SENTENCIA 2015-02381 DE OCTUBRE 6 DE 2016

 

Sentencia 2015-02381 de 216 octubre 6 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Exp.: 25000-23-41-000-2015-02381-01

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio

Demandante: Flor Velcy García Acero

Demandado: Santiago Cañas Escobar

Nulidad electoral - fallo de segunda instancia

Bogotá, D.C., seis de octubre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

Según el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 615 de la Ley 1564 de 2012, la Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer la apelación presentada por la señora Flor Velcy García Acero, contra la sentencia de 3 de junio del 2016, dictada en primera instancia por la Sección Primera, Subsección “A” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

2. Problema jurídico.

Le corresponde a esta corporación resolver, en los precisos términos expuestos en el recurso de apelación, si acertó la Sección Primera, Subsección “A” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al negar las pretensiones de la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad electoral inició la señora Flor Velcy García Acero, en procura de obtener la nulidad de la elección del señor Santiago Cañas Escobar, como edil de la localidad de Tunjuelito para el período 2016-2019.

3. El caso concreto.

Para dar inicio al estudio de la apelación, lo primero es señalar que el apoderado de la demandante señaló como infringido el artículo 44 de la Ley 1617 del 2013, sin embargo, debe aclararse que tal norma no es aplicable en este caso, debido a que en el parágrafo del artículo 2º ídem(9) se estableció que las disposiciones de la citada ley no aplican para Bogotá, en consecuencia, tratándose de la elección de ediles en el Distrito Capital, será el Decreto 1421 de 1993 el régimen legal bajo el cual el juez debe adelantar el estudio de legalidad.

Establecido lo anterior, la Sala estima pertinente referirse a la manera como la Sección Primera, Subsección “A” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, fijó el litigio, toda vez que como lo expuso la Sección Quinta del Consejo de Estado en providencia del 3 de diciembre de 2015, proferida dentro del expediente 2014-00135-00, con ponencia de la doctora Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez: “La fijación del litigio constituye uno de los aspectos cruciales para el desarrollo del proceso, en la medida en que se erige como la carta de navegación o la hoja de ruta que habrá de seguirse a efectos de hallar solución a los problemas jurídicos que en ella se planteen. Es la oportunidad que tiene el juzgador de depurar el contexto fáctico y jurídico relevante para los sujetos procesales en contienda (…)”.

En la misma providencia, esta Sección dejó en claro que una vez fijado el litigio, como expresión de la garantía del debido proceso para las partes, su estudio debe ceñirse a los puntos que previamente se establecieron en la audiencia inicial como problema jurídico a resolver.

Se hace claridad sobre lo anterior, porque de la lectura de las pretensiones se aprecia que la parte demandante las dirigió a pedir la nulidad de la elección de Santiago Cañas Escobar por estar “inmerso en causal de inelegibilidad al no haber desempeñado alguna actividad profesional, industrial, comercial o laboral en la respectiva localidad, dispuesto en el artículo 65 del Decreto-Ley 1421 de 1993”, excluyendo del debate el requisito de residencia.

No obstante lo anterior, el Tribunal a quo fijó el litigio de la siguiente manera:

“(…) determinar si conforme a la causal de nulidad señalada en la demanda, esto es, el incumplimiento del requisito contemplado en el artículo 65 de la Ley 1421 de 1993 (…) la elección del señor Santiago Cañas Escobar como miembro de la Junta Administradora Local de Tunjuelito para el periodo 2016-2019, debe declararse nula.

Para tal fin se deberá probar que entre el 25 de octubre de 2013 y el 25 de octubre de 2015 el señor Santiago Cañas Escobar tuvo como sitio de habitación o desempeñó alguna actividad profesional, industrial, comercial o laboral de manera permanente en la localidad mencionada, esto es, en la localidad de Tunjuelito”.

De la transcripción que se acaba de realizar, se pueden predicar los siguientes asuntos como problemas jurídicos establecidos en primera instancia: (i) si el demandado, durante los dos años anteriores a la fecha de su elección como edil, residió en la localidad de Tunjuelito; (ii) si el demandado, durante los dos años anteriores a la fecha de su elección como edil, desempeñó de manera permanente actividad industrial o comercial en la localidad de Tunjuelito y, (iii) si el señor Santiago Cañas Escobar, durante los dos años anteriores a la fecha de su elección como edil, desempeñó actividad profesional o laboral de manera permanente en la localidad de Tunjuelito.

El tribunal en su estudio concluyó que el demandado ejerció profesión en la localidad de Tunjuelito, toda vez que las pruebas documentales y testimoniales acreditaron que desempeñó un oficio en la iglesia “Palabra de Vida” desde el 2012 y, además, es un reconocido líder ministerial, circunstancias que lo habilitaban para ser edil y, por lo tanto, negó las pretensiones de la demanda.

En la apelación se reitera que el tribunal de primera instancia se equivocó en sus apreciaciones jurídicas, puesto que para negar las pretensiones se apoyó en aspectos que no fueron parte de la controversia y, por otro lado, no estudió la totalidad de las pruebas aportadas al proceso, con las cuales se demostraba que Santiago Cañas Escobar no acreditó el requisito de arraigo con la localidad para la que fue elegido edil.

Pues bien, el artículo 65 del Decreto 1421 de 1993, determina cuáles son los requisitos específicos que se deben cumplir para ser edil:

“ART. 65.—Ediles. Para ser elegido edil o nombrado alcalde local se requiere ser ciudadano en ejercicio y haber residido o desempeñado alguna actividad profesional, industrial, comercial o laboral en la respectiva localidad por lo menos durante los dos años anteriores a la fecha de la elección o del nombramiento”.

De la norma se advierte que para ser edil se deben cumplir los siguientes requisitos: (i) ser ciudadano en ejercicio; (ii) haber residido en el lugar para el cual se aspira por lo menos durante los dos años anteriores a la fecha de la elección o haber desempeñado alguna actividad profesional, industrial, comercial o laboral durante los dos años anteriores a la fecha de la elección.

En el presente asunto no se cuestionó el primer requisito, en consecuencia, no se emitirá un pronunciamiento sobre el particular.

Respecto al segundo de los requisitos, debe precisarse que se puede acreditar de dos maneras: (a) por haber residido o (b) haber desempeñado alguna actividad profesional, industrial, comercial o laboral, durante los dos años anteriores a la fecha de la elección, estudio que se abordará de manera conjunta.

La Sala aprecia que la Sección Primera, Subsección “A” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, confundió los conceptos de residencia electoral prevista en el artículo 316(10) de la Constitución Política, con el de residencia consagrado en el artículo 65 del Decreto 1421 de 1993, entendido como el lugar de habitación de una persona.

En efecto, la residencia electoral se ha entendido por la Sección Quinta del Consejo de Estado como “la decisión del ciudadano de inscribir su cédula en el municipio o en alguno de los municipios en relación con los cuales tiene uno cualquiera o varios de los vínculos previstos en el artículo 183 de la Ley 136 de 1994(11) (…) Al inscribir su cédula el ciudadano declara bajo la gravedad del juramento residir en el respectivo municipio (…)”(12).

Ahora bien, la Corte Constitucional en la Sentencia C-307 de 1995, estimó que el artículo 183 de la Ley 136 de 1994 quedó derogado por el artículo 4º de la Ley 163 de 1994, donde se definió la residencia electoral como “aquella en donde se encuentre registrado el votante en el censo electoral”, y más adelante indica que se entiende que, con la inscripción, el votante declara, bajo la gravedad del juramento, residir en el respectivo municipio.

De lo anterior se colige que la residencia electoral está ligada al concepto de censo electoral, definido en el artículo 47 de la Ley 1475 del 2011 como “el registro general de las cédulas de ciudadanía correspondientes a los ciudadanos colombianos, residentes en el país y en el exterior, habilitados por la Constitución y la ley para ejercer el derecho de sufragio y, por consiguiente, para participar en las elecciones y para concurrir a los mecanismos de participación ciudadana”, el cual, también corresponde al “instrumento técnico, elaborado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, que le permite a la organización electoral planear, organizar, ejecutar y controlar los certámenes electorales y los mecanismos de participación ciudadana”.

Así las cosas, se puede decir que la residencia electoral es aquella en la cual los ciudadanos inscriben su cédula de ciudadanía con el fin de que haga parte del censo electoral de un lugar, en el cual se ejercerá el derecho al voto, siempre que se tenga un vínculo con el sitio en el cual se hace la respectiva inscripción, en la medida que el inciso segundo del artículo 4º de la Ley 163 de 1994 determina que: “con la inscripción, el votante declara, bajo la gravedad del juramento, residir en el respectivo municipio”.

De otra parte, debe tenerse en cuenta que cuando en el artículo 65 del Decreto-Ley 1421 de 1993 se determinó que para ser edil, se requiere haber residido en la respectiva localidad en la cual se inscribe la candidatura por lo menos durante los dos años anteriores a la elección, dicha acepción tiene relación directa con la noción de domicilio, entendido como permanencia y vínculo en una determinada zona, indispensable para tener un mínimo de conocimiento acerca de las necesidades del lugar al que se aspira ser elegido(13).

En el asunto bajo estudio, la Sala aprecia de las pruebas que obran en el expediente, el señor Santiago Cañas Escobar no cumple con el primero de los presupuestos que le permitía ser edil, esto es, el relativo a haber residido en la localidad de Tunjuelito durante los dos años anteriores a la fecha de la elección.

En efecto, las elecciones territoriales se llevaron a cabo el 25 de octubre de 2015 y, a folio 323 del expediente, obra una certificación suscrita por la señora Beth Elaine Afanador, rectora del colegio El Camino Academy, en la cual hace constar lo siguiente: “El señor Santiago Cañas Escobar fue estudiante de nuestra institución durante los años 2013, 2014 y 2015 y en el contrato de matrícula firmado por sus padres fue registrada como dirección de domicilio la carrera 17 # 119 A - 08 apto. 301” (negrita del texto).

El documento transcrito lleva a la convicción de que el demandado no residió en la localidad de Tunjuelito durante los dos años anteriores a su elección, toda vez que entre los años 2013 a 2015 estaba domiciliado en la localidad de Usaquén, ubicada al norte de la ciudad de Bogotá.

Establecido lo anterior, corresponde a la Sala verificar si el señor Santiago Cañas Escobar desempeñó alguna actividad profesional, industrial, comercial o laboral durante los dos años anteriores a la fecha de la elección, en la localidad de Tunjuelito.

Del estudio del material probatorio que se aportó al expediente, se aprecia que el demandado no acreditó haber ejercido actividad industrial o comercial en la localidad para la cual fue elegido edil.

En efecto, el certificado de existencia y representación legal que obra en los folios 139 y 140, correspondiente a la Fundación Casa de Vida y Esperanza, ubicada en la diagonal 46 A sur # 53 A - 32, barrio Venecia de la localidad de Tunjuelito, es de propiedad se sus padres, señores Enoc Cañas Ortiz y Claudia Patricia Escobar Moreno.

La misma situación se presenta respecto de la iglesia “Palabra de Vida”, pues si bien dentro del expediente no existe documento en el cual los padres del demandado aparezcan como propietarios de esta, lo cierto es que el apoderado del señor Cañas Escobar al contestar la demanda aceptó tal circunstancia, incluso aseguró que estos son propietarios de la emisora “Verdad Radio” con dial en el 1.580 a.m., las cuales, como la fundación, funcionan en la diagonal 46 A sur # 53 A - 32, barrio Venecia de la localidad de Tunjuelito. Las cosas, el demandado nunca ha ejercido actividad industrial o comercial en la localidad de Tunjuelito que le permitiera cumplir con el requisito para ser edil de esa zona de la ciudad de Bogotá.

Por otra parte, en el concepto que rindió dentro del expediente, el Ministerio Público considera que el demandado sí cumplió con el requisito relativo a haber ejercido actividad o profesión, toda vez que ejerció el oficio de ministro en la iglesia “Palabra de Vida” por el tiempo que exige la ley, lo que resultaba suficiente para demostrar que tuvo vínculo con la localidad de Tunjuelito.

La Sala precisa que la Constitución Política, en el artículo 26, respecto al derecho a escoger libremente profesión u oficio, consagró lo siguiente: “Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir título de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social (…)” (negrita fuera de texto).

La acepción de profesión, de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, hace referencia al “Empleo, facultad u oficio que alguien ejerce y por el que percibe una retribución”.

A su vez, la misma entidad ha definido el oficio como la “Ocupación habitual” y, por su parte, habitual como algo “Que se hace, padece o posee con continuación o por hábito”.

Conforme con lo anterior, puede decirse que todo oficio o labor lícita desarrollada por las personas de manera continua y habitual, sin importar si es remunerada o no, se puede considerar una profesión, sin que para su ejercicio se requiera título de idoneidad, pues este, de acuerdo con la Constitución, solo será exigible cuando la ley lo establezca.

De la lectura del artículo 65 del Decreto-Ley 1421 de 1993 ya transcrito, se advierte que las personas que aspiren a ser edil, deben acreditar el requisito de haber desempeñado profesión dentro de los dos años anteriores a su elección, no al momento de la inscripción de la candidatura, sino a la fecha de la elección, para el caso concreto, al 25 de octubre del 2015.

Ahora bien, cuando la ley hace referencia a haber desempeñado profesión, en criterio de la Sala, tal vocablo no puede entenderse de manera restrictiva, esto es, bajo la consideración de que una persona posee un título de idoneidad educativa, pues de ser, los ciudadanos que no cuenten con un título, estarían excluidos de la posibilidad de postularse a edil, lo cual estaría en contravía de los mandatos constitucionales que garantizan los derechos fundamentales a la igualdad de trato y oportunidades y a ser elegidos.

Así las cosas, cuando la norma habla de profesión, en sentido amplio comprende tanto los estudios académicos de educación superior (universitaria o técnica), como el ejercicio de cualquier oficio lícito remunerado o no.

Dicho lo anterior, en el punto concreto de censura a la sentencia de primera instancia, manifestó la apelante que el a quo no advirtió que los testimonios de los señores Héctor Julio Buitrago Enciso y Francy Milena Herrera Franco se tacharon de sospechosos.

El primero, porque es el representante legal del Concilio de las Asambleas de Dios al cual pertenece la iglesia “Palabra de Vida” de propiedad de los padres del demandado, con quienes fundó una iglesia y conoce hace 25 años y, el segundo, porque la declarante hace parte de la comunidad religiosa a la que pertenece Santiago Cañas Escobar.

Revisado el CD que reposa al folio 354 del expediente, grabado en la audiencia de pruebas celebrada el 11 de abril del 2016 en primera instancia, se aprecia que el apoderado de la señora Flor Velcy García Acero únicamente tachó de sospechosa la declaración que rindió Héctor Julio Buitrago Enciso, ante lo cual el magistrado ponente de la primera instancia manifestó que la resolvería en la sentencia de conformidad con el artículo 211(14) del Código General del Proceso.

Es cierto que, como lo dice la parte apelante, el a quo no se pronunció en la sentencia sobre la tacha del testigo, pese a que era su obligación, sin embargo, en criterio de la Sección, la circunstancia anotada en nada puede enervar el fallo, toda vez que la tacha no implica la descalificación del declarante y tampoco impide la valoración de su dicho, pues en esos eventos, lo que se impone al juez, es el deber de analizar con mayor cuidado el testimonio con sujeción a las restantes pruebas que existan en el proceso.

Indicó el apoderado de Flor Velcy García Acero que, en primera instancia, se concluyó que el demandado sí cumplió con el requisito de desempeñar una labor de manera consecutiva durante los dos años anteriores a su elección, no obstante, pasó por alto las siguientes situaciones que hacían colegir lo contrario:

(i) Que el demandado terminó en el 2015 sus estudios de bachillerato al norte de Bogotá en el horario de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.; (ii) que residía al norte de Bogotá y, (iii) cuando se inscribió recién había cumplido 18 años, hechos de los cuales se podía advertir que era imposible que Santiago Cañas Escobar se trasladara diariamente a la localidad de Tunjuelito con el fin de ejercer su oficio ministerial.

Para resolver el anterior argumento, la Sección aprecia que a folios 149, 150 y 323 del expediente existen certificaciones emitidas por el Colegio “El Camino Academy”, suscritas por su directora, en las cuales, como ya se señaló, se deja constancia que Santiago Cañas Escobar estudió allí hasta el mes de junio del 2015, no obstante, en estos documentos no se indica cuál era el horario de clases, lo que no permite tener certeza sobre el particular.

Es necesario señalar que el sustento argumentativo de la parte apelante, según el cual era imposible que el demandado se trasladara todos los días hasta la localidad de Tunjuelito a cumplir su labor ministerial, por la circunstancia de estudiar hasta la 3:30 p.m. y vivir al norte de la ciudad, corresponde a un supuesto o presunción carente se prueba alguna y que, de ninguna manera, acredita los supuestos de hecho en que se soporta la demanda, lo que no permite declarar la nulidad de la elección acusada.

La situación descrita en precedencia, también se predica en relación con la edad del demandado, puesto que ello no constituye un impedimento para trasladarse entre las diferentes localidades de Bogotá.

Sostuvo la parte apelante que el tribunal argumentó que no se podían desconocer las declaraciones de los compañeros de trabajo del demandado, quienes afirmaron que desde pequeño ha tenido vocación de ayudar al prójimo, pese a que en el proceso solo declararon dos personas a su favor.

En este punto, debe decirse que, en efecto, de las personas que rindieron testimonio en el curso del proceso, solo dos conocían a Santiago Cañas Escobar, estas son: Héctor Julio Buitrago Enciso y Francy Milena Herrera Franco, de las cuales, únicamente la señora Herrera Franco afirmó haber trabajado con el demandado, sin embargo, debe tenerse en cuenta que la circunstancia descrita no constituye razón suficiente para considerar que la decisión judicial que ahora se cuestiona se apoyó en argumentos contrarios a la realidad acreditada en el expediente.

Para la Sala es claro que los argumentos de la parte demandante deben dirigirse a demostrar que, contrario a lo que determinó la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el señor Santiago Cañas Escobar no cumplió con el requisito de haber desempeñado profesión dentro de los dos años anteriores a su elección como edil de la localidad de Tunjuelito, lo que hasta aquí no se ha cumplido.

De igual forma, se destacó en la apelación, que el a quo no valoró los testimonios de Jorge Adelmo Moreno León, presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de la localidad de Tunjuelito, y de Jady Muñoz Agudelo, líder comunitaria de la localidad de Tunjuelito, quienes tienen un profundo conocimiento de esta zona de la ciudad y declararon que Santiago Cañas Escobar nunca se afilió al movimiento comunal de la localidad; que tampoco ha desempeñado actividad social o comunitaria y que no ha sido líder de la zona.

Revisado el fallo de primera instancia, no es cierto que la Sección Primera, Subsección “A” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca haya omitido valorar los testimonios de Moreno León y Muñoz Agudelo, por el contrario, el a quo los desestimó debido a que si bien los declarantes manifestaron no conocer al demandado, ello no significaba que Santiago Cañas Escobar no hubiera realizado actividades misionales con su congregación.

Ahora bien, para la Sala, las afirmaciones de los citados declarantes, según las cuales el demandado nunca se afilió a los movimientos comunales de la localidad de Tunjuelito; no desempeñó actividad social o comunitaria, y que tampoco ha sido líder, en nada pueden invalidar su elección, puesto que en el ordenamiento jurídico colombiano no existe disposición que obligue a los ciudadanos a afiliarse a las organizaciones de acción comunal, por el contrario, de acuerdo con el literal a) del artículo 8º de la Ley 743 de 2002(15), las juntas de acción comunal son organizaciones cívicas de naturaleza solidaria integradas de manera voluntaria por los residentes de un determinado lugar(16).

De otra parte, como lo expresó el juez de la primera instancia, el que los testigos hayan sostenido que Santiago Cañas Escobar no ha desempeñado actividad social o comunitaria y que no lo conocen como líder de la localidad de Tunjuelito, no implica que este no haya trabajado con la comunidad a través de la iglesia “Palabra de Vida”, más aún si se tiene en cuenta que los declarantes afirmaron que solo conocieron o escucharon del demandado en el mes de octubre de 2015, cuando se enteraron de su inscripción a edil.

Para la Sala, resulta imposible o cuando menos difícil, desestimar el requisito de arraigo de una persona por no haber pertenecido a cualquiera de las juntas de acción comunal existentes en una localidad, pues, se reitera, la pertenencia a estas no es obligatoria.

Como lo afirma la parte demandante, el declarante Jorge Adelmo Moreno León aseguró que en su calidad de presidente de la asociación que agrupa las 19 juntas de acción comunal de la localidad de Tunjuelito, ha visitado toda la zona y asistido a la mayoría de reuniones y eventos sociales celebrados en la misma, sin que hubiera escuchado de Santiago Cañas Escobar, sin embargo, se resalta que la circunstancia anotada no demuestra que el demandado, con su comunidad religiosa, asentada principalmente en el barrio Venecia de la citada localidad, no haya ejercido labores u oficios sociales o de liderazgo que le permitieran ser elegido edil.

De igual forma enfatizó el apoderado de Flor Velcy García Acero, que en primera instancia no se hizo referencia a que la Alcaldía Local de Tunjuelito certificó que el demandado no ha pedido ser inscrito como residente de la localidad y que tampoco registra algún vínculo contractual en el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito.

Para resolver este punto, la Sala se remite a las consideraciones que se han desarrollado a lo largo de esta providencia, toda vez que ya se expresó que el hecho de que el demandado no tenga residencia en la localidad de Tunjuelito, no invalida su elección.

De otra parte, el que no registre vínculo contractual con el Fondo de Desarrollo Local, no es prueba de que no ejerciera algún tipo de actividad u oficio durante los dos años anteriores a su elección con la iglesia “Palabra de Vida”.

No escapa a la Sala que del folio 324 al 343 del expediente, obran varias certificaciones expedidas por cada una de las juntas de acción comunal de la localidad de Tunjuelito, en las que de manera unánime se hace constar que Santiago Cañas Escobar “No ha residido o desempeñado alguna actividad profesional, industrial, comercial o laboral”, pese a lo anterior, debe decirse que estos documentos no tienen la virtualidad de desestimar la elección del demandado, en la medida que no existe norma que prevea que la forma de demostrar el requisito de haber desempeñado profesión dentro de los dos años anteriores a la elección de edil, es la certificación que en tal sentido expidan esos organismos comunales.

Otro argumento planteado en la apelación consiste en que la Secretaría de Gobierno de Bogotá, mediante las circulares 000 del 2004, la cual no se aportó al expediente, y 3 del 2016 que se encuentra en los folios 355 a 366 del expediente, estableció que ser residente “implica estar de asiento o establecido en el territorio de un municipio, esto es, que en el mismo se habita o se ejerce de manera permanente una profesión o un empleo, o se está personalmente frente de un establecimiento de comercio”, mandato que no se cumple en este caso por cuanto el demandado nunca ha tenido vínculo laboral, profesional, comercial o industrial con la localidad de Tunjuelito.

Para la Sección el citado argumento tampoco está llamado a prosperar, debido a que consultada la página web de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, la circulares a las que hace alusión la parte demandante fueron expedidas para dar claridad a las juntas administradoras locales sobre los procesos de integración de las ternas para la designación de alcaldes locales, asunto que difiere del que ocupa la atención de la Sala, relativo al cumplimiento del requisito mínimo de tiempo que debe acreditar un ciudadano que se inscriba para ser elegido edil.

A su vez, se asegura en el escrito de apelación que si bien al expediente se aportaron unas certificaciones que acreditan al demandado como líder ministerial, ello no se puede considerar como capacitación suficiente para entender que ha ejercido actividad profesional remunerada pues, por el contrario, el señor Cañas Escobar está inscrito en el sistema general a la seguridad social como beneficiario de sus padres.

De igual forma, en los alegatos de conclusión presentados en segunda instancia, se cuestiona el apoderado de la demandante que si Santiago Cañas Escobar trabajó, por qué no se tramitó la autorización pertinente ante la autoridad administrativa competente.

Sobre estos particulares, la Sala estima pertinente señalar que los anteriores argumentos no se expusieron ante el juez de la primera instancia, motivo por el cual, no se hará referencia a los mismos.

Para culminar, es cierto que las certificaciones sobre las actividades ministeriales, sociales y comunitarias fueron suscritas por el padre del demandado, el señor Héctor Julio Buitrago Enciso, representante legal del Concilio de las Asambleas de Dios de Colombia, por la contadora de la iglesia “Palabra de Vida” y por la coordinadora de escuelas de formación y vida de la misma comunidad religiosa, no obstante, de las consideraciones efectuadas a lo largo de esta sentencia, se concluye que ninguna de las pruebas aportadas legal y oportunamente al expediente, logran desvirtuar que Santiago Cañas Escobar ejerció una actividad ministerial en la localidad de Tunjuelito durante los dos años anteriores a su elección como edil, situación que impide declarar la nulidad de su elección.

Para esta Sala, si Santiago Cañas Escobar en su defensa alegó que tiene vínculo con la localidad de Tunjuelito porque ha trabajado por esa comunidad a través de la iglesia de propiedad de sus padres, la única forma de demostrar sus afirmaciones era a través de los documentos expedidos por la comunidad religiosa que así lo certificaran y mediante los testimonios de las personas que realmente lo conocen y han trabajado a su lado en pro de la comunidad.

Conforme con lo anterior, al no haberse acreditado que la elección de Santiago Cañas Escobar, como edil de la localidad de Tunjuelito, vulneró el ordenamiento jurídico, la Sala confirmará la sentencia del 3 de junio del 2016, dictada por la Sección Primera, Subsección “A” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley

FALLA

1. Confírmase la sentencia del 3 de junio del 2016, que dictó la Sección Primera, Subsección “A” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase».

9 El parágrafo del artículo 2º de la Ley 1617 del 2013, dispone:

“ART. 2º—Régimen aplicable. Los distritos son entidades territoriales organizadas de conformidad con lo previsto en la Constitución Política, que se encuentran sujetos a un régimen especial, en virtud del cual sus órganos y autoridades gozan de facultades especiales diferentes a las contempladas dentro del régimen ordinario aplicable a los demás municipios del país, así como del que rige para las otras entidades territoriales establecidas dentro de la estructura político-administrativa del Estado colombiano.
En todo caso las disposiciones de carácter especial prevalecerán sobre las de carácter general que integran el régimen ordinario de los municipios y/o de los otros entes territoriales; pero en aquellos eventos no regulados por las normas especiales, o que no se hubieren remitido expresamente a las disposiciones aplicables a alguno de los otros tipos de entidades territoriales, previstas en la Constitución Política, la ley, ni a las que está sujeto el Distrito Capital de Bogotá, estos se sujetarán a las disposiciones previstas para los municipios.
PAR.—Las disposiciones contenidas en la presente ley, son aplicables a todos los distritos creados y que se creen, a excepción del Distrito Capital de Bogotá”.

10 “ART. 316.—En las votaciones que se realicen para la elección de autoridades locales y para la decisión de asuntos del mismo carácter, solo podrán participar los ciudadanos residentes en el respectivo municipio”.

11 Se destaca que el artículo 183 de la Ley 136 de 1994 fue derogado por el artículo 4º de la Ley 163 de 1994, en el cual se dispone: “Residencia electoral. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 316 de la Constitución Política, la residencia será aquella en donde se encuentre registrado el votante en el censo electoral (…)” (negrita fuera de texto).

12 Sección Quinta del Consejo de Estado, sentencia del 11 de junio del 2009, expediente 2007-00239, C.P. Mauricio Torres Cuervo.

13 Sobre el particular ve[r] sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado, dictada el 30 de octubre del 2008 dentro del expediente 2007-00982-01, C.P. María Nohemí Hernández Pinzón, en la cual en un asunto de similares características, se señaló: “el ciudadano que aspire a ser elegido diputado debe acreditar haber residido durante el año inmediatamente anterior a la fecha de la elección en la respectiva circunscripción electoral, entendida esta en relación con los diputados, el respectivo departamento para el que resulten elegidos. Para establecer los alcances del concepto de residencia contemplado en el inciso 3º del artículo 299 Constitucional, deben tenerse en cuenta dos circunstancias, primero, que no se trata de la residencia electoral que se exige a las personas que van a ejercer su derecho a elegir y a participar en las decisiones en el ámbito local, es decir, a los electores, y segundo, que se trata de una condición exigida a los ciudadanos que aspiren a ser elegidos en un cargo de elección popular de carácter territorial departamental. Conforme al principio hermenéutico del efecto útil de las normas constitucionales, según el cual debe preferirse la interpretación que confiera pleno efecto a los postulados de la Carta Política, resulta claro para la Sala que la referida exigencia constitucional contemplada en el inciso tercero del artículo 299 de la Carta Política, dirigida a los candidatos a las Asambleas Departamentales, de residir en el respectivo departamento, atiende a la necesidad de que las personas que aspiren a ser elegidas como diputados hayan tenido asiento en alguno de los municipios de la entidad territorial en un término razonable” (negrita fuera de texto).

14 “ART. 211.—Imparcialidad del testigo. Cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio de las personas que se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés en relación con las partes o sus apoderados, antecedentes personales u otras causas.
La tacha deberá formularse con expresión de las razones en que se funda. El juez analizará el testimonio en el momento de fallar de acuerdo con las circunstancias de cada caso”

15 “Por la cual se desarrolla el artículo 38 Constitución Política de Colombia en lo referente a los organismos de acción comunal”.

16 “ART. 8º—Organismos de acción comunal:
a) Son organismos de acción comunal de primer grado las juntas de acción comunal y las juntas de vivienda comunitaria. La junta de acción comunal es una organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio, integrada voluntariamente por los residentes de un lugar que aúnan esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral, sostenible y sustentable con fundamento en el ejercicio de la democracia participativa (…)” (negrita fuera de texto).