Sentencia 2015-02379 de septiembre 1 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.: 050012333000201502379-02

Actor: Andrés Tamayo Buitrago

Demandado: Sergio Osvaldo Molina Pérez —concejal del municipio de Envigado—

Naturaleza: Nulidad electoral - sentencia

Consejera Ponente:

Dra. Rocío Araujo Oñate

Bogotá D.C., primero de septiembre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones jurídicas

1. Competencia.

La competencia de la sección quinta del Consejo de Estado para conocer del recurso de apelación presentado por el demandante, contra el fallo del 17 de mayo de 2016, proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, está fijada en los artículos 150 y 152.8 de la Ley 1437 de 2011; al igual que por lo normado en el Acuerdo 55 de 2003 expedido por la Sala plena de esta corporación.

2. Problema jurídico.

El problema jurídico a ser definido por la Sala consiste en determinar si es nulo el acto de elección del señor Sergio Osvaldo Molina Pérez, en su condición de concejal del municipio de Envigado —Antioquia—, por haber incurrido en la prohibición de doble militancia.

3. Caso concreto.

El apoderado judicial del demandante sustentó sus pretensiones en el hecho que el señor Sergio Osvaldo Molina Pérez se encuentra incurso en la prohibición de doble militancia política, toda vez que al haber sido elegido concejal del municipio de Envigado —Antioquia— para el período 2012-2015 por el “Movimiento Político Alianza Cívica por Envigado”, éste no obstante lo anterior, se inscribió como militante en marzo de 2015 en el Partido Político Centro Democrático, renunciando a la afiliación del partido político el 3 de junio de 2015.

Luego de lo anterior, el ahora demandado se inscribió por el Partido Conservador Colombiano, como candidato al concejo de Envigado para las elecciones del 25 de octubre de 2015, resultando electo de conformidad con lo contenido en el formulario E-26 CON, de fecha 31 de octubre de 2015 expedido por la comisión escrutadora, sin que previamente mediara renuncia a la colectividad política “Alianza Cívica por Envigado”.

Teniendo en cuenta lo precedente, corresponde a la Sala analizar cada uno de los argumentos de apelación presentados por el demandante previa referencia a: i) diferencias entre partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos y ii) el concepto de vocación de permanencia.

i) De las modalidades de agrupaciones políticas.

El artículo 2º de la Ley 130 de 1994 trae la definición de partidos y movimientos políticos a saber:

Los partidos son instituciones permanentes que reflejan el pluralismo político, promueven y encauzan la participación de los ciudadanos y contribuyen a la formación y manifestación de la voluntad popular, con el objeto de acceder al poder, a los cargos de elección popular y de influir en las decisiones políticas y democráticas de la Nación.

Los movimientos políticos son asociaciones de ciudadanos constituidas libremente para influir en la formación de la voluntad política o para participar en las elecciones.

La Corte Constitucional en Sentencia C-089 de 1994 frente a la constitucionalidad del mencionado artículo señaló:

La definición de partido que consagra el artículo 2º recoge, en lo esencial, las funciones sumariamente descritas, como quiera que la anterior relación de funciones, equivale a postular que en aquél se refleja el pluralismo político y, por su conducto, se promueve y encauza la participación de los ciudadanos y la formación y manifestación de la voluntad popular, con el objeto de acceder al poder, a los cargos de elección popular y de influir en las decisiones políticas. Con la constitucionalización de los partidos se pretende, entonces, establecer reglas de juego que permitan mejorar las condiciones de competencia pluralista, fundamento del sistema democrático, y con ello develar y controlar una actividad en la que se determina lo esencial del poder político y de la función pública (…).

El movimiento de tipo político, por su grado de organización y permanencia, está llamado a convertirse eventualmente en partido. La organización social, en cambio, mantiene sus propósitos políticos como objetivos que adquieren importancia coyuntural en la consecución de los fines de tipo social que posee la institución. El movimiento social no tiene el grado de organización del partido o de la organización social. Sus objetivos también son circunstanciales, pero su evolución puede derivar en un movimiento político.

Ahora bien, en cuanto a la diferencia con los grupos significativos de ciudadanos estableció:

“Las entidades y fuerzas políticas que se manifiestan en la sociedad son clasificadas por el texto constitucional con base en el criterio de organización política. Si por organización se entiende un conjunto humano ordenado y jerarquizado que asegura la cooperación y la coordinación de sus miembros con el objeto de alcanzar los fines propuestos, la enumeración de entidades hecha por la Constitución posee dos polos opuestos: el partido político, de un lado, y el grupo significativo de ciudadanos, del otro. El primero tiene una clara estructura consolidada, con jerarquías permanentes y claramente diferenciadas, valores, tradiciones y códigos disciplinarios. El grupo significativo de ciudadanos, en cambio, es una manifestación política coyuntural que recoge una voluntad popular cualitativamente importante. El término significativo sólo puede ser sopesado en términos sociológicos y teniendo en cuenta la importancia de la manifestación política del grupo dentro de unas circunstancias específicas…” (negrilla y subrayas fuera de texto).

La diferencia que existe entre un partido, movimiento político y grupo significativo de ciudadanos se encuentra en los fines fundantes de los mismos, los cuales son completamente diferentes entre sí, en el caso de los partidos políticos estos buscan acceder al poder, a los cargos de elección popular e influir en las decisiones políticas y democráticas de la Nación, mientras que los movimientos políticos buscan influir en la formación de la voluntad política o participar en las elecciones, en cuanto a los grupos significativos de ciudadanos recogen una manifestación política coyuntural.

Teniendo clara la diferencia existente entre unos y otros, es que cobra relevancia el determinar la vocación de permanencia y su importancia en el marco de la prohibición de doble militancia política.

ii) De la vocación de permanencia.

La evolución de las agrupaciones políticas en Colombia demostraron la debilidad de éstas en cuanto a su organización y normativa, razón por la cual emanó como necesario establecer con claridad un vínculo real entre éstas y su electorado, en virtud de lo anterior se creó la figura de la doble militancia, esto con el fin de acabar las organizaciones personalistas basadas en los intereses de unos cuantos candidatos que, luego de obtener el respaldo popular, decidían si permanecían representado los intereses de la agrupación política que los habían apoyado a través de su aval o simplemente se retiraban y con él su respaldo popular.

Para entonces los grupos políticos dependían exclusivamente para su fortalecimiento del músculo de algún candidato, viéndose afectados a tal punto de no encontrar el electorado una identidad con la agrupación sino con el candidato, en razón de lo anterior se crearon reglas para el fortalecimiento interno: “…Esta circunstancia afectaba en grado sumo la representatividad democrática del elegido, el cual no estaba atado por la consonancia entre un programa de acción política y la voluntad del elector de apoyarlo, sino por el favor clientelista, exceptuado por fenómenos de voto de opinión y vínculo partidista tradicional, que en todo caso eran marginales.

La necesidad de vincular los intereses y preferencias del electorado, plasmados en el programa de acción política, con la actividad de los candidatos elegidos, llevó a (i) fijar la prohibición de pertenecer simultáneamente a un mismo partido o movimiento político con personería jurídica; y (ii) prever la potestad de los partidos de celebrar consultar populares o internas para la toma de decisiones, en especial la escogencia de candidatos, imponiéndose también en este caso la condición de participar en la consulta de un solo partido.

Acerca de la doble militancia, la jurisprudencia constitucional ha indicado que es un instrumento indispensable de garantía de la representatividad democrática de los elegidos, a partir de la vocación de permanencia con determinada colectividad política y, por ende, con un programa de acción política también definido. La prohibición de doble militancia, a su vez, está estrechamente vinculada con la instauración del régimen de bancadas, también previsto por el acto legislativo en comento. De acuerdo con ese sistema, los integrantes de un partido o movimiento que obtienen escaños en corporaciones públicas están sometidos a las decisiones que adopte su bancada, a través de mecanismos democráticos y participativos. Esto lleva a que se refuerce la vigencia del programa de acción antes citado, como también a racionalizar la actividad legislativa, al hacerse definidas y estables las diferentes opciones ideológicas presentes en la deliberación. Este régimen es complementado, a su vez, con la determinación de los asuntos de conciencia exceptuados de la disciplina de bancada y la fijación, en los estatutos de partidos y movimientos, de las sanciones aplicables a quienes se apartan injustificadamente de esa disciplina”(24).

Se constituye la vocación de permanencia como un elemento constitutivo de pertenencia de una persona con una agrupación política, vínculo protegido por la ley, el cual, al ser desconocido devine en la incursión de doble militancia de quien trasgrede o desconoce tal situación.

3.1. El demandado mientras fungía como concejal de Envigado en representación del grupo significativo de ciudadanos fue militante del Partido Político Centro Democrático y, resultó electo por el Partido Conservador sin que mediara renuncia previa a su curul.

Previamente a resolver el planteamiento hecho por el actor de la posible incursión del demandado en la causal de nulidad de la elección consagrada en el artículo 275.8 de la Ley 1437 de 2011, se torna como necesario señalar, que esta Sala ha establecido que los candidatos electos por un grupo significativo de ciudadanos pueden ser sujetos activos de la prohibición de doble militancia, conforme los preceptos normativos existentes y la interpretación que de ellos hizo la Corte Constitucional en la Sentencia C-490 de 2011.

Al respecto encontramos(25):

“…el contenido normativo consagrado en el artículo 2º de la Ley 1475 de 2011 limita como sujeto activo de la prohibición de incurrir en doble militancia a los miembros de los partidos y movimientos políticos, ampliando el ámbito de aplicación inclusive a quienes no ostenten personería jurídica, pero, dejando de lado nuevamente a los grupos significativos de ciudadanos, lo que conllevaría a que quedara resulto el sub problema jurídico planteado.

Estos preceptos así concebidos parecerían desconocer la realidad actual de la democracia colombiana, pues, sólo reconocerían como sujeto de deberes y de las políticas de fortalecimiento implementadas por la Constitución y la ley a los partidos y movimientos políticos, lo cual a todas luces resultaría ser discriminatorio.

Ante tal situación, la Corte Constitucional al hacer el examen de constitucionalidad de la Ley 1475 de 2011 estableció que(26): “… El artículo 2º de la iniciativa extiende la prohibición de la doble militancia. En efecto, el inciso primero de esta disposición indica una prohibición genérica respecto de todo partido o movimiento político. Idéntica formulación es utilizada en el inciso segundo, cuando prevé que la prohibición de apoyar candidatos distintos se aplica a los directivos, candidatos o elegidos de los partidos y movimientos políticos, sin distinguir entre aquellos con personería jurídica o sin ella. Esta interpretación se confirma por el hecho de que el inciso tercero de la misma norma señala una restricción para cambio de partido aplicable a los directivos de partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos.

(…)

Según lo expuesto, la Corte advierte que los destinatarios de la prohibición de la doble militancia son los ciudadanos que pertenezcan a (i) los partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos que han adquirido personería jurídica, en los términos y condiciones previstos en el inciso primero del artículo 108 C.P., esto es, que hayan obtenido una votación no inferior al tres por ciento (3%) de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional en elecciones de Cámara o Senado, exceptuándose el régimen particular previsto en la ley para las circunscripciones de minorías étnicas o políticas, caso en el que bastará acreditar representación parlamentaria; y (ii) las mismas agrupaciones políticas, sin personería jurídica”.

De cara a lo anterior, forzoso se torna en concluir que la figura de doble militancia cobija a todas las agrupaciones políticas sin importar que de ellas se predique que posean o no personería jurídica” (negrillas propias).

No existiendo duda que los denominados grupos significativos de ciudadanos son sujetos activos de la prohibición constitucional y legal de doble militancia, se procederá a estudiar las dos causales imputadas al demandado, esto es:

i) Haber militado en el Partido Político Centro Democrático mientras pertenecía al grupo significativo de ciudadanos “Alianza Cívica por Envigado”.

ii) Haberse inscrito y consecuentemente resultar electo como concejal del municipio de Envigado para el período 2016-2019 por el Partido Conservador Colombiano, sin que hubiera renunciado con 12 meses de anterioridad al cargo de elección popular que obtuvo en representación del mencionado grupo político.

Para entender mejor la figura de la doble militancia y los eventos en que ella se presenta, resulta oportuno consultar lo dicho por esta sección en la materia(27):

La figura de la doble militancia tiene ahora, no tres, sino cinco modalidades, a saber:

i) Los ciudadanos: “En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político” (L. 1475/2011, art. 2º, inc. 1º).

ii) Quienes participen en consultas: “Quien participe en las consultas de un partido o movimiento político o en consultas interpartidistas, no podrá inscribirse por otro en el mismo proceso electoral” (C.P., art. 107, inc. 5º).

iii) Miembros de una corporación pública: “Quien siendo miembro de una corporación pública decida presentarse a la siguiente elección, por un partido distinto, deberá renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones” (C.P., art. 107, inc. 12; L. 1475/2011, art. 2º, inc. 2º).

iv) Miembros de organizaciones políticas para apoyar candidatos de otra organización: “Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control, dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados. Los candidatos que resulten electos, siempre que fueren inscritos por un partido o movimiento político, deberán pertenecer al que los inscribió mientras ostenten la investidura o cargo, y si deciden presentarse a la siguiente elección por un partido o movimiento político distinto, deberán renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones” (L. 1475/2011, art. 2º, inc. 2º).

v) Directivos de organizaciones políticas: “Los directivos de los partidos y movimientos políticos que aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular por otro partido o movimientos políticos o grupo significativo de ciudadanos, o formar parte de los órganos de dirección de estas, deben renunciar al cargo doce (12) meses antes de postularse o aceptar la nueva designación o ser inscritos como candidatos” (L. 1475/2011, art. 2º, inc. 3º).

En este caso en concreto, se le endilga al señor Molina Pérez la incursión en las causales de doble militancia por: a) pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político. (L. 1475/2011, art. 2º, inc. 1º) y b) haber sido miembro de una corporación pública y presentarse a la siguiente elección, por un partido distinto, sin que mediara renuncia a la curul al menos 12 meses antes del primer día de inscripciones (C.P., art. 107, inc. 12; L. 1475/2011, art. 2º, inc. 2º).

3.1.1. De la doble militancia por pertenecer de manera simultánea a más de una agrupación política.

Señala el accionante que el señor Molina Pérez ejerció para el período 2012-2015 como concejal de Envigado en representación del grupo significativo de ciudadanos “Alianza Cívica por Envigado” tal y como consta en la certificación que para ello emitiera la secretaria general de dicha corporación(28).

Dentro del período para el cual fue electo en representación del grupo significativo, fue miembro oficial —militante— del Partido Centro Democrático, militancia a la cual renunció el 3 de junio de 2015(29).

A primera vista se torna imperioso concluir que el señor Sergio Osvaldo Molina Pérez con su actuar trasgredió el ordenamiento jurídico —inciso 1º del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011—, al pertenecer de manera simultánea a dos agrupaciones políticas diferentes.

Sin embargo, desde la contestación de la demanda por parte del señor Molina Pérez, a través de apoderado judicial, ha señalado que de conformidad con la excepción consagrada en el parágrafo del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011, tal prohibición no es imputable al concejal demandado, por cuanto en calidad de único miembro electo por el grupo significativo de ciudadanos, tomó la decisión de declararlo disuelto a través del acta Nº 001 del 30 de enero de 2015(30).

Al respecto, la norma arriba señalada establece:

“ART. 2º—Prohibición de doble militancia.

“PAR.—Las restricciones previstas en esta disposición no se aplicarán a los miembros de los partidos y movimientos políticos que sean disueltos por decisión de sus miembros o pierdan la personería jurídica por causas distintas a las sanciones previstas en esta ley, casos en los cuales podrán inscribirse en uno distinto con personería jurídica sin incurrir en doble militancia”.

El parágrafo trascrito se constituye en una verdadera excepción al régimen de la doble militancia, debido a que en los casos en que la agrupación política sea disuelta o pierda la personería jurídica deja en libertad a los ciudadanos que perteneciendo a ésta, quieran hacer parte de otra sin que pueda decirse que son doble militante.

Esta excepción si bien establece que es para partidos y movimientos políticos, también incluye a los grupos significativos de ciudadanos de conformidad con la interpretación extensiva que la Corte Constitucional hizo en la Sentencia C-490 de 2011.

El espíritu del parágrafo arriba trascrito(31) no es otro diferente a que: “…ante la inexistencia del partido o movimiento político de origen, configuraría una carga desproporcionada impedir que sus miembros pudieran optar por pertenecer a otra agrupación política, pues ello restaría toda eficacia al derecho político previsto en el artículo 40-3 C.P. Además, la excepción planteada no afecta la estabilidad ni la disciplina del sistema de partidos, puesto que en sentido estricto no puede concluirse la existencia de doble militancia cuando una de las agrupaciones políticas ha perdido vigencia y, por ende, su programa de acción política no puede ser jurídicamente representado” (negrillas fuera de texto).

Denota lo anterior, que para que se estructure la excepción del parágrafo del artículo 2º de la Ley 1437 de 2011, ha de tenerse en cuenta la pérdida de vigencia de la agrupación política, dado que con ello no es viable la representación de su programa de acción rompiéndose con ello la vocación de permanencia.

En el caso en concreto el señor Sergio Molina Pérez en escrito del 2 de febrero de 2015, remitió el acta Nº 001 expedida el 30 de enero de 2015(32), por medio de la cual éste en condición de único candidato electo por esta agrupación decidió su disolución a partir de la fecha.

A su vez, reposa en el expediente memorial del 6 de abril de 2015, en el que los señores Rodrigo Orozco López y Fernando Sepúlveda García, en sus condiciones de “Directivos” del grupo significativo de ciudadanos señalaron lo siguiente: “…nuestro movimiento actualmente se encuentra vigente y lo estará hasta el día 31 de diciembre del presente año [2015], fecha en la cual termina el período para el cual fue elegido el señor Sergio Molina Pérez…”.

Igualmente reposa respuesta del 15 de febrero de 2016, al exhorto Nº 006/2016 JJAL(33) del Tribunal Administrativo de Antioquia, suscrito por el señor Rodrigo Orozco López, en su condición de inscriptor de “Alianza Cívica por Envigado”, en el cual estableció que: “… el movimiento significativo por firmas (…) fue creado el 22 de enero de 2010, según acta del movimiento Nº 002 donde se nombra su junta directiva.” A renglón seguido adujo que: “…ALIANZA CÍVICA POR ENVIGADO a la fecha no ha sido disuelto por su junta directiva”.

De análisis en conjunto del material probatorio arriba trascrito se tiene que, el grupo significativo de ciudadanos ha perdido vigencia por la voluntad de quienes hacían parte de esa agrupación política de no continuar, dado que de uno u otro documento se puede extraer que quienes lo constituyeron no tienen el deseo de continuar, razón por la cual su vigencia en el peor de los casos sería hasta el 31 de diciembre de 2015, fecha en la cual terminó el período del señor Molina Pérez en el concejo de Envigado, determinación que confirma su carencia de vocación de permanencia.

No puede entenderse como lo hace el demandante en su impugnación, que por el hecho que quien inscribió el grupo significativo de ciudadanos haya señalado en el escrito del 15 de febrero de 2016, que a la fecha de tal documento la agrupación política no había sido disuelta(34), ésta aún se encuentre vigente, dado que conforme a la certificación de abril de 2015, la misma tendría vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015.

Ha de precisarse que la figura de la disolución es propia de los partidos políticos con personería jurídica, dado que, al tenor literal del artículo 4º de la Ley 130 de 1994, ella se presenta conforme lo señalen los estatutos, razón por la cual, al no existir en esta clase de agrupaciones (grupos significativos de ciudadanos) estructura consolidada, con jerarquías permanentes y claramente diferenciadas, valores, tradiciones y códigos disciplinarios, mal podría hablarse de disolución, en razón de lo anterior se tiene que, con la culminación del período del demandado ante el concejo de Envigado, esto es, el 31 de diciembre de 2015, finalizó la existencia del grupo significativo de ciudadanos.

Extender en este caso en concreto la existencia del grupo significativo de ciudadanos hasta la fecha precisa de su “disolución”, sería condenar a quienes hicieron parte de él a una carga desproporcionada que vaciaría de contenido el artículo 40.3 de la Constitución Política al restarle eficacia al derecho político allí previsto(35), más aún cuando quien integró el comité promotor manifestó estar vigentes hasta el 31 de diciembre de 2015.

Por otra parte, se tiene como prueba que obra en el expediente, la certificación suscrita por el director de gestión electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil, de fecha 18 de febrero de 2016, en la cual el funcionario señaló:

“…que de acuerdo a las bases de datos que reposan en la Entidad y conforme a los resultados electorales del pasado 25 de octubre, no se inscribió ninguna lista con respaldo del Movimiento Social Alianza Cívica por Envigado,…(36) (negrillas fuera de texto).

Todo lo anterior confirma la falta de vocación de permanencia del grupo significativo de ciudadanos “Alianza Cívica por Envigado”, que releva al demandado de estar inmerso en la prohibición legal de doble militancia es decir, en este caso no puede hablarse de simultaneidad en la pertenencia del demandado en más de una organización política por encontrase dentro de la excepción legal consagrada en el parágrafo del artículo 2º de la Ley 1437 de 2011.

Ahora bien, se advierte que en el presente caso, no existió doble militancia por concurrencia entre la afiliación del demandado al Partido Centro Democrático y al Partido Conservador Colombiano, dado que, a la primera colectividad política renunció como militante(37) el 3 de junio de 2015 quedando en libertad de optar por: i) no ejercer actividad política como candidato o, ii) adherirse a otra agrupación política, en este caso optó por la segunda posibilidad y, el 23 de julio de 2015(38), se inscribió como candidato por el Partido Conservador al concejo municipal de Envigado.

Por otra parte, la Sala considera necesario aclarar, que el artículo 2º, inciso 1º de la Ley 1475 de 2011 contempló la prohibición para los ciudadanos de pertenecer de manera concurrente o simultánea a dos o más agrupaciones políticas, por lo anterior, el límite temporal se reduce a que no coincida la afiliación o pertenencia en ellas(39), esto es, no exista coincidencia ni por un instante en la afiliación y por consiguiente militancia. Ello cobra especial importancia en el caso de renuncia a la condición o afiliación a un partido como militante.

Siendo así las cosas se despachará de manera negativa el presente cargo, dado que emana claro que no existe la causal de nulidad de la elección endilgada en relación con el presente cargo.

3.1.2. De la doble militancia por resultar electo por una colectividad política sin que mediara renuncia con 12 meses de antelación.

Señaló el impugnante, que conforme la Resolución 13331 del 11 de septiembre de 2015, proferida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, que contiene el calendario electoral, se tiene que el período de inscripción de candidaturas inició el 25 de junio de 2015 y culminó el 25 de julio del mismo año, con lo cual quedó demostrada la pertenencia simultánea del demandado en dos agrupaciones políticas, esto es Alianza Cívica por Envigado y al Partido Conservador.

Aunado a lo anterior, no existe renuncia con 12 meses de antelación, al cargo de concejal de Envigado del demandante, en representación del grupo significativo de ciudadanos “Alianza Cívica por Envigado”, sin importar que la vida jurídica de la mencionada agrupación fuera hasta el 31 de diciembre de 2015.

Lo discurrido por la Sala en el numeral anterior permite inferir que el señor Sergio Osvaldo Molina Pérez, no se encontraba en la obligación de renunciar a la curul de concejal del municipio de Envigado para el período 2012-2015, debido a que se encuentra cobijado por la excepción prevista en el parágrafo del artículo 2º de la Ley 1437 de 2011.

Al respecto, en reciente pronunciamiento esta Sala señaló(40):

“…No se demostró que “Ciudadanos por Villavicencio” tuviera vocación de permanencia más allá del periodo 2012-2015, pues ninguna de las pruebas aportadas hace referencia a su duración ni se allegó el documento de conformación de manera que se pudiera establecer dicho aspecto.

Al no haberse probado que el grupo significativo de ciudadanos se extendería al periodo siguiente para el cual fue conformado, es decir, que se prolongaría al periodo 2016-2019, y teniendo en cuenta que la naturaleza de dicha organización le imprime un carácter coyuntural, se impone concluir que su carácter fue temporal, circunscrito al periodo 20122015.

Lo anterior implica que, a partir de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011, la vigencia de “Ciudadanos por Villavicencio” se extendió hasta el 31 de diciembre de 2015, lo que evidencia su falta de vocación de permanencia dado que su razón de ser desapareció con la culminación del periodo del señor Bobadilla Piedrahita.

Ahora bien, como la excepción contemplada en dicha norma no fija un límite temporal, no puede alegarse la existencia del grupo significativo de ciudadanos al momento en el que el señor Bobadilla Piedrahita se inscribió por el Partido Alianza Verde —partido con personería jurídica—, puesto que aquél se extinguiría el 31 de diciembre de 2015”.

Por manera que, al existir prueba que el grupo significativo de ciudadanos no postuló candidatos con miras al proceso electoral de 2015 y, que dicha organización política estaría vigente hasta el 31 de diciembre de ese mismo año, no puede decirse que exista vocación de permanencia del grupo significativo de ciudadanos, razón por la cual al momento de la inscripción de la candidatura del señor Molina Pérez por un partido político con personería jurídica, éste se encontraba relevado de la obligación de dimitir de su cargo de concejal con 12 meses de antelación al estar amparado por la excepción consagrada en el parágrafo del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011.

3.2. El Tribunal Administrativo de Antioquia al proferir la sentencia impugnada incurrió en error debido a que su sustento principal para proferir el fallo de instancia fue el auto proferido por la sección quinta del Consejo de Estado en este mismo proceso, en el cual revocó la medida cautelar de suspensión provisional.

Al respecto manifestó el impugnante que en la parte considerativa de la sentencia apelada, el Tribunal Administrativo de Antioquia señaló que no encuentran elementos probatorios nuevos que le permitan apartarse de lo dicho por el Honorable Consejo de Estado en el presente asunto, cuando resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la providencia que había decretado la medida provisional de suspensión provisional de la elección del señor Molina Pérez, por lo que respecto a este cargo negó las pretensiones de la demanda.

En razón de lo anterior, manifestó que fue de esa manera como el a quo basó su sentencia en el auto en mención, asumiendo que aquel constituía el fallo de instancia.

En cuanto a este argumento de impugnación, encuentra la Sala que el a quo al momento de analizar el cargo de la demanda consistente en la nulidad de la elección del demandado por no presentar renuncia a la curul de concejal con 12 meses de anterioridad, a las inscripciones de su nueva candidatura en representación del Partido Conservador, que el fallador de instancia como primera medida analizó el precepto normativo consagrado en el artículo 2º de la Ley 1475 de 2011, norma que reglamenta el caso en estudio.

A renglón seguido procedió a trascribir apartes del Auto del 11 de febrero de 2016, en el marco de este mismo proceso(41), por medio del cual esta sección analizó el escrito de fecha 6 de abril de 2015, en el que el señor Rodrigo Orozco López (inscriptor del grupo significativo de ciudadanos Alianza Cívica por Envigado elecciones 2012-2015) y Fernando Sepúlveda García, señalaron que la agrupación política a la fecha de suscripción del documento se encontraba vigente y que lo estaría hasta el 31 de diciembre del mismo año.

A continuación, señaló que para la fecha en que se inscribió el demandado como candidato al concejo de Envigado por el Partido Conservador para el período 20162019, mientras ostentaba la calidad de concejal en representación del grupo significativo de ciudadanos no se puede imputar la prohibición de doble militancia al demandado, debido a la falta de vocación de permanencia de éste último. Para sustentar su dicho manifestó que: “…, no encuentra la Sala elementos probatorios nuevos que le permitan apartarse de lo dicho por el Honorable Consejo de Estado en el presente asunto…”.

De lo anterior, se tiene que el fallador de instancia luego de analizar la normativa que reglamenta la materia, las pruebas allegadas con la demanda y en las etapas siguientes, determinó que la base probatoria en que se sustentó el auto que revocó la medida cautelar de suspensión provisional no había variado, razón por la cual determinó que no perdió vigencia lo allí consignado(42).

En este caso no podría hablarse de prejuzgamiento de lo decidido, dado que, la Sala de decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia acogió el criterio interpretativo que se consignó en el auto que revocó la suspensión provisional al considerar que de las pruebas legal y oportunamente allegadas al proceso no existieron elementos nuevos que le permitieran llegar a una conclusión diferente.

Quiere decir lo señalado que en el presente, el juez electoral valoró el material probatorio allegado a lo largo del proceso y, de este concluyó que no tuvo la suficiente entidad para variar su entendimiento respecto de los hechos alegados por el accionante fundamento del presente medio de control.

Por manera que, no encuentra esta instancia falta de valoración probatoria del a quo dado que para éste con las pruebas aportadas en el proceso no se logró desvirtuar la falta de vocación de permanencia del grupo significativo de ciudadanos, eje central del debate procesal.

En virtud de lo anterior, el presente cargo no tiene vocación de prosperidad.

Para finalizar, en cuanto al argumento de impugnación consistente en que de manera errónea el demandado consideró que la curul obtenida por el grupo significativo de ciudadanos le pertenecía, razón por la cual, decidió disolver la agrupación política mediante acta 001 del 30 de enero de 2015, obviando a los demás integrantes e inscriptores.

Se debe señalar que si bien es cierto la curul es en representación de la agrupación política por la cual resultó electo, no menos cierto es que fue el propio señor Rodrigo Orozco López, en su condición de inscriptor de “Alianza Cívica por Envigado” quien condicionó la vigencia del grupo significativo de ciudadanos, a la culminación del período del señor Molina Pérez.

Es del caso aclarar, que el acta disolutoria a la que hace referencia el accionado, así como la manifestación hecha por el inscriptor del comité promotor del pluricitado grupo significativo de ciudadanos, lo que demuestra es la falta de vocación de permanencia y por ende se configura el elemento constitutivo de la excepción a la doble militancia del demandado de conformidad con el parágrafo del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo contencioso administrativo, sección quinta en uso de facultades constitucionales y legales,

III. RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 17 de mayo de 2016, conforme lo señala la parte motiva de este proveído.

2. DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia.

3. ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase».

(24) Corte Constitucional. Sentencia C-490 del 23 de junio de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

(25) Consejo de Estado. Sección quinta. Auto del 11 de febrero de 2016. Radicado 050012333000201502379. C.P. Rocío Araujo Oñate.

(26) Corte Constitucional. Sentencia C-490 del 23 de junio de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

(27) Consejo de Estado. Sección quinta. Expediente 11001-03-28-000-2014-00023-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro.

(28) Folio 38 del cuaderno Nº 1.

(29) Folios 39 a 42 del cuaderno Nº 1.

(30) Folio 23 del cuaderno Nº 1. A través de la cual el señor Sergio Osvaldo Molina Pérez, en su condición de único candidato electo por la agrupación Alianza Cívica por Envigado lo declara disuelto a partir de la fecha, esto es, 30 de enero de 2015.

(31) Corte Constitucional. Sentencia C-490 del 23 de junio de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

(32) Folios 144 y 145 del cuaderno Nº 1.

(33) Folios 591 a 593 del cuaderno Nº 2.

(34) Ley 130 de 1994, artículo 4º: Pérdida de la personería jurídica. Los partidos y movimientos políticos perderán su personería jurídica cuando se encuentren incursos en una de las siguientes causas:
(…)
2. Cuando, de acuerdo con sus estatutos, proceda su disolución.

(35) Corte Constitucional. Sentencia C-490 del 23 de junio de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

(36) Folios 625 a 626 vuelto del cuaderno Nº 2.

(37) De las pruebas obrantes en el expediente, se tiene que el señor Sergio Osvaldo Molina Pérez no fungió como Directivo en el Partido Centro Democrático.

(38) Folios 633 a 641 del cuaderno Nº 2.

(39) Los ciudadanos: “En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político” (L. 1475/2011, art. 2º, inc. 1º).

(40) Consejo de Estado. Sección quinta. Proceso con radicado Nº 50001-23-33-000-2015-00653-01, Sentencia del 18 de agosto de 2016. C.P. Alberto Yepes Barreiro.

(41) Consejo de Estado. Sección quinta. Auto del 11 de febrero de 2016. Radicado 05001-23-33-000-201502379-01. C.P. Rocío Araujo Oñate.

(42) Ver concepto proferido por el procurador séptimo delegado ante el Consejo de Estado, en el cual adujo que: “...el auto que resolvió la medida cautelar de suspensión provisional, lo que allí se dejó consignado no ha perdido su vigencia para efectos de la denegación de la medida y ahora de las pretensiones del demandante, por ello considera esta delegada que lo allí plasmado se ha de reiterar ahora y desestimar la pretensión que con fundamento en el mismo se efectuó”. Folio 1030 del cuaderno Nº 3.