Sentencia 2015-02509 de abril 21 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Radicación: 11001-03-15-000-2015-02509-01(AC)

Consejera Ponente:

Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

Actor: Consorcio Luis Héctor Solarte Solarte y Carlos Alberto Solarte Solarte.

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Cuarta - Subsección A.

Bogotá, D.C., veintiuno de abril de dos mil dieciséis.

Decide la Sala la impugnación(1) presentada por la apoderada del CONSORCIO LUIS HÉCTOR SOLARTE SOLARTE Y CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE (en adelante CONSORCIO SOLARTE), contra el fallo de 4 de febrero de 2016 proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por medio del cual denegó el amparo invocado con la tutela.

I. Antecedentes

1. La petición de amparo.

El CONSORCIO SOLARTE, a través de apoderada judicial(2), presentó acción de tutela, el 10 de septiembre de 2015(3), en la que solicitó el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administración de justicia, que consideró vulnerados con la providencia judicial proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Cuarta - Subsección “A”, por la presunta indebida notificación de la sentencia de primera instancia, por medio de la cual negó las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado 25000-23-37-000-2013-00658-00, promovido por el CONSORCIO SOLARTE contra el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

1.2. Hechos de la acción.

La Sala resume los hechos relevantes de la tutela de la siguiente manera(4):

a) La tutelante presentó medio de control de nulidad y restablecimiento y del derecho contra los actos administrativo por medio de los cuales el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (en adelante el Ministerio), liquidó una contribución parafiscal a cargo del CONSORCIO SOLARTE.

b) El Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Cuarta - Subsección “A” conoció en primera instancia el proceso bajo el radicado 25000-23-37-000-2013-00658-00, quien con sentencia del 22 de enero de 2015(5), negó las súplicas de la demanda.

c) La decisión se notificó por estado del 30 de enero de 2015. El apoderado del CONSORCIO SOLARTE presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia el 19 de febrero de 2015(6), alegando la irregularidad de la notificación.

d) El Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Cuarta - Subsección “A”, mediante auto del 7 de mayo de 2015(7), ante la falta de notificación de conformidad con el artículo 203 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenó notificar a las partes que solicitaron y suministraron correo electrónico para tal fin. Contra este auto el CONSORCIO SOLARTE interpuso recurso de reposición(8), bajo el argumento que dentro de las pruebas del proceso existía su correo electrónico, en el cual debió ser notificado.

d(sic)) La autoridad judicial cuestionada, mediante auto del 27 de agosto de 2015, resolvió no reponer el anterior, pues de conformidad con el numeral 7º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, concluyó que “si la parte demandante desea que las notificaciones judiciales se realicen vía correo electrónico debe indicar expresamente en la demanda un buzón para tal fin, sin que ahora pueda pretender el apoderado de dicha manifestación se infiera de la información que está contenida en un membrete inferior de una página de un documento aportado como prueba al proceso”(9). Finalmente, dispuso que una vez se cumpla con lo ordenado en el auto recurrido, se regrese el proceso al Despacho para proveer sobre el recurso de apelación de la parte demandante contra la sentencia del 22 de enero de 2015.

1.3. Fundamentos de la acción.

El CONSORCIO SOLARTE planteó la siguiente causal especial de procedibilidad de la tutela cuando se dirige contra una providencia judicial:

1.3.1. Defecto material o sustantivo.

El tutelante manifestó que el yerro del Tribunal “se sustenta en la lectura parcial e incompleta que del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo realiz{ó} el despacho, toda vez que se escuda en una lectura segada del artículo 162 del mencionado código en lo referente al escrito de la Demanda {sic}, sin embargo, decid {sic} omitir en un todo las regulaciones contenidas en el artículo 203 del mencionado Código, en el cual de manera tajante y sin que existan excepciones ni potestades diferentes al cumplimiento de la rigurosidad procesal, ordena a los Jueces {sic} realizar la notificación de la Sentencia {sic} mediante correo electrónico”.

Expresó que “para cumplir con el mandato del inciso segundo de artículo 203, basta con verificar la existencia de la dirección electrónica que aparece señalada en el parte inferior del oficio acreditado como prueba - folio 20 de la demanda, organización@css-contructores.com”.

1.4. Pretensión constitucional.

Como pretensión de la acción de tutela solicitó que:

“se tutelen los derechos fundamentales del consorcio CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE y LUIS HÉCTOR SOLARTE SOLARTE, y de quien suscribe esta Demanda {sic}, al debido proceso, defensa y acceso a la justicia, ordenando a la Magistrada PATRICIA AFANADOR ARMENTA del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN CUARTA SUBSECCIÓN A, revocar las decisiones tomadas mediante autos de fechas 7 de mayo de 2015 y Auto {sic} de fecha 27 de agosto de 2015, y en su lugar SE ORDENE realizar la notificación a la parte Demandante {sic} de la sentencia de 22 de enero de 2015, lo anterior con el fin de salvaguardar el derecho al debido proceso y subsanar la violaciones al mismo que a la fecha se evidencian”(10).

2. Trámite de instancia de la tutela.

La Sección Cuarta del Consejo de Estado admitió la tutela mediante auto del 16 de septiembre de 2015, ordenó notificar como demandado al Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Cuarta - Subsección “A” y por tener interés en el resultado de la tutela dispuso vincular al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo(11).

Remitidas las comunicaciones del caso(12), se dieron las siguientes intervenciones:

2.1. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

El Ministerio intervino a través de apoderado judicial. Se opuso a todas y cada una de las pretensiones elevadas “por ser absolutamente improcedentes y extemporáneas, no puede pretender el actor que se orde(sic) que nuevamente se le notifique la sentencia, para poder revivir unos términos procesales que el mismo dejo {sic} vencer… máxime cuando no se evidencia violación alguna al debido proceso y que la parte actora dentro del proceso que cursa en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca como parte demandante, ha hecho uso de todos los medios de defensa propios del trámite procesal y si presentó de manera extemporánea el recurso de apelación”(13).

2.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Cuarta - Subsección “A”.

La autoridad judicial cuestionada, al contestar la tutela solicitó “se rechace la presente acción constitucional o en su defecto se niegue el amparo solicitado por no existir la vulneración de derecho fundamental alguno”.

Para soportar lo anterior, indicó que el artículo 203 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo estableció para quienes no deba o pueda notificarse vía electrónica, “se les notificará por medio de edicto en la forma prevista en el artículo 323 del Código de Procedimiento Civil”.

Norma que fue derogada por el artículo 626 del Código General del Proceso (en adelante CGP), vacío que se debe llenar como lo regula este Código Procesal en su artículo 295 que establece que las sentencias se notificaran por estado (transcribió la norma).

Como consecuencia de lo anterior, indicó la autoridad cuestionada que “la notificación residual {se da} cuando la parte interesada en el escrito de demanda y acápite de notificaciones no indica dirección electrónica, esta deberá ser notificada por estado, por cuanto {con} la expedición del Código General del Proceso, la notificación por edicto desapareció”.

En el presente caso el apoderado del CONSORCIO SOLARTE no estableció un correo electrónico en el acápite de notificación de la demanda, razón por la cual se procedió a notificar la sentencia del 22 de enero de 2015 por estado(14).

3. Fallo de primera instancia.

La Sección Cuarta del Consejo de Estado denegó el amparo solicitado, mediante sentencia del 4 de febrero de 2016, pues al estudiar las pruebas allegadas concluyó que no existió la vulneración alegada. Indicó:

“Como se ve, el tribunal demandado concluyó que la notificación electrónica no era procedente, pues en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el consorcio no identificó correo electrónico de notificaciones, tal y como lo exige el artículo 162 de la Ley 1437 de 2011.

Para la Sala, esa conclusión no es caprichosa o carente de fundamento, sino que obedece a la interpretación razonada del artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, que señala que en la demanda debe identificarse la dirección de correo electrónico para notificaciones”(15).

4. Impugnación.

Manifestó el recurrente que una vez “estudiado el contenido de la Sentencia de Primera Instancia {sic} emitida por la Sección Cuarta del Honorable Consejo de Estado, encontramos una discrepancia respecto del aparente actuar ajustado a derecho del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca frente a la omisión de la notificación electrónica de la sentencia”, trajo a colación los argumentos de la tutela y solicitó revocar la anterior decisión para que, en su lugar, se amparen los derechos al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administración de justicia(16).

II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la impugnación presentada de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991(17), el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015(18) y por el artículo 2º del Acuerdo 55 de 2003(19) de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. Asunto bajo análisis.

De conformidad con el fallo de primera instancia y la impugnación presentada, corresponde a la Sala determinar:

i. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; superado lo anterior;

ii. Se debe establecer si el fallo de tutela de primera instancia se debe confirmar, modificar o revocar, luego de analizar sí la Subsección “A” - Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, afectó los derechos fundamentales indicados por el CONSORCIO SOLARTE, por la presunta indebida notificación de la sentencia de primera instancia, proferida dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de marras.

3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012(20), unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales(21), y en ella concluyó:

“si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (exp. AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente”. Negrilla fuera de texto.

Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “fijados hasta el momento jurisprudencialmente”. En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia(22) a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo —procedencia sustantiva— y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto —procedencia adjetiva.

En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado; y iii) inmediatez.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.

4. Examen de los requisitos: Procedencia adjetiva.

Frente este punto la Sala ha establecido que cuando el a quo de la tutela ha estudiado el fondo del asunto, es porque realizó el debido análisis de los requisitos de procedibilidad y si los mismos no fueron objeto de impugnación esta Sección entiende que aquéllos se dieron por superados, por lo que en esta instancia no se abordará su estudio(23).

5. Fondo del asunto.

Procede la Sala establecer si la Subsección “A” - Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, afectó los derechos fundamentales indicados por el CONSORCIO SOLARTE, por la presunta indebida notificación de la sentencia de primera instancia, proferida dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de marras, con lo que se configuraría el defecto sustantivo alegado.

5.1. Jurisprudencia del defecto alegado.

La Corte Constitucional en la Sentencia de Unificación SU-242 del 30 de abril de 2015, sobre la caracterización del defecto sustantivo, indicó:

“8. Este defecto ha sido decantado extensamente por esta Corporación, claramente explicado en la Sentencia SU-195 de 2012. En sentido amplio se está en presencia del vicio cuando la autoridad judicial emplea una norma inaplicable al caso concreto, deja de aplicar la norma adecuada, o interpreta las normas de tal manera que contraría la razonabilidad jurídica(24).

En estricto sentido, lo configuran los siguientes supuestos:

a. El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso concreto, por impertinente(25) o porque ha sido derogada(26), es inexistente(27), inexequible(28) o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador(29).

b. No se hace una interpretación razonable de la norma(30).

c. Cuando se aparta del alcance de la norma definido en sentencias con efectos erga omnes(31).

d. La disposición aplicada es regresiva(32) o contraria a la Constitución(33).

e. El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos en la disposición(34).

f. La Decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma(35).

g. Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.

Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado anteriormente”(36).

Se alegó el defecto sustantivo, pues en consideración de la tutelante la autoridad judicial no “hace una interpretación razonable de la norma”, toda vez que, la causa de la presente acción constitucional radicó en el hecho de la indebida notificación de la sentencia de primera instancia, por medio de la cual, la Subsección “A” - Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el CONSORCIO SOLARTE contra el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; lo que, también, podría configurar lo que la jurisprudencia ha establecido como defecto procedimental, el cual se presenta, según la providencia citada de la Corte Constitucional, cuando “el juez actuó totalmente al margen del procedimiento previsto por la ley”(37), en este caso la forma de notificación de la decisión de primera instancia en el proceso ordinario.

5.2. Caso concreto.

La Sala para poder determinar si el defecto alegado en la tutela debe prosperar, procede a revisar las normas que regulan la notificación por correo electrónico en el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo y se irá relacionando con el caso concreto.

Es así como el artículo 197 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece quiénes están en la obligación legal de tener un correo electrónico con la única finalidad de recibir notificaciones judiciales, al disponer que “Las entidades públicas de todos los niveles, las privadas que cumplan funciones públicas y el Ministerio Público que actúe ante esta jurisdicción, deben tener un buzón de correo electrónico exclusivamente para recibir notificaciones”. Y el inciso segundo de esta norma fijó que las notificaciones que se realicen en ese buzón se entenderán como personales.

Para la Sala, la anterior norma es clara en el sentido de ordenar que en la jurisdicción contenciosa administrativa solo el Ministerio Público, entidades públicas y las privadas que cumplan funciones públicas deben tener un correo electrónico para los fines allí indicados.

De lo anterior se concluye que en el caso concreto el CONSORCIO SOLARTE no tenía la obligación legal de tener un buzón o correo electrónico para notificaciones judiciales.

Por otra parte, el artículo 205 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, regula la notificación por medios electrónicos para aquéllos que no están obligados, de conformidad con el artículo 197, a tener un buzón para tal fin, al establecer que además “de los casos contemplados en los artículos anteriores, se podrán notificar las providencias a través de medios electrónicos, a quien haya aceptado expresamente este medio de notificación”(38); disposición que se debe estudiar en concordancia con el artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que al fijar los requisitos y contenido de la demanda, estableció en el numeral 7º que el demandante debe fijar en ella el “lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las notificaciones personales. Para tal efecto, podrán indicar también su dirección electrónica”(39).

Para este juez constitucional, las anteriores normas son claras y no generan duda alguna, que en aquellos casos en que las personas naturales o jurídicas que no están obligadas a tener un buzón electrónico para notificaciones judiciales y deseen ser notificadas de tal forma deben indicarlo de forma expresa, para lo cual suministraran el correo electrónico donde la autoridad judicial remitirá la notificaciones del caso.

Ahora, revisado el proceso ordinario allegado en calidad de préstamo, a folio 8 del escrito de demanda, en el capítulo “VIII. NOTIFICACIONES”, el actor estableció “Al Consorcio por mi representada, en la Autopista Norte Km. 21 Interior Olímpica, en el municipio de Chía - Cundinamarca. Tel. 6671030. Fax. 6760189”(40).

Revisado el contenido del CD visible a folio 31, donde el actor aportó información digital para subsanar la demanda que fue inadmitida con auto del 10 de julio de 2013, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Cuarta - Subsección “A”, al indicarle que “en cuanto al “CD” aportado por el demandante para efectos de la Notificación Personal por Correo Electrónico”(41), no aportó toda la información presentada con la demanda escaneada y dejó la misma información de notificación:

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Revisada toda la foliatura del proceso ordinario, el apoderado del CONSORCIO SOLARTE en ningún momento allegó memorial solicitando e indicando el correo electrónico para los fines del artículo 205 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es decir, para la notificación por medios electrónicos.

La notificación de la sentencia en la jurisdicción contenciosa administrativa se regula por el artículo 203 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que establece:

“Las sentencias se notificarán, dentro de los tres (3) días siguientes a su fecha, mediante envío de su texto a través de mensaje al buzón electrónico para notificaciones judiciales. En este caso, al expediente se anexará la constancia de recibo generada por el sistema de información, y se entenderá surtida la notificación en tal fecha.

A quienes no se les deba o pueda notificar por vía electrónica, se les notificará por medio de edicto en la forma prevista en el artículo 323 del Código de Procedimiento Civil.

Una vez en firme la sentencia, se comunicará al obligado, haciéndole entrega de copia íntegra de la misma, para su ejecución y cumplimiento”(42).

Para este juez constitucional, en el presente caso, como la tutelante no es una de las entidades que está obligada tener buzón para notificaciones judiciales y en el proceso judicial no manifestó ni indicó un correo electrónico para ser notificado por ese medio, es claro que la notificación de la sentencia del primera instancia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Cuarta - Subsección “A”, el 22 de enero de 2015(43), se debía regir por el inciso segundo del artículo 203 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En vista de lo anterior, en el caso concreto, la notificación se surtió por estado(44) el 30 de enero de 2015, como se observa en el sello visible a folio 141 vuelto del cuaderno principal del expediente del proceso ordinario allegado en calidad de préstamo.

En ese orden de ideas, el yerro alegado no se configuró, pues le asistió razón a la autoridad judicial acusada, cuando expresó(45):

“si la parte demandante deseaba que las notificaciones judiciales se realicen vía electrónica debe indicar expresamente en la demanda un buzón para tal fin, sin que ahora pueda pretender el apoderado que dicha manifestación se infiera de la información que está contenida en un membrete inferior de una página de un documento aportado como prueba al proceso, sin que ni siquiera se haya remitido a esa información en el acápite correspondiente de la demanda”.

6. Conclusiones.

Por todo lo anterior, la Sala comparte la decisión adoptada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, quien negó el amparo solicitado por el CONSORCIO LUIS HÉCTOR SOLARTE SOLARTE Y CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE, al no existir la vulneración del derecho fundamental al debido proceso, a la defensa y al acceso la administración de justicia, por no configurarse el defecto sustantivo alegado, toda vez que la notificación de la sentencia de primera instancia del proceso ordinario, que dio origen a la presente acción constitucional, se realizó de conformidad con lo ordenado por el artículo 203 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en vista que la tutelante no solicitó de manera expresa ser notificada por correo electrónico, como se dejó explicado.

Por todo lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de tutela impugnada por el CONSORCIO SOLARTE.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

1. Confirmar la sentencia proferida el 4 de febrero de 2016, por la Sección Cuarta del Consejo del Estado, por medio de la cual negó el amparo solicitado por el CONSORCIO LUIS HÉCTOR SOLARTE SOLARTE Y CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE.

2. ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de la ejecutoria, de conformidad con lo establecido por el inciso 2º del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

3. DEVOLVER el expediente 25000-23-37-000-2013-00658-00, allegado en calidad de préstamo por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con el oficio visible a folio 32.

4. Notifíquese a los interesados por el procedimiento previsto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, publíquese y cúmplase.

Magistrados: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Presidenta—Rocío Araújo Oñate—Carlos Enrique Moreno Rubio—Alberto Yepes Barreiro.

1 Folios 66 a 69.

2 Folios 9 y 45 a 50. Poderes.

3 Folio 1 a 8.

4 Folios 1 a 3.

5 Folios 118 a 141. Expediente en préstamo.

6 Folios 142 a 145. Ídem.

7 Folios 201 y 202. Ídem.

8 Folios 203 a 205. Expediente en préstamo.

9 Folios 208 a 211.

10 Folios 7 y 8. Negrilla es del original.

11 Folios 12.

12 Folios 13 a 15.

13 Folios 16 a 20.

14 Folios 33 A a 36.

15 Folios 52 a 56.

16 Folios 66 y 69.

17 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

18 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho”.

19 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”.

20 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO, C.P. María Elizabeth García González.

21 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.

22 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005.

23 Ver sentencia de tutela 11001-03-15-000-2015-01156-01, accionante: Luis Alberto Mercado Díaz, con ponencia de la Consejera Rocío Araújo Oñate, proferida el 28 de enero de 2016; fallo del 11 de febrero de 2016, tutela 11001-03-15-000-2015-01807-01, de Nelson Javier Valero Pinilla contra el Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección “B” y otro, M.P. Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

24 Sentencias SU-159 de 2002, T-295 de 2005 y T-743 de 2008 todas con ponencia del Dr. Manuel José Cepeda Espinosa, T-043 de 2005, T-657 de 2006 ambas con ponencia del Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-033 de 2010, y T-792 de 2010 ambas con ponencia del Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.

25 Sentencia T-189 de 2005, M.P. Manuel José cepeda Espinosa.

26 Sentencia T-205 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

27 Sentencia T-800 de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.

28 Sentencia T-522 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

29 Sentencia SU-159 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

30 Sentencias T-051 de 2009, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-1101 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

31 Sentencias T-462 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynnett, T-842 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis, y T-814 de 1999.

32 Sentencia T-018 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

33 Sentencia T-086 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

34 Sentencia T-231 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

35 Sentencia T-807 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas.

36 Negrilla es del texto original.

37 SU-242 del 2015.

38 Negrilla no es del original.

39 Ídem.

40 Negrillas son del original.

41 Folios 28 y 29. Expediente en préstamo. Negrilla es del original.

42 Negrilla no es del original.

43 Folios 118 a 141. Expediente en préstamo.

44 Si bien ese inciso segundo del artículo 203 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo remite al 323 Código de Procedimiento Civil (notificación por edicto), esta clase de notificaciones despareció con el Código General del Proceso, que en su artículo 295 dispone la notificación por estado para autos y sentencias que no deban hacerse de otra manera - en concordancia con artículo 291 Código General del Proceso (en lo pertinente). Por otro lado, hay que tener presente que de conformidad con artículo 198 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo entre las providencias enlistadas que deben notificarse personalmente, no se encuentran las sentencias.

45 Folios 208 a 211. Expediente en préstamo.