Sentencia 2015-04688/12740-31 de noviembre 19 de 2017

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 110011102000201504688 01 (12740-31)

Aprobado según acta de Sala Nº 88

Magistrada Ponente:

Dra. Julia Emma Garzón De Gómez

Bogotá D.C., diecinueve de octubre de dos mil diecisiete.

Asunto

La Sala procederá a conocer el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida el 19 de agosto de 2016, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá(1), mediante la cual impuso sanción de censura al abogado Álvaro Salcedo Flórez, tras hallarlo responsable de la comisión de la falta disciplinaria consagrada en el artículo 37 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, a título de culpa.

Hechos y actuación procesal

1. La génesis de la presente controversia tuvo su origen en la queja presentada por la señora Martha Cecilia Rodríguez Barrera el 8 de septiembre de 2015, contra el dr. Álvaro Salcedo Flórez, con quien suscribió un contrato de prestación de servicios profesionales, para que la representara en un proceso laboral debido al despido sin justa causa del cual fue objeto.

— Anexo a la queja:

— Contrato de prestación de servicios profesionales suscrito entre la quejosa y el abogado denunciado de fecha 12 de julio de 2012, en el cual se compromete a adelantar proceso laboral contra la señora Doris Cecilia Humbarila López. (fls. 1-3, c. o. 1ª instancia).

2. La Unidad de Registro Nacional de Abogados, allegó constancia en el que se evidencia la calidad de abogado del dr. Álvaro Salcedo Flórez, identificado con la cédula de ciudadanía 19.123.247 y tarjeta profesional 29735. (fl. 5, c. o. 1ª instancia).

3. En auto del 18 de noviembre de 2015, el operador judicial ordenó la apertura de investigación disciplinaria contra el abogado Álvaro Salcedo Flórez, fijando hora y fecha para llevar a cabo audiencia de pruebas y calificación provisional conforme con lo reglado en el artículo 104 de la Ley 1123 de 2007. Asimismo ordenó a la oficina de asignaciones judiciales de Bogotá, informar sobre el proceso adelantado por la señora Martha Cecilia Rodríguez Barrera contra la señora Doris Cecilia Humbarila López. (fl. 7 c. o. 1ª instancia).

4. Con certificado 455528, la secretaría judicial de esta Corporación, allegó con fecha 20 de noviembre de 2015, los antecedentes disciplinarios del dr. Álvaro Salcedo Flórez, en el cual no se registran sanciones (fl. 10, c. o. 1ª instancia).

5. Mediante oficio del 10 de diciembre de 2015, el Juzgado Veintinueve Laboral del Circuito de Bogotá, informó que mediante auto del 14 de diciembre de 2012, se inadmitió la demanda de la señora Martha Cecilia Rodríguez Barrera en contra de la señora Doris Cecilia Humbarila López, la cual no se subsanó en debida forma, ocasionando el rechazo de fecha 29 de enero de 2013. Igualmente manifestó el despacho que el 18 de febrero de 2013, el apoderado de la demandante retiró la demanda, adjuntando copia de los autos y de la hoja del libro radicador de procesos (fls. 21-26, c. o. 1ª instancia).

6. En audiencia de pruebas y calificación provisional del 16 de febrero de 2016, el operador judicial dio inicio a las diligencias con la presencia del disciplinado y la quejosa de la siguiente manera:

— Ampliación y ratificación de queja: La señora Martha Cecilia Rodríguez, afirmó que le pagó al dr. Álvaro Salcedo Flórez la suma de $ 500.000 personalmente el día en que suscribieron el contrato de prestación de servicios y a pesar de eso no realizó la gestión para lo cual fue contratado, ni le expidió recibo del dinero suministrado por honorarios.

Manifestó que se enteró que la demanda había correspondido al Juzgado Veintinueve Laboral del Circuito de Bogotá unos días antes de tomar la decisión de interponer la queja disciplinaria contra el profesional del derecho.

— Versión libre y espontánea del disciplinado: El abogado investigado manifestó que la señora Martha Cecilia Rodríguez acudió a su oficina para solicitar los servicios profesionales con el fin de iniciar proceso laboral ordinario, por lo tanto le pidió varios documentos y acordaron que le enviaría a la quejosa el contrato de prestación de servicios por correo y el poder para luego imprimirlos y firmarlos con presentación notarial y con la suma de dinero acordado para iniciar el proceso.

Señaló que la quejosa envió a su oficina los documentos firmados, pero no el dinero con la cantidad pactada, no obstante inició la demanda aunque fue inadmitida, decidió no subsanarla y retirarla porque la señora Martha Cecilia no le había cancelado el anticipo de honorarios.

Agregó que en la cláusula sexta del contrato de prestación de servicios, se estipuló que la mora en el pago de los honorarios pactados por parte del mandante daba la facultad al apoderado de suspender los servicios contratados, quedando relevado de cualquier responsabilidad.

Indicó el disciplinado que no renunció al poder por cuanto en ese momento no había proceso en estricto sentido, debido a que no estaba notificada la parte demandada.

— Pruebas ordenadas por el a quo:

— Citar en declaración a la señora Ana Cecilia Montaña.

El operador judicial, suspendió la audiencia y fijó nueva hora y fecha para su realización (fl. 28, c. o. 1ª instancia y audio).

7. En la sesión de audiencia de pruebas y calificación provisional del 10 de mayo de 2016, el magistrado de instrucción inició las diligencias con la presencia de la quejosa y el disciplinado, así:

— Testimonio de la señora Ana Cecilia Montaña Sánchez: Indicó que trabaja hace seis años con el dr. Salcedo Flórez, por tanto tenía conocimiento del proceso que inició el investigado en representación de la señora Martha Cecilia Rodríguez.

Manifestó que en cuanto a los honorarios, la señora Rodríguez tenía un pago pendiente que nunca realizó, razón por la cual se le hicieron varias llamadas para recordarle dicha deuda, sin embargo el incumplimiento dio pie a que el disciplinado no continuara con la representación de la quejosa.

Concluyó que al pagar los clientes se les expide el recibo correspondiente en la oficina y la quejosa no realizó la cancelación de honorarios.

— Calificación jurídica de la conducta: El Juez Disciplinario formuló cargos contra el dr. Álvaro Salcedo Flórez, por incurrir presuntamente en la falta disciplinaria contemplada en el artículo 37 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, a título de culpa.

Lo anterior porque el profesional del derecho investigado omitió materializar el mandato aceptado en lo que respecta al proceso laboral 2012-00688, en el sentido de haber subsanado la demanda, como era su obligación y evitar así que con posterioridad el despacho de conocimiento rechazara el asunto.

— Pruebas decretadas por el operador judicial:

Indicó el a quo que se tendría como pruebas el contrato de prestación de servicios profesionales, las documentales incorporadas a las diligencias y la declaración de la señora Ana Cecilia Montaña.

— Se dio por terminada la audiencia por el a quo y se fijó hora y fecha para celebrar audiencia de juzgamiento (fl. 49, c. o. 1ª instancia y audio).

8. En la audiencia de juzgamiento del 8 de junio de 2016, el operador judicial, procedió a iniciar las diligencias con la presencia de la quejosa, el disciplinado y su abogado de confianza, a quien se le reconoció personería jurídica, desarrollando las siguientes actuaciones:

— Alegatos de conclusión: El defensor de confianza del disciplinado, indicó que lo sucedido era consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la señora Martha Cecilia Rodríguez.

Manifestó que el incumplimiento se materializó con el no pago de los honorarios señalados en el literal a) de la cláusula quinta del contrato de prestación de servicios profesionales, el cual se había obligado la quejosa con la suscripción de dicho documento.

Agregó que la declaración de la señora Ana Cecilia Montaña afirmó que la señora quejosa había sido requerida para la cancelación del dinero pactado y con el hecho de que ésta no aportó constancia del pago que aseguró haber realizado, lo constituye en un indicio de inexistencia del pago de honorarios.

Señaló que ante tal circunstancia del no pago de los honorarios y de acuerdo con el artículo 1609 del Código Civil y la cláusula sexta del contrato de prestación de servicios profesionales allegado, su defendido estaba facultado para no cumplir su compromiso contractual, tal como lo hizo al abstenerse de continuar el trámite del proceso y retirar la demanda.

Terminó indicando que su cliente había obrado bajo la causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria, prevista en el artículo 22 numeral 3º de la Ley 1123 de 2007, por lo tanto solicitó la absolución en favor del dr. Álvaro Salcedo Flórez (fl. 72 c.o. 1ª instancia y audio).

De la providencia apelada

Mediante providencia del 19 de agosto de 2016, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, resolvió sancionar con censura al dr. Álvaro Salcedo Flórez tras hallarlo responsable de la incursión en la falta descrita en el artículo 37 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, imputada a título de culpa.

Consideró el a quo que el abogado disciplinado presentó la demanda laboral, siendo asignada al Juzgado Veintinueve Laboral del Circuito de Bogotá con radicado 2012-00688, la cual fue inadmitida al advertirse en ella defectos que debían ser subsanados, por lo que es indiscutible que surgió la obligación procesal, sustrayéndose de efectuar la actuación que estaba llamado a realizar, lo que conllevó al rechazo de la demanda y por el ende el archivo de la actuación.

Indicó que desde el punto de vista objetivo, está demostrado el incumplimiento del deber establecido en el artículo 28 numeral 10, del Estatuto Deontológico que le imponía la obligación de atender con celosa diligencia sus encargos profesionales, de lo cual obra certeza de la perpetración de la falta a la debida diligencia profesional.

Manifestó la Primera Instancia que resultó claro que el deber profesional al cual se comprometió el abogado Álvaro Salcedo Flórez no se extinguió por el hipotético hecho de que la mandante no hubiere pagado el valor pactado por honorarios, puesto que no se presentó ninguna de las dos situaciones como es la terminación del poder en cualquiera de las formas previstas en el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, norma vigente para la época de los hechos, o bien, por el acaecimiento de alguna circunstancia que le imposibilitara la continuación de la representación judicial de la poderdante.

Concluyó la Sala a quo que el dr. Álvaro Salcedo Flórez Guevara no le asiste justificación alguna, por cuanto además de encuadrar en la descripción típica es evidente la responsabilidad disciplinaria en cabeza del investigado, por haber desconocido el deber de atender con celosa diligencia sus encargos profesionales (fls. 214-254, c. o. 1ª instancia).

Del recurso de apelación

Inconforme con la decisión de instancia, el disciplinado presentó recurso de alzada el 29 de agosto de 2016, en el cual manifestó como puntos centrales de disenso los siguientes:

1. Suscribió un contrato de prestación de servicios profesionales con la señora Martha Cecilia Rodríguez Barrera, en el cual se evidencian obligaciones para las partes, las que se debían cumplir de buena fe y la quejosa no lo hizo.

2. La quejosa incumplió las obligaciones establecidas, tal como lo corroboró la testigo Ana Cecilia Montaña, quien afirmó que no fueron cancelados los honorarios por parte de la quejosa.

3. La señora Martha Cecilia Rodríguez Barrera no pudo probar el pago de los honorarios, por lo tanto deben aplicarse las reglas de los artículos 1602, 1603, 1609 y concordantes del Código Civil, las cuales le dan la posibilidad de retirar la demanda de manera previa a que se trabara la litis o se practicaran medidas cautelares, ya que no estaba obligado a cumplir, puesto que la quejosa tampoco cumplió, ubicando su conducta en el artículo 22 numeral 3º de la Ley 1123 de 2007, obrando en legítimo ejercicio del derecho.

4. La tesis del magistrado instructor carece de sustento legal, en el sentido de que los abogados están obligados a ejercer el mandato sin excepción, aun sin recibir ninguna remuneración y más frente al caso cuestionado, ya que los compromisos de cada parte están plasmados en el contrato de prestación de servicios profesionales sin dejar duda alguna (fls. 84-94, c. o. 1ª instancia).

Actuaciones de segunda instancia

1. Con fecha 11 de octubre de 2016, la magistrada ponente avocó conocimiento, ordenando comunicar a los intervinientes del conocimiento de la presente actuación y allegar los antecedentes disciplinarios del encartado e informar si en su contra cursan otras investigaciones en esta Sala (fl. 5, c. o. 2ª instancia).

2. La secretaría judicial de esta Sala allegó el certificado de antecedentes disciplinarios del abogado Álvaro Salcedo Flórez con Nº 785662 indicando que el disciplinado no registra sanción alguna (fl. 17, c. o. 2ª instancia), asimismo, informó que ante esa superioridad no cursan otras investigaciones por hechos similares (fl. 18, c. o. 2ª instancia).

3. Concepto del Ministerio Público: Solicitó se recovara el fallo apelado y en su lugar se absolviera de los cargos al abogado Álvaro Salcedo Flórez, teniendo en cuenta el principio in dubio pro disciplinado.

Lo anterior toda vez que no es posible establecer con certeza que la quejosa sí le canceló honorarios profesionales al abogado, por ende no hay forma de asegurar que estaba obligado a continuar con la prestación del servicio, favoreciendo la duda al implicado, ya que las cláusulas en el contrato eran claras (fls. 15-16, c. o. 2ª instancia).

Consideraciones

1. Competencia.

Con fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos 256 numeral 3º de la Constitución Política; 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996, y 59 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es competente para conocer en apelación, las providencias proferidas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura existentes en el país.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio 1º del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en auto 278 del 9 de julio y 372 del 26 de agosto de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 2 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 comisiones seccionales de disciplina judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 2 de 2015, así: “los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 2 de 2015, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente está colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

2. Del investigado.

La Unidad de Registro Nacional de Abogados, allegó constancia en el que se evidencia la calidad de abogado del dr. Álvaro Salcedo Flórez identificado con la cédula de ciudadanía 19.123.247 y tarjeta profesional 29735 (fl. 5, c. o. 1ª instancia).

3. Requisitos para sancionar.

Para proferir fallo sancionatorio se requiere la existencia de prueba que conduzca a la certeza de la tipicidad de la falta atribuida y de la responsabilidad de la disciplinable, exigencia consagrada en el artículo 97 de la Ley 1123 de 2007.

4. De la apelación.

Como primera medida encuentra la Sala que el recurso de apelación radicado por el disciplinado el 29 de agosto de 2016, fue instaurado dentro del término señalado por el artículo 81 de la Ley 1123 de 2007, toda vez que la decisión fue notificada personalmente el 25 del mismo mes y año al implicado, por lo tanto estando dentro del término se procede al estudio de los puntos de inconformismo del encartado Álvaro Salcedo Flórez.

En cuanto al primer argumento del apelante en el cual indica que suscribió un contrato de prestación de servicios profesionales con la señora Martha Cecilia Rodríguez Barrera, en el cual se evidencian obligaciones para las partes, las que se debían cumplir de buena fe y la quejosa no lo hizo; debe señalar la Sala que a folio 3 y 4 del cuaderno original de primera instancia se evidencia el contrato de prestación de servicios profesionales suscrito entre la señora Martha Cecilia Rodríguez Barrera y el dr. Álvaro Salcedo Flórez, en el cual se estableció en la cláusula quinta lo siguiente:

“El valor de los honorarios del apoderado, por la gestión encomendada, será calculado en la siguiente forma: a) La suma de $ 500.000 a la firma del presente contrato. b) Una suma equivalente al treinta por ciento (30%) de las condenas que sean hechas en la sentencia o que sean conciliadas antes de ella, con la demandada el mandante cancelará”.

De acuerdo con lo anterior la obligación de la señora Martha Cecilia Rodríguez fue cumplida el día que suscribieron las partes el contrato, documental que es corroborado con la declaración bajo la gravedad de juramento de la quejosa en la audiencia de pruebas y calificación provisional del 16 de febrero de 2016 (audio fl. 30, c. o. 1ª instancia), por tanto no tiene asidero jurídico lo manifestado por el disciplinado en este punto de su recurso.

En el segundo punto, señaló el investigado que la quejosa incumplió las obligaciones establecidas, tal como lo corroboró la testigo Ana Cecilia Montaña, quien afirmó que no fueron cancelados los honorarios por parte de la quejosa; pues dicha declaración queda sin soporte probatorio, toda vez que de la documental allegada, el disciplinado al firmar el contrato de prestación de servicios profesionales de abogado el 12 de julio de 2012, señaló en la cláusula quinta que recibió los $ 500.000, por tanto no se puede afirmar que la quejosa incumplió sus obligaciones como mandante.

Además el inculpado podía haber renunciado al poder o posteriormente iniciar incidente de honorarios.

En el tercer punto manifestó el doctor Salcedo Flórez que la señora Martha Cecilia Rodríguez Barrera no pudo probar el pago de los honorarios, por lo tanto deben aplicarse las reglas de los artículos 1602, 1603, 1609 y concordantes del Código Civil, las cuales le dan la posibilidad de retirar la demanda de manera previa a que se trabara la litis o se practicaran medidas cautelares, ya que no estaba obligado a cumplir, puesto que la quejosa tampoco cumplió, ubicando su conducta en el artículo 22 numeral 3º de la Ley 1123 de 2007, obrando en legítimo ejercicio del derecho.

De acuerdo con lo plasmado, esta colegiatura le aclara al disciplinado, que no le asiste razón, toda vez que firmó un contrato de prestación de servicios profesionales y le fue entregada la suma de $ 500.000, tal como como el mismo documento lo indica, que a la firma del contrato recibió la cantidad de $ 500.000 por concepto de honorarios, y por ello inició la demanda laboral el 12 de diciembre de 2012, la cual fue asignada al Juzgado Veintinueve Laboral del Circuito de Bogotá, y mediante auto el mismo despacho el 14 de diciembre de 2012, le reconoció personería jurídica al dr. Álvaro Salcedo Flórez e inadmitió la demanda con el fin de subsanarla en el término de cinco días, so pena de rechazo (fl. 24, c. o. 1ª instancia).

Asimismo, dicha demanda instaurada por el disciplinado en representación de la señora Martha Cecilia Rodríguez contra la señora Doris Cecilia Humbarila López, no fue subsanada y en auto del 29 de enero de 2013 el Juzgado Veintinueve Laboral del Circuito de Bogotá, rechazó la demanda teniendo en cuenta lo siguiente:

“El apoderado de la parte actora hace correcciones que no habían sido advertidas en el inadmisorio, así mismo omite señalar los hechos de forma separada y coherente en relación a las pretensiones de la demanda. El despacho revisó el escrito introductorio en comparación con el de subsanación y aun encuentra incoherencias entre los hechos y las pretensiones.

Al efecto se ordenó devolver al interesado la demanda de conformidad a lo previsto en el artículo 28 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social modificado por la Ley 712 de 2001, artículo 15 en concordancia con el artículo 85 del Código de Procedimiento Penal, al cual nos remitimos por virtud de lo dispuesto en el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

En firme esta providencia archívese los autos del juzgado previa desanotación en los libros radicadores del juzgado”.

Es por lo referido en los párrafos anteriores que no se admite ninguna causal de justificación por parte del disciplinado, toda vez que está probada su indiligencia, porque dejó de hacer oportunamente las actuaciones, al no haber subsanado la demanda lo que trajo como consecuencia el rechazo de la misma (fls. 24-26, c. o. 1ª instancia).

En el punto cuatro el dr. Álvaro Salcedo Flórez afirmó que la tesis del magistrado instructor carece de sustento legal, en el sentido de que los abogados están obligados a ejercer el mandato sin excepción, aun sin recibir ninguna remuneración y más frente al caso cuestionado, ya que los compromisos de cada parte están plasmados en el contrato de prestación de servicios profesionales sin dejar duda alguna.

Dicho argumento para esta Corporación carece de asidero jurídico, porque con base en las pruebas allegadas, se demostró que el abogado disciplinado aun recibiendo la suma acordada por la quejosa como se probó con el contrato de prestación de servicios a folio 3 del cuaderno original de primera instancia, el cual en ningún momento se tachó de falso, no realizó las gestiones encomendadas habiéndose comprometido para ello, por lo tanto le asiste razón al fallador de primera instancia, en endilgar responsabilidad disciplinaria al dr. Álvaro Salcedo Flórez por la falta descrita en el artículo 37 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007 a título de culpa, ya que fue negligente omitiendo sus obligaciones contractuales como lo exige el Estatuto Ético del Abogado.

Por lo consignado anteriormente, en consecuencia esta colegiatura confirmará la decisión del a quo mediante la cual sancionó con censura al dr. Álvaro Salcedo Flórez por la falta descrita en el artículo 37 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia del 19 de agosto de 2016, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante la cual sancionó al dr. Álvaro Salcedo Flórez con censura, por haber incurrido en la falta descrita en el artículo 37 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, por las razones expuestas en la parte motiva.

2. ANÓTESE la sanción en el Registro Nacional de Abogados, fecha a partir de la cual la sanción empezará a regir, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la oficina encargada de dicho registro, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria.

3. DEVUÉLVASE al seccional de origen, para que notifique a los intervinientes de la presente decisión de conformidad a lo establecido en los artículos 70 y siguientes de la Ley 1123 de 2007, asimismo el magistrado sustanciador tendrá las facultades de comisionar cuando sea requerido para dar cumplimiento a la presente decisión; y demás fines pertinentes.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Pedro Alonso Sanabria Buitrago, presidente.—Julia Emma Garzón de Gómez, vicepresidenta.—Magda Victoria Acosta Walteros.—Fidalgo Javier Estupiñan Carvajal.—María Lourdes Hernández Mindiola.—Camilo Montoya Reyes.—Julio César Villamil Hernández.

Yira Lucia Olarte Ávila, secretaria judicial.

(1) M.P. Antonio Suárez Niño en Sala Dual con el dr. Martín Leonardo Suárez Varón.