Sentencia 2015-02644 de marzo 22 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente:

Rafael Francisco Suárez Vargas

Bogotá, D.C., veintidós (22) de marzo de dos mil dieciocho (2018).

Rad.: 250002342000-2015-02644-01 (1013-17)

Demandante: Aura María Estupiñán Sánchez

Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

2. Consideraciones

2.1. Cuestión previa.

Antes de plantear el problema jurídico, debe advertir la Sala que el estudio del recurso de apelación se limitará solo a los cargos que formuló la parte actora en la demanda y a los motivos de inconformidad expuestos por el recurrente contra la providencia objeto del recurso y que se relacionen, desde luego, con las causales de nulidad planteadas en la demanda, y no a la nueva censura que hace en su escrito de alzada referida a «si los dineros cobrados por la docente, en el periodo que ejerció el cargo de libre nombramiento y remoción, deberán ser reintegrados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio», frente al cual planteó algunos interrogantes, pues tal etapa procesal no puede ser utilizada para sanear omisiones o deficiencias de la demanda.

Es sabido que el marco de la resolución judicial en esta instancia, lo establece únicamente los motivos en que fundamenta la parte su inconformidad contra la sentencia recurrida, frente a lo planteado en la demanda, dados los límites que tiene el sentenciador ad quem.

Las pretensiones de la demandante se dirigieron a reclamar la declaratoria de que el cargo que ejerce como director técnico en comisión de servicios es compatible con el percibimiento de una pensión de jubilación en calidad de docente afiliada al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio; que se ordene a la demandada ingresar en nómina el pago de su pensión de jubilación otorgada mediante Resolución 4727 del 17 de septiembre de 2013; que se le paguen las mesadas causadas y no pagadas, a partir de la fecha en que se suspendió el pago y hasta que se reactive este; que se efectúen los ajustes de valor conforme al IPC; y que se dé cumplimiento al fallo en los términos del artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Por su parte el a quo, en la audiencia inicial, fijó el litigio(2) en los siguientes términos:

En el presente asunto se debe determinar si la señora Aura María Estupiñán Sánchez, tiene derecho a que se declare que el cargo de libre nombramiento y remoción que desempeña actualmente, es compatible con el percibimiento de la pensión de jubilación que le fue reconocida en su condición de docente, de ser afirmativa la respuesta al anterior cuestionamiento, establecer si i) tiene derecho a que se reanude el pago de su pensión de jubilación desde la fecha en que fue suspendida por haber sido nombrada en el cargo de libre nombramiento y remoción de director técnico código 09 grado 05 de la Secretaría de Educación de Bogotá, ii) a que se le paguen las sumas necesarias para hacer los ajustes de valor, conforme al índice de precios al consumidor o al por mayor y tal como lo autoriza el artículo 48 de la Constitución Política y el inciso final del artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y iii) a que si no se da cumplimiento al fallo dentro del término previsto en el artículo 192 numeral 2º del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se le paguen intereses moratorios después de este término conforme lo ordena el inciso 3º del mismo artículo.

Se indagó a las partes sobre lo expuesto. Las partes estuvieron de acuerdo. Se fija el litigio en los términos definidos anteriormente. Esta decisión queda notificada en estrado. Las partes no interpusieron recursos.

Aceptar, como pretende la parte actora, el examen del nuevo cargo planteado en la apelación, atentaría contra el derecho de defensa de la parte demandada, quien se vería sorprendida por el cambio de rumbo de la demanda, sin haber tenido la oportunidad para controvertir la nueva censura que se formula.

En este sentido encuentra la Sala que los únicos reparos que presenta la recurrente contra el fallo del tribunal, en consonancia con su demanda, se dirigen a reiterar el derecho que le asiste a percibir de manera simultánea la mesada pensional y la asignación correspondiente al cargo de libre nombramiento y remoción para el cual fue comisionada.

2.2. Problema jurídico.

En los términos expuestos, el problema jurídico se circunscribe a determinar si en el presente asunto existe compatibilidad entre la pensión de jubilación reconocida a la señora Aura María Estupiñán Sánchez mediante la Resolución 4727 del 17 de septiembre de 2013 y la asignación devengada en el cargo de libre nombramiento y remoción en el cual fue nombrada mediante Resolución 2054 del 31 de agosto de 2012 como director técnico código 09 grado 05, ubicado en la dirección local de Usme o si, por el contrario, son incompatibles, como lo concluyó el a quo en la sentencia de primera instancia.

2.2.1. Marco normativo y jurisprudencial. Compatibilidad entre pensión y sueldo.

El artículo 5º del Decreto 224 de 1972 determinó que el ejercicio de la docencia no sería incompatible con el goce de la pensión de jubilación. Por su parte, el Decreto 2277 de 1979 —Estatuto Docente— en su artículo 3º, dispuso que los educadores que prestan sus servicios a entidades del orden Nacional, Departamental, Distrital y Municipal son empleados oficiales de régimen especial en lo que tiene que ver con la administración de personal y algunos temas salariales y prestacionales. Las citadas normas disponen:

Decreto 224 de 1972:

ART. 5º—El ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce de la pensión de jubilación siempre y cuando el beneficiario esté mental y físicamente apto para la tarea docente, pero se decretará retiro forzoso del servicio al cumplir sesenta y cinco (65) años de edad.

Decreto 2277 de 1979:

ART. 3º—Los educadores que prestan sus servicios en entidades oficiales de orden nacional, departamental, distrital, intendencial, comisarial y municipal, son empleados oficiales de régimen especial que, una vez posesionados, quedan vinculados a la administración por las normas previstas en este decreto.

La especialidad del régimen a que hace referencia esta disposición, comprende aspectos de administración de personal, situaciones administrativas, ascenso de los educadores, entre otros. Sin embargo, aunque en lo relacionado con la pensión ordinaria de jubilación los docentes no disfrutan de privilegio alguno, sí han disfrutado de algunas prerrogativas, como la posibilidad de recibir simultáneamente pensión y sueldo, y algunos gozan de la denominada pensión gracia, por lo que resulta válido aceptar que, de alguna manera, gozan de un tratamiento especial por parte del ordenamiento jurídico.

Ahora bien, la Constitución Política de 1991, en su artículo 128, consagra la prohibición de desempeñar simultáneamente más de un empleo público y recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, en los siguientes términos:

Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley.

Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas.

Por su parte, la Ley 4 de 1992, por medio de la cual se establecieron las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, entre otros, en su artículo 19 dispuso:

Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las siguientes asignaciones:

a) Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como asesores de la Rama Legislativa;

b) Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o policial de la Fuerza Pública;

c) Las percibidas por concepto de sustitución pensional;

d) Los honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra;

e) Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud;

f) Los honorarios percibidos por los miembros de las juntas directivas, en razón de su asistencia a las mismas, siempre que no se trate de más de dos juntas;

g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente ley beneficien a los servidores oficiales docentes pensionados.

A su turno, la Ley 60 de 1993 en su artículo 6º —inciso 3º— preceptúa:

El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones.

Respecto de la compatibilidad entre sueldo y pensión de jubilación para docentes, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado(3), concluyó lo siguiente:

Teniendo en cuenta este antecedente, así como la legislación expedida con posterioridad a la Ley 4ª de 1992, la Sala considera que si bien es cierto ella estableció como criterio para fijar el régimen salarial y prestacional de los servidores aludidos, el respeto a los derechos adquiridos por los servidores del Estado tanto de régimen general «como de los regímenes especiales», como era natural, también lo es que el literal g) no estableció una excepción a la prohibición, atendiendo un criterio subjetivo, derivado de la locución «beneficien a los servidores oficiales docentes pensionados», sino uno de carácter objetivo supeditado a la expresión «exceptúanse las siguientes asignaciones», que remite a las disposiciones de la legislación anterior que consagraban las excepciones ya mencionadas, esto es, la compatibilidad de devengar pensión y sueldo, o dos pensiones —ordinaria y gracia—.

Así, las locuciones citadas entre comillas se remiten a las normas que beneficiaban a los docentes pensionados, es decir, aquellas que permiten al docente que disfruta de una pensión recibir otra asignación del tesoro público, y no a los docentes que se hallaban pensionados al momento de la vigencia de la ley 4ª de 1992, pues la excepción apunta es a las «asignaciones» y no a los sujetos «docentes pensionados».

De esta manera, un docente se beneficia de la excepción dicha, cuando al cumplir las exigencias legales accede a la pensión y simultáneamente tiene la posibilidad jurídica de devengar sueldo u otra pensión, en los términos ya señalados (...).

En el mismo sentido se pronunció la Corte Constitucional, en los siguientes términos:

(...)

Entre los preceptos que han venido favoreciendo a los docentes al servicio de entidades públicas cabe señalar el contenido en el artículo 5 del Decreto Ley 224 de 1972, a cuyo tenor «el ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce de la pensión de jubilación siempre y cuando el beneficiario esté mental y físicamente apto para la tarea docente, pero no se decretará el retiro forzoso del servicio al cumplir los 65 años de edad».

Así, pues, cuando en el asunto que se examina la Caja Nacional de Previsión Social, mediante acto administrativo, desconoce la existencia de unas clarísimas excepciones al precepto constitucional, establecidas por la ley con previa autorización de la propia Carta, las cuales favorecen de manera específica a quienes cumplen la actividad docente, que es la ejercida por la actora, lesiona abiertamente su derecho al trabajo.

En efecto, amparada en la misma norma constitucional que la Caja invoca y en la normatividad legal que consagra el régimen excepcional, la peticionaria puede percibir las mesadas correspondientes a su pensión sin que para ello deba renunciar al cargo de docente y, a la inversa, le es posible trabajar al servicio de la enseñanza sin que, contra su voluntad de hacerlo, pueda Cajanal oponer la consecuencia de una pérdida del derecho a la pensión, ya que con ello impondría al trabajo un castigo que, para casos como el controvertido, no tiene sustento en norma alguna.

(...)

Además, es claro para la Corte que, estando autorizada la peticionaria para ejercer como docente sin detrimento de su pensión, la restricción proveniente del acto administrativo vulnera su derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Por su parte, la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado(4), señaló:

(...)

En lo que atañe al caso concreto, es válido afirmar que los docentes oficiales han disfrutado de algunas prerrogativas, como la posibilidad de recibir simultáneamente pensión y sueldo, y algunos gozan de la denominada pensión gracia, lo que permite aceptar que, de alguna manera, gozan de un tratamiento especial por parte del ordenamiento jurídico

(...)

Bajo estos supuestos, el artículo 5 del Decreto 224 de 1972(5) consagró la compatibilidad del ejercicio de la docencia con el goce de la pensión de jubilación. Posteriormente, el artículo 70 del Decreto 2277 de 1979 previó, que el disfrute de la pensión no sería incompatible con el ejercicio de empleos docentes.

(...)

De acuerdo con lo expuesto, es claro para la Sala que los docentes gozan de la prerrogativa de recibir simultáneamente pensión de jubilación y sueldo, siempre y cuando después de habérseles reconocido la pensión, continúen desempeñándose en el ejercicio de empleo docente.

En este punto es importante recordar que el artículo 2º del Decreto 2277 de 1979 define la profesión docente en los siguientes términos:

Las personas que ejercen la profesión docente se denominan genéricamente educadores. Se entiende por profesión docente el ejercicio de la enseñanza en planteles oficiales y no oficiales de educación en los distintos niveles de que trata este decreto. Igualmente incluye esta definición a los docentes que ejercen funciones de dirección y coordinación de los planteles educativos de supervisión e inspección escolar, de programación y capacitación educativa, de consejería y orientación de educando, de educación especial, de alfabetización de adultos y demás actividades de educación formal autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional en los términos que determine el reglamento ejecutivo.

Por su parte, el artículo 32 ibidem, enuncia los cargos directivos que tienen carácter docente, a saber:

Carácter docente. Tienen carácter docente y en consecuencia deben ser provistos con educadores escalafonados los cargos directivos que se señalan a continuación, o los que tengan funciones equivalentes:

a. Director de escuela o concentración escolar;

b. Coordinador o prefecto de establecimiento;

c. Rector de plantel de enseñanza básica secundaria o media;

d. Jefe o director de núcleo educativo o de agrupación de establecimientos;

e. Supervisor o inspector de educación.

Y el artículo 35 del mismo estatuto dispone:

(...) Cargos administrativos. Los cargos directivos de la educación oficial no previstos en el artículo 32, tienen carácter administrativo y sus titulares se regirán por las normas aplicables a los demás empleados públicos.

2.2.2. Caso concreto.

Por Resolución 2054 del 31 de agosto de 2012(6) expedida por el secretario de educación de Bogotá, se nombró a la señora Aura María Estupiñán Sánchez en el cargo de director técnico, código 009 grado 05 ubicado en la Dirección Local de Usme, perteneciente a la planta de personal administrativo.

Por Resolución 2055 del 31 de agosto 2012(7), le fue concedida comisión para desempeñar el mencionado empleo de libre nombramiento y remoción y se dispuso que mientras estuviera ejerciéndolo no recibiría remuneración alguna como docente por parte de la Secretaría de Educación de Bogotá.

El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Secretaría de Educación de Bogotá, mediante Resolución 4727 del 17 de septiembre de 2013(8) le reconoció y ordenó pagar una pensión mensual vitalicia de jubilación a partir del 5 de mayo de 2012, teniendo en cuenta que ingresó al servicio docente el 17 de marzo de 1982 y adquirió el estatus de jubilada el 1 de mayo de 2012, fecha en que se encontraba afiliada al Fondo.

Ahora bien, respecto del cargo de director técnico, código 09 grado 05 de la Secretaría de Educación de Bogotá, el a quo concluyó que no tiene carácter docente, en los términos del artículo 32 del Decreto 2277 de 1979, por cuanto no se encuentra en el listado efectuado en dicha norma ni tiene funciones equivalentes.

Para el efecto consultó el manual de funciones y competencias laborales de la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, adoptado mediante Resolución 3950 del 7 de octubre de 2008, modificada por las resoluciones Nos. 4135 del 27 de Octubre de 2008 y 4443 del 14 de Noviembre de 2008 (portal web http://www.bogota.gov.co/tag/secretaria-de-educación-del-distrito) en el que consta que el cargo denominado director técnico, tiene como propósito principal «dirigir las relaciones técnicas entre el nivel central de la SED y las unidades locales de educación, con el fin de hacer más eficiente la prestación del servicio educativo», para lo cual tiene, entre otras, las siguientes funciones:

1. Definir y poner en práctica mecanismos de coordinación entre las dependencias del nivel central de la SED y las Direcciones Locales de Educación mediante mecanismos regulares y efectivos de comunicación, para la aplicación de las políticas, planes, programas y proyectos de la SED y la atención de las necesidades educativas en las localidades.

2. Brindar apoyo a la dirección de inspección y vigilancia en la formulación de su plan operativo anual, en la priorización de las visitas de inspección y en el seguimiento a las instituciones educativas, en el cumplimiento de su Plan de Acción.

3. Dirigir, asesorar, controlar y evaluar los acuerdos de gestión de las direcciones locales de educación.

4. Orientar los procesos de ubicación, traslado, recepción y trámite de novedades del personal docente y administrativo asignado a las localidades.

Esta Sala, por su parte, procedió a consultar la Resolución 3950 del 07 de octubre de 2008(9), por la cual se modificó el Manual de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la Planta Global de Personal Administrativo de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C., que respecto del cargo de director técnico código 009 grado 05, establece lo siguiente:

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES

I. IDENTIFICACIÓN

NIVEL: Directivo

DENÓMINACIÓN DEL EMPLEO Director Técnico CÓDIGO: 009 GRADO: 05

NÚMERO DE CARGOS 19

DEPENDENCIA Dirección Local de Educación

CARGO DEL JEFE INMEDIATO Subsecretario de Integración Interinstitucional

NATURALEZA DEL CARGO Libre nombramiento y remoción

DIRECCIÓN LOCAL DE EDUCACIÓN

II. PROPÓSITO PRINCIPAL Atender la gestión local del Sistema Educativo, mediante el fortalecimiento de las instituciones educativas, los procesos y el desarrollo y bienestar del recurso humano, así como la búsqueda y aseguramiento de la infraestructura y los insumos necesarios para brindar acceso oportuno al sistema educativo y una educación de calidad con equidad.

III. FUNCIONES

1. Ejecutar los procesos de ubicación, traslado y novedades del personal docente y administrativo asignado a la localidad, de acuerdo con las orientaciones impartidas. 2. Coordinar con los niveles central e institucional la administración de las planta RESOLUCIÓN Nº 3950 07 octubre de 2008 Página 523 de 620 Continuación de la Resolución “Por medio de la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y de Competencias laborales para los empleos que conforman la planta de personal administrativo de la Secretaría de Educación Distrital.” físicas, dotaciones y mobiliario. 3. Coordinar y controlar la aplicación de sistemas de evaluación del desempeño para el personal administrativo y docente, acorde con la normatividad vigente.

4. Atender o tramitar las solicitudes, propuestas, quejas y reclamos formulados por la comunidad en general y los colegios, de conformidad con los lineamientos establecidos por la Dirección de Servicios Administrativos.

5. Diseñar estrategias para atender las situaciones de emergencia local que afecten la prestación del servicio educativo en la localidad.

6. Coordinar con el nivel central la territorialización de los programas y proyectos del plan sectorial de educación.

7. Atender la demanda de cupos escolares y consolidar el registro de cobertura de la localidad.

8. Apoyar la gestión y el desarrollo del plan operativo anual de inspección vigilancia. 9. Coordinar y concertar con las autoridades locales la identificación y formulación de proyectos educativos en los planes de inversión local; gestionar recursos públicos y privados en coordinación con los niveles central e institucional para el desarrollo de la política educativa en la localidad.

10. Organizar, dirigir y operar el sistema de información educativo local para orientar la toma de decisiones y la articulación local, mantener actualizada la información del personal docente y administrativo, de los establecimientos educativos oficiales o en concesión, y recoger la información sobre las necesidades de recursos humanos.

11. Orientar y acompañar a los colegios en la renovación permanente de los PEI y los procesos de innovación e investigación en los contextos escolares.

12. Dirigir la formulación, ejecución y evaluación del plan educativo local.

13. Fomentar, promover y fortalecer las organizaciones sociales y los procesos de participación en los colegios y la localidad.

14. Atender los trámites de legalización de instituciones de educación formal y de Instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano, de acuerdo con las normas legales vigentes y expedir los actos administrativos sobre la materia.

15. Aprobar las tarifas de los colegios privados, mediante resolución proferida por el director local de educación.

16. Presentar informes a la dirección general de educación local y colegios distritales de acuerdo con las orientaciones establecidas.

Como puede concluirse de lo anterior, el cargo que desempeñaba la actora no corresponde a los señalados en el artículo 32 del Decreto 2277 de 1979 y las funciones asignadas a este no tienen la connotación docente, en los términos descritos en el artículo 2º del Decreto 2277 de 1979, lo cual permite afirmar que no se encuentra dentro de las excepciones a la prohibición de percibir doble asignación del erario.

La labor docente ha sido reconocida por su importancia frente a la sociedad y la responsabilidad que tienen los educadores con los educandos, al punto que a aquellos se les ha permitido disfrutar de la pensión y continuar ejerciendo su labor docente. No es este el caso de la demandante, quien se encontraba desempeñando un cargo administrativo.

En este orden de ideas, el otorgamiento de comisiones a que se refiere el artículo 66 del Decreto 2277 de 1979, que permite a los educadores escalafonados ejercer, en forma temporal, cargos de libre nombramiento y remoción, si bien no genera la pérdida de su clasificación en el escalafón de carrera ni su condición de docentes, tampoco significa que tengan derecho a percibir simultáneamente pensión y sueldo, como se explicó, pues atendiendo el tenor de la norma no se observa que tales comisiones sean consideradas como una excepción a la prohibición de percibir doble asignación del tesoro público. La excepción tendría lugar si el cargo ejercido en comisión lo fuera en un empleo docente. No obstante, se repite, el cargo de director técnico código 09 grado 05 de la Secretaría de Educación de Bogotá es de carácter administrativo, lo que permite concluir la incompatibilidad entre el sueldo que devenga la actora en el cargo que desempeña actualmente y su pensión de jubilación.

En conclusión, la situación de la señora Aura María Estupiñán Sánchez, no se encuentra dentro de las excepciones a la prohibición de percibir doble asignación del tesoro público y en esa medida no es procedente acceder a las pretensiones de la demanda.

En consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia que denegó las súplicas de la demanda.

De la condena en costas

De conformidad con lo señalado en recientes providencias de esta Subsección(10) en el presente caso no hay lugar a imponer condena en costas en la segunda instancia, toda vez que no hubo intervención de la parte demandada en esta.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Confirmar la sentencia del 18 de enero de 2017 dictada por la Sección Segunda, Subsección D del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que denegó las pretensiones de la demanda.

Sin condena en costas en segunda instancia.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la fecha.

Consejeros: William Hernández Gómez—Gabriel Valbuena Hernández—Rafael Francisco Suárez Vargas».

2 Fl. 70.

3 Concepto 1305 del 23 de noviembre de 2000, C.P. Flavio Augusto Rodriguez Arce, reiterado en concepto 1459 de 29 de agosto de 2002.

4 Sentencia del 7 de febrero de 2013, Exp. 15001233100020100004201 (2642-11), C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

5 Por el cual se dictan normas relacionadas con el ramo docente.

6 Fl. 10.

7 Fls. 11-12.

8 Fl. 6.

9 Resolución Nº 3950 del 07 de octubre de 2008 Secretaría de Educación en: http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/SERVICIOS_FUNCIONARIOS/ADMINISTRATIVOS/MANUAL_FUNCIONES/2010/Resolucion%203950%20de%202008.pdf, página 522 y 523.

10 Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, proferidas por la Subsección “A” de la Sección Segunda, C.P. William Hernández Gómez, Exp. 4492-2013, Actor: María del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, Actor: José Francisco Guerrero Bardi.