Sentencia 2015-02632 de noviembre 15 de 2017

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Radicación 110011102000201502632 01 (12677-30)

Magistrada Ponente:

Dra. Julia Emma Garzón de Gómez

Aprobado según acta de Sala 98

Bogotá, D.C., quince de noviembre de dos mil diecisiete.

Asunto

Procede la Sala a conocer en grado jurisdiccional de consulta sobre la sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá de fecha 24 de junio de 2016(1), mediante la cual sancionó con exclusión en el ejercicio de la profesión al abogado LUIS ALBERTO JIMÉNEZ POLANCO por encontrarlo responsable de la falta descrita en el artículo 35 numeral 4º de la Ley 1123 de 2007, a título de dolo.

Hechos y actuación procesal

1. La presente investigación disciplinaria se inició con base en la queja formulada el 22 de mayo de 2015, por la señora MARÍA INÉS ORTIZ DE CRUZ, en la que refirió que el abogado LUIS ALBERTO POLANCO JIMÉNEZ recibió de la Secretaría de Educación el pago de su incentivo rural desde diciembre de 2014 y hasta la fecha no le ha entregado el dinero, pues ni siquiera le ha notificado que lo recibió, toda vez que ni una llamada le ha realizado, por el contrario, en la oficina del profesional del derecho la secretaria manifiesta que el doctor JIMÉNEZ POLANCO anda muy enfermo, por lo tanto acude a la Sala Disciplinaria para que el denunciado le entregue el dinero que le corresponde, el cual ganó con honradez y sacrificio.

Asimismo anexó certificación de la Secretaría de Educación de Bogotá firmada por el jefe de nómina en la cual consta que la orden de pago 17174 fue girada al doctor Luis Alberto Jiménez Polanco a la cuenta de ahorros de Bancolombia 03017536671, copia de la Resolución 1225 del 15 de julio de 2014 que ordena dar cumplimiento el pago de sumas de dinero de la señora María Inés Ortiz de Cruz (fl. 1-25, c.o. primera instancia).

2. La Unidad de Registro Nacional de Abogados indicó que el doctor LUIS ALBERTO JIMÉNEZ POLANCO, se identifica con la cédula de ciudadanía 15.302.611 y tarjeta profesional 129780, igualmente la secretaría de esta corporación expidió certificado 254796 del 10 de julio de 2015, en el cual se evidencian sanciones disciplinarias por la falta disciplinaria del artículo 35 numeral 4º de la Ley 1123 de 2007 (fl. 28, c.o. primera instancia).

3. Mediante auto del 10 de agosto de 2015, la magistrada Luz Helena Cristancho Acosta, ordenó apertura de investigación disciplinaria contra el abogado LUIS ALBERTO JIMÉNEZ POLANCO y convocó a los sujetos procesales a la celebración de la audiencia de pruebas y calificación provisional (fl. 30, c.o. primera instancia).

4. Después de varias citaciones al abogado investigado, se ordenó fijar edicto emplazatorio para que se presentara a notificar del auto de apertura de investigación en su contra, lo cual no ocurrió, por tal motivo se dio cumplimiento al artículo 104 de la Ley 1123 de 2007 el día 7 de diciembre de 2015 y se le designó defensora de oficio (fl. 32-70, c.o. primera instancia).

5. Una vez instalada la audiencia de pruebas y calificación provisional, el 7 de marzo de 2016 por parte del magistrado Sergio Estarita Jiménez, la misma fue suspendida en razón a la solicitud de la defensora de oficio del disciplinado (fl. 75, c.o. primera instancia y audio).

6. En sesión del 18 de marzo de 2016, el juez disciplinario continuó la audiencia de pruebas y calificación provisional con la presencia de la quejosa, la defensora de oficio del investigado y el Ministerio Público, realizando las siguientes actuaciones:

— Ratificación y ampliación de queja: La señora María Inés Ortiz de Cruz se ratificó de la queja bajo la gravedad de juramento y agregó que recibió unos formatos que le mandó el doctor Luis Alberto Jiménez Polanco, para que lo nombrara como apoderado a fin de realizar una reclamación administrativa contra la Secretaría de Educación de Bogotá.

Manifestó que trabaja en el Colegio Patio Bonito 1 que ahora se llama Colegio Jairo Aníbal Niño, por lo tanto los maestros demandaron un incentivo rural al que tenían derecho y lo nombraron como apoderado, realizando un paquete con documentos y se lo llevaron a la oficina del abogado investigado.

Refirió que el 30 de diciembre de 2014, la Secretaría de Educación le pagó al abogado Luis Alberto Jiménez Polanco la suma de $ 17.370.090 menos la retención en la fuente, dinero que a la fecha no se los ha entregado, pactando como honorarios el 30%.

— Pruebas decretadas por el a quo:

— Oficiar a la Registraduría Nacional del Estado Civil a efectos de que indicaran si el cupo numérico asignado al doctor Luis Alberto Jiménez Polanco se encuentra vigente.

— Requerir a la quejosa que aporte el contrato de prestación de servicios suscrito con el investigado y el expediente contencioso administrativo que ordena el pago en la Secretaría de Educación.

Asimismo en las diligencias la quejosa aportó como pruebas los documentos con los cuales aduce que demuestran que el disciplinado reclamó el dinero y copia del proceso administrativo 2007-00322 (anexo 1).

El magistrado sustanciador suspendió las diligencias y fijo nueva hora y fecha para su continuación (fl. 94-11, c.o. primera instancia y audio).

7. En la continuación de audiencia de pruebas y calificación provisional del 22 de abril de 2016, el operador disciplinario dio inicio a las diligencias con la quejosa y la defensora de oficio del investigado, de la siguiente manera:

— Intervención de la quejosa: Adujo no tener el contrato de prestación de servicios firmado con el abogado investigado.

— Calificación jurídica de la conducta: El a quo formuló cargos contra el doctor LUIS ALBERTO JIMÉNEZ POLANCO por la falta disciplinaria establecida en el artículo 35 numeral 4º de la Ley 1123 de 2007 bajo la modalidad dolosa.

Lo anterior por cuanto presuntamente el abogado disciplinado recibió de la Secretaría de Educación de Bogotá la suma de $ 17.288.752, dineros que le correspondían a la señora María Inés Ortiz de Cruz, y no obstante después de los requerimientos a la fecha no le ha entregado a su cliente la suma enunciada.

Asimismo el profesional del derecho se le endilgó la falta en la modalidad dolosa, toda vez que tenía conocimiento que el deber profesional le exigía entregar el dinero que recibió en virtud de esa gestión profesional, fruto de la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 26 de julio de 2012 con radicado 2007-00322, en la cual ordenó a la Secretaría de Educación de Bogotá pagar a la quejosa a título de restablecimiento del derecho, una bonificación especial correspondiente a un incentivo rural como docente, proceso en el cual fungió como apoderado el disciplinado como se evidenció en los documentos que aportó la quejosa en las diligencias.

— Pruebas ordenadas por el juez disciplinario:

— Oficiar a Bancolombia a efectos que certifiquen a quien corresponde la cuenta de ahorros 03017536671, remitiendo los extractos bancarios.

— Requerir a la Secretaría de Educación de Bogotá, para que certificaran a quien cancelaron los dineros que correspondían a la señora María Inés Ortiz de Cruz.

— Actualizar antecedentes disciplinarios del doctor Luis Alberto Jiménez Polanco.

Se dieron por terminada las diligencias y se fijó fecha y hora para adelantar la audiencia de juzgamiento (fl. 127, c.o. primera instancia y audio).

8. A folio 131 del cuaderno original de primera instancia, la secretaría judicial de esta colegiatura allegó los antecedentes disciplinarios del abogado LUIS ALBERTO JIMÉNEZ POLANCO de fecha 26 de abril de 2016, en el cual se evidenciaron las siguientes sanciones:

— Falta consagrada en el artículo 33 numeral 8º de la Ley 1123 de 2007, con suspensión de dos meses, del 18 de agosto al 17 de octubre de 2015.

— Falta enunciada en el artículo 35 numeral 4º ibídem, con suspensión de dos meses del 14 de agosto al 13 de octubre de 2014.

— Falta del artículo 35 numeral 4º de la misma ley, con censura del 18 de abril de 2016.

9. La Registraduría Nacional del Estado Civil certificó el 16 de abril de 2016, que el señor Luis Alberto Jiménez Polanco se identifica con cédula de ciudadanía 15302611, vigente a la fecha (fl. 47, c.o. primera instancia).

10. La Secretaría de Educación de Bogotá, en oficio del 4 de mayo de 2016, informó que mediante Resolución SED 1225 del 15 de octubre de 2014 y con orden de pago 17174 del 22 de diciembre de 2014, se realizó transferencia automática de pago el 30 de diciembre del mismo año, a la cuenta de ahorros 030117536671 del banco Bancolombia a nombre de Luis Alberto Jiménez Polanco, identificado con cédula de ciudadanía 15.302.611, por un valor neto de $ 17.288.752, ya que era el apoderado de la señora María Inés Ortiz de Cruz.

Lo anterior por cuanto la señora María Inés Ortiz de Cruz, instauró proceso con radicado 2007-00322 contra la Secretaría de Educación de Bogotá por el no pago de incentivo de ruralidad, pero al fallar en sentencia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ordenó el 26 de julio de 2012 el pago de dicha bonificación especial (fls. 150-170, c.o. primera instancia).

11. El Banco Bancolombia envió el 20 de mayo de 2016, extractos bancarios del señor Luis Alberto Jiménez Polanco identificado con cédula de ciudadanía 15.302.611, asimismo informó que el señor Jiménez Polanco es titular de la cuenta de ahorros 3017536671 (fls. 171-180, c.o. primera instancia).

12. En Audiencia de Juzgamiento del 25 de mayo de 2016, el magistrado instructor dejó constancia de la comparecencia de la quejosa, la apoderada de oficio del disciplinado y el Ministerio Público.

— Alegatos de conclusión del Ministerio Público: Manifestó que efectivamente el abogado Luis Alberto Jiménez Polanco es responsable de la falta consagrada en el artículo 35 numeral 4º de la Ley 1123 de 2007, toda vez que no fue honrado con su cliente ni en el ejercicio de su profesión, constatándolo con los extractos bancarios, ya que el 30 de diciembre de 2014 le depositaron la suma de $ 17.288.752 por parte del Fondo de Educación Regional, dinero producto de la sentencia judicial a favor de la señora María Inés Ortiz de Cruz.

— Alegatos de conclusión de la defensora de oficio del disciplinado:

Solicitó que al momento de proferir sentencia, se tuviera en cuenta que el abogado realizó la gestión profesional encomendada y que además no existe constancia que la quejosa hubiera puesto a disposición del abogado los datos de contacto de la cuenta bancaria o la forma como le debía realizar la transferencia de los dineros para lo cual le otorgó poder, por lo que la modalidad de la conducta no puede ser dolosa (fl. 182, c.o. primera instancia y audio).

De la sentencia consultada

Mediante fallo del 24 de junio de 2016, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, sancionó con Exclusión en el ejercicio de la profesión al abogado LUIS ALBERTO JIMÉNEZ POLANCO por encontrarlo responsable de la falta descrita en el artículo 35 numeral 4º de la Ley 1123 de 2007, a título de dolo.

En primer lugar expone que del material probatorio se constató la responsabilidad del disciplinado, en relación a los hechos que se le imputan, toda vez que se le otorgó poder al doctor Jiménez Polanco por parte de la señora María Inés Ortiz de Cruz, con el fin de que reclamara un incentivo rural el cual no le había sido pagado por la Secretaría de Educación de acuerdo con el trabajo realizado en el Colegio Jairo Aníbal Niño.

Igualmente se evidenció que el doctor Luis Alberto Jiménez Polanco, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en representación de la señora María Inés Ortiz de Cruz pretendiendo el pago del incentivo rural a que tenía derecho como educadora, profiriendo sentencia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 26 de julio de 2012 dentro del radicado 2007-00322, ordenando a la oficina de nómina de la Secretaría de Educación de Bogotá el pago de las sumas de dinero a la señora Ortiz de Cruz.

Asimismo se observó como prueba que el día 13 de junio de 2014 el disciplinado radicó como apoderado de la quejosa, la documentación para el pago y cumplimiento del fallo del 26 de julio de 2012 proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y como consecuencia de ello el Secretaría de Educación de Bogotá emite la orden de pago 17174 del 22 de diciembre de 2014 por la suma de $ 17.370.090 a favor de la señora María Inés Ortiz de Cruz. Igualmente con el descuento de la retención en la fuente quedó un neto de $ 17.288.752, los cuales fueron consignados al abogado Luis Alberto Jiménez Polanco a la cuenta de ahorros 03017536671 que conforme a lo informado por Bancolombia, corresponde a la cuenta del abogado disciplinado.

Resaltó el a quo que obra prueba necesaria y suficiente para endilgar en grado de certeza responsabilidad disciplinaria en contra del abogado Luis Alberto Jiménez Polanco, al no haber hecho entrega a su cliente de la suma de $ 17.288.752 producto de la gestión profesional, configurando así el dolo ya que en forma consiente y voluntaria se ha abstenido de devolver los dineros que le fueron consignados por la Secretaría de Educación de Bogotá que pertenecen a la señora María Inés Ortiz de Cruz.

Concluyó la Sala de Instancia, que el abogado disciplinado es merecedor de la sanción de exclusión del ejercicio de la profesión, teniendo en cuenta la trascendencia social de la conducta, la modalidad de la misma y los antecedentes disciplinarios allegados, siendo reiterativo en la incursión de la falta a la honradez del abogado (fls. 183-202, c.o. primera instancia).

Actuación de segunda instancia

1. En esta etapa procesal quien funge como magistrada sustanciadora avocó el conocimiento del asunto mediante auto del 28 de septiembre de 2016, ordenó comunicar a los intervinientes y allegar los antecedentes disciplinarios del encartado (fl. 5, c.o. segunda instancia).

2. La Secretaria Judicial de esta corporación, el 28 de septiembre de 2016 expidió certificado 753410, en el cual se evidencia que el abogado Luis Alberto Jiménez Polanco registra antecedentes disciplinarios de la siguiente manera:

— Falta consagrada en el artículo 33 numeral 8º de la Ley 1123 de 2007, con suspensión de dos meses, del 18 de agosto al 17 de octubre de 2015.

— Falta enunciada en el artículo 35 numeral 4º ibídem, con suspensión de dos meses del 14 de agosto al 13 de octubre de 2014.

— Falta del artículo 35 numeral 4º de la misma ley, con censura del 18 de abril de 2016.

Asimismo indicó la Secretaría Judicial de la Sala Disciplinaria que no cursan otras investigaciones contra el abogado Luis Alberto Jiménez Polanco por los mismos hechos en esta Superioridad (fl. 24-26, c.o. segunda instancia).

Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 256 de la Constitución Política, el numeral 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996 y el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007, corresponde a esta colegiatura conocer en grado jurisdiccional de consulta de las decisiones proferidas en primera instancia por las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la Judicatura, cuando fueren desfavorables a los investigados y no hayan sido apeladas, como lo ocurrido en el asunto bajo examen.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Autos 278 del 9 de julio y 372 del 26 de agosto de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 2 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las comisiones seccionales de disciplina judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 comisiones seccionales de disciplina judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 2 de 2015 que es del siguiente tenor: “los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”; en consecuencia, conforme a las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 2 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente esta colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

2. De la condición de sujeto disciplinable.

La Unidad de Registro Nacional de Abogados indicó que el doctor LUIS ALBERTO JIMÉNEZ POLANCO, se identifica con la cédula de ciudadanía 15.302.611 y tarjeta profesional 129780, igualmente la Secretaría de esta corporación expidió certificado 254796 del 10 de julio de 2015, en el cual se evidencian sanciones disciplinarias por la falta del artículo 35 numeral 4º de la Ley 1123 de 2007 (fl 28, c.o. primera instancia).

3. Requisitos para sancionar.

Al tenor de lo previsto en el artículo 97 de la Ley 1123 de 2007, para proferir fallo sancionatorio se requiere de prueba que conduzca a la certeza de la existencia de la falta atribuida y de la responsabilidad del disciplinable.

4. De la falta endilgada.

La falta por la cual la primera instancia sancionó con exclusión en el ejercicio de la profesión al abogado LUIS ALBERTO JIMÉNEZ POLANCO, se encuentra vigente y consagrada en el artículo 35 numeral 4º de la Ley 1123 de 2007 cuya literalidad es la siguiente:

“ART. 35.—Constituyen faltas a la honradez del abogado:

4. No entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional, o demorar la comunicación de este recibo”.

4.1. De la tipicidad.

La tipicidad de la conducta representa un corolario del principio de legalidad, aplicable a las distintas modalidades del derecho sancionador del Estado. El mismo establece la necesidad de fijar de antemano y de forma clara y expresa, las conductas susceptibles de reproche judicial y las consecuencias negativas que generan, con el fin de reducir la discrecionalidad de las autoridades públicas al momento de ejercer sus facultades punitivas.

En la Sentencia C-030 de 2012 la Corte Constitucional recordó que la tipicidad en el derecho disciplinario hace parte de las garantías propias del derecho fundamental al debido proceso, y abarca tanto la descripción de los elementos objetivos de la falta, como la precisión de la modalidad subjetiva en la cual se verifica, su entidad o gravedad y la clase de sanción de la cual se hace acreedor el individuo responsable:

“[E]n el derecho disciplinario resulta exigible el principio de tipicidad, el cual hace parte igualmente de la garantía del debido proceso disciplinario. De acuerdo con este principio, ‘la norma creadora de las infracciones y de las sanciones, debe describir clara, expresa e inequívocamente las conductas que pueden ser sancionadas y el contenido material de las infracciones, así como la correlación entre unas y otras’(2).

(…) De otra parte, la jurisprudencia de esta Corte ha sostenido que el principio de tipicidad se compone de dos aspectos, (i) que ‘exista una ley previa que determine la conducta objeto de sanción’ y (ii) ‘la precisión que se emplee en ésta para determinar la conducta o hecho objeto de reproche y la sanción que ha de imponerse’(3). Este último aspecto, se encuentra orientado a reducir al máximo la facultad discrecional de la administración en el ejercicio del poder sancionatorio que le es propio(4).

De conformidad con la doctrina y la jurisprudencia constitucional, el concepto de precisión mencionado, ligado analíticamente al principio de tipicidad, implica que son varios los aspectos normativos que debe regular de manera clara y expresa la norma sancionatoria: (i) el grado de culpabilidad del agente (si actuó con dolo o culpa); (ii) la gravedad o levedad de su conducta (si por su naturaleza debe ser calificada como leve, grave o gravísima); y (iii) la graduación de la respectiva sanción (mínima, media o máxima según la intensidad del comportamiento) (…)(5).

Con todo, el mismo Alto Tribunal advierte que en materia disciplinaria la tipicidad de la conducta admite un grado mayor de flexibilidad por su ámbito de aplicación, la teleología de la sanción y la amplitud de las funciones o los deberes asignados a sus destinatarios:

“[S]i bien el principio de tipicidad es plenamente exigible en el derecho disciplinario, éste se aplica con una mayor flexibilidad y menor rigurosidad en este ámbito. Lo anterior, por cuanto ‘la naturaleza de las conductas reprimidas, los bienes jurídicos involucrados, la teleología de las facultades sancionatorias, los sujetos disciplinables y los efectos jurídicos que se producen frente a la comunidad, hacen que la tipicidad en materia disciplinaria admita —en principio— cierta flexibilidad’(6).

(…) En consecuencia, la jurisprudencia constitucional ha encontrado que las principales diferencias existentes entre la tipicidad en el derecho penal y en el derecho disciplinario se refieren a (i) la precisión con la cual deben estar definidas las conductas en las normas disciplinarias, y (ii) la amplitud de que goza el fallador disciplinario para adelantar el proceso de adecuación típica de las conductas disciplinarias en los procedimientos sancionatorios”(7).

En el caso bajo estudio, el doctor LUIS ALBERTO JIMÉNEZ POLANCO fue sancionado con exclusión de la profesión de abogado en Primera Instancia por la falta descrita en el numeral 4º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, veamos:

Para esta colegiatura, se encuentra acreditado dentro del acervo probatorio que el abogado sancionado representaba los intereses de la señora María Inés Ortiz de Cruz, por poder otorgado el 19 de junio de 2007, en el cual se encomendó al disciplinado presentar reclamación administrativa contra la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, con el fin de obtener el reconocimiento y pago del incentivo salarial y profesional de ruralidad establecido en la ley, los intereses comerciales y moratorios si a ello hubiere lugar o a la indexación de las sumas adeudadas (fls. 1-4, cdno. anexo 1).

Por tanto, en el presente caso la Sala encuentra probada la relación profesional entre el abogado disciplinado y su cliente la señora María Inés Ortiz de Cruz, apoderado de confianza quien al iniciar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, fue asignada al Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Bogotá.

Asimismo el mencionado despacho judicial en sentencia del 19 de enero de 2010, negó las pretensiones del abogado Jiménez Polanco en representación de la señora María Inés Ortiz de Cruz, y al presentar el recurso de apelación, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia del 26 de julio de 2012, resolvió revocar la sentencia del Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Bogotá y como consecuencia ordenó al Distrito Capital de Bogotá Secretaría de Educación “reconocer, liquidar y pagar a la actora MARÍA INÉS ORTIZ DE CRUZ la bonificación especial a la que tiene derecho por laborar en el plantel educativo ubicado en zona de difícil acceso, situación crítica de seguridad minera o vulnerable” (fls. 31-68, cdno. anexo 1).

Igualmente se observa que el doctor Luis Alberto Jiménez Polanco, como apoderado de la señora María Inés Ortiz de Cruz, solicitó ante la Secretaría Distrital de Bogotá el día 13 de junio de 2014 con radicado E- 2014-99651 la documentación para el pago y cumplimiento del fallo del 26 de julio de 2012 emitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Asimismo mediante Resolución 1225 del 15 de julio de 2014, se ordenó por parte del Secretario de Educación Distrital de Bogotá el pago en favor de la quejosa por valor de $ 17.370,090, de los cuales fueron consignados al doctor Luis Alberto Jiménez Polanco la suma de $ 17.288.752, teniendo en cuenta que retuvieron $ 81.338 por concepto de rendimientos financieros, equivalente al 7% (fls. 95-111, c.o. primera instancia).

Aunado a ello se allegó certificación del banco Bancolombia, en la que constata que efectivamente la suma de $ 17.288.752 fue abonada a la cuenta de ahorros del señor Luis Alberto Jiménez Polanco con Nº 3017536671 el 30 de diciembre de 2014, como pruebas anexó los extractos bancarios de mencionada cuenta; información corroborada por la oficina de nómina de la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá a folio 95 del cuaderno original de primera instancia.

Por lo tanto, obra en grado de certeza la tipicidad de la conducta del abogado investigado quien no ha entregado las sumas de dinero producto de la gestión profesional, las cuales tiene en su poder desde el 30 de diciembre de 2014.

4.2. Antijuridicidad.

De acuerdo con el artículo 4º de la Ley 1123 de 2007, para que una conducta típica merezca reproche, es preciso que vulnere alguno de los deberes funcionales de los abogados:

“ART. 4º—Antijuridicidad. Un abogado incurrirá en una falta antijurídica cuando con su conducta afecte, sin justificación, alguno de los deberes consagrados en el presente código”.

Con respecto a la antijuridicidad como presupuesto de la sanción disciplinaria, la Corte Constitucional señaló en la Sentencia C-181 de 2002 que “la infracción disciplinaria siempre supone la existencia de un deber cuyo olvido, incumplimiento o desconocimiento genera la respuesta represiva del Estado”.

De forma semejante, en la Sentencia C-948 de 2002 el mismo Alto Tribunal indicó que el derecho disciplinario busca asegurar el cumplimiento de los deberes legales atribuidos a los funcionarios públicos o a los particulares que desarrollan actividades de interés general:

“La Corte ha precisado igualmente que en materia disciplinaria, la ley debe orientarse a asegurar el cumplimiento de los deberes funcionales que le asisten al servidor público o al particular que cumple funciones públicas pues las faltas le interesan al derecho disciplinario en cuanto interfieran tales funciones(8). De allí que el derecho disciplinario valore la inobservancia de normas positivas en cuanto ella implique el quebrantamiento del deber funcional, esto es, el desconocimiento de la función social que le incumbe al servidor público o al particular que cumple funciones públicas”(9).

Preceptúa la Ley 1123 de 2007 en su artículo 4º, que los profesionales del derecho incurren en falta antijurídica cuando con su conducta afecten, sin justificación, alguno de los deberes allí consagrados.

Analizado este elemento, se colige en este caso que el profesional del derecho acusado LUIS ALBERTO JIMÉNEZ POLANCO, vulneró el deber a la honradez, no entregando a la quejosa los dineros en virtud de la gestión profesional, suma que equivale a $ 17.288.752, sin allegar pruebas al plenario que justificaran la negativa de entrega de dicha suma correspondiente a “la bonificación especial a la que tiene derecho por laborar en el plantel educativo ubicado en zona de difícil acceso, situación crítica de seguridad minera o vulnerable” de la señora María Inés Ortiz de Cruz, por lo tanto no existe eximente de responsabilidad disciplinaria.

Además de ratificación de la queja bajo la gravedad de juramento, la señora María Inés Ortiz de Cruz, indica que le ha requerido al profesional del derecho disciplinado por medio de la secretaria que le devuelva los dineros producto de la gestión profesional, sin que a la fecha se encuentre respuesta del mismo, lo cual para esta colegiatura no tiene alguna justificante, ya que no reposa en el plenario causal para exonerarlo de responsabilidad (fl. 1 y audiencia de pruebas y calificación provisional de mar. 18/2016, fl. 93 y audio).

Por lo anterior está demostrado que el investigado vulneró con su actuar el deber profesional del abogado de obrar con honradez desde el momento que recibió los dineros y no los ha entregado a su poderdante, ya que dichos dineros eran producto de la gestión profesional, aunado a ello los tiene en su poder desde diciembre de 2014, sin demostrar una justificante que amerite dichos hechos.

4.3. Culpabilidad.

En el derecho disciplinario se encuentra proscrita cualquier forma de responsabilidad objetiva. Ello implica que la imposición de una sanción de esta naturaleza siempre supone la evidencia de un actuar culposo o doloso por parte del investigado.

Al respecto, la Corte Constitucional en la Sentencia C-181 de 2002 indicó que en materia disciplinaria la modalidad subjetiva con la cual se comete conducta dependerá de la naturaleza misma de la acción castigada, lo cual supone que, en principio, no todas las infracciones admiten su ejecución en las modalidades de dolo o culpa:

“[E]n materia penal, al igual que en el campo del derecho disciplinario, la sanción imponible por la comisión de una conducta reprochable sólo tiene lugar en presencia de acciones dolosas o culposas.

Ciertamente, la proscripción de la responsabilidad objetiva que acoge el régimen jurídico colombiano impone la restricción de sancionar la conducta por el sólo hecho de la ocurrencia del resultado y exige, en cambio, verificar la finalidad dolosa o culposa en la ejecución de la acción que se investiga.

Ahora bien, la circunstancia de que las conductas que vulneran el régimen jurídico merezcan sanción sólo cuando se realizan de manera culposa o dolosa no significa que todas las infracciones admitan ser ejecutadas en ambas modalidades de conducta. La determinación de si un comportamiento puede ser ejecutado a título de dolo o culpa depende de la naturaleza misma del comportamiento.

En otros términos, el dolo o la culpa son elementos constitutivos de la acción, son sus elementos subjetivos estructurales. De allí que sea la propia ontología de la falta la que determina si la acción puede ser cometida a título de dolo o de culpa o, lo que es lo mismo, que la estructura de la conducta sancionada defina las modalidades de la acción que son admisibles” (énfasis agregado por la Sala).

En este caso, debe decirse que la falta a la honradez es una conducta dolosa, por cuanto los profesionales del derecho conocen que los dineros recibidos producto de su gestión profesional no les pertenecen y deben entregarlos a su poderdante, luego, la violación o inadvertencia de las reglas que regulan la profesión de abogado generan un comportamiento profesional que puede conducir a la producción de un resultado típico, desde el punto de vista, para nuestro caso, de la comisión de una falta disciplinaria.

Ahora, es evidente que dada su condición de abogado, el doctor LUIS ALBERTO JIMÉNEZ POLANCO debió entregar a la señora María Inés Ortiz de Cruz, las sumas de dinero que recibió el día 30 de diciembre de 2014, pero aun así los sigue reteniendo, comportamiento imputable a título de dolo, evidenciándose la intencionalidad de quebrantar los deberes, pues en forma consciente y voluntaria sigue reteniendo los dineros que le fueron consignados por la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá y que le pertenecen a su clienta, por ello tiene el conocimiento de la ilicitud de la conducta y su posterior realización, alejándose así el togado de los principios que orientan la profesión de abogado al no obrar con honradez.

4.4. Dosimetría de la sanción a imponer.

Al tenor de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 1123 de 2007, para la graduación de la sanción debe tenerse en cuenta los límites y parámetros allí señalados, los cuales deben consultar los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad.

Sobre este último, la Corte Constitucional señaló en la Sentencia C-591 de 1993 que alude al propósito de coherencia entre la conducta realizada y la intensidad del castigo atribuido, tomando en consideración el grado de culpabilidad del autor y los daños ocasionados con su obrar. Al respecto, manifestó lo siguiente el Alto Tribunal:

“La relación que debe existir entre la falta cometida y la sanción a imponer es una cuestión que debe resolver en cada caso el juzgador. En esa tarea resulta obligado aplicar la pena consagrada en la ley de acuerdo con el grado de culpabilidad del sujeto. El juicio de proporcionalidad —que debe ceñirse estrictamente a lo establecido en la ley (C.P., art. 230)— es necesariamente individual. A la luz de sus criterios podrá estimarse si el castigo impuesto guarda simetría con el comportamiento y la culpabilidad del sujeto al cual se imputa”.

Así las cosas, para la falta endilgada al inculpado, consagró el artículo 40 del Código Disciplinario del Abogado cuatro tipos de sanción, siendo la más leve la censura, de menor gravedad la suspensión y la máxima aplicable la de exclusión, las cuales podrán imponerse de manera autónoma o concurrente con la multa.

De otra parte, esta Sala confirmará la sanción de EXCLUSIÓN, teniendo en cuenta la inobservancia de los deberes profesionales del abogado ya que no actuó con honradez en el momento que recibió los dineros producto de la gestión profesional por valor de $ 17.288.752 desde el 30 de diciembre de 2014, los cuales pertenecen a su clienta, porque como docente fueron reconocidos como “bonificación especial a la que tiene derecho por laborar en el plantel educativo ubicado en zona de difícil acceso, situación crítica de seguridad minera o vulnerable” lo que no admite justificación, teniendo en cuenta que es una obligación legal que debió cumplir el doctor Luis Alberto Jiménez Polanco, como era actuar con honradez.

Aunado a lo anterior, el comportamiento reprochado se imputó a título de dolo ya que con la falta en la que incurrió el disciplinado contenida en el artículo 35 numeral 4º de la Ley 1123 de 2007, ocasionó perjuicios a la quejosa, quien no pudo disponer de su dinero sino por el contrario no cuenta con la suma de $ 17.288.752 producto de su trabajo como educadora, motivos determinantes para excluir de la profesión al doctor Luis Alberto Jiménez Polanco.

Asimismo, la mencionada sanción cumple también con el principio de razonabilidad entendido como la idoneidad o adecuación al fin de la pena, justifica la sanción disciplinaria impuesta al abogado LUIS ALBERTO JIMÉNEZ POLANCO, como bien se evidenció cuenta con antecedentes disciplinarios y ha sido reiterativo en la falta endilgada, pues acorde con lo expresado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-530 del 11 de noviembre de 1993:

“(…) La razonabilidad hace relación a que un juicio, raciocinio o idea esté conforme con la prudencia, la justicia o la equidad que rigen para el caso concreto. Es decir, cuando se justifica una acción o expresión de una idea, juicio o raciocinio por su conveniencia o necesidad”.

Por lo anterior, la Sala CONFIRMARÁ la sentencia consultada proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá de fecha 24 de junio de 2016, mediante la cual SANCIONÓ CON EXCLUSIÓN EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN AL ABOGADO LUIS ALBERTO JIMÉNEZ POLANCO por encontrarlo responsable de la falta descrita en el artículo 35 numeral 4º de la Ley 1123 de 2007, a título de dolo.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de ley,

RESUELVE

1. CONFIRMAR la sentencia consultada proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá de fecha 24 de junio de 2016, mediante la cual SANCIONÓ CON EXCLUSIÓN EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN AL ABOGADO LUIS ALBERTO JIMÉNEZ POLANCO POR ENCONTRARLO RESPONSABLE DE LA FALTA DESCRITA EN EL ARTÍCULO 35 NUMERAL 4º DE LA LEY 1123 DE 2007, A TÍTULO DE DOLO, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión.

2. Anotar la sanción en el Registro Nacional de Abogados, fecha a partir de la cual empezará a regir la misma, para cuyo efecto se le comunicará a la oficina encargada del registro lo aquí resuelto, remitiendo copia de esta providencia con constancia de su ejecutoria.

3. DEVUÉLVASE al Seccional de origen, para que notifique a los intervinientes de la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 70 y siguientes de la Ley 1123 de 2007, asimismo el magistrado sustanciador tendrá las facultades de comisionar cuando sea requerido para dar cumplimiento a la presente decisión; y en segundo lugar, cumpla con lo dispuesto por la Sala y los demás fines pertinentes.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Pedro Alonso Sanabria Buitrago, Presidente—Julia Emma Garzón de Gómez—Magda Victoria Acosta Walteros—Fidalgo Javier Estupiñán Carvajal—María Lourdes Hernández Mindiola—Camilo Montoya Reyes—Julio César Villamil Hernández.

Yira Lucía Olarte Ávila, Secretaria Judicial.

1 Con ponencia del doctor Sergio Eduardo Estarita Jiménez en Sala Dual con la doctora Paulina Canosa Suárez.

2 Ibídem.

3 Sentencia C-564 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

4 Ver Sentencia C-564 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

5 Ver Sentencia C-796 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

6 Sentencia C-404 de 2001, reiterado en Sentencia C-818 de 2005.

7 Ver sentencias C-404 de 2001 y T-1093 de 2004, entre otras.

8 En reiterados pronunciamientos esta corporación ha resaltado que la órbita de injerencia del derecho disciplinario se circunscribe al comportamiento de los servidores públicos en ejercicio de sus cargos. Por ello se ha expuesto que “El derecho disciplinario comprende el conjunto de normas, sustanciales y procesales, en virtud de las cuales el Estado asegura la obediencia, la disciplina y el comportamiento ético, la moralidad y la eficiencia de los servidores públicos, con miras a asegurar el buen funcionamiento de los diferentes servicios a su cargo”. Corte Constitucional. Sentencia C-341-96, M.P. Antonio Barrera Carbonell. En el mismo sentido, se ha indicado que “El Código Disciplinario Único comprende el conjunto de normas sustanciales y procesales, con las que el legislador pretende asegurar la obediencia, la disciplina, la eficiencia y el adecuado comportamiento de los servidores públicos en el ejercicio de sus cargos”. Corte Constitucional. Sentencia C-712.01, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

9 Ver Sentencia C-373 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño. S.P.V. de los magistrados Rodrigo Escobar Gil y Eduardo Montealegre Lynett.