Sentencia 2015-02978 de agosto 11 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 11001-03-15-000-2015-02978-01(AC)

Consejero Ponente:

Dr. Gabriel Valbuena Hernández

Actor: Michael Rodríguez Sarmiento

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B

Bogotá D.C., once de agosto de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Problema jurídico.

De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala que el problema jurídico a resolver se circunscribe a determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección “B”, con ocasión de la expedición de la providencia de 12 de octubre de 2015, desconoció el precedente vertical emanado del Consejo de Estado, en materia de conteo del término de caducidad del medio de control de reparación directa.

2. Fundamentos de la decisión.

2.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales.

En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional vigente(2) aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta corporación(3), es posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, atendiendo a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, sin importar su linaje, es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la Carta le impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias que allí surjan, son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición(4), mientras que los especiales deben acreditarse para que la protección del derecho fundamental prospere.

En ese orden, la doctrina constitucional ha señalado las causales especiales, indicando que la acción constitucional resulta procedente únicamente en aquellos eventos en los cuales, con ocasión de la actividad jurisdiccional, se vean afectados derechos fundamentales, al verificar la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto fáctico, (iii) error inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación directa de la Constitución, y (vi) desconocimiento del precedente.

En el presente caso, advierte la Sala que la pretensión de amparo constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia, que habilitan su interposición.

2.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados se encuentran plenamente individualizados.

2.1.2. Así mismo se encuentra que la providencia objeto de tutela carece de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

2.1.3. Se advierte igualmente que la interposición del mecanismo constitucional se dio en un lapso “razonable y proporcionado”, contado desde la fecha de expedición de la decisión cuestionada (oct. 12/2015) hasta la radicación de la acción de tutela en la Secretaría General de esta Corporación (oct. 28/2015).

2.1.4. Finalmente el asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida que se circunscribe a establecer una presunta violación ius fundamental como consecuencia del presunto desconocimiento del precedente vertical.

2.2. Desconocimiento del precedente.

La Corte Constitucional, al efectuar el estudio de exequibilidad respecto del artículo 4º de la Ley 169 de 1.896(5), precisó que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 230 Superior, los jueces solo están sometidos al imperio de la ley y por tanto no están obligados a fallar en la misma forma como lo han hecho en casos anteriores, siempre y cuando, “expongan clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión”. Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró en la Sentencia C-590 de 2005, que el desconocimiento injustificado del precedente judicial por parte del juez, constituye una causal especial de procedibilidad de la acción de tutela.

Respecto del precedente vertical(6), la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en sostener, que la autonomía del juez se encuentra limitada por el respeto hacia las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en especial, por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones. A esta conclusión ha llegado en consideración a: 1) el principio de igualdad, que es vinculante para todas las autoridades, e incluso, para algunos particulares que exige, que supuestos fácticos iguales se resuelvan de la misma manera y por consiguiente, con la misma consecuencia jurídica; 2) el principio de cosa juzgada, que otorga a los destinatarios de las decisiones jurídicas, seguridad jurídica y previsibilidad de la interpretación, pues si bien es cierto, el derecho no es una ciencia exacta, sí debe existir certeza razonable sobre la decisión; 3) la autonomía judicial, que no puede desconocer la naturaleza reglada de la decisión judicial, pues solo la interpretación armónica de esos dos conceptos garantiza la eficacia del Estado de derecho; 4) los principios de buena fe y confianza legítima, que imponen a la Administración un grado de seguridad y consistencia en las decisiones, pues existen expectativas legítimas con protección jurídica; y 5) por razones de racionalidad del sistema jurídico, porque es necesario un mínimo de coherencia a su interior(7).

Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas consideraciones jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el asunto fáctico sometido a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio decidendi o razón central de la decisión anterior, la que al mismo tiempo, surge de los presupuestos fácticos relevantes de cada caso(8). De esta forma, la Corte Constitucional recordó que la ratio decidendi “i) corresponde a la regla que aplica el juez en el caso concreto, ii) se determina a través del problema jurídico que analiza en relación con los hechos del caso concreto y iii) al ser una regla debe ser seguida en todos los casos que se subsuman en la hipótesis prevista en ella”.

Ahora bien, a pesar de la marcada importancia de la regla de vinculación a la ratio decidendi y el respeto por el precedente, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que tal entendimiento no puede ser absoluto, pues no se trata de petrificar la interpretación judicial ni de convertir el criterio de autoridad en el único posible para resolver un asunto concreto. Se trata simplemente de armonizar y salvaguardar los principios constitucionales que subyacen a la defensa del precedente. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica de manera suficiente y razonable el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial que ha seguido en casos sustancialmente idénticos, quedan salvadas las exigencias de la igualdad y de la independencia judicial; por tanto no podrá reprocharse a la sentencia arbitrariedad ni inadvertencia y el juez no habrá efectuado entre los justiciables ningún género de discriminación(9).

Sin pretender sistematizar todas las situaciones que pueden dar lugar a que un juez unitario o colegiado se aparte del precedente judicial, es posible indicar que un cambio en la jurisprudencia puede provenir de una modificación del ordenamiento jurídico, o de una drástica transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas decisiones, haciendo incoherente una interpretación del derecho frente al contexto social actual.

De igual manera, puede un juez apartarse del precedente cuando el caso juzgado encuentra serias diferencias que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio. En tales situaciones el juez está relevado de obedecer a las decisiones judiciales previas, aunque en cualquier caso debe cumplir una carga de transparencia, identificando los precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las razones que en su concepto justifican el cambio de dirección decisional y precisando por qué esa modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico y, además de ello, reporta mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad que se derivará de la desobediencia al precedente(10).

En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera excepcional por parte del juez de tutela, en tanto que constituyen manifestaciones de arbitrariedad por parte del Juez que dejan irrealizadas la igualdad de quienes se encuentran en idénticas circunstancias frente a la Ley.

3. Análisis de la Sala y solución al caso concreto.

El señor Michael Rodríguez Sarmiento y su familia instauraron el medio de control de reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional, con el fin de que se le declarara patrimonialmente responsable por los perjuicios causados al accionante mientras prestaba el servicio militar.

A través de auto de 3 de agosto de 2015, el Juzgado 34 Administrativo Oral de Bogotá rechazó la demanda por considerar que sobre la misma había operado el fenómeno de caducidad, en el entendido que si los hechos dañosos ocurrieron el 19 de octubre de 2010, cuando el señor Rodríguez Sarmiento sufrió el accidente, tenía hasta el 19 de octubre de 2012 para demandar, sin embargo, la solicitud de conciliación prejudicial se radicó el 12 de diciembre de 2014.

Apelada esta decisión, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B, mediante proveído de 12 de octubre de 2015, confirmó lo resuelto por el a quo.

Al efecto, consideró el ad quem que aunque en algunos eventos, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha admitido el conteo del término de caducidad a partir de una fecha posterior a la ocurrencia del daño, esta excepción solo aplica para aquellos casos de falla médica, así:

“El tema base de disconformidad por parte de la parte actora es la fecha en la cual se debe empezar a contabilizar el término del medio de control de reparación directa, en razón a que la parte recurrente considera que debe contarse a partir de la notificación del acto de la junta médica, mientras que en la providencia impugnada el juez de primera instancia consideró que debía contarse la caducidad a partir de la ocurrencia del hecho dañoso el día 18 de octubre de 2010.

(...)

Bajo este orden de ideas, se considera por regla general, que para el cómputo del término del medio de control de reparación directa, debe tomarse la fecha desde la cual acaeció el hecho (acción u omisión) que originó el daño que se demanda, de conformidad con lo dispuesto en el literal i) del numeral 2º del artículo 164 del CPACA, o desde la fecha en que conoció el mismo, siempre y cuando se pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

(...)

Este último caso se ha aplicado en casos de falla médica, cuando después de realizada una operación quirúrgica, al cabo de cierto tiempo, el demandante descubre, que le fue dejado un objeto o elemento médico en su cuerpo (una gasa, o una pinza etc.).

(...)

No obstante lo anterior, debe indicarse que en algunos casos y tal como lo señala la norma en comento, ocurren eventos en los que el conocimiento o concreción del daño se produce solo hasta después de que acaeció el hecho, circunstancias en las cuales, en aplicación de los principios pro actione y pro damato, la jurisprudencia ha señalado que el cómputo del término de caducidad debe realizarse a partir del momento en que alguno de aquellos tenga ocurrencia.

Sin embargo, debe precisarse que si bien se ha admitido el anterior evento, lo cierto es que en el caso bajo estudio no ocurre lo mismo, dado la magnitud de la lesión sufrida por el señor Michael Rodríguez Sarmiento, quien se lesionó en hechos ocurridos el 18 de octubre de 2010, por otra parte, el Consejo de Estado en sentencia de tutela de segunda instancia, se refirió a la norma de caducidad aplicable en la Ley 1437 de 2011 y a la línea jurisprudencial del Consejo de Estado sección tercera en los siguientes términos:

(...)”.

De esta manera, señaló el tribunal que el caso del señor Michael Rodríguez Sarmiento no encuadraba dentro del presupuesto avalado por la Sección Tercera del Consejo de Estado para flexibilizar el término de caducidad, pues en su criterio, el conscripto tuvo conocimiento del daño en el mismo momento en que sufrió el accidente que le ocasionó la fractura. Así lo sostuvo:

“En virtud de la magnitud de la lesión sufrida por el señor Michael Rodríguez Sarmiento, pues se está hablando de la fractura, en el miembro superior derecho, hecho que generó un aclara perturbación en una de sus extremidades, no es viable considerar que la fecha de la concreción del daño o las secuelas que pueda dejar la misma, puedan quedar al arbitrio de las partes, quienes en cualquier tiempo podrían solicitar la respectiva valoración ante la junta médico laboral, como efectivamente se hizo, y prolongar a su gusto el término de caducidad valoración que en todo caso, puede ser practicada en el desarrollo del respectivo proceso de responsabilidad, con el fin de determinar las secuelas que pueda dejar la lesión, incluida en estas, la pérdida de capacidad laboral que corresponda.

Además el accionante siempre tuvo conocimiento del daño desde la ocurrencia del hecho, como lo manifestó en la solicitud que presentó, para la evaluación por parte del tribunal médico laboral de revisión militar y de Policía, pues en el acta 5951 se indica:

(...)

Por lo tanto, bajo el entendido que el señalamiento legal de un término de preclusión para ejercer el derecho de acción, es un instrumento que está instituido para salvaguardar la seguridad jurídica y la estabilidad de las relaciones, entre los particulares, y entre estos con el Estado, y al ser una figura de orden público, con fundamento en lo expuesto anteriormente, en los casos como el presente, en que debido a la magnitud de la lesión el daño es conocido desde la ocurrencia del mismo, o cuando menos, desde la fecha de la lesión se puede inferir la existencia de una posterior secuela, no es posible dejar al arbitrio de las partes establecer la fecha a partir de la cual deba computarse el término de caducidad, y por ende se considera que en estos casos debe computarse desde la fecha en que se causó la lesión.

Por lo anterior, resolvió confirmar el auto recurrido, en tanto que, de acuerdo con las consideraciones precedentes, el medio de control había caducado:

“Teniendo en cuenta que la lesión sufrida por el señor Michael Rodríguez Sarmiento, acaeció el 18 de octubre de 2010, tal como lo señala el informe administrativo por lesiones 20 del 18 de octubre de 2010, de cuyas consecuencias tuvo pleno conocimiento el mismo desde la fecha del accidente (fl. 6, cdno. 2), de conformidad con el literal i) del numeral 2º del artículo 164 del CPACA, el término de caducidad para el presente medio de control vencía el 19 de octubre de 2012, por lo que si bien se presentó solicitud de conciliación prejudicial el 12 de diciembre de 2014, la cual se declaró fallida el 04 de febrero de 2015, la misma no suspendió el término de caducidad por haberse presentado cuando ya estaba caducado el medio de control, y por ende, al haberse presentado la demanda el 13 de febrero de 2015, para dicha fecha el medio de control ya había caducado”.

Ahora bien, la Sección Primera de esta corporación en el fallo de tutela de primera instancia resolvió proteger los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia, toda vez que en las providencias de 14 de agosto de 2014(11) y 5 de marzo de 2015(12), en las que la misma Sección, en asuntos de similares contornos, señaló que, conforme a algunos pronunciamientos emanados de la Sección Tercera del Consejo de Estado, es posible contabilizar el término de caducidad de la acción de reparación directa a partir de la notificación del acta de la junta médica, pues solo en ese momento el conscripto ha tenido conocimiento de la gravedad ni los efectos del evento que originó el daño.

Así lo sostuvo dicha Sala:

“Sobre el particular, cabe resaltar que si bien, en principio, la Sección Tercera no había establecido unificación jurisprudencial sobre la forma de contar la caducidad cuando se producían lesiones que posteriormente eran calificadas por una Junta Médico Laboral, ya que en algunas sentencias se aceptaba que los dos años para demandar se contabilizaran a partir de la notificación del acta en la que se determinaba la calificación de la lesión del afectado y en otras se contaba desde la fecha de la ocurrencia del hecho que originó el daño, independientemente de la calificación de la magnitud del mismo, es evidente que la tesis que ha prevalecido en la corporación y que ha tenido unanimidad en los últimos años, especialmente en aquellos casos en los que la lesión la sufre un conscripto, es aquella que establece que la fecha de concreción del daño es la que determina desde cuando se cuenta la caducidad y no la simple ocurrencia de un hecho, omisión u operación.

A pesar de la disparidad de criterios que anteriormente existían en los casos en que no era claro desde cuándo debía contarse el término de caducidad, la tesis imperante en la Sección Tercera de esta Corporación se puede ver plasmada en los siguientes pronunciamientos:

“A la luz de la realidad probatoria que se deja expuesta, la Sala deduce que si bien es cierto el hecho dañoso ocurrió el día 27 de noviembre de 1990, también lo es que de los efectos nocivos, solo se tuvo conocimiento hasta el día 4 de marzo de 1994, fecha en la cual se celebró la junta médica laboral, con los resultados que ya se dejaron consignados en este proveído.

En consecuencia con lo anteriormente expuesto, para la Sala la acción de reparación directa aquí interpuesta, no se encuentra caducada y por ello se debe admitir la demanda, pues no resulta ajustado a la lógica de lo razonable que el soldado, hubiera instaurado la acción contra la administración, cuando no conocía ni la gravedad, ni los efectos del evento que originó el daño, máxime si se tiene que este desconocimiento se dio, por motivos imputables a los superiores jerárquicos del lesionado, quienes ignorando la gravedad del accidente, cancelaron en varias oportunidades las citas que éste debía cumplir en el Hospital Militar”(13).

“No obstante lo anterior, entre los documentos traídos por la parte actora con la demanda, se encuentra copia del acta de junta médica laboral levantada por la división de sanidad del ejército nacional con motivo del caso del demandante, fechada el 19 de febrero de 1998, en la que se señaló una disminución de la capacidad laboral del 79.25%. Este acto le fue notificado al demandante el 20 de febrero siguiente (fls. 22 a 24 cdno. 1).

Este documento a juicio de la Sala, es relevante para determinar el término de caducidad de la presente acción, habida cuenta que del contenido de dicha acta se desprende que con motivo del hecho por el que se reclama indemnización de perjuicios, el demandante fue sometido a un tratamiento médico prolongado, que terminó con la indicación de la disminución de su capacidad laboral en el porcentaje señalado.

(...).

Como puede observarse, el demandante fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas para mejorar su estado de salud, circunstancia esta que le impidió establecer certeramente cuándo el daño había terminado de producirse y, por tanto, cuando se le dictamina que el índice de lesión equivale al 79.25% de su capacidad laboral, es el momento en que realmente se conoce la magnitud del hecho y, por ende, el perjuicio que habría de reclamarse.

(...).

Así las cosas, como la falla del servicio que se imputa a la administración se hace consistir en el hecho que culminó con la fijación del índice de disminución en la capacidad laboral del demandante por los hechos ya señalados, la cual le fue notificada el día 20 de febrero de 1998, se tiene que la demanda presentada ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 18 de febrero de 2000, resulta oportuna.

En ese entendido, el argumento expuesto por el a quo para rechazar la demanda no fue acertado, pues la interpretación del numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo no puede hacerse en la forma exegética como se hizo, pues cuando se trata de establecer la caducidad de la acción de reparación directa tomando como referencia el acaecimiento de un hecho, hay circunstancias que flexibilizan el sentido de la norma. En efecto, hay casos en que la norma puede tener una aplicación literal absoluta, como cuando del hecho por el que se reclama indemnización de perjuicios se derivan efectos inmediatos e inmodificables —V. gr. que en el instante mismo en que se produce el hecho determinado, muera una persona—. En este caso, es incuestionable que el término de la acción de reparación directa debe tomarse en consideración a la fecha en que se produjo la muerte, es decir, la misma del hecho.

Pero hay casos en que la situación varía, como en el sub judice, en que si bien se tiene un referente en cuanto a la fecha en que se produjo el hecho, es lo cierto que solo el transcurso del tiempo y otras circunstancias particulares, como el prolongado tratamiento médico a que fue sometido el demandante, muestran con certeza la magnitud o consecuencia del hecho y, por ende, los perjuicios por los que la parte interesada reclama la indemnización”(14).

“En línea con los anteriores pronunciamientos, la Sala estima necesario reafirmar la posición jurisprudencial que se ha adoptado acerca del tema en estudio, en el sentido de que la regla general para contabilizar el término de caducidad de la acción de reparación directa de dos años se tomará como punto de partida contados desde el acaecimiento del hecho que originó el daño, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 136 del C.C.A.

No obstante lo anterior, la Sala destaca que, en algunas ocasiones, pueden presentarse eventos en los cuales el conocimiento o concreción del daño se produce solo hasta después del acaecimiento de los hechos, motivo por el cual, en virtud de los principios pro actione y pro damato, la contabilización del término de caducidad se realiza a partir del momento en que alguno de aquéllos tenga ocurrencia.

Ahora bien, en el asunto sub examine si bien se tiene certeza del momento de la ocurrencia de los hechos generadores de las lesiones sufridas por el señor Jairo Albarracín Ferrer, lo cierto es que el demandante solo tuvo conocimiento de la magnitud del daño que había soportado a partir de la calificación realizada por la Junta Médica Laboral de la Dirección de Sanidad del Ejército, razón por la cual la Sala contabilizará la caducidad de la acción respectiva desde el momento en el cual la Junta Médica determinó que la víctima presentaba una incapacidad de carácter relativa y permanente, la cual le impedía ejercer la actividad militar.

En este orden de ideas, puede concluirse entonces que si bien el actor sufrió el daño en una fecha determinada, lo cierto es que solo pudo conocer con certeza acerca del mismo y de su magnitud el día 24 de septiembre de 1998, por lo cual se tiene que la demanda presentada ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, el 19 de octubre de 1999, resulta oportuna”(15).

“En ese contexto y siguiendo los lineamientos jurisprudenciales, se tiene la demanda fue presentada por la parte actora ante el Tribunal Administrativo del Tolima el 6 de julio de 1999, y como el acta de la junta médica laboral registrada en la dirección de sanidad del Ejército Nacional, se notificó al interesado el 14 de julio de 1997, forzoso es concluir que la acción se ejerció dentro del término de caducidad previsto en la ley para tal efecto, en ese orden se revocará el fallo inhibitorio proferido por tribunal de primera instancia y se procederá a estudiar de fondo la controversia puesta a consideración de la Sala”(16).

“De conformidad con el anterior material probatorio, se observa que si bien una primera manifestación de las lesiones sufridas por el señor Miguel Mauricio Castro Cerón ocurrió el día 20 de abril de 1997, según se expone en el informativo administrativo por lesión 20, suscrito por el comandante del grupo 3 Cabal, lo cierto es que solo se tuvo certeza de la magnitud y de la concreción de las lesiones ocasionadas, a partir del dictamen que emitió la junta médica laboral el día 4 de septiembre de 1997, a través del cual se determinó que la víctima presentaba una incapacidad relativa y permanente del 31.23%, la cual le impedía ejercer el servicio militar.

En efecto, es a partir de esa fecha —día en que también la víctima tuvo conocimiento de ese concepto, puesto que en esa fecha fue notificado— en que el ahora demandante pudo saber, de manera real y concreta, las lesiones que padecía y que generaron que fuera declarado “no apto” para seguir prestando servicio en las Fuerzas Militares.

De manera que debe ser a partir del día siguiente al 4 de septiembre de 1997 —es decir desde el 5 de septiembre— que debe contabilizarse el término de caducidad de la acción de reparación directa y, dado que la demanda se presentó el 10 de septiembre de 1999 (fl. 1 cdno. 1), debe concluirse que fue interpuesta por fuera del término previsto para estos efectos.

Se aclara que si bien el señor Miguel Mauricio Castro Cerón fue dado de baja del Ejército Nacional en una fecha posterior a la expedición del acta de la junta laboral, lo cierto es que, se reitera, el criterio fijado por la Sala en eventos como el presente, indica que el término de caducidad debe contarse desde la fecha en que se tiene certeza acerca de la concreción o magnitud del daño ocasionado, situación que, en este caso, no puede ser otra que el momento en la cual se le determinó la incapacidad relativa y permanente del 31.23%, situación que le impedía continuar con la prestación de su servicio militar”(17).

“En virtud de los pronunciamientos antes transcritos, se tiene que si bien el ex–soldado profesional sufrió las lesiones el 10 de septiembre de 1996, lo cierto es que solo tuvo conocimiento de la magnitud del daño el 6 de agosto de 1997, momento en el cual la junta médica laboral del Ejército Nacional dictaminó la pérdida de capacidad laboral del señor José De La Paz Villareal Toloza en un 36.14%, por lo cual se tiene que la demanda presentada ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, el 15 de octubre de 1998, resulta oportuna”(18).

La jurisprudencia transcrita deja claro que la Sección Tercera reiteradamente ha aceptado y sostenido que a pesar de que el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, establece que el término de caducidad para las acciones de reparación directa debe contarse a partir del “acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa”, esta norma no se debe aplicar de forma restrictiva y exegética, ya que existen casos en los que no es posible determinar la concreción o magnitud de la afectación en el mismo instante en que se produce el daño, es decir, que la certeza de la existencia del daño y su grado de incidencia se manifiestan con posterioridad a la fecha en la que se presenta el hecho generador del mismo.

En efecto, los fundamentos fácticos de los casos estudiados en las sentencias de la Sección Tercera anteriormente transcritas, comparten el hecho de que los afectados tuvieron certeza de la magnitud del daño sufrido solamente hasta cuando se les realizó la Junta Médico Laboral que determinó la disminución de su capacidad laboral, tal y como sucedió en el sub lite, independientemente de que con anterioridad a dicha calificación ya tuvieran conocimiento de la fecha en que la ocurrió el hecho, omisión u operación que les causó el mencionado daño.

Así las cosas, en estos casos, el afectado o interesado en demandar puede que tenga una referencia de la fecha de cuándo se produjo el hecho que a la postre terminó originándole un daño, pero como en ese momento no hay certeza de su concreción o magnitud, el término de caducidad no podría contarse sino hasta que dicha situación se determine, esto en aras de garantizar el debido proceso y el derecho al acceso a la Administración de Justicia, máxime si se trata de conscriptos, frente a los cuales el Estado asume una posición de garante respecto de su vida y seguridad durante su estadía en la Institución Castrense”(19).

De conformidad con la posición jurisprudencial transcrita, considera esta Sala de Subsección que la decisión impugnada fue acertada, en tanto que, si bien es cierto, por regla general, el término de caducidad del medio de control de reparación directa debe contabilizarse a partir de la ocurrencia del hecho dañoso, hay eventos en los que es imposible para la persona determinar que efectivamente dicho daño es relevante y que tiene consecuencias permanentes en su salud, y esto solo lo puede llegar a determinar con la evaluación que le practique la respectiva junta médica o el tribunal médico de revisión militar y de Policía.

En efecto, en el caso que nos ocupa, aunque claramente el accionante fue plenamente consciente del accidente que sufrió en la mano derecha, solo vino a conocer las reales consecuencias que el mismo tuvo en su salud a partir del dictamen emitido por el tribunal médico de revisión militar y de Policía en el que se le consignó una pérdida de capacidad laboral del 17 %, pues incluso, la Junta Médica Laboral no había establecido ninguna disminución psicofísica.

Así pues, no se compadece con los principios pro damato y pro actione una decisión en la que se contabilice el término de caducidad de manera estricta por las lesiones sufridas por el conscripto, bajo el argumento de que este tuvo pleno conocimiento de las consecuencias del accidente en el momento mismo de su ocurrencia, cuando ni siquiera la misma junta médica en primera instancia había determinado la existencia de alguna disminución de la capacidad laboral del joven Rodríguez Sarmiento, y esta solo vino a ser establecida por el tribunal médico en segunda instancia.

De conformidad con lo expuesto, se confirmará la decisión adoptada por la Sección Primera de esta corporación, en tanto que las circunstancias particulares del asunto puesto bajo examen por el joven Michael Rodríguez Sarmiento, ameritan un análisis diferenciado del término de caducidad del medio de control de reparación directa.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia de 11 de marzo de 2016, dictada por la Sección Primera de esta corporación, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.

Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMÍTASE el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

2 Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.

3 Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación 11001-03-15-000- 2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.

4 (i) Que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia constitucional. Sobre este punto, corresponde al juez de tutela, señalar de forma clara y precisa las razones por las cuales el asunto a resolver tiene tal entidad que afecta derechos fundamentales de alguna de las partes.
(ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el amparo. Salvo claro está que se busque evitar un perjuicio irremediable.
(iii) Que la presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez. Esto significa que el término de interposición de la tutela sea “razonable y proporcionado” entre el momento en que se presentó la presunta vulneración y el tiempo de presentación de la acción de tutela. Lo anterior, con el fin de velar por los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.
(iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.” Que la irregularidad procesal devenga en sustancial.
(v) Que quien acciona “identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible” Identificación de la situación fáctica que devino en la vulneración de derechos.
(vi) Que no se trate sentencias de tutela.

5 Sentencia C-836 de 2001.

6 Sentencia T-468 de 2003.

7 Sentencia C-447 de 1997.

8 Sentencia T-049-07.

9 Sentencia T-123-95.

10 En materia Contencioso Administrativa el reconocimiento del precedente como fuente importante de estabilidad y de garantía del derecho a la igualdad lo constituye el mecanismo de extensión de la jurisprudencia, consagrado en el artículo 102 del nuevo C.P.A.C.A.; y, el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, artículo 256 y siguientes ibídem.

11 Radicado 2014-01604-00, accionante: MANUEL JOHON JAIRO GARCÍA DEDIOS. M.P. María Elizabeth García González.

12 Radicado 2014-02782-01, accionante: YEFERSON MARÍN CERÓN. M.P. María Elizabeth García González.

13 Consejo de Estado. Sección Tercera. Auto de 15 de febrero de 1996. Expediente 11239. Magistrado Ponente Doctor Jesús María Carrillo Ballesteros.

14 Consejo de Estado, Sección Tercera, Auto de 27 de febrero de 2003. Expediente 740 18735. Magistrado Ponente: Germán Rodríguez Villamizar.

15 Consejo de Estado, Sección Tercera, Providencia de 12 de mayo de 2010, Expediente: 31.582, Actor: Jairo Albarracín Ferrer, Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional. Magistrado Ponente Doctor: Mauricio Fajardo Gómez.

16 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 7 de julio de 2011, Expediente: 733001-23 31-000-1999-01311-01 (22462), Actor: Alexander Ramírez Murillo, Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional. Magistrado Ponente Doctora: Gladys Agudelo Ordoñez.

17 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 7 de julio de 2011, Expediente: 52001-23-31 000-1999-00924-01(24249), Actor: María Magola Cerón Rivas y otros, Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional. Magistrado Ponente Doctora: Mauricio Fajardo Gómez.

18 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 23 de mayo de 2012, Expediente: 54001-23 31-000-1998-01023-01(24673), Actor: José de la Paz Villareal Toloza, Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional. Magistrado Ponente Doctora: Mauricio Fajardo Gómez.

19 Radicado 2014-01604-00, accionante: MANUEL JOHON JAIRO GARCÍA DEDIOS. M.P. María Elizabeth García González.