P. P. R. B., por medio de escrito del 25 de abril del 2005, solicitó al Servicio Especializado de Tránsito y Transporte la cancelación de la tarjeta de propiedad y tarjeta de operación del vehículo de placas XXX(66).

El ahora demandante, celebró el contrato de compraventa, el 30 de mayo de 2005, con el señor Silvestre Garavito, por medio del cual, el primero de los mencionados vendió el vehículo de placas XXX, con el objeto de su desintegración física y total, además, la destrucción del chasis y la cancelación de la matrícula del mismo(67) y, adicionalmente, el 14 de junio de 2005 declaró bajo la gravedad de juramento que dicho automotor “fue destruido y chatarrizado, su chasis, motor, carrocería, y demás partes. Por lo tanto no puede ser recuperado ni está en condiciones para circular”(68).

Por último, como consecuencia del procedimiento adelantado por el señor P. P. R. B. y los documentos allegados a la Secretaría de Tránsito y Transporte, área de Servicio Especializado de Tránsito y Transporte, esta entidad decidió conceder la petición de cancelar la tarjeta de operación del vehículo de placas XXX, previa verificación de los requisitos legales(69).

Bajo estas precisiones, cabe concluir sobre la existencia del daño —entendido, en este caso, como la retención del vehículo propiedad del demandante— que este no puede considerarse como antijurídico por las razones que se pasan a señalar(70).

La Sala reitera que durante la captura en flagrancia del sindicado, se encontró dentro del vehículo de placas XXX información de un automóvil hurtado en días anteriores e información personal del propietario del mismo, aunado a que el automotor con las características indicadas había sido mencionado durante una llamada de alerta realizada a la Policía Nacional en el cual se señalaba que en ese vehículo se transportaban los integrantes de la banda delincuencial dedicados al hurto de carros.

Con fundamento en lo anterior, la Policía Nacional procedió, de manera adecuada, a inmovilizar el vehículo y, posteriormente, la Fiscalía General de la Nación mantuvo la decisión y ordenó el embargo del vehículo con el fin de adelantar la investigación pertinente.

De este modo, resulta claro que durante el período transcurrido del 29 de agosto del 2000 hasta el 15 de junio de 2005, el vehículo se encontraba legalmente inmovilizado producto de la investigación penal adelantada en contra del señor P. P. R. B.

Cabe destacar que se trató de una decisión adoptada dentro del marco de la legalidad, porque el vehículo fue inmovilizado con ocasión de una captura en flagrancia y en su interior se encontraron elementos probatorios relacionados con la conducta punible, razón por la cual era razonable mantener inmovilizado el automóvil.

En conclusión, no se encuentra probada una falla en el servicio por parte de la Fiscalía General de la Nación, derivada del procedimiento adelantado y de la decisión de inmovilizar el vehículo como elemento probatorio dentro de la investigación adelantada.

Precisado lo anterior, la Sala estima que de manera posterior a la cancelación de la tarjeta de operación, derivada de la solicitud elevada por el propietario, ahora demandante, no puede acreditarse la producción del daño, con mayor razón, si se tiene en cuenta que la solicitud fue acompañada con un contrato de compraventa que pretendía transferir la propiedad con el objeto de la desintegración física y total del vehículo.

En este orden de ideas, si bien la actuación penal concluyó porque operó el fenómeno jurídico de la prescripción y, de manera posterior, no se devolvió el vehículo al señor P. P. R. B., lo cierto es que el procesado fue quien solicitó la destrucción del vehículo diez años antes de la presentación de la demanda y, como se encuentra probado, tenía conocimiento de que el automóvil en cuestión había sido chatarrizado con su aquiescencia antes de la extinción de la acción penal.

6.4. Responsabilidad del Estado derivada de la captura de los ciudadanos por parte de la Policía Nacional, sin orden judicial previa.

Si bien el recurso de apelación presentado por la parte actora cuestionó la decisión del tribunal a quo en relación a la privación de la libertad afrontada por el señor P. P. R. B. y por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, en cuanto a la inmovilización del taxi de su propiedad, la Sala procederá a analizar la responsabilidad de la Policía Nacional en el procedimiento de captura y las actuaciones posteriores para determinar si existió una posible falla en el servicio, teniendo en cuenta que fue objeto de la fijación del litigio en la audiencia inicial y, en todo caso, se trata de un aspecto ligado a la responsabilidad de las entidades públicas demandadas, tema que constituye el sustento del recurso de apelación.

Al respecto, la responsabilidad derivada de la captura en flagrancia de un ciudadano no es susceptible de ser analizada con fundamento en los criterios propios de la “privación injusta de la libertad”, dado que la aprehensión en estas condiciones no proviene de la imposición de una medida de aseguramiento, sino del cumplimiento del deber consagrado en el artículo 32 de la Constitución Política, esto es, aquel en virtud del cual cualquier ciudadano y/o autoridad pública debe capturar a las personas sorprendidas al cometer un delito(71), de ahí que no se requiera una orden judicial y no comporte una detención preventiva(72).

Al respecto, los artículos 370 y 371 del Decreto 2700 de 1991(73), aplicables al momento de la captura del señor R. B., disponían:

ART. 370.—Flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando la persona es sorprendida en el momento de cometer un hecho punible o cuando es sorprendida con objetos, instrumentos o huellas, de los cuales aparezca fundadamente que momentos antes ha cometido un hecho punible o participado en él, o cuando es perseguida por la autoridad, o cuando por voces de auxilio se pide su captura.

“ART. 371.—Captura en flagrancia. Quien sea sorprendido en flagrancia será capturado por cualquier autoridad o persona y conducido en el acto, o a más tardar en el término de la distancia, ante el fiscal o funcionario competente para iniciar la investigación, a quien deberá rendir informe sobre las causas de la captura. 

“(...). 

En ningún caso el capturado puede permanecer más de treinta y seis horas por cuenta de funcionario diferente al fiscal o juez(se destaca).

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 28(74) y 32(75) de la Constitución Política, toda persona es libre y nadie puede ser reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

Sin embargo, procede la captura, sin previa orden judicial, en los estados de flagrancia, los cuales, para el caso concreto, corresponden a los definidos por el artículo 370 del Decreto 2700 de 1991(76).

La jurisprudencia constitucional respecto de la flagrancia ha señalado:

“En términos generales, el concepto de flagrancia se refiere a aquellas situaciones en donde una persona es sorprendida y capturada en el momento de cometer un hecho punible o cuando es sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas, de los cuales aparezca fundadamente que momentos antes ha cometido un hecho punible. Este moderno concepto de flagrancia funde entonces los fenómenos de flagrancia en sentido estricto y cuasiflagrancia. Así, a la captura en el momento de cometer el delito se suma la posibilidad de que la persona sea sorprendida y aprehendida con objetos, instrumentos o huellas que hagan aparecer fundadamente no sólo la autoría sino la participación (en cualquiera de sus formas) en la comisión del punible. 

“(...). 

“Considera la Corte que a pesar de los requisitos que jurisprudencialmente se han considerado como característicos de una situación de flagrancia, subsiste en su valoración una cierta discrecionalidad del funcionario de policía que realiza la captura. Pero este acto discrecional de valorar el comportamiento de la persona para colegir que se amerita su captura no puede ser arbitrario; debe estar rodeado de razonabilidad y de proporcionalidad”(77) (se destaca).

De este modo, se precisa que el señor P. P. R. B. fue capturado, en virtud de la labor de investigación iniciada como consecuencia de una denuncia y una llamada que advirtió a la Policía Nacional sobre la existencia de una banda organizada dedicada al hurto de vehículos y que los miembros de la misma se movilizaban en el taxi del señor R. B., antes y después de cometer el ilícito(78).

Adicionalmente, la captura se produjo en el momento en que el señor R. B. estaba reunido con otras personas, al parecer, integrantes de la banda, en un sitio público al cual habían llegado en el taxi de propiedad del ahora demandante y debido a que dos de los acompañantes reunidos con el sindicado intentaron hurtar una moto con un arma de fuego(79).

En ese momento, la Policía Nacional procedió a evitar el robo y capturó a siete de las personas reunidas en el sitio, al requisarlas y revisar el automóvil del señor R. B., se encontraron en su interior los documentos de un vehículo hurtado el día anterior y, además, los documentos del conductor del vehículo al momento del robo, situación que no supo explicar el sindicado en ese momento, y ante la cual expresó diferentes afirmaciones contradictorias.

En esas condiciones, a juicio de la Subsección, las circunstancias fácticas en que se dio la captura del señor sí se enmarcaban dentro de los eventos en que resultaba procedente la captura en flagrancia, dado que, para ese momento, además del señalamiento expresado en la llamada anónima que recibió la Policía Nacional, el señor R. B. se encontraba reunido con los miembros de la banda de delincuentes al momento en que intentaron hurtar la motocicleta y, adicionalmente, se encontraron al interior de su vehículo documentos que permitían suponer la comisión de un ilícito, lo que permite concluir que el procedimiento de los funcionarios de la Policía que realizaron la captura no fue arbitrario, ni caprichoso y obedeció a circunstancias razonables y proporcionales.

De igual manera, de acuerdo con el informe rendido por el sub-intendente Daniel Camargo Díaz, el 30 de agosto del 2000(80), por medio del cual puso a disposición de la autoridad competente a siete personas capturadas, tres vehículos hurtados y dos inmovilizados y, adicionalmente, el informe de recibo de la Fiscalía General de la Nación de la misma fecha(81), se puede constatar que el señor P. P. R. B. fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente el mismo día de la captura, es decir, dentro del término establecido en el Decreto 2700 de 1991, vigente al momento de la captura.

Como consecuencia, se concluye que la Policía Nacional, al capturar al señor P. P. R. B., y en sus conductas posteriores, actuó en la forma dispuesta en la normativa penal vigente para la época de ocurrencia de los hechos y según los elementos de juicio obrantes en el plenario, de ahí que no le asista responsabilidad alguna y, por ende, no hay lugar a proferir condena alguna en su contra.

De conformidad con lo anterior, se confirmará el fallo de primera instancia que negó las pretensiones, pero por las razones aquí expuestas.

7. Condena en costas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo la liquidación y ejecución de la condena en costas se sujetará a las reglas del Código de Procedimiento Civil. En este orden de ideas, el artículo 365 del Código General del Proceso en el numeral 3 dispone que en la providencia del superior que confirme en todas sus partes la del inferior, se condenará al recurrente a pagar las costas de la segunda.

Es importante precisar que, aunque podría entenderse que la apelación pretendía la revocatoria de la sentencia de primera instancia en su integridad, lo cierto es que el tema de la condena en costas y agencias en derecho impuesta por el tribunal a quo no fue objeto del recurso de alzada, de ahí que no haya lugar a realizar modificación alguna al respecto y, por tanto, se confirmará la decisión proferida en tal sentido.

En cuanto a las costas y agencias en derecho de la segunda instancia, ha de tenerse en cuenta que se confirmará en su integridad el fallo apelado, por lo que la parte actora será condenada al pago de aquellas. El tribunal de origen deberá efectuar la correspondiente liquidación y tasación, en atención a las reglas aplicables a la materia.

Así las cosas, como la Sala condenará en costas a la parte actora, se impone su liquidación de manera concentrada por parte del tribunal de origen, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso(82).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 21 de septiembre de 2016, de conformidad con lo expuesto en las consideraciones expuestas en esta providencia.

2. CONDENAR a la parte actora a pagar, además de las agencias en derecho determinadas por el Tribunal en el fallo apelado, las costas que se hubieren causado en esta instancia.

Para lo anterior, el tribunal de origen deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 366 del Código General del Proceso.

3. Ejecutoriada la presente providencia por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Consejeros: María Adriana Marín—Marta Nubia Velásquez Rico—Carlos Alberto Zambrano Barrera».

43 En este sentido, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha proferido los siguientes fallos: sentencia del 27 de abril de 2011, Exp. 21140, M.P. Dr. Hernán Andrade Rincón; Sentencia del 27 de enero de 2012, Exp. 22701, M.P. Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera; Sentencia del 21 de marzo de 2012, Exp. 23507, M.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez; Sentencia del 23 de febrero de 2012, Exp. 18418, M.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez; Sentencia del 11 de julio de 2012, Exp. 24008, M.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez y, más recientemente, sentencias del 23 de noviembre de 2016, Exp. 45525, 14 de septiembre de 2016, Exp. 43874 y del 24 de octubre de 2016, Exp. 43159, entre muchas otras providencias, las cuales, si bien fueron proferidas en vigencia del régimen jurídico anterior, resultan aplicables al caso, en la medida en que el sustento normativo de las mismas —Ley 1285 de 2009— no fue modificado ni derogado por el CPACA.

44 La pretensión mayor, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante consolidado, ascendió a la suma de $ 323’103.664, monto que excedió los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes para la fecha de presentación de la demanda —4 de septiembre de 2015—.

45 En providencia del 29 de mayo de 2013, expediente. 46490, reiterada en decisión del 7 de enero de 2014, esta Subsección de la Sección Tercera del Consejo de Estado, con ponencia del consejero Mauricio Fajardo Gómez, explicó lo atinente a la aplicación del CPACA para efectos de determinar la competencia por razón de la cuantía en esta clase de asuntos.

46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, auto del 25 de septiembre de 2013, Exp. 25000-23-26-000-1997- 05033-01 (20420), C.P. Enrique Gil Botero.

47 Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de febrero de 2002, Exp. 13622, C.P. Dra. María Elena Giraldo Gómez, reiterada en sentencia del 11 de agosto de 2011 de la Subsección A de la Sección Tercera de esta corporación, Exp. 21801 y auto del 9 de junio de 2010, Exp. 37410, C.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

48 ART. 21: “La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable”.

49 Fl. 158 del cdno. Nº 2.

50 De acuerdo con la constancia de conciliación extrajudicial que obra a fl. 158 del cdno. Nº 2.

51 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Compendio de derecho procesal. Tomo II, Pruebas Judiciales, Bogotá: Editorial ABC, 1979, pág. 123.

52 Fls. 24 a 45 del cdno. Nº 2.

53 Fls. 105 a 113 del cdno. Nº 2.

54 De acuerdo con la certificación del INPEC, que obra a fl. 161 del cdno. ppal.

55 Fls. 134 a 137 del cdno. Nº 2.

56 Al respecto puede consultarse la sentencia del nueve (9) de julio de dos mil catorce (2014). Expediente. 38.438, C.P. Dr. Hernán Andrade Rincón y la sentencia del 2 de mayo de 2007, Exp. 15.463, C.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez, entre otras.

57 Sentencia proferida el 29 de julio de 2015 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, M.P. Hernán Andrade Rincón, Exp. 39.049, reiterada en providencia del 23 de octubre de 2017, Exp. 49.750, entre otras.

58 Fl. 1 a 12 del cdno. Nº 2.

59 Fls. 67 a 71 del cdno. Nº 2.

60 Fls. 60 a 66 del cdno. Nº 2.

61 Fl. 11 del cdno. Nº 2.

62 Fl. 38 del cdno. Nº 2.

63 Fl. 47 y 48 del cuaderno de segunda instancia.

64 Conforme a la copia del certificado de tradición del 21 de abril de 2005, que obra a fl. 51 del cdno. Nº 10.

65 Fl. 50 del cdno. Nº 10.

66 Fl. 37 del cdno. Nº 10.

67 Fl. 35 del cdno. Nº 10.

68 Fl. 41 del cdno. Nº 10.

69 Fl. 39 del cdno. Nº 10.

70 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 9 de octubre de 2014, Exp. 20001233100020050164001(40411), C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero: “para que un daño sea indemnizable, es indispensable verificar ex ante la configuración de los elementos que lo estructuran, es decir, que sea cierto, actual, real, determinado o determinable y protegido jurídicamente. En síntesis, estos elementos parten de la premisa según la cual, la antijuridicidad del daño no se concreta solo con la verificación de la lesión de un derecho o de un interés legítimo, sino con los efectos derivados de la lesión que inciden en el ámbito patrimonial o extrapatrimonial, los cuales son injustamente padecidos por la víctima”.

Criterio reiterado por esta subsección en la sentencia del 14 de septiembre de 2017, Exp. 20001233100020100035501(44260); Sentencia del 28 de septiembre de 2017, Exp. 76001233100020100072201(53447); Sentencia del 12 de octubre de 2017, Exp. 19001233100020060008501(44672).

71 “ART. 32.—El delincuente sorprendido en flagrancia podrá ser aprehendido y llevado ante el juez por cualquier persona. Si los agentes de la autoridad lo persiguieren y se refugiare en su propio domicilio, podrán penetrar en él, para el acto de la aprehensión; si se acogiere a domicilio ajeno, deberá preceder requerimiento al morador” (se destaca).

72 En ese sentido esta Subsección se ha pronunciado, entre otras, en sentencia del 10 de noviembre de 2017, Exp. 48698 y sentencias del 10 de mayo de 2017, expedientes 47769 y 47338.

73 Estatuto procesal penal vigente para la época de ocurrencia de los hechos; debido que la Ley 600 del 2000 entró en vigencia un año después de su promulgación, es decir, el 24 de julio de 2001.
Ley 600 del 200, art. 536: “Este Código entrará en vigencia un año después de su promulgación”.

74 “ART. 28.—Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley.

“En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles”.  

75 “ART. 32.—El delincuente sorprendido en flagrancia podrá ser aprehendido y llevado ante el juez por cualquier persona. Si los agentes de la autoridad lo persiguieren y se refugiare en su propio domicilio, podrán penetrar en él, para el acto de la aprehensión; si se acogiere a domicilio ajeno, deberá preceder requerimiento al morador”.

76 Ibídem.

77 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-024 del 27 de enero de 1994, Exp. D-350, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

78 Denuncia presentada por el señor P. L. C. D. y llamada anónima denunciando los hechos el 29 de agosto de 2000, evidenciados en el fl. 5 del cdno. Nº 2.

79 De acuerdo con el informe policial de la SIJIN del 30 de agosto del 2000.

80 Fls. 1 a 15 del cdno. Nº 2.

81 Fl. 16 del cdno. Nº 2.

82 A cuyo tenor: “Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas (...)”.