SENTENCIA 2015-02239/58435 DE MARZO 23 DE 2017

 

Sentencia 2015-02239 de marzo 23 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Radicación: 25000-23-36-000-2015-02239-01(58435)

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Carlos Alberto Díaz Jiménez

Demandado: Nación - Rama Judicial Y Otro

Referencia: Ley 1437 De 2011 – Reparación directa

Bogotá, D.C., veintitrés de marzo de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Legislación aplicable al presente asunto

Previo a pronunciarse de fondo respecto del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto de 22 de septiembre de 2016, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, estima la Sala pertinente señalar que la demanda se presentó el 29 de septiembre de 2015, por lo que al presente asunto le resulta aplicable el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —Ley 1437 de 2011—, así como las disposiciones del Código General del Proceso(8), en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del estatuto procesal en materia de lo contencioso administrativo.

2. La procedencia del recurso de apelación y la competencia para conocerlo

En lo que hace a la procedencia del recurso de apelación establecida en los artículos 243 y 244 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se encuentra que el auto recurrido corresponde a los enunciados por la norma como apelable, toda vez que se trata de una providencia que rechazó la demanda por haber operado el fenómeno de la caducidad; así mismo, se evidencia que el recurso fue interpuesto de manera oportuna y debidamente sustentado, de tal suerte que en virtud de lo dispuesto por el artículo 125 ibídem la Sala es competente para resolver el recurso formulado.

3. Caso concreto: la censura del recurrente

Para definir si las pretensiones del demandante se encuentran caducadas, es necesario determinar el momento exacto a partir del cual se debe iniciar el cómputo del término señalado legalmente para ejercer el derecho de acción, en tanto, según expresó el recurrente, no era posible contabilizar dicho plazo, habida cuenta de la existencia de una violación de Derechos Humanos en cabeza del señor Carlos Alberto Díaz Jiménez originada en el “desplazamiento” que sufrió de la vivienda de su propiedad, situación particular que implicaba darle trámite a la demanda.

En ese sentido, debe aclararse, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos en nada toca lo concerniente al término para ejercer el derecho de acción, ni mucho menos consagra que ante una supuesta violación de los derechos ahí consagrados deba hacerse alusión a la imprescriptibilidad de la acción contenciosa, antes por el contrario, lo que en aquella se estableció fueron los derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, o cualquier otra condición(9).

Significa lo anterior, que las normas de derecho internacional que el actor señaló como vulneradas no hacen mención alguna a las acciones indemnizatorias frente al Estado, por lo que mal podría entenderse, por vía de analogía, que deba inaplicarse la norma interna sobre caducidad(10).

Ahora bien, en relación con el segundo cargo planteado por el recurrente, debe dejarse claro que, al igual que en el punto anterior, la conductas típicas que pudieron llegar a configurarse y por las cuales, supuestamente, cursa una investigación en la Fiscalía General de la Nación, tampoco tienen la virtud de suspender o modificar el término de caducidad, habida cuenta de que son causas materialmente distintas que en nada inciden ni guardan relación con el caso que se examina en cuanto hace al plazo para demandar en la jurisdicción contencioso administrativa.

En ese orden de ideas, para la Sala es forzoso concluir que el término de caducidad en el presente asunto sí puede ser contabilizado, por lo que pasará a ser computado de la siguiente manera:

3.1. El origen del daño y la contabilización del término de caducidad

Sobre el particular debe precisarse que, tanto en la demanda como en su corrección, la parte actora aseguró que el daño por el cual pretendían indemnización provenía del “desacato” del Juzgado 11 Civil del Circuito de Bogotá a lo establecido en el artículo 42 de la Ley 546 de 1999, comoquiera que, erróneamente, ordenó el registro de la adjudicación del bien inmueble de propiedad del hoy demandante a la Central de Inversiones S.A.

Así fue narrado en los mencionados escritos (se transcribe de forma literal):

“… podemos afirmar que el juzgado 11 Civil del Circuito de Bogotá en pleno desacato de lo preceptuado el parágrafo del Art. 42 de la Ley 546 de 1.999 y la sentencia C-955 de 2000, sentencia que debo decir, sus contenidos en la parte resolutiva son obligatorio tal como en la misma sentencia quedó establecido, no solo no dio por terminado el proceso decretando su archivo, sino que decidió adjudicar el predio en favor de CISA, sin que hubiese mediado sentencia y menos haber fracasado alguna audiencia de remate.

(...).

El día 02 de abril de 2.004, por auto proveniente del Juzgado 11 Civil del Circuito de Bogotá expide un auto mediante el que ordena a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos —Zona Centro— registrar la adjudicación , auto que se incluye en anotación 10 del folio de matrícula inmobiliaria 50C-525917, en dicha anotación se incluye la salvedad que ‘no tiene sentencia’, por ello no se puede tener en cuenta que haya sido hecho en remate pues la verdad es que no fue rematado”(11) (se destaca).

Con base en lo antes transcrito el a quo estimó que el daño que se alegó sufrido en la demanda provino de la providencia que ordenó el registro, de manera errónea, del bien inmueble de propiedad del señor Carlos Alberto Díaz Jiménez a la Central de Inversiones S.A., por lo que era a partir de la firmeza de aquél proveído que debía realizarse el cómputo del término de caducidad, habida cuenta de la ocurrencia de un error judicial.

En efecto, para la Sala el presunto error se encuentra contenido en la providencia que ordenó el registro del bien inmueble a favor de la Central de Inversiones S.A., no obstante ella se vio afectada en su firmeza, hecho que finalmente acaeció con la providencia de 23 de mayo de 2011, cuando el Tribunal Superior de Bogotá en cumplimiento de la sentencia de tutela de 5 de mayo de ese mismo año, resolvió confirmar el proveído que negó el incidente de nulidad en el proceso ejecutivo adelantado en el Juzgado 11 Civil del Circuito de Bogotá, tal y como pasa a ilustrarse:

i) En providencia de 2 de abril de 2004, el Juzgado 11 Civil del Circuito de Bogotá ordenó el registro de la adjudicación del bien inmueble ubicado en la Calle 70ª nro. 88ª-36 en la ciudad de Bogotá D.C. a favor de la Central de Inversiones S.A., por lo que el señor Carlos Alberto Díaz Jiménez, a través de su apoderado, solicitó la nulidad de todo lo actuado en el proceso ejecutivo hipotecario, habida cuenta de la inobservancia de la Ley 546 de 1999.

ii) El Juzgado 11 Civil del Circuito de Bogotá, mediante providencia del 1º de agosto de 2005, negó el incidente de nulidad procesal. Dicha providencia fue apelada por el hoy demandante.

iii) El 15 de diciembre de 2005(12), el Tribunal Superior de Bogotá declaró la nulidad de todo lo actuado a partir de “la reliquidación del crédito” y, en consecuencia, dio por terminado el proceso ejecutivo hipotecario, en atención a lo establecido en la Ley 546 de 1999.

iv) El 5 de mayo de 2011, se profirió sentencia de tutela, la que fuera instaurada por la señora Nelly Zoraida Peña, a quién, se recuerda, la Central de inversiones S.A. le había vendido el inmueble en cuestión, y en la que, según se aseguró, se dejó sin efectos el auto de 15 de diciembre de 2005 y se ordenó proferir una nueva providencia en esa causa.

v) En cumplimiento de la sentencia de tutela antes relatada, el 23 de mayo de 2011, el Tribunal Superior de Bogotá, desató, nuevamente, el recurso de apelación interpuesto contra la providencia de 1º de agosto de 2005, en el sentido de confirmarla.

En efecto, tal y como se expresó anteriormente, solo hasta la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que confirmó el auto que negó la nulidad en el proceso ejecutivo hipotecario adelantado en contra del señor Carlos Alberto Díaz Jiménez, se configuró el daño por el que el actor solicita indemnización, pues sólo hasta ese momento se tuvo certeza que el predio que hasta ese momento era de su propiedad, regresó a la señora Nelly Zoraida Peña, cuandoquiera que se dejó incólume el registro de la adjudicación realizada en favor de la Central de Inversiones S.A.

Por lo anterior, al igual que consideró el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el daño devino de un aparente yerro judicial, situación particular que enmarcaría el presente asunto en el acaecimiento de un error jurisdiccional y que presupone que el término de caducidad sea computado una vez se encuentre en firme la providencia de la que se asegura deviene el equívoco. En este sentido ha señalado la Sala(13):

“Cuando se pretenda ejercer la acción de reparación directa como consecuencia del error jurisdiccional, ésta deberá instaurarse dentro del término de dos años, caducidad prevista en el inciso cuarto del art. 136 del Código Contencioso Administrativo, contado a partir de la ejecutoria de las providencias judiciales que agoten las instancias sin hacer depender dicho plazo del resultado del recurso o de la acción de revisión, salvo que se afirme que el error se encuentra contenido en la providencia que desata dicho recurso o acción. En otras palabras, la instauración del recurso o de la acción de revisión no impide la ocurrencia de la caducidad de la acción de reparación directa” (destaca la Sala).

En ese contexto, comoquiera que el detrimento patrimonial cuyo resarcimiento se pretende se produjo como consecuencia del aparente error jurisdiccional originado en la providencia de 2 de abril de 2004 proferida por el Juzgado 11 Civil del Circuito de Bogotá, es a partir de su firmeza que debe realizarse el cómputo del término establecido legalmente para demandar, situación que acaeció con la ejecutoria de la decisión del 23 de mayo de 2011 emanada del Tribunal Superior de Bogotá que confirmó la providencia de 1º de agosto de 2005 —mediante la cual se negó la solicitud de nulidad procesal en el proceso ejecutivo—.

Así, entonces, de conformidad con el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo(14), norma aplicable al término de caducidad por disposición del artículo 40 de la Ley 153 de 1887(15), el plazo para ejercer el derecho de acción corrió entre el 27 de mayo de 2011 —día siguiente a la fecha que cobró ejecutoria la providencia que confirmó negar la nulidad de todo lo actuado(16)— y el 27 de mayo de 2013, por lo que, habida cuenta que la demanda se presentó el 29 de septiembre de 2015, resulta evidente que el ejercicio del derecho de acción fue extemporáneo.

Ahora bien, en lo que hace a la solicitud de la audiencia de conciliación extrajudicial presentada ante la Procuraduría 12 Judicial II para Asuntos Administrativos, se destaca que no suspendió el término de caducidad, toda vez que fue presentada el 18 de diciembre de 2014, momento en el cual ya había fenecido el término para interponer la demanda(17).

Por todo lo anterior, la Sala confirmará el auto impugnado, toda vez que, a partir del análisis efectuado, se impone concluir que el término para acceder a la jurisdicción se encontraba fenecido para el momento en que la demanda fue presentada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero: CONFIRMAR la providencia recurrida, esto es, la proferida el 22 de septiembre de 2016 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Por secretaría, luego de ejecutoriado este proveído, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

8 Ley 1564 de 2012, según el criterio hermenéutico fijado en auto de Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación del pasado 25 de junio de 2014. C.P. Enrique Gil Botero, expediente 49299, en el cual, en virtud del principio del efecto útil de las normas, se llegó a la siguiente conclusión: “En consecuencia, el Despacho fija su hermenéutica en relación con la entrada en vigencia de la Ley 1564 de 2012, para señalar que su aplicación plena en la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como en materia arbitral relacionada con temas estatales es a partir del 1º de enero de 2014”, comoquiera que la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo desde la expedición de la Ley 1437 de 2011 cuenta con la implementación del sistema mixto —principalmente oral—, resultaría carente de armonía dejar de aplicar el Código General del Proceso desde su entrada en vigencia, esto es, el 1 de enero de 2014, dado que ya existen las condiciones físicas y logísticas para ello.

9 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx; consultado el 18 de enero de 2017.

10 Autos de 13 de mayo de 2015 y 10 de febrero de 2016, Expedientes: 51576 y 050012333000201500934 01 (AG). Sentencia T – 490 de 2014.

11 Folios 18 - 20 del cuaderno principal de primera instancia.

12 Folios 15 -24 del cuaderno de pruebas.

13 Sentencia del 14 de agosto de 1997. Expediente: 13.258. Consejero Ponente: Ricardo Hoyos Duque, criterio reiterado por esta Subsección en sentencia de 20 de mayo de 2013. Expediente: 27.229.

14 “8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión y operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa”.

15 Modificada por el artículo 624 del Código General del Proceso.

16 Código de Procedimiento Civil. Artículo 311. Ejecutoria. Las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos. No obstante, en caso de que se pida aclaración o complementación de una providencia, su firmeza sólo se producirá una vez ejecutoriada la que la resuelva.

17 Folio 1 del cuaderno de pruebas.