Sentencia 2015-02489 de marzo 2 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCION “B”

Consejero Ponente:

Dr. Gerardo Arenas Monsalve

Bogotá, D.C., dos (2) de marzo de dos mil dieciséis (2016).

Rad. 25000-23-41-000-2015-02489-01

Actor: X.Y.

Demandados: Nación-Ministerio de Transporte y Bogotá D.C-Secretaría de Movilidad.

Acción de tutela. Fallo de segunda instancia

NOTA: Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes y los terceros sean reemplazados por sus iniciales y los datos por xxx, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia.

Se decide la impugnación interpuesta contra el fallo de primera instancia de 14 de enero de 2016 proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Sección Primera-Subsección “A”), mediante el cual se negó el amparo solicitado por el señor X.Y.(1).

ANTECEDENTES

Solicitud y pretensiones.

El señor X.Y., en ejercicio de la acción de tutela, solicitó que se protegieran los derechos fundamentales a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad humana, que estimó lesionados por el Ministerio de Transporte y la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá (en adelante Secretaría de Movilidad), al negarse a hacer el cambio de género y de número de identificación en su licencia de conducción y en la tarjeta de propiedad de su motocicleta.

En consecuencia, pidió que se ordene a las entidades accionadas realizar los cambios solicitados en los citados documentos.

Hechos y consideraciones.

Expuso que es una persona transgénero, razón por la que en ejercicio de lo dispuesto en el Decreto número 1227 de 2015 (4 de junio)(2), el 4 de junio de 2015 realizó el cambio del componente sexo en su Registro Civil de Nacimiento, con el fin de que se acompasara con su identidad de género.

Consecuencia de lo anterior, el 2 de septiembre de 2015 se expidió un nuevo registro civil de nacimiento número xxx xxxx contentivo de la corrección de genero efectuada; informó que tal registro fue expedido erróneamente, toda vez que en el espacio reservado para el Número Único de Identificación Personal (en adelante NUIP), se relacionó el número de la Cedula de Ciudadanía con la que se venía identificando hasta ese momento, impidiendo que pudiese realizar los trámites tendientes a generar un nuevo documento de identificación, en el que se reflejase su actual identidad de género.

Indicó que la Registraduría Nacional del Estado Civil, mediante Resolución número 10867 de 2015 (25 de septiembre)(3), ordenó la anulación del Registro Civil anteriormente citado.

Bajo el anterior contexto, se produjo el Registro Civil de Nacimiento número 54937627 de 2015 (2 de octubre), en el que se le asignó el NUIP xxx; número con el que le fue expedida una nueva cédula de ciudadanía.

Paralelo a dichos trámites, solicitó ante la oficina del Consorcio Servicios Integrales para la Movilidad (en adelante SIM), el cambio de género y de documento de identidad en su licencia de conducción y en la tarjeta de propiedad de su motocicleta; obteniendo una respuesta negativa, en atención a que en ese momento no contaba con los documentos que acreditasen la corrección de género.

El 21 de noviembre de 2015, formuló nuevamente la petición ante la oficina del SIM ubicada en la calle 161 #19-10, exhibiendo ante tal dependencia una copia de su registro civil de nacimiento y de su cédula de ciudadanía, tal trámite fue identificado con el número xxx.

Posteriormente, el 23 de noviembre de ese año fue contactado por la oficina ante la que se radicó la petición, con el fin de que allegase la Escritura Pública con la que se protocolizó el cambio de género; informándole que una vez allegado tal documento, obtendría una respuesta definitiva.

El 27 de noviembre de 2015, se acercó a la oficina del SIM, con el fin de que le brindaran mayor información sobre la petición formulada, sin que a ese efecto se le informase el estado en el cual se encontraba el trámite y recomendándosele acudir ante las dependencias del Ministerio de Transporte, con el fin de obtener una mayor información.

Contestación de la parte accionada.

Mediante el auto de 9 de diciembre de 2015 se notificó a la parte accionada la admisión de la demanda de tutela (fl. 22).

El Ministerio de Transporte, en escrito que obra a folios 28 a 30 del expediente, manifestó que su competencia no se circunscribe a ingresar, corregir o eliminar datos dentro de las bases de datos correspondientes a las licencias de conducción y tarjetas de propiedad, toda vez que estas funciones corresponden a los organismos territoriales de tránsito, esto es a la Secretaría de Movilidad.

Asimismo, indicó que el organismo encargado de dar respuesta a la petición formulada por el actor es la Secretaría de Movilidad.

Expuso que en caso de dar trámite a la petición elevada, estaría invadiendo la órbita competencial de los organismos de tránsito territoriales.

Concluyó que no hay evidencia de que el actor haya radicado una petición ante sus dependencias.

El Consorcio SIM, en escrito que obra a folios 31 a 36 del expediente, indicó que no está en capacidad técnica ni jurídica de dar trámite a la solicitud del actor.

En este sentido, indicó que el Ministerio de Transporte no ha fijado un mecanismo, con miras a dar trámite a la petición elevada por el actor.

Afirmó que no le es dable atender la petición, puesto que no existe un procedimiento regulado con el fin de dar respuesta a lo pretendido.

Finalmente, indicó que formuló una consulta ante el Ministerio de Transporte con el fin de que se pronuncie sobre el caso.

La Secretaría de Movilidad, en escrito que obra a folios 37 a 39 del expediente, solicitó declarar improcedente la presente acción constitucional.

Indicó que el actor fue atendido oportunamente, sin embargo no está en capacidad técnica ni jurídica de dar trámite a la solicitud del actor.

En este sentido, indicó que el Ministerio de Transporte no ha fijado un mecanismo, con miras a dar trámite a la petición elevada por el actor.

Afirmó que no le es dable atender la petición, puesto que no existe un procedimiento regulado con el fin de dar trámite al requerimiento.

Finalmente, indicó que formuló una consulta ante el Ministerio de Transporte con el fin de que se pronuncie sobre el caso.

PROVIDENCIA IMPUGNADA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”, mediante sentencia de 14 de enero de 2016, negó la solicitud de amparo de los derechos a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad humana.

Indicó que la corrección en el número de la cedula de ciudadanía pretendida por el actor supone la iniciación de un nuevo trámite administrativo; en atención a que se trata de una persona diferente con un género y número de identificación diferentes a los que tenía en un primer momento.

De igual manera, advirtió que no procedía la corrección del número de documento de identidad y del componente género en la licencia de conducción y en la tarjeta de propiedad de la motocicleta solicitado por el actor, toda vez que al momento de expedir tales documentos, dicha información correspondía a la realidad.

Aseveró que el actor debe iniciar un nuevo trámite administrativo, registrándose ante el Registro Único Nacional de Tránsito (en adelante RUNT).

Finalmente, afirmó que la negativa a dar trámite al requerimiento del accionante se dio, en atención a que dicho procedimiento no tiene una regulación específica y no en razón a su identidad de género.

La impugnación.

El actor impugna la decisión de primera instancia reiterando los argumentos expuestos en el escrito de tutela.

Adicionalmente, indicó que el fallo cuestionado desconoce la realidad por la que atraviesa la población transgénero, toda vez que ha sido una población históricamente discriminada, razón por la que son sujetos de especial protección constitucional.

Concluyó que la decisión tomada por el a-quo no es consecuente con la política gubernamental en materia de derechos de la población LGBTI.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia.

La Sala es competente para conocer la impugnación interpuesta contra el fallo de primera instancia en virtud de lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, el cual reglamenta la acción de tutela.

Generalidades de la acción de tutela.

Según lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona cuenta con la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando quiera que sean violados o amenazados por la acción o la omisión de las autoridades, o de particulares en los casos que señala la ley, y procede sólo cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de defensa, salvo que la utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Esta acción tiene dos particularidades esenciales a saber: la subsidiariedad y la inmediatez; la primera, por cuanto sólo resulta procedente cuando el perjudicado no disponga de otro medio de defensa judicial, a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable, y la segunda, porque se trata de un instrumento jurídico de protección inmediata que es viable cuando se hace preciso administrar la guarda efectiva, concreta y actual del derecho fundamental sujeto a vulneración o amenaza.

En este sentido, la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha señalado que son elementos esenciales de esta acción constitucional su carácter subsidiario y excepcional, lo que implica que ésta sólo pueda ser ejercida frente a la violación de un derecho fundamental cuando no se disponga de otro mecanismo de defensa judicial o, en el evento en que aun existiendo otro medio de protección ordinario, sea necesario decretar el amparo en forma transitoria para evitar que se produzca un perjuicio irremediable, el cual debe estar debidamente acreditado en el proceso respectivo.

En desarrollo del artículo 86 superior, el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 establece como causal de improcedencia del amparo la existencia de otros recursos judiciales, salvo que éste se invoque como mecanismo transitorio, o que el medio ordinario no sea eficaz para proteger el derecho fundamental. 

Sin embargo, la Corte ha señalado que la existencia de otros medios de defensa judicial, no es por sí misma razón suficiente para dar lugar a la declaratoria de improcedencia del amparo constitucional, ya que es necesario entrar a considerar (i) si dicho mecanismo es eficaz para restablecer el derecho y (ii) la necesidad de proteger el mismo de manera transitoria para evitar un perjuicio irremediable(4).

Análisis del caso en concreto.

En primer término, destaca la Sala que a pesar de que la accionante afirma haber elevado petición ante las autoridades accionadas, no allegó copia de tal escrito ni demostró haberlo radicado. No obstante lo anterior, como dentro del expediente(5) obra el oficio sin número ni fecha, con el que el consorcio SIM pretende dar respuesta al actor, se dará por sentado que el actor radicó dicha petición. A este efecto, se lee:

“En base (sic) a su solicitud para la cédula de ciudadanía xxx xxx X.Y., se informa que dentro de los procedimientos y autorizaciones establecidos y avalados por el Ministerio de Transporte según Resolución 12379, hasta la fecha no existe el que corresponde a cambio de documento de cédula de ciudadanía (...)”. 

Aunado a lo anterior, se tiene que la Secretaría de Movilidad y el Consorcio SIM en sus respectivos escritos de contestación de la acción constitucional hacen referencia a la existencia de la petición formulada por el actor, razones suficientes para que la

Sala encuentre probada la existencia de tal solicitud.

En ese orden de ideas, la Sala considera procedente la acción de tutela ante la inexistencia de otro mecanismo ordinario de defensa judicial para hacer valer la pretensión que en ella se formula, que consiste en corregir el número de cédula y sexo en la licencia de conducción y tarjeta de propiedad de un vehículo de una persona transgénero.

La Sala destaca que la protección del derecho a la identidad sexual ha presentado una evolución en la jurisprudencia constitucional desde los pronunciamientos iniciales en los que se determinó la necesidad de la intervención judicial para la autorización del cambio de género, hasta la posición actual que asume la identidad sexual como “un proceso de adscripción que cada persona tiene derecho a realizar de manera autónoma, respecto de la cual el papel del Estado y de la sociedad consiste en reconocer y respetar dicha adscripción identitaria, sin que la intervención de las autoridades estatales tenga carácter constitutiva de la misma”(6).

En la Sentencia T-504 de 1994 (M.P. Alejando Martínez Caballero), la Corte Constitucional consideró que la corrección del sexo inscrito en el registro civil y documentos de identidad requería de la intervención del Juez de Familia; así lo determinó al analizar el caso de una persona registrada desde su nacimiento con el sexo masculino, pero posteriormente sometida a una cirugía de reafirmación de sexo, que solicitó ante la Registraduría Nacional del Estado Civil la corrección de su sexo inscrito en la cédula de ciudadanía, y dicha entidad le negó su petición aduciendo que requería un pronunciamiento previo por parte del juez de familia en un proceso de jurisdicción voluntaria. Al resolver la controversia, la Corte señaló que una modificación del sexo en el registro civil debía ordenarse por vía judicial porque implicaba una alteración en el estado civil de las personas, que solo se encontraba en la capacidad de realizar un juez a partir de una valoración probatoria que demostrara el cambio fisiológico y/o psicológico del interesado, de esta manera concluyó que la acción de tutela no era el mecanismo idóneo para ordenar la modificación del registro solicitado.

Luego, en Sentencia T-918 de 2012 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio) al estudiar el caso de una persona transgénero que reclamaba ante la Registraduría Nacional del Estado Civil la corrección del sexo biológico inscrito en sus documentos de identidad como consecuencia de un proceso de reafirmación sexual al que se había sometido, la Corte afirmó la posibilidad de modificar el sexo inscrito en el registro civil por medio de la acción de tutela cuando las circunstancias específicas de la persona comprometieran su derecho fundamental a la identidad y sin necesidad de acudir al proceso de jurisdicción voluntaria. Señaló en aquella oportunidad lo siguiente:

“Aunque, como se mencionó, en principio el cambio de sexo en el registro civil requiere adelantar un proceso ante la jurisdicción ordinaria, en este caso particular la Sala advierte que en el caso bajo estudio este no resulta idóneo y eficaz debido a que, como se evidencia en el expediente, Loreta ha recorrido un largo camino con el fin de lograr vivir con la identidad que le es propia. Precisamente, ha recibido una terapia hormonal desde hace más de 3 años y ha solicitado a la E.P.S. a la que está afiliada la práctica de la cirugía de reasignación de sexo en varias ocasiones. Además, la prolongada reclamación ante la empresa demandada se ve agravada por la imposibilidad de acceder a un empleo digno por la falta de coherencia entre sus documentos y su apariencia.

Por ello, esta corporación, en tanto que garante de los derechos fundamentales, considera que este tipo de mecanismos judiciales pueden constituir barreras en el goce efectivo de los derechos de las personas, puesto que si la identidad sexual es inherente a la autodeterminación y al libre desarrollo de la persona, en ejercicio de esos mismos preceptos el individuo puede solicitar al juez de tutela que realice el cambio de este atributo de su estado civil, siempre que cuente con las pruebas médicas o psicológicas que sustenten su petición.

La Sala advierte que solo existirá plena correspondencia entre su documentación y su aspecto si se ordena la expedición de un nuevo registro, así como con la protección de esa información respecto de terceros, quedando reservada la información anterior que constará en anotación en el acta original. Se aclara que lo anterior no conlleva que su historia pasada se borre o desaparezca, por lo que todos aquellos actos que ella realizó con su identidad anterior, seguirán produciendo efectos jurídicos”.

En la Sentencia T-231 de 2013 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez), el Tribunal Constitucional expresó la necesidad de acudir a un proceso judicial cuando se pretendía el cambio de sexo en el registro civil en los casos en que dicha modificación implicara una variación de las condiciones de existencia y aclaró que cuando el sexo no había tenido variación desde el nacimiento de quien fue inscrito y se había incurrido en un error al registrar un sexo ajeno a una realidad, dependiendo de los medios probatorios se podía solicitar al funcionario competente la corrección del registro o elevar una escritura pública para corregir dicho error, pues no se trataba de un cambio en la materialidad del estado civil, sino de la correspondencia del registro con la realidad de siempre. En dicha providencia, la Corte amparó el derecho fundamental al reconocimiento de la personalidad jurídica y le ordenó a las notarías accionadas efectuar por medio de escritura pública la corrección pretendida. En ese orden, precisó la Corte que:

“(...) frente a un error en la inscripción del sexo en el registro civil de nacimiento, que no pueda considerarse como un error mecanográfico y que no constituya una alteración de las condiciones reales de existencia, la respectiva corrección se puede hacer por medio de escritura pública ante el funcionario encargado del registro, allegando la respectiva prueba médica que dé cuenta de su sexo y de la no variación del mismo, la cual ha de ser valorada por el respectivo funcionario.

Ahora bien, como en este caso la prueba médica que evidencia la no alteración de las condiciones reales de existencia de los accionantes, obra en este expediente de tutela y por ende es la base de la orden dada a las autoridades accionadas, no se requerirá a los demandantes para que las mismas sean allegadas ante las respectivas notarías”.

En tal pronunciamiento, la Corte expuso que la correspondencia entre los datos del registro civil y las “condiciones reales de existencia de una persona” como lo son su identidad sexual y de género, son merecedoras de protección constitucional a través del amparo del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, por lo que reconoció el derecho fundamental que le asiste a toda persona a que el sexo consignado en el registro civil coincida con la identidad sexual y de género asumida por esta.

Del mismo modo, la Corte consideró que se vulneran los derechos fundamentales de las personas transgénero cuando se establecen obstáculos innecesarios para lograr la corrección del sexo en el registro civil a fin de que coincida con su identidad vivida, y ha señalado que procede directamente dicha modificación, sin acudir a un proceso de jurisdicción voluntaria, siempre que se cuente con las pruebas médicas o sicológicas que sustenten la petición.

La posición anterior fue recientemente reiterada en la Sentencia T-063 de 2015 (M.P. María Victoria Calle Correa) en donde la Corte Constitucional analizó el caso de una persona transgénero a la que la Registraduría Nacional del Estado Civil y una Notaría le negaron la modificación del sexo inscrito en su registro civil de nacimiento y demás documentos de identidad al exigirle acudir a un proceso de jurisdicción voluntaria, aduciendo la necesidad de verificarse y comprobarse el hecho que alteró su estado civil.

En dicha oportunidad, la Corte reiteró que “la obligación de acudir a la jurisdicción voluntaria para cambiar el sexo en el registro civil puede erigirse en un obstáculo adicional a los que ya enfrentan las personas transgénero para lograr ser reconocidas y aceptadas como tales por el resto de la sociedad”, en ese sentido, concluyó que la exigencia de la autorización judicial, si bien tenía un fin constitucional legítimo cual es brindar seguridad y certeza a los cambios que se realicen en el registro civil, y es idónea para alcanzarlo, no resultaba necesaria, al existir en el ordenamiento jurídico otras vías para satisfacer dichas finalidades, como lo es la modificación por vía notarial mediante escritura pública de acuerdo con lo establecido en los artículos 91 y 95 del Decreto 1260 de 1970, el artículo 4 del Decreto 999 de 1988, y el artículo 617 numeral 9º del Código General del Proceso, que fija en los notarios la competencia a prevención para corregir errores en los registros civiles, reservando la vía judicial para aquellos casos en que existan controversias u oposiciones.

Bajo tales planteamientos, la Corte consideró que la obligación de acudir al procedimiento de jurisdicción voluntaria para realizar la corrección del sexo inscrito en el registro civil, “es una medida innecesaria y gravosa” para los derechos fundamentales de las personas transgénero, en contraste, la corrección por vía notarial es erigida como un “medio menos lesivo en términos de afectación a derechos fundamentales” que permite lograr con el mismo grado de idoneidad las finalidades que se pretenden asegurar a través del procedimiento de jurisdicción voluntaria, razón por la cual, la Corte Constitucional concedió el amparo invocado y ordenó a la Notaría tutelada corregir, por medio de escritura pública, el sexo, de masculino a femenino, que consta en el registro civil de nacimiento de la accionante y a la Registraduría Nacional del Estado Civil, proceder a la modificación del registro, con el fin de favorecer el reconocimiento legal de la nueva identidad sexual de la actora.

Con ocasión de la sentencia precedente, se expidió el Decreto número 1227 de 2015 (4 de junio)(7), en el que se establece el trámite con el que los ciudadanos transgénero pueden realizar el cambio de género en una Notaría a través de una escritura pública.

El anterior panorama constitucional y legal permiten a la Sala deducir las siguientes reglas de protección del derecho a la identidad sexual de las personas:

1) El derecho de toda persona a que el sexo consignado en el registro civil coincida con la identidad sexual y de género efectivamente asumida y vivida por esta.

2) La prohibición de establecer obstáculos innecesarios para lograr la corrección del sexo en el registro civil y demás documentos con los que la persona pueda realizarse y llevar una vida plena acorde con su identidad de género.

3) La corrección del sexo en el registro civil sin acudir a un proceso de jurisdicción voluntaria, siempre que se cuente con las pruebas médicas o sicológicas que sustenten la petición.

4) La obligación de acudir al procedimiento de jurisdicción voluntaria para realizar la corrección del sexo inscrito en el registro civil, “es una medida innecesaria y gravosa” para los derechos fundamentales de las personas transgénero.

Bajo el contexto anterior, se tiene que si bien la jurisprudencia y las normas existentes se ocupan únicamente de la consolidación de la identidad legal de las personas que se -someten a cambio de género, lo cierto es que de ello se puede deducir que hay un mandato general a la administración pública de no entorpecer los trámites de las personas transgénero, con miras a que estas puedan lograr un pleno ejercicio de sus derechos en consonancia con su identidad de género.

En este sentido, la Sala considera que las autoridades se encuentran en la obligación de facilitar los trámites y actuaciones necesarios para garantizar el ejercicio de los derechos de las personas transgénero, quienes no deben ser sometidas a restricciones legales que les impidan el goce efectivo de sus derechos derivados de la identidad asumida.

En el caso concreto se tiene que el accionante tramitó el cambio de sexo en el registro civil de nacimiento y la cédula de ciudadanía, siendo asignado por la Registraduría Nacional del Estado Civil el NUIP xxx; número con el que le fue expedida un nuevo documento de identidad.

Una vez cumplido lo anterior, el demandante solicitó ante la oficina del Consorcio SIM y la Secretaría de Movilidad, el cambio de género y de documento de identidad en su licencia de conducción y en la tarjeta de propiedad de su motocicleta; obteniendo una respuesta negativa.

Se observa que la competencia para alimentar y depurar las bases de datos del sistema RUNT, base de datos contentiva de toda la información del transporte nacional administrado por el Ministerio de Transporte, recae en los organismos de tránsito territoriales.

Efectivamente, mediante Ley 1005 de 2006 (19 de enero)(8) se estableció la obligación en cabeza de los organismos de tránsito territoriales de reportar la información que posean al sistema RUNT. De igual manera, a los organismos de tránsito territoriales les corresponde alimentar, depurar y corregir lo concerniente a los registros de los automotores (carros y motos), lo que incluye los datos de su propietario.

En atención a dichas obligaciones, la Sala observa que la Secretaría de Movilidad Distrital de Bogotá, es la entidad encargada para dar trámite a la solicitud del actor; y en tal calidad, se sustrajo de su obligación de reportar la corrección del número de documento de identidad y el género del accionante ante el RUNT, y si bien dentro del escrito de contestación de la presente acción constitucional afirma haber elevado una consulta ante el Ministerio de Transporte con el fin de solicitar información sobre el particular, lo cierto es que no se encuentra dentro del expediente documento alguno que pruebe siquiera sumariamente dicha afirmación.

En el caso concreto, las autoridades accionadas se opusieron a las pretensiones de la demanda argumentando la ausencia de regulación y la inexistencia de un trámite para adelantar la modificación pretendida.

A juicio de esta Sala, la respuesta emitida por la Secretaría de Movilidad y el Consorcio SIM implica una restricción injustificada para el ejercicio de los derechos del accionante, quien ya surtió los procedimientos administrativos pertinentes ante la Registraduría Nacional del Estado Civil para la modificación del documento de identidad.

Así las cosas, la decisión de las autoridades accionadas impone al actor obstáculos adicionales en el ejercicio de sus garantías fundamentales, pues la ausencia de un trámite administrativo específico para la modificación del documento de identidad en casos como el que ahora se debate no es óbice para negar a una persona el derecho de que los documentos relacionados en la solicitud de amparo se ajusten a su identidad de género.

Resulta evidente entonces que la decisión de las autoridades accionadas desconoce los derechos fundamentales invocados por el actor, en la medida en que privan al actor de mecanismos administrativos para modificar documentos personales que actualmente no se corresponden con su número de identificación ni con su identidad sexual.

En efecto, una vez que el demandante presentó la cédula de ciudadanía expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil el día 2 de octubre de 2015, las autoridades accionadas estaban en la obligación de garantizar que la información de la licencia de conducción y de la tarjeta de propiedad pudieran ser modificadas, sin que pudiera excusarse en la presunta inexistencia de un trámite específico para el efecto.

La Sala advierte que de ninguna manera puede ser el actor obligado a realizar nuevamente trámites administrativos con miras a lograr la expedición documentos que actualmente ya existen, en razón a que para haber solicitado el cambio de documento y de género en la licencia de conducción y la tarjeta de propiedad de su motocicleta, previamente tuvo que haber demostrado su identidad mediante un trámite notarial.

Consecuencia de lo anterior, se tiene que el hecho de obligar al actor a realizar nuevamente el trámite necesario con el fin de obtener nuevamente su licencia de conducción y la tarjeta de propiedad de su motocicleta, implica un desconocimiento del precedente constitucional citado que redunda en la imposición de una carga que no está obligado a soportar.

Por otra parte, la Sala estima que los requisitos exigidos por la ley para la expedición de una licencia de conducción son objetivos, por lo que no pueden ir atados a una identidad de género determinada; de tal suerte que no son de recibo los argumentos expuestos por el fallador de primera instancia, quien consideró que el accionante era una persona distinta y por tanto debía realizar el proceso de expedición de los documentos nuevamente.

Aunado a lo anterior, para la Sala es claro que el anterior argumento es aplicable a la negativa de cambiar los datos en la tarjeta de propiedad de la motocicleta del actor, puesto que la propiedad como derecho es inherente a la persona, y no a la identidad de género que esta posea.

Por las anteriores consideraciones se hace imperativo revocar el fallo recurrido y en su lugar, amparar los derechos fundamentales a la igualdad, de petición y de libre desarrollo de la personalidad del accionante.

En consecuencia se ordenará a la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá y al Consorcio SIM que en el término de dos días a partir de la notificación del presente fallo, adelanten las gestiones tendientes a efectuar el cambio de género y número de documento de identidad del señor X.Y. en su licencia de conducción y en la tarjeta de propiedad de su vehículo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. REVÓCASE la sentencia de 14 de enero de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Sección Primera-Subsección “A”) que negó al amparo solicitado por el actor, en consecuencia, AMPARANSE los derechos fundamentales a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y petición del accionante.

2. ORDÉNASE a la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá y al Consorcio SIM, en el marco de sus competencias, que en el término de dos días a partir de la notificación del presente fallo, adelanten las gestiones tendientes a efectuar el cambio de género y número de documento de identidad del señor X.Y. en su licencia de conducción y en la tarjeta de propiedad de su vehículo.

REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

ENVÍESE copia de esta providencia al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Discutida y aprobada en sesión de la fecha.

Consejeros: Gerardo Arenas Monsalve—Sandra Lisset Ibarra Velez—Carmelo Perdomo Cueter.

1 En esta decisión no se hace referencia al nombre del actor como medida para garantizar su identidad y su honra, reemplazándolo por las letras X.Y. y eludiendo la mención de otros datos que podrían conducir a su identificación.

2 “Por el cual se adiciona una sección al Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, relacionada con el trámite para corregir el componente sexo en el Registro del Estado Civil”.

3 “Por la cual se ordena la anulación de un registro civil de nacimiento” visible a folios 12 a 14 del expediente.

4 Sentencia T-467/2006, M.P. Manuel José Cepeda.

5 Fl. 15.

6 Corte Constitucional, Sentencia C-063/2015.

7 “Por el cual se adiciona una sección al Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, relacionada con el trámite para corregir el componente sexo en el Registro del Estado Civil”.

8 Por la cual se adiciona y modifica el Código Nacional de Tránsito Terrestre, Ley 769 de 2002.