SENTENCIA 2015-90054 DE ENERO 26 DE 2017

 

Sentencia 2015-90054 de enero 26 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera Ponente (E):

Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de enero de dos mil diecisiete (2017).

Rad.: 08001-23-33-000-2015-90054-01

Actor: Claudia Patricia Neira Díaz

Demandado: Grey Isabel Villa de Ávila, edil de la Junta Administradora Local de Riomar de Barranquilla. Período 2016-2019

Asunto: Nulidad electoral – Fallo de segunda instancia

EXTRACTOS: «2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

En los términos de los artículos 125, 150, 152.8 y 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la demandante contra la sentencia dictada el 14 de octubre de 2016 por la Sala Oral de Decisión, Sección B, del Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda.

Lo anterior teniendo en cuenta que según el artículo 152.8 ibídem los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de la nulidad “(...) del acto de elección de (...) miembros de corporaciones públicas de los municipios y distritos (...) que sean capital de departamento (...)”.

2.2. Acto demandado.

Corresponde al acto que declaró la elección de la señora Grey Isabel Villa de Ávila como edil de la junta administradora de la localidad de Riomar de Barranquilla para el período 2016-2019, contenido en el formulario E-26 JAL de 16 de noviembre de 2015, obrante a folios 94 a 105 del cuaderno 1.

2.3. Problema jurídico.

La Sala determinará si conforme al recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la demandante, la Sala Oral de Decisión, Sección B, del Tribunal Administrativo del Atlántico erró al negar las pretensiones de la demanda de nulidad electoral de la referencia.

Es menester advertir que el recurso de alzada carece de reproches concretos contra la decisión del a quo, puesto que el apoderado de la demandante se limitó a calificar de inequitativa la decisión por la supuesta influencia que podía ejercer la demandada sobre la comunidad, sin controvertir las razones por las cuales el tribunal no encontró materializadas ninguna de las causales de inhabilidad invocadas en el libelo introductorio.

Debe resaltarse que las inhabilidades, por constituir restricciones al derecho fundamental de ser elegido, sólo pueden ser creadas por la Constitución y la ley, tienen un carácter taxativo y deben interpretarse de manera restrictiva. Por esa misma razón, es inaceptable la aplicación analógica o extensiva del régimen de inhabilidades.

Por lo tanto, las situaciones de desigualdad que puedan existir entre los candidatos en una contienda electoral que no estén tipificadas como causales de inhabilidad, no son motivo suficiente para que se pueda declarar la nulidad del acto electoral.

Sin perjuicio de lo anterior, se analizarán los siguientes problemas jurídicos planteados de manera vaga e imprecisa en el recurso de alzada: (i) en primer lugar, se determinará si al haber sido la demanda presidente de junta de acción comunal de Las Flores, localidad de Riomar, en Barranquilla, se configuró algunas de las inhabilidades consagradas en el artículo 124 de la Ley 136 de 1994; y, (ii) en segundo lugar, se abordará si por ese mismo hecho se materializó alguna de las inhabilidades consagradas en el artículo 66 del Decreto Ley 1421 de 1993.

2.4. Caso concreto.

2.4.1. Sobre la configuración de las inhabilidades consagradas en el artículo 124 de la Ley 136 de 1994.

De acuerdo con el artículo 124 de la Ley 136 de 1994 no podrán ser elegidos miembros de las juntas administradoras locales quienes:

“1. Hayan sido condenados a pena privativa de la libertad dentro de los diez (10) años anteriores a la elección, excepto en los casos de delitos culposos o políticos. 

2. Hayan sido sancionados con destitución de un cargo público, excluidos del ejercicio de una profesión o sancionados más de dos (2) veces por faltas a la ética profesional o a los deberes de un cargo público; y 

3. Sean miembros de las corporaciones públicas de elección popular, servidores públicos o miembros de las Juntas y consejos directivos de las entidades públicas”. 

Dado que a lo largo del proceso el apoderado de la demandante ha sostenido que la señora Villa estaba inhabilitada para ser elegida como edil por haber sido presidente de una junta de acción local al momento de la elección, se omitirá estudiar si se configuraron las causales 1ª y 2ª de la norma citada, puesto que éstas no guardan relación alguna con la situación fáctica expuesta por la parte actora.

Respecto a la materialización de la inhabilidad tipificada en la causal 3ª del artículo 124 de la Ley 136 de 1994, la Sala anticipa que confirmará la decisión del a quo.

Entre los derechos fundamentales consagrados en la Constitución se encuentra el de “(...) la libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad”.(20)

El legislador, en desarrollo de ese derecho fundamental, expidió la Ley 743 de 2002.(21) En el literal a) del artículo 8º de esa ley se encuentra regulada de la siguiente manera la naturaleza jurídica de las juntas de acción comunal:

“a) Son organismos de acción comunal de primer grado las juntas de acción comunal y las juntas de vivienda comunitaria. La junta de acción comunal es una organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio, integrada voluntariamente por los residentes de un lugar que aúnan esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral, sostenible y sustentable con fundamento en el ejercicio de la democracia participativa. (...)” (Subrayado y resaltado en negrilla por fuera del texto original)

De la lectura de la anterior disposición se concluye que las juntas de acción comunal son entidades sin ánimo de lucro de carácter privado, tal como lo ha reconocido esta sección en sentencia de 9 de septiembre de 2004, en la que se señaló lo siguiente:

“De igual manera, dado el carácter privado de la Junta de Acción Comunal de la vereda Majo del municipio de Garzón, presidida por el demandado, el contrato celebrado tampoco cabe dentro de la excepción según la cual la inhabilidad no puede predicarse cuando la celebración de contratos se hace en representación de una entidad pública en la que el representante legal no ejerce la ordenación del gasto. 

En efecto, averiguando por la naturaleza jurídica de las Juntas de Acción Comunal se tiene que de ninguna manera se avienen al carácter de entidades públicas, como se advierte del contenido de la ley que las regula (...)”(22) (Subrayado y resaltado en negrilla por fuera del texto original).

Dada la naturaleza privada de las juntas de acción comunal, la Sala considera que la señora Villa, al haber sido presidente de una junta de acción comunal al momento de la elección, no adquirió la calidad de miembro de corporación pública de elección popular, junta o consejo directivo de entidad pública, o de servidora pública.

Por lo tanto, el tribunal acertó al concluir que en el presente caso el actor no demostró los supuestos de hecho necesarios para que se pudiera materializar alguna de las causales de inhabilidad consagradas en el artículo 124 de la Ley 136 de 1994, por lo que la decisión recurrida deberá ser confirmada en este aspecto.

2.4.2. Sobre la configuración de la inhabilidad consagrada en el artículo 66 del Decreto-Ley 1421 de 1993.

La Sala prescindirá de realizar el estudio de fondo respecto de la materialización de las inhabilidades contempladas en el artículo 66 del Decreto Ley 1421 de 1993(23) dado que dicha disposición no es aplicable a las elecciones de los miembros de las juntas administradores locales de entidades territoriales distintas al Distrito Capital.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 322 y 41 transitorio de la Constitución Política,(24) el Presidente de la República expidió el Decreto Ley 1421 de 1993, el cual contiene el régimen especial político, fiscal y administrativo especial del Distrito Capital.

Por lo tanto, al ser las disposiciones del Decreto-Ley 1421 de 1993 de carácter especial y aplicables únicamente respecto del Distrito Capital, y al no existir remisión normativa alguna que permita su extensión a las elecciones de miembros de corporaciones públicas de otras entidades territoriales, la Sala confirmará la decisión recurrida.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

3. FALLA:

1. Confirmar la sentencia dictada el 14 de octubre de 2016 por la Sala Oral de Decisión, Sección B, del Tribunal Administrativo del Atlántico.

2. DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase.

Consejeros: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Presidenta—Rocío Araújo Oñate—Carlos Enrique Moreno Rubio».

20 Artículo 38 de la Constitución Política.

21 “Por la cual se desarrolla el artículo 38 de la Constitución Política de Colombia en lo referente a los organismos de acción comunal”.

22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Exp. 41001-23-31-000-2003-1294-01(3434). Sentencia de 9 de septiembre de 2004. Demandado: Concejal del municipio de Garzón, C.P. Dra. María Nohemí Hernández Pinzón.

23 ART. 66.Inhabilidades. No podrán ser elegidos ediles quienes:

1. Hayan sido condenados a pena privativa de libertad, excepto en los casos de delitos culposos o políticos. 

2. Hayan sido sancionados con la pena de destitución de un cargo público, o se encuentren, temporal o definitivamente, excluidos del ejercicio de una profesión en el momento de la inscripción de su candidatura. 

3. Hayan perdido la investidura de miembros de una corporación de elección popular. 

4. Dentro de los tres (3) meses anteriores a la inscripción de la candidatura se hayan desempeñado como empleados públicos en el distrito; hayan sido miembros de una junta directiva distrital; hayan intervenido en la gestión de negocios o en la celebración de contratos con el distrito o hayan ejecutado en la localidad contrato celebrado con organismo públicos de cualquier nivel, y 

5. Sean cónyuges, compañeros o compañeras permanentes o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, o primero de afinidad o civil, de los concejales o de los funcionarios distritales que ejerzan autoridad política o civil”. 

24 ART. 322.Bogotá, Capital de la República y del departamento de Cundinamarca, se organiza como Distrito Capital.

Su régimen político, fiscal y administrativo será el que determinen la Constitución, las leyes especiales que para el mismo se dicten y las disposiciones vigentes para los municipios. (...)”. 

ART. TRANS. 41.—Si durante los dos años siguientes a la fecha de promulgación de esta Constitución, el Congreso no dicta la ley a que se refieren los artículos 322, 323 y 324, sobre régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, el Gobierno, por una sola vez expedirá las normas correspondientes”.