Sentencia 2015-02551 de agosto 4 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Radicación: 05001-23-31-000-2015-02551-01

Consejero Ponente:

Dr. Alberto Yepes Barreiro

Actor: Daniel Echeverri Sánchez

Demandado: Ángela María Ríos Castaño - Concejal del municipio de Itagüí (Antioquia)

Proceso Electoral - Fallo de Segunda instancia

Bogotá, D.C., cuatro de agosto de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

De conformidad con lo establecido en el numeral 150, 152.8 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, esta Sección es competente para conocer en segunda instancia del proceso de la referencia, toda vez que, la demanda ataca la legalidad del acto contenido en el formulario E-26 CON a través del cual se declaró electa a la señora Ángela María Ríos Castaño como Concejal del municipio de Itagüí.

Lo anterior teniendo en cuenta que según el artículo 152.8 Ibídem los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de la nulidad del acto de elección de los “(…) miembros de corporaciones públicas de los municipios y distritos y demás autoridades municipales con setenta mil (70.000) o más habitantes, o que sean capital de departamento”.

Así, atendiendo a que la proyección de la población hecha por el DANE para el municipio de Itagüí para el año 2015(15) se estima en 267.872 habitantes(16), corresponde al Consejo de Estado decidir, en segunda instancia, el recurso de apelación presentado por la parte actora.

2. Oportunidad y trámite del recurso.

La Sala observa que el recurso de apelación se presentó dentro de la oportunidad legal correspondiente y que al mismo se le dio el trámite que impone el artículo 292 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, norma especial de carácter electoral.

3. Planteamiento del problema jurídico.

Decantado lo anterior corresponde a la Sala analizar si debe confirmar, revocar o modificar la sentencia del 4 de mayo de 2016 a través de la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda. Para ello, la Sección deberá determinar si el acto acusado se encuentra viciado de nulidad por desconocimiento del artículo 7º de la Ley 1475 de 2011.

En este punto es oportuno señalar que esta Sala Especializada no se ocupará del argumento del recurrente según el cual el director del partido Centro Democrático en el municipio de Itagüí no fue elegido conforme a los Estatutos de dicha colectividad, comoquiera que este asunto desborda el problema jurídico que subyace al caso concreto, pues lo que está en duda es si con la elección acusada se desconoció el artículo 107 Superior y el artículo 7º de la Ley 1475 de 2011, y no la forma en la que el partido Centro Democrático eligió a sus directivos en el municipio de Itagüí.

Hechas estas precisiones, por efectos metodológicos y para la resolución del caso sometido a su consideración, la Sección abordará los siguientes puntos: i) el marco constitucional de las consultas que desarrollan los conglomerados políticos; ii) el alcance y características de las consultas internas y iii) el caso concreto.

3.1. Marco constitucional de las consultas que desarrollan los conglomerados políticos.

Para entender el alcance e importancia de las consultas internas dentro del orden jurídico colombiano es necesario esbozar el marco constitucional en el que estas fueron instituidas. Así pues, lo primero a resaltar es que unos de los pilares transversales en lo que atañe al ejercicio de los derechos políticos(17) son de un lado, la libertad y, de otro la autonomía.

Específicamente en lo que respecta al derecho a conformar organizaciones políticas, la Constitución de 1991 se cimentó en la libertad de los ciudadanos para fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, pues se entendió que a través de estas organizaciones no solo se canalizarían las diferentes ideologías y pensamientos que enmarcan a la sociedad colombiana, sino también se garantizaría la relación entre el Estado y los ciudadanos en general(18), especialmente en lo que el acceso al poder público se refiere.

Y es que no se puede perder de vista que a través de la Carta de 1991 “el Estado colombiano propendió por el fortalecimiento de las colectividades políticas dentro del sistema democrático, razón por la cual la Constitución de 1991 consagró normas para vigorizar el régimen de dichas agrupaciones de manera que: i) las asociaciones políticas robustecieran el ejercicio de los derechos políticos, especialmente el del voto y ii) se garantizara la pluralidad de ideas y opiniones en la vida política nacional”(19).

Por lo anterior, y de la mano con el numeral 3º del artículo 40 Superior(20) el artículo 107 de la Constitución, en su versión primigenia, consagró lo siguiente:

“Se garantiza a todos los nacionales el derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse.

También se garantiza a las organizaciones sociales el derecho a manifestarse y a participar en eventos políticos”.

Nótese, entonces como desde el momento mismo en el que se expidió la Constitución se reconoció la existencia de una garantía de libertad para que las personas pudieran organizarse políticamente y difundir sus ideas a través de estos conglomerados. Sin embargo, el texto original de la Constitución no previó ninguna disposición respecto al uso de mecanismos democráticos al seno de los partidos o movimientos políticos.

No obstante, esta situación cambió con la expedición del Acto Legislativo 1 de 2003 el cual modificó, entre otros, el artículo 107 de la Constitución al elevar a rango constitucional el principio democrático(21), de forma que se entendiera que las actividades de las asociaciones políticas deberían estar guiadas también por dicha premisa.

Y es que no puede perderse de vista que a través de la citada reforma se trasformó totalmente el régimen de los partidos políticos en aras a fortalecerlo, incentivar el uso de mecanismos democráticos al interior mismo de la organización política, terminar con el personalismo(22) y “elevar el grado de representatividad de los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos, atacándose con ello la proliferación de las mencionadas microempresas personalistas”(23).

Esta gran “transformación” la explicó la Corte Constitucional en Sentencia C-490 de 2011 en la cual enumeró los objetivos del citado Acto Legislativo así:

“(i) el fortalecimiento del sistema democrático, mediante la exigencia a partidos y movimientos de organizarse de modo armónico con dicho principio, en especial para la escogencia de sus candidatos a cargos uninominales y corporaciones públicas; (ii) el establecimiento de condiciones más exigentes para la creación de partidos y movimientos políticos, al igual que el otorgamiento de rango constitucional a la prohibición de la doble militancia; (iii) la previsión de listas únicas avaladas por el partido o movimiento político; (iv) la modificación del sistema electoral a través de la cifra repartidora como método para la asignación de curules, y exigencia de umbrales mínimos de participación para el otorgamiento de personería jurídica; y (v) la racionalización de la actividad del Congreso de la República mediante el establecimiento de un régimen severo de bancadas”(24).

Así pues con el objetivo de, en palabras de la Corte, “fortalecer el sistema democrático” la referida reforma constitucional varió el tenor del artículo 107 Superior en el siguiente sentido:

“ART. 107.—Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse.

En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento políticos <sic> con personería jurídica.

Los partidos y movimientos políticos se organizarán democráticamente. Para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos podrán celebrar consultas populares o internas que coincidan o no con las elecciones a corporaciones públicas, de acuerdo con lo previsto en sus Estatutos. En el caso de las consultas populares se aplicarán las normas sobre financiación y publicidad de campañas y acceso a los medios de comunicación del Estado, que rigen para las elecciones ordinarias. Quien participe en las consultas de un partido o movimiento político no podrá inscribirse por otro en el mismo proceso electoral.

También se garantiza a las organizaciones sociales el derecho a manifestarse y participar en eventos políticos” (resaltado fuera de texto)

De la simple lectura de la norma transcrita se desprende, sin lugar a dudas, que: i) el constituyente del 2003 elevó a rango constitucional el uso de mecanismos democráticos al interior de los conglomerados políticos tanto para la toma de decisiones, como para la escogencia de sus candidatos, y ii) este cambio se llevó a cabo a través de la constitucionalización de figuras como las consultas populares o las consultas internas(25).

Así las cosas, es evidente que desde el año 2003 la Constitución impuso a los partidos y movimientos políticos la obligación de organizarse democráticamente y para ello les dio la posibilidad de celebrar consultas. Por supuesto, esto no significa que los conglomerados hubiesen tenido la obligación de utilizar esos mecanismos, lo que se buscaba es que las asociaciones políticas, debido a su naturaleza fueran las primeras en maximizar el principio democrático, de forma que sus decisiones no fueran el resultado de una imposición o de la decisión unánime de uno solo de los miembros, sino la consecuencia de un debate plural de los integrantes de la organización para lo cual podían utilizar, si así lo consideraban conveniente, una consulta popular o interna.

Es de resaltar que la reforma constitucional del año 2003 previó que cuando las organizaciones políticas decidieran hacer uso de esos mecanismos democráticos —consultas— se derivarían las siguientes consecuencias: i) si la consulta utilizada era la de carácter popular la organización política debía ceñirse a las normas que sobre financiación y campañas regían para las elecciones ordinarias, y ii) quien participara en una consulta ya sea interna o popular de un determinado partido o movimiento político tenia vedado inscribirse por otra organización para ese mismo proceso electoral.

Aunque en lo que concierne al uso de consultas como mecanismos de democratización en la toma de decisiones de los partidos y movimientos políticos el Acto Legislativo 1 de 2003 brindó lineamientos claros, el artículo 107 Superior fue, nuevamente, transformado a través de la reforma constitucional del año 2009(26).

En efecto, a través del artículo 1º del Acto Legislativo 1 de 2009 se modificó el artículo 107 de la Constitución, de forma que la disposición vigente es del siguiente tenor:

“Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse.

En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica.

Los Partidos y Movimientos Políticos se organizarán democráticamente y tendrán como principios rectores la transparencia, objetividad, moralidad, la equidad de género, y el deber de presentar y divulgar sus programas políticos.

Para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos propios o por coalición, podrán celebrar consultas populares o internas o interpartidistas que coincidan o no con las elecciones a Corporaciones Públicas, de acuerdo con lo previsto en sus Estatutos y en la ley.

En el caso de las consultas populares se aplicarán las normas sobre financiación y publicidad de campañas y acceso a los medios de comunicación del Estado, que rigen para las elecciones ordinarias. Quien participe en las consultas de un partido o movimiento político o en consultas interpartidistas, no podrá inscribirse por otro en el mismo proceso electoral. El resultado de las consultas será obligatorio.

(…)” (resaltado fuera de texto).

De la norma transcrita se colige, sin hesitación alguna, que el constituyente quiso erigir el principio democrático dentro de las organizaciones políticas, de forma que a lo ya dispuesto por la reforma del año 2003 añadió: i) que independiente de la consulta utilizada —popular o interna— el resultado de aquellas sería obligatorio, ii) que las consultas podrían ser populares, internas o interpartidistas y iii) que aquellas podrían o no coincidir con las elecciones a las corporaciones públicas.

Bajo este panorama constitucional, la Sala Electoral puede extraer las siguientes conclusiones respecto a la figura de la consulta contemplada en el artículo 107 de la Carta Política:

• La consulta es un mecanismo de democratización a través del cual se busca que las organizaciones políticas adopten sus decisiones y elijan sus candidatos de forma participativa y plural.

• Existen tres clases de consultas que pueden adelantar los partidos y movimientos políticos, estas son, la de carácter popular, la interpartidistas y la interna. Aquellas podrán coincidir o no con las elecciones para corporaciones públicas.

• Independiente de la clase de consulta que se adelante, quien participe en alguna de ellas no podrá inscribirse como candidato por otra organización política en el mismo proceso electoral.

• Independiente de la clase de consulta que se adelante el resultado de la misma es obligatorio tanto para los partidos y movimientos políticos, como para quienes resultaren elegidos a través de dicho mecanismo.

• Cuando se trate de consulta popular regirán las normas que sobre financiación, publicidad de campañas y acceso a los medios de comunicación del Estado aplican para las elecciones ordinarias.

De lo anterior, se puede colegir que existe un disposición constitucional con lineamientos claros acerca del uso de las consultas como mecanismos de democracia al interior de las organizaciones políticas, los cuales al estar contendidos en la norma de normas son de obligatorio cumplimiento tanto para el Estado, los partidos y movimientos políticos y para quienes participan en ella y estos, por supuesto, prevalecen frente a disposiciones menor rango como los Estatutos de los partidos o sus afines.

3.2. Alcance y características de las consultas internas.

Decantado lo anterior, la Sala considera necesario realizar algunas precisiones respecto al alcance y características de las consultas internas, comoquiera que este fue el mecanismo que utilizó el partido Centro Democrático para designar a los candidatos con los que dicha colectividad participó en las elecciones al Concejo Municipal de Itagüí.

Lo primero a señalar es que las consultas como mecanismo de democracia interna de los conglomerados políticos fueron ampliamente desarrollados, después de la reforma constitucional de 2009(27), en los artículo 5º y siguientes de la Ley 1475 de 2011, de forma que una revisión de dicha ley estatutaria permite dilucidar, con toda claridad, no solo que se entiende por una consulta interna, sino de cuáles son sus características esenciales.

En efecto, según el artículo 5º ibídem se puede definir una consulta interna como un “mecanismo de participación democrática y política que los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, y/o grupos significativos de ciudadanos pueden utilizar con la finalidad de adoptar decisiones internas o escoger sus candidatos, propios o de coalición, a cargos o corporaciones de elección popular”.

Y esta herramienta se denomina consulta interna debido a que “en ellas sólo pued[e]n participar los miembros de la organización política que se encuentren en el registro de afiliados”. Es de anotar que de esta misma disposición se desprende que las consultas internas se desarrollan de conformidad con los Estatutos de los partidos o movimientos políticos y que el Estado concurrirá a su financiación a través del sistema de reposición de votos.

Por su parte, el artículo 6º de la ley en cita, reitera que las normas aplicables para las consultas internas son las que para el efecto hayan previsto los estatutos de la asociación política y que “la organización electoral colaborará para la realización de las consultas de los partidos y movimientos políticos, la cual incluirá el suministro de tarjetas electorales o instrumentos de votación electrónica, la instalación de puestos de votación y la realización del escrutinio”.

De lo hasta aquí expuesto, se puede concluir que las consultas internas son mecanismos de democracia al interior de los partidos en las que solo pueden participar los miembros que se encuentren afiliados en el registro de la respectiva organización política; que se desarrollan de conformidad con lo establecido en los Estatutos de cada partido y frente a las cuales concurre el Estado en apoyo tanto financiero como logístico.

Ahora bien, la Sala considera necesario estudiar con especial énfasis el alcance del artículo 7º de la Ley 1475 de 2011, sobre obligatoriedad de los resultados de las consulta cuando el mecanismo que se desarrolle sea, precisamente, el de una consulta interna. Esto es así no solo porque esta es la norma que el demandante alega como desconocida, sino porque además una de las posiciones de la parte demandada sostiene que aquella no tiene aplicación en las consultas internas, porque precisamente la misma ley estatuyó que aquellas se rigen por los Estatutos de los partidos.

La citada disposición contempla:

El resultado de las consultas será obligatorio para el partido, movimiento, grupo significativo de ciudadanos o coalición, que las hubiere convocado, así como para los precandidatos que hubieren participado en ellas.

Se entiende que un precandidato ha participado en una consulta cuando su inscripción ha quedado en firme de conformidad con las disposiciones establecidas por los partidos y movimientos que las convocan. Quienes hubieren participado como precandidatos quedarán inhabilitados para inscribirse como candidatos en cualquier circunscripción dentro del mismo proceso electoral, por partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos o coaliciones distintas. Los partidos y movimientos políticos y sus directivos, las coaliciones, los promotores de los grupos significativos de ciudadanos y los precandidatos que participaron en la consulta, no podrán inscribir ni apoyar candidatos distintos a los seleccionados en dicho mecanismo, con excepción de los casos de muerte o incapacidad absoluta del candidato así seleccionado. La inobservancia de este precepto, será causal de nulidad o revocatoria de la inscripción del candidato que se apoye, diferente al elegido en la consulta. La inscripción, en todo caso, a solicitud del candidato seleccionado, se hará a nombre de los partidos, movimientos o coaliciones que realizaron la consulta, aunque no suscriban el formulario de solicitud de inscripción.

En caso de incumplimiento de los resultados de las consultas o en caso de renuncia del candidato, los partidos, movimientos y/o candidatos, deberán reintegrar proporcionalmente los gastos en que hubiere incurrido la organización electoral, los cuales serán fijados por el Consejo Nacional Electoral con base en los informes que presente la Registraduría Nacional del Estado Civil. Estas sumas podrán ser descontadas de la financiación estatal que corresponda a dichos partidos y movimientos” (resaltado fuera de texto).

Lo primero a señalar es que esta norma no solo es una réplica, sino también un desarrollo del mandato constitucional contenido en el artículo 107 Superior y sobre el cual la Sala se ocupó con todo detalle en el acápite que precede, razón por la que no cabe duda que para el ordenamiento jurídico colombiano el resultado que se obtenga en una consulta tiene carácter obligatorio, imperativo e ineludible.

Lo anterior significa que lo que se decida a través de una consulta es de forzoso cumplimiento no solo para los partidos y movimientos políticos, sino también para los precandidatos que participen en ella, los cuales no solo deben acatar las resultas del mecanismo ejercido, sino que además tendrán vedado participar en las elecciones a nombre de una colectividad distinta a la que se consultó, so pena de incurrir en doble militancia(28).

Nótese entonces, como a través de la ley estatutaria se refuerza el mandato constitucional previsto en el artículo 107, acerca de la obligatoriedad de los resultados, no solo para los partidos, sino también para los precandidatos. Así pues, frente a cada uno de ellos el deber de acatar los resultados de la consulta implica:

• Frente a las organizaciones políticas: i) El deber de acatar los resultados de la consulta fuere cual ellos fueren; ii) cuando la consulta sea para elegir candidatos, surge la obligación de no inscribir ni apoyar candidatos distintos a los seleccionados en dicho mecanismo, y iii) el no acatamiento de los resultados da lugar a reintegrar a la organización electoral los gastos causados con la celebración del mecanismo.

• Frente a los precandidatos solo aplica cuando el mecanismo se utilice para seleccionar candidatos e implica que: i) el precandidato debe acoger los resultados de la consulta; ii) el precandidato queda inhabilitado para inscribirse por una organización política diferente a la cual participó en la consulta y iii) el precandidato elegido a través del mecanismo queda facultado a inscribirse a nombre la colectividad que organizó la consulta.

Lo anterior se explica, especialmente tratándose de los conglomerados políticos debido a que la Constitución les impuso a las organizaciones políticas el deber de adoptar sus decisiones(29) y elegir a sus candidatos de forma democrática y para el efecto les concedió la potestad de realizar consultas, sin perjuicio del uso de otra clase de mecanismos, con plenos efectos vinculantes para quien decida realizarlas. En otras palabras, la Carta Política dispuso que el partido o movimiento político que decidiera hacer uso de las consultas debía acoger de forma irrestricta, plena y sin lugar a modificaciones los resultados que ella arrojara.

Y es que no podría ser de otra manera, pues aceptar que las resultas de la consulta no son obligatorias o que aquellas pueden ser modificadas al arbitrio de la organización política, sería tanto como despojar a este mecanismo de toda su eficacia, y por ende, sacrificar y hacer inane el principio democrático instituido por la Constitución para esta clase de conglomerados.

En este sentido se pronunció la Corte Constitucional en Sentencia C-089 de 1994, en la cual al estudiar la regulación que sobre consulta interna traía la Ley 130 de 1994, determinó con toda claridad que:

“Si internamente se decide realizar una consulta y ésta se lleva a cabo con el concurso de la organización electoral, mal se puede oponer la libertad del partido o movimiento a la obligatoriedad del resultado alcanzado. Ni la organización puede defraudar a sus miembros y simpatizantes ni el Estado puede auspiciar que se defraude al elector o votante. El principio democrático y la buena fe, entre otros valores y normas constitucionales, quedarían flagrantemente desconocidos, si se aceptase la vacilación o inconsecuencia frente al resultado del certamen que ha sido convocado por el partido o movimiento y apoyado por el Estado” (resaltado fuera de texto).

A esta misma conclusión arribó el máximo Tribunal Constitucional cuando al estudiar la constitucionalidad de la Ley Estatutaria 1475 de 2011 respecto al artículo 7º determinó lo siguiente:

“Según lo expuesto, no es necesario el condicionamiento sugerido por el Procurador General, puesto que en todo caso el resultado de la consulta tiene carácter obligatorio, al margen de lo que se señale al momento de su convocatoria. Así, por expresa disposición constitucional, no pueden existir jurídicamente consultas con resultados facultativos, por lo que una cláusula en ese sentido es totalmente ineficaz, al contraponerse al orden superior. Debe resaltarse por parte de la Corte que el hecho de conceder carácter facultativo a los resultados de las consultas, se opone diametralmente al principio democrático, puesto que configura un escenario de fraude a la decisión de los electores. En ese orden de ideas, la decisión libre y autónoma de la agrupación política de optar por la consulta, interna o popular, con el fin de elegir sus candidatos y, en general, adoptar sus decisiones más importantes, tiene como consecuencia jurídica necesaria e ineludible el carácter vinculante de los resultados de la misma”(30) (resaltado fuera de texto).

Obsérvese como la Corte Constitucional señala que aceptar que los resultados de la consulta no son obligatorios implicaría no solo restar eficacia al principio democrático, sino una total defraudación a la decisión de los electores. Por lo tanto, la Sala puede colegir, sin duda alguna, que el resultado de las consultas es obligatorio, sin que exista ningún argumento o razón que permita al partido apartarse de los resultas del proceso consultivo, so pena de violar el principio democrático y defraudar al electorado.

En segundo lugar, es de resaltar que esta norma aplica para todos los mecanismos consultivos que el artículo 107 Constitucional previó como herramientas de democracia de las organizaciones políticas. Por tanto, con independencia de que la consulta llevada a cabo sea popular, interna o interpartidista, el resultado obliga al partido o movimiento político, y su desconocimiento acarrea las consecuencias que el mismo artículo 7º dispone.

De la mano con lo anterior y en tercer lugar, es de anotar que aunque la ley haya dispuesto que las consultas internas se realicen de conformidad con los Estatutos, ello no implica que los resultados no sean obligatorios para esta clase de mecanismos. En efecto, una y otra disposición no se contraponen ni van en contravía; por el contrario, aquellas deben interpretarse de forma armónica para precisamente maximizar el principio democrático que el constituyente estableció.

Que las consultas se desarrollen de acuerdo con los Estatutos no significa que los resultados no sean obligatorios para la colectividad, lo que implica es que esta se desarrolla y organiza de acuerdo con lo estipulado por el partido, pero en todo caso los resultados son de forzoso acatamiento.

Es de anotar que aceptar una interpretación en contrario no solo sería avalar un entendimiento de reducción al absurdo de la norma estatutaria, sino que además implicaría admitir una hermenéutica inconstitucional del asunto, ya que no se puede perder de vista que la obligatoriedad de los resultados no solo está consagrada en el artículo 7º de la Ley 1475 de 2011, sino también en el artículo 107 Superior del cual se colige que independiente de la consulta que se lleve a cabo, las resultas de estas son obligatorias para el partido o movimiento político.

En otras palabras, cuando la ley señala que las consultas internas se desarrollan de acuerdo con las disposiciones de los Estatutos de los partidos y movimientos políticos, lo que ello significa es que los conglomerados están facultados para organizar aspectos logísticos de la consulta tales como en qué momento esta se realiza, quienes pueden participar, cuáles son los candidatos a escoger, entre otros aspectos, competencias que se explican en el marco de la autonomía que el constituyente concedió a esta clase de asociaciones políticas. Sin embargo, resulta de Perogrullo que esta potestad en ningún momento coloca en tela de juicio la obligatoriedad de los resultados de la consulta pues, se reitera, este mandato tiene carácter constitucional y toda norma que en los Estatutos de los partidos la contravengan se tornaría contraria a la Carta Política.

Finalmente, no escapa a la Sección que el artículo 7º ibídem establece varias consecuencias tanto para el partido como el precandidato que desconozca el resultado de las consultas las cuales, por supuesto, también tienen plena vigencia tratándose de las consultas internas.

Bajo estos lineamientos, procede la Sala a examinar el caso concreto.

3.3. El caso concreto.

Como quedó expuesto en los antecedentes de esta providencia, para el demandante se desconoció el resultado de la consulta interna celebrada por el partido Centro Democrático en el municipio de Itagüí, comoquiera que se nombró como cabeza de lista al concejo a una persona que en la consulta interna ocupó el noveno lugar. En contraposición la parte demandada, de forma contradictoria, sostiene, de un lado, que la señora Ríos Castaño no participó en la consulta pues esta había sido nombrada como cabeza de la lista en uso del mecanismo contemplado en artículo 29 de los Estatutos del partido, y de otro, que su nombre se incluyó en la consulta por un error involuntario.

Bajo este panorama, la Sala estima necesario determinar: i) cuáles son los mecanismos de elección de candidatos que prevén los estatutos del Centro Democrático, ii) cuál fue el mecanismo utilizado por dicha colectividad para la escogencia de los candidatos al concejo de Itagüí para el periodo 2016-2019 y iii) si la materialización de un supuesto error relevaba al partido de la obligación de acatar las resultas de la consulta interna. Veamos:

a) Los mecanismos de elección de candidatos al concejo que prevén los estatutos del Centro Democrático.

Lo primero a señalar es que en el marco de la autonomía y libertad que tanto el Constituyente como el legislador otorgaron a las asociaciones políticas, estas pueden en sus estatutos consignar y desarrollar varios mecanismos para la selección de sus candidatos bien a cargos unipersonales o bien a corporaciones públicas.

Es de advertir que si el partido o movimiento político consagra en sus disposiciones varios mecanismos para la elección de candidatos, aquel tiene plena libertad para escoger, en cada caso, el que mejor se adecue a sus intereses. En otras palabras, el conglomerado político puede escoger a su arbitrio el mecanismo de selección de candidatos que desee.

La Sala encuentra que para el caso que nos atañe es necesario analizar los mecanismos que al efecto estipuló el Partido Centro Democrático. Esto es así, porque mientras la parte demandada asevera que la designación de la señora Ríos Castaño como cabeza de lista se realizó con fundamento en el artículo 29, el actor asegura que en el caso concreto el mecanismo utilizado fue el de la consulta interna.

Los Estatutos del partido Centro Democrático se encuentran en los folios 20-55 del expediente y específicamente el artículo 29 y 32 consagran:

“ART. 29.—SELECCIÓN DE CANDIDATOS A CONCEJOS Y JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES. De acuerdo con los resultados del protocolo de calificación, la Dirección Municipal presentará una lista de precandidatos para presentar a la Convención Municipal, la cual decidirá la conformación y orden de la lista del segundo puesto en adelante. La cabeza de lista al Concejo se definirá por la Dirección Municipal y deberá ser avalada por la Dirección Departamental. En todo caso la Dirección Municipal deberá garantizar los criterios de representación regional, democracia, vocación legislativa, formación, liderazgo, desempeño, afinidad con los principios del partido, programas, entre otros. PAR.—Para los casos de ciudades capitales, la cabeza de lista al Concejo se seleccionará por la Dirección Municipal pero requerirá el aval de la Dirección Nacional”.

“ART. 32.—CONSULTA INTERNA. A medida que el Partido avance en su proceso de carnetización, la Dirección Nacional podrá cambiar el proceso de selección de candidatos a través de Convenciones, por consultas internas, donde sólo participarán los miembros del partido carnetizados” (resalta la Sala).

De la simple lectura de las normas en cita se puede colegir que el partido Centro Democrático podía realizar la designación de sus candidatos al concejo bien a través de la Convención Municipal o bien a través de una consulta interna, es decir, el partido podía escoger libremente entre el mecanismo regulado en el artículo 29 o el consagrado en el artículo 32 optando, como se explicará más adelante el mecanismo democrático de consulta interna.

Igualmente, es oportuno poner de presente que los Estatutos de la colectividad consagran con plena claridad que la convención y las consultas son mecanismos de elección diferentes, al punto que el artículo 32 avala a que Dirección Nacional sustituya el uno por el otro.

En efecto, en el primero de estos mecanismos, esto es, el regulado en el artículo 29, la designación de los candidatos se realiza directamente por la convención municipal, es decir, por el “máximo órgano de decisión del Partido en su respectivo nivel”(31). Por ello, para la Sala es claro que el artículo 29 de los estatutos del Centro Democrático, le atribuye a los directores municipales de esa organización política la potestad de designar autónomamente a sus candidatos al concejo habida cuenta que son, precisamente, los directores los que conocen con mayor profundidad a los líderes del respectivo municipio.

En contraposición se encuentra la consulta interna regulada en el artículo 32 de los Estatutos, la cual tiene un origen democrático, ya que en ese caso la decisión no recae en unos cuantos miembros del partido, sino en todos y cada uno de los integrantes de la organización política que deseen participar en la consulta. Esto es así, debido a que la consulta interna parte de la base de que el conocimiento de los líderes, que en cada entidad territorial puedan representar de mejor manera los ideales de la colectividad, lo tienen los militantes o miembros carnetizados.

Se tiene entonces que los Estatutos del partido Centro Democrático regularon dos mecanismos distintos para la elección de sus candidatos al concejo, uno en el que la designación se deja al arbitrio de su máximo órgano de dirección a nivel territorial [artículo 29], y otro, en el que la selección de los candidatos tiene un origen democrático, debido a que aquellos son escogidos directamente por los militantes a través de su voto [artículo 32], siendo claro que para el selección de candidatos al concejo de Itagüí, la colectividad tenia plena libertad para escoger el que mejor se ajustara sus intereses.

b) El mecanismo utilizado por el Centro Democrático para la escogencia de los candidatos al concejo de Itagüí para el periodo 2016-2019.

Decantado los mecanismos entre los cuales el partido Centro Democrático podía escoger para la designación de sus candidatos al concejo, es menester dilucidar si para el caso concreto se hizo uso del establecido en el artículo 29 [designación por convención municipal] o del contemplado en el artículo 32 [consulta interna].

Al respecto obran en el expediente las siguientes pruebas relevantes.

i) Declaración rendida por el señor Gabriel Jaramillo Calle —director municipal del partido Centro Democrático— en la que afirma que la demandada no participó en la consulta(32).

ii) Declaración rendida por el señor Luis Norberto Guerra —director departamental del partido Centro Democrático— que sostiene que la demandada participó por error en la consulta interna(33).

iii) Declaración rendida por la señora Flor Román Herrera —precandidata en la consulta— en la que afirma que la demandada si participó en la consulta, aunque todos los candidatos la reconocían como la cabeza de la lista al concejo(34).

iv) Formulario CO2 expedido por los miembros de la comisión escrutadora de la Registraduría Nacional del Estado Civil en donde consta los resultados de la consulta interna realizada por el partido Centro Democrático en el municipio de Itagüí. En dicho documento se evidencia que la demandada, en tales comicios, obtuvo 35 votos (fl. 16).

v) Formulario E-6 a través del cual el partido Centro Democrático inscribió la lista cerrada para participar en las elecciones del Concejo Municipal de Itagüí encabezada por la señora Ríos Castaño (fl. 13).

vi) Resolución 19 de 19 de marzo de 2015 expedida por el Director Nacional del partido Centro Democrático en el que se estipula que en los municipios de Antioquia que tuvieran más de 100 inscritos se realizaría consulta interna(35) (fl. 17-19).

vii) Estatutos del partido Centro Democrático (fls. 20-55 y en CD visible a fl. 72).

viii) Comunicación del 12 de abril de 2015 remitida por el director municipal del partido en Itagüí Señor Gabriel Jaramillo Calle al director departamental de la organización política, en la que se reconoce que el 19 de abril se llevará a cabo consulta interna en ese municipio. En este mismo escrito solicita que los votos que obtenga la señora Ríos Castaño no sean tenidos en cuenta, porque ella fue designada como cabeza de lista (fl. 74).

ix) Documento suscrito por la demandada el 14 de abril de 2015 en el cual renuncia a participar en la consulta interna (fl. 75).

x) Documento del 12 de mayo de 2015 en el que el director municipal del partido en Itagüí Señor Gabriel Jaramillo Calle, manifestó a la dirección departamental del Partido Centro Democrático que la demandada participó por error en la consulta interna del 19 de abril de 2015 (fl. 76).

xi) Documento del 12 de mayo de 2015 en el que el director municipal del partido en Itagüí Señor Gabriel Jaramillo Calle, manifestó a la dirección departamental cuales fueron los candidatos elegidos para el concejo municipal en la consulta interna (fl. 79-80)(36).

xii) Otorgamiento del aval a los candidatos elegidos a través de la consulta interna (fl. 83).

Bajo este panorama y teniendo en cuenta las pruebas obrantes en el expediente, para la Sala debe tenerse por acreditado que el día 19 de abril de 2015 el partido Centro Democrático celebró consulta interna en el municipio de Itagüí (Antioquia) con el objetivo de elegir los candidatos y el orden en el que estos serían ubicados en la lista cerrada con la que tal colectividad participaría en los comicios del 25 de octubre de 2015 para el Concejo Municipal de dicha entidad territorial.

Esto significa que pudiendo escoger entre el mecanismo establecido en el artículo 29 de los Estatutos y el consagrado en el artículo 32, el partido Centro Democrático libre y autónomamente optó por seleccionar sus candidatos al concejo de Itagüí a través de una consulta interna, esto es, mediante el mecanismo contemplado en el artículo 32 de sus Estatutos.

A esta conclusión se arriba al analizar bajo las reglas de la sana crítica los documentos visibles a folios 16, 17, 18(37), 19, 74, 75, 76,79, y 80 del Expediente de los cuales se desprende, sin lugar a dudas, que el partido celebró una consulta interna para escogencia de los candidatos que representarían al Centro Democrático en los comicios territoriales del 25 de octubre de 2015.

Así las cosas, se encuentra plenamente acreditado que la designación de los candidatos al concejo municipal de Itagüí se realizó por parte de los militantes del partido Centro Democrático a través de la consulta interna, razón por la que, válidamente, puede entenderse que el partido lo que quería era precisamente tomar decisiones de forma democrática con la participación activa de todos sus militantes en el municipio de Itagüí.

También se encuentra probado que en la citada consulta interna sí participó la señora Ángela María Ríos Castaño, pues así se colige no solo del documento visible a folio 16 del expediente en el cual constan, de un lado, los resultados obtenidos en la consulta interna por los precandidatos participantes y de otro, que la demandada obtuvo 35 votos en la consulta interna ubicándola en el noveno lugar de la lista, sino también de las comunicaciones enviadas por el partido en las que se solicita que no se tengan en cuenta los votos por ella obtenidos, así como de los documentos y demás declaraciones rendidas en las que se afirma que la demandada participó en la consulta “por error”.

Así las cosas, se tiene que la señora Ángela Ríos Castaño sí participó en la consulta interna realizada por el partido Centro Democrático en el municipio de Itagüí, de forma que para la Sala las manifestaciones en contrario se entenderán como no ciertas.

Teniendo claridad que: i) el partido Centro Democrático optó, para la designación de sus candidatos al concejo municipal, por un mecanismo democrático con la participación de sus militantes a través de una consulta interna y ii) que la demandada participó efectivamente en la celebrada el 19 de abril de 2015 en Itagüí, corresponde a la Sala establecer si dicha organización política podía desconocer el resultado allí obtenido, aludiendo a errores en la inscripción de la señora Ríos Castaño, pues, según su criterio, esta fue designada como cabeza de lista con base en la potestad del artículo 29 de los estatutos

c) La facultad prevista en el artículo 29 de los Estatutos y la supuesta materialización de un error.

Lo primero que desea resaltar la Sala es que no es de recibo el argumento, según el cual la designación de la señora Ríos Castaño como cabeza de lista se realizó con base en la potestad que el artículo 29 de los Estatutos concede a las directivas municipales del partido. Esto es así, porque:

• Como se explicó en el literal a) de este acápite el mecanismo regulado en el artículo 29 [convención municipal] es distinto al reglado en el artículo 32 [consulta interna], razón por la que una lectura sistemática de los Estatutos del partido imponen colegir que las reglas propias de un mecanismo no pueden extrapolarse al otro.

En otras palabras, las reglas que los Estatutos previeron a frente a la convención municipal NO se aplican a las consultas internas, y por ello, cuando el partido, como en este caso, realice una consulta interna no puede alegar una potestad que solo se consagró cuando la designación se realiza a través de la convención municipal.

• La convención municipal [artículo 29] parte de la base de que la designación de candidatos la realizaran ciertos miembros de la colectividad, esto es, las directivas municipales del partido, y por eso tiene todo el sentido que la cabeza de la lista sea elegida por el director municipal con el aval del director departamental, precisamente porque son los directores los que conocen con mayor profundidad a los líderes del respectivo municipio. En tanto, la consulta interna [artículo 32] responde a una lógica diferente, toda vez que está prevista para que sean los militantes en un ejercicio democrático y a través de su voluntad expresada en las urnas, los que designen a los candidatos al concejo.

Si esto es así, es evidente que cuando se realice una consulta interna no puede presumirse que la capacidad para designar a la cabeza de lista sea del director; por el contrario, lo que debe presumirse es que la designación corresponde, exclusivamente, a los militantes a través de sus votos.

• Teniendo en cuenta que la regla establecida por los estatutos del Partido Centro Democrático para la realización de la consulta interna [artículo 32] no contiene ninguna morigeración o regla de excepción, no queda sino concluir que las directivas municipales del partido Centro Democrático no podían aludir al artículo 29 para fundamentar la decisión de designar como cabeza de lista a la señora Ríos Castaño.

Así las cosas, si se tiene en cuenta que lo que quería el partido era precisamente que sus candidatos fueran elegidos democráticamente a través de sus militantes, no cabe duda que la consulta interna realizada por el Centro Democrático el día 19 de abril de 2015 en el municipio de Itagüí se llevó a cabo con el preciso objetivo de elegir a todos y cada uno de los miembros que conformarían la lista, es decir, para elegir a los candidatos desde el primer renglón en adelante.

Esto se refuerza, si se tiene en cuenta que en la página web del partido Centro Democrático la información divulgada era que la consulta se realizaría para “votar por los candidatos al concejo municipal” y que para participar solo bastaba ser miembro inscrito el partido y escoger al candidato de su preferencia(38).

En efecto, estas afirmaciones unidas al hecho de que, como se explicó, era evidente que la facultad prevista en el artículo 29 de los Estatutos para la convención municipal no aplicaba para la consulta interna, porque ese no había sido el mecanismo escogido, formaron en los militantes el convencimiento de que participarían para elegir a todos y cada uno de los candidatos que conformarían la lista al Concejo de Itagüí, es decir, sin restricción alguna o limitándose solo a los puestos del segundo renglón en adelante.

Es de advertir que la manifestación de la señora Flor Román Herrera según la cual los pre candidatos participantes en la consulta sabían que la demandada sería la cabeza de la lista(39), no tiene la potestad de modificar la conclusión antes esbozada, pues en todo caso era el electorado, es decir los militantes que en el municipio de Itagüí estuvo conformado por más de 1500 personas(40), el que tenía la convicción de que la consulta se realizaría para elegir a todos los miembros de la lista con la que el Centro Democrático participaría en las elecciones a Concejo de Itagüí del 30 de octubre de 2015.

En consecuencia, y como para la Sala no cabe duda, según lo expuesto con amplio detalle en el literal b) de este apartado, que el mecanismo utilizado por partido Centro Democrático para elegir a sus candidatos al concejo en el municipio de Itagüí fue el contemplado en el artículo 32 de sus Estatutos, esto es, el relativo a la consulta interna, también es evidente que de acuerdo al artículo 107 Constitucional nació para esa colectividad la obligación de sujetarse de forma irrestricta a su resultado, sin que pudieran alegar razón alguna para desconocerlo o modificarlo.

En consecuencia, para la Sección Quinta del Consejo de Estado no se puede avalar el entendimiento de la parte demandada según el cual se debe entender que la señora Ríos Castaño no participó en consulta, porque su nombre se incluyó por error no solo porque admitir esta postura desconocería el principio democrático con el que el partido mismo, de forma libre y espontánea, quiso dotar la toma de sus decisiones, sino porque además ello implicaría defraudar al electorado que participó en la consulta interna.

En efecto, aunque, prima facie, resulte extraño hablar de “electorado” en la consulta interna, lo cierto es que tratándose de ese mecanismo democrático debe entenderse que los miembros del partido o movimiento político actúan en calidad de electores, y que por consiguiente nace para ellos ciertas prerrogativas que deben ser protegidas no solo por la organización política, sino también por el juez electoral en casos como este.

Así pues, aunque podría pensarse que la consulta interna tendría un alcance menor al de unas elecciones propiamente dichas, lo cierto es que en ese evento los militantes actúan como un verdadero electorado, pues es claro que en una ciudad con varios miles de habitantes y con gran acogida por parte de una determinada colectividad, lo consulta interna da cuenta de un gran poder decisorio para el partido y para el sistema democrático, a más de una amplia participación ciudadana.

Lo anterior, aunado a que la materialización de una consulta interna implica precisamente tomar en cuenta la opinión de las bases de la colectividad, de quienes directamente la conforman y hacen posible su existencia, incluso por encima de la opinión de los directores, porque su cohesión y voluntad dan sentido a la existencia del partido político.

De hecho, la diferencia entre el mecanismo de la consulta interna y el de la convención consiste, justamente, en que al segundo de ellos asisten los “delegados”, esto es, quienes representan la voluntad de las bases; mientras que en la consulta son las bases quienes directamente tienen la posibilidad de manifestar su sentir sin necesidad de intermediación alguna.

Por ello, para la Sala no cabe duda que la obligatoriedad de los resultados de las consultas tiene una finalidad única, esto es, salvaguardar los derechos del electorado de forma que aquellos se encuentren en prevalencia, incluso frente a las preferencias del partido o movimiento político.

Y es precisamente esa defensa del principio pro electoratem (electorado) o pro sufragium (electores) el que impone colegir que no es posible admitir justificaciones de ninguna índole, salvo fuerza mayor, para que una organización política desconozca los resultados de la consulta que llevó a cabo. Esto es así, porque avalar dicha práctica —justificaciones— para desconocer los resultados, conllevaría a que los partidos y movimientos políticos pudieran presentar cualquier clase argumentos basados en el error, para adoptar una decisión contraria la consulta haciendo inane la decisión consultada y restando eficacia al mecanismo democrático.

Designar el primer renglón de una lista y someter los demás a consulta interna, contradice la esencia misma de dicho sistema democrático que es, precisamente, el respeto en todo el sentido jurídico de la voluntad popular del electorado, en estos casos, materializada a través de los miembros carnetizados del respectivo partido político.

Por lo anterior, no es posible aceptar el argumento presentado por la parte demandada, según el cual la inscripción de la señora Ríos Castaño se debió a un error, pues lo cierto es que no solo el partido decidió de forma libre que en el municipio de Itagüí se realizaría una consulta interna para escoger sus candidatos al concejo, sino que además es evidente que la organización política antes de iniciar un proceso democrático de la envergadura de una consulta interna debe tener plena certeza de quien va a participar y en que calidades va hacerlo, máxime cuando el uso de este mecanismo implica la colaboración de la organización electoral y el despliegue de todo un procedimiento que no puede estar sujeto a modificaciones de última hora, salvo situaciones especialísimas constitutivas de fuerza mayor.

En este sentido, es de resaltar que tampoco la renuncia presentada por la demandada tan solo 4 días antes de la celebración de la consulta tiene la potencialidad de modificar el resultado obtenido o afirmar que ella no participó en la consulta, pues está plenamente demostrado que pese a la dimisión, la señora Ríos Castaño participó, efectivamente, en la consulta al punto que obtuvo 35 votos.

Para la Sala es claro que la votación obtenida por la demandada denota que las personas que participaron en la consulta interna realizada por el partido Centro Democrático en la ciudad de Itagüí, en calidad de electores, lo hicieron con el firme convencimiento de que se elegiría a todos y cada uno de los candidatos que iban a conformar la lista desde el primer hasta el último renglón, de modo que el partido, luego de celebrada la consulta, no podía alegar “error” para sustraerse de la decisión tomada por los miembros carnetizados que participaron en la consulta, máxime cuando es claro que, como se explicó, la facultad prevista en el artículo 29 de los Estatutos no era aplicable al mecanismo utilizado en el caso concreto.

En otras palabras, para esta Sala Especializada no cabe duda que el error alegado por la colectividad, no puede erigirse como fundamento para desconocer la voluntad popular de sus militantes, expresada a través de la consulta interna realizada.

Avalar lo contrario, implicaría aceptar una defraudación al electorado de la consulta interna(41) que actuó con el firme convencimiento de que elegirían a todos y cada uno de los candidatos que conformarían la lista al concejo de Itagüí por el partido Centro Democrático, y que a la larga vieron defraudada su confianza al notar que quien encabezó la lista no fue la persona que ellos habían escogido democráticamente.

A esto se suma, que una adecuada protección del principio pro electoratem impone colegir que los errores que los partidos o movimientos políticos cometan en el uso del mecanismo democrático previsto en el artículo 107 de la Constitución no puede trasladarse a los electores, ni mucho menos pueden constituirse como un aval para que la asociación política desconozca los resultados de la consulta a la cual decidió someterse voluntariamente, so pena de violar directamente la Constitución en el artículo antes citado, el artículo 7º de la Ley 1475 de 2011, así como del principio de seguridad jurídica.

Todas estas consideraciones conllevan afirmar, sin hesitación alguna, que el partido Centro Democrático no podía modificar los resultados obtenidos en la consulta, y esto fue precisamente lo que sucedió al ubicar en el primer lugar de lista a una persona que en la consulta interna tan solo alcanzó 35 votos.

Ello es así, pues al someterse al mecanismo democrático de la consulta interna, la organización política debía acatar de forma irrestricta los resultados obtenidos sin que estuviera habilitado para desconocer las resultas del proceso consultivo aludiendo al error.

Esto no significa que la Sala desconozca que el partido Centro Democrático tenía plena libertad para escoger el mecanismo a través del cual podía designar a sus candidatos, lo que ocurre es que dicha colectividad, decidió libre y autónomamente hacer uso de la consulta interna y no del mecanismo de la convención municipal reglado en el artículo 29, y esa decisión le imponía respetar los resultados obtenidos en la consulta sin que, por las razones explicadas, las facultades propias de la convención municipal, en la que la elección de la cabeza de la lista es tomada por las directivas, pudiera extrapolarse a la consulta interna, en la que las decisiones en cuanto al renglón de los candidatos son adoptadas democráticamente por los militantes.

En consecuencia, pese a las justificaciones alegadas lo cierto es que la demandada participó efectivamente en el debate interno, al punto que obtuvo cierto número de votos, de forma que válidamente no solo se puede concluir que el electorado tenía el firme convencimiento de que todas las personas cuyo nombre fue sometido a consulta estaban participando de forma igualitaria con el objetivo de alcanzar el reglón más alto en la lista que el partido Centro Democrático presentaría para las elecciones del Concejo Municipal de Itagüí, sino que además de acuerdo con las normas antes expuestas el partido tenía la obligación de acatar los resultados obtenidos en la consulta.

En otras palabras, al hacer uso de las consultas internas el partido Centro Democrático debió acatar los resultados en ella obtenidos, lo cual en el caso concreto se traducía en conformar la lista cerrada de acuerdo al estricto orden de votación obtenido por los precandidatos participantes.

Avalar lo contrario, constituiría no solo una burla a los mecanismos de participación democrática instituidos por las Constitución para lo toma de decisiones al interior de los partidos y movimientos políticos, sino además consentir un desgaste administrativo injustificado para los organismos electorales del Estado. Es por ello que las decisiones tomadas por los militantes de un partido político, que haga uso del mecanismo de la consulta popular para conformar sus listas o escoger un candidato son jurídicamente obligatorias, con las consecuencias de la nulidad, en caso de su desconocimiento.

Por lo expuesto, para la Sección la sentencia de primera instancia debe ser revocada para en su lugar declarar la nulidad del acto acusado, habida cuenta que la demandada participó efectivamente en la consulta interna y el partido político desconoció los resultados de la consulta al variar la posición obtenida por la señora Ríos Castaño, sin que, por las razones explicadas, sean de recibo los argumentos esgrimidos por la parte demandada.

En consecuencia, en la parte resolutiva de esta providencia se revocará la sentencia de primera instancia, para en su lugar declarar la nulidad del acto acusado, y por contera, de conformidad con el artículo 288 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordenar la cancelación de la credencial respectiva.

Finalmente, es de anotar que nada dice el artículo en comento en relación con los efectos de la anulación, pues no dispone si aquellos serán hacia el futuro —desde ahora o ex nunc— o hacia el pasado —desde siempre o ex tunc—, por ello, corresponde al juez electoral, ante la ausencia de norma que los establezca, fijar los efectos de sus decisiones anulatorias, como ya lo anticipó esta Sección en reciente Sentencia de Unificación, pero para los eventos de expedición irregular(42).

De conformidad con lo anterior, y en atención al precedente expuesto por la Sala en Sentencia del 26 de mayo de 2016, corresponde al juez fijar los efectos de sus propias sentencias.

Ahora, habrá de entenderse que, al menos en materia electoral, la regla general sobre los efectos de la declaratoria de nulidades es que aquellos serán hacia el futuro —ex nunc— en consideración a la teoría del acto jurídico que distingue entre la existencia, validez y eficacia, como escenarios distintos del acto —administrativo o electoral—; y en respeto a la “verdad material y cierta”, por encima de la mera ficción jurídica.

Dicha regla podrá ser variada, caso a caso, por el juez electoral, dependiendo del vicio que afecte la elección y en atención a las consecuencias de la decisión en eventos en los que aquellas puedan afectar las instituciones y estabilidad democrática(43). En este contexto, los efectos anulatorios de esta sentencia serán hacia el futuro o ex nunc.

4. Conclusión.

De lo expuesto se puede concluir:

• Que de conformidad con el artículo 107 de la Constitución los partidos y movimientos políticos tienen el deber de adoptar mecanismos democráticos tanto para la toma de decisiones como para la escogencia de sus candidatos. Uno de esos mecanismos son precisamente las consultas, las cuales según la citada disposición constitucional pueden ser internas, interpartidistas o populares.

• De acuerdo al artículo 107 Superior, desarrollado por el artículo 7º de la Ley 1475 de 2011, los resultados de todas las consultas adelantadas por los partidos y movimientos políticos son obligatorios para tales organizaciones políticas, y estas solo pueden apartarse de dicho resultado por causas especialísimas constitutivas de fuerza mayor.

• En ningún caso los errores que cometan los partidos en el marco de las consultas pueden ser trasladados a los electores so pena de desconocer los principios pro electoratem (electorado) y pro sufragium (electores) que también se predican de los militantes en el marco de una consulta interna.

• La sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda debe ser revocada, para en su lugar, declarar la nulidad del acto a través del cual se declaró la elección de la señora Ángela María Ríos Castaño como Concejal del Municipio de Itagüí para el periodo 2016-2019, toda vez que se demostró que el partido Centro Democrático desconoció los resultados de la consulta interna realizada el 19 de abril de 2015 en el municipio de Itagüí.

III. La decisión

Con fundamento en lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

1. REVOCAR la sentencia del 4 de mayo de 2016 a través de la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda, y en su lugar dispone:

DECLARAR LA NULIDAD del acto a través del cual se declaró a la señora Ángela María Ríos Castaño como Concejal del Municipio de Itagüí para el periodo 2016-2019. Esta nulidad, por virtud del artículo 288 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, implica la cancelación de la respectiva credencial y, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia, tendrá efectos ex nunc.

2. COMUNICAR esta decisión a la mesa directiva del Concejo Municipal de Itagüí y al Partido Centro Democrático para lo de su competencia.

3. DEVOLVER al Tribunal de origen para lo de su cargo.

Comuníquese, notifíquese y cúmplase.»

15 Fecha en la que se presentó la demanda.

16 Estimado de la población municipal por área elaborado por el DANE y contenido en la página web de dicha entidad.

17 Entendiendo como tal tanto el derecho a elegir y ser elegido, como el de conformar organizaciones políticas para dichos fines.

18 En sentencia del 7 de septiembre de 2015 proferida en el radicado 11001-03-28-000-2014-00066-00, C.P. (E) Alberto Yepes Barreiro respecto a los partidos y movimientos políticos la Sección determinó: “Los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos son, entonces, unidades sociales actuantes que la democracia necesita para que los electores se unan en grupos capaces de actuar políticamente y así ejercer una influencia real en el acontecer estatal, promoviendo la formación de la voluntad popular, con base no solo en el principio mayoritario sino también en la garantía de las minorías, como dos caras de la misma moneda. La democracia no es pues, ni siquiera pensable, sin la presencia de los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos a través de los cuales se expresan las demandas ciudadanas, tanto de la mayoría como de las minorías”.

19 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 2015, radicación 11001-03-28-000-2014-00066-00, C.P. (E) Alberto Yepes Barreiro.

20 El artículo 40 que, en su numeral 3º, atribuye a los ciudadanos el derecho a “constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas”.

21 Respecto a este principio la Corte Constitucional en Sentencia C-089 de 1994 consideró: “El principio democrático que la Carta prohíja es a la vez universal y expansivo. Se dice que es universal en la medida en que compromete variados escenarios, procesos y lugares tanto públicos como privados y también porque la noción de política que lo sustenta se nutre de todo lo que vitalmente pueda interesar a la persona, a la comunidad y al Estado y sea por tanto susceptible de afectar la distribución, control y asignación del poder social. El principio democrático es expansivo pues su dinámica lejos de ignorar el conflicto social, lo encauza a partir del respeto y constante reivindicación de un mínimo de democracia política y social que, de conformidad con su ideario, ha de ampliarse progresivamente conquistando nuevos ámbitos y profundizando permanentemente su vigencia, lo que demanda por parte de los principales actores públicos y privados un denodado esfuerzo para su efectiva construcción. La interpretación constitucional encuentra en el principio democrático una pauta inapreciable para resolver dudas o colmar lagunas que puedan surgir al examinar o aplicar un precepto. En efecto, a la luz de la Constitución la interpretación que ha de primar será siempre la que realice más cabalmente el principio democrático, ya sea exigiendo el respeto a un mínimo de democracia o bien extendiendo su imperio a un nuevo ámbito”.

22 En el mismo sentido la Sección explicó los alcances de la reforma constitucional del año 2003 en la sentencia del 6 de octubre de 2011 proferida dentro del radicado 11001-03-28-000-2010-00120-00, C.P. Alberto Yepes Barreiro en la que sostuvo que: “con la reforma constitucional de 2003 se adoptaron varias medidas que permitieron fortalecer la democracia colombiana y su régimen de partidos. Así, se imponen requisitos más estrictos para obtener personería, se obliga a los partidos a actuar y votar mediante bancadas en las diferentes corporaciones de elección popular, entre otras medidas, con el único propósito de contrarrestar, en las palabras del constituyente derivado, “la política de los personalismos, y la multiplicidad de partidos y movimientos que solo representan a sus miembros”.

23 Sentencia C-490 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

24 En el mismo sentido consultar Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 2015, radicación 11001-03-28-000-2014-00066-00, C.P. (E) Alberto Yepes Barreiro.

25 Aquella ya tenía una regulación legal en el artículo 10 de la Ley 130 de 1994.

26 Según la Sentencia C-490 de 2011 “El objetivo general de la reforma [A.L. 1/2009] era fortalecer la democracia participativa, a través de la imposición de condiciones más estrictas para la conformación de partidos y movimientos, establecer sanciones severas a los actos de indisciplina y, en un lugar central, prodigar herramientas para impedir que la voluntad democrática del electorado resulte interferida por la actuación de los grupos ilegales mencionados. Los objetivos específicos de la enmienda eran: (i) impedir el ingreso de candidatos que tuvieren vínculos o hubieran recibido apoyo electoral de grupos armados ilegales; y (ii) disponer de un régimen preventivo y sancionatorio, tanto a nivel personal como de los partidos políticos, que redujera el fenómeno de influencia de los grupos mencionados en la representación ejercida por el Congreso”.

27 Las consultas internas también tienen regulación en la Ley Estatutaria 130 de 1994.

28 Cfr. Consejo de Estado, Sección quinta, sentencia del 12 de septiembre de 2015, radicación 250002331000201100775-02, C.P. Alberto Yepes Barreiro. Ddo. Alcalde de Soacha, Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 28 de septiembre de 2015, radicación 1001-03-28-000-2014-00057-00, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez. Ddo: Johana Chaves García, entre otras.

29 Respecto al principio democrático en la toma de las decisiones de los partidos y movimientos políticos se puede consultar la sentencia del 5 de marzo de 2015 a través de la cual la Sección Tercera del Consejo de Estado determinó contrarios a los derechos colectivos a la moralidad pública los Estatutos del Partido Liberal. La referencia es Consejo de Estado, Sección Tercera, subsección B, sentencia del 5 de marzo de 2015, radicación AP 25000-23-41-000-2013-00194-01, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

30 Corte Constitucional, Sentencia C-490 de 2011.

31 Artículo 64 de los Estatutos del Centro Democrático. Igualmente, es de anotar que según el artículo numeral 2º del artículo 75 ibídem dicho órgano tiene la función de elegir a los candidatos a concejales de acuerdo a lo establecido en los estatutos, es decir, conforme a lo regulado en el artículo 29.

32 En el minuto 28 de la audiencia de pruebas y frente a la pregunta ¿Participó la señora Ángela Ríos Castaño en la consulta interna realizada por el partido el 19 de abril de 2015? El testigo contestó que dicha ciudadana no había participado en la consulta porque era la cabeza de la lista.

33 Así consta en el minuto 11 y siguientes de la audiencia de pruebas en la que el señor Luis Norberto Guerra sostiene que la demandada participó por un error en una consulta, pues aquella había sido designada como cabeza de lista. En esa misma declaración, sostuvo que se le recomendó a la demandada que renunciara a su participación, pero cuando se dieron cuenta esta ya había sido incluida en el tarjetón.

34 Así consta en el minuto 46:18 de la audiencia de pruebas. Además dicha declarante insistió en que la participación se debió a un error.

35 La realización de la consulta también fue corroborada por los testigos quienes aceptaron que esta se realizó no solo en Itagüí, sino también en otros municipios de Antioquia.

36 Dicho documento además fue reconocido por quien lo suscribió en la audiencia de pruebas.

37 En estos folios se encuentra la Resolución 19 de 11 de marzo de 2015 expedida por la dirección Nacional del partido y la cual dispuso que: “artículo primero: establézcase como mecanismos alternativos de selección interna de los candaditos del partido Centro Democrático, los siguientes: (…) 1.2. Convención Municipal: En los municipios en donde se encuentren inscritos hasta 300 miembros deberán celebrase convenciones (…) 1.3. Consulta interna: En los municipios en donde se encuentren inscritos más 300 miembros se celebraran consultas internas, en la fecha única establecida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, siendo esta el 19 de abril de 2015. PAR.—En los municipios de Antioquia en donde se encuentren inscritos más 100 miembros se celebrarán consultas internas el 19 de abril de 2015”.

38 En efecto así se desprende de la información obtenida de la siguiente página web: http://www.centrodemocratico.com/?q=articulo/atencion-abece-de-las-consultas-internas-del-centro-democratico.

39 En los minutos 46 a 47 de la audiencia de pruebas la declarante Herrera Román afirma que todos los candidatos conocían que la demandada sería designada como la cabeza de la lista.

40 Folio 13 del expediente se lee que en la consulta interna se escrutaron 1647 votos.

41 Que para el caso concreto estuvo conformado por 1647 personas.

42 Cfr. Sentencia de 26 de mayo de 2016. Demandado: Secretario de la Comisión Sexta del Senado de la República, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, expediente 2015-00029.

43 Cfr. Fallo de 6 de octubre de 2011. Demandados: Magistrados del CNE, expediente 2010-00120, C.P. Alberto Yepes Barreiro.